Vale aclarar que este período ciertamente no basta para resolver los problemas estructurales de un país, que en el caso del Perú no son pocos.

Teniendo todo esto en consideración, el recuento de esta primera centena de días de la presidenta Keiko Fujimori, para pesar de los postergados peruanos, no habla de logros incompletos ni de reformas en tránsito, sino de un Estado que opera bajo los mismos parámetros en que fue recibido.

La seguridad, que fue el eje central de la oferta fujimorista sigue en condiciones parecidas a la gestión de Boluarte, Jerí y Balcazar. Al cabo de este primer trimestre, la tendencia delictiva se mantiene sin que emerja una política de seguridad articulada que justifique la expectativa sembrada durante la campaña.

Paralelamente, los mercados populares reflejan, con más fidelidad que cualquier estadística oficial, la presión que la canasta básica acumula sobre los hogares peruanos. En otras palabras, no es casualidad que los precios de los productos de primera necesidad hayan continuado su escalada sin que el partido gobernante haya exhibido una propuesta de estabilización, más allá de pronunciamientos que no han encontrado traslado en las finanzas públicas.

En este desgobierno destaca en los mismos términos la gestión del canciller Carlos Espá, quien además de exponer a la jefa de Estado al bochornoso viaje a El Salvador, ha marcado un giro que contrasta con la tradición diplomática peruana, cimentada durante décadas en el respeto al derecho internacional y en la independencia de criterio frente a los bloques de poder de turno.

Esa línea no es menor porque ha acelerado la precarización de lo que fuera una de las islas de eficiencia en el Estado peruano. Y esa pérdida de liderazgo es sentida en el sistema internacional. Lo único aprobado ha sido el Escudo de las Américas que hasta ahora no ha presentado al país una hoja de ruta que justifique su adhesión.

Sin embargo, el episodio más revelador de esa brecha entre el discurso y la ejecución es la delegación de facultades que el oficialismo obtuvo del Congreso, luego de desnaturalizar su reglamento para imponer puntos sin consenso. A cien días del inicio del mandato, ningún decreto ha sido publicado hasta el momento.

Pero este desgobierno corresponde a la continuidad de un régimen que carece de voluntad y capacidades reales para convertir compromisos en acción para luchar contra la criminalidad y gobernar para los peruanos. Y eso, por el bien del país, debe corregirse pronto.

En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

porque echan azote' sin cesá”

La noche pasada y con ocasión del Día de la Canción Criolla, escuché este doloroso estribillo que aún se canta en el Perú. La tortura y las vejaciones sufridas por los esclavos negros son evocadas allí.

No era la primera vez que lo oía, pero en los años ochenta tuve la suerte de conversar con un peruano extraordinario, Nicomedes Santa Cruz (1925-1992), quien me contó la historia que da sentido a ese panalivio.

Según me relató Nicomedes, al hacendado de La Molina, diecisiete esclavos se le habían fugado, pero los recuperó después de un mes en el que los cimarrones no pudieron encontrar un sitio donde esconderse. Entonces, aunque su caporal le había aconsejado que solamente les cortara las orejas, los mandó a ejecutar al sentirse presionado por el pedido general de los otros patrones que se veían amenazados por el mal ejemplo.

“Cuando se sacrifica un toro en la arena, por lo menos se puede aprovechar su carne”, pensó.

Le respondieron: “Es la ley, y usted tiene que cumplirla”.

Pensó que la ley le iba a significar un dispendio considerable, puesto que los diecisiete negros habían sido ejemplares de crianza, robustos y carísimos representantes de su raza, y tal lo fueron que no fue necesario atarlos a una estaca para ser flechados porque preferían la muerte a continuar en La Molina.

 “A la Molina no voy más porque echan azote sin cesá”, eso dicen que cantaban antes y después de morir.

-¿Después de morir cantaban?

-¡Claro!, porque dejaron fantasmas.

Cimarrón era llamado por entonces el esclavo que se rebelaba en busca de la libertad. En nuestros días, el poeta Santa Cruz, con su poesía brava y montaraz que es un desafío permanente, puede merecer el mismo nombre: cimarrón.

Me acuerdo de que conocí a Nicomedes en la Casa de la Cultura. Él era poeta, decimista, investigador y promotor cultural. De inmediato nos hicimos amigos y comenzamos a tratarnos de compadres. Más joven que él, me sentía feliz de tener amistad con un hombre que promovía los derechos del pueblo afroperuano e intentaba reconstruir su memoria histórica.

Era un poeta permanente y creaba décimas con todo lo que estuviera frente a sus ojos. Ese es acaso su primer aporte. El segundo es su formidable contribución a la música afroperuana. Y el tercero es su permanente investigación que ayudaría a sistematizar el folklore afroperuano.

Escribiría Nicomedes:

“Del África llegó mi abuela

vestida con caracoles,

la trajeron los españoles

en un barco carabela.

La marcaron con candela,

la carimba fue su cruz.

Y en América del Sur

al golpe de sus dolores

dieron los negros tambores

ritmos de la esclavitud”.

Hay poemas como el que acabo de evocar que dan información sobre la bestial explotación que han sufrido los esclavos y sus herederos en el Perú.

“Por una moneda sola

la revendieron en Lima

y en la hacienda ‘La Molina’

sirvió a la gente española.

Con otros negros de Angola …”.

Las diversas convulsiones y movimientos sociales que han buscado cambios hacia el progreso en nuestra historia intentaron lograr que todos los peruanos ocupen el espacio que les corresponde. Sin embargo, la emergencia abusiva de un pasado criminal ha aplastado mucho de aquello.

Recordar voces como las de Nicomedes significa comenzar a comprender al Perú y tal vez sea algo de lo que debemos hacer en adelante. Nicomedes es uno de los libertadores de nuestra cultura, y debemos recordar todo el tiempo su afán por ubicar al pueblo afrodescendiente en los espacios políticos y sociales que le corresponde.

-Ojalá hubieras nacido en el norte del Perú. Ya tendríamos escrita nuestra historia -le dije una vez.

Nicomedes sonrió y comenzó a recordar unas décimas que había escrito a Chepén, el pueblo de mi nacimiento.

“Antes que el rudo Pizarro

y antes que el Inca también

cuando el cerro era un guijarro

ya Chepén era Chepén.

Diez siglos antes de ahora,

mil años de cien en cien,

cuando era niña la jora

ya Chepén era Chepén”

Un día en que yo caminaba con mi amigo Desiderio Blanco (después rector de la Universidad de Lima), nos topamos con Nicomedes y se me ocurrió presentarlos. A la manera española, Desiderio dijo su apellido y esperó que Nicomedes repitiera el suyo.

-Blanco -dijo y repitió: -Blanco. Blanco -esperando el apellido de su presentado.

Nicomedes se lo quedó mirando y respondió:

-¡No-é’ para tanto!

No es casualidad que el arte fotográfico orientado al paisaje urbano haya tenido un gran desarrollo en Europa y USA en los años 70 y 80, décadas marcadas por el surgimiento de políticas económicas neoliberales, las cuales aceleraron el crecimiento y la transformación de las ciudades, siendo así caldo de cultivo para el pensamiento crítico desde las artes visuales. En el Perú, el neoliberalismo se instaura algunos años más tarde. Durante la década de los 90 y los inicios del siglo XXI, aquella corriente se posiciona de forma galopante, teniendo como una de sus principales consecuencias el crecimiento y la mutación de los centros urbanos. La migración, la globalización, el libre mercado y una fuerte tendencia privatizadora generan cambios profundos en el perfil de las ciudades. Lima, como ciudad capital, y Arequipa, como segundo gran centro y principal eje del sur andino del país, no escapan a este fenómeno.

En este contexto se instala Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad. La exhibición reúne a un grupo de creadores con base en ambas ciudades -la mayoría provenientes del ámbito fotográfico, y otros identificados con medios más disímiles- que nos presentan proyectos que se detienen a analizar la alteración de estos dos territorios, irrumpiendo no solo en el paisaje de la ciudad, sino también en el paisaje suburbano, y sus dinámicas socioculturales. Mientras que los proyectos vinculados a Arequipa llevan la mirada a aspectos más relacionados al patrimonio, como el sillar y la campiña, las propuestas provenientes de Lima tienen un carácter más heterogéneo, quizás como reflejo de las propias complejidades que toda ciudad capital enfrenta.

En Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad, el territorio en estado vulnerable es un punto de encuentro que se manifiesta formalmente a través de la fotografía extendida, es decir, la fotografía que va más allá de su representación figurativa y tradicional, como un lenguaje interdisciplinario capaz de expresar e interpretar la distancia que separa lo real de sus representaciones, constituyéndose así como una metáfora de la sociedad en términos de análisis crítico de nuestra historia reciente.

La campiña y el desierto, dos territorios, una trinchera.

…

Participan en Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad

Nereida Apaza, Raúl Chuquimia, Jessica Cáceres, Sandra Cáceres, Rafaella Castagnola, Sonia Cunliffe, Ana De Orbegoso, Jorge Luis Dieguez, Sergio Fernández, Mafe García, Sebastián González, Fernando Gygax, Morfi Jimenez, Martín Lopez de Romaña, Leslie Osterling, Ros Postigo, Hans Stoll, Jimy Tapia, Morgana Vargas Llosa, Sergio Urday y Paul Xyu.

Curaduría: Carlos Caamaño.

Presentan: Fundación BBVA y HAY Festival Arequipa.

Desde el 7 de noviembre.

Casa Tristán del Pozo: Calle San Francisco 108, Arequipa.

El nuevo caso de violencia sexual contra una niña de siete años en una comunidad indígena en Amazonas nos recuerda que erradicar la violencia sexual contra las niñas y adolescentes awajún y wampis es un deber de humanidad y justicia histórica. Y nos deja claro que el dolor que enfrentan no nace de tradiciones ancestrales, sino del abuso de poder, de contextos de pobreza y del abandono de un Estado que no ha sabido protegerlas.

La etnia, el género, la edad y el desamparo estatal se entrelazan ampliando su vulnerabilidad. UNICEF e INEI (2026) advierten que el 46% de la niñez indígena amazónica sufre agresión física o psicológica. En Condorcanqui, datos de la Minsa y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún revelan que el 34% de las y los adolescentes ha sido víctima de violencia. Asimismo, un reciente informe del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) alerta que la violencia sexual está normalizada y que las barreras geográficas y de justicia generan impunidad y urgen a una respuesta multisectorial e intercultural que valore e incorpore el rol protector de las propias comunidades indígenas.

Pero en medio del dolor, hay expectativa por quién las defienda frente a la impunidad, la lejanía y la ausencia estatal. Destaca el valor de las organizaciones indígenas, que rompen el silencio y norman la convivencia interna para frenar esta lacra. Clave, también, la propuesta del MIMP de apoyar y capacitar a las defensoras comunitarias, verdaderos puentes de contención y afecto entre las víctimas, sus familias y los servicios del Estado.

A esto se suma el grupo de trabajo del Congreso, que este martes llega a Condorcanqui para vigilar la acción del Ejecutivo y la Justicia, con miras a la creación de una Comisión Especial. Estamos ante una oportunidad de diálogo auténtico entre las autoridades del Estado y las comunidades. Hay esperanza para defender la vida y dignidad de nuestras niñas y adolescentes amazónicas. Ese es su derecho y es el gran desafío.

Mi relación con la imagen había comen­zado antes. Entre los 18 y los 26 años trabajé como modelo de pasarela. Acostumbrada a ser dirigida por fotógrafos, marcas y direc­tores de arte, conocí la distancia entre la imagen que otros construían de mí y cómo yo me percibía. Aunque mi apariencia respondía a ciertos ideales de belleza, yo no me sentía segura de mí misma y expe­rimentaba pánico escénico. Comprendí que nuestra autopercepción no siempre coincide con la mirada ajena.

Desde 2011 realizo autorretratos. Mi­rando hacia atrás, creo que, quizás incons­cientemente, esta práctica surgió de la necesidad de pasar de objeto de represen­tación a sujeto capaz de decidir, construir y cuestionar mi propia imagen. Mi cuerpo se convierte en un medio para explorar cómo construimos la identidad: me trans­formo en diversos personajes y encarno múltiples roles y estereotipos.

Para las mujeres, el autorretrato fotográfi­co ha sido una herramienta de exploración, afirmación y construcción de la identidad, así como de emancipación. Ya en el siglo XIX, la condesa de Castiglione, uno de mis referen­tes predilectos, a quien descubrí durante mi investigación de tesis en París, experimenta­ba con su imagen mediante retratos escenifi­cados. Más adelante, Claude Cahun y Cindy Sherman utilizaron su cuerpo para encarnar personajes y cuestionar las convenciones de la representación femenina.

En I Am Your Fantasy (2023), mi expo­sición individual en Bruselas, exploré la sexualización femenina y cómo la iden­tidad puede convertirse en una fantasía construida bajo la mirada ajena. En algunas obras me autosexualicé deliberadamente, recurriendo a códigos del erotismo, la por­nografía o el BDSM. La provocación no es un fin en sí mismo: me interesa incomodar la mirada y preguntarnos cuándo el deseo es verdaderamente nuestro y cuándo en­carnamos expectativas ajenas. La seduc­ción puede ser una herramienta de poder, pero también un arma de doble filo: puede emanciparnos o extraviarnos en la fantasía de otra persona. La fantasía como construc­ción de identidad es un cuestionamiento que trasciende el género. Buscando acep­tación y amor, todos corremos el riesgo de dejar de ser para parecer o complacer.

La belleza también atraviesa mi investi­gación como un ideal social que condiciona cómo nos percibimos y somos percibidos. Responder a determinados estándares puede abrir puertas, pero también generar prejuicios y encasillamientos. Al utilizar mi cuerpo como medio de expresión, mi obra corre el riesgo de ser interpretada única­mente desde la apariencia, sin atender a los cuestionamientos que plantea. La belleza puede atraer la mirada, pero también limi­tar lo que somos capaces de ver.

Hace dos años regresé a Lima. Mi arte comenzó a profundizar en una dimensión más introspectiva y existencial, centrada en el autoconocimiento y las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente. En UMBRA, mi reciente exposición individual en Casa Fugaz, presentada en el marco de Open Call – Curaduría Abierta, exploro qué existe detrás de los roles que inter­pretamos. Me acerco a los conceptos de Persona y Sombra de Carl Gustav Jung: las máscaras con las que nos presentamos al mundo y aquellos aspectos de nosotros mismos que aún no logramos reconocer o comprender plenamente.

En esta búsqueda aparecen la necesidad de encajar, la persecución de ideales de belle­za y perfección inalcanzable, y las formas de autodestrucción que pueden surgir al inten­tar satisfacer expectativas ajenas. También me interesa la distancia entre nuestra auto­percepción y la mirada de los demás.

¿Cuánto de lo que creemos conocer de no­sotros mismos permanece todavía oculto? La exposición comienza con un iceberg inverti­do, una metáfora que altera la relación habi­tual entre lo visible y lo oculto: aquello que normalmente permanece bajo la superficie emerge, como una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia identidad.

Para mí, el autorretrato va más allá de re­presentar mi imagen. Mi cuerpo y mi rostro son el punto de partida para explorar cuestio­namientos que nos atraviesan a todos: quié­nes somos, cómo construimos nuestra identi­dad y qué permanece oculto detrás de lo que mostramos al mundo. Así, el autorretrato deja de hablar de mí para convertirse en un espejo de la condición humana.

La pugna más reciente comienza antes del sufragio. Durante la campaña municipal de 2026, decenas de candidatos han enfrentado extorsiones y atentados en diversas regiones de todo el país. Y en la ejecución de esas amenazas se encuentran las mafias que operan con mayor o menor complejidad dependiendo de la región.

Sin embargo, el peligro ha persistido más allá de los resultados electorales. Esta semana, el alcalde electo de Villa El Salvador, Marcelino Huamán Cano, sufrió un atentado con un explosivo en su vivienda, a pocos días de su proclamación. En Huanchaco, La Libertad, el alcalde electo, Jordan Piminchumo Méndez, denunció el cobro de cupos por montos que, en algunos casos superan los treinta mil soles cada mes.

Y, lo peor, es que en lo que va del año, tres alcaldes en funciones han sido asesinados en distintas partes del país.

Expertos en seguridad afirman que la lógica de esta penetración responde a la disputa por el control del territorio a manos de distintas organizaciones criminales. Y, ante ello, el Estado lo único que ha hecho es debilitar las normas que se precisan para la persecución del delito.

Para pesar de los peruanos, el oficialismo ha insistido en la desregulación normativa y ahora se ven los resultados. Varias autoridades locales que operan bajo presión no responden necesariamente a quienes la votaron, sino a quienes la financian o intimidan. Esa dinámica ineludiblemente pervierte el vínculo que da sentido a la democracia entre la representación política y el electorado, esto es, en el nivel más concreto de la vida pública.

La respuesta institucional, que debiera ser preventiva y articulada, con reformas profundas y con visión de Estado hacia la propia policía y las políticas de descentralización, han sido hasta ahora solo reactivas y solapadas por videos de TikTok de la presidenta y sus ministros. El riesgo es tan serio que de continuarse en la reactividad, el primer eslabón del Estado seguirá siendo capturado desde abajo.

En este caso, el objetivo es que el estado peruano pueda avanzar con una tecnología de generación eléctrica que aún no opera en el país. Para ello, Estados Unidos se comprometió a aportar un millón de dólares para respaldar el trabajo de esa asociación bilateral dentro de FIRST, según precisó la Embajada. El IPEN, por su parte, indicó que el memorando no incluye financiamiento de forma explícita y que “ese aspecto aún no se ha evaluado”.

El subsecretario DiNanno lo presentó como un punto de partida. “Como en todo lo que hacemos, empezamos con un millón y luego subimos”, aseveró. Al respecto, La República le consultó sobre el momento elegido y por qué con Perú, a lo cual respondió que “tenemos una pequeña ventana”, y explicó que apenas cambió el gobierno, con Keiko Fujimori en el poder desde el 28 de julio, había que armar un plan para mostrar a los peruanos que Estados Unidos es el “socio de elección”.

“Seguridad primero”

En la rueda de prensa, el subsecretario insistió en la prudencia. “Tiene que haber seguridad primero”, afirmó. Además, agregó que una licencia nuclear en Estados Unidos exige una lista de requisitos altísimos, de modo que “no podemos intercambiar velocidad por seguridad”.

En ese camino, Washington ha ofrecido su Comisión Reguladora Nuclear para que Perú construya su propia autoridad de control. “La NRC es, por lejos, el líder mundial en esto”, sostuvo DiNanno. Y para ello, es fundamental partir de que la tecnología para lograrlo son los reactores modulares pequeños, conocidos por sus siglas en inglés como SMR, y los microrreactores, plantas compactas que se fabrican por piezas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, imaginó aplicaciones concretas. “Las minas que están en un lugar desolado, tal vez un microsistema pueda ayudar a llevarles energía. Los centros de datos, donde se requiere mucha electricidad para la red, tal vez puedan usar uno de estos microrreactores para su negocio”, comentó.

El programa detrás del acuerdo

Detrás del memorando está FIRST, un programa del Departamento de Estado lanzado en 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden creado para acompañar a más de 60 países en el desarrollo de reactores modulares pequeños con estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Su interés original es fomentar iniciativas de energía nuclear civil y energías limpias, de cara a su diversificación.

Y a este memorándum, el Perú llega con algo de camino ya recorrido. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, opera en Carabayllo, al norte de Lima, el reactor de investigación RP-10, que produce radioisótopos para la medicina. Los que ya se producen son el tecnecio-99m, que sirve para estudios por imágenes de órganos, y el yodo-131, empleado contra enfermedades de la tiroides y algunos tratamientos contra cánceres.

Sin embargo, el Perú carece hoy de una planta nuclear de generación eléctrica, porque el RP-10 es un reactor de investigación. Ante ello, con la Ley 32560, promulgada en marzo para promover la generación nuclear y los SMR, llevó al Ministerio de Energía y Minas a trazar una hoja de ruta hacia 2040, plazo que Washington aspira a adelantar.

El IPEN, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, ante la consulta de La República afirmó que la visión de este memorandum es que el país cuente a futuro con nuevas alternativas para fortalecer su seguridad energética y atender necesidades de electricidad continua en zonas alejadas de la red, como algunas localidades de la Amazonía. Eso podría contribuir, añadió, a garantizar servicios esenciales como hospitales, centros de salud y colegios. No obstante, ello difiere del que pusieron los altos cargos estadounidenses, quienes mencionaron como potenciales usos a centros de datos, minas y puertos.

Ante ello, el titular de la cartera peruana de energía y minas, advirtió que el éxito de la iniciativa “no depende únicamente de capacidades técnicas o de un marco regulatorio adecuado, sino también de la confianza y participación informada de la sociedad”.

A fines de septiembre, el día 28, la Embajada estadounidense anunció que Perú, ya participante del programa, pasaba a ser socio bilateral. El Salvador, el más adelantado, firmó con el secretario de Estado Marco Rubio su memorando en febrero de 2025 y proyecta su primer reactor para 2030, según la prensa salvadoreña. Luego le han sucedido Ecuador en abril del 2026, República Dominicana en junio, y en Colombia en septiembre.

“Estamos aquí primero”, la geopolítica de la cooperación nuclear

Las firmas se suceden con intervalos cada vez más cortos, de San Salvador a Asunción y ahora Lima. El embajador Navarro sostuvo que “no todos los proveedores de energía nuclear son iguales” y que “por eso estamos aquí primero”, con una diferencia que atribuyó a la tecnología estadounidense frente a la rusa y la china, sin restar méritos a la europea.

En la rueda de prensa, dijo que su gobierno quiere asegurar que no haya dependencia en la red eléctrica de Lima, y lo calificó de importante para el país. En la conversación, una colega le preguntó si imaginaba un escenario en que empresas chinas pudieran apagar las luces de la capital y eso fuera una amenaza para la seguridad nacional. El embajador evitó confirmar o descartar ese escenario. “No estoy especulando. Mi trabajo no es especular sobre eso, sino asegurar que traigo tecnologías que ayuden al Perú a tener una mejor vida diaria”, sostuvo.

El contexto añade una dimensión concreta a ese diálogo. Las dos distribuidoras que atienden Lima pertenecen hoy a empresas estatales chinas. Luz del Sur es de China Three Gorges, y Pluz Energía, antes Enel Distribución y con concesión en el norte de Lima y el Callao, es de China Southern Power Grid, cuya compra por unos 3.100 millones de dólares se cerró en junio de 2024 tras la autorización condicionada del Indecopi. Durante esa compra, la Sociedad Nacional de Industrias advirtió sobre una concentración total del mercado de distribución limeño. Cuatro años antes, con la venta de Luz del Sur a capitales chinos, el Osinergmin, que fija las tarifas de distribución eléctrica, había asegurado que la operación “no afectará a las tarifas de electricidad de sus usuarios” y que supervisaría las compras de energía a empresas vinculadas.

Uso nuclear, pero civil

La expresión designa el uso de la energía nuclear para producir electricidad, fabricar medicinas e investigar, frente a la rama militar, que busca armas o propulsión naval. La física para ambos fines es la misma. La diferencia está en el diseño y en la vigilancia del OIEA, que verifica que el uranio y el plutonio no terminen en armas.

No obstante, dos asuntos siguen abiertos. Sobre el uso militar, la respuesta oficial es limitada. Las propias palabras del subsecretario sitúan el proceso en una fase aún muy temprana, pues su meta, dijo, es “identificar un sitio”, por lo que el millón de dólares tiene como fin financiar “estudios de factibilidad”. Entre las aplicaciones posibles de un microrreactor, el embajador Navarro mencionó como posibiidad “un centro de datos, un puerto, una base militar”, aunque, por ahora, no existe un proyecto concreto anunciado para el Perú en esa línea.

Por otro lado, la visita sumó 20 millones de dólares del Departamento de Estado para el reabastecimiento aéreo de los F-16 Block 70 y 4,5 millones para capacitaciones en la Puerto del Callao.

Más allá del simbolismo del acto, el alcance formal del documento aún es acotado ya que se trata de un acuerdo de cooperación nuclear civil, de carácter no vinculante y de Estado a Estado. En términos prácticos, fija una intención política y abre una vía de asistencia técnica, sin crear obligaciones jurídicas para ninguna de las dos partes, por el momento. Cualquier transferencia de tecnología o material nuclear exigiría un instrumento posterior, el llamado acuerdo 123, que sí sería vinculante y que, por ahora, no figura en la agenda.

La presidenta Keiko Fujimori recurrió a ese concepto en una columna reciente en la que anunció el uso de “la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza del orden.” La formulación, sin contexto, es correcta en sus términos. El mandato de garantizar la seguridad ciudadana dentro de los cauces legales pertenece al núcleo del Estado de derecho.

Ese mandato, sin embargo, depende de que el andamiaje normativo que lo sustenta sea coherente. Y en el Perú ese no ha sido el caso.

El Congreso ha aprobado en los últimos años una serie de normas que han reducido la capacidad del Estado para perseguir el crimen y ha reinterpretado leyes vigentes para limitar su alcance punitivo. La contradicción más visible se encuentra en la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de una fecha determinada. Aunque no es la única.

La presidenta invoca la fuerza de la Constitución, pero esas normas, aprobadas con el respaldo del bloque que hoy tiene una porción muy importante en el Senado, contradicen los estándares internacionales que la propia Carta Política incorpora para la protección de los derechos humanos.

La misma lógica se repite en el recurso a las “interpretaciones auténticas” por las cuales han logrado dichas aprobaciones. Ese mecanismo ha sido usado por la mayoría congresal para redefinir el sentido de las leyes al margen del propio orden jurídico interno.

En ese sentido, vale la pena recordar a la presidencia y a las autoridades públicas que la legitimidad de la potestad estatal no es un atributo absoluto sino que tiene sentido en tanto es resultado del cuerpo de leyes que la regula. Y, para pesar de los peruanos y la urgencia que necesitan para atender a sus necesidades imperantes como la mitigación del Fenómeno El Niño y la criminalidad, no es lo que ocurre.