Política

Desafíos bicentenarios

Escribe: Daniel Parodi Revoredo*

Daniel Parodi
Daniel Parodi

En 2010, en el marco de los festejos por el Bicentenario de Chile, el sociólogo Jorge Larraín escribió acerca de la construcción de una identidad chilena a lo largo de doscientos años de vida libre. Lo hizo a través de tres hitos: la Independencia, su Centenario y su Bicentenario. Larraín señala que, transcurridos dos siglos, se ha mantenido el concepto de la “excepcionalidad chilena” que plantea la idea de un camino exitoso seguido en solitario y que, al mismo tiempo, complica la integración regional, tan necesaria en tiempos de globalización. Para Larraín, la reedición del discurso que presenta a Chile como un país diferente a sus pares latinoamericanos se explica en la necesidad de reestablecer la unidad de la nación, tras la traumática dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1989).

Pasa luego Larraín a comentar la sociedad chilena del Bicentenario, la que encuentra más optimista que la del Centenario, en cuyos tiempos se creía más en la acción colectiva debido a los influjos de la revolución mexicana de 1910 y la rusa de 1917. La mirada clasista de 1910, también es contrapuesta a la individualista de 2010, que se corresponde con el paradigma abierto tras la caída del muro de Berlín (1989) y la crisis de las ideologías.

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El Perú

La mirada de Jorge Larraín respecto de Chile me ha llevado a pensar que el proceso de construcción de la república peruana, a lo largo de sus dos siglos de vida independiente, ha enfrentado dos desafíos fundamentales: el social y el informal. Con el social, me refiero a la dificultad de construir una comunidad política liberal, basada en la igualdad entre los ciudadanos, en el seno de una sociedad del Antiguo Régimen, es decir, estamental. En el Perú entramos a la segunda mitad del siglo XX como la sociedad de castas que fuimos en los tiempos virreinales; de allí que las enormes fracturas sociales, y el consecuente impedimento de extender la participación política, arrojaron como balance una centuria con 55 años de dictaduras civiles o militares, por solo 45 de vigencia del orden constitucional. Lo que expresan estas cifras es lo mucho que nos ha costado madurar las instituciones democráticas y lo mucho que sectores influyentes pugnaron por impedir el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, entre ellos uno fundamental: el de elegir y ser elegido.

El carácter estamental de nuestra sociedad comenzó a diluirse en la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, la transición demográfica y la migración del campo a la ciudad desbordaron las posibilidades del Estado de atender y gestionar esta gran transformación. De allí que el nuevo país se configuró casi por sí solo. Por ello, al principiar la década de 1980, se mostraba a sí mismo su nuevo e informal rostro. Hay que señalar lo que no se dice: la informalidad nos salvó del terrorismo. Nuevas formas de intercambio comercial, inventadas y gestionadas desde la pobreza, fueron la respuesta popular a quienes eligieron la violencia como “solución” a la mayor crisis de nuestra historia.

Lo cierto es que estamos construyendo una república en un país cuyas mayorías se mueven al margen de los valores republicanos. El amor por la ley es uno de estos valores, pero, para el 70 % de los peruanos, esta solo representa un código lejano, una referencia más entre usos y costumbres que ponderan el espacio público más como un gigantesco mercado que como el ágora de la deliberación ciudadana.

Al día de hoy, hemos superado a medias el desafío de la igualdad, no somos más una sociedad estamental. Pero si la república supone el contrato social entre los ciudadanos y la práctica de la virtud cívica, el trecho que nos queda por recorrer es enorme. Transitarlo no pasa por combatir a palazos la informalidad, sino por ensanchar al sector formal estimulándolo desde las inversiones pública y privada, y promoviendo el desarrollo sostenible. Solo así podrá abrirse paso el gran proyecto educativo del Bicentenario, que siente las bases ideológicas de la república peruana, en concordancia con una nueva realidad institucional. La reforma política en curso apunta hacia ese objetivo. Estamos en el partidor.


(*) Historiador y docente del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima.

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