Cuando el bus llegó al final de su ruta, en el pueblo de Soras, 117 personas habían sido asesinadas. Era la mayor masacre que Sendero Luminoso cometería en toda su historia de terror, planificada por Abimael Guzmán y ejecutada por Víctor Quispe Palomino, alias camarada José, quien décadas después seguiría operando en el VRAEM como líder de los remanentes senderistas.

Lo que hace a Soras especialmente doloroso es el motivo de la masacre. Las comunidades de la cuenca del río Chicha no eran aliadas del senderismo sino todo lo contrario. A finales de 1983, 25 comunidades campesinas de las provincias de Sucre y Lucanas habían formado una alianza para resistir la opresión terrorista senderista, y Soras fue uno de los primeros distritos en oponerse a su ideología. La represalia fue la masacre. Sendero Luminoso mató a quienes se atrevieron a resistirlo, usando como arma el mismo bus que debía llevarlos a casa.

Cuarenta y dos años después, el caso sigue en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho bajo el expediente 192-2007 y sin sentencia condenatoria. Las familias de las 117 víctimas llevan cuatro décadas esperando que el Estado peruano complete lo que inició. Muchos de los 39 cuerpos identificados y devueltos a sus familias pudieron tener un entierro digno gracias al trabajo del Equipo Forense Especializado, pero más de medio centenar de víctimas siguen sin ser ubicadas.

Por ello, la memoria de Soras exige una sola cosa: que el Estado que tardó cuatro décadas en avanzar hacia la justicia no se detenga ahora. Y para que ello suceda, debe existir el compromiso del gobierno entrante en mantener las acciones de búsqueda de desaparecidos como política estatal.

Este artículo es entregado al periódico antes de conocerse los resultados del flash electoral. Sin embargo, a estas alturas es claro que cualquiera que resulte elegido(a) lo será por un margen que quizá no alcance siquiera el 1%. Por otro lado, esos resultados tampoco significan que quien sea proclamado cuente con más del 50% del respaldo ciudadano: la mayoría, más del 70%, ni siquiera optó por alguna de las dos opciones que pasaron a la segunda vuelta. De modo que me gustaría, en esta ocasión, hacer un ejercicio bajo el “velo de la ignorancia” sobre quien sea el próximo presidente(a), al dirigirle algunas peticiones a nombre de quienes hemos votado sin expectativas e, incluso, con fundados temores sobre el futuro de nuestro país.

La primera petición para ambos sería que reconozcan los resultados. Que sean capaces de estrecharse las manos y desearle éxitos en el ejercicio de la Presidencia a quien resulte ganador(a). La crisis que vivimos, el desprestigio del sistema democrático ante el mundo y la vergüenza que muchas veces pasamos al dar cuenta de que hemos tenido 8 presidentes en los últimos 10 años tienen mucho que ver con la falta de liderazgo y madurez de las agrupaciones que no aceptan los resultados electorales y, al día siguiente de las elecciones, inician una cruzada para derrocar al presidente recién elegido. El reconocimiento de los resultados electorales es el primer síntoma de madurez institucional en una contienda electoral.

La segunda petición que cualquier ciudadano razonable haría, esta vez a quien resulte ganador(a), es que asuma los resultados con la modestia del momento. No hay nada grande que celebrar y sí mucho que apaciguar y contener. Ojalá que el momento de júbilo, inevitable y desde luego justificado, se entremezclara con la empatía por quienes no lo votaron, incluso por quienes creen que es una opción peligrosa. El liderazgo del vencedor se pone a prueba en el mensaje que haya sido capaz de reflexionar con antelación para quienes, estando al frente, lo observan con desazón e incluso con intriga en estos momentos. Este es un país dividido no solo en los ánimos electorales: somos un país profundamente fraccionado, pero también somos un país alegre y de felicidad sencilla, como decía Arguedas.

Cualquiera que gane las elecciones tiene que ser consciente de que existe temor en gran parte del electorado. Es un temor real. En caso de que resultara elegida la señora Fujimori, existe el temor cierto de que las instituciones sean controladas y no funcionen con independencia. Que el centro del poder se traslade ahora a la casa de Pizarro para, desde ahí, avasallar y someter a cualquier institución a la que la Constitución le haya confiado el control o la limitación del poder. Que sus congresistas no sientan este respaldo ciudadano, aunque ajustado, como si fuera una orden para “arrasar” con el Poder Judicial, como ha anunciado irresponsablemente el señor Rospigliosi, reelegido para el próximo Congreso bicameral.

Si quien ganara fuera el señor Sánchez, los temores no son menores. El temor de que pusiera en el centro de las prioridades una asamblea constituyente sobre la que no existen consensos ni siquiera entre sus propios promotores. El desatino de que le confiriera poder y protagonismo en su gobierno a personajes tan cuestionados como el señor Antauro, cuya agrupación política fue, con abundantes argumentos, declarada como organización ilegal en la única decisión de esta naturaleza dictada en su historia por la Corte Suprema. El temor de que su gobierno fuera pronto capturado por la ineptitud, la improvisación y el populismo que suele conducir al desborde inflacionario y al descontrol del gasto fiscal. El temor, en fin, de que sea incapaz de maniobrar con una oposición que no le dará tregua desde el primer día.

Todos estos son temores que, lamentablemente, tienen respaldo. En el caso del fujimorismo, por una sucesión de hechos concretos en los que la práctica autoritaria ha sido parte de su itinerario en el ejercicio del poder público; y, en el caso de los grupos de izquierda que respaldan al señor Sánchez, por su improvisación y el discurso contradictorio entre la primera y segunda vuelta, que, por más que haya sido presentado como parte de “consensos” en busca de un programa razonable, genera inevitablemente incertidumbre y dudas que tendrá que apartar en sus primeros actos.

Un pedido adicional a los medios de comunicación. Una campaña electoral no solo pone a prueba a las instituciones del Estado encargadas de conducir con pulcritud un proceso hasta la proclamación de los vencedores. La democracia se sostiene en gran medida en la opinión pública. El discurso público en tiempos de elecciones se construye a partir de un complejo escenario de interacción entre las vocerías de los partidos políticos, los líderes, los técnicos que evalúan las propuestas de las campañas, los estrategas de la publicidad que orientan los mensajes de cierta manera y en cierta dirección y, desde luego, los editorialistas, los conductores de programas de televisión y radio. En un país donde todavía los índices de analfabetismo son altos, la información que hacen circular los medios resulta fundamental. Este proceso electoral nos ha mostrado, una vez más, un activismo desmesurado y una implicación directa de periodistas y medios que se han puesto a disposición de una de las candidaturas.

La hermenéutica del miedo, donde el discurso fluye en una sola dirección y donde la democracia pareciera que solo tiene una salida posible, solo muestra los desequilibrios que también existen en el acceso a información objetiva e imparcial. Muchos de aquellos periodistas que se han jugado por una de las opciones tendrán que reflexionar sobre su credibilidad en los próximos años. No hay democracia sin libertad de expresión, es verdad, pero la calidad de la democracia será precaria ahí donde la prensa no valore su independencia y el rigor de su trabajo.  El proceso electoral es también un baremo para medir la calidad de la prensa y el periodismo y, en este proceso, no han estado a la altura de las circunstancias.

El ballottage, de origen francés, comenzó a utilizarse en el Segundo Imperio de Napoleón III (1852) y se consolidó con la Constitución de la V República de 1958. Como lo advertía Hauriou en su Derecho constitucional e instituciones políticas (Ariel, 1980), sin un umbral mínimo de adhesión popular, la representación degenera en una ficción: el representante habla en nombre del pueblo, pero el pueblo no lo reconoce como su auténtico representante. Duverger, por su parte, sostenía que la segunda vuelta presidencial, trasplantada a sistemas con representación proporcional, refuerza la legitimidad del Ejecutivo, pero a costa de debilitar al Legislativo, que resulta fragmentado de manera indefectible. Quizá por ello, en Francia la segunda vuelta se aplica tanto a las elecciones presidenciales como a las legislativas y regionales.

Para la Asamblea Nacional francesa, un candidato que recibe mayoría absoluta de votos válidos y un total superior al 25% del electorado registrado es elegido en primera vuelta. Si nadie alcanza ese umbral, se celebra una segunda vuelta entre todos los candidatos que hayan obtenido más del 12,5% de los electores registrados, o los dos más votados, si ninguno lo alcanza. El candidato que obtiene más votos en la segunda vuelta resulta elegido.

Como ocurre con otras instituciones del derecho comparado, el ballottage francés se ha expandido de manera parcial. Numerosos países han adoptado la segunda vuelta, pero únicamente para la elección del presidente, dejando de lado esa misma exigencia cuando se trata de las cámaras legislativas. El argumento es simple: la segunda vuelta garantiza que el presidente cuente con una mayoría de votos suficiente para gobernar con legitimidad de origen. Lo que se olvida es que esa misma preocupación debería aplicarse, incluso con mayor razón, a los parlamentos: el poder de la representación, por excelencia.

La segunda vuelta no premia al más votado: consagra al menos rechazado. Y el ganador llega al poder sin margen de maniobra, en un presidencialismo disfuncional dominado por mayorías parlamentarias.

En el caso peruano, un dato revelador recorre la historia de las segundas vueltas presidenciales: ganar en primera vuelta no garantiza el mismo resultado en la segunda. En 2006, Humala encabezó la primera ronda con el 30,6% y la perdió frente a García, que había obtenido solo el 24,3%. En 2016, Keiko Fujimori rozó el 40%, pero fue derrotada por Kuczynski con un margen mínimo: 50,12% contra 49,88%. La segunda vuelta no premia al más votado; consagra al menos rechazado. Y el ganador de ese balotaje, especialmente en contextos de creciente fragmentación política, llega al poder sin margen de maniobra y debe negociar todo con los grupos que se instalan en el Congreso. Esa dinámica ha convertido el modelo presidencial —al que se supone que la segunda vuelta debe fortalecer— en una forma de presidencialismo disfuncional, dominado por las mayorías parlamentarias y estructuralmente incapaz de producir estabilidad.

¿Y si extendemos la segunda vuelta también al Congreso?

Las elecciones del 12 de abril de 2026 restauraron la bicameralidad en el Perú por primera vez desde 1993. Se trata de una reforma discutible: aunque cuenta con respaldo académico, fue rechazada por amplia mayoría en referéndum. A ello deben sumarse ahora los resultados electorales, que muestran que la legitimidad del Senado y la Cámara de Diputados sigue siendo estructuralmente débil y que el sistema requiere una corrección urgente.

Las cifras son elocuentes. En el Senado, una buena cantidad de senadores han sido elegidos en las regiones sin alcanzar ni el 2% del padrón electoral respectivo. En el caso de Amazonas, el senador elegido alcanza solo el 1,11% del padrón, porque Juntos por el Perú, que en esa región obtuvo más de 82.000 votos de ventaja en la elección presidencial, no presentó candidato al Senado regional y dejó el escaño vacante por negligencia de la agrupación política que claramente tenía la preferencia del electorado. Un senador que llega al Parlamento por el vacío dejado por su principal rival no representa al electorado: en cualquier caso, representa la negligencia de su contrincante. No es un caso aislado: ninguno de los cinco senadores menos votados del nuevo Congreso supera el 1,69% del electorado hábil de su circunscripción.

En la Cámara de Diputados, el déficit es igualmente dramático: Ana Luisa Yuffra Lugo (Loreto, FP) fue elegida con 890 votos, el 0,11% del padrón loretano; Mery Infantes Castañeda (Amazonas, FP), con 1.181; y María Candelaria Ramos Rosales (Tumbes, FP), con 1.006. Ninguno de los 10 diputados menos votados del nuevo Congreso supera los 3.000 votos.

Frente a este panorama, resultaría razonable extender la segunda vuelta a las elecciones parlamentarias. En primera vuelta, solo resultarían electos quienes hubieran obtenido al menos el 20% del electorado habilitado para votar en su circunscripción. De no alcanzarse ese umbral, los dos candidatos más votados disputarían una segunda vuelta. En todo caso, al menos un tercio del Senado y de la Cámara de Diputados podría quedar reservado para esa segunda ronda. Por esta vía, no solo la legitimidad del presidente podría reforzarse de cara a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la estabilidad política de su gobierno también podría asegurarse, en la medida en que quien gane en segunda vuelta podría arrastrar votos de respaldo también al Congreso.

La historia peruana de las segundas vueltas presidenciales es, en buena medida, la historia de elecciones en las que los ciudadanos no eligieron al mejor candidato, sino que descartaron al peor. Un presidente elegido por descarte carga desde el primer día con un déficit de legitimidad que ningún porcentaje puede compensar.

La restauración del Senado en 2026, sin haber corregido previamente el sistema electoral ni la estructura de las circunscripciones, agrava el problema de fondo. Un Senado con respaldos ciudadanos que no alcanzan al 2% difícilmente puede llamarse representativo de alguna circunscripción. Antes que resolver el problema, la segunda cámara puede profundizar la crisis que hoy se percibe. Como enseñaba Hauriou, la legitimidad de la representación no es una ficción que pueda validarse invocando alguna norma del sistema electoral: requiere votos concretos y reales. Si aceptamos ese principio para elegir presidentes, no hay razón coherente para negarlo al elegir legisladores.

En nuestro país, el diseño constitucional para el control de las leyes es compartido entre el Tribunal Constitucional (TC) y el sistema judicial en todas sus instancias. Tanto los jueces del Poder Judicial, en todo tipo de proceso, como el propio TC, pueden establecer que determinada ley resulta incompatible con los valores, principios o derechos reconocidos en la Constitución. Esto es lo que popularmente se conoce como el control difuso de constitucionalidad y tiene lugar en las decisiones de casos concretos: penales, civiles, laborales, etc. Pero también puede ocurrir en un proceso de Amparo o Hábeas Corpus que llegue hasta el TC. Por eso no es inexacto sostener que el control difuso también corresponde al TC en los procesos de protección de derechos.

No obstante, el camino más directo y con efectos generales para declarar la inconstitucionalidad de las leyes solo corresponde al TC a través del proceso de inconstitucionalidad. A diferencia del control difuso, que inhabilita la aplicación de la ley para un caso puntual, el control concentrado incide directamente en la validez de la ley e impide que pueda ser invocada en cualquier caso, pasado o futuro.

Pese a que este modelo compartido es frecuente en el derecho comparado y no suele generar mayores tensiones, en los últimos años algunos casos vinculados a la defensa de los derechos humanos han puesto bajo la mirada el diálogo entre Poder Judicial y TC.  Algunas leyes que ha dado el congreso para evitar o frustrar el juzgamiento de policías y militares involucrados en casos de graves violaciones a los derechos humanos, han sido llevadas ante el TC a través del proceso de inconstitucionalidad sin lograr un pronunciamiento estimatorio. Este es el caso de la Ley 32107 en el que el Tribunal respondió con argumentos dispersos: tres votos se pronunciaron por declararla inconstitucional, mientras que cuatro magistrados argumentaron que era constitucional, aunque con argumentos dispares. Incluso uno de ellos, consciente que los argumentos de la mayoría resultaban contradictorios con la jurisprudencia previa del TC, escribió en solitario que:  “el criterio jurisprudencial contenido en la STC 00024-2010-PI/TC, respecto de la citada declaración, no podrá ser utilizado como parámetro de análisis de lo dispuesto en la Ley 32107, ni podrá ser aplicado a ningún caso concreto” (Mag. Hernández, fund. 16).

No obstante, en el sistema judicial existen aún varios casos que esperan una decisión definitiva. Uno de ellos ha merecido recientemente una decisión de la Sala Suprema que preside el destacado Juez Víctor Prado Saldarriaga (RECURSO DE NULIDAD N.° 948-2023-CSNJ/PE). Se trata de un caso documentado por la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de campesinos capturados por el Ejército y conducidos a la Base Militar Contrasubversiva de Santa Rosa (Abancay) “con los ojos vendados y liadas las manos, en vehículos del Ejército y otros a pie”. Muchos fueron desaparecidos y otros ejecutados extrajudicialmente; sus cuerpos depositados en fosas clandestinas ubicadas años después en el poblado de Capayaque.

Cerca de cumplirse 40 años de aquellos hechos atroces, las víctimas no han encontrado justicia y, al contrario, una serie de interferencias —incluida esta ley— pretende imponer la prescripción por sobre la exigencia de justicia y el derecho a la verdad.

En su decisión, la Corte Suprema hace un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del propio TC sobre el derecho a la verdad y la obligación del Estado de no interferir en el acceso de las víctimas a la justicia. “En ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad”, la Sala Suprema inaplica al caso la Ley 32107, reconociendo la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como norma de ius cogens y garantizando “el derecho a la verdad, la tutela de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano” (fundamento 39).

El diálogo entre la Corte Suprema y el TC para optimizar la defensa de los derechos humanos fortalece la institución de la jurisprudencia. En un sistema en el que el control constitucional es compartido, la interpretación de la Constitución amplía sus horizontes con miradas y perspectivas que se complementan. Cuando debe dialogar también con el derecho internacional de los derechos humanos, ese diálogo se intensifica. Por eso hay que denunciar como un grave atentado a la independencia judicial el que ese diálogo sea interrumpido con procesos disciplinarios o acusaciones constitucionales que amenazan con la suspensión o inhabilitación política de los jueces, como ocurre en este caso con una denuncia que se viene tramitando ante la Junta Nacional de Justicia.

Cuando jueces independientes son amenazados por garantizar los derechos humanos de las víctimas de graves violaciones, lo mínimo que corresponde a la comunidad jurídica democrática es el más enérgico rechazo y protesta frente a esos actos. Sin embargo, el anuncio de un eventual procesamiento a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema que inaplicó la ley 32107 es también una amenaza al sistema del control constitucional que tiene en el Poder Judicial un punto de garantía de especial relevancia en la actual coyuntura.

Desde Aristóteles, hay registros sobre la preocupación por el gobierno de los bienes que nos incumben a todos. El interés por los denominados “bienes comunes” ha estado presente en distintos momentos y con contenidos crecientes. En la literatura especializada se habla de la cornucopia de los bienes comunes para hacer referencia al creciente incremento de bienes comunes ya no solo naturales sino también sociales, culturales, artificiales, etc.  En el Libro II de las Instituciones de Justiniano, hay un pasaje memorable que define “por derecho natural” como bienes comunes al “aire, el agua corriente y el mar, y, por lo mismo, las riberas del mar”. Junto a los bienes comunes de dominio de todos —res communes omnium— también se señalan a los llamados res republicae que eran las cosas o bienes públicos del pueblo romano.

El interés contemporáneo creciente por los bienes comunes parece estar motivado, entre otros factores, por la grave amenaza al ecosistema por parte de las grandes industrias a nivel global. El riesgo de que pronto nos falten los bienes que en otro tiempo parecían inacabables como el agua o el aire, es hoy una preocupación que genera alarma en todo el planeta. Pero también, si pensamos más recientemente, la pandemia del COVID-19 nos despertó de nuestra pasividad y nos mostró lo vulnerables que somos y que, si no tuviéramos acceso a bienes como una vacuna o un microscopio, un virus puede diezmar la humanidad en pleno siglo XXI. Los especialistas han reflexionado y hay quienes afirman que las medicinas que salvan vidas son también bien comunes. El conocimiento y la ciencia al servicio de la humanidad son bienes comunes fundamentales, como los ha catalogado el profesor Luigi Ferrajoli.  

La lista crece. La universidad es un bien común que gestiona el conocimiento, así como la ciencia y la investigación. Los servicios públicos no solo como el agua, sino también la energía, el internet, los medios que forman la opinión pública, etc., tienen que asumirse como bienes cuyos fines se orientan por el bien común. Los bienes comunes no tienen necesariamente que gestionarse como bienes públicos o exclusivamente desde el Estado. Aunque tampoco debemos caer en la falacia neoliberal que suele desdeñar toda gestión colectiva o comunitaria de los bienes comunes presentando la gestión privatizada como la única salvación frente a la “tragedia de los comunes”. Este fue el mérito de Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía en el año 2009, que refutó “la creencia tradicional de que los bienes comunes son mejor gestionados por autoridades centrales o regulados mediante derechos de propiedad privados”. Ostrom puso en evidencia que el gobierno cooperativo de la comunidad puede racionalizar el uso y gestión de caminos, bosques, ríos o pastizales, y que los bienes comunes son mejor preservados cuando hay conciencia de que se trata de bienes compartidos.  

Cuando vemos que la Municipalidad de Lima ha sido incapaz de gestionar la única “vía de evitamiento” que atraviesa la ciudad de sur a norte y cuya concesión ha comprometido a más de una gestión municipal en actos de corrupción; cuando vemos que los caminos del Perú están lotizados y entregados a concesiones con peajes que no siempre se condicen con los servicios que se prestan; cuando incluso el mar ha sido dado en concesión para puertos estratégicos o para la pesca a gran escala; o cuando los servicios más esenciales están todos en manos de empresas de las que depende el acceso a servicios esenciales como el internet, las comunicaciones, el gas, el transporte, para no hablar de los derechos sociales, como la salud o la seguridad social; en todos estos contextos, habría que reflexionar si la gestión de tales bienes y servicios se está haciendo con el enfoque adecuado y asumiendo que se trata de bienes comunes o de servicios esenciales para la vida y la conveniencia social. 

Pensar el gobierno desde la perspectiva del bien común supone alejar del poder a los intereses egoístas de empresarios formales e informales, así como también de otros intereses que incluyen la criminalidad, para quienes la captura del Estado y las instancias del gobierno significa simplemente facilitar los negocios privados o, peor aún, controlar instituciones alejándolas de sus fines para los que han sido creadas. Hoy en día, en cada instancia del gobierno, ya no se encuentran gestores del bien común, sino redes de intereses que se tejen desde las campañas electorales; campañas que, como se ha demostrado en más de una ocasión, son financiadas con dinero que no se transparenta y que son la antesala del gobierno de los intereses en detrimento de la democracia del bien común. 

Recuperar la democracia y sus instituciones —hoy en gran medida capturada por intereses oscuros— y ponerla al servicio del bien común, tiene que ser un objetivo colectivo de las próximas elecciones. Es urgente recuperar el sentido originario de la democracia como gobierno de los bienes comunes o como gobierno al servicio del bien común. Desde el Congreso de la República, los partidos políticos y cada una de las instituciones que se han diseñado en la Constitución tienen un cometido orientado hacia el bien común. El colapso de estas instituciones, en gran medida, tiene que ver con que hayan sido copadas por intereses: si el Congreso emite leyes a favor del crimen —aunque las campañas del gobierno las quieren negar—; si el Ministerio Público solo persigue a quienes no tienen protección; si el Poder Judicial no es riguroso al condenar con pruebas; o si la Junta Nacional de Justicia no elige a los mejores y se deja influenciar por intereses; entonces, en todos estos escenarios, la democracia del bien común está siendo postergada y están triunfando los intereses de grupos o de facciones.

El último sábado participé en un coloquio convocado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la segunda vuelta y el constitucionalismo. Aquí resumo algunas de las ideas que compartí: la segunda vuelta no reporta mayor legitimidad ni mayor consenso para el ganador. Al contrario, al menos en el escenario peruano de los últimos procesos, exhibe un peligroso campo de polarización e injusticias que las elecciones no logran resolver.

Una elección es justa cuando todos los candidatos compiten en condiciones equivalentes de acceso a la deliberación pública, cuando los electores reciben información veraz y equilibrada, y cuando el resultado expresa preferencias auténticas y no miedos inducidos. Medida con esos criterios, la segunda vuelta peruana —especialmente las de 2021 y 2026— no supera el examen: es, antes bien, la plataforma donde esos problemas escalan.

El campo de juego desigual

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en su declaración preliminar del último 9 de junio, lo documentó con preocupante claridad: los medios estatales mantuvieron una cobertura "neutral y equilibrada, mientras que la de la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú". Según documentaron, diarios como El Comercio, Perú21, Correo y Trome dedicaron más del doble de espacio a Sánchez que a su rival, predominantemente con tono negativo. Se difundieron asociaciones con el terrorismo, la minería ilegal, el financiamiento irregular y figuras políticas controvertidas. La incidencia de aquella campaña demoledora caló con mayor fuerza en los centros urbanos y, sobre todo, en Lima.

Una elección en la que los medios de mayor circulación alinean sistemáticamente su cobertura en una sola dirección no es una elección libre en sentido sustantivo. Puede serlo en sentido formal —nadie prohíbe votar—, pero la libertad de elección no se satisface con la libertad de marcar una cédula: requiere que ese voto esté informado. La MOE UE lo formuló con precisión: esa cobertura desequilibrada socavó "el derecho al voto informado". La injusticia no estaba en las urnas, sino en las estructuras del poder de las comunicaciones.

El racismo como arma electoral

La segunda vuelta no solo desnudó la asimetría mediática. Activó, con una eficacia perturbadora, los males estructurales que el Perú arrastra sin haberse atrevido a confrontarlos. La MOE UE documenta que "los casos de racismo y discriminación por motivos de género, origen étnico y clase social, presentes en el discurso de ambas partes, no encontraron respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes". El discurso hostil, precisa el informe, "fue dirigido principalmente contra la fórmula presidencial de Juntos por el Perú".

No es la primera vez. En 2021, el informe final de la MEE UE registraba que el 43% de los anuncios activos en redes sociales el día del ballotage contenían mensajes de miedo sobre el comunismo o la amenaza de una catástrofe económica si se votaba en contra del establishment. El terruqueo —asociación del candidato andino con el terrorismo— no es espontaneidad de las redes: es una estrategia probada y refinada en cada ciclo electoral.

Lo que la segunda vuelta hace es proveer el escenario óptimo para esa estrategia. La radicalización obligatoria entre dos polos amplifica los mecanismos de exclusión que en una primera vuelta más fragmentada tendrían menos oxígeno. El miedo es más eficaz cuando solo hay dos opciones.

El establishment y la trampa de la segunda vuelta

El politólogo Arend Lijphart sostenía que los sistemas que fuerzan consenso producen democracias más estables y legítimas ('Modelos de democracia', Yale, 1999). La segunda vuelta fue pensada como mecanismo de búsqueda del centro: obligaría al ganador a ampliar su coalición y sumar a quienes no lo eligieron en primera instancia. La realidad peruana invierte esa promesa: la segunda vuelta ha sido el escenario en que el poder establecido —concentrado en los medios capitalinos, en los gremios empresariales, en sectores políticos instalados en el Congreso— ha encontrado su instrumento más eficaz de veto ante cualquier candidato que cuestione el orden vigente.

Lo que llaman "estabilidad" u "orden" es, en realidad, la continuidad de un modelo de exclusión y centralismo. Y lo que llaman "comunismo" o "caos" suele ser la irrupción de una representación política del interior que Lima no controla ni comprende, y que exige desde hace tiempo cambios en las políticas que la excluyen.

Buscando alternativas

No se trata de suprimir la segunda vuelta. Se trata de reformarla para que deje de ser un mecanismo que premia la demolición del adversario por encima del debate de ideas. Dos correcciones son urgentes:

La primera: ningún candidato debería poder acceder al ballotage con menos del 20% de los votos válidos. La fragmentación extrema de la primera vuelta —que en 2021 permitió a Castillo pasar con el 19% y a Fujimori con el 13%— convierte la segunda vuelta en el duelo entre dos minorías que el sistema infla artificialmente hasta la mitad del electorado.

La segunda: recuperar la sabiduría de la propia Constitución de 1979, que para las elecciones de 1980 establecía que podían ser proclamados vencedores los candidatos que alcanzaran "la votación más alta, siempre que esta no sea inferior al treinta y seis por ciento del total de votos válidos". Un tercio del electorado en primera vuelta como condición suficiente de gobierno. Esa fórmula reconocía algo que la teoría de la mayoría absoluta olvida: que la legitimidad no es un porcentaje, sino la capacidad de gobernar con un mandato auténtico.

El constitucionalismo, en su versión más exigente, es una promesa de igualdad real en la participación política. Mientras las condiciones materiales de la deliberación sigan siendo tan desiguales como lo documenta la MOE UE, la segunda vuelta seguirá siendo, entre nosotros, una estrategia para impedir cualquier intento de cambio del estatus quo.

El Perú inicia un nuevo ciclo político en medio de una legítima preocupación por la democracia. No se trata de una oposición anticipada, sino de una alerta sobre la experiencia de los últimos años: instituciones debilitadas, retrocesos en políticas de igualdad y una forma de ejercer el poder desde los intereses privados antes que desde el bien común. Frente a ello, el desafío no es solo vigilar, sino también construir.

Con esa convicción, Las Tejedoras organizaron un encuentro con senadoras y diputadas electas de fuerzas democráticas comprometidas con el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad y el respeto a la diversidad. La convocatoria reunió a mujeres que, desde distintas organizaciones políticas, compartimos principios esenciales para fortalecer nuestra democracia.

Hoy el reto ya no es únicamente que más mujeres lleguen a los espacios de decisión. Necesitamos una representación sustantiva: liderazgos que ejerzan el poder con integridad, defiendan los derechos y mantengan un vínculo permanente con la ciudadanía.

Muchas mujeres llegamos a la política después de conciliar responsabilidades de cuidado y trabajo, enfrentando barreras y abriéndonos paso en espacios políticos. Esa experiencia enriquece la vida pública con mayor capacidad de escucha, diálogo y construcción de acuerdos.

Pero el diálogo también tiene límites. No todo vale. Los acuerdos solo fortalecen la democracia cuando se sostienen sobre principios. La corrupción, el abuso del poder y el debilitamiento institucional nunca pueden ser el precio de una mayoría.

El mayor aprendizaje que me deja esta etapa, y que compartí con las nuevas parlamentarias, es que el Perú necesita una nueva cultura política: entender el poder como servicio, valorar la ética tanto como la eficacia y mantener siempre vivo el vínculo con la ciudadanía. Ese es el tejido democrático que el país necesita reconstruir.

El problema de fondo es que López Aliaga convirtió esos errores puntuales en el argumento central de una pantomima. Denunció fraude sin presentar pruebas, ofreció S/20,000 por información de irregularidades, exigió la detención del jefe de la ONPE y amenazó con desaparecer tanto a la ONPE como al JNE.

Semanas más tarde, cuando fue proclamado senador electo, anunció que no asumiría el cargo porque hacerlo implicaría avalar ese supuesto fraude. Esa misma lógica, la de no juramentar como forma de protesta, es la que Renovación Popular presentó ante el JNE para argumentar que su inscripción como regidor de Lima debía ser habilitada.

El lunes, el JNE le dio la razón y lo hizo sin publicar los argumentos que sostienen esa decisión, que deberían conocerse cuanto antes.

La misma institución que López Aliaga atacó, amenazó y acusó de fraude durante semanas es la que ahora lo habilita para postular a un cargo municipal y lo hace sin explicar por qué revirtió el criterio del JEE de Lima Centro, que había establecido que la condición de senador electo genera efectos jurídicos independientemente de la voluntad de no juramentar.

Que el máximo organismo electoral permita que su sede y su presidente sean el telón de fondo de un mitin es otra forma de decir lo mismo. La autonomía institucional no se mide solo en la resistencia a las presiones directas sino también en la coherencia jurídica de sus decisiones y en la distancia que mantiene frente al poder político de turno. Esta semana el JNE dio razones para preguntarse si esa distancia todavía existe. Y esto último es otra señal que perfora la tan dañada democracia en el Perú.

¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?

…

Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre.

¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?

Otro busca en el fango huesos, cáscaras,

¿Cómo escribir, después, del infinito?”.

Cualquiera de las imágenes de “Un hombre pasa con un pan al hombro” evidencia las raíces cristianas de esta y toda la poesía de César Vallejo. Más todavía, en varios de sus poemas y artículos, se descubre su gran afinidad con el texto bíblico “Yo soy el buen pastor” (Juan X, 11-18).

“El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas…

Yo soy el buen pastor… y doy la vida por las ovejas”.

“El buen pastor” alude a los personajes más humildes de la sociedad. Es un tema central en el cristianismo, y es el que hace de este una religión de pobres, oprimidos, excluidos y presos.

En la parábola cristiana, el buen pastor cuida todo el tiempo de sus ovejas. Ninguna está excluida. Y si más bien alguna se extravía, el hombre deja el resto del rebaño y va a buscarla. Más todavía, el Redentor da su vida por sus ovejas.

En Lima, una joven acaba de pintar su versión del buen pastor. No ha sido su objetivo crear una revelación artística y, sin embargo, es una obra trascendente para los tiempos que corren. María José Padrón, interna del Penal Anexo de Chorrillos, ha pintado lo que a su juicio es “el buen pastor” y su obra ha sido recibida y encomiada en el Vaticano por el papa León XIV.

En ese establecimiento penal, la directora Zelinda Ora conduce una serie de proyectos culturales dirigidos a las internas para que su reincorporación a la sociedad se produzca en las mejores condiciones y lograr que la esperanza en ese futuro estimule su esfuerzo.

Justamente, dentro de sus planes, acaba de organizar un concurso de dibujo a carboncillo en el que participó una gran cantidad de internas. A ese acto cultural se suman otros que mantienen un clima de interés por el desarrollo personal de cada una de las mujeres allí recluidas.

Hay que añadir que las condiciones actuales en el establecimiento no son las mejores. Existe una sobrepoblación, acompañada por falta de recursos, que se hace evidente. El personal penitenciario es profesional en varios terrenos, como el de la psicología y otros, pero su tarea se ve obstaculizada por las condiciones materiales y las últimas medidas de rigor en el sistema carcelario adoptadas en el país.

Cuando conversamos con María José Padrón, la autora, nos confesó que ha encontrado en la pintura un camino diferente para ella. Le preguntamos quién la ha inspirado para dibujar el rostro del buen pastor, y ella se refirió con amor y añoranza a su padre, y a los días hermosos de su infancia en los que “el buen pastor” cuidaba de ella todo el tiempo, y dibujaba para los niños un mundo dulce e inolvidable.

La imagen cristiana del buen pastor alcanza paralelismos en el hinduismo con la figura de Krishna, a quien se le llama también Govinda (protector de las vacas), que en esta tradición espiritual es un pastor divino que protege del mal. En el budismo, la figura más cercana sería la del bodhisattva, próximo a la iluminación, quien es permanente guía de los seres humanos.

Con la guía de un profesor de pintura voluntario, así como otras internas con experiencia universitaria y pedagógica, las asistentes al taller de pintura han conocido y explorado diferentes representaciones del tema, incluyendo la dulzura del niño de Murillo. Después, han tratado de reproducir la que más se les acerca.

La imagen elaborada en el penal de Chorrillos tiene ancestros culturales en todo el mundo, pero, tanto en la poesía de Vallejo como en los textos evangélicos, el pastor es el buen amigo de sus ovejas, sobre todo de las excluidas, las presas y las más pobres.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz,

Porque serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,

porque el reino de los cielos les pertenece”.

Por eso, en junio, durante su visita pastoral a España, León XIV visitó el Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, y mantuvo un encuentro profundamente humano con sus residentes.

Allí, el papa no habló de castigos. No habló de condenas. No habló de estadísticas. Habló de dignidad. Habló de esperanza. Habló de la posibilidad de volver a empezar.

Sin embargo, lo que resulta particularmente curioso es la puntualidad con el cual ese patrón aparece en Perú estos días.

Desde que se supo que Keiko Fujimori sería la próxima presidenta, los argumentos que buscan desacreditar a la CVR han ganado espacio en el debate público. Y ante ello es un deber ético afirmar que la coincidencia no es casual.

La CVR entregó su informe en agosto de 2003 tras dos años de trabajo y más de 16,000 testimonios. Como parte de su tarea de Estado identificó 4,664 fosas clandestinas de las cuales solo se conocían 50 antes del informe, y estimó 69,280 víctimas fatales, la cifra más alta de muertes violentas en la historia republicana del Perú.

Las victimas eran 79% de zonas rurales y el 75% tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

La propia CVR señaló a Sendero como responsable del 54% de esas muertes y reconoció también el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en determinados momentos, una realidad que este diario también suscribe.

Por eso mismo, quienes afirman que la comisión ignoró la responsabilidad de Sendero sencillamente no leyeron el informe.

El debate académico sobre las metodologías de la CVR por supuesto es legítimo. Lo que resulta inaceptable es confundirlo con una campaña para desactivar la justicia pendiente. A la fecha, más de 19,000 peruanos siguen desaparecidos y sus familias llevan décadas buscando sus restos. Ante ello, el Congreso saliente intentó archivar cientos de casos con la Ley 32107 y la JNJ copada por el poder que ocupa palacio desde 2022 procesó disciplinariamente a las magistradas que se negaron a aplicarla.

Además, la nueva ley -inconstitucional- de lesa humanidad añade requisitos que el Estatuto de Roma no contempla y cada una de esas piezas encaja con la misma lógica que los argumentos que circulan ahora contra la CVR.

Las acciones forman parte de un todo que no es casualidad sino, claramente, es una estrategia.