¿Existen o existieron esas temibles guerreras en el Perú? Si esa pregunta fuera planteada en tiempo pasado, la respuesta sería categóricamente positiva.

En 1542, durante su exploración de las selvas sudamericanas, Francisco de Orellana (1511-1546) aparentemente tuvo contacto con ellas, y no fue precisamente amoroso. Una tribu de feroces guerreras se enfrentó a los españoles. El encuentro, por fortuna para ellos, no tuvo mayores consecuencias.

Como se sabe, Orellana ha sido el primer descubridor de la Amazonía, ese mundo fantástico cuya presencia parece tragarse casi todo el mapa de América del Sur.

Pero, ¿quiénes son las amazonas, de dónde viene el nombre del río? En las leyendas griegas, de donde proviene la conjetura de su existencia, las amazonas son mujeres indómitas que forman comunidades apartadas de los hombres.

¿Dónde vivían si vivían y cómo eran si eran? Eran, según las describe Heródoto, muy delgadas, de profundas ojeras y de una soledad irremisible como algunas peruanas y españolas de hoy. Al combatir, saltaban del caballo y permanecían un momento en el aire como si estuvieran bailando ballet. Habitaban una suerte de cuarteles en terrenos cercanos al mar Negro.

La leyenda las ubica en las estepas euroasiáticas y se asegura que cabalgaban tras de tribus nómadas dedicadas a la cacería de bisontes. Profesaban gran amor por sus perros de caza y se hacían enterrar con sus armas preferidas.

Aunque Heródoto las ubica en Escitia, Diodoro vio a Heracles derrotándolas en Temiscira. Filóstrato las sitúa en los montes de Tauro. Por fin, según Procopio, habitan el Cáucaso. En realidad, si es que la realidad existe para ellas, están en todas partes, y acaso también en ninguna.

Es normal pues que, influidos por la formación grecolatina, los conquistadores españoles del Nuevo Mundo quisieran encontrar aquí las imágenes que la historia ubica en Grecia. Esta es la razón por la cual el río más caudaloso del mundo fue bautizado con el nombre de las fantásticas guerreras.

En la crónica del padre Gaspar de Carvajal, se narra la conversación entre Francisco de Orellana y un indio quien dijo que aquellas eran unas mujeres que residían en la tierra adentro siete jornadas de la costa.

La pregunta de Orellana es racional. ¿Cómo se explica que no estando casadas ni residiendo hombre entre ellas, pudieran reproducirse? La respuesta es simple:

“Las amazonas invaden otros reinos y se llevan muchos hombres presos a quienes obligan a fecundarlas. Después que se hallan preñadas, los tornan a enviar a su tierra sin hacerles otro mal”.

Por fin, pasado el tiempo del embarazo, si paren hijo lo matan o lo envían a la comunidad paterna. En cambio, si es hija, la crían con gran solemnidad y le enseñan el arte de la guerra.

Fue en el reino de los Omaguas, en la selva norte del actual Perú, donde se sitúa su existencia.

En mi investigación para escribir El largo viaje de Castilla, me encontré con una descripción sobre el mundo de las amazonas que textualmente dice:

“¿Las amazonas? De un momento a otro, el paisaje cambió. El paraíso que tenían enfrente era un paraíso ciego y sordo. No cantaban pájaros. No crecían manzanas. No había naranjas, melones, vides, plátanos, jaguares, carneros, serpientes, deseos ni ilusiones. Todo era así hasta el horizonte. La canoa que se balanceaba frente a ellos parecía guardar un secreto inquietante. Era el reino de las amazonas”.

Hacia fines del siglo XX, conocí a un sacerdote misionero de luenga barba llamado Pedro Vera Vílchez quien, durante sus sermones, daba cuenta de lo que sucedió en el tiempo en que fue preso de las atroces guerreras.

Durante sus charlas piadosas, Fray Pedro recordaba con lágrimas que una gruesa Biblia le sirvió para ocultar sus vergüenzas y, a la vez, evangelizar a esas peligrosas mujeres.

Esa es la última información que tenemos. Tal vez, quienes tengan otras novedades se atrevan un día a confesarlas.

El 16 de marzo, más de seis millones de estudiantes iniciaron clases en las escuelas públicas del Perú. Sin embargo, no todos lo hicieron en igualdad de condiciones: miles de niños y niñas llegan a las aulas con secuelas de la anemia, una enfermedad silenciosa que impacta directamente en sus aprendizajes y desempeño escolar.

La anemia por deficiencia de hierro reduce el oxígeno que llega al cerebro, generando fatiga, problemas de atención y memoria. Cuando no se detecta ni trata a tiempo, puede provocar retrasos en el desarrollo cognitivo y motor, menor coeficiente intelectual y bajo rendimiento escolar. Según UNICEF, quienes padecen anemia en la primera infancia pueden presentar hasta un 9% menos de capacidad intelectual.

Las cifras son contundentes. Según el INEI (ENDES 2024), el 35,3% de los niños menores de tres años padece anemia, proporción que se eleva al 44,7% en zonas rurales, ubicando al Perú (de acuerdo con la OMS) en una situación entre moderada y grave de salud pública. Este problema no solo compromete la salud, sino también el aprendizaje. La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024 muestra que solo el 32,8% de estudiantes logra aprendizajes esperados en lectura y el 29,5% en matemáticas. No es coincidencia, es consecuencia.

Tras los resultados de la primera vuelta, es imprescindible exigir a quienes disputarán la presidencia, respuestas concretas sobre cómo reducirán la anemia infantil, con intervenciones sostenidas, financiamiento claro y resultados verificables, porque la niñez no puede seguir esperando. La lucha contra la anemia debe asumirse como prioridad nacional mediante una estrategia integral que articule control materno-infantil, detección temprana, suplementación con hierro, lactancia materna, acceso a alimentos, acceso a agua segura y educación nutricional, pero, sobre todo, con decisión política y rendición de cuentas. La ciudadanía debe ser firme: ningún niño o niña debería ver limitado su desarrollo por una condición prevenible, porque combatir la anemia es garantizar el futuro del país.

 Por primera vez en mucho tiempo, el país tuvo una oferta electoral decente, capaz de hacer frente al pacto mafioso: candidaturas democráticas, equipos con trayectoria y experiencia en gestión pública. Pero parte importante de la ciudadanía optó por quienes, desde un Congreso rechazado, aprobaron leyes a medida, normas funcionales al crimen, medidas demagógicas en educación y recortes al enfoque de género y a la educación sexual integral en nombre de convicciones religiosas.

 Esto se explica en parte por la dispersión del voto, alimentada por reglas creadas con ese propósito; y por la incapacidad de las candidaturas democráticas para unirse. Pero hay algo más. Pienso en frases como: Más vale ladrón conocido que ladrón por conocer y A mí no me han robado, pronunciadas por dos ciudadanos al explicar sus votos. Frases que revelan mucho más que una preferencia electoral: resignación, escepticismo, renuncia.

 Cuando para gran parte de la población, en su día a día no encuentran que sus derechos son atendidos, las urgencias y frustraciones cotidianas se distancian de la necesidad imperiosa que muchos sentimos de defender la democracia y la institucionalidad. Cuando esos valores se perciben lejanos, e incluso ajenos, el voto deja de ser una decisión sobre el país que queremos y se vuelve hartazgo y desilusión.

 Pero sí nos han robado. Nos roban cuando se degradan las reglas para favorecer intereses particulares, cuando se debilita la educación pública, cuando se sabotean políticas que protegen a niñas, niños y adolescentes, cuando se normaliza que el Estado sea botín y no garantía de derechos. Y claro que todo ello impacta en el día a día, aunque no se viva así.

 Toca entonces leer los resultados electorales desde lo que la educación no ha logrado: conectar las decisiones políticas con la vida cotidiana; construir sentido de bien común; formar para construir consensos. Y ese es el desafío del país: una educación que ayude a conectar la vida cotidiana con el valor de la democracia, los derechos y la institucionalidad; y a comprender que no son palabras ajenas, sino condiciones para vivir con dignidad, protección y futuro. Una educación que forje ciudadanía y nos permita recuperar la esperanza.

Sus múltiples advertencias durante la última semana parecen haber llegado a la Casa Blanca, desde donde se reaccionó contra esos llamados a la paz, atacando duramente a León XIV: "No estaba en ninguna lista para ser Papa, y solo fue colocado allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente…".

Pese a que en su primer año como pontífice León ha evitado criticar abiertamente al gobierno estadounidense, el hecho es que crecieron las tensiones en las últimas semanas mientras se intensificaba la guerra en Irán y altos funcionarios estadounidenses comenzaron a invocar argumentos teológicos para justificar una guerra llevada a cabo sin autorización del Congreso y sin respaldo ciudadano. Pero no solo en ello quedó León XIV:

En una homilía antes de Pascua, León afirmó que la misión cristiana había sido "distorsionada por un deseo de dominación, completamente ajeno al camino de Jesucristo". Ante la brutal amenaza, hecha desde la Casa Blanca la semana pasada, de destruir la civilización iraní si no se abría el estrecho de Ormuz, provocó una reprimenda directa del Papa: calificó la amenaza de "verdaderamente inaceptable" y contraria al derecho internacional.

León XIV no ha lanzado cuestionamientos personales ni políticos. Sus intervenciones se han centrado en principios universales: paz, rechazo a la violencia y coherencia cristiana. Incluso sus críticas —como calificar de "inaceptable" una amenaza— se mantienen dentro de un lenguaje diplomático y moral, no ideológico.

El Papa no introduce una postura nueva ni radical. Su mensaje se alinea con la doctrina histórica de la Iglesia: rechazo a la instrumentalización de la religión para la guerra; condena de la violencia desproporcionada; defensa del derecho internacional. En ese sentido, su postura no solo es válida y legítima, sino esperable y hasta obligada.

El Congreso se convirtió en el epicentro de esa lógica. Desde allí se impulsaron decisiones orientadas a debilitar los contrapesos democráticos, copar instituciones clave y asegurar protección frente a eventuales responsabilidades. La justicia fue objeto de disputa constante, mientras organismos constitucionales quedaron subordinados a intereses políticos inmediatos.

En ese contexto, la ciudadanía ha comenzado a marcar distancia. Los peruanos han logrado rechazar a la mayoría de estas organizaciones políticas que utilizaron las instituciones en desmedro del interés público, y se verifica con que no hayan pasado la valla electoral.

Sin embargo, el escenario aún dista de estar resuelto. Persisten remanentes de esa lógica que han conseguido sostener una mayoría parlamentaria desde la cual buscarán prolongar su influencia. Fuerza Popular y Renovación Popular, junto con algunos vestigios en Juntos por el Perú, configuran hoy un núcleo que podría intentar continuar con prácticas similares, adaptándose a un contexto distinto pero manteniendo los mismos incentivos.

Por ello, la agonía de este pacto no debe interpretarse como una victoria definitiva, sino como una oportunidad para la recuperación de las riendas del país. La diferencia dependerá de la capacidad ciudadana para exigir coherencia, fiscalizar el poder y respaldar opciones que coloquen el interés público en el centro de su acción.

El Perú se encuentra en un punto de inflexión. Hoy, más que nunca, como sugiere la historiadora Carmen McEvoy, se requiere una ciudadanía activa que no solo sancione en las urnas, sino que mantenga una vigilancia constante sobre quienes ejercen el poder y sobre todo, hacer una propuesta de Estado y de país aggiornada a las demandas actuales y las del futuro inminente.

El pacto corrupto se disuelve tras haber cumplido su cometido. Lo que está en juego ahora es si el país permite que sus restos se rearticulen o si, por el contrario, inicia un proceso real de reconstrucción institucional. La decisión pertenece a los ciudadanos.

En la introducción de su obra, Clément afirma su propósito de “escuchar las palabras” y prestar atención a esa dimensión olvidada de la ópera. Su análisis revela una constante. Las mujeres en la ópera mueren, son sacrificadas o anuladas.

Carmen es una de las muertas, ciertamente. Pero es singular. No por ser necesariamente distinta como personaje, sino por ser diferente como ser humano: como dice Clément “por ser la más feminista, la más asesinada de las muertas: Carmen la gitana, Carmen la condenada. La que muere cuando quiere, la que dice no. Ella es la que decide sola, mientras que a su alrededor los hombres se afanan en sus pequeñas intrigas de contrabandistas y soldados. Es la más pura, la más libre”.

En la introducción del libro, Clément se explica: “... Yo voy a hablar de las mujeres y de sus historias en la ópera. Voy a cometer el acto sacrílego: escuchar las palabras, leer los libretos, seguir las intrigas, sus nudos gordianos, sus recovecos... he decidido prestar atención al lenguaje, a esa parte olvidada de la ópera”. En esa cirugía crítica desfilan juicios implacables sobre las muertas, como Madame Butterfly, Lulú; las prisioneras de dramas familiares o padres terribles como (Violetta o Elizabeth de Valois; las jóvenes sin destino (Olga, Tatiana, Lucía de Lammermoor; y, finalmente, aquellas heroínas que sufren “la furia de los dioses o la declinación de la luna”, Turandot, Norma o Adalgisa.
Carmen es una excepción. En palabras de Clément, es la más obstinada de las muertas: aquella que dice no. Esa negativa —esa afirmación radical de sí misma— es precisamente el núcleo de su singularidad.

Cuando se estrenó Carmen, el 3 de marzo de 1875, en la Opéra-Comique de París, la reacción fue sumamente crítica. Escandalizó. Y lo hizo porque musicalmente estaba tan lejos de la ópera cómica francesa como del drama romántico alemán wagneriano. Bizet revolucionó los cánones tradicionales de la ópera. La mediterranizó. De allí la sensación del fracaso inicial. Pero, he ahí también la razón del triunfo universal posterior.

Bizet sintió la sensación implacable del fracaso. Murió pocos meses después del estreno. El 3 de junio de 1875. Tenía 37 años. Se llevó a la tumba la falsa convicción del fracaso de Carmen. Pero la vida le alcanzó para oír la reveladora y certera predicción de Tchaikovski: “en diez años esta obra será una obra maestra en toda la acepción del término y será la más popular de las óperas”. Y el juicio entusiasmado de F. Nietzsche: “Cuando una obra así te ennoblece, uno mismo llega a convertirse en una obra maestra”.

El libreto es una de las claves de su modernidad y ruptura. Henri Meilhac y Ludovic Halévy no se limitaron a adaptar la novela de Prosper Mérimée. La transformaron. Desplazaron el eje desde la anécdota criminal hacia la relación amorosa entre Carmen y don José, otorgándole densidad trágica y simbólica. Una relación dominada por una tensión estructural que pone en juego dimensiones alternativas y excluyentes del amor. En la dinámica de esa contradicción, Carmen excede largamente al personaje casi costumbrista de la novela y se eleva a personificar en la ópera una idea abstracta del amor.

No se trata únicamente de una historia trágica, sino de la confrontación entre dos concepciones antagónicas del vínculo amoroso: el amor como libertad y el amor como posesión y opresión. Esta oposición no solo estructura la relación entre Carmen y don José, sino que permite releer la obra como una anticipación moderna de un problema central en la teoría del amor: la tensión entre autonomía y dependencia. En este sentido, Carmen no es una ópera sobre la muerte, sino sobre la imposibilidad de conciliar dos formas irreductibles de amar.

La concepción del amor que Carmen representa no es, ciertamente, una imagen del amor freudiano. Tiene más de la idea frommiana del amor como compensación creadora, en libertad, a la pérdida de seguridad que significa la separatividad en la evolución del ser humano. Pero, al mismo tiempo, es ajena a los componentes éticos de la visión de Fromm. Es una visión libre del amor, es cierto. Pero no de un sentimiento amoroso que deba ser regulado por los valores éticos y sociales de la responsabilidad, el respeto y el no daño al otro, como postula Fromm. Se trata de un amor en libertad, sin límites ni regulaciones, solamente comparable a la fuerza del vuelo de un pájaro y a la inexistencia de límites en su vuelo. Un vuelo, rebelde por definición, que cambia de rumbo a su propia voluntad: “el amor es un pájaro rebelde, que nadie lo puede enjaular”, canta Carmen en La Habanera.

El amor que encarna Carmen está más cerca de las ideas de Francesco Alberoni, de su teoría sobre el enamoramiento como una dinámica colectiva de dos. Para Alberoni el amor es el movimiento colectivo más simple, pues reúne una comunidad de solo dos personas y produce la comunidad humana más nuclear: la pareja. Este movimiento colectivo se presenta a partir del “imprinting”, que es la atracción repentina, la fascinación. Aquella que el propio Stendhal asimila a la fiebre, por emerger y diluirse sin que la voluntad intervenga. Un impacto que comunica e identifica a dos seres por encima de su individualidad.

En Carmen, el “imprinting” está simbolizado por la escena en el primer acto en que Carmen saca la flor de sus labios y la arroja al pecho de don José. Y luego se pasa a la fase del enamoramiento, a la cristalización del amor, según Stendhal. El aria de ‘La Fleur que toi m’avais jetée’, en la escena quinta del primer acto, confirma que la fuerza irresistible del amor está presente.

Pero el amor es una manera de nacer continua, en la medida que constituye una ruptura de la soledad y una ilusión que actúa cotidianamente en el imaginario de los amantes. Es nacimiento y renacimiento. Lo que para Fromm es la variación del sujeto amoroso, es el continuo renacer de Alberoni. Don José recrea su experiencia amorosa de Micaela hacia Carmen, la gitana, cuando agota su amor por García lo hace renacer en don José, y de este hacia Escamillo. En Carmen no son traiciones. No engaña. Prefiere la muerte a la mentira y a la claudicación respecto de sus propios sentimientos. Don José, a quien Carmen ha dejado de querer, le exige fidelidad sin amor. Carmen se niega.

Encarna el amor como libertad: ama sin someterse, sin renunciar a sí misma, sin aceptar vínculos de dominación. Su amor es elección permanente, no obligación. Don José, por el contrario, representa el amor como posesión. Su vínculo con Carmen evoluciona desde el enamoramiento hacia la dependencia, y de esta hacia la obsesión. No puede aceptar la autonomía de Carmen porque su amor exige exclusividad y control.

Al final, don José, al no poder poseerla, la asesina. Y Carmen no se resiste ni se defiende. Prefiere la libertad a la muerte. Es coherente con su lógica interna: no mentir sobre el amor, no fingir lo que no siente, no permanecer donde no ama. Su negativa final no es un gesto impulsivo, sino la culminación de su identidad. Por eso, Carmen, la ópera, no es una tragedia de la muerte, sino una tragedia de la libertad.

 Signos presentes de la instalación de más de un dispositivo que del capricho pasa al abuso: Acabamos de ver al Jurado Nacional de Elecciones extender las inhabilitaciones políticas impuestas por el Congreso a Delia Espinoza y Víctor Zamora, dos personas etiquetadas como opositores, hasta impedirles votar. Esto lo ha hecho el JNE sin ley que lo respalde, sin base legal alguna. Y tratándose de un alto tribunal, el hecho desdibuja por completo su papel en el proceso.

 Además, dar este salto, convertir dos inhabilitaciones para ejercer cargos en el Estado en dos prohibiciones para votar representa una provocación: Una demanda de amparo, la respuesta legalmente correcta ante este atropello, tendría que haber neutralizado los efectos del abuso. Pero, en la pseudo lógica de quienes han promovido la demolición en este periodo, una orden judicial que autorice a ambos a votar habría permitido generar un nuevo falso discurso, ahora sobre una supuesta e inexistente “disciplina electoral”, con la que acaso el JNE habría encontrado razones para asignarse un poder arbitrario del tamaño del que ya exhibe la Junta Nacional de Justicia.

 A este abuso se suma uno adicional: Tres entidades —el JNE, la JNJ y la Policía Nacional del Perú— han decidido entrometerse con absoluta impunidad en el caso de las mesas no instaladas en Lima durante las elecciones del pasado fin de semana. El JNE y la JNJ han abierto procedimientos contra el jefe de la ONPE. Lo han hecho ahora y no después de las elecciones, que es cuando deben discutirse estas cosas. La policía, por su cuenta, decidió detener a Samamé Blas, uno de los principales funcionarios de esta entidad, armando un caso absolutamente inaceptable de falsa flagrancia. Todo esto después que Rafael López Aliaga, uno de los candidatos que disputa el segundo lugar en las elecciones, pidiera públicamente intervenir el sistema.

 El jefe de la ONPE tendrá que responder por el desorden del proceso, sin duda. Pero no en este momento. Criminalizar los desórdenes del proceso es absolutamente desproporcionado. Además, es inoportuno al extremo de sugerir un procedimiento diseñado para intervenir la ONPE antes de que termine el recuento de votos. Por esto, esta historia representa una intromisión intolerable.

 El fantasma del falso fraude aparece en la escena, avivado por un López Aliaga que no tiene cómo sentirse seguro de los resultados de las elecciones. En general, sus temores personales no deberían bastar para crear una crisis institucional. Pero bastan. El Estado del capricho que nos dejan estos años genera una malla institucional muy poco resistente, disponible para maniobras de este tipo.

 Estamos dejando pasar estas dos escenas como si se tratara de asuntos cotidianos. En condiciones normales alguien habría presentado un hábeas corpus para liberar antes de 48 horas a Samamé Blas. Nadie lo ha hecho. Es difícil imaginar una reacción de la Defensoría en protección de sus derechos. Pero el desafío consiste en cortar a tiempo esta propensión al abuso y equilibrar las cosas antes que se instale el siguiente ciclo, que insinúa tener un perfil propio, uno que no tendría por qué reproducir las condiciones del ciclo del que estamos saliendo.

 Debilidades que debemos enfrentar. Primera: nos guste o no, el siguiente ciclo abre con un severo decaimiento de la influencia de las agendas de derechos, llamadas por algunos “progresistas”. Con éxitos parciales, jamás definitivos, estas agendas intentaron mantenerse vigentes durante todo el ciclo anterior a la pandemia. Resistieron intactas a regímenes relativamente conservadores como el de Alan García (autor de “El perro del hortelano”) y el de Pedro Pablo Kuczynski (que aprobó el indulto a Alberto Fujimori para bloquear una moción de vacancia que lo ponía en riesgo). Pero la ofensiva anti derechos iniciada con la pandemia ha sido mucho más intensa que cualquiera anterior. Las voces defensoras de derechos, sin duda, se sostendrán en el proceso que ahora empieza. Deben mantenerse. Pero serán voces en minoría que tendrán que aprender a construir nuevos espacios y nuevas redes de influencia. Reinventarse, en una palabra.

 Segunda: con el decaimiento de los casos Odebrecht y de los llamados “cuellos blancos”, el eje de la política queda fuera de las fiscalías. El actual Fiscal de la Nación, el señor Gálvez, ha ofrecido además no impulsar ya casos que involucren a los poderes del Estado, ni siquiera cuando sea necesario hacerlo. Ahora mismo parece estar asistiendo, ojalá no sea cierto, a los caprichos del señor López Aliaga sobre la ONPE. Salvo el judicial, al menos por ahora, todas las llaves de equilibrio y balance institucional vigentes antes de la pandemia han sido neutralizadas: todas por cooptación, todas a través del control que el último Congreso impuso sobre los procesos de designación de magistrados.

 Tercera: entramos en este ciclo con un sistema institucional habitado por cuatro enclaves orientados a mantener la línea del orden en el lugar en que la fije el Congreso. Allí están la mayoría del Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la JNJ y la Defensoría del Pueblo.

 Contener la propensión al abuso que se está asentando ahora mismo no parece una tarea sencilla en estas condiciones. Pero es una tarea imprescindible. Las oportunidades que abre un nuevo ciclo político pueden ser fagocitadas por el sistema si no las asumimos a tiempo.

Y ante la crisis sistémica que el Perú atraviesa hoy, en ese punto crítico, es donde debe prevalecer la necesidad de afirmarse en hechos verificables.

El conteo oficial de la ONPE avanza conforme a los procedimientos establecidos. Este ritmo, si bien podría ser más rápido, responde a un sistema que prioriza la verificación exhaustiva de cada acta, garantía esencial de integridad electoral.

En este escenario, hay quienes impulsan una narrativa de fraude sin sustento comprobable. Sus declaraciones surgen en medio de una competencia estrecha, marcada por un empate técnico —hasta el cierre de este editorial— entre Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto. La ajustada diferencia exige responsabilidad política y apego a los datos ya que hasta el cierre de esta edición tanto él, como otros dos ciudadanos peruanos, pueden pasar al balotaje con Keiko Fujimori.

En ese sentido, las misiones de observación internacional, incluida la de la Unión Europea, junto con organismos no gubernamentales como Transparencia, coinciden en señalar que, a pesar de los errores logísticos que retrasaron algunas mesas, la jornada electoral se desarrolló conforme a estándares democráticos y se garantizó el voto de todos los peruanos. Este respaldo refuerza la legitimidad del proceso y aporta un marco de confianza indispensable.

No obstante, las incidencias logísticas registradas en algunos centros de votación en Lima Metropolitana requieren esclarecimiento oportuno y riguroso. La transparencia institucional se fortalece mediante investigaciones eficaces que permitan precisar responsabilidades y, de ser el caso, aplicar las sanciones que prevé la ley.

Mientras todo eso ocurre, el Perú demanda certezas. Requiere instituciones electorales firmes, procesos claros y liderazgos comprometidos con la verdad y el respeto por los resultados.