Vilcatoma afirma que revelación de contratos de su esposo con el Estado es “persecución”
Cónyuge de la legisladora de Fuerza Popular contrató con la Contraloría y la Municipalidad de Lima. A esta última le entregó una declaración jurada en la que afirmó no estar inhabilitado para contratar con instituciones del Estado.
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Apelando al argumento de la persecución política, la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, afirmó que la revelación de los contratos que su esposo, Manuel Elera, suscribió con instituciones del Estado, eran una muestra de una supuesta persecución en su contra.
Este martes, Latina difundió un informe en el que se cuenta que el cónyuge de la congresista Yeni Vilcatoma contrató con la Contraloría General de la República y la Municipalidad de Lima por un monto total de 80 mil soles.
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El informe periodístico señaló que Manuel Elera fue contratado como “experto en temas legales” por la Contraloría solo tres meses despúes de haberse graduado como abogado.
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El primer vínculo contractual del esposo de Yeni Vilcatoma con una institución del Estado se remonta a mayo de 2017, mes en que, además de suscribir su primer contrato con la Contraloría, solicitó su baja de la Policía Nacional, en donde servía como suboficial.
Ese mes de mayo, Manuel Elera contrató por un total de 5,000 soles con la Contraloría. Al siguiente mes, en junio, volvió a contratar, esta vez por un monto de 4,333.33 soles.
En julio, agosto y octubre, volvieron a repetirse los contratos, por montos de 5,000, 9,500 y 15,000 soles respectivamente.
Ante esta evidencia, Yeni Vilcatoma se limitó a responder a Latina que la revelación de los contratos de su esposo con el Estado respondían a una presunta “persecución política” que estaría siendo orquestada por el Gobierno en su contra.
Este argumento, vale señalar, es también utilizado por otros políticos que, a la fecha, afrontan investigaciones por la presunta comisión de actos de corrupción, como son los casos de, por ejemplo, el expresidente Alejandro Toledo —sospechoso de haber recibido coimas de Odebrecht— y Keiko Fujimori, quien se encuentra a la fecha cumpliendo una orden de prisión preventiva mientras es investigada por lavado de activos.
“En lo que a mí respecta, en la actitud que está tomando el Gobierno, esto es un claro acto de persecución, y yo lo tomo como tal. La persona que tiene que hacer valer su derecho, lo va a hacer ante las instancias correspondientes”, se limitó a decir la congresista Yeni Vilcatoma a Latina.
