Tía María y la madrastra

Si alguna definición le cabe al conflicto de Tía María es la de duradero, sin solución, sin diálogo y pleno de medidas de presión, físicas o políticas. A ello deberían agregarse otros rasgos: 1) los actores, todos, han perdido importantes cuotas de legitimidad nacional y regional: 2) carecen de la fuerza suficiente para movilizarse por sus intereses en la zona de conflicto, léase Arequipa y no solo Islay, para imponer una salida; y 3) ha perdido centralidad el argumento técnico y especializado, y ha ganado terreno la consigna.

Un problema de fondo reside en que Arequipa ha paralizado durante 10 años Tía María, pero no ha podido generar un proyecto propio para su economía y sociedad en rápida transformación y efectos de corto y mediano plazo. Por ahora, si seguimos la lógica de las consignas, la de esta región es Mina no, Agro no, Agua no.

Es el poder regional el principal obligado a aprovechar este conflicto para generar un consenso que impida el deterioro de un territorio que cambia aceleradamente, que aumenta en población por encima del promedio nacional, se urbaniza aceleradamente y que ha logrado una frágil convivencia de la economía industrial, de servicios y rural, esta última en retroceso y que, a pesar de sus dificultades –especialmente respecto a la agricultura familiar– presenta avances en la actividad agroexportadora.

Sus autoridades también abandonaron al agro arequipeño. La región, tan desconfiada con la inversión minera, no ha rechazado el canon y regalías por casi 950 millones de soles en los últimos 9 años. Esos recursos han sido escasamente invertidos en al agro y en la mejora del recurso hídrico (El 90% se han quedado para los gastos de la administración regional), de modo que en pleno conflicto, ya convencidos del abandono del país rural por parte de los gobiernos nacionales como registro histórico, queda preguntar sobre qué ha hecho la región por el agua y el agro en su territorio, considerando los graves reveses que ha tenido el Valle de Tambo cuando fracasó la autoridad autónoma del agua (2003), los retrasos en la construcción de la represa de Paltiture (desde el 2013) o el conflicto durante la sequía de 2016, por el uso del agua de la represa de Pasto Grande.

No tengo dudas de que las observaciones técnicas a Tía María son consistentes, y que estas no pueden responderse solo con el argumento de las aguas desalinizadas. Coincido en que la clave del proyecto es la licencia social, que no puede ser subestimada como instrumento de convivencia. No obstante, el conflicto de Tía María no puede esconder la agenda regional sino mostrarla en su complejidad.

Arequipa difería hasta hace poco de otras regiones del sur con contextos ultraconflictivos (Puno y Cusco). Ahora es un polvorín, carece de proyecto de desarrollo y exhibe una alta fragmentación social, con actores informales débiles (ver resultados de las elecciones 2014 y 2018), cuando no ilegales (¿55 mil mineros ilegales?). Este cuadro tiene desenlaces de manual, como una competencia sin límites por el poder, la judicialización de la política y el surgimiento de proyectos de identidad con fuerte acento populista. Es hora también de un compromiso hacia adentro.

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