“El Baguazo”: 10 años después de la muerte de 23 policías y 11 nativos por el TLC con EE.UU.

Luego de una década de la peor crisis del segundo Gobierno del expresidente Alan García, las cuentas de los responsables de las muertes de 33 personas, entre policías y nativos de Bagua, sigue pendiente. ,“El Baguazo”: 10 años después de la muerte de 23 policías y 11 nativos por el TLC con EE.UU.,“El Baguazo”: 10 años después de la muerte de 23 policías y 11 nativos por el TLC con EE.UU.,“El Baguazo”: 10 años después de la muerte de 23 policías y 11 nativos por el TLC con EE.UU.,Diez años atrás, el 5 de junio de 2009, la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro del segundo Gobierno de Alan García, Yehude Simon, autorizaron el desplazamiento de un sólido contingente de la Policía Nacional hasta el trecho de la carretera Fernando Belaunde Terry conocido como “La curva del Diablo”, en Bagua. El objetivo era desalojar a miles de manifestantes que llevaban más de 50 días sosteniendo un paro en protesta contra una serie de decretos legislativos expedidos por el Gobierno de García Pérez, los cuales tenían el propósito de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y los Estados Unidos. PUEDES VER A 10 años del Baguazo, defender el territorio y el ambiente sigue siendo un riesgo La jornada terminó con 23 de efectivos policiales muertos y uno desaparecido, cifra que, junto a la decena de nativos que también fallecieron ese día —según el informe 006-2009-DP/ADHPD de la Defensoría del Pueblo— y algo de 250 heridos, conforman el saldo funesto de “El Baguazo”, la crisis más grave de la segunda administración aprista. Las facultades legislativas El 19 de diciembre de 2007, el Congreso de la República delegó facultades legislativas al Ejecutivo para expedir una serie de dispositivos legales a fin de implementar el TLC con Estados Unidos. Dichos decretos fueron pronto conocidos como “El paquetazo del TLC”. Mediante la Ley N° 29157, el Parlamento oficializó las facultades legislativas al Gobierno de Alan García, las cuales entraron en vigencia el 1 de enero de 2008 y terminaron el 28 de junio del mismo año. En total fueron 99 los decretos legislativos (DL) que, sin pasar por ninguna comisión del Congreso, fueron expedidos por el Ejecutivo que encabezaba entonces el expresidente Alan García y su primer ministro, Yehude Simon. PUEDES VER Baguazo: 10 años después exigen justicia y atención De los 99 decretos legislativos, 76 se dictaron y publicaron en el curso de junio de 2008. El último día de vigencia de las facultades legislativas, sin embargo, el Ejecutivo dictó y publicó 34 decretos. Entre el “paquetazo del TLC” se encontraban los decretos 1090 y 1064, los cuales, una vez que fueron promulgados, se convirtieron de algún modo en el detonante de los acontecimientos en Bagua. Los decretos 1090 y 1064 La “Ley Forestal y Fauna Silvestre Peruana” y “Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario”. Tales fueron los nombres de los decretos legislativos 1090 y 1064 respectivamente, los mismos que, junto con el paquete completo de leyes emitidas por el Ejecutivo, fueron tachados de inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo. Fue justamente por este aspecto que, tras la publicación de los proyectos en el 2008, un fuerte rechazo a la actuación del Gobierno de García Pérez respecto a la implementación del TLC, estalló en la Amazonía. El primer decreto, el 1090, proponía regular la tala ilegal de madera, la minería artesanal y la explotación del recurso faunístico. En ese sentido, planteaba la permisividad para utilizar tierras forestales, como lo indicaba el artículo 6 de la norma: “[…] no habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal, cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional”. PUEDES VER WikiLeaks: El día que su fundador reveló injerencia de Estados Unidos en masacre de Bagua [VIDEO] Sin embargo, mediante decretos supremos, el Gobierno de García Pérez declaró justa y oportunamente como proyectos “de interés nacional”, a las plantaciones de caña brava, bambú, higuerilla y piñón, todos ellos productos destinados a la generación de biocombustibles. En tanto al decreto 1064, este proponía modificar el régimen jurídico de la propiedad comunal estableciendo situaciones de “excepción”. De este modo, según señaló en un informe la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, el decreto 1064 dejaba libre al Estado para “otorgar títulos de propiedad a personas que habitan en territorios pertenecientes a pueblos indígenas y establecer excepciones al derecho de la propiedad de las comunidades”. Sin culpables No obstante el transcurso de una década desde los lúgubres acontecimientos en Bagua, a la fecha no se han encontrado culpables en el caso, ya que los últimos acusados fueron absueltos en el 2016 y los procesos se encuentran poco menos que estancados. Sin embargo, en tanto a los responsables políticos, no caben dudas de que los hechos en Bagua fueron desencadenados por las decisiones de ciertos funcionarios del segundo Gobierno del expresidente García. Entre ellos se pueden contar a la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien por aquel entonces estaba encargada de la cartera de Comercio Exterior y Turismo. PUEDES VER Baguazo: piden 25 años de cárcel para policías que dirigieron desalojo en la “Curva del Diablo” Asimismo, se pueden sumar la exministra del Interior Mercedes Cabanillas y el expremier Yehude Simon, quienes dispusieron finalmente el ingreso de las fuerzas del Estado en la zona de la “Curva del diablo”. En el mismo sentido se puede añadir al actual congresista Javier Velásquez Quesquén, a la sazón presidente del Legislativo, quien el mismo día de “El Baguazo” dirigió la sesión del Pleno en la que se iba a votar la derogación del decreto 1090, pese a la ausencia de un gran número de legisladores del Partido Nacionalista para la votación en el Pleno. Gobierno reafirma su solidaridad con las víctimas En consonancia con la fecha, el Gobierno emitió este miércoles un comunicado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para expresar su solidaridad con las víctimas de “El Baguazo”. En ese sentido, el Ejecutivo informó que a la fecha opera un Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas como espacio de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas, en la cual se construye una agenda consensuada entre ambos actores. Respecto a esa agenda de proyectos, la PCM indicó que desde el 2013 han concluido ya 45 procesos de consulta y que 5 están aún en curso.

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