En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.

Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.

Tres años después vuelve al Perú

Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.

Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.

No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.

Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.

Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.

Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.

La pregunta que la OCDE plantea ahora en su revisión de política tributaria 2026 es la que esta casa editorial también formuló desde que el anterior parlamento aprobó la ley Chlimper 2.0: ¿sigue haciendo falta ese subsidio cuando el sector ya demostró que puede competir por sus propios medios?

La respuesta del organismo internacional es directa. Las grandes agroexportadoras deben regresar al régimen general de 29.5% porque el sector registró un crecimiento sostenido en valor agregado y exportaciones durante la última década mientras mantenía un trato preferencial frente al resto de la economía formal. Eliminar esa tasa reducida contribuiría a movilizar S/1,888 millones anuales en recaudación adicional.

Según estimaciones de dicha comisión multilateral, para el 2035, el costo de mantenerla equivaldría a unos S/20,000 millones menos para las arcas públicas. Un país que posterga el incremento de Pensión 65 por restricciones presupuestarias no puede sostener ese privilegio sin justificación técnica.

Sin embargo, el problema de fondo va más allá del privilegio fiscal. El Perú tiene una historia documentada de booms de recursos naturales que no se tradujeron en desarrollo sostenible.

Pasó con el guano en el siglo XIX, el caucho en la Amazonía, la anchoveta en los años 60, la minería, hoy en etapa de profundas transformaciones estructurales. En cada episodio el patrón fue de una extracción gran intensidad, beneficios concentrados en pocos actores y escasa reinversión en el territorio.

Un privilegio fiscal que no exige sostenibilidad a cambio no es una política de desarrollo. Es una trampa que el Perú ya conoce y que el nuevo congreso tiene la oportunidad de corregir.

Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes pro-crimen? Ni una pista.

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No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobrerregular la legítima defensa.

En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso. “Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto. Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.

Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.

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Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa. “Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neolengua se deja entender. Es para eso.

¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.

Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.

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Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.

En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.

El equipo ministerial es el primer problema visible. De acuerdo con un reporte de coyuntura del Instituto Bartolomé de las Casas, de los 19 integrantes del gabinete, 15 acumulan acusaciones por presuntos delitos que van desde lavado de activos hasta peculado y cohecho. Asimismo, ocho fueron reciclados de administraciones anteriores, las mismas que la mandataria sigue calificando de “catastróficas”. Y al menos cinco pertenecen a corrientes antiderechos que ya mostraron su agenda con la propuesta de intervenir el Lugar de la Memoria (LUM).

Por ello no sorprende las contradicciones entre las promesas emitidas en el discurso inaugural y las decisiones que viene ejecutando el gobierno. La presidenta Fujimori anunció la duplicación de Pensión 65, de S/350 a S/700 bimestrales, como primera medida de su política de protección a los adultos mayores. Menos de mes después, nada menos que en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, la mandataria señaló que esa duplicación se concretará recién en 2027. En otras palabras, los más de 800 mil beneficiarios del programa en situación de pobreza extrema que aguardaban el incremento tendrán que seguir esperando. Lo mismo con el incremento del salario mínimo: el alza de S/1,130 a S/1,300 anunciada en el discurso inaugural se dividió en dos etapas, ambas pendientes.

Pero el Ejecutivo también mostró en este primer mes su disposición a ceder ante presiones corporativas a costa de la demanda ciudadana. Para evitar el paro de transportistas, concedió una rebaja del 90% en papeletas de tránsito, salomónicamente.

Si bien un mes no alcanza para juzgar una gestión, sí alcanza para ver qué tipo de gobierno está construyendo el fujimorismo desde el Ejecutivo. Las señales del primer mes apuntan en una dirección que el país ya conoce bien y que es más fácil de rastrear con el persistente comportamiento autoritario de la bancada de Fuerza Popular en el senado, en la cámara de diputados y en las instituciones constitucionalmente autónomas que mantiene cooptadas como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el TC, y la defensoría del Pueblo.

La popularidad de esta tendencia ha trascendido las redes sociales y ha dado lugar a las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que los participantes compiten por demostrar mayor presencia escénica, creatividad y capacidad de impactar al público. Estas competencias carecen de reglas estrictas: son los espectadores quienes determinan al ganador mediante sus reacciones, aplausos y expresiones de entusiasmo.

El fenómeno recuerda, en cierta medida, a las tradicionales batallas de rap o de gallos, en donde el ingenio verbal, la improvisación y la capacidad de cautivar al público, por medio del ataque, resultan decisivos para imponerse ante el adversario. Del mismo modo, las batallas de aura han encontrado espacio en plazas, parques y otros escenarios públicos donde los jóvenes buscan expresarse y compartir códigos culturales propios de su generación.

La importancia y los riesgos del “aura”

En principio, se trata de una manifestación juvenil relativamente pacífica. A diferencia de otros desafíos virales asociados a conductas riesgosas y agresivas, esta tendencia fomenta la creatividad, la improvisación, el humor y la interacción social cara a cara, una dimensión que muchas veces quedaba relegada en la cultura digital. Asimismo, ha permitido que numerosos niños y adolescentes desarrollen confianza para expresarse en público, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y su desenvolvimiento social, generando comunidad y apropiándose de espacios públicos que muchas veces les eran vetados.

Sin embargo, el fenómeno también plantea interrogantes que conviene analizar tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Entre ellos, surge la pregunta de si es conveniente someter constantemente el carisma y la imagen personal al juicio de los demás o si resulta saludable vincular la autoestima con la aprobación externa. Como sucede en las redes sociales, la sobreexposición pública del espacio personal puede pervertir el sentido de cuidado de lo privado.

Además, la lógica de “ganar” o “perder” aura puede llevar a que la identidad personal se reduzca a un conjunto de gestos, apariencias o comportamientos valorados por el público o por las redes sociales, y no necesariamente por uno mismo. El riesgo consiste en que el reconocimiento externo termine teniendo más peso que la autenticidad o el desarrollo de la autoestima: la presión de grupo muchas veces puede llevarte a tomar decisiones apresuradas. Esta situación resulta especialmente delicada durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el desarrollo personal aún se encuentra en proceso de afianzamiento.

Farmeando otras cualidades

Como toda actividad que expone a niños y adolescentes a la aprobación o desaprobación de sus pares, resulta necesaria la presencia de personas capaces de comprender estos espacios de expresión sin descalificarlos ni censurarlos, especialmente cuando involucran dinámicas competitivas. Esto implica reconocer sus aspectos positivos, pero también establecer límites frente a conductas que puedan afectar el bienestar emocional de los participantes.

La clave está en promover el diálogo, la reflexión y la autocrítica, de modo que la experiencia contribuya realmente al crecimiento personal. Por ello, padres y docentes deben conocer el fenómeno, comprender sus códigos y saber en qué momentos acompañar y orientar para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje.

Es importante entender que, más que una moda pasajera, “farmear aura” refleja la manera en que las generaciones más jóvenes trasladan al mundo real los lenguajes, dinámicas y valores presentes en internet y los videojuegos, ámbitos con los que conviven cotidianamente. Precisamente por eso, la preocupación no debería centrarse en prohibir estas prácticas, sino en procurar que favorezcan el desarrollo personal y no se conviertan en una justificación para imponer la ley del más popular o del más fuerte.

Como ocurre con tantos otros fenómenos juveniles, esta tendencia debe convertirse en una valiosa oportunidad para acercarnos a nuestros hijos y alumnos, interesarnos en su mundo y conversar con ellos desde la confianza, el respeto y la solidaridad sin miedos ni prejuicios.