
Perú es uno de los países de la región que carece de mecanismos de protección legal para la comunidad LGTBI. Según diversas estimaciones, la población no heterosexual en el Perú representa alrededor del 8% de la población adulta.
Si este grupo votara de manera articulada a un solo partido, serían hoy la tercera fuerza política (los punteros están en 11% y el tercero en 7%). Sin embargo, la orientación sexual y la identidad de género son solo una dimensión de la persona. Existen ciudadanos LGTBI en todo el espectro político, incluso en partidos que abiertamente se oponen a nuestros derechos.
Esto tiene consecuencias concretas. El actual Congreso tiene legisladores que son no heterosexuales (asumidos o in closet) y que, pese a ello, han votado en contra o han bloqueado iniciativas orientadas a reconocer nuestros derechos básicos. Ser LGTBI, de por sí, no garantiza una representación efectiva.
Este periodo legislativo ha estado marcado por una agenda conservadora y una reducción de los avances en temas de salud sexual y reproductiva, igualdad de género y de poblaciones vulnerables. Esta agenda no opera de forma aislada, sino articulada con otros intereses que han facilitado la expansión de economías ilegales como la extorsión, el sicariato, la minería y tala ilegal, así como la trata de personas, que se ha traducido en el gran problema de seguridad que hoy afronta el país.
En este contexto, la iniciativa de #PorEstosNo debería ser especialmente relevante para la comunidad LGTBI. Si los partidos que hoy manejan el Congreso mantienen su hegemonía, tendremos con seguridad cinco años más sin avances en derechos.
Por ello, quienes somos parte de ese 8% debemos identificar los partidos y líderes que tengan un compromiso explícito con nuestros derechos, buscar activamente a los candidatos a senadores y diputados que puedan representarnos, y votar estratégicamente.
Podremos seguir marchando cada año, celebrando el orgullo que es cada vez más grande en Lima o para exigir igualdad. Pero sin representación política efectiva, esas demandas no se traducirán en leyes, y serán 5 años más perdidos. Pues, la visibilidad sin representación no cambia leyes.

Durante diez años, el actual gobierno limitó el poder del Ejecutivo desde el Congreso. Ahora, sin mayoría, enfrenta las difíciles consecuencias de sus propias decisiones legislativas.

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