Luego vino el acuerdo para una base aeroespacial EEUU-Perú, en algún punto del norte peruano, anunciada hace poco, sin expresión de precio. Mientras tanto, la FAP se decidía (algún día se revelará con qué argumentos) por la compra de cazabombarderos estadounidenses. Nuestras reservas han salido de compras, y todavía no regresan.

    El contexto de todo este gasto es la presencia de China en el puerto de Chancay, al que algunos llaman de uso dual, en el sentido de que puede pasar de comercial a militar en un minuto. Los halcones del Congreso de EEUU quieren que el gobierno peruano retire a Beijing de la operación portuaria. Si no lo hacemos, tendremos que seguir comprándole al Pentágono.

    Lo de Chancay es un esquema mundial. También en Grecia las dos superpotencias hoy pulsean por el control de los puertos. China ya controla 67% del emblemático primer puerto El Pireo, y los EEUU buscan desarrollar la bahía de Elefsina como alternativa. Se ha llamado a esto la primera línea del conflicto binacional, pero vemos que hay más.

    El tema de los cazabombarderos F-16, venerable avión de los años 70 (Chile es el principal candidato para estrenar el moderno F-35 en América Latina), le podría costar la cabeza a José María Balcázar, luego de haber perdido a dos ministros. ¿El pecado presidencial? Haberse resistido, sin éxito, a la compra de los aviones de la Lockheed.

    Nuestros presidentes han caído por las más variadas causas, pero ninguno por presión de un embajador de Donald Trump. El nuevo diplomático se ha revelado como un intenso promotor comercial, lo cual ha incluido cantar las loas del producto que la FAP se ha precipitado a adquirir, y hacer notar la conveniencia geopolítica de la compra.

    Se dice que Balcázar se resistió debido a su talante por-chino. Pero que se sepa Beijing, a diferencia de Estocolmo o París, no está vendiendo aviones aquí. ¿La renuencia a firmar podría deberse a la influencia de Vladimir Cerrón sobre su persona? Por ese camino se puede hacer capturar en minutos.

¿Qué factores están implicados en el desarrollo institucional? i) Reglas del juego: define las instituciones como limitaciones humanas (formales e informales) que estructuran el intercambio político, social y económico. ii) Economía institucional: examina cómo las reglas de juego, como las leyes y regulaciones, determinan el desempeño económico y la distribución de la riqueza. iii) Instituciones inclusivas vs. extractivas: las instituciones inclusivas promueven la competencia, la innovación y la prosperidad, mientras que las extractivas concentran el poder y la riqueza en una élite, limitando el desarrollo. iv) Importancia institucional: la calidad de las instituciones determina el crecimiento a largo plazo; una mayor certidumbre reduce los costos de transacción.

Asociado a lo descrito, es posible plantear una tipología de las instituciones según su función:

Formales: entidades, constituciones, leyes y reglamentos de propiedad.

Informales: códigos de conducta, normas de comportamiento y tradiciones.

Algunos ejemplos de instituciones económicas formales son los bancos centrales, los sistemas tributarios, los organismos reguladores y las leyes de propiedad, entre otros. Veamos el caso del Banco Central.

Un elemento central para un imparcial y previsible actuar de una institución pública es la no personalización de la gestión; desafortunadamente, esto no sucede en el caso del Banco Central de Reserva, donde algunos argumentan —equivocadamente— que la buena performance cumplida por esta entidad responde solo a la gestión del presidente del Directorio, ignorándose que las decisiones de política monetaria —aspecto medular del quehacer institucional— se discuten y deciden en el Directorio conformado por siete miembros —incluido el presidente del Banco—, designados por el presidente de la República y ratificados por el Congreso por un periodo de cinco años.

Algún mérito debe reconocerse al staff técnico del banco y al Directorio también. ¿O se piensa que el curso institucional realmente debe depender de una sola persona?

Si de promover el desarrollo de instituciones se trata, la performance de las entidades debe corresponder al manejo que hace un colegiado en estas, sobre la base de objetivos predefinidos por alcanzar. En suma, personalizar la gestión institucional va a contracorriente del objetivo de contar con instituciones predecibles y sostenibles en el tiempo, asunto funcional a cualquier apuesta por el desarrollo y no solo por el crecimiento económico.

 Si bien ambos son importantes socios económicos del Perú, la agenda con Estados Unidos es más diversificada, abarcando temas de cooperación y seguridad. No obstante, en la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hay una clara alerta por la presencia china en nuestra región, especialmente en lo relativo al acceso a minerales críticos (como el cobre que el Perú exporta a China). En ese sentido, Estados Unidos debe estar preocupado por los vínculos comerciales y de inversión que el Perú viene consolidando con el gigante asiático.

 Por su parte, China parece ser consciente de que América Latina es una región de influencia directa de Estados Unidos. Iniciar una competencia política o militar en esta región puede ser contraproducente. Pero no cabe duda de que China también debe ver con mucha atención el reciente acercamiento militar del Perú a Estados Unidos. La compra de los aviones F-16, la inversión que se va a llevar a cabo en la Base Naval del Callao y la designación del Perú como aliado principal de la OTAN, denotan un evidente alineamiento militar con Estados Unidos. Este acercamiento puede ser una respuesta a las críticas que Estados Unidos ha mostrado al puerto de Chancay, el cual, desde la perspectiva estadounidense, puede servir para fines militares chinos.  

 El ex Canciller Elmer Schialer hablaba de una política exterior peruana que se distinguía por su 'neutralidad activa'. Esta buscaba construir un equilibrio con ambas potencias mundiales, evitando alineamientos rígidos. Así por ejemplo, en la guerra de Ucrania, el Perú cuestionó la invasión rusa al igual que Estados Unidos, pero también mostró su desacuerdo con las sanciones económicas implementadas contra Rusia desde Occidente, decisión más cercana a la posición china.

 Es cierto que en tiempos de Donald Trump el equilibrio se hace muy difícil. Hace unos meses dijo en una entrevista que los países latinoamericanos van a tener que elegir entre China o Estados Unidos. El Perú no puede plantearse esa posibilidad.

Renovación Popular criticaba al responsable de ONPE desde antes del día de las elecciones. Eran acusaciones que no hacían más que continuar las expresadas desde las elecciones del 2021. El mismo día de la votación comenzaron las denuncias sobre fraude por el cierre de locales. Cuando esto se solucionó, al extender un día más el proceso, comenzó el discurso sobre el impacto de las mesas que abrieron tarde para pedir elecciones complementarias, el cuestionamiento al sistema de cómputo y el pedido de destitución del responsable de organizar las elecciones. Lograron que Corvetto renuncie y que la Junta Nacional de Justicia, ilegalmente, acepte su salida.

Los problemas de organización operativa de la ONPE son una realidad. No deja de sorprender que, con la experiencia en este tipo de procesos, no se pudo llevar material a locales tan cercanos a su almacén central. La carta de renuncia de Corvetto da la impresión de que ni él tiene claro qué pasó. Mayor motivo para investigar. Afectaron la posibilidad de votar en los tiempos previstos, pero eso no es fraude. Diferentes números circulan sobre el impacto de la apertura tardía de algunas mesas. Los números mostrados por personas que han realizado cálculos preliminares sobre las consecuencias de estos retrasos (Matias Faure, @mati_faure en X y Gonzalo Márquez, @gmarquezp_ en X, por ejemplo) muestran que, a pesar de lo ajustado de la diferencia entre los votos a favor de Sánchez y López Aliaga, los atrasos no cambiarán el resultado final, pero lo que mandan son los resultados finales, no las estimaciones.

La organización no se preparó adecuadamente para gestionar la comunicación con relación a lo que ocurriría el mismo día de la votación ni para las interpretaciones que se han ido construyendo durante el cómputo. Los esfuerzos estuvieron en enseñar a la población sobre cómo votar y acciones de fact checking. Debieron de diseñar estrategias considerando que el nivel de confianza en el proceso electoral ha venido cayendo y que hoy la gente se informa, principalmente, por redes sociales. Tenemos un ecosistema mediático donde todo circula y se reinterpreta en segundos y donde la desconfianza y la desinformación son un lugar común. En redes sociales se han mostrado análisis de diverso tipo. Algunos se han llevado a cabo de buena fe, pero otros han sido realizados con agendas predeterminadas o, en todo caso, partiendo de prejuicios donde cualquier cosa es evidencia de fraude. ONPE abrió el sistema para reportar resultados con transparencia (lo cual está muy bien), pero nunca desplegó acciones significativas de comunicación para sostener ese proceso. Una omisión importante en un entorno de comunicación abierto, con un clima general de desconfianza y con actores interesados en expandir la idea de fraude.

Ricardo Cuenca escribió, en este diario, un interesante texto para entender la base sobre la cual se construyen y, sobre todo, se difunde una narrativa de fraude entre la población. Como bien señaló, en el país hay una expandida desconfianza social vinculada a una situación de desigualdad y fragmentación estructural que, añado, promueve una dinámica de polarización afectiva que actúa en silencio en muchos momentos. Solo los más interesados en política la ponen de manifiesto permanentemente, pero, en coyunturas como la actual, su expresión se generaliza. Cuenca mencionó el trabajo de Mutz sobre “amenaza al estatus” y el de Norris e Inglehart sobre la “reacción cultural” para dar cuenta de cómo un sector de la sociedad actúa autoritaria o reactivamente cuando percibe que su situación de poder y/o privilegios puede verse disminuida o perderse por la presencia de otros vistos como amenaza. Esto contribuye a expandir una versión del fraude. La que hoy pone a López Aliaga como el afectado por las demoras en la instalación de mesas o la que afirmó en el 2021 que el fujimorismo perdió por maniobras en las mesas de votación.

Pero, así como unos sienten miedo y, en el extremo, terminan llamando comunista o terruco a cualquiera que vean como amenaza a su estatus; también está otro sector donde lo que prima es la deprivación relativa. Esta es la percepción, no solo la realidad, de estar ubicados en una situación de precariedad o exclusión de bienes materiales (económicos), derechos políticos y reconocimiento simbólico a los cuáles otros sí tienen acceso. Se identifica que esta situación se da en función a los intereses de determinados grupos de poder (limeños, políticos, empresarios y una larga ecuación simbólica que a veces es real y en otras no tanto). Ya no se cree que la precariedad sea producto del destino, un orden natural o la voluntad divina. Son quienes se consideran excluidos, pero con los mismos derechos que otros a participar en la mesa de beneficios. Algunos se verán reflejados en el discurso de Sánchez o Atencio, puede que en el de López Chau e incluso Belmont. Esos electores también perciben fraude, pero uno asociado al fujimorismo, por controlar desde el Congreso la dinámica electoral o consideran a Renovación Popular un partido básicamente limeño que está buscando imponer su voluntad. La desconfianza mutua está instalada y seguro nos seguirá acompañando durante la segunda vuelta; sobre todo, si se enfrentan dos y un tercero sigue gritando fraude. ONPE debe prepararse a nivel operativo y comunicacional, para gestionar el clima del 7 de junio, pero en general, debemos prepararnos todos.

Aquel joven que en los años ochenta soñó con edificar en la cima de una montaña una escultura colosal destinada a convertirlo en asceta medieval, o ese performer pandémico que cruzó la ciudad dentro de un vehículo transparente con un casco moche metálico, encarna una ética de la creación que desafía constantemente la quietud, el dogma y la obediencia.

-Evento espacial-

Esa vida, que ha sido también laboratorio, ha dado lugar a una obra que articula técnica, espiritualidad y una noción radical de la materia en una metamorfosis de mutaciones: del modernismo inicial —mármol, bronce, vidrio, proporción y peso— pasa a un postmodernismo desmaterializado que abraza la performance, el happening, el video y la crítica institucional, culminando en una fase neoancestral donde el retorno al objeto se convierte en una tesis.

Así, rematerializa la escultura sin recaer en la nostalgia. Utilizando, más bien, el acervo arqueológico como interfaz contemporánea. Su Manual del método neoancestralista (2015) abre el campo para sus esculturas modulares. Y sus investigaciones con crochet metálico, aleaciones, trefilación y sistemas de tejido lo posicionan como un tecnólogo de la forma. La modularidad —como principio estructural, filosófico y casi ontológico— atraviesa su obra reciente: multiplicación de unidades, engranaje de partes, estructuras abiertas y materialidad en proceso.

Rematerializar, presentada en la galería Estudio 74 de Bogotá (marzo del 2026), condensa cinco años de investigación tecnoplástica y propone que tanto la pintura como la escultura pueden operar como sistemas compositivos abiertos, activados por la participación del público y reorganizados continuamente en sala. De esa manera, Pacheco convierte cada obra en un evento espacial indeterminado donde el módulo se convierte en interfaz. Es decir, unidad que conecta pasado, materia y posibilidad. Las tres piezas centrales de su muestra colombiana articulan lenguajes arqueológicos mediante tecnologías de precisión.

-Tríada neoancestral-

'Tríptico – activación de hipogeos; Tierradentro' integra acero y mármol de Carrara en una pintura modular donde los visitantes reconfiguran patrones inspirados en cámaras funerarias subterráneas. La pieza cita el universo geométrico de Tierradentro y lo reactiva como un sistema de pensamiento. El mármol, tradicionalmente destinado a la permanencia, es aquí un soporte sometido a variación constante, un plano que se abre y se cierra según el modo en que cada espectador dispone los módulos de acero. La obra convierte el espacio pictórico en una suerte de respiración arqueológica donde lo funerario se vuelve dinámico, lo pétreo deviene proceso y lo ritual se reescribe en clave tecnoplástica.

'Granito y grapa – activación de mampostería Coricancha. Inca' profundiza el procedimiento. Al transformar bloques pétreos ranurados y grapas de bronce móviles en una arquitectura rearmable, desafía la imagen monumental del Coricancha, cuya solidez suele invocarse como emblema máximo del dominio incaico sobre la materia. Aquí, esa solidez es sometida a movilidad, manipulada por manos contemporáneas que desplazan, encajan y desencajan las piezas. La obra sugiere que incluso los símbolos de perfección constructiva contienen fisuras, posibilidades no exploradas o memorias que pueden reorganizarse sin traicionarse. La tradición como mecanismo.

'Bronce – activación de pectoral hombre jaguar; Tolima-Quimbaya' cierra el tríptico conceptual con un giro delicado. La utilización del corte láser revela la modularidad latente en un ornamento ritual que, en apariencia, era monolítico. Al reorganizar los módulos masculinos y femeninos, el espectador activa combinaciones que expanden el campo simbólico del jaguar, trasladándolo de lo funerario y lo ceremonial hacia un territorio especulativo donde la forma ancestral se vuelve algoritmo.

En conjunto, estas obras proponen la forma como un campo de posibilidades. Pero la exposición no solo mostró obras, también instauró un semillero pedagógico donde la investigación, la participación y el diseño modular confluyen. Un régimen donde escultura, pintura y ritual se piensan desde la apertura, la variación y la recomposición. Y de esa manera el artista representa el mundo al tiempo que lo rematerializa.

Florentina Loayza vivía en Huancavelica, tenía diecinueve años de edad y un solo hijo. En 1997, acudió al centro de salud en Paucarbamba donde supuestamente se repartirían alimentos, pero al llegar fue encerrada con otras mujeres y sometida a una esterilización forzada. Le dijeron que debían hacérsela porque “ustedes como son de la altura, se van a llenar de hijos”.

Celia Ramos tenía treinta y cuatro años y vivía en Piura con su esposo y sus tres hijas cuando recibió la visita del personal de salud para convencerla de someterse a una esterilización, la que se realizó en julio de 1997. Durante la cirugía, Celia tuvo una reacción alérgica severa, pero como el centro médico no tenía las condiciones para una adecuada evaluación de riesgos ni para afrontar emergencias, fue llevada a la Clínica San Miguel en donde murió diecinueve días después. La Defensoría del Pueblo concluyó que su muerte se debió a una mala oxigenación durante un paro cardiorrespiratorio, estableciendo una relación causal entre la muerte y la esterilización. Debido a la falta de justicia en el país, estos tres casos fueron llevados a instancias internacionales, las cuales determinaron la responsabilidad del Estado.

En estos días en que el odio se desborda debido a los resultados electorales, pidiendo incluso que ciertos sectores de la Sierra “no se reproduzcan”, es necesario recordar que ese discurso discriminatorio estuvo a la base de las esterilizaciones forzadas, que no se trató de errores aislados y que el racismo camuflado como pragmatismo solo puede traer muerte e impunidad.

De esos Acuerdos de Bretton Woods surgió la creación de dos organismos capitulares de nuestro tiempo: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional -FMI-. El mundialmente famoso economista, el británico John Maynard Keynes fue, no el único, pero sí uno de sus más entusiastas promotores.

A lo largo de las décadas, ambos organismos han cambiado su carácter y sus funciones. Fue en 1976 cuando el Fondo Monetario Internacional adquirió el doble estatuto institucional que tiene hoy: por una parte, como una estructura profesional de muy altas capacidades técnicas en el seguimiento del desempeño económico de los países, y, por la otra, como una entidad que otorga créditos a los Estados, que es el aspecto que más destaca de su presencia en la agenda pública mundial.

Sin embargo, y este es el aspecto crucial de la cuestión, el otorgamiento de créditos a los países está atado a que los gobiernos respectivos acepten cumplir con las recomendaciones que el organismo emite. Y es que el Fondo Monetario Internacional tiene, entre sus propósitos institucionales, lograr el crecimiento económico de los países, lo que incluye ajustar las políticas, no solo para garantizar el pago de los préstamos, sino también para evitar que vuelvan a reproducirse las condiciones de crisis económica y financiera, que los obligaron a pedir préstamos. Es decir, no es un espectador o prestamista pasivo, sino un actor que aspira a que el desempeño económico de los países apunte al crecimiento de la producción, del empleo y de los intercambios comerciales, de forma simultánea a la reducción radical del gasto burocrático del Estado y la erradicación de la corrupción.

Estos lineamientos no tardaron en provocar ataques por parte de dictaduras, gobiernos izquierdistas y populismos de diverso signo. La acusación más reiterada contra el Fondo Monetario Internacional ha sido: se trata de una política intervencionista, que favorece los intereses del imperialismo. En realidad, la pretensión de la izquierda empobrecedora ha sido y es que el Fondo Monetario Internacional le otorgue préstamos sin garantías de pago y sin recomendaciones sobre la conducción económica. En otras palabras, han intentado que el organismo les provea de dinero para atender situaciones de crisis, pero manteniendo inalteradas las condiciones y prácticas causantes de la debacle.

La patética posición de pedir dinero prestado y además exigir que ocurra sin condiciones, como si se tratase de un regalo, que ha sido el signo constante de la relación de la dictadura de Chávez y Maduro con el Fondo Monetario Internacional, se fracturó en marzo de 2019, cuando Venezuela perdió el reconocimiento del organismo, dada la ilegitimidad del gobierno.

Cuando digo signo constante, hago una afirmación que cualquiera puede comprobar, con solo hacer una búsqueda en internet: no solo Chávez y Maduro, sino una montaña de voceros, a lo largo y ancho del amplio sistema de medios bajo su control, estuvieron 27 años satanizando al Fondo Monetario Internacional. Lograron que innumerables venezolanos, apenas o totalmente desinformados de la cuestión, convirtieran al FMI en objeto de sus consignas denigratorias.

¿Cuántas veces en su programa, Diosdado Cabello repitió la frase torcida y absurda, de que el “Fondo Monetario Internacional no volverá a gobernar esta patria”? ¿Acaso no llegó al extremo de formular una acusación carente de lógica y fundamentos en la realidad, de que unos empresarios estaban negociando a Venezuela con el Fondo Monetario Internacional? Peor aún, ¿acaso no dijo en 2015 que el gobierno sacaría al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional del país y que nunca más volverían?

Ese mismo Cabello, sin ruborizarse y como si le hubiesen borrado de la memoria todo su hinchado palabrerío de más de una década, ha aparecido esta semana defendiendo el regreso del gobierno al dictados y deberes del Fondo Monetario Internacional. Ha criticado a sus compañeros de partido, a los que él mismo azuzó contra el FMI, por rechazar al FMI: campante, ridículo, grotesco.

¿Causará obligaciones al gobierno encargado ponerse en manos del FMI a cambio de que les entreguen los 5.000 millones de dólares retenidos? Por supuesto: tendrán que afrontar un programa de ajustes, con todas sus piezas: disminuir drásticamente el gasto público, poner fin a la corrupción, cesar la persecución a empresas y empresarios, controlar la inflación, reducir y hasta eliminar las subsidios y prebendas al PSUV y sus organizaciones satélites, terminar de una vez por todas los regalos que la dictadura venezolana le envía a la dictadura cubana, no solo en forma de petróleo, sino de muchas otra maneras, cuyas verdaderas y extraordinarias magnitudes muy pronto conoceremos, apenas comience la transición en los dos países.

Sin embargo, deficiencias operativas puntuales durante el despliegue y repliegue del material electoral, ocurridas el 12 de abril, impidieron instalar las mesas en 13 locales de votación de Lima Metropolitana. Esta situación fue aprovechada por un sector de la prensa para construir un relato de graves irregularidades, llegando a insinuar causales de nulidad electoral o posibles delitos de las autoridades electorales.

El sobredimensionamiento de estos incidentes produjo, de manera injustificada, la sensación de una jornada irregular. Pero los datos describen una realidad distinta: la ONPE instaló 95.896 mesas de sufragio en 10.150 locales a nivel nacional. Solo quedaron sin instalarse 187 mesas. Es decir, el 99,8% del proceso funcionó con normalidad.

Para entender el caos desinformativo generado aquel domingo 12 de abril de 2026, es necesario ampliar la mirada hacia el ciclo electoral en que se desarrollan estos comicios. En ciencia política, este ciclo corresponde a lo que se denomina un régimen autoritario, configurado desde el Parlamento peruano por partidos que han perdido sistemáticamente las elecciones presidenciales. Dicho poder público se ha instalado fuera del control electoral ciudadano, vulnerando el principio de soberanía popular y la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú.

Desde la administración electoral, en cambio, el Perú ha tenido una democracia electoral impecable durante los últimos 26 años. A pesar del déficit de representación de grupos sociales excluidos, los procesos electorales se realizaron con autonomía de los organismos electorales, pleno respeto a la legislación vigente y a la voluntad popular expresada en las urnas.

El primer ataque sistemático a los organismos electorales surgió tras las Elecciones Generales de 2016, cuando algunos partidos perdedores ensayaron una narrativa de "fraude electoral" sin pruebas. Ese fue el inicio de una coalición parlamentaria autoritaria que buscó someter al Poder Ejecutivo desde el Congreso. No lo lograron entonces por el entramado institucional democrático.

En 2021, una nueva derrota de Fuerza Popular frente a Perú Libre activó la versión 2.0 de esa misma narrativa fraudulenta sin sustento. La violencia desinformativa alcanzó niveles inéditos, pero nuevamente los órganos constitucionales —en particular el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— bloquearon el intento de desconocer los resultados.

El Informe Final de la Misión de Expertos Electorales para las Elecciones Generales 2021 señala textualmente: "Las elecciones generales de 2021 fueron en general creíbles e íntegras, de conformidad con los compromisos y obligaciones nacionales e internacionales. El JNE y la ONPE gestionaron unas elecciones bien organizadas, a pesar de enfrentar acusaciones no probadas de falta de independencia, campañas de desprestigio sin precedentes y ataques —incluido acoso a sus presidentes— que perturbaron el proceso."

El mismo informe revela un aspecto central para entender lo ocurrido en 2026: la orquestación de operaciones de desinformación desde sectores importantes de la prensa privada limeña. Señala el documento que, en 2021, la mayoría de medios privados de Lima realizaron una cobertura claramente sesgada a favor de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en detrimento de Pedro Castillo y Perú Libre, violando códigos de ética periodística y privando a los votantes de información veraz y equilibrada.

Frente a la imposibilidad de ganar las elecciones presidenciales desde 2001, los grupos que conforman la coalición autoritaria instalada en el Congreso en 2021 iniciaron la construcción de una autocracia parlamentaria. El punto de inflexión fue el inicio del gobierno de Dina Boluarte, marcado por el asesinato de más de medio centenar de personas durante las protestas por la detención de Pedro Castillo, seguido del sistemático socavamiento de la independencia de instituciones clave del Estado de derecho, con especial énfasis en los organismos electorales, cuyos titulares fueron amenazados con cambios constitucionales para someterlos al control político del Congreso.

Llegamos así a las Elecciones Generales de 2026. La coalición parlamentaria gobernante enfrenta una nueva derrota electoral, pese a haber introducido modificaciones quirúrgicas en la legislación electoral para fragmentar y debilitar a los partidos de oposición: eliminación de las primarias tal como fueron diseñadas originalmente, reintroducción del requisito de firmas para la inscripción de partidos, y condiciones asimétricas de competencia que favorecen con financiamiento público directo a los partidos oficialistas.

La Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) está diseñada para proteger el voto ciudadano. Su artículo X del Título Preliminar establece el principio de conservación del voto, prefiriendo aquella interpretación que otorgue validez al voto y evite restricciones formalistas. Las causales de nulidad —de mesa, parcial o total— no se han materializado en la jornada del 2026. Tampoco los votos nulos o en blanco superan los dos tercios de los votos válidos, ni existen hechos que autoricen la nulidad en circunscripciones que representen un tercio de la votación nacional válida.

Ante la imposibilidad de ganar en las urnas o anular las elecciones, la alternativa fue una operación de demolición mediática contra la ONPE y, particularmente, contra su jefe nacional, Piero Corvetto. Este patrón reproduce la campaña contra Pedro Castillo en 2021, tal como lo documentó el Informe de Expertos Electorales de la Unión Europea.

Finalmente, un factor que enciende las alarmas es el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones en 2026. A diferencia de la firme defensa del voto ciudadano que mostró en 2021, esta vez el JNE emitió pronunciamientos públicos amenazando con aplicar la máxima sanción ante denuncias de fraude sin sustento jurídico de un candidato. Con ello, el JNE actuó en colisión del principio de imparcialidad consagrado en el artículo VII del Título Preliminar de la Ley 26859, que exige a los organismos electorales cumplir sus funciones sin menoscabo ni beneficio para ningún interviniente.

Las cifras hablan de una jornada electoral exitosa. Pero la guerra comunicacional contra la administración electoral, sumada a un JNE que esta vez ha mostrado fisuras en su imparcialidad, revela que el mayor riesgo para la democracia peruana no está en las urnas, sino en quienes intentan destruir la confianza en ellas.

Julia ganó el Oscar con una película sobre Erin.

Por su parte, aunque no completó su educación universitaria, Erin (nacida en 1960, en Kansas) ganó en la vida real un juicio contra una de las más poderosas empresas norteamericanas y se convirtió en la heroína y el símbolo de los hogares más pobres de ese país.

Pacific Gas & Electric (PG&E) había contaminado una zona con una sustancia tóxica llamada Cromo 6. Al usar el agua natural, los consumidores contrajeron problemas de salud como el asma, la tos crónica y la bronquitis, así como erupciones cutáneas, dolores articulares, hemorragias, y se pronosticaban enfermedades más graves todavía.

Erin, una mujer divorciada, con dos hijos y con muy escasos recursos, había acudido a un estudio de abogados para solicitar apoyo en un caso legal. Entristecidos por su condición económica, los abogados le dieron trabajo como asistente. Sin embargo, ella hizo mucho más.

Sin más recursos que un viejo Ford, la asistente legal visitó a centenares de familias de la zona y enfrentó las posibles represalias de la gran empresa.

Sin embargo, obtuvo las pruebas que necesitaba y con ellas se ganó el juicio. La PG&E pagó 334 millones de dólares distribuidos entre las personas que habían sufrido algún problema médico, pero lo más importante fue demostrar que David puede vencer a Goliat.

Además, con esta película y con Una acción civil, entre otras, el cine plasmó como una voz de orden para el nuevo siglo la lucha frontal contra la contaminación ambiental y otros abusos de los dueños del mundo.

Hace un mes concurrí a las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima e hice una breve encuesta: La ley de los audaces, según la mayoría, es la mejor serie de abogados que se ve actualmente en nuestra televisión. El abogado del Lincoln, en la que un hombre de leyes trabaja en su propio carro, es la otra, y ya llegó a la cuarta temporada.

Entre las más antiguas, los entrevistados citaron Matar a un ruiseñor, un valiente llamado a la justicia y Philadelphia, un hito en la batalla contra la discriminación.

Como se ve, todas esas películas y series están orientadas hacia estimular la lucha contra el abuso de los poderosos. Sin embargo, también hay algunas producciones sosas que dejan una idea no muy exacta acerca de los abogados norteamericanos.

Hace algún tiempo, Perry Mason y, después, Jack McCoy, de Law and Order, han mostrado al mundo la cara de lo que supuestamente es el abogado norteamericano: inteligente, ágil, valiente, irónico, veloz para adelantarse a sus adversarios e histriónico para impresionar al jurado.

Abogados en el bar

Sin embargo, Perry y Jack solamente existen en la TV. La verdadera imagen de muchos letrados de ese país parece ser otra. Un boletín del Bar Association Lawyers (Colegio de Abogados) de Massachusetts contiene algunas preguntas y diálogos sostenidos en audiencias que servirán para que ustedes mismos se hagan una idea.

Abogado: Doctor, antes de que usted hiciera la autopsia, ¿tomó el pulso?

-No.

-¿Le tomó la presión?

-No.

-¿Chequeó usted la respiración?

-No.

-Entonces, ¿es posible que el paciente aún estuviera vivo al inicio de la autopsia?

-No.

-¿Cómo puede estar seguro, doctor?

-Porque el cerebro estaba en una jarra, a unos metros de allí.

-No obstante, ¿podría haber estado vivo todavía el hombre?

-Sí. Es posible que estuviera vivo, y practicando la abogacía en una corte.

Preguntas sagaces:

-¿Estaba usted presente cuando le tomaron esta foto?

-¿A qué distancia, uno de otro, estaban los carros en el momento del choque?

-¿Usted estuvo allí hasta el momento en que usted salió?

-Entonces, ¿cuántas veces ha cometido usted suicidio?

Y más diálogos:

-Doctor, ¿cuántas autopsias de personas muertas ha hecho usted?

-Todas las autopsias las hago sobre personas muertas.

-¿Se dio cuenta de la hora en que usted examinaba el cuerpo?

-Sí. La autopsia comenzó a las 8.30.

-¿Y el Sr. Kensington estaba muerto en ese momento?

-No. Estaba sentado en un sillón y se preguntaba por qué estaba yo haciéndole una autopsia.

Y, por fin:

-¿Cómo terminó su primer matrimonio?

-Por muerte.

-¿Por la muerte de quién?

 Tomando en cuenta la importancia económica de la minería en el Perú y en un contexto de demanda creciente de los denominados minerales críticos y de expansión minera en sus diferentes estratos, siempre es importante revisar los resultados que se han dado en las diferentes zonas con marcada presencia de esta actividad.  

 Un primer aspecto a precisar es cómo se define a un país, a una región o a un departamento como minero. Se dice que un país puede ser considerado como minero cuando su economía es altamente dependiente de la extracción y exportación de minerales: la referencia que se utiliza es la de una participación por encima del 10% del Producto Bruto Interno y más del 30% de las exportaciones. Si tomamos en cuenta estas referencias, el Perú es, en efecto, un país con una alta dependencia de la minería.

Si aplicamos estos criterios a nivel subnacional, las siguientes regiones o departamentos pueden ser considerados como territorios con una clara influencia minera: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Cabe señalar que, precisamente, en estas regiones se ubican los principales proyectos mineros (de gran escala), tanto en etapa de producción como algunos en proceso de construcción y ampliación. Además, en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, Ica, Arequipa, entre varias otras, también está implantada la denominada minería informal y la abiertamente ilegal, que tiene una influencia creciente en la actividad económica de varios departamentos.

 Viendo el mapa de resultados electorales en las denominadas regiones con presencia minera relevante, la primera conclusión es que en nueve de ellas ha ganado la organización política Juntos por el Perú: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Pasco, Puno, Madre de Dios, Moquegua. Mientras que Fuerza Popular gana en Ancash, Ica y Junín; en Tacna gana el Movimiento Cívico Obras y en Arequipa el Partido por el Buen Gobierno.

 Sin embargo, es necesario hacer un análisis más detallado ya que, si bien es cierto que, por lo general, en los departamentos donde las capitales se ubican en la costa, Fuerza Popular se impone, no lo hace necesariamente en las provincias andinas de esos mismos departamentos: Piura, La Libertad y hasta alguna provincia de Lima, son algunos ejemplos. Ancash, donde también viene ganando Fuerza Popular, merece una mención especial, ya que su capital, Huaraz, se ubica en la zona andina del departamento y una de sus 20 provincias, la de Santa, ubicada en la costa, es la más extensa y poblada. En Ancash también se nota el comportamiento electoral diferenciado entre las provincias de la costa y la sierra.     

 Este análisis lo podemos trasladar a las provincias donde se ubican las principales operaciones de minería a gran escala. Por ejemplo (ver tabla), se aprecia que en 9 (de un total de 12 provincias con presencia de una minería a gran escala) gana Juntos por el Perú: lo hace en Huari, Ancash (Antamina); en Cotabambas, Apurímac (Las Bambas); en Cajamarca, en la región del mismo nombre (Yanacocha); en Espinar, Cusco (Antapaccay); en Chumbivilcas, Cusco (Constancia); en Pataz, La Libertad (Poderosa); en Mariscal Nieto, Moquegua (Cuajone y Quellaveco); en Pasco, en la región del mismo nombre (Pasco/Volcan); y en Jorge Basadre, Tacna (Toquepala). Por su parte, Fuerza Popular gana en 2 provincias: en Nasca, Ica (Shougan y Minas Justa) y Yauli, Junín (Toromocho), mientras que el Partido del Buen Gobierno gana en Arequipa (Cerro Verde).

¿Estos resultados son una novedad? En realidad, no. Con algunas pequeñas variaciones, han sido una constante en los últimos procesos electorales: ocurrió en el 2006, 2011, 2016 y también en el 2021: agrupaciones políticas que cuestionan las vigentes reglas de juego son las que están mejor posicionadas para captar el voto de poblaciones que han estado en el centro de la conflictividad social en el país y sus demandas han sido permanentemente postergadas.

 Por otro lado, es importante remarcar que, en términos generales, donde hace 5 años ganó Perú Libre, ahora gana Juntos Por el Peru, salvo en la provincia de Arequipa (donde ha ganado el Partido del Buen Gobierno) y la de Yauli, en Junín (donde ha ganado Fuerza Popular). Sin embargo, es bueno precisar que los porcentajes de votación que obtiene Sánchez están por debajo de los porcentajes que obtuvo Castillo en su momento.

 Un ingrediente que en la actualidad tiene un mayor peso es la expansión de la pequeña minería, artesanal, comunal, en algunos casos informal y abiertamente ilegal. Si bien este tipo de minería ya existía en varias zonas del país, en los últimos años presenta un avance notorio y tiene una gran influencia económica y política a nivel nacional y en las provincias en las que se implanta. 

 ¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato de la realidad que el país envía? En primer lugar, que siguen pendientes varias tareas: el reto sigue siendo cómo construir gobernabilidad democrática; cómo se construyen los necesarios equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que están haciendo falta desde hace bastante tiempo y, cómo se logra finalmente que los poderes económicos vinculados a la minería, no rebasen la capacidad que debe tener una sociedad de controlar y regular esta actividad en función del bien común. Esto es válido para todos los estratos de la producción minera.

 Reconocer nuestras diversas racionalidades y realidades forma parte esencial del ejercicio democrático. El resultado electoral en las zonas con presencia minera debería tomarse en cuenta. Debería servir para avanzar, no para estancarnos y menos aún para correr el riesgo de retroceder. Habrá que ver cómo se desarrolla el debate en torno a la agenda minera en la segunda vuelta. 

A diferencia de otras épocas y circunstancias, en este caso un bloque de senadores, encabezados por el senador demócrata Bernie Sanders, objetaron la continuidad de esa ayuda militar dadas las graves violaciones al derecho internacional humanitario cometidas por Israel en Gaza antes, y en el Líbano antes y ahora…

Cuestionamientos

Un tema recurrente en el debate fue distinguir entre capacidades militares defensivas y ofensivas. Los partidarios de la resolución —Sanders y sus colegas— que objetaban la continuidad a ciegas de esa ayuda militar subrayaron que, si bien el derecho de Israel a la autodefensa goza de reconocimiento, el uso de determinadas armas ofensivas en zonas densamente pobladas —como Gaza— suscitaba serias preocupaciones éticas.

Pidieron que se revisara la forma en que se estructura y supervisa la ayuda militar estadounidense.

Otro argumento clave se centró en la opinión pública dentro de Estados Unidos, cada vez más adversa al involucramiento de los EE. UU. en una guerra con tantos miles de víctimas civiles. Así, varios senadores comentaron datos de encuestas y resumieron en el debate el creciente activismo de base que indicaba que un segmento creciente de la población estadounidense —en particular los votantes más jóvenes— se mostraba cada vez más en contra del apoyo incondicional a Israel. Este cambio se describió como un reflejo de preocupaciones más amplias sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Los defensores de la continuidad de la gigantesca ayuda militar de EE. UU. argumentaron que Israel se enfrenta a amenazas de seguridad legítimas y continuas, incluidas las de grupos militantes como Hamás. Desde esta perspectiva, restringir la asistencia militar podría socavar la capacidad de Israel para defenderse y podría envalentonar a sus adversarios.

Estos senadores también hicieron hincapié en la importancia estratégica de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Argumentaron que Israel es un socio clave en una región inestable y que debilitar esta relación podría tener implicaciones más amplias para los intereses de EE. UU. y la estabilidad regional. Algunos advirtieron que condicionar la ayuda podría sentar un precedente que afectaría a otras alianzas de EE. UU.

El debate también abordó el papel del Congreso en la supervisión de la venta de armas, pues tampoco era aceptable una ayuda militar a ciegas después de lo hecho por Netanyahu en Gaza y por lo que venía ocurriendo con los civiles en el Líbano. Actuar a ciegas se puso en cuestión tomando en cuenta la preocupante información pública disponible sobre lo que estaba ocurriendo.

Los partidarios de la resolución argumentaron, así, que el Congreso tiene tanto la autoridad como la responsabilidad de revisar y, cuando sea necesario, bloquear las transferencias de armas. Enmarcaron la votación como un ejercicio de responsabilidad democrática, levantando con ello un principio que no debería llamar a sorpresa en el aparato legislativo de una sociedad democrática.

El mundo está alerta

A ello se sumó un elemento adicional que complejizó aún más la discusión: la creciente presión internacional.

Diversos organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales han advertido sobre violaciones graves al derecho internacional humanitario, lo que ha contribuido a elevar el costo político de mantener una política de apoyo irrestricto y a ciegas hacia el aparato militar del cuestionado Netanyahu. Este factor ha empezado a influir no solo en el debate legislativo, sino también en la sociedad estadounidense y en la opinión pública global, generando un entorno más crítico y exigente frente a las decisiones de política exterior de Washington.

Votación final: reflejó esta división

La resolución para bloquear o condicionar las ventas de armas no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada, en gran parte debido a la oposición unificada de los republicanos y a que una minoría de demócratas votó en contra.

Aun siendo ese el resultado final, la votación reveló un cambio significativo: una amplia mayoría de senadores demócratas apoyó la medida, lo que indicaba un cambio mayoritario de postura dentro del partido.

Otro actor a ser tomado en cuenta

Aunque la resolución finalmente fracasó, su importancia política fue considerable. Supuso uno de los mayores desafíos del Congreso al irrestricto apoyo militar de EE. UU. a Israel en décadas. El debate también situó las cuestiones de los derechos humanos, la protección de la población civil y la rendición de cuentas en el primer plano de los debates sobre la política exterior estadounidense. Algo nuevo.

Todo eso dentro de un contexto en el que en la región hay un nuevo actor con notable capacidad bélica que es Irán, ingrediente nuevo —y poderoso— en ese escenario complejo. Que debiera llevar a que las conversaciones de paz sobre lo que viene ocurriendo en la región sean consistentes —no solo para la exhibición— y consideren seriamente a este nuevo componente, del cual se deriva un nuevo escenario en el que esa voz —antes ausente— debe ser tomada ahora en cuenta si se quiere, en serio, un acuerdo de paz.

¿Redefinir las reglas?

En ese sentido, el escenario futuro aparece marcado por una mayor incertidumbre, pero también por la posibilidad de redefinir las reglas del involucramiento internacional en conflictos regionales.

La discusión en el Senado ha sido algo importante, porque no solo refleja algunas de las tensiones coyunturales, sino que anticipa un debate más amplio sobre los límites del poder, la legitimidad de las intervenciones de terceros países y el peso de los valores en la política exterior estadounidense.

Divisiones ante el gran desorden bajo los cielos

A medida que avanzaba el debate, quedó claro que el Senado está profundamente dividido.

Mientras la mayoría de los senadores republicanos se opuso a la resolución que cuestionaba la continuidad de la ayuda irrestricta, el grupo demócrata mostró solidez y una variación interna significativa. En particular, un número considerable de senadores demócratas expresó su apoyo a al menos alguna forma de restricción o supervisión. La votación final reflejó esta división.

La resolución para bloquear o condicionar las ventas de armas, sin embargo, no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada, en gran parte debido a la oposición unificada de los republicanos y a que una minoría de demócratas votó en contra. Sin embargo, la votación sí puso de manifiesto un cambio significativo y trascendente: una amplia mayoría de senadores demócratas apoyó la medida, lo que indicaba una variación sustancial de postura dentro del partido.

Otro actor a ser tomado en cuenta

Aunque la resolución finalmente no se aprobó, su importancia política fue considerable. Supuso uno de los mayores desafíos desde el Congreso al irrestricto apoyo militar de EE. UU. a Israel en décadas. El debate también situó en el centro del debate las delicadas cuestiones de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la protección de la población civil y la rendición de cuentas como aspectos medulares y prioritarios en el diseño y ejecución de la política exterior estadounidense. Algo nuevo.

Todo eso dentro de un contexto en el que en la región hay un nuevo actor con notable capacidad bélica que es Irán, ingrediente nuevo en ese escenario complejo, que debiera llevar a que las conversaciones de paz sobre lo que viene ocurriendo en la región tengan que considerar seriamente a este nuevo componente, del cual se deriva un nuevo escenario en el que esa voz —antes ausente— debe ser tomada en cuenta.

Hasta el próximo 7 de junio, dos visiones políticas se van a contraponer y el electorado tendrá que escoger, por mayoría, una de ellas. Fujimori entra a la contienda con la ventaja futura de tener 22 senadores propios, mientras que Sánchez tiene solo 13. El resultado de la votación senatorial da cuenta de un congreso dividido casi en partes iguales, pero con una mayor inclinación a la derecha, por lo menos en los planteamientos económicos. Fuerza Popular y Renovación suman 30 votos, mientras que JPP, Ahora Nación y Obras suman 22. Los 8 de Buen Gobierno no le van a sumar siempre a la izquierda, ni siempre a la derecha, y sus electores no son los votantes de izquierda típicos. Pero, cuando sumen a la derecha, serán 38. ¿Esa es una radiografía de las preferencias electorales en segunda vuelta? Todo hace pensar que la competencia será tremendamente reñida para ambos.

En este punto, es necesario volver a leer los planes de gobierno. “Perú con orden” de Fuerza Popular, 138 páginas, y “Plan de Gobierno 2026-2031”, 74 páginas, tienen profundas divergencias, pero insólitamente, algunas coincidencias notables.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú parece un documento del siglo pasado. La misma cantaleta ideologizada, sin base fáctica, contra el libre mercado. Se atribuye todas las desgracias al supuesto modelo neoliberal, basado en la explotación de materias primas y una supuesta desregulación laboral. Tumbarse en un debate la omisión de todo el siglo XXI será un paseo para los fujimoristas. Ese supuesto modelo empobrecedor tiene cifras de éxito contundentes: en el año 2004 el 60% del país era pobre; 15 años después, en el 2019, la cifra era de menos de 20%. ¿Qué país no estaría orgullosísimo de su modelo económico si reduce 40 puntos de pobreza en 15 años? ¿Eso no existe? ¿Quieren volver al primer gobierno de Alan García?

El modelo que ofrece Sánchez pasa por la destrucción del corazón del capítulo económico de la Constitución. Ninguna seguridad jurídica, ninguna estabilidad tributaria y el regreso al estatismo de la propiedad bajo una supuesta “economía mixta” que no es más que un eufemismo para meter al Estado de empresario, con las consecuencias catastróficas que ya vivimos en la dictadura militar de los setenta. Un regreso al pasado, sin ninguna esperanza de futuro para los más pobres. Es decir, el hambre. Tampoco hay que ser un científico para entender que la madre de la informalidad peruana es la rigidez laboral. ¿Cuál desregulación laboral? Hace años que repiten como loros desde la izquierda y ninguno explica por qué, si supuestamente todo anda tan desregulado, la gran mayoría de trabajadores no están en una planilla.

El plan de gobierno de Keiko Fujimori se basa en tres pilares: orden, economía y social. Lamentablemente podría leerse como autoritarismo, mercantilismo y asistencialismo clientelar. Hace muy bien en fijar dos parámetros fundamentales para la prosperidad futura del Perú. Primero, garantizar la independencia del BCR y el respeto a los contratos. Segundo, sostener el déficit fiscal en 1% del PBI al 2031. Si solo se cumplieran estas dos promesas, sería de inmenso alivio.

Sin embargo, pronto se desarman las buenas intenciones. En materia de orden, no hay ninguna indicación de la derogatoria de las leyes procrimen (“una falsa narrativa” dijo Fujimori en campaña) ni nada que indique otra cosa que no sea más de lo mismo; eso sí, con mucho más gasto público. Difiere con Sánchez en que este sí propone expresamente la derogatoria, pero al igual que Fuerza Popular, no hay una idea novedosa en materia de seguridad ciudadana.

El problema más grave del plan de Keiko Fujimori es el asistencialismo y el mercantilismo respecto a todos los sectores productivos que enumera. Para todos hay algún regalito. El problema está en que, cuando escoges ganadores, irremediablemente escoges perdedores. La tributación tiene que ser lo más neutral posible, imponiendo iguales tributos en iguales circunstancias. Además de la reducción de recaudación, trae un programa social muy parecido al de Sánchez, en que ambos hacen diagnósticos similares (no es novedad que la educación y la salud se caen a pedazos) y ofrecen el sol y la luna a la par. Donde parecía que no habría coincidencia alguna, pues vaya que la hay. En efecto, ambos prometen que “las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón”.

En la parte final de su plan, Fuerza Popular tiene la cortesía de contarnos cómo hará para gastar todo eso y tener un déficit fiscal de 1% (a JPP no le interesa ni contarlo, ni las metas fiscales). Así, a punta de Alianzas Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), el país crecerá 5% el 2027 y el 2028; y al 6% el 2030 y el 2031. ¿Cómo proyectan ese crecimiento si para este año ellos mismos afirman que será de 3,5%? Ni una palabra. Así, qué bonito es ofrecer y fácil es decepcionar.

Hay, pues, mucho para leer y para pensar. Pero ambos tienen que inclinarse a los centros en otros temas que pueden jalar o disuadir al elector. Por ejemplo, Sánchez se presenta como más abierto a la agenda de derechos de las mujeres y Fujimori como mucho más conservadora. El voto, en primera vuelta, parece haber abandonado a los fariseos y sepulcros blanqueados. Fujimori tal vez revise su “narrativa” después de la enmendada que le dio su propia hija. De otro lado, voceros de Sánchez ya descartan la Asamblea Constituyente o las modificaciones a la Constitución por una razón política real: no tienen, y no tendrán en 5 años, los votos.

Fujimori necesita ser más humana, más empática y caer menos en la demagogia. Se teme que, entrando, no se vaya nunca como su padre. Como él, su relación con las fuerzas armadas y su poco talante democrático son de temer. Si quiere superar su mayoritario antivoto, probado tres veces, tiene que escuchar y rectificar. Su fraudismo del pasado tiene que quedar muy atrás. Cualquier atisbo de piconería la liquida porque le daría a Sánchez una votación mayor. A nadie le gustan los malos perdedores. Del otro lado, Sánchez, con su programa económico, espanta con horror a todos los centros. Como lo hizo Humala el 2011 o Castillo (abandonando a Cerrón) en el 2021, tiene que tirar para el centro, con gestos como garantizar la permanencia de Julio Velarde o desechar las ideas centrales de su propuesta. Si no lo hace, Keiko Fujimori puede tener una ajustada victoria, por primera vez.

Una línea final sobre la primera vuelta. Mi agradecimiento a Piero Corvetto. Su ilegal renuncia, luego de un linchamiento mediático y una absurda persecución policial y fiscal, da cuenta de su inmensa honorabilidad. Le tendieron una emboscada (cada vez con más evidencia), sobredimensionaron los hechos y nos inundaron de fake news porque uno de los perdedores mostró su verdadera cara: la del matón. Corvetto hizo algo que hace mucho tiempo no se ve: se sacrificó a sí mismo, con brutal costo para él y su familia, para salvar el proceso, y lo salvó. Pocos peruanos han mostrado tanto heroísmo para salvar el voto de todos. Para lo poco que le pueda servir mi opinión, muchas gracias.

No obstante, la fragmentación política no es, por sí misma, una garantía de deliberación democrática. Puede ser, por el contrario, la antesala de la parálisis o del intercambio oportunista, tal y como se ha desarrollado el pacto corrupto en el Legislativo estos últimos cinco años, si no se construyen acuerdos que piensen en el país y sus ciudadanos.

Las principales fuerzas que alcanzarían un escaño, por sí solos, carecen de la fuerza suficiente para imponer una agenda propia.

Pero, el problema se agrava más al saber que el país enfrenta una situación fiscal cada vez más frágil. La deuda pública neta ha crecido de manera significativa en los últimos años y, más preocupante aún, el propio Congreso ha aprobado normas con un alto costo fiscal sin garantizar su sostenibilidad. Solo en marzo, de acuerdo con el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas han comprometido miles de millones de soles anuales.

Por eso es de vital importancia que los virtuales senadores electos sepan que su acción no puede insistir en repartos precarios solo pensando en el corto plazo. Construir consensos responsables implica, en primer lugar, reconocer los límites fiscales del país y legislar en función de ellos. Implica también priorizar reformas que fortalezcan la institucionalidad, en lugar de debilitarla con medidas populistas, por ejemplo, impulsando la derogación de las leyes procrimen.

El Perú necesita legisladores que entiendan de una vez por todas la magnitud del momento. La combinación de fragmentación política y deterioro fiscales especialmente peligrosa: limita de por si la capacidad de acción del Estado y amplifica sus errores. Si el Senado reproduce las prácticas que han llevado al país a esta situación, no será un contrapeso, sino un acelerador de la crisis.

En ese terreno se ubica la conducta de Rafael López Aliaga, quien, a pesar de perfilarse como virtual senador electo por su organización política, Renovación Popular, insiste en sostener denuncias de fraude sin ningún tipo de evidencia, mientras despotrica contra la prensa y los organismos electorales. Se trata de una narrativa que busca socavar la credibilidad del sistema cuando los resultados no se ajustan a determinadas expectativas. Lo vimos en 2016 y 2021 con Keiko Fujimori. Hoy lo observamos con el renunciado exalcalde de Lima.

La secuencia es conocida y peligrosa. Primero se siembra la duda, luego se exige la excepcionalidad, finalmente se pretende deslegitimar el resultado. No hay aquí un debate serio sobre irregularidades verificables, sino una estrategia para abrir por la vía política lo que no se ha podido sostener por la vía probatoria.

El argumento de las “elecciones complementarias” ha sido utilizado como un atajo para reabrir etapas ya cerradas del proceso. Y, ante ello, es importante subrayar que las incidencias registradas, que han sido excesivas, durante la jornada electoral fueron atendidas dentro del marco legal, con medidas extraordinarias que buscaron asegurar el ejercicio del derecho al voto. Ello no exime de responsabilidad a quienes debieron cumplir con su trabajo, según la ley que los regula.

Por eso, el llamado a la calma y a la responsabilidad debe leerse como una señal de alerta. La política tiene el deber de encauzar el conflicto dentro de las reglas, no de dinamitarlo desde fuera. Y quienes aspiran a gobernar no pueden, al mismo tiempo, desconocer el mecanismo que les permitiría hacerlo legítimamente.

El JNE ha hecho lo que le corresponde: defender la legalidad, cerrar espacios a la manipulación y garantizar que el proceso siga su curso. Ahora le corresponde al sistema político estar a la altura.