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Rodolfo Orellana amasó fortuna de S/ 540 millones

La Republica

Tremenda red. De acuerdo con la denuncia de la fiscal de Lavado de Activos Marita Barreto Rivera, la organización criminal de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana actuó con ayuda de funcionarios públicos, jueces, fiscales y políticos. Hay 90 investigados.

"El Clan Orellana", que lideraba el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, montó un sistema que le permitió actuar impunemente durante 12 años, con la finalidad de usurpar inmuebles y revenderlos con la complicidad de funcionarios públicos, jueces, fiscales y políticos entre el 2006 y el 2014.

Después de cuatro años de ardua investigación, la titular de la Segunda Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marita Barreto Rivera, solicitó 35 años de cárcel para el cabecilla Rodolfo Orellana y miembros de la cúpula de la banda, entre los que se encuentran su hermana Ludith y el coronel PNP(r) Benedicto Jiménez Bacca.

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La acusación fiscal consta de 5.500 folios y fue presentada por la fiscal Marita Barreto ante el despacho del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria para el juicio oral contra la organización criminal de Orellana, que contaba con un brazo legal que estaba a cargo del exjuez supremo Robinson Gonzales Campos, quien facilitaba el ocultamiento del lavado de los inmuebles.

En total la fiscal Marita Barreto ha denunciado a 90 investigados.

Según las investigaciones fiscales, la organización de Orellana contaba con una red de testaferros, socios y familiares para obtener ingentes sumas de dinero de origen ilícito, producto de la adquisición y venta fraudulenta de inmuebles al menos en siete distritos de la capital. Y para ocultar las ganancias, crearon diversos actos de conversión y transferencias con el propósito de evitar la incautación y decomiso de sus bienes.

Para la fiscal Marita Barreto, los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana establecieron cuatro modalidades criminales que sirvieron como fuente de financiamiento para la organización: 1) los negocios inmobiliarios, mediante el apoderamiento ilícito de inmuebles; 2) la emisión de créditos y cartas fianza fraudulentas a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex); 3) el asesoramiento legal para obtener resoluciones favorables por intermedio de actos de corrupción; y 4) la legitimación del patrimonio criminal mediante actos de lavado de activos.

"Estos delitos provienen de los delitos fuentes, como corrupción de funcionarios, contra la fe pública o falsificación de documentos; estafa, usurpación agravada, estelionato y otros", indicó Marita Barreto a La República. Agregó que la organización de Orellana amasó una fortuna de 540 millones de soles.

Testigos claves

Testimonios de los colaboradores eficaces revelaron cómo la red de Orellana tenía un mecanismo para apropiarse de los inmuebles. "Algunas personas llegaban a las oficinas de Guardia Civil 835, San Isidro, portando información sobre propiedades que se encontraban con algún tipo de problemas o abandonadas, por esta información Rodolfo Orellana Rengifo les pagaba de 5.000 a 10.000 soles dependiendo del tipo de inmueble, seguidamente convocaba a Javier Zea Ramos para ver cómo podrían apropiarse de la propiedad, utilizando procesos arbitrales amañados y documentación falsa, así como pagos a funcionarios públicos (...) hasta lograr su inscripción en los Registros Públicos", relató un colaborador eficaz .

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Añadió que una vez logrado el objetivo, realizaban incluso dos ventas ficticias hasta lograr la venta a un tercero de buena fe. "Para efectos de desalojos, utilizaban los servicios del coronel PNP Jorge Reyes, quien coordinaba con los policías en actividad para el ilegal desalojo correspondiente", relató.

Según las investigaciones, Rodoldo Orellana logró infiltrarse en el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y en la Policía Nacional y otras entidades del Estado con el propósito de archivar los casos denunciados por sus víctimas.

"Rodolfo Orellana encontró en los negocios inmobiliarios una gran oportunidad para hacer fortuna, y para no ser descubierto desplegó una estrategia para ocultar sus ilícitos, utilizando testaferros y empresas de papel que fueron el yelmo de protección", señaló la fiscal de Lavado de Activos.

La fiscal Marita Barreto explicó a La República que durante doce años la organización de Orellana pudo blindarse en las más altas esferas del poder político y judicial. "Se había vinculado con altos funcionarios del Estado como jueces, fiscales, congresistas y hasta con el expresidente Alejandro Toledo Manrique".

"Orellana quería llegar a los jueces por intermedio de los secretarios, pero también al Congreso, ya que tenía un enemigo que lo perseguía. Me refiero al congresista Víctor A. García Belaunde, él quería tener poder en el Estado, al punto que lo logró, estableciendo contacto a través de la Fundación Orellana, que estaba dirigida por el mismo Rodolfo Orellana", dijo uno de los colaboradores eficaces.

"Orellana siempre se jactaba de tener buenos contactos en el Congreso, que tenía mucho acercamiento con los apristas. Uno de ellos era el hermano del congresista Javier Velásquez, quien tenía una empresa constructora a la cual le emitieron cartas fianza por intermedio de los consorcios (...) ejecutaba obras para los gobiernos regionales utilizando las fianzas de COOPEX, todo esto fue en el gobierno aprista", relató uno de los colaboradores eficaces.

Congreso gastó S/2 millones en investigación

- La fiscal Marita Barreto dijo que al inicio la investigación a la red Orellana incluía a 20 personas, luego aumentó a 382 y acabó con un expediente de 4.600 tomos en más de cuatro años de labor. Debido a la cantidad de investigados, la fiscalía pidió la desacumulación del caso para poder formalizar acusación contra los cabecillas. Explicó que se logró la sentencia de 17 involucrados, que se convirtieron en colaboradores eficaces. Eso permitió establecer la función de cada miembro de la organización criminal.

- "Su accionar generó más de 1.007 investigaciones ante el Ministerio Público y Poder Judicial", dijo la fiscal por la mañana. Por la noche, en Canal N, agregó que Incluso el Congreso gastó S/ 2 millones en una comisión investigadora que no aportó casi nada.

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