Se terminan los plazos de la Prisión preventiva

Por: Henry Cotos y César Romero

El tiempo no se detiene, ni espera a nadie. De los 24 investigados del caso Lava Jato que cumplen prisión preventiva, de seis de ellos, el plazo máximo está por cumplirse, sin que estén próximos a recibir sentencia, por lo que podrían salir en libertad.

Este es el caso de los exfuncionarios del ministerio de Transportes en el segundo gobierno aprista Jorge Cuba, Edwin Luyo, Miguel Navarro y Víctor Muñoz Cuba procesados por el caso del Metro de Lima. Les falta 5 y 7 meses para cumplir el máximo de la prisión preventiva de 36 meses.

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Inicialmente, el Equipo Especial Lava Jato pidió 18 meses de prisión preventiva para ellos, pero luego han tramitado ampliaciones y adecuación de plazo.

A fines de junio, la Fiscalía acusó por lavado de activos a Cuba, Luyo, Navarro y Muñoz, dejando pendientes los delitos de corrupción, y el caso pasó a control de acusación, pero será difícil que tengan sentencia antes que concluya la prisión preventiva.

Además, estos acusados han presentado un recurso para que se presente una sola acusación por lavado y corrupción. El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió el control, hasta que una Sala Superior se pronuncie.

Pero no son los únicos. A Juan Carlos Zevallos de Ositran también le quedan siete meses para cumplir la prisión preventiva. El 22 de agosto, el juez Jorge Chávez amplió por 8 meses más la prisión preventiva al exgobernador del Cusco Jorge Acurio Tito, advirtiendo que en ese plazo debe concluir la investigación, presentarse la acusación y pasar a juicio público.

El procedimiento

Si se cumple el plazo de prisión preventiva (36 meses) y no tienen sentencia, les corresponde salir en libertad. El abogado Luis Lamas Puccio indicó que el control de acusación no impide la excarcelación. Es decir, si el control de acusación está sin resolverse cuando se venza el plazo de prisión preventiva, los detenidos recobrarán su libertad.

La única forma que se les retenga es que la Fiscalía pida una ampliación extraordinaria de la prisión o un arresto domiciliario, explicó Lamas. Pero en esta fase el fiscal tiene que fundamentar las razones extraordinarias, que no pueden ser las mismas que motivaron la primera solicitud de prisión.

Tienen que ser elementos de convicción o circunstancias distintas, que justifiquen que la persona continúe detenida más allá de los 36 meses. En este caso, los detenidos pueden apelar a una sala superior.

Lamas anota que con el nuevo Código Procesal Penal se pensó que los procesos iban a ser más rápidos, pero son más lentos y largos.

Una vez que el fiscal presenta acusación, hay que pasar por control de acusación, y luego recién se inicia el juicio oral.

Entre que se admite la acusación, se señala fecha de juicio, se realiza el juicio y se emite la sentencia pueden pasar más de dos años. Por lo que puede darse el caso de que un procesado pase hasta cinco años preso sin recibir sentencia, afectando su derecho al debido proceso y abriendo una puerta a la impunidad.

Medida excepcional

Para la constitucionalista Romy Chang, cumplida la prisión preventiva, a los detenidos les corresponde la libertad, a no ser que el fiscal pida ampliación. En el caso de organizaciones criminales, se puede prorrogar por 12 meses más, pero no es tan simple.

El fiscal debe sustentar que se tienen que hacer nuevas diligencias que no pudieron realizarse por un problema que se pueda verificar. “La solución es la sentencia, condenatoria o absolutoria, no se puede confundir a la población diciendo que con la prisión preventiva se hace justicia”, apuntó.

El plazo de prisión preventiva –prosiguió- no solo es para que el fiscal denuncie, es el plazo que se tiene para emitir una sentencia de manera definitiva. “Si el fiscal demora en formular la acusación, el Poder Judicial no va a poder condenar dentro del plazo que se ha dispuesto su detención”, agregó.

Vencido el plazo, por lo menos tiene que haber una sentencia de primera instancia. Si hay una condena se tendrá que cumplir, pero si no la hay, el detenido queda libre.

Ante la proximidad del vencimiento de la prisión preventiva en algunos casos, dijo que “veo bien difícil que la Fiscalía pueda sacar las investigaciones dentro de los plazos y sería terrible que el Poder Judicial acepte ampliar el plazo, simplemente porque tiene mucha carga en los procesos, porque esa no es culpa de los detenidos”.

Consideró que el trabajo del Equipo Especial se ha ido desdibujando y un elemento criticable, fue que informó al Minjus que no había otras investigaciones contra Odebrecht y procedió a pedir la devolución los S/ 524 millones de la venta de Chaglla, lo que “es claramente falso”, subrayó. Lo que queda es acelerar el trabajo.

“Fiscales tienen que cerrar investigación cuanto antes”

La principal labor de la Fiscalía no debe ser promover la prisión preventiva, sino acreditar las acusaciones, y ahora lo que corresponde es cerrar la investigación con lo que tienen. La gente tiene derecho a llevar su caso en libertad si no hay pruebas en su contra, manifestó Luciano López.

Sobre los colaboradores eficaces, dijo que deben probar lo que dicen. “Si hay colaboradores y la Fiscalía no cierra la investigación es porque hay alguna deficiencia. Con una buena colaboración eficaz no deberían ser tan extensas las detenciones”, apuntó.

Para Luis Lamas Puccio, es responsabilidad del fiscal cuando hay un exceso de carcelería, porque fue el que solicitó la prisión preventiva. “Si no pudo concretar una acusación, quiere decir que los fiscales no están en capacidad de profundizar las investigaciones”, señaló.