Las empresas han ido incorporando una gama de responsabilidades y obligaciones (legales), en especial en materia de protección de datos personales y de ciberseguridad, en la medida que se han ido digitalizando y se han transformado digitalmente. 

Y no se debe a la ausencia regulatoria general, sino a la no comprensión por parte de la alta dirección de las empresas en la necesidad del cumplimiento de las mismas para tener ventajas en la competitividad empresarial, frente a otras entidades que no cumplen dichas normativas. En general, mientras los temas de protección de datos personales han ido acompañado de regulaciones duras y de cumplimiento forzoso pero no interiorizado, los estándares en materia de ciberseguridad se han manejado desde lo técnico / tecnológico antes que desde lo estratégico.  Y tomando en cuenta lo expresado por el WEF, el aumento de conectividad y el rápido ritmo de la innovación tendrán en la ciberseguridad uno de sus mayores retos.

Los temas de regulación en materia de protección de datos personales y ciberseguridad se encuentran en plena investigación a nivel internacional, siendo además que la perspectiva es mayoritariamente desde el área técnica y no desde la toma de decisión de la alta gerencia, aunque las normas han asignado cada vez mayor responsabilidades a la alta dirección y al directorio, llegando aún a las responsabilidades penales en algunos casos. Si bien los esfuerzos por tratar de desarrollar un set de herramientas mínimos para los directorios en materia de ciberresiliencia o manuales para que sepan desde los boards como supervisar los riesgos en materia de ciberseguridad, proceso de transformación digital no ha calado profundamente en la estructura empresarial, relegando estos temas como técnicos y no como estratégicos o de continuidad de negocios. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar una diversidad de ataques, el desplegar políticas de mitigación de riesgo, establecimiento de políticas y cumplimiento de estándares, añaden capas de menor inseguridad, pero como bien dijo alguna vez un buen amigo: no hay seguridad, lo que hay son menores niveles de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca desde los móviles que tienes en tu casa (y que no guardan más que tu propia información) hasta los activos críticos nacionales (como los recientes ataques al sistema de oleoducto en USA), ¿por qué no se toma la conciencia debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se reporten las brechas que se producen (mismas que ya de por sí demuestran que existen dichas brechas pero que pudieran ayudar a otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la mayoría de las organizaciones no denuncian por temor al riesgo reputacional, por el posible impacto en su valor de empresa, en las sanciones que pudieran recibir por no haber cumplido las normativas vigentes. Pero también esta falta de información hace creer que no está ocurriendo nada, o que la situación no es tan grave como parece. 

Cientos de compañías alrededor del mundo son afectadas diariamente con diversos tipos de incidentes informáticos, desde desactualizaciones de software que abren brechas hasta ataques con fuerza bruta, pasando por ataques desde dentro de las organizaciones hasta ransomware. Miles de dólares en rescate que al final termina en chantaje. Miles de dólares en inversión para evitar dichos ataques; miles en inversión para desplegar políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta temática ha generado una gama de nuevos empleos (que aún falta mucho por desarrollar en Perú y requiere de la cooperación de expertos y empresas que vienen de otros países porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección cómo se está involucrando?, ¿cuántas organizaciones tienen en su directorio una persona que ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo en la banca; ¿cuántas organizaciones dependen de sistemas informáticos propios (o de terceros) para la continuidad de su negocio y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuántas organizaciones consideran el tema de ciberseguridad como un mero adjunto a la unidad de tecnología?; ¿cuántos prefieren pagar un rescate por no tener adecuadas políticas de ciberseguridad a invertir para evitar estas acciones?; y si miramos al Estado, que tiene como obligatorio primero la ISO 17799 y luego el 27000 sobre ciberseguridad, en efecto ¿Cuántas cumplen realmente estas medidas mínimas para resguardar la información de la ciudadanía que tienen en su custodia o para resguardar la información que sirve para sus funciones?.

La verdad es que los datos que podemos encontrar no nos ayudan. No se puede comprender cómo la alta dirección de las organizaciones no afronta esta problemática, pero peor aún, no lo entenderán hasta que les ocurra.

Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un cinco% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

Lo que ha pasado con esta niña no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión y vulneración sistémica a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui. Algunos datos. Las niñas son violentadas por personas de su entorno más cercano: principalmente docentes y familiares. También se enfrentan a un sistema de justicia que responde con encubrimientos, demoras e impunidad para los responsables. Las víctimas y familiares muchas veces no pueden acceder a un servicio de salud de calidad: ni en lo físico ni en lo emocional. Y a ello agreguemos la distancia geográfica, la lengua, las características culturales, y la pobreza que atraviesan las comunidades. Hablamos, por lo tanto, de una población altamente vulnerable y de un Estado históricamente ausente. Mientras esto pasa, el Congreso de la República, liderado por la bancada de Renovación Popular y por la congresista Milagros Jauregui, eliminó la Educación Sexual Integral y el enfoque de género (Ley 32535), herramientas fundamentales para que las niñas, los niños y la comunidad educativa identifiquen situaciones de violencia y puedan prevenirlas y denunciarlas.

Pero en medio de la tragedia, este caso nos deja algunas lecciones que salvan vidas. La más importante es el rol de las mujeres indígenas organizadas, que hicieron eco para que un hecho de abuso dentro del entorno familiar no quede en el silencio y tenga un alcance nacional. Fue el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) el que informó y denunció este abuso en redes sociales, logrando una respuesta rápida de las autoridades. En estos tiempos, donde la sociedad civil es estigmatizada, las voces organizadas de las mujeres siguen siendo clave. En muchas zonas, sobre todo rurales, las organizaciones de base, las rondas campesinas o los frentes de defensa son la primera línea de atención frente a los casos de violencia. Necesitan capacitación, herramientas, recursos y coordinación permanente con la justicia ordinaria para un trabajo articulado, con enfoque intercultural y de derechos humanos.

El caso de esta niña no ha pasado al olvido gracias a la acción ciudadana y comunitaria. Pero hay cientos de casos más esperando por justicia. No puede haber democracia en un país que abandona y vulnera a sus infancias.

A estas alturas Porky no está solo. Una piara de docenas de candidatos bamba ocupa buena parte del país electoral, haciendo de la viveza una vanguardia del pensamiento político peruano. ¿Todos ellos encabezan las encuestas? En provincias casi no hay encuestas dignas de ese nombre, pero alguno habrá que lleve la delantera.

López Aliaga encabeza la encuesta Ipsos en Lima, con una cifra modesta pero real. Ha relegado a Carlos Bruce al segundo lugar con 13%, y a los demás al dígito único. El 20% cree que la candidatura es legal, 28% cree que es ilegal y 40% la considera poco seria. Aun si gana, nadie la va a considerar una victoria limpia. Pero en el chiquero esas consideraciones no cuentan.

Lo sorprendente con este primer lugar en la encuesta es que el candidato abandonó la alcaldía por otra candidatura, la dejó profundamente endeudada, con mentirosas promesas incumplidas y un reemplazo que se manejó mucho mejor que él. Es como para creerle a los promotores de la teoría del electorado idiota.

¿Y del complaciente JNE qué sabemos? ¿La burla que ha sufrido, y sigue sufriendo, es una sarna con gusto? ¿Es producto de un acuerdo pre-segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga? Si los miembros del JNE piensan igual es porque, como dijo alguien, tampoco allí nadie está pensando demasiado.

No queremos creer que el tal Roberto Burneo, presidente del JNE, vaya a derivar del truchazo un beneficio personal. Porque lo que pierde con este caso, y las protestas que va a causar por todo el país, supera cualquier beneficio inmediato. Nadie lo va a premiar, muchos van a intentar cobrarle el mal paso.

¿Puede esta situación de viveza cambiar en pocas semanas? Los demás candidatos no van a invertir en una batalla legal con pocas posibilidades. El Estado ya está mirando en otra dirección. Pronto los ganadores truchos serán un lobby con capacidad de impedir que cambien las cosas, hasta inventar la próxima viveza. ¿Alcaldía automática para el primo?

Su paso por el Perú en 1960 fue un empujón de modernidad y afecto. La modernidad llegó con sus obras, rápidamente traducidas y publicadas aquí. El afecto fue para Martín Adán, en quien entonces Ginsberg reconoció a un colega de igual nivel y drama, y al que dedicó tres poemas perdurables (traducidos por Antonio Cisneros para la revista 'Amaru' N.° 7).

Se habían conocido en el café Cordano, frente a Desamparados, en los bajos del Hotel Comercio, donde los presentó Jorge Capriata. En su crónica de 'Hueso húmero' N.° 32 Capriata describe un encuentro complicado, pero el mutuo recuerdo poético de ambos es entusiasta; más el de Ginsberg que el de Adán, que se limita a hacer alusiones que son reconocimientos.

Los títulos de los tres poemas son elocuentes: 'A un viejo poeta en el Perú', 'Muere en su soledad con grandeza', 'La inteligencia deslumbrante'. Con ellos el cosmopolita Ginsberg nos dejó su recuerdo. Hasta su muerte en 1997 lo seguimos desde aquí en su trayectoria de poeta nacional de la oposición radical gringa.

En medio de la excelencia de su trato con el inglés, fue un poeta político y un eficaz activista. Muchos lo consideran un maestro de Bob Dylan, con quien realizó mucha obra al alimón. Estuvo presente en las más importantes movilizaciones sociales de su siglo. Sus poemas fueron best sellers entre los jóvenes, desde el primer día, y siguen circulando.

Los poemas sobre Adán, la traducción de Cisneros y su comentario a su paso por el Perú, la edición del poema 'América' por Javier Sologuren en 'La Rama Florida', más el texto de Capriata, y otros que se nos pasan darían una estupenda plaqueta, que podría incluir poemas escritos entonces en otros países de la región.

Desde esa visita ayahuasquera de 1960 muchos hemos intentado ser poetas beatnik criollos. ¿Cuántos lo han logrado? Nadie fue tan descarado como Ginsberg y sus amigos, y para el caso, casi nadie ha sido tan peligrosamente sincero como Adán. Ese es el misterio de lo barroco en el Perú.

Que León XIV, de trayectoria, empatía y nacionalidad peruanas llegue en un contexto de devastación, particularmente en la zona donde realizó la mayor parte de su trabajo, tiene algo de parábola religiosa. Los más creyentes esperarán soluciones. Pero esos mensajes no pueden ir más allá de la solidaridad con los más necesitados.

En el juego más amplio del pulseo en el Vaticano, incluir a Perú en esta gira quizás ha sido una forma de recordarle a la cristiandad su triunfo sobre el Sodalicio, y por extensión sobre la extrema derecha de la Iglesia Católica local. Es obvio que será atacado por la prensa ligada a esos sectores. El precio de toda victoria.

Para los políticos locales la presencia papal se va a traducir en una carrera hacia las cámaras fotográficas. La ventaja será del oficialismo, pero es probable que algunos de los progresistas prominentes también sean tomados en cuenta para saludos y fotos. Reuniones reducidas o amplias, según la importancia de los convocados.

Toda la visita se va a articular en torno a un mensaje central, necesariamente crítico, en cuanto este papado se ubica en la perspectiva de la defensa eclesial de los pobres, percibidos como víctimas de un poder desconsiderado. Las palabras de monseñor Carlos Castillo en el pasado Te Deum pueden ser vistas como un adelanto en ese sentido.

Si Castillo se lanzó contra quienes utilizan a la Iglesia Católica para perseguir objetivos personales, debemos suponer que parecidas críticas recibirán los políticos que se proclaman católicos sin serlo en el fondo de su alma, y se les nota. Habrá palabras sobre corrupción, inseguridad y masacres de ciudadanos.

La atmósfera podrá estar cargada, pero será una ocasión feliz. El papado es inmensamente popular en el Perú, y las reuniones masivas lo han demostrado. Es poco probable que en Argentina o Uruguay se vean similares muestras de afecto popular.

Carlos Espá. Es el nombramiento más misterioso de la baraja. Su historia laboral en la US Embassy no es el problema. Más bien hay una cuestión de domicilio político. ¿Es un liberal recomendado por Álvaro Vargas Llosa, como dice Fernando Vivas? ¿O es el duro de derecha que va a reemplazar a Fernando Rospigliosi en la corte?

Keiko Fujimori. Negociando el voto de confianza. Problemas ideológicos con su gabinete, y también políticos con algunos. La relativa discreción de la presidenta está siendo interpretada como luz verde para despacharse desde el Ejecutivo. A algún ministro le gustaría mudarse a Palacio en lugar de ella. ¿Habrá salvoconducto para Betsy Chávez?

Rafael López Aliaga. Líder en el más reciente chanchullo electoral, que muchos ya practican: la reelección con renuncia. Dice que es infame preguntar por qué renunció el N.° 1 de la lista de RN a la alcaldía de Lima. Pero ese señor Rubio, el de traje blanco en las fotos, nos debe una explicación. ¿Tiene RN chances de ganar Lima en octubre? No parece.

Jorge Nieto. Se siente más cómodo cerca de la izquierda, pero quizás no va a pasar mucho tiempo antes de que la deje. Su presencia en la bancada opositora complica las cosas para Sánchez. El centro político e ir actuando cuestión por cuestión siguen siendo sus dos mejores opciones. Si le interesa el 2031, tiene que ir actuando fuera del Congreso.

Rafael Rey. Viene tratando su importante ministerio como un programa de TV. Decir que la tragedia de Nasca es un accidente es no decir realmente nada, y lo mismo decir que seguimos una reglamentación aerocomercial rígida. La noticia dio la vuelta al mundo.

Roberto Sánchez. ¿Qué está liderando? El bloque opositor en el Congreso no parece tan de izquierda como él plantea. Todavía no ha aparecido el tema que los obligue a ponerse de acuerdo. Más bien flotan en el aire los elementos de un choque con el Ejecutivo. El castillismo no quiere a Sánchez, por obvios motivos.

A JPP en ningún momento le preocupó el prontuario de Pérez, pues era, y es, amigote de personajes como Guillermo Bermejo o Guido Bellido o Pedro Castillo. El fondo de la cuestión: el ayacuchano reconvertido en candidato cusqueño ha sido un significativo acopiador de votos cocaleros, y por lo tanto un bolo fijo en las listas.

El electorado sabía muy bien por quién estaba votando, básicamente un defensor de intereses cocaleros. Habría que revisar la hoja de vida con que se presentó, y que evidentemente no conmovió a nadie. No era mejor ni peor que otros tantos sujetos que prueban suerte en la aproximación a la caja fiscal.

Pérez ha logrado dividir desde muy temprano a gobierno y oposición. JPP quiere que pase piola, con los más especiosos argumentos. FP sostiene que la paliza aplicada por el diputado es un delito común al que no corresponde la inmunidad de un diputado. Mientras tanto sus abogados hablan las habituales sandeces.

¿Qué va a pasar? Podemos imaginar que Pérez se vuelva tema de un canje que lo deje limpio de toda culpa. O bien, ya que la presidenta es mujer, Pérez sí será sancionado, con uno de esos castigos bastante ridículos que les caen a los parlamentarios. ¿Alguna mujer querrá trabajar con él en alguna comisión del Congreso?

Tiene razón Keiko Fujimori cuando lamenta que una persona así sea diputado. El diputado Pérez lamenta que su caso afecte el prestigio del Congreso. Su abogado acusó a los policías de San Miguel por dejar solos al pegalón cocalero y a su víctima. Ahora Pérez quiere que le retiren la denuncia. Sería un error garrafal.

El maltrato a las mujeres, incluido por cierto el feminicidio, es un fuerte problema social en el país, sobre todo en algunas zonas alejadas, pero no solo. Hacer del lamentable sujeto Pérez un ejemplo ayudaría mucho frente a la campaña que quiere invisibilizar ese problema. ¿Cómo está la cosa en los archivos del Poder Judicial?

Su única promesa respecto a la docencia fue imprecisa: fortalecer su formación. No especificó si impulsará la urgente reforma de la formación docente inicial, si restituirá el acompañamiento pedagógico, si los librará de la carga administrativa que los agobia o mejorará los incentivos para docentes de zonas rurales, de frontera y EIB.

El discurso también mencionó la brecha educativa y dio cifras sobre calidad de los aprendizajes, desnutrición infantil y embarazo adolescente. Buena señal. Pero la respuesta no puede limitarse a kits escolares, mochilas y chompas. Se necesita una propuesta educativa diferente, que priorice a quienes están más excluidos del sistema. La educación pública será una verdadera herramienta de igualdad cuando logremos que el lugar donde nace un niño no determine las oportunidades que tendrá durante su vida.

Ambos desafíos nos llevan a uno que los atraviesa: la gobernanza. Necesitamos fortalecer la descentralización, revisar qué funciones corresponden realmente al Minedu, a los gobiernos regionales y a las UGEL, y trasladar capacidades profesionales hacia donde se necesitan. También debemos fortalecer el liderazgo y la autonomía de las escuelas, reducir la carga burocrática y utilizar la información no solo para medir, sino para tomar decisiones y rendir cuentas por resultados.

Nada de esto se resolverá en cinco años. El nuevo gobierno tiene una oportunidad mayor: construir una agenda educativa de largo plazo, con metas verificables y políticas capaces de trascender gobiernos. No necesitamos empezar otra vez. Necesitamos acordar un rumbo, sostenerlo y tener la capacidad institucional para llegar a destino.

Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)

La ciencia política contemporánea ha profundizado en la relevancia del principio de responsabilidad y rendición de cuentas. Guillermo O'Donnell distinguió la accountability vertical —la que ejercen los electores y la sociedad— de la horizontal, que exige un conjunto de agencias estatales dotadas de autoridad legal y de autonomía real para actuar sobre otras, con capacidad de fiscalizar, transparentar y, llegado el caso, sancionar el comportamiento público. Como puede advertirse, la denominada accountability horizontal no es otra cosa que las "precauciones auxiliares" de Madison.

¿Existe este principio en nuestro sistema constitucional? El artículo 45 de la Constitución dispone que el poder emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución impone; el 39 establece que los congresistas son funcionarios públicos al servicio de la Nación; el 41 obliga a declarar bienes y rentas al asumir, durante el ejercicio y al cesar. A partir de estos enunciados, el Tribunal Constitucional se refiere al principio constitucional anti-corrupción y sostiene que uno de los mecanismos más efectivos de prevención es la publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los funcionarios, porque los expone ya no solo ante los órganos de control, sino ante cualquier persona interesada (STC 04407-2007-PHD/TC). En el sistema interamericano puede citarse el caso Claude Reyes vs. Chile, donde se destacó que el acceso a la información pública habilita el control social y que, para que el individuo ejerza el control democrático, el Estado debe garantizarlo.

No obstante, al tratarse de un enunciado tan genérico, el principio de responsabilidad o accountability requiere no solo decisión política para su defensa, sino también instituciones y mandatos más precisos que lo desarrollen y lo conviertan en norma cotidiana para el control del poder. Tratándose de la rendición de cuentas de los parlamentarios, los nuevos reglamentos de las dos cámaras disponen que los congresistas informen sobre su actuación parlamentaria, pero no fijan estándares mínimos ni prevén sanciones por su incumplimiento. Los informes de gestión los redacta, edita y evalúa cada despacho en su propia página del portal institucional, sin controles mínimos. Con cierta frecuencia, los medios informan de actividades inexistentes e incluso de personal “fantasma” a los que el Congreso retribuye sin mayores controles. También la Comisión de Ética investigó en 2019 informes con eventos no realizados y fotografías ajenas. Si bien la Ley 26300 regula la demanda ciudadana de rendición de cuentas, solo la habilita frente a quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria: alcaldes, regidores, autoridades regionales, jueces de paz. Los congresistas quedan fuera de ese control.

Lo que nos falta es una institución que obligue a rendir cuentas a nuestros representantes: una agencia de control con mandato, plazos y publicidad oportuna. Francia la tiene: sus parlamentarios depositan la declaración patrimonial de fin de mandato entre siete y seis meses antes de que este expire, para que la Alta Autoridad la contraste con la de entrada y el ciudadano la consulte antes de votar. En Alemania, nueve diputados impugnaron las reglas que obligan a publicar sus ingresos paralelos invocando el mandato libre; no obstante, el Tribunal Constitucional Federal descartó la vulneración alegada en una decisión del año 2007; desde entonces el Bundestag publica esas actividades e ingresos. El mandato representativo impide instruir o revocar al parlamentario, pero no lo exime de responder ante la ciudadanía.

El nuevo Congreso ofrece una oportunidad, aunque las cifras son desalentadoras. De 91 congresistas que buscaron la reelección, 24 lo lograron; varios cargan con investigaciones a las que deberán responder ante la justicia. Un senador recibió su credencial pese a una condena de primera instancia por difamación agravada y pese a que la Constitución fue reformada para impedir que cualquier ciudadano pudiera siquiera postular si tuviera una condena de primera instancia. El Jurado, contra la lógica más elemental, ha interpretado que si bien está prohibido postular, no lo está juramentar ni ejercer el cargo para un sentenciado.

Aun así, las cosas podrían mejorar, si se pensara en serio en aquellas "Precauciones auxiliares" a las que se refería Madison. La responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas son principios que se desprenden de la Constitución republicana, pero que requieren de compromisos más firmes por parte de quienes ejercen el poder por delegación.

Por Heriberto Gálvez Herrera - presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín

Conforme a nuestro texto constitucional la sociedad es la titular del servicio de justicia, por lo que el poder que tenemos los jueces deriva directamente de ella; y es ésta quien escoge, a través de los mecanismos constitucionales desarrollados en la Ley de Carrera Judicial y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, a las personas que por capacidad e idoneidad deben ejercer tan necesaria como trascendente función. Necesaria, porque se deben resolver los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que surgen en la relación social; trascendente, porque corresponde ser independiente e imparcial en la solución de esos conflictos e incertidumbres con la finalidad de garantizar paz social y vigencia del Estado de Derecho Constitucional protegiendo los principios y derechos fundamentales con el propósito de equilibrar sensibilidad social y autonomía discrecional como afirma Owen Fiss.

Pero el cumplimiento de los estándares mínimos de conducta profesional, el desarrollo de capacidades, la justificación de las decisiones con argumentos racionales, el ejercicio de la independencia frente a las arbitrariedades, el desarrollo de los dilemas de imparcialidad, reserva y diligencia es de responsabilidad individual de cada juez.

Es por eso que el poder que recibimos nos impone exigencias no propias para un ciudadano común que ejerce un poder privado, en tanto sus efectos repercuten dentro de esa esfera particular; es decir, desde que somos jueces aceptamos ese poder público al que quedamos sometidos, el que además de darnos ventajas, derechos y beneficios, también nos impone deberes, cargas, limitaciones y desventajas inclusive. Y no tenemos por qué desdeñar a estas últimas, porque son consecuencia del ejercicio de dicha función en nombre de esa sociedad. Conocemos que es “poder público” porque nuestras decisiones tienen efectos en los derechos, en los bienes y en los intereses de terceros que integran la sociedad; pero, el poder que ha sido conferido al juez no es para su engrandecimiento personal. Es para proteger el núcleo más íntimo de la vida de los ciudadanos como afirmó el libertador Simón Bolívar.

La consecuencia de lo anterior es que a los ojos de la sociedad titular de esa potestad al juez no solo le corresponde ser juez sino también parecer juez para evitar que se susciten dudas acerca de la manera como ejerce el servicio de justicia delegado por la sociedad mandante.

Aun cuando Fernando Savater afirme “No creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos,” porque en realidad es la “reflexión crítica,” estamos convencidos, que la ética judicial viene a ser, entonces, un punto de equilibrio entre los valores del juez como ciudadano común y como titular del poder público que ha recibido; esto es, aquélla “se desplaza de la mera obediencia normativa hacia una consolidación de hábitos morales que le permitan sostener decisiones justas, aun en escenarios de conflicto, incertidumbre y de presión,” se trata entonces que “Quien juzga sea un sujeto moral reflexivo, no un aplicador mecánico de normas” según Martha Nussbaum.

Sin embargo, es necesario tener presente que mientras las normas del Derecho actúan cuando la afectación ya se produjo, las de la ética judicial están principalmente orientadas a mejorar el comportamiento del juez con la finalidad de lograr un servicio excelente, es decir, la excelencia judicial. Pero, si bien el poder puede ser discrecional, no puede ser bajo ninguna circunstancia arbitrario. Esto último tiene consecuencias disciplinarias con un marco constitucional y legal. Lo discrecional muchas veces implica adoptar una decisión que la ley no ha previsto sobre todo en casos difíciles en los que la ética exige prudencia y probidad.

Ignacio Morales concluía que “En materia jurídica, uno de los temas pendientes es cómo lograr un buen ejercicio de la función de juzgar, evitando así las arbitrariedades y los errores.” Un Código de Ética clarificaría las conductas, es decir, precisaría cuál es la que debe optar por un juez frente a un determinado hecho en concreto, ahorrándole así tiempo y temor de ser denunciado por un hecho que no es inconducta, y no solo al juez sino también a las partes. Nosotros no solo contamos con un Código de Ética de la Función Pública sino también con un Código de Ética del Poder Judicial.

Si bien “La justicia es la reina de las virtudes republicanas” como dijo Simón Bolívar, no es un “poder ajeno ni terrible” sino un servicio público esencial que debe ser “ejercido por y para personas,” razón por la cual debemos hablar de excelencia judicial.

Max Weber en relación a la función pública hablaba de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad; la primera solo implicaba “actuar según los principios, independientemente de las consecuencias”, en tanto que con la segunda se debía “asumir las consecuencias de la propia decisión.” Para encontrarnos frente a la excelencia judicial el juez debe integrar ambas dimensiones porque “El juez que solo aplica la ley sin preguntarse por sus efectos actúa desde la convicción y el que sopesa los impactos sociales actúa desde la responsabilidad”. Este es un reto personal como juez, no depende ni de la sociedad como tampoco de la Junta Nacional de Justicia.

Complementando lo anterior, la excelencia judicial va a surgir siempre que el juez resuelva con independencia subjetiva o autonomía intelectual de la que habla el juez argentino Rodolfo Vigo; que lo haga con imparcialidad subjetiva que implique ausencia de un juicio personal por eso Montesquieu afirmaba que era la condición necesaria para evitar la arbitrariedad estatal; resolver con honestidad intelectual a la que se refiere Manuel Atienza, esto es, sin inclinaciones o sesgos personales; cuando se justifique racionalmente la decisión que se adopte como exigía Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll, razón por la que Jurgen Habermas indicó que la motivación era un imperativo democrático; resolver con valentía conforme a la justicia material reclamada por Robert Alexy; sin sesgos de conformación, heurística de disponibilidad o presión de conformidad a los que se refieren Daniel Kahneman y Amos Tversky; sin desvanecimiento ético (ethical fading) tratado por Max Bazerman y Ann Tenbrunsel.

Resolver sin ausencia de los cuatro componentes de integridad judicial (sensibilidad moral, juicio moral, motivación moral y carácter moral) tratados por James Rest. También habrá excelencia judicial cuando se desarrollen las audiencias puntualmente; cuando haya cortesía de trato tanto hacia el equipo con el que labora el juez como hacia el usuario; pues ésta no reside en la cantidad de expedientes resueltos “sino en la capacidad de las sentencias de restaurar la paz social.”

Si bien es importante la independencia institucional en tanto aporta el marco de garantías estructurales que protegen al juez frente a presiones de otros poderes del Estado o de actores influyentes (externa) o del propio Poder Judicial (interna), la doctrina considera que es insuficiente; se exige también para esa excelencia judicial, independencia subjetiva entendida como la capacidad interna de decidir conforme a la convicción jurídica libre de presiones psicológicas, ideológicas o emocionales.

Sí, por ejemplo, un juez afirmara “mataron al fiscal que fue mi amigo; yo voy a hacer justicia,” o si ese mismo juez antes de iniciarse la etapa intermedia o citación a juicio oral, antes de desarrollarse dicho juicio o sentencia o apelación, volviera a afirmar “al acusado lo voy a absolver pero le voy a fijar una indemnización como reparación civil,” o si una jueza afirmó “Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes,” advertiríamos ausencia de excelencia judicial y por lo mismo de justicia, porque habría carecido de independencia subjetiva pero también de imparcialidad subjetiva porque su decisión tendría sustento en un juicio personal, sesgado, vengativo, arbitrario por haber estado predispuesto a decidir con animadversión; podría haber tenido sensibilidad moral, pero sin duda habría carecido de juicio moral, de motivación moral y de carácter moral.

En palabras de James Rest, ese juez no tendría integridad judicial. Tampoco independencia subjetiva porque ésta, según Rodolfo Vigo, “exige desarrollar una autonomía intelectual que permita resistir influencias externas e internas incluyendo prejuicios personales y presiones mediáticas.” Mucho menos, honestidad intelectual, pues Manuel Atienza considera que “el juez debe segregar sus inclinaciones personales para actuar conforme al deber jurídico.” Es más, la imparcialidad judicial no solo es “ausencia de un interés personal sino la capacidad de decidir como si no supiéramos qué posición social ocupamos ni a qué parte favorece nuestra decisión en ello.”

Las emociones son inestables, esa es la razón por la que Inmanuel Kant decía que “la verdadera justicia no puede depender de tu estado de ánimo,” entonces, mal haría ese juez si persistiera en dirigir esos procesos cuando la “ética del deber” aconseja su apartamiento a través de la inhibición o de la recusación, mecanismos procesales “al servicio de la imparcialidad del juez y no instrumentos de debilitamiento,” es decir, cuando un juez se inhibe o es recusado no debe entenderse que fue derrotado, ni debilitado, sino que hubo “fortalecimiento de la legitimidad institucional” y para lograr ello el juez debe ser lo suficientemente honesto para evaluar y decidir apartarse no solo cuando existe un conflicto real, sino también, cuando “las circunstancias generan una percepción razonable de parcialidad.”

En esa línea, los Principios de Bangalore precisan que “Quien juzga debe evitar situaciones que generen dudas razonables sobre su neutralidad incluso cuando no exista un conflicto de interés real,” por eso la Comisión de Venecia indicaba que “Si no existen jueces independientes, los derechos y libertades no pueden aplicarse de una manera correcta y legal. Por lo tanto, la independencia del poder judicial no es un fin en sí mismo. No es un privilegio del que gozarían los jueces a título individual, sino que se justifica por la necesidad de permitir que los jueces cumplan su misión de guardianes de los derechos y las libertades de las personas.”

Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ese doble estándar, imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva “porque el sistema judicial requiere de decisiones correctas y además de decisiones que inspiren la confianza social.”

Por eso en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se regula no sólo la independencia como “el derecho del ciudadano a ser juzgado exclusivamente desde el Derecho vigente, sin influencias externas ni internas” sino también la imparcialidad en tanto “El estándar del observador razonable que obligue al juez a inhibirse incluso cuando la mera sospecha de parcialidad lo acusa,” entre otros once principios de excelencia que contempla.

En estos tiempos no deja de ser un mito que “el juez es un ermitaño del Derecho” y que su “única preocupación es la exégesis solitaria del expediente” porque actualmente el juez no solo decide, también, “gestiona recursos, conduce equipos, rinde cuentas, genera incentivos directos en el tejido social.” Fue Tadeusz Kotarbinski quien incorporó la palabra praxiología para definir “la ciencia de la acción eficaz” por lo que aplicado al servicio de justicia, éste no solo debe ser eficaz y eficiente sino también debe implicar ética de la ejecución.

En consecuencia, un despacho desordenado, una mora persistente, una gestión opaca, un trato descortés, justiciables que no fueron escuchados o aparentemente escuchados (cámara apagada en audiencias virtuales) o haberles denegado audiencia presencial, trae como consecuencia “incentivos negativos que se extienden mucho más allá del expediente, desalientan el acceso a la justicia, refuerzan desconfianza institucional y empujan a las personas a la resolución extraprocesal de sus conflictos. La finalidad de la democracia es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible”.

Lo anterior tal vez porque históricamente -y hasta la actualidad en nuestro medio- la gestión judicial ha sido medida con indicadores cualitativos: tasa de resolución de causas, tiempo promedio de duración de los procesos, expedientes cerrados por periodos entre otros que, si bien son importantes no son los únicos ni los necesarios, por eso el Centro de Estudios de Justicia para las Américas ha precisado que “Un despacho con mora cero puede seguir siendo un sistema fallido si sus decisiones carecen de sensibilidad hacia los derechos humanos o si el trato hacia las víctimas es deshumanizado.”

En las 100 Reglas de Brasilia encontramos indicadores cualitativos como “imparcialidad percibida, eliminación de sesgos de género y protección efectiva de grupos vulnerables.”

Entonces, si concluimos que la excelencia judicial “no reside en la cantidad de expedientes resueltos, sino en la capacidad de las sentencias para restaurar la paz social,” la presidencia de una corte debería también optar por una política de “incentivos positivos al desempeño ético, reconocimiento a la mejor sentencia, premios a prácticas innovadoras de acceso a la justicia, publicación de jurisprudencia ejemplar” que motiven y contribuyan a lograr la función praxiológica de Kotarbinski.

Finalmente, la excelencia judicial determinará la legitimidad institucional. Siguiendo a Tom Tyler podemos compartir que “La percepción de legitimidad del sistema judicial de parte de la ciudadanía depende menos del resultado de los casos que de la calidad del trato recibido durante el proceso” es por eso que “las personas que sienten que fueron escuchadas, que el proceso fue transparente, tratadas con dignidad aceptan incluso las decisiones desfavorables y a confiar en el sistema.” 

Es deber nuestro evitar un trato indiferente, con menosprecio o arbitrariedad en el trato, con venganza, con animadversión, con sesgos de cualquier índole, porque todo ello va a generar más desconfianza en el sistema de justicia que el resultado adverso de la decisión que firmemos y estaríamos alentando -sin ese propósito- a que los justiciables afirmen que solo “Hay jueces en Berlín” como escribió José Esteve Pardo, basándose en la anécdota de Federico El Grande.

La decisión justa, legítima, independiente, imparcial y final está en cada uno de nosotros.

En el Perú, la Constitución permite que un ciudadano preste servicio militar en el extranjero siempre que cuente con autorización previa del Estado. Esta es la diferencia entre una decisión libre y un delito. Y esa diferencia es exactamente lo que parece estar pasando en el caso de los 459 peruanos enlistados con engaños en las fuerzas rusas.

La Cancillería peruana confirmó este domingo que once compatriotas han muerto, 114 permanecen desaparecidos y 3 han sido capturados por el Ejército ucraniano.

Al respecto, hay quienes entre los 459 eligieron enlistarse voluntariamente, atraídos por una paga que puede superar los 3,000 dólares mensuales, una suma inalcanzable en el mercado laboral peruano. Pero hay un grupo documentado de víctimas que creyeron ir a trabajar en construcción o seguridad privada y terminaron en el frente de combate. Una familiar lo dijo frente a la Embajada de Rusia en Lima con palabras que el Estado peruano debería escuchar.

Se sabe que algunas familias han presentado denuncias por trata de personas en abril. Sin embargo, estos expedientes duermen en la Fiscalía. La Cancillería emitió notas diplomáticas a Rusia sin recibir respuesta y solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para localizar a los desaparecidos.

El nuevo gobierno tiene dos agendas urgentes. La diplomática, que es presionar a Rusia con todos los instrumentos disponibles para obtener información sobre los desaparecidos. Y la judicial interna, que es desarticular las redes de captación que operan en el Perú con total impunidad.

Por eso, el contexto importa. Digo esto no para poner el parche antes de que salga el chupo. Es inevitable cambiar y es deseable que así sea, cuando el cambio es justificable. En la política ese cambio debe orientarse al bien común. García, por ejemplo, creía en 1988 en la estatización. En el 2006 había abandonado, felizmente, esa espantosa idea. No le fue muy difícil explicar el porqué. 18 años después, había abandonado una corriente de izquierda que es letal para la libertad y, esa vez, no se equivocó.

En estos días, sin embargo, no vemos grandes transformaciones ideológicas nacidas del descubrimiento personal de nuevos horizontes. Pero vaya que vemos cambios en la conducta de los políticos en el poder. El incidente diplomático con México ha traído a la mesa un buen ejemplo de los niveles de fariseísmo político en el Perú. Vamos a los hechos. Betsy Chávez fue condenada por su participación en el delito de rebelión en la modalidad de conspiración. Para que se entienda, para la justicia, es una golpista. Eso esinmutable mientras esa condena esté vigente. Pero, en simultáneo y de manera discreta, ella tramitó un pedido de asilo, acogiéndose a la Convención de Asilo de 1954. El Estado peruano no tuvo ni el tiempo ni el espacio para persuadir a México sobre la conducta estrictamente delictiva de la exministra. Nos enteramos, todos juntos, cuando ella ya había obtenido el asilo y estaba dentro de la Embajada. Lo único que correspondía era darle el salvoconducto para que saliera del país. ¿Qué hizo el Estado peruano? Desconocer el tratado y romper relaciones. ¿Con el apoyo de quién? De los partidos que hoy están en el poder: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Un acto de salvajismo diplomático no trae nunca nada bueno. Por eso es por lo que hay que dejar estos temas en manos de profesionales de la política exterior. En la primera semana de gobierno, Fujimori concede el salvoconducto y restaura relaciones con un aliado en la importante Alianza del Pacífico. ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero lo increíble es que los mismos fujimoristas que gritaron para romper relaciones con México son los que alaban a nuestra magnánima señora presidenta por su visión de estadista. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Roberto Sánchez ganaba y otorgaba el salvoconducto? Ya estarían tramitándole la vacancia.

No le hace ningún bien a Keiko Fujimori (y a ningún político) rodearse de sobones que ladran en redes sociales. Menos aún, cuando hace muy poco, levantaban la voz contra ella. Lo que cualquier político sagaz entiende es que no han cambiado nada. No hay un descubrimiento de hechos nuevos que los haga cambiar de conducta. Lo único que ha cambiado es que Fujimori es presidenta del Perú. Estos “conversos” de último minuto (y de años anteriores) a lo que aspiran es a su cuota en ese poder efímero y frágil. Entonces levantan la voz y el dedito apuntando a los “caviares que viven del Estado” mientras hacen cola en el besamanos del reciclaje. La política peruana es fácil de seguir: cambian los nombres de los partidos, sus colores y banderas, pero las personas son las mismas. Solo cambian de camiseta. Nada les atrae más que el poder. Lo que debería atraerlos es servir, pero eso sería mucho pedir. Mientras Fujimori los acoja, engría y premie, ahí estarán, moviendo la cola y lamiendo la mano.

El problema es que los límites del poder se conocen rápido. Si el proyecto de ley de facultades legislativas fue un globo de ensayo del ministro de Economía, este explotó. Elmer Cuba es el único ministro con personalidad propia y un plan. No tiene con quién jugar en un gabinete de políticos reciclados y sobones a quienes les han hecho el favor de ser ministros. Sus reformas requieren audacia y docencia política. Pero Fujimori de eso no sabe ni tiene experiencia y prefiere el populismo. Apenas se deslizó la posibilidad de debatir el exceso de feriados creados por el Congreso en el último quinquenio (una propuesta bien fundamentada con los impactos en el PBI), lo abandonaron todos. Y ese es un solo ejemplo.

¿Cómo van a derogarse las cuatro leyes que pueden quebrar la caja fiscal si fueron aprobadas por el fujimorismo? ¿Cómo va a discutirse (no digo ya aprobarse) una reforma laboral si nadie, dentro del gobierno, apoya al MEF? Cuba ha preferido anunciar cuatro comisiones de economistas expertos y muy respetados. Veamos si logran convencer siquiera dentro de casa. Los nombramientos del Ejecutivo que controla el MEF (BCR, Sunat, Tribunal Fiscal, directorio de Petroperú) nos dan una indicación mucho más clara de su orientación en política económica y profesionalismo que el gabinete Galarreta. El enfrentamiento entre el populismo del fujimorismo y el programa liberal del MEF va a explotar en cualquier momento. Solo un ciego no se da cuenta. Basta con comparar el mensaje de 28 de julio con el pedido (abortado) de facultades.

El oficialismo en el Congreso no será de ayuda para el MEF. Sus congresistas, reelegidos o exempleados parlamentarios, traen intactos el populismo, el mercantilismo y el militarismo del último quinquenio. El irreconocible Fernando Rospigliosi, como vocero del fujimorismo, no solo le hace daño a las Fuerzas Armadas, sino a la propia Fujimori. Con ambos, sus niveles de sobonería son indescriptibles. Su caso no es el de alguien que cambió de opinión con el tiempo. Solo una lobotomía puede generar tal transmutación de la personalidad. No hay explicación racional para su conducta actual. Su fanatismo va mucho más allá del oportunismo y causa al gobierno un daño político profundo, que también, tarde o temprano, va a explotar. Un pueblo no aguanta el maltrato ilimitadamente.

Sin embargo, nada de esto es casual. En un interesante estudio de Fanny Munoz y Vanessa Laura, se cuenta cómo la creación del término “ideología de género” fue una reacción de los sectores conservadores  ante el avance del feminismo y los estudios de género que cuestionaban la  desigualdad y subordinación de las mujeres.  

 En un artículo pasado, hablaba de la revolución del género, explicando que este enfoque permite cuestionar roles y estereotipos que han sido asignados a las personas desde su nacimiento, que están a la base de la desigualdad y que fueron recogidos en la ley. Por ejemplo, en el Código Civil de 1936 se establecía que sin el consentimiento del marido la mujer no podía ejercer su profesión o trabajar fuera de la casa y en el ámbito penal hasta 1997 si un violador sexual se casaba con su víctima, no iba a la cárcel.  Los cambios que hoy celebramos cuestionan el rol tradicional de las mujeres que les impedían participar en la vida pública, librarse de un matrimonio con violencia, ir a la universidad y construir su propia vida. Es esa autonomía la que se quiere eliminar con discursos falsos que en realidad corresponden a una estrategia pensada desde lo cultural y lo político.

 Por ello, les invito a informarse, a construir sus propias reflexiones y a no dejarse manipular por discursos creados para asustar a las personas, pero que en el fondo buscan volver al pasado donde la subordinación femenina era la regla.

La virtualidad es una solución de emergencia, como lo fue durante la pandemia del COVID-19, pero convertirla en norma es artificializar la política. La ciudadanía ha visto cómo se ha reducido a pantallas donde el debate pierde fuerza y la rendición de cuentas se diluye.

Al respecto, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, propuso que las sesiones sean presenciales como regla general, reservando la virtualidad solo para casos justificados como viaje o enfermedad. Hasta el momento, el respaldo parece avanzar transversalmente: Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular lo apoyan. El senador de Renovación Popular, Javier Cipriani, afirmó que el Pleno del Congreso exige presencia y responsabilidad frente al país.

Sin embargo, quien lo rechaza es Miguel Torres, presidente del Senado y líder de Fuerza Popular, que defiende los avances tecnológicos como argumento para mantener la virtualidad. Esa posición tiene una lectura política que cada ciudadano puede hacer por su cuenta.

Porque el Congreso que aprobó las leyes procrimen, el fuero militar y la ley de lesa humanidad restrictiva lo hizo gracias a una virtualidad que facilitó la opacidad de la acción política, sin cámaras encendidas de prensa independiente y, sobre todo, sin el peso del debate presencial. La presencialidad es una condición mínima para que la fiscalización ciudadana sea posible. Los diputados opositores que ya respaldan este proyecto deben entender que aprobarlo es una herramienta para hacer su propio trabajo de fiscalización y una demanda de la ciudadanía que es muy clara. Y la bancada fujimorista que lo rechaza, si es que persiste en esta irresponsable práctica, debe saber que contradiría a la presidenta Keiko Fujimori, quien ha rechazado que la opacidad sea su forma de gobierno. Los peruanos verán cuál de los dos Fuerza Popular se hará presente en el debate la siguiente semana.