Eliana Pérez Barrenechea, comunicadora social feminista ,En los primeros 20 días de lo que va del año, 10 feminicidios, ubican al Perú en un tercer lugar en feminicidios en Sudamérica, luego de Argentina (15) y Brasil (19). Esto constituye una situación de emergencia para las mujeres de nuestro país frente a la violencia de género, demostrada cada vez con mayor crueldad. El año pasado, ante el feminicidio de Eyvi Ágreda quien murió tras un crimen abominable, el presidente Vizcarra creó la Comisión de emergencia y declaró de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia la mujer. Posteriormente en su discurso de 28 de julio último mencionaba que su gobierno aprobaría e implementaría la Política nacional de igualdad de género, promesa no del todo cumplida, pues - aunque ya se aprobó - aún está pendiente su publicación. En ese contexto se aprobó, el 20 de agosto pasado, el Decreto Supremo N° 192-2018-EF por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas transfería 59 millones de soles a diferentes instituciones involucradas en este trabajo, y a los gobiernos regionales con la finalidad de implementar medidas destinadas a combatir la violencia de género. PUEDES VER: No jurarás su nombre en vano Por otro lado, hace unos días se ha aprobado el protocolo base de acción conjunta frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar dispuesto en el artículo 40 de la Ley 30364 que contiene los lineamientos de articulación intersectorial y los procedimientos que aseguren la actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados. Como se observa, existen algunos avances a nivel formal, pero no son suficientes. Es necesario que se lleguen a concretar medidas multisectoriales articuladas y que se fiscalice la ejecución del presupuesto otorgado. En este último aspecto cabe puntualizar que de los 59 millones de soles transferidos el 2018 (y que este año se ha incrementado), se destinó 10,7 millones a 18 gobiernos regionales para reforzar la atención a los casos de violencia contra la mujer en 64 hospitales a nivel nacional, además de la creación de centros de salud mental comunitarios. Los Gobiernos Regionales son responsables de alinear sus políticas al Plan nacional contra la violencia de género (PNCVG) 2016-2021; sin embargo, hay serias deficiencias en estas instancias de gobierno, así como en los gobiernos locales. Según la evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo (2018) sobre los avances y limitaciones en la implementación del PNCVG, los Gobiernos Regionales de La Libertad, Arequipa, Callao, Lima y Loreto consignaron un irrisorio presupuesto menor al 1% para estos fines. Este año tenemos nuevas autoridades regionales y locales, por tanto, no podemos tolerar omisiones como esta, que no sólo los convierte en gestiones mediocres sino en cómplices de un sistema feminicida. Quienes creemos con firmeza en la validez de la lucha por la igualdad de género, debemos exigir una respuesta de todo el Estado en su conjunto e incidir para que las instituciones locales y regionales implementen de manera transversal el enfoque de género en sus políticas e implementen eficientemente el PNCVG con la finalidad de disminuir el promedio de feminicidios en el país, que a la fecha se mantiene en una mujer asesinada cada 48 horas. De otro lado, también debemos mirarnos como sociedad pues tampoco estamos dando una respuesta a esta crisis. ................................................. Redacción: La Periferia es el Centro. Escuela de Periodismo - Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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