Olaechea demanda al Ejecutivo por disolver el Congreso

A nombre del disuelto Congreso e identificándose como su presidente, Pedro Olaechea, presentó una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo y una medida cautelar pidiendo suspender los efectos del Decreto Supremo 165-2019-PCM que cerró el Congreso y convocó a nuevas elecciones.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), que es la única instancia encargada del proceso competencial. Esta se presenta cuando surge una discrepancia o conflicto entre entidades estatales de rango constitucional respecto de sus atribuciones o competencias y la correcta interpretación del marco constitucional y legal que las regula.

Según el recurso, el Poder Ejecutivo ha menoscabado las atribuciones del Parlamento al haber realizado pedidos de cuestión de confianza respecto de facultades que son exclusivas del Legislativo, como son la reforma constitucional y la selección y elección de magistrados del TC.

Sostiene, además, que la cuestión de confianza al Ejecutivo solo puede ser otorgada por el Poder Legislativo en forma expresa, a través de una votación y aprobación en la sesión plenaria, y no de manera fáctica, como se argumentó para llevar a cabo el cierre del Parlamento.

Por esta razón solicita que se declare la nulidad del acto de disolución del Congreso dispuesto a través del DS 165-2019-PCM, emitido el 30 de setiembre pasado.

La demanda, en sus 28 páginas, argumenta que el Ejecutivo invadió su competencia en la toma de decisiones pues de acuerdo con el reglamento del Congreso, sus decisiones se toman a través del voto. Esto implica que en votación debían decidir si otorgaban o no la confianza al Poder Ejecutivo.

También afirma que la finalidad de la cuestión de confianza era impedir que se concluya con el proceso de nombramiento de nuevos magistrados del TC, cuya celeridad y falta de transparencia habían sido cuestionadas debido a que no garantizaba una idónea selección.

El expresidente del Tribunal Constitucional César Landa comentó que Pedro Olaechea, tras la disolución del Congreso, no tiene legitimidad ni capacidad procesal para plantear una demanda de conflicto de competencias. Opinó que por esa razón el recurso debe ser declarado inadmisible en un plazo de 10 días.

Respecto a la medida cautelar, esta tiene como objetivo suspender la disolución del Parlamento y restablecer las plenas facultades de los legisladores, mientras el TC evalúa y discute su demanda competencial. Si se otorga la medida cautelar, se suspendería el proceso electoral convocado para el 26 de enero, y el Congreso en funciones podría vacar al presidente Martín Vizcarra.

Zeballos: Se está usurpando funciones

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, consideró que la demanda competencial y medida cautelar no van a prosperar, y advirtió que al haber quedado disuelto el Congreso, Pedro Olaechea está usurpando funciones y puede ser procesado penalmente.

“Hay una denuncia de Marco Arana sustentando el cargo de usurpación de funciones contra Olaechea”, recordó.

Puntualizó que se busca neutralizar la disolución del Parlamento, pero sostuvo que hay un proceso de elecciones “que se desarrolla en un marco constitucional”.

Recurso planteado ante el TC

Facsímil de la demanda competencial planteada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.