Sin propuesta del ejecutivo. Comisión congresal debate hoy predictamen, pese a anuncio de Villanueva de presentar propuesta para penalizar por aportes no declarados.,La Comisión de Constitución del Congreso, que preside la fujimorista Úrsula Letona, debate hoy su propuesta para penalizar la financiación ilegal de partidos y candidatos. No obstante, la semana pasada había asegurado que esperaría la propuesta del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva anunció el miércoles 2 en el Congreso que presentaría “antes de los primeros 180 días” un paquete normativo que incluye “una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales para la penalización de los aportes no declarados”. Dijo que lo haría con respaldo del Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y Unidad de Inteligencia Financiera. PUEDES VER Contraloría absorberá Órgano de ControI Institucional de Sunedu Dos días después, Letona aseguró que esperará para que se decida la propuesta de la Comisión de Constitución sobre ese asunto. “Hemos visto tres proyectos vinculados a la tipificación penal del financiamiento ilegal. He notado bastante consenso en que este tema se debata y se legisle. Esperaremos que llegue también el (proyecto) del Ejecutivo y juntos sacar un dictamen”, dijo. Pero su comisión hoy debate un predictamen de los tres proyectos de ley que tenía en sus carpetas, de Marisa Glave (Nuevo Perú), Marisol Espinoza (APP) y Patricia Donayre (PPK). En el predictamen se plantea que, por recibir aportes de fuentes prohibidas, se sancione con cárcel de dos a cinco años al tesorero del partido, al responsable de campaña o al candidato. No se aplica a postulantes presidenciales porque, por ley, solo los tesoreros deben recibir estas contribuciones. Las fuentes prohibidas son: entidades con participación estatal, confesiones religiosas, empresas, organizaciones nacionales no lucrativas, personas u organizaciones extranjeras no lucrativas, excepto para formación e investigación; condenados con sentencia inapelable o prisión preventiva por casos contra la administración pública, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, hasta diez años después de cumplida la condena; y cualquier fuente anónima. Si un aporte supera el tope establecido, el tesorero, responsable de campaña o candidato podría recibir de dos a seis años de cárcel. También plantea penar por no declarar aportes: de uno a dos años si no se entregan informes financieros que obliga la ley, de dos a cuatro años si se omite consignar un aporte y de tres a seis años si el monto no declarado es mayor de 30 UIT (S/ 124.500). Fuentes de Constitución dicen que no esperaron la propuesta del gobierno porque Villanueva solo se refirió a aportes no declarados. Sin embargo, el predictamen también incluye este punto.