Más allá del monstruo amigable

Shrek y Fiona rompen el relato tradicional: el ogro puede ser afectuoso y la princesa puede rechazar los cánones convencionales de belleza. Sin embargo, la historia también utiliza sus rasgos para construir bromas que, incluso contemplando el doble sentido, pueden reforzar estereotipos. La pregunta, entonces, es si realmente celebra las diferencias o si meramente las convierte en una excepción divertida.

Que el protagonista convierta lo grotesco en una marca de autenticidad, desde sus costumbres hasta su apariencia, no evita que la película incurra en contradicciones. Su complexión e incluso sus hábitos son asociados constantemente con el mal olor, la suciedad y aquello que se considera indeseable, como si esos rasgos fueran incompatibles con la dignidad que suele atribuirse al héroe. En consecuencia, la narración parece compensar esos atributos mediante su ingenio, su carisma y sus buenos sentimientos. Shrek es aceptado no porque su aspecto deje de ser objeto de rechazo (corpulento, con rasgos faciales gruesos y extremidades desmedidas, es decir, como muchas personas), sino porque posee otras cualidades que lo redimen: es grosero, pero noble; es sucio, pero amable; es desproporcionado, pero gracioso.

La historia de Fiona expone una tensión similar: aunque al permanecer, al final de la película, como ogra puede interpretarse como una declaración de autoestima y un rechazo a los ideales tradicionales de belleza, también puede entenderse como la resignación ante un cuerpo considerado durante años imperfecto. La aceptación de su apariencia llega, además, después de encontrar el amor y la aprobación de otra persona. Si bien Fiona posee criterio, habilidades y capacidad para enfrentar peligros, desafiando el papel de la princesa pasiva que espera ser rescatada, que el matrimonio aparezca como la culminación de su conflicto personal refuerza la idea de que su realización y autonomía permanecen vinculadas a la unión romántica tradicional.

Algo parecido ocurre con Lord Farquaad. La película cuestiona su obsesión por la belleza, el orden y la uniformidad, pero convierte su baja estatura en una fuente constante de burla. Así, denuncia el rechazo hacia quienes no cumplen ciertos estándares mientras utiliza otras diferencias corporales como motivo de risa. La contradicción se profundiza cuando la imagen estereotipada de la masculinidad es “feminizada”: el villano es ridiculizado por su crueldad, pero también por alejarse de un modelo físico y de género que desea cuestionar en principio.

Por otro lado, si analizamos la abundante cantidad de referencias sexuales presentes en las acciones y diálogos, sobre todo del doblaje latinoamericano, resulta difícil sostener que todo se reduzca a la ironía o a juegos de palabras inocentes. En muchos casos, las insinuaciones son tan evidentes que ponen en duda el cuestionamiento de los roles de género que propone el film, sobre todo ante los ojos de los niños.

Valorar y cuestionar lo que vemos

Estos cuestionamientos no obligan a considerar a la primera entrega de Shrek una mala película. Tampoco implican que todos los espectadores recibamos el mismo mensaje, entendiendo que es un producto reflejo de su época. No obstante, algunos niños podrían quedarse únicamente con el chiste y no percibir la crítica social que intenta plantear la historia

Por eso, el problema no se limita a lo que contiene la película, sino a la manera en que interactuamos con ella. Verla en familia puede convertirse en una oportunidad para conversar: ¿quién es presentado como diferente?, ¿quién tiene poder?, ¿quién es objeto de burla?, ¿y por qué esa situación resulta graciosa? También es importante distinguir entre una obra que critica los prejuicios y una representación que, sin proponérselo, puede exaltarlos.

A pesar de ese conocimiento, el diputado de Renovación Popular Aldo Bravo propone incorporar al Código Penal “el delito de apología al delito agravado con penas de cuatro a seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación o plataformas digitales, promuevan, soliciten, justifiquen o legitimen conductas violentas durante una crisis política o conflicto social”. Y además considera agravante que el emisor sea periodista, comunicador, líder de opinión o persona con capacidad de convocatoria pública.

El problema central del proyecto es su ambigüedad. El Consejo de la Prensa Peruana cuestiona cómo podría considerarse apología que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las motivaciones de quienes la convocan. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas advirtió que incluso la difusión de declaraciones de actores de una protesta podría generar riesgos para comunicadores si la norma se aprueba.

Vale recordar que el ordenamiento jurídico peruano actual ya contempla mecanismos para sancionar la instigación a delinquir y la difamación. Y esos mecanismos, dicho sea de paso, ya han sido usados como herramientas de amedrentamiento contra periodistas que investigan el poder. Gustavo Gorriti enfrenta una imputación por cohecho activo revivida sin hechos nuevos, Paola Ugaz fue procesada por su cobertura del Sodalicio, y Daniel Yovera fue denunciado por informar sobre corrupción policial.

Por lo tanto, valgan verdades, el Perú no necesita una norma adicional para perseguir periodistas. Tiene de sobra con las que ya existen y ya se usan con ese fin. Lo que propone Bravo no hace más que ampliar el arsenal disponible para silenciar a quienes el poder prefiere que no hablen.

Sin embargo, causa extrañeza que el decano del Colegio de Periodistas respalde la iniciativa. Es oportuno, entonces recordar que la colegiatura no es obligatoria, como lo establece la propia jurisprudencia internacional de la CIDH, además de diversos pronunciamientos de la SIP al respecto.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de archivar este proyecto. La libertad de opinión consagrada en el artículo 2 de la Constitución y los estándares interamericanos de libertad de expresión son el límite que ninguna bancada debería cruzar.

Ramón Castilla (1797-1867) fue excepcional tanto en su vida como en su muerte. Aquella ocurrió a caballo y en las pampas de Tarapacá, cuando había emprendido una revolución contra el régimen de Mariano Ignacio Prado.

Murió el 30 de mayo a las seis de la tarde, pero hay más vida que contar. Adelante, a unos 25 metros del más cercano de sus ayudantes, cabalgaba el mariscal. Por eso, debe haber muerto a las tres de la tarde, pero pasaron tres horas sin que esto se supiera. Cuando el corcel azabache llegó a una encrucijada, se detuvo, pero su jinete no podía darle órdenes. Solamente entonces, los subalternos llegaron hasta Castilla y descubrieron que estaba muerto.

Aparte de ello, su cuerpo tenía que durar cuarenta días más, ya que eso era lo que mandaban los rituales aimaras de su ancestro cultural. Su historia final fue secreta porque sus oficiales y su tropa no quisieron que el gobierno se enterara de que el alzado ya había muerto.

Un telegrafista muy imaginativo llamado José Castro Joo se encargó de transmitir a Lima, durante todo ese tiempo, movimientos de tropas y adhesiones que supuestamente estaba recibiendo Castilla, aunque ya descansara en su catafalco.

El yatiri José del Carmen Cóndor, sacerdote aimara, aparte de embalsamar el cadáver, atendió al ilustre presidente en su viaje al otro mundo tal cual indicaban los rituales de su vieja cultura.

En una conversación con Eugenio Castilla, sobrino de don Ramón, el yatiri le explicó que el morir es un proceso semejante al de la vida:

-Nace usted a la muerte mientras se va acostumbrando a la difuntez. Camina o navega por en medio de sus recuerdos, pero el tiempo no pasa, no se le va agotando como sucede en este otro lado. Allá, más bien parece que el tiempo va creciendo.

Eugenio miraba al yatiri como si no lo estuviera escuchando.

-La muerte nos rejuvenece porque nos lleva al comienzo de la vida. Eso lo saben todos, no solamente nosotros los aimaras.

Afuera comenzó a llover. Era como si lloviera para atrás, para el recuerdo.

A esas horas de la noche, el sobrino de Castilla y el yatiri eran quizás los únicos despiertos en Tarapacá, aparte de los dos soldados que montaban guardia frente a la iglesia donde se hacía el velorio.

-Los yatiris lo sabemos porque somos aimaras, y a los aimaras nos lo han contado nuestros abuelos, y a ellos los abuelos de nuestros abuelos, y por eso le puedo hablar de este camino que siguen los difuntos cuando despiertan y se encuentran debajo de la tierra, primero, y después navegando por el cielo.

Se detuvo un instante e hizo como si bebiera aire.

-Eso sí, no todos despertamos. Despiertan las almas de los guerreros, de los sabios y de los poetas, y por eso el alma del Mariscal, con los ojos bien abiertos, está caminando ahora por sus recuerdos.

El yatiri estaba cada vez más entusiasmado.

-¿Despertará el mariscal? Claro que sí… Ya está despierto y lo estará para siempre, como una bandada de cóndores que dan vueltas al mundo, como una flecha que cruza uno y otros mil cielos vacíos, como las manos, los pies, los ojos y el corazón de Túpac Amaru al juntarse y levantarse de nuevo y ponerse al frente de los nuestros otra vez y otra.

Había pasado sobre ellos una noche muy larga.

-Eso sí, le advierto que no debe repetir esto ni contar que yo se lo dije. Haga de cuenta que no he dicho una sola palabra.

Eugenio observó otra vez los cirios. Le pareció que, en vez de agotarse, ganaban altura, crecían.

Afuera, la noche dio paso a un día rápido y a otra noche, y a otra noche más.

*

Con Ramón Castilla se inicia realmente la República. Pero aún no se le ha dado el lugar que le corresponde en la historia. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de recordar a los mejores seres humanos que nuestro país ha producido. Castilla es uno de ellos.

El primer paquete de decretos legislativos de esta historia fue autorizado por el Congreso en diciembre de 1980. Incluyó 209 textos que fueron publicados entre enero y junio de 1981. En julio de 1980, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde tomó el control del Ejecutivo tras doce años de régimen militar, con un sistema legal reconfigurado por decretos leyes de un signo político radicalmente distinto al que representaba el acciopopulismo y bajo una Constitución en cuya redacción ni él ni su partido habían intervenido. La necesidad del paquete parece clara.

A partir de ahí, las grandes delegaciones han seguido destinos institucionales distintos. El paquete de Alberto Fujimori, 117 decretos legislativos publicados entre junio y noviembre de 1991, estuvo dividido en dos bloques: normas sobre modernización del Estado y normas sobre seguridad interior. Son las “cuerdas separadas” sobre las que se edificó el régimen. El Congreso derogó o modificó 28 decretos, 14 del bloque de seguridad interior, y esa revisión se convirtió en uno de los factores de la crisis institucional que desembocó en el golpe de abril de 1992.

El paquete del segundo gobierno de García Pérez, 99 decretos legislativos publicados entre marzo y junio de 2008, fue asociado a las condiciones establecidas por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero de 2009. Incluyó cinco instrumentos sobre tierras comunales, dos de ellos derogados en septiembre de 2008. Esos decretos están anotados entre los fundamentos de la crisis de Bagua de junio de 2009, con el enorme costo en vidas que ella representó. El paquete de Pedro Pablo Kuczynski, con 112 decretos publicados entre octubre de 2016 y enero de 2017, 14 derogados en mayo de 2017, quedó convertido en uno de los temas de la agenda de tensión política que desembocó en su renuncia en marzo de 2018.

El dispositivo no ha sido usado intensamente en los momentos en que el gobierno podía confiar en el comportamiento legislativo del Congreso o cuando la diferenciación con el régimen anterior resultaba innecesaria. En su primer gobierno, García Pérez tenía mayoría en el Congreso. Fujimori, en 1995, también. El dispositivo en esos casos no era necesario. Por razones distintas, tampoco fue necesario al comenzar el gobierno de Toledo en el 2001: él sucedía al gobierno de transición de Valentín Paniagua, que había desarrollado la adaptación legislativa posterior al régimen del 90 en coordinación directa con el Congreso. La necesidad de diferenciación aquí era inexistente. Y, más allá de los discursos, la diferenciación no fue un factor en la instalación del régimen de Humala, que prefirió un esquema de negociación permanente con el Congreso: cuatro delegaciones temáticas en cinco años de gobierno, con 150 decretos legislativos publicados, sin que se desatara ninguna crisis política de envergadura entre ambos poderes.

El paquete de Vizcarra, 85 decretos legislativos publicados entre agosto y septiembre de 2018, fue autorizado en julio, el mismo mes en que se instaló la tensión que caracterizó la relación entre el gobierno y el Congreso en ese ciclo. Castillo, probablemente el presidente con peores relaciones con el Parlamento desde 1980, acotó al mínimo este dispositivo: solo 29 decretos legislativos publicados entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, después de que el Congreso recortara el alcance temático de un pedido original de facultades.

Dina Boluarte y Jerí se comportaron como los regímenes que tienen mayoría parlamentaria propia: 27 decretos entre marzo y mayo de 2023, 47 entre octubre y diciembre del mismo año, 74 entre agosto y octubre de 2024 y 45 entre enero y febrero de 2026. Una gradualidad que representa un ciclo de administración funcional de facultades manejadas desde una mayoría del Congreso que actuaba en sincronía completa con un gobierno establecido por ella misma.

Esta vez, la presidenta no es la misma. Pero no está claro que el ciclo que encabeza sea en realidad distinto del anterior, uno del que quiera realmente diferenciarse. Buena parte de la agenda que el nuevo gobierno podría desplegar en la delegación corresponde a asuntos que han sido legislados desde el Congreso anterior, en un sentido contrario al que recomienda una intervención de corte institucionalista. La delegación de facultades puede generar el inicio de un ciclo de diferenciación del gobierno respecto a una coalición que fue alentada por sus propios líderes. Quedaría el uso funcional de las facultades, que usualmente conduce a ajustes puntuales, pero los dos grandes componentes del esquema de “cuerdas separadas” del primer fujimorismo, economía y seguridad, registran un nivel de deterioro sin precedentes.

La cuestión por resolver, entonces, es si el fujimorismo va a diferenciarse de sí mismo frente a un Congreso que ya no tiene la forma del Congreso anterior.

Enorme dilema.

En ese sentido, la delegación de facultades es un mecanismo constitucional legítimo que todos los gobiernos han usado y que hoy tiene sentido para las urgencias concretas que el país enfrenta. El premier Luis Galarreta expondrá un pedido de 120 días en siete grandes bloques. El debate, a su vez legítimo, está en todos los bloques: seguridad ciudadana, atención al Fenómeno El Niño, flexibilización laboral con revisión de vacaciones, horas extras y CTS, eliminación del tope a las tasas bancarias, fusión de entidades como la Sunat y la Sunafil, y gestión eficiente de feriados.

Los diputados del Consenso por la Democracia, como aquellos que son oficialistas, tienen hoy la responsabilidad más concreta de su primera semana legislativa. Un debate alturado, con criterio técnico y representación territorial, que recoja la voz de las regiones que hoy tienen carreteras bloqueadas, combustible inaccesible y familias sin hogar por los aniegos, es exactamente lo que el momento exige.

Lima no debe ser el único referente de este debate. Los diputados tienen hoy la oportunidad de demostrar que la Cámara puede legislar con visión de Estado, más allá del gobierno de turno y de los intereses partidarios de cada bancada. Eso es lo que distingue a un parlamento que sirve al país de uno que sirve al poder.