Fuerza Popular busca reactivar Subcomisión de manera ilegal

La Comisión Permanente resolvió ayer solicitar un informe legal externo de especialistas para justificar la reactivación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La moción había sido formulada por el fujimorista Mario Mantilla, quien antes de la disolución del Legislativo era presidente de la Subcomisión. Su pedido fue sometido a voto al mediodía por el titular de la Permanente, Pedro Olaechea, y aprobada con el apoyo de trece integrantes de Fuerza Popular (FP), Apra, Cambio 21 y Unidos Por la República (UPR).

Mientras que cinco aforados de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), PPK y Bancada Liberal votaron en contra. Y se abstuvieron seis miembros de APP, Contigo, Acción Republicana y Acción Popular.

La decisión es polémica, pues según el Artículo 135° de la Constitución, la Comisión Permanente básicamente se debe dedicar a examinar los decretos de urgencias emitidos por el Ejecutivo hasta que la población elija al nuevo Congreso.

Sin embargo, los fujimoristas y sus aliados apelaron a sus típicas maniobras para insistir en que –según el reglamento del Parlamento disuelto–, la Subcomisión es una instancia dependiente de la Comisión Permanente que debe seguir laborando.

En el debate, incluso, Olaechea bajó a su fuero para apoyar la demanda del expresidente de la Subcomisión. “Nosotros hemos sido disueltos por el artículo 134 de la Constitución (…). Pero este no alcanza a la Comisión Permanente (...) es indisoluble en sus funciones”, enfatizó. Por ende –agregó–, la Subcomisión sigue vigente. Con base en eso, enfatizó que esa controversia debe ser definida por la comisión técnica pedida por Mantilla, quien alegó que el desempeño de la Permanente no debe ceñirse al Artículo 101° de la Carta Magna.

Este capítulo estipula que dicha instancia congresal designa al contralor, al presidente del BCR, aprueba presupuestos durante el receso parlamentario y ejercita las facultades legislativas del gobierno.

Ilegítimo y sospechoso

El vocero de PPK, Clemente Flores, respondió que la solicitud de Mantilla no es viable. “Querer conformar la Subcomisión está fuera del marco legal. La Constitución es clarísima. Una vez disuelto el Congreso, solo funciona la Comisión Permanente para revisar los decretos de urgencia”, sostuvo.

Al terminar la sesión, el portavoz de FA, Marco Arana, recalcó que es innecesario que la Subcomisión se reactive, pues las decisiones que adopte al final deben ser ratificadas en el Pleno, lo cual, por ahora, es imposible, debido a que el Parlamento está suspendido. “Es inconstitucional, políticamente improcedente y procedimentalmente una aberración”, sentenció.

Para Arana, el requerimiento de FP y sus aliados evidencia oscuros objetivos: reactivar la Subcomisión y archivar denuncias constitucionales de su interés, como, por ejemplo, las que están pendientes contra el fiscal Pedro Chávarry. Además –agregó– acusar a los ministros para que el próximo Congreso los procese.

Mantilla y los juristas

En tanto, en los Pasos Perdidos, Mantilla insistió en que solicitó un informe técnico de juristas sobre el funcionamiento de la Permanente para que, en caso de reabrir la Subcomisión, “no incurra en improperios, agresiones ni denuncias injustificadas a futuro”.

Sobre los especialistas que tomarán en cuenta en la Permanente, el acciopopulista Edmundo del Águila no descartó que la comisión de Olaechea recurra al Consejo Consultivo de la suspendida Comisión de Constitución, conformado por constitucionalistas que Rosa Bartra solía citar para analizar el adelanto de elecciones.

Como se sabe, las interpretaciones de dichos juristas convocados por Bartra fueron, en su mayoría, en la línea de FP. Por ejemplo, la fujimorista invitó entonces a los exmagistrados Carlos Mesía, abogado de Gonzalo Ortiz de Zevallos, y Ernesto Álvarez, candidato al Tribunal Constitucional (TC) en el cuestionado proceso de elección avalado por Fuerza Popular.

Permanente: ¿qué dice la Constitución?

Artículo 135° de la Constitución Política del Perú.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que este se instale.