Con ese panorama pendiente, Reggiardo decide salir a amenazar a los diputados que cuestionan el alcance del pedido de facultades delegadas del gobierno de Keiko Fujimori. Lo peor es que los anuncia que los responsabilizará por bloquear o dilatar el proceso. Nada más trillado.

Al respecto, vale la pena recordarle al alcalde de Lima sobre sus competencias sobre el debate legislativo nacional. Como cualquier ciudadano, tiene libertad de opinión para expresar sus ideas, pero resulta que además el tiene un mandato como autoridad edil. Su prerrogativa funcional no incluye presionar al Congreso en nombre del Ejecutivo ni calificar de bloqueo lo que es el ejercicio legítimo de la función parlamentaria.

Los diputados que debaten el alcance de las facultades delegadas están haciendo exactamente lo que su cargo les exige: fiscalizar que el Ejecutivo no reciba poderes más amplios de los que la urgencia justifica. Ese debate es parte de la democracia, y requiere una discusión técnica con perspectiva de Estado. Llamar a eso cálculo político es desconocer el principio de separación de poderes que cualquier autoridad electa debería conocer.

El episodio ocurre además en un momento en que Renovación Popular, el partido aliado del gobierno, muestra sus propias fisuras. La diputada Norma Yarrow le pidió públicamente a la presidenta más celeridad, señalando que prometió resultados en los primeros 100 días y que el ritmo actual no está a la altura de ese compromiso. La tensión interna del bloque fujimorista y sus aliados de RP, empieza a mostrar grietas.

Este diario documentó el obstruccionismo del fujimorismo y sus aliados cuando controlaban el Congreso. El blindaje sistemático a ministros cuestionados, el rechazo de interpelaciones con evidencias de mala gestión, la aprobación de leyes que beneficiaban a grupos de interés antes que al ciudadano. Todo eso fue presentado como gobernabilidad cuando en realidad era la sustitución del debate de Estado por el cálculo político de quien tenía mayoría.

Hoy, desde el Ejecutivo, el mismo bloque llama obstruccionismo tratando de equipararlo a lo que antes era su método. Y eso no es lo que los peruanos observan desde el bloque opositor que, por cierto, no es homogéneo.

La popularidad de esta tendencia ha trascendido las redes sociales y ha dado lugar a las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que los participantes compiten por demostrar mayor presencia escénica, creatividad y capacidad de impactar al público. Estas competencias carecen de reglas estrictas: son los espectadores quienes determinan al ganador mediante sus reacciones, aplausos y expresiones de entusiasmo.

El fenómeno recuerda, en cierta medida, a las tradicionales batallas de rap o de gallos, en donde el ingenio verbal, la improvisación y la capacidad de cautivar al público, por medio del ataque, resultan decisivos para imponerse ante el adversario. Del mismo modo, las batallas de aura han encontrado espacio en plazas, parques y otros escenarios públicos donde los jóvenes buscan expresarse y compartir códigos culturales propios de su generación.

La importancia y los riesgos del “aura”

En principio, se trata de una manifestación juvenil relativamente pacífica. A diferencia de otros desafíos virales asociados a conductas riesgosas y agresivas, esta tendencia fomenta la creatividad, la improvisación, el humor y la interacción social cara a cara, una dimensión que muchas veces quedaba relegada en la cultura digital. Asimismo, ha permitido que numerosos niños y adolescentes desarrollen confianza para expresarse en público, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y su desenvolvimiento social, generando comunidad y apropiándose de espacios públicos que muchas veces les eran vetados.

Sin embargo, el fenómeno también plantea interrogantes que conviene analizar tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Entre ellos, surge la pregunta de si es conveniente someter constantemente el carisma y la imagen personal al juicio de los demás o si resulta saludable vincular la autoestima con la aprobación externa. Como sucede en las redes sociales, la sobreexposición pública del espacio personal puede pervertir el sentido de cuidado de lo privado.

Además, la lógica de “ganar” o “perder” aura puede llevar a que la identidad personal se reduzca a un conjunto de gestos, apariencias o comportamientos valorados por el público o por las redes sociales, y no necesariamente por uno mismo. El riesgo consiste en que el reconocimiento externo termine teniendo más peso que la autenticidad o el desarrollo de la autoestima: la presión de grupo muchas veces puede llevarte a tomar decisiones apresuradas. Esta situación resulta especialmente delicada durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el desarrollo personal aún se encuentra en proceso de afianzamiento.

Farmeando otras cualidades

Como toda actividad que expone a niños y adolescentes a la aprobación o desaprobación de sus pares, resulta necesaria la presencia de personas capaces de comprender estos espacios de expresión sin descalificarlos ni censurarlos, especialmente cuando involucran dinámicas competitivas. Esto implica reconocer sus aspectos positivos, pero también establecer límites frente a conductas que puedan afectar el bienestar emocional de los participantes.

La clave está en promover el diálogo, la reflexión y la autocrítica, de modo que la experiencia contribuya realmente al crecimiento personal. Por ello, padres y docentes deben conocer el fenómeno, comprender sus códigos y saber en qué momentos acompañar y orientar para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje.

Es importante entender que, más que una moda pasajera, “farmear aura” refleja la manera en que las generaciones más jóvenes trasladan al mundo real los lenguajes, dinámicas y valores presentes en internet y los videojuegos, ámbitos con los que conviven cotidianamente. Precisamente por eso, la preocupación no debería centrarse en prohibir estas prácticas, sino en procurar que favorezcan el desarrollo personal y no se conviertan en una justificación para imponer la ley del más popular o del más fuerte.

Como ocurre con tantos otros fenómenos juveniles, esta tendencia debe convertirse en una valiosa oportunidad para acercarnos a nuestros hijos y alumnos, interesarnos en su mundo y conversar con ellos desde la confianza, el respeto y la solidaridad sin miedos ni prejuicios.

En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.

Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.

Tres años después vuelve al Perú

Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.

Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.

No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.

Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.

Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.

Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.

La pregunta que la OCDE plantea ahora en su revisión de política tributaria 2026 es la que esta casa editorial también formuló desde que el anterior parlamento aprobó la ley Chlimper 2.0: ¿sigue haciendo falta ese subsidio cuando el sector ya demostró que puede competir por sus propios medios?

La respuesta del organismo internacional es directa. Las grandes agroexportadoras deben regresar al régimen general de 29.5% porque el sector registró un crecimiento sostenido en valor agregado y exportaciones durante la última década mientras mantenía un trato preferencial frente al resto de la economía formal. Eliminar esa tasa reducida contribuiría a movilizar S/1,888 millones anuales en recaudación adicional.

Según estimaciones de dicha comisión multilateral, para el 2035, el costo de mantenerla equivaldría a unos S/20,000 millones menos para las arcas públicas. Un país que posterga el incremento de Pensión 65 por restricciones presupuestarias no puede sostener ese privilegio sin justificación técnica.

Sin embargo, el problema de fondo va más allá del privilegio fiscal. El Perú tiene una historia documentada de booms de recursos naturales que no se tradujeron en desarrollo sostenible.

Pasó con el guano en el siglo XIX, el caucho en la Amazonía, la anchoveta en los años 60, la minería, hoy en etapa de profundas transformaciones estructurales. En cada episodio el patrón fue de una extracción gran intensidad, beneficios concentrados en pocos actores y escasa reinversión en el territorio.

Un privilegio fiscal que no exige sostenibilidad a cambio no es una política de desarrollo. Es una trampa que el Perú ya conoce y que el nuevo congreso tiene la oportunidad de corregir.