Política

UDCH: la segunda universidad con licencia denegada en Lambayeque

Contra reloj. Universidad Particular de Chiclayo tiene dos años para poner fin a sus actividades por incumplir con el 93% de los indicadores evaluados. UNPRG, USS y UMB tienen cinco meses para demostrar que cumplen con condiciones básicas de calidad.

Autoridades de la UDCH se negaron a brindar declaraciones a La República. Es la 11° universidad a nivel nacional cuya licencia fue denegada.
Autoridades de la UDCH se negaron a brindar declaraciones a La República. Es la 11° universidad a nivel nacional cuya licencia fue denegada.

Por: Leonardo Muñoz

A través de la resolución n.º 098-2019, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH) por incumplir con casi la totalidad de indicadores evaluados (93%) referentes a las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria. Así, Lambayeque se convierte en la segunda región con más universidades no licenciadas (2) solo superada por Lima (8).

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Tras esta decisión, dicho centros de estudios deberá: 1) suspender de manera inmediata y definitiva los procesos de admisión y/o matrícula de nuevos estudiantes en cualquier modalidad; 2) iniciar un proceso de cese progresivo de sus actividades, el cual no podrá superar los dos años; 3) informar sobre las opciones que tienen sus 6234 estudiantes para continuar sus estudios (como el traslado o reubicación en otras universidades); y 4) enviar a la Sunedu información académica de los egresados.

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Entre los principales problemas encontrados en la UDCH, según información proporcionada por la Sunedu, se tiene que el 50% de los programas ofertados no cuenta con ambientes de enseñanza pertinentes para la prestación del servicio educativo; el 80% de sus talleres no cuenta con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos, no logró evidenciar la correcta disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos generados por sus laboratorios.

Asimismo, se detectó que no fomentan acciones orientadas a promover la investigación, inconsistencias entre las horas efectivas del dictado de clases y los planes de estudio, el porcentaje de docentes a tiempo completo está por debajo del 25% y no garantiza la continuidad de los servicios complementarios tanto en sede (Chiclayo) como en la filial (Jaén) debido a la falta de recursos.

El superintendente de la Sunedu, Martín Benavides Abanto, explicó que la UDCH está obligada a cumplir con el cese de sus actividades en los términos, plazos y condiciones establecidos. Sin embargo, dicha universidad tiene 15 días para presentar un recurso de reconsideración al Consejo Directivo con argumentos jurídicos-técnicos sobre su proceso de licenciamiento, el cual será evaluado en un plazo de 30 días.

Pendientes

En Lambayeque existen otras tres universidades que aún siguen en proceso de evaluación para obtener el licenciamiento. Entre ellas la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y la Universidad Señor de Sipán (USS), las cuales aún se encuentran en la primera etapa. Al respecto, Benavides Abanto realizó un llamado de atención a la comunidad universitaria de la UNPRG para poner fin a sus conflictos de gobierno y avanzar con el proceso de licenciamiento, pues si no demuestran cumplir con las condiciones de calidad hasta diciembre de este año se les denegará la licencia institucional.

“Esta universidad no está en condiciones de ser licenciada y tiene que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. (…) Se están jugando el futuro de su universidad, tengan mucho cuidado con lo que hacen. Si eso continúa así, Sunedu va a tener que enfrentarse a un expediente que no le va a permitir a esta universidad obtener su autorización de funcionamiento”, enfatizó.

Ante esta situación, el rector de la mencionada universidad pública, Jorge Oliva Núñez, señaló que hasta el 15 de agosto recopilarán toda la información para enviarla a la Sunedu, con lo cual tendrían que esperar la verificación presencial. “Los funcionarios que faltan entregar documentos, exigirles que cumplan, porque sino las sanciones caerán”, advirtió.

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