El informante, por Ricardo Uceda: La trafa académica

TELESUP fue la más importante universidad privada que no pudo obtener licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Tiene unos veinte mil estudiantes, cifra varias veces mayor a las once restantes de su tipo que tampoco pasaron la valla. José Luna, el dueño de TELESUP, ha recargado sus acciones legales contra el superintendente Martín Benavides, en una línea de resistencia al sistema, consagrado por el Tribunal Constitucional en 2010. Pero, mientras tanto, no podrá ofrecer sus carreras, y para todos los efectos ha quedado fuera del mercado.

Si consideramos que desde 2015 han obtenido licenciamiento ochenta universidades, buena parte centros académicos privados que cargaban con severos cuestionamientos, es posible concluir que después de todo no era tan difícil cumplir el objetivo. Queda una lista de espera de 52, y se cierne una interrogante sobre otras dos grandes entre las privadas de mala fama: Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas. Sin embargo, quizá las que produzcan mayor atención por parte del Consejo Directivo de la SUNEDU sean determinadas universidades nacionales. La Federico Villarreal, por ejemplo.

El fileteo

Para obtener el licenciamiento una universidad debe demostrar que puede cumplir sus condiciones básicas. No son requisitos extraordinarios. Como la mayoría de ellas era controlada por empresas informales, estas habían extendido su informalidad a la infraestructura y los servicios universitarios. El local de un laboratorio podía estar a nombre de un restaurante de pollos. Para pasar la evaluación de la SUNEDU las universidades afectadas tuvieron que retirar componentes disfuncionales e ilegales, ofreciendo al proceso solo lo que mostraba una oferta académica comprobable. Algunas no pudieron, otras no quisieron. La mayor parte de las universidades que lograron el licenciamiento “filetearon” sus cuerpos, dejando solo lo que podía responder a la supervisión. Alas Peruanas está en ese proceso. Las que pasaron se deshicieron de unos mil programas artificiales.

¿Y qué hubo con las nacionales? Hay dos grupos: las que cuentan con comisión organizadora nombrada por el Ministerio de Educación (MINEDU), y las institucionalizadas que dependen de un rector y de sus órganos de gobierno. Entre estas últimas se cuentan universidades como San Marcos o San Agustín de Arequipa, que no tuvieron ningún problema con su licenciamiento. Al contrario. Pero hay varias en problemas.

Las mejores

El MINEDU hizo su tarea con los centros a su cargo. En los últimos años invirtió por lo menos mil millones de soles en las universidades públicas, la mayoría de las cuales fueron licenciadas limpiamente. Los recursos fueron para inversiones y gestión. Aunque el licenciamiento no garantiza la excelencia educativa, hay que destacar el enorme potencial de estas universidades, que son jóvenes, que están ordenadas, y que tienen muchos millones para investigar porque reciben recursos del canon. Es el caso de la Universidad Nacional de Moquegua, que ofrece cinco ingenierías y tiene una escuela de gestión pública; de la Intercultural de Quillabamba, en el Cusco; y la de Tayacaja en Huancavelica. Sin el dinero del canon, destacó la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en Chachapoyas, la primera en realizar una clonación bovina en el Perú, y que recibe estudiantes de otras partes que desean hacer cursos de posgrado en sus modernos laboratorios.

Si no fue el dinero del canon, ¿cuál fue la fuente de la virtud de esta universidad? El liderazgo de un rector con excelencia académica, Jorge Maicelo, quien actualmente es jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Rectores de primer nivel también los ha habido en San Marcos, La Molina y la UNI (Orestes Cachay, Enrique Flores, Jorge Alva), que fueron producto del voto universal establecido por una ley de 2014.

Las peores

Sin embargo, hay universidades estatales importantes, con su rector y autonomía, algunas emblemáticas, que tienen dificultades con el proceso. Una de ellas es Federico Villarreal, por falta de inversión, entre otras debilidades. Ofrece diversos programas en varios locales deficientes. Otra es la Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, hasta no hace mucho envuelta en un conflicto interno que impidió concentrar sus esfuerzos en el licenciamiento. Otras, San Luis Gonzaga de Ica y Faustino Sánchez Carrión de Huacho, estancadas por la ineptitud y la falta de institucionalidad. El Estado no tiene allí una contraparte que responda por proyectos de inversión, idoneidad de la infraestructura o calidad de los docentes y mallas curriculares.

En el fondo, la dejadez de un sector de universidades estatales se debería a la misma razón por la que el dueño de TELESUP evitó hacer la reingeniería de su negocio para obtener el licenciamiento. Así, existe en los rectores displicentes la idea de que al final la SUNEDU podrá ser boicoteada políticamente. Lo que podrían lograr es la pérdida de su licencia.

Vacío legal

En este panorama, la SUNEDU afronta un cierto vacío legal, pues teniendo como mandato garantizar las condiciones básicas de una oferta académica, tampoco puede cerrar una universidad pública que no se hubiera adecuado mínimamente. Carece de esa facultad legal. Que, por otra parte, es indeseable, tratándose de centros cuya postración se debe a desviaciones subsanables. Alguna fórmula de intervención temporal podría ser necesaria, lo cual debe pasar por el Congreso. Allí, la Comisión de Educación acaba de acordar solicitar facultades al pleno para investigar, precisamente, a la SUNEDU. Como el clima político es inhóspito, es posible que en las propias comunidades universitarias surjan elementos que empujen a las mejoras que se advierten en otros centros estatales.