Una niña awajun de 6 años es violada en Condorcanqui por su padrastro y producto de la agresión sufre una hemorragia. El puesto de salud no cuenta con los implementos necesarios para salvarla y se ruega por un helicóptero para trasladarla. Su caso se suma a las más de 500 niñas violadas en la zona que viven en total impunidad. La comunidad logra capturar al agresor, pero este escapa y la policía dice que no tiene gasolina para perseguirlo.

 En la misma zona, dos militares pertenecientes a la Base de Santa María de Nieva entran por la noche a la residencia del colegio Ciro Alegría y agreden sexualmente a dos niñas de 12 y 14 años. Esas residencias existen porque el Estado no cumple con crear escuelas accesibles a las comunidades y ante la enorme distancia, los niños deben dormir allí. Se han convertido en el espacio para la violencia sexual generalizada, sin pudor alguno, esa violencia que el ex Ministro de Educación llamaba “prácticas culturales”.

 En todos estos casos las organizaciones de derechos humanos, las feministas, la prensa comprometida, entre otros, han elevado su voz de manera insistente, exigiendo justicia y denunciando los hechos.

 Pero hay un silencio vergonzoso que no debemos ignorar y por eso me pregunto, ¿dónde están los autodenominados defensores de la niñez? Los que promueven las marchas por “el día del niño por nacer”, ¿por qué callan ante estos niños violentados y asesinados? Quienes desperdician su energía y los recursos estatales prohibiendo el uso de la palabra “género”, ¿seguirán mirando de costado?

 Lo que queda claro es que a ese slogan de “Con mis hijos no te metas” se le suma un “los tuyos no me importan” porque, sin duda, ni la empatía se compra ni la decencia se improvisa.

Allí fue estabilizada y empezó una siguiente batalla por su vida: conseguir un medio seguro y rápido de transporte para que pudieran llevarla a Bagua. En Huampami no podían hacer la transfusión de sangre que ella necesitaba y no había personal médico capacitado para curar sus heridas. Un helicóptero del Ejército Peruano logró ingresar a la zona y llevarla a Bagua. La transfusión de sangre estaba asegurada pero no el tratamiento. Tuvieron que viajar médicos de Lima para hacer la operación necesaria.  

Para lograr que su niña no muera y ejerza su derecho a la salud, la madre de la pequeña tuvo que dejar en su comunidad a sus tres hermanos, todos menores, uno de ellos de apenas 11 meses. Estos tres menores están en riesgo, como lo ha declarado la justicia peruana y tienen derecho a medidas de protección que, al momento de escribir esta columna, aún no se habían implementado.

El largo camino de la justicia

El Código Penal señala que la violación sexual a una niña o niño menor de siete años se castiga con cadena perpetua. Es la pena máxima en el ordenamiento jurídico peruano. Dada la magnitud de la pena una se imaginaría que la reacción del Estado para la captura del perpetrador sería acorde. Pero no ha sido así.

El violador se fugó inmediatamente. Miembros de la comunidad lograron encontrarlo cuando intentaba cruzar la frontera. Pero camino a Huampami a ser entregado a las autoridades logró fugarse nuevamente. Representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Unukai Yawi denuncian que el agresor ha sido ya identificado hace cuatro días nuevamente en la comunidad. La fiscal a cargo, una mujer valiente que está intentando ejecutar todas las medidas posibles para proteger a la menor y a sus hermanos, ha solicitado apoyo para detener al delincuente. La comitiva recién pudo salir el último viernes pues, como han informado, los efectivos de la Policía Nacional llegaron a Huampami pero sin medios de transporte para ir hasta la comunidad.

¿Cómo es posible que la PNP no cuente con recursos mínimos para poder capturar al perpetrador? ¿De qué sirve que las autoridades de turno nos llenen de discursos sobre el interés superior del niño y la niña? Peor aún ¿para qué sirve el populismo penal con elevaciones de penas si es que no hay ningún interés real por capturar a los delincuentes capaces de violar a una niña de seis años?

Los oficiales de la PNP debían no solo detener al perpetrador, sino que debían aplicar las medidas de protección a los menores ¿cómo se aplican esas medidas si no tienen los medios para llegar a la comunidad? Su deber es llevar sanos y salvos a esos pequeños a Bagua donde está la madre y su hermana.

La niña violada merece justicia. Esto implica que su agresor sea sancionado con toda la fuerza de la ley. Pero también significa que pueda ser protegida y reparada. Ella y sus hermanos necesitan que el Estado actúe. Como informan representantes del Consejo de Mujeres Awajún, la pequeña y sus hermanos estarán temporalmente en un albergue, con su madre. Pero esta atención es sólo por seis meses.

¿Cómo hará una mujer Awajún, sin instrucción, para cuidar y mantener a cuatro hijos? Para que la niña y sus hermanos puedan dejar el albergue, ella deberá demostrar que puede hacerse cargo y mantenerlos seguros. Si no hay un sistema de apoyo a la propia madre, de empoderamiento económico y acompañamiento psicológico, es irreal pensar que logrará salir adelante sola. Los cuidados, sobre todo de niñas y niños que han sido objeto de violencia, no son sólo responsabilidad de la madre, la sociedad en su conjunto debiera implicarse y dar soporte real para que ellas y ellos vivan libres de violencia.

El dolor que se empoza en el alma

Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, viene denunciando la impunidad constante en los casos de violencia sexual contra las niñas en Condorcanqui. Hace poco tiempo, Condorcanqui estuvo en el centro del debate público por las nefastas declaraciones del exministro de Educación Morgan Quero, que dio a entender que las violaciones sexuales a menores por parte de maestros era una suerte de práctica cultural. La semana pasada se denunció cómo un grupo de militares ingresó a un albergue escolar de niñas Awajún y las violentó sexualmente.

La normalización de la violencia sexual contra las mujeres, en particular niñas, es la negación a su derecho a la libertad y a la autonomía, así como a una vida digna. Como sociedad no podemos seguir indolentes ante el dolor que transmiten las mujeres Awajún, al oírlas una puede sentir como si la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma.

Una niña de seis años fue violada y casi muere. La menor irá a un albergue y si su madre no recibe apoyo ni soporte tendrá que, además de tratar de recuperar su cuerpo y su mente del dolor causado por la violación, soportar la idea de vivir alejada de su familia, de su madre y sus hermanos.

Hay golpes en la vida, tan fuertes.

Una niña de seis años no merece ser condenada al dolor. Como sociedad le debemos al menos cuidado futuro. Quienes podamos, busquemos a Rosemary Pioc y a las representantes del Consejo de Mujeres Awajun, Wampis, Unukai, Yawi y démosles todo nuestro apoyo para que ellas puedan seguir dando soporte a esta niña y a su madre.

En anteriores oportunidades he planteado (siempre fuera de moda…),  que la independencia del Perú debe entenderse como una revolución, tal como la experimentaron sus contemporáneos y artífices. Una revolución política y jurídica, radical para su tiempo y —temo decirlo— más aún para el nuestro, en que el propio término revolución no está más en el horizonte de lo pensable.  

La incongruencia entre el país (¿post?)neoliberal de hoy y el ideal de su fundación republicana no puede ser mayor. En tres décadas de neoliberalismo, el mercado desplazó a la historia como fuente de identidad colectiva y el país se convirtió en una marca. Pero es necesario incidir en la historia que tuvimos, que tenemos, porque en el intento de reescribirla se librarán muchas batallas políticas. Por ello, creo más necesario que nunca rescatar de la historia lo que el dogma neoliberal prefirió que olvidáramos:  la historia de nuestros derechos políticos y ciudadanos... Por ejemplo, el que nuestra primera constitución republicana, de 1823,  ya incorporaba la  igualdad ante la ley  en el capítulo de garantías constitucionales, en clara ruptura con la legislación colonial. 

Dictadura parlamentaria

Si bien estos principios han sido burlados sistemáticamente a lo largo de dos siglos de vida republicana, creo que el régimen que se inicia con la vacancia irregular de Castillo el 7 de diciembre de 2022 y llega a su fin en unos días, será considerado uno de los más corrosivos a este respecto.  Y no será fácil para la señora Fujimori desvincularse de él, ni de su origen espurio, porque fue su propio vicepresidente, 'Miki' Torres, quien confesó, a modo de alarde, que el Congreso, la Fiscalía y medios, conjuntamente depusieron a Castillo. En sus palabras: “Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”. Es decir, si bien Castillo quiso dar un golpe, el golpe se lo terminó dando a él un Congreso dominado por el fujimorismo, que desde entonces ha gobernado el país vía presidentes títere.

 Tampoco le será fácil a Fujimori desasociarse de la masacre de 50 peruanos con la que se inauguró el régimen parlamentario que tuvo en Boluarte a su primera presidenta títere, porque, siendo la responsable política de estos crímenes, su bancada la                                                                                                                 Fuerza Popular blindó siete veces de la vacancia; ni de la captura de los poderes del Estado e instituciones claves para el sistema de justicia,  como Fiscalía, TC,  JNJ, Defensoría del Pueblo, de las que Fujimori y sus coacusados se beneficiaron directamente cuando el TC anuló inconstitucionalmente su juicio en curso por lavado de activos. Luego vinieron el hostigamiento, acusaciones y remoción arbitraria de jueces y fiscales que investigaban casos que involucraban al fujimorismo y aliados, mientras los organismos tomados reponían a jueces y fiscales comprometidos con la red criminal Los Cuellos Blancos. ¡Un verdadero mundo al revés!

Más allá del ámbito judicial, la nueva arquitectura legal creada por el régimen, con sus 12 leyes pro-impunidad, persiguió un control político cerrado a futuro.  Arrogándose poderes constituyentes para los que no fue elegido, el Congreso alteró, a puerta cerrada,  el  57%, de la Constitución,  modificando la propia estructura del sistema representativo y las reglas de juego del sistema electoral, sobrepasando sus atribuciones. Llamarlo dictadura parlamentaria no es hipérbole. 

Y siendo su obra reprensible, la más alarmante de todas las leyes que urdió es la que permite que policías y militares puedan ser juzgados por crímenes comunes en tribunales militares y policiales, lo que nos revierte al tiempo de los fueros coloniales y la “sociedad de castas”, donde las penas no se daban tanto en función del delito, sino de quién lo cometía. Una reversión de más 200 años del principio de igualdad jurídica con el que se fundó la república. 

Cabe entonces preguntarse ¿por qué, si más del 90 % de peruanxs desaprobaba a un Congreso que perpetró las iniquidades que conocemos, el país terminó llevando a la presidencia a quien estuvo detrás de todo esto? ¿Qué le hace a un país elegir a su propio verdugo de presidente?

¿Cómo perder un país?

No tengo la respuesta. Solo tristeza, y la sensación de “estar perdiendo un país”, como lo expresó la escritora turca Ece Temelkuran en 'How do lose a country? The siete Steps from Democracy to Fascism' (The Canons, 2024). Porque aunque a muchos les incomode el término fascismo y minimicen el grado de descomposición moral y política que vivimos, el Perú no es una isla y exhibe varios de los signos que Temelkuran asocia con la pérdida de la democracia, camino al fascismo. La impunidad estructural y la instrumentalización de las fuerzas de seguridad para ejercer violencia contra los ciudadanos en virtual calidad de inimputables, es uno de los más, si no el más, preocupante. 

En una reciente entrevista con el periodista Chris Hedges, Temelkuran dijo que cuando perdemos la democracia “perdemos muchas otras cosas, sobre todo la dignidad humana, y ese es el principal problema de la política de este siglo. Creo que tenemos que volver a situar la dignidad humana en el centro”, afirmó. Coincido, y pienso en ese otro artículo olvidado, esta vez, el 1 de la Constitución vigente: “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. El Congreso no lo tocó,  tal vez porque pensó que era letra muerta. De seguirse ignorando, “democracia” seguirá siendo una palabra hueca.

Las respuestas más a la mano a estas preguntas se resumen en dos ideas: que el neoliberalismo —colmado de mercantilismo— continuará vivo después de muerto, y que el próximo gobierno será la continuidad tácita del régimen que gobernó desde diciembre de 2022.

Es altamente probable que esos vaticinios no se cumplan y que, en cambio, el destino del gobierno que se instalará o reacomodará en breve realice un insospechado viaje que no borre su pecado original. Agregar lo económico-social y lo político, en este caso, es un recurso necesario, pero incompleto si, al mismo tiempo, no se descompone el código íntimo que comparten, impregnado de desigualdad. Si el régimen económico engendró un sistema distributivo injusto, el régimen político produjo un entramado autoritario, también injusto.

La actividad de opinantes zalameros y académicos dimitentes abunda en recetas tan comedidas como emotivas. Nos quieren vender como novedades las figuritas más manyadas del álbum. Sus recetas fracasaron desde 2015 porque llevan dentro el artefacto de la exclusión: shock de inversiones (especialmente en infraestructura), reducción de regulaciones, flexibilizar la consulta previa, asociaciones público-privadas a todo dar, frenar el gasto público y, si se puede, suprimir algunos ministerios. Hay un fantasma que recorre el Perú: el recetario de medidas para salvar al régimen económico, que no funcionaron y a las que no les modifican una coma.

En tono más estratégico, algunos pocos especialistas proponen acometer una agenda con los ojos puestos en el corto y mediano plazo (Diego Macera, El Comercio, 19/07), para lo que se requiere más política que figuritas gastadas y en la que se ubicarían dos temas de fondo: la formalización laboral y la descentralización. Ambas necesitan ser repensadas desde una perspectiva realista, más cerca de las recomendaciones de la OCDE que de los estudios de abogados corporativos.

No hay modo de relanzar o envolver con éxito para un consumo extendido el régimen económico-social que impuso el gobierno de A. Fujimori y que, luego de su caída, sobrevivió hasta mediados de la década pasada, cuando el fin del superciclo de los precios de los metales y la crisis política deterioraron la capacidad de los gobiernos para impedir, desde la legitimidad del relato neoliberal, las expectativas de igualdad y justicia.

La revisión de los datos suministrados por Latinobarómetro entre 2015 y 2025 sobre la relación entre el crecimiento y la estabilidad macro, por un lado, y la satisfacción social, por el otro, proyectó antes de la pandemia que dos tercios de los peruanos sostuvieron año tras año que la distribución de la riqueza en el Perú es injusta o muy injusta. Luego de la pandemia, que terminó de derribar la estantería del régimen económico, el reclamo distributivo se ubicó entre el 80% y el 85%. Ese reclamo se fortaleció con la desastrosa gestión estatal de los conflictos sociales. Recordemos que, en los grandes conflictos sociales de la última década, el Estado capituló porque no suministró alternativas autónomas respecto a la posición de las empresas, y que le fue mejor en los conflictos medianos y pequeños, donde asumió su papel de agente público con ideas propias.

Otra percepción sobre la injusticia distributiva es la respuesta a la pregunta sobre para quién se gobierna. En el citado período 2015-2025, entre el 84% y el 89% de los peruanos sostuvieron que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. La idea de la captura del Estado por los empresarios para su beneficio personal fue previa a la captura del Estado por los políticos depredadores.

Con los desastrosos gobiernos de Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar —los tres últimos digitados, sostenidos y alimentados por el Congreso— se legitima un contrarrelato económico que, aunque carece de medidas consistentes presentadas por la academia heterodoxa, desempeña un rol de resistencia y cuenta con nuevos y mayores argumentos sobre que los antisistema están en Lima y en el poder, y no en las comunidades. El contrarrelato económico fue decisivo en las recientes elecciones: no hay libertad de mercado, los consumidores no están protegidos, no hay disciplina fiscal y tampoco meritocracia.

Los economistas ortodoxos se dividen en este punto en dos grupos con porcentajes desiguales. La abrumadora mayoría, los comedidos asfixiantes, sostiene que el gobierno encontrará un escenario económico ideal e inmejorable y que lo único que debe hacer la presidenta es disparar a arco vacío y meter los goles. Esa prédica cala en los círculos de ejecutivos y empresarios que no están siendo alimentados con relatos balanceados. El otro es un grupo muy pequeño que se atreve a pensar fuera del mundo macro, reconoce el valor de las oportunidades actuales y alerta sobre riesgos: externalidades, desastres naturales y desastres políticos.

La injusticia política que, junto a la injusticia distributiva, forma el código íntimo del nuevo gobierno nos dice que no hay manera de que el gobierno de Fujimori sea la continuidad del régimen que gobernó los últimos tres años y medio, y que esa continuidad sea exitosa.

“Gobernó” es un decir. La misma presidenta ha reconocido que asumirá una administración en condiciones desastrosas, con lo que confirma que el 80% de los peruanos tuvimos razón cuando, luego de la caída de Castillo, exigimos elecciones adelantadas con dos propósitos: renovar la legitimidad de los poderes y renovar la legitimidad de la gobernanza democrática, es decir, la eficiencia.

El desorden y caos de la gestión pública que precede al próximo gobierno es también responsabilidad del partido que lideró el Parlamento en los últimos años. Más allá de que Fuerza Popular no reconozca su participación decisiva en el estado de cosas caótico, queda confirmada la imposibilidad de una síntesis virtuosa entre autoritarismo y eficacia, y que la promesa de insistir en la injusticia política no tiene futuro, más aún si se intenta forzar el orden sin libertad con los métodos cruentos ejecutados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En lo estrictamente político e institucional, los comedidos sofocantes no repiten el relato sobre el ruido político que debe ser suprimido, en el que sí se enfatiza cuando se habla de economía. Son creativos, proponen medidas audaces para garantizar la gobernanza: consenso a partir de las formas y no de los contenidos (haga gestos, presidenta, engañe), reconciliación sin mirar atrás (sea pragmática, presidenta, haga borrón y cuenta nueva) y ensanchar la base política del gobierno (presidenta, haga alianzas arriba, no abajo).

Es otro recetario del fracaso. Presumir que puede haber gobernanza sin suprimir las leyes procrimen y antiderechos, dejar intacta la captura del Estado, proseguir con la agenda de mano dura frente al auge criminal sin reformar radicalmente la Policía y continuar gobernando con los de Lima, desde Lima y a nombre de Lima, mirando por encima del hombro a los territorios, no conducirá al éxito.

Quienes sostienen que el problema de la nueva administración es que no saben qué tipo de gobierno necesita el Perú y qué tipo de gobierno están en condiciones de formular tienen razón. La injusticia económica y la injusticia política son una y se traducen en la principal señal del momento: la incertidumbre.

Para suprimirla, o por lo menos administrarla, se precisa de un ejercicio estratégico que ahora mismo parece impertinente porque destruiría el código íntimo del nuevo gobierno: acometer dos pactos para desarmar los injustos, un pacto distributivo y otro para recuperar la democracia.

Pero son palabras mayores y muy atrevidas. Imagínense: hablar de igualdad, devolución de derechos y de unidad para cambiar el país. Qué insolencia. Mejor que gobierne el que está vivo después de muerto. ¿Por qué hablar del futuro si el Perú está volviendo al pasado?

Ese escenario de espanto económico no se parece en nada al Perú de hoy. Por eso, la frase de Keiko Fujimori: “nos están entregando el Estado de manera catastrófica” no puede referirse ni remotamente al escenario en el que su padre pronunció sus famosas palabras. No hay hiperinflación y no hay, (aunque les encanta el terruqueo), ni Sendero Luminoso ni MRTA aterrorizando al país. Ha calificado de “desolador” lo que ha leído en los primeros informes de la Comisión de Transferencia. Luego añadió que se refiere a las “obras paralizadas” y que tendrá un Consejo de Ministros el 29 de julio para abordar ese problema y el de seguridad ciudadana.

Algunos se han burlado de las declaraciones de Fujimori por su tremendismo, otros por su falta de responsabilidad política en un gobierno que ha sido más suyo que de Boluarte, Jeri o Balcázar por el rol de su bancada en el Congreso. Desentenderse del pacto de facto hoy parece fácil porque sus aliados fueron sepultados por el desprecio electoral, salvo el caso de Renovación Popular. Pero que sea fácil no lo hace cierto. Desde que PPK fue acosado y forzado a renunciar, Fuerza Popular ha gobernado imponiendo, desde su cuota de poder, un desastre institucional. Esa es la verdadera herencia.

La frase de Keiko Fujimori, bien leída, es correcta. Es una catástrofe lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, organismos que deberían tener autonomía constitucional. Ni siquiera han respetado autonomías administrativas cuando se han cruzado con sus negocios, como el caso de SUNEDU.

¿Qué hereda, de su propia autoría, Keiko Fujimori este 28 de julio? En primer lugar, una institución presidencial devaluada y desprestigiada. Una presidencia que no gobierna desde hace 4 años y que ha hecho irrelevante a quien la ocupa. Una presidencia que ya no puede hacer cuestión de confianza, ni frenar (hasta hace una semana) la inconstitucional iniciativa de gasto que se arrogó el Congreso y bendijo el TC. Tan catastrófico ha sido el daño que se han tenido que apurar a enmendar con una “variación de criterio jurisprudencial” que es una vergüenza, con un costo fiscal en leyes populistas brutal y casi imposible de revertir.

¿Qué hereda en materia de justicia? Su absolución y la libertad de Vladimir Cerrón pueden ponerlos en el activo para sus intereses. Pero hereda un sistema de justicia castrado por leyes que favorecen la delincuencia, traban la investigación criminal, exoneran y garantizan impunidad al asesino y al ladrón. Por protegerse entre ellos, nos han legado un conjunto de normas penales que son una aberración. ¿Cómo va a luchar contra la delincuencia con ese sistema? Ese sí es una verdadera catástrofe que se entrega a sí misma. Pero, además, hereda un país con “hambre y sed de justicia”. Un país que no votó por ella en segunda vuelta porque tiene ya demasiados muertos encima como para olvidarlos. Un país que ella no ve o que su entorno no quiere que vea o que no quiere ver. No lo sé. Pero las víctimas, los deudos, no van a desaparecer a punta de terruquearlos o invisibilizarlos. No hay nada más poderoso que el amor. Ese nunca muere. Y es mucho más potente y exige una reparación mucho más generosa que inaugurar un hospital aplazado o un camino olvidado.

La “operación Rospigliosi” para la impunidad perpetua de policías y militares delincuentes le entrega a una casta poderes absolutos sobre la vida y la muerte. Ningún gobernante, incluidos los más astutos e inmorales, le entregaría tanto poder a nadie. No hablemos siquiera de defender los derechos fundamentales de los peruanos (esa batalla está perdida con los Fujimori, padre o hija); hablemos de reparto a un poder fáctico. Keiko Fujimori va a terminar teniendo con las Fuerzas Armadas la misma relación que tuvo con ellas su padre. Esa es una herencia, de verdad, catastrófica.

A esta hora, inscritas las listas para las mesas directivas de senadores y diputados, emerge una buena noticia. Los cuatro partidos de oposición, pese a todo, lograron organizarse. La semana pasada parecía una causa perdida. Con 74 votos pueden conquistar Diputados con Buen Gobierno a la cabeza. Ese puede ser un espacio opositor sólido. En el Senado, 30 a 30, está claro que el fujimorismo ya compró el voto que necesita. Nunca sabremos quién lo puso, pero lo más probable es que pierda la oposición. A Fujimori le basta el Senado para controlar toda la legislación. Pero no podrá controlar la censura a ministros, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, modalidad de acoso al Ejecutivo que ella misma inauguró con Jaime Saavedra hace 10 años. Herencia suya también, que tendrá que padecer.

Una diferencia final con 1990. Casi sin ninguna esperanza, la mayoría del país hoy no cree que Fujimori, la hija, tenga un plan que pueda funcionar. No hay confianza cuando en primera vuelta solo sacas el 17%. Y eso, para el gobierno que entra, es también catastrófico.

La foto fue tomada en el momento más crucial de la Guerra Civil Española, cuando muchos suponían que los fascistas iban a arrojar bombas incendiarias sobre el Museo del Prado.

¿Quién es el hombre de uniforme? Es Julio Gálvez Orrego. En el Trujillo de los años 20, se le conocía por ser sobrino del filósofo Antenor Orrego. Inseparable de la gente del grupo Norte, Julio recibió en 1923 una herencia que alcanzaba justo para comprar un pasaje en barco a Francia.

-Me han dejado dinero para un viaje en primera a Francia. En vez de ello, voy a comprar dos de tercera, y viajamos juntos -le propuso al filósofo.

Antenor se quedó pensativo.

Mejor que vaya César -dijo, y sacrificó su propio sueño europeo.

Añadió:

-En Lima, nadie se fijará en su obra. En Europa, sí. ¡Vamos, vamos al telégrafo!... Le diremos que partirás con él, en un barco a Francia -aseveró-. Allí lo está esperando el destino. Aquí, la cárcel.

Por insistencia de Antenor, Vallejo viajó a Francia el 17 de junio de 1923 a bordo del vapor Oroya. A su lado iba Julio Gálvez.

En París, desde su llegada, César Vallejo y Julio Gálvez Orrego compartieron un cuarto en el séptimo piso de la calle Georges Mandel. Sin embargo, cuando Hitler, Mussolini y Francisco Franco invadieron España, Julio se sintió llamado a pelear allí contra el fascismo. Entonces, viajó a España y se enroló en las Brigadas Internacionales.

Luego de acompañar a los escritores en Valencia (por eso lo vemos en la foto), Julio Gálvez volvió a los campos de batalla. Al parecer, hizo casi toda la guerra, pero en un enfrentamiento cerca de Madrid cayó prisionero de los franquistas quienes lo condenaron a muerte.

El 14 de marzo de 1939, Julio Gálvez Orrego se había quedado dormido en la celda durante su última media hora y, cuando despertó, se tocó el rostro, movió la cabeza, pronunció una palabra y se dio cuenta de que aún estaba vivo.

Julio iba a morir 17 minutos después de las 6 de la mañana.  A las 6 lo conducirían al patio de la prisión y se calcula que 17 minutos es lo que tarda el alma de un condenado en encaminarse y arribar al infierno.

Cuando llegaron los soldados a su celda y el jefe de ellos le ordenó acompañarlo al patio de fusilamiento, Julio Gálvez se dijo tal vez: “Tengo mucha suerte. Sé exactamente la hora en que me voy a morir. Pocas personas en el mundo conocen esos datos”.

Debe de haber pensado en él César Vallejo cuando escribió: “…está la madre España con su vientre a cuestas / está nuestra maestra con sus férulas / está madre y maestra, cruz y madera porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños”.

Aunque contaba con la razón y también con el corazón del mundo, la España republicana fue derrotada por sus poderosos agresores, como la diferencia de armamento lo hacía prever.

Fue uno de esos casos en la historia en que la maldad prevalece. Albert Camus escribiría: “Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa”.

En la celda donde se encontraba, Julio se dio cuenta de que otro de los grandes regalos de la providencia es la memoria y decidió manejarla a su antojo.

Mágicamente, estuvo a la vez en muchos lugares de la península mientras combatía, y escuchó los gritos de sus compañeros para alabar una victoria más contra el invasor, y muchas más.

“Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero

en el quinto regimiento

primera línea de fuego”.

Su recuerdo estuvo en uno y otro lado y siempre se veía al lado de los vencedores, un nutrido grupo de jóvenes españoles contra quienes chocaban los monstruos del mundo.

Todas fueron victorias y, para gozar de ellas, hubiese querido tener unas horas más de recuerdos.

A las 5:40 de la mañana, un tipo uniformado pronunció su nombre:

-Julio Gálvez Orrego, estás condenado a muerte.

La victoria de Fuerza Popular se sustentó en el respaldo decisivo de los peruanos en el exterior, contra un voto en territorio nacional que le fue contrario. Ese mandato entraña una responsabilidad: gobernar con la moderación prometida y ejercer el poder con pleno respeto a la Constitución y al derecho internacional, pilares de la convivencia democrática.

De hecho, la autoridad política en democracias se consolida solo cuando respeta esos principios y cuando entiende que el equilibrio institucional fortalece al gobierno antes que debilitarlo.

Por eso, la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados tiene una importancia que trasciende el reparto de cargos. El Congreso recientemente instalado tiene la oportunidad de recuperar el equilibrio perdido durante los últimos años.

La mayoría parlamentaria abusó de su poder para aprobar leyes incompatibles con la Constitución y para intervenir en instituciones llamadas precisamente a controlar el poder. También debilitó la función fiscalizadora del Congreso sirviendo como blindaje a aliados y redujo los espacios de deliberación política.

El resultado fue un progresivo deterioro de la institucionalidad que el país observó sin poder hacer mucho más allá de ejercer el sufragio y castigando a quienes abusaron de la confianza ciudadana. El voto expresó ese castigo, incluido el fujimorismo que pasó con 12% de votos emitidos.

En ese contexto adquiere sentido la alianza conformada por Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación. Su relevancia reside en la posibilidad de restablecer los contrapesos propios de una democracia constitucional.

El nuevo Parlamento necesita una mayoría que legisle con responsabilidad y una oposición que ejerza plenamente su función de control. Esa combinación fortalece la democracia, protege las instituciones y, sobre todo, honra el mandato recibido de los ciudadanos.

La bicameralidad empieza a escribirse esta semana. Su primera página puede marcar una diferencia con el pasado. El país espera un Congreso que legisle con responsabilidad y evitando el aplastante abuso del poder que nuestro país ya conoció en los últimos tres años.

Por ejemplo, las montañas de “Topografías del desplazamiento” de Yiriane Kahn son memorias mineralizadas donde el cemento pesa porque conserva la gravedad de todo aquello que alguna vez sostuvo una vida. Si el papel de algodón aparece como una epidermis vulnerable, la resina actúa como esa delgada película con la que el tiempo intenta preservar aquello que inevitablemente terminará descomponiéndose.

Luego aparecen las modulaciones. Fragmentos que parecen desplazarse unos respecto de otros como placas tectónicas de la conciencia en una composición que no aspira al equilibrio clásico, prefiere la incertidumbre. Cada pieza parece preguntarse cuánto puede deformarse una identidad antes de dejar de reconocerse. Y entonces llega el desierto como el único lugar donde el silencio posee volumen.

Así, en “Desierto Zalleta” la memoria no se manifiesta por acumulaciones sino mediante vacíos. Donde creemos haber olvidado algo, la experiencia trabaja con mayor intensidad. Los “Portales” son umbrales suspendidos entre dos respiraciones donde la pintura, lejos de representar una puerta, genera el acto mismo de atravesarla. Hasta que finalmente llegan las sedas.

Difíciles de clasificar, más cercanas a una muda de piel que a una pintura tradicional. Suspendidas como crisálidas, conservan la memoria de un cuerpo que ya no existe y anuncian otro que todavía no termina de aparecer. Allí la materia alcanza una paradoja admirable: cuanto más frágil parece, mayor capacidad demuestra para sobrevivir al tiempo. La seda como metáfora del propio devenir.

-Íntima gravedad-

Probablemente esa sensibilidad hacia las mutaciones explique también la trayectoria de Yiriane Kahn. Nacida en Santo Domingo en 1985, formada primero en Lima, luego en Barcelona y, más recientemente, en Madrid, su biografía dibuja una geografía semejante a la que despliegan sus obras, una existencia construida sobre desplazamientos sucesivos.

Sin embargo, sería un error reducir su producción a la experiencia migratoria. Cada ciudad le aportó un lenguaje distinto. Lima parece haberle entregado la intuición del territorio. Barcelona, el rigor formal. Madrid, la posibilidad de convertir la investigación en una metodología poética. El resultado, además de una suma de influencias, es una voz extraordinariamente reconocible.

Y una coherencia poco común. Desde sus exposiciones Raíces, Mirada Azul, Godai, Elementos o Fragmentos, la artista ha venido persiguiendo obstinadamente una misma pregunta: ¿cómo representar aquello que nunca permanece? Devenir… no rompe con esa trayectoria, la lleva hasta una profundidad inesperada en una época donde todo se actualiza, se reemplaza y se acelera.

Frente a esa ansiedad contemporánea, Yiriane Kahn propone una lentitud casi geológica. Transformarse no es abandonar lo que fuimos, tal vez solo permitir que todas nuestras versiones continúen respirando bajo la superficie.

Quizá la verdadera geografía del cambio no sea el mapa de los lugares que hemos habitado sino el relieve secreto de las personas que hemos dejado de ser y que, silenciosamente, todavía nos sostienen.

…

Datos:

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255 - San Isidro.

Fechas: Hasta el 8 de agosto.

Horario: De lunes a viernes, de 11 a. m. a 7 p. m. Sábados, de 3 a 7 p. m.

El principal problema es el consumo voraz de agua, electricidad y uso de terrenos. Un solo centro de hiperescala puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, equivalente al consumo de una ciudad de 50.000 habitantes. Hoy, los data centers consumen entre el 1,5% y 2% de la electricidad mundial, y se estima que para 2030 esta demanda se duplicará.

En México, Querétaro es el estado con más centros de hiperescala, ya enfrentaba estrés hídrico, y ahora comunidades denuncian cortes de agua más frecuentes y apagones prolongados. A esto se suma la transformación del territorio, donde zonas rurales y populares son desplazadas por estas infraestructuras.

En EE. UU., hay un descontento por los subsidios corporativos, el secretismo de los contratos y el espejismo del desarrollo económico. Mientras la Unión Europea tiene normas estrictas, en América Latina, la falta de marcos regulatorios sólidos agrava el problema. Hay un vacío legal que facilita la instalación sin consulta a las comunidades ni evaluación de impacto real.

Se necesitan modelos sostenibles que prioricen energías renovables y una gestión eficiente del agua. Los expertos proponen imponer transparencia total y establecer una planificación que limite la capacidad de agua y energía que cada territorio puede soportar.

En Perú es imperativo que se establezcan estándares ambientales y sociales que garanticen beneficios tanto para la ciudadanía como para los ecosistemas.

La facultad que tienen los congresistas de la República de ingresar a los establecimientos penitenciarios sin necesidad de autorización previa no fue concebida como un privilegio​ personal ni como una licencia para mantener reuniones políticas con personas privadas de libertad. Su razón de ser es otra: permitir el ejercicio de la función de control político y​ fiscalización sobre las condiciones en las que opera el sistema penitenciario, verificando el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria y el adecuado funcionamiento de los establecimientos.

Sin embargo, en los últimos años, los registros de visitas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se está utilizando​ esta prerrogativa para cumplir una función constitucional o se ha convertido en un mecanismo para mantener contactos políticos con determinados internos?​

El registro de visitas del INPE, al que accedí a través de la Ley de Transparencia, evidencia que, desde 2023 hasta 2026 (junio), un total de 50 congresistas de la República han​ utilizado esa prerrogativa parlamentaria para ingresar 728 veces al Penal de Barbadillo, recinto penitenciario en el que cumplen prisión los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y, hasta diciembre de 2023, albergó también a Alberto Fujimori.

La controversia no gira en torno al derecho de un congresista a ingresar a un penal —que la ley reconoce—, sino al propósito de esas visitas. Los registros del INPE muestran que el​ mayor número de visitas parlamentarias coincide con coyunturas de alta tensión política, campañas electorales o votaciones de especial relevancia en el Congreso.

Hasta diciembre de 2023, Alberto Fujimori concentró el mayor número de visitas parlamentarias, principalmente de congresistas vinculados al fujimorismo. Posteriormente, entre 2025 y junio de 2026, en un​contexto marcado por la campaña electoral y la reconfiguración del escenario político, Pedro Castillo pasó a ser el expresidente más visitado por los legisladores, acumulando 496 ingresos parlamentarios al Penal de Barbadillo. Este cambio en el patrón de visitas, estrechamente asociado a determinadas coyunturas políticas, plantea serias dudas sobre cómo se está utilizando esta prerrogativa.

A la vista de estos datos, difícilmente puede sostenerse que centenares de visitas a un mismo interno respondan exclusivamente al ejercicio de labores de fiscalización. La propia institución penitenciaria ha​señalado recientemente que su competencia se limita a aplicar la normativa vigente y controlar el ingreso de los congresistas, pero no a evaluar la finalidad de las visitas. Esa valoración corresponde al Congreso u otras autoridades competentes.

Y precisamente allí radica el problema. Existe un vacío de control sobre el uso de esta prerrogativa. Mientras la ley facilita el ingreso para el ejercicio de la función parlamentaria, no existen mecanismos efectivos que obliguen al congresista a justificar públicamente el objeto de la visita, presentar un informe de fiscalización o acreditar que el ingreso respondió realmente al cumplimiento de una labor institucional.

La ausencia de rendición de cuentas abre la puerta a la desnaturalización de una facultad concebida para proteger el interés público. La fiscalización requiere presencia, pero también transparencia. Si un congresista ingresa a un establecimiento penitenciario para supervisar las condiciones de reclusión, verificar posibles vulneraciones de derechos o evaluar el funcionamiento del sistema penitenciario, lo razonable es que esa actuación pueda evidenciarse públicamente mediante un informe, recomendaciones, solicitudes de información o iniciativas legislativas derivadas de la visita.

En un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones, el Congreso tiene la oportunidad de demostrar que las prerrogativas parlamentarias no son espacios exentos de control, sino herramientas al servicio de la ciudadanía. Porque la diferencia entre una facultad constitucional y un privilegio político no la establece únicamente la ley; la determina, sobre todo, el uso que se hace de ella.

Sin embargo, lo que ocurrió en el Perú durante los últimos cinco años fue otra cosa. Las bancadas que se presentaban como oposición gobernaron desde el Congreso, respaldaron a los ejecutivos que les convenía sostener, colocaron ministros en los gabinetes que controlaban y aprobaron leyes que beneficiaron sus propios intereses.

Hace unos días, Keiko Fujimori se conectó en vivo por TikTok y declaró que los últimos gobiernos le están entregando el Estado de manera catastrófica. Dijo que los primeros informes del equipo de transferencia revelan un panorama desolador. La declaración es políticamente comprensible. El problema es que quien la formula lidera el partido que más poder tuvo en el Perú durante esos mismos cuatro años.

Fuerza Popular fue la primera fuerza del Congreso 2021-2026 y construyó una alianza legislativa que le permitió controlar la agenda parlamentaria con una consistencia que ningún otro bloque logró. Bajo esa hegemonía se aprobaron leyes con impacto fiscal por S/36,700 millones anuales que el propio TC reconoció como una violación constitucional. Los gobiernos que Keiko responsabiliza por el deterioro tuvieron en sus gabinetes a figuras que el fujimorismo no solo no cuestionó mientras gobernaban sino que algunos hoy integran el nuevo Congreso bicameral o el equipo de transferencia de la propia presidenta electa.

Fujimori tiene razón en que el Estado llega al 28 de julio en condiciones preocupantes. Lo que resulta difícil de sostener es que eso sea responsabilidad exclusiva de otros. La catástrofe que describe tiene también su sello, y reconocerlo sería el primer paso para no repetirla.

Hagámoslo fácil y empecemos por lo que no hay forma alguna de justificar: Petroperú, sobre lo cual tratamos en la columna del 21 de mayo pasado. Como indiqué entonces, la empresa está totalmente quebrada y solo ha sobrevivido porque nuestros impuestos están siempre a la mano para rescatarla con otro multimillonario salvataje que le permita a los facinerosos de turno seguir haciendo de las suyas. Ahí hay miles de millones de soles que no se pueden invertir en seguridad, educación, salud y justicia que hoy necesitamos a gritos los peruanos.

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En segundo lugar, hablando de seguridad y justicia, está el avance de la criminalidad, en la cual destacan la extorsión y la minería ilegal (columna del 13 de mayo del 2025). Si bien en este caso el gobierno de Dina Boluarte meritoriamente eliminó 50.000 reinfos truchos, aún no está dicha la última palabra y el Reinfo se ha prolongado hasta diciembre de este año. La indignación ciudadana con la criminalidad es muy grande, pese a la gran suma de dinero dedicada por la minería ilegal a intentar confundir a la ciudadanía con falsas narrativas. Sabemos que un minero informal o artesanal no tiene por qué ser un criminal, pero tras ellos se escudan quienes sí son criminales de marca mayor. ¿O quién cree que mata a los mineros en Pataz, por ejemplo? ¿O quién arroja mercurio a los ríos de la Amazonía envenenando a incontables habitantes?

En tercer lugar, el gasto público está desbocado gracias a que se han repartido a diestra y siniestra exoneraciones tributarias y a que aumentaron los gastos corrientes, que se vuelven permanentes y que agrandan el déficit fiscal (columna del 31 de marzo). Si bien aquí juega un importante papel nuestro Congreso regalón, el gobierno también ha sido responsable de crear el caos fiscal. El reciente fallo del Tribunal Constitucional debería evitar que el Congreso siga en sus andanzas, pero no controlará a un Ejecutivo potencialmente dispendioso. Tomando en cuenta que actualmente los ingresos tributarios son por lo menos 2% del PBI mayores a lo que serían porque los precios de los minerales están en su punto más alto de la historia, para el gobierno estos deberían ser años de ahorro para las vacas flacas que llegarán en algún momento. Pero no es así y continuar con la farra fiscal sería tóxico para el gobierno de Fujimori.

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En cuarto lugar, la infraestructura. Nuestro país tiene graves carencias de caminos, puentes, aeropuertos, instalaciones de agua y desagüe, escuelas, hospitales, comisarías, etc. (columna del 17 de diciembre del 2025). Además de utilizar gran cantidad de recursos para obras sin importancia, lo que sí se dedica a infraestructura carece con frecuencia de un ordenamiento básico que le dé sentido al todo. Esto tiene como caso emblemático que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez solo tiene acceso por dos puentes temporales de emergencia, pese a que hace años era por todos conocida la fecha en que el nuevo aeropuerto iba a inaugurarse y a que hace años que se iniciaron las gestiones para hacer la obra. Otro caso es que la ciudad de Lima tenga el peor tráfico del mundo debido a la ausencia de un mínimo de orden y planeamiento, los cuales nos hubieran dado hace muchos años métodos de transporte urbano masivo. Lima es una de solo dos ciudades en el mundo con más de diez millones de habitantes, sin transporte público masivo (la otra es Kinshasa, en la República Democrática del Congo).

En quinto lugar, el impulso a la productividad y el empleo formal que, al ser un tema aparentemente complejo, no genera una indignación general, pese a que es, sin duda, el tema que más daño causa de todos los aquí mencionados (columna del 28 de noviembre). Como ya he dicho, la aparente complejidad del asunto no es tal. Lo que sucede es que existe una parte importante de la ciudadanía que tiene, comprensiblemente, sentimientos muy fuertes sobre el tema. Esto hace difícil que se entienda lo que es en realidad una causalidad muy sencilla.

La vía fundamental para que alguien progrese es mediante un empleo que se lo permita. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Un empleo es mejor cuanto más productivo sea. La informalidad en el Perú se caracteriza por tener baja productividad, tanto por escasez de capital físico como de capital humano. ¡Un trabajador formal promedio es seis veces más productivo que un trabajador informal promedio! Para lograr el progreso de los ciudadanos resulta necesario que los trabajadores del sector informal obtengan empleos en el sector formal, aumentando su productividad. El único camino para lograr esto de manera sostenible es mediante la inversión privada, mientras más, mejor. Esto es lo que sucedió en el Perú del 2003 al 2014: la inversión privada creció a 14% anual lo cual llevó a que el producto creciera a 5,8% anual. Esto ocasionó que la pobreza se redujera en 40 puntos porcentuales y a que la mayoría de los peruanos, por primera vez en la historia, integraran la clase media. Estos son resultados fabulosos sin duda. ¿Qué pasó luego en el Perú?

Pasó que la inversión privada y el producto crecieron a una tasa anual de menos de 1% entre el 2014 y el 2024 y, con Covid entre medio, se asfixiaron las oportunidades nuevas de empleo y progreso. Resulta imprescindible volver a darle aire a la inversión, no con ventajas o prebendas sino con lo que todo inversionista requiere: reglas claras, razonables y estables. Con esto y con la colaboración de un Estado que aliente la inversión, se alcanzarán estupendos resultados.

Todo lo anterior, con muy pocos cambios para ponerlo al día, lo escribí hace casi exactamente un año. Lo titulé 'Los pendientes de Dina' y era lo que le pedía a la presidenta de entonces en lo que sería su frustrado último año de mandato. Todo lo dicho permanece sin hacer, a pesar de que ya entonces era muy urgente hacerlo. La señora Fujimori deberá enfrentar estos retos (y otros, como el inminente El Niño) cuanto antes. Para fortuna suya, la economía está en mejor pie que hace un año, gracias a los vientos favorables de los altos precios de los minerales. Además, su actitud favorable a la inversión hace más fácil el camino.

Pero sigue siendo cierta la oración final de aquel artículo de hace un año: Le aseguramos, señora presidente, que hacer algunos genuinos esfuerzos por atender los problemas aquí mencionados le permitirán enormes logros de los qué se hablará mucho más allá de cuando haya terminado su mandato.