Arequipa: Terrenos entregados por Región a mineras exceden tiempo legal

Roberth Orihuela Q.

Los derechos de servidumbre (cesión temporal de tierras) que la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, dio en favor de seis empresas mineras no estarían bajo la norma.

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El especialista en derecho territorial Edgar Pinto explicó que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) establece que el plazo máximo de servidumbre es de 10 años renovables, pero el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) los cedió hasta por 30 años. ¿Por qué?

Mediante un comunicado, Elmer Cáceres Llica trató de exculparse. Señaló que todos los derechos de servidumbre se tramitan ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la SBN “para luego recién llegar al gobierno regional”.

Sin embargo, esto no es del todo cierto. Las resoluciones entregadas a las empresas mineras detallan que tres de ellas solicitaron los terrenos a la Gerencia Regional de Energía y Minas, y una a la Gerencia Regional de Producción. Las otras dos, al Minem y el Ministerio de la Producción, que derivaron los procedimientos a la región.

Fueron las áreas regionales las que determinaron el tiempo de entrega de los terrenos. Los criterios para ello se desconocen.

El papel de la SBN en este proceso solo fue elaborar la tasación de los terrenos. El informe se envía a la Región y son los funcionarios quienes deciden si entrega o no los terrenos. Al final, el gerente general, Gregorio Palma, firma la resolución. Tendría que ser Cáceres Llica, pero al empezar su gestión transfirió estas funciones a Palma.

Entrega ilegal

El tiempo del derecho de servidumbre, entonces, lo decidió el gobierno regional. La gestión de Cáceres Llica entregó terrenos hasta por 30 años. Pero la Directiva 007-2016 de la SBN señala, en su numeral 5.11, que el plazo máximo de cesión de uso debe ser de hasta 10 años. “Esto también lo estipula la Ley de Minería que Cáceres Llica quiere cambiar. Es decir que usó la misma ley que ha criticado”, agregó.

Entregados los terrenos y antes de vencerse el plazo de 10 años, las mineras podrían pedir una ampliación, previa evaluación.

Más errores

Según explica el comunicado del gobierno regional, las empresas a las que se entregó el derecho de servidumbre están dentro del marco de la Ley 30327, que ellos llaman Ley de Promoción de la Inversión Privada. Esto es un craso error, pues dicha ley es de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y solo habla brevemente de minería.

Fuera de eso, la región no explica que “el derecho de servidumbre y la concesión minera son lo mismo, solo que a diferente escala”, explicó Pinto.

Dos de las empresas a las que entregó el derecho, Confianza SA y Porvenir SAC, se dedican a la mediana minería. Pero están vinculadas con la minería ilegal y, además, con la entrega de dinero para la campaña del expresidente Ollanta Humala.

Recurso de revisión de Tía María sería rechazado

Edgar Pinto, además, aseguró que el proceso de revisión que el gobierno regional presentó ante el Minem sería al final rechazado.

“En principio, el recurso de revisión fue derogado hace varios años. Solo se aplica por decreto de ley. El Gobierno nacional solo lo alarga para al final rechazarlo”, explicó.

Y sobre la nulidad del derecho de servidumbre para Southern Copper, Pinto indicó que la SBN es la única facultada para anularla y no el GRA.

El gobernador ha señalado que Southern no canceló la primera cuota en el plazo establecido por la resolución, siendo esta la causal de nulidad del contrato.