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Escribió diciendo que reconocía todos los aspectos de esa historia, que vivió con Currie en Snaefellsbaer durante un invierno en 2008, que el viento ahí solía arrastrar el autobús escolar fuera de la carretera, que aparecían crestas de espuma en la piscina. Dijo que la partitura era maravillosa como documento y que la voz era tan extraña y conmovedora. Cantó con Currie una canción de cuna y la grabó en video. Dijo que era una nota a pie de página. Que todas las voces sonaban bien para ella. Llamó al proyecto «tu mente». Dijo que la luz era fantástica. Dijo que ese poema fue pensado para ser impreso en un solo bloque de texto con los márgenes justificados a izquierda y derecha. Luego escribió «sail on!» y enseguida dijo que todos éramos navegantes desesperados ahora. Llamó «las muchas aguas» a las lagunas alrededor del nevado Ausangate. Llamó «un milagro en sí mismo» al arribo de una caja a su casa en Reykiavik. Dijo que quizás le daría la bufanda azul a Currie, si lograba convencerlo de protegerse del viento. Que algún día yo volvería a Islandia y nos encontraríamos con todas nuestras bufandas puestas. Dijo que el eros era una cuestión de límites, que había que encontrar el borde. Preguntó «¿cómo saben que un borde es un borde?». Dijo que traducir es ver al otro lado algo que no se alcanza, que hacia atrás es el norte, que estar viva es entrar y salir. Que cuando abandonas la presunción de la respuesta, puedes preguntarte qué hacer con tu mente y con tu tiempo, y que vivir ocurre cuando el pensamiento se mueve. Escribió que la mayoría de instantes tienen un sedimento de puerta negra en el fondo del cristal. Dedicó su libro Decreación a sus estudiantes. Escribió «la límpida superficie del duelo» al hablar del poema de Catulo sobre la muerte de su hermano en Troya, y escribió Nox para hablar sobre la muerte del suyo. Dijo «fundir juntos aparición y borradura». Dijo«el hielo es general”. Escribió las palabras «tal vez» y «ponderar» múltiples veces. Dijo que ciertas preguntas no justifican un signo de interrogación. Que la exactitud es una cosa abstracta que puede introducirse para poner la historia fuera del alcance. Que la poesía es el zumbido de un momento en el tiempo. Que todo lo lírico sucede solo una vez. Cuando la llamaron por teléfono a darle la noticia, dijo que estaba escuchando el viento, tomando té, comiendo galletas. Que recién había limpiado el piso. Que para celebrar el premio saldría con Currie a pasear por el bosque y así no tener que contestar el teléfono. Y, entonces, oír la calma.

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La contribución de Carson para el proyecto Todos los faros de la costa peruana puede escucharse aquí.

La alternativa es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su participación en la trama golpista posterior a las elecciones de 2022. No corresponde atribuir automáticamente al hijo las responsabilidades penales del padre. Sí corresponde examinar el proyecto político que reivindica, sus propuestas y su relación con quienes intentaron desconocer la voluntad popular. La democracia no es un trámite que se acepta solamente cuando se gana.

El primer debate entre ambos candidatos, celebrado el 18 de octubre, mostró con crudeza la degradación del intercambio político. Flávio Bolsonaro privilegió la provocación personal y las acusaciones espectaculares sobre la discusión de políticas públicas. Entre las afirmaciones cuestionadas por verificadores independientes figuró el supuesto gasto de 7.000 millones de reales en viajes de Lula y la primera dama, cifra falsa. También presentó de manera engañosa el origen temporal del escándalo de descuentos indebidos a jubilados, cuyas investigaciones comprenden hechos iniciados durante el gobierno de su padre.

En materia de seguridad, Bolsonaro recurrió a cifras y asociaciones efectistas que no resisten una lectura rigurosa. Una democracia necesita combatir el crimen organizado, proteger a sus ciudadanos y garantizar justicia efectiva; no necesita fabricar estadísticas ni convertir el miedo en programa de gobierno. Los datos de violencia, como los económicos, deben discutirse con seriedad y sin propaganda.

La exigencia de veracidad vale para todos. Los verificadores también señalaron exageraciones e imprecisiones de Lula sobre crecimiento económico, salario mínimo y cuentas fiscales. Reconocerlo no debilita el argumento democrático: lo fortalece. Apoyar una opción política no significa abdicar del juicio crítico, y mucho menos reemplazar la comprobación de los hechos por la adhesión personal.

El balance de los gobiernos de Lula ofrece, sin embargo, razones sustantivas para preferir la continuidad de una agenda de inclusión: políticas contra el hambre y la pobreza, valorización del salario mínimo y una concepción del Estado que no considera prescindibles a los sectores más vulnerables. Es legítimo discutir los costos fiscales, la eficiencia administrativa y las tareas pendientes. Lo que resulta irresponsable es prometer recortes sin explicar con claridad quién pagará sus consecuencias sociales.

Hay, además, una dimensión regional decisiva. Brasil puede ejercer liderazgo en la defensa de la Amazonía, la cooperación sudamericana, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Ese liderazgo exige coherencia: defender las instituciones dentro del país y los derechos humanos fuera de él, sin indulgencias selectivas ante gobiernos autoritarios de cualquier signo. Lula será más convincente en el mundo cuanto más firme sea su compromiso universal con esos principios.

Este domingo no debería premiarse la estridencia, la manipulación ni la nostalgia del autoritarismo. Si Lula obtiene el respaldo mayoritario, su triunfo merecerá ser saludado como una oportunidad para fortalecer la democracia y la justicia social, no como licencia para el triunfalismo. Tendrá la obligación de gobernar también para quienes no lo voten, preservar la independencia de las instituciones y enfrentar con resultados verificables los problemas de seguridad, corrupción y desigualdad.

Brasil tiene ante sí la posibilidad de afirmar que las urnas son más fuertes que las amenazas, que los hechos importan más que las falsedades y que la política puede volver a servir al interés público. Ese sería el verdadero alcance de una victoria democrática de Lula: no la derrota de media nación, sino el compromiso de reconstruir un horizonte común.

Este caso está siendo judicializado y el proceso incluye a los reos en cárcel Elena Iparraguirre Revoredo, Óscar Ramírez Durand, Laura Zambrano Padilla, Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo Gil; como reo ausente, a Víctor Quispe Palomino; y como reo libre, a Casiano Tomateo Espinoza.

Ahora bien, al amparo de la Ley 32107, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad anteriores al 1 de julio de 2002, la defensa de los senderistas solicitó que se declararan prescritos los delitos.

Sin embargo, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora desestimó el pedido, aplicando el control de convencionalidad al considerar que dicha ley es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, se señaló que debía prevalecer lo establecido por la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta; es decir, que las normas internas que generen impunidad carecen de efectos jurídicos y que priman las obligaciones internacionales del Estado.

En este sentido, y tal como he afirmado en columnas previas, la aplicación del control de convencionalidad no solo es obligatoria, sino que nos protege contra la impunidad que leyes como la 32107 garantizan y que, en este caso, permitirían la liberación de los subversivos que tanto daño causaron al país.

En principio, considerando que es el presidente quien dirige la política exterior, parece lógico que tenga esta función. Además, siendo el Legislativo un poder del Estado donde confluyen diversas fuerzas políticas, este tipo de nombramientos puede terminar siendo politizado, limitando la capacidad que tiene el Ejecutivo de conducir el accionar del país en el ámbito internacional. Justamente, uno de los casos emblemáticos fue el rechazo del Senado a la designación de Javier Pérez de Cuéllar como embajador del Perú en Brasil en 1981. Para alguien con la experiencia y el reconocimiento de Pérez de Cuéllar, esta decisión resultaba increíble, más aún cuando al poco tiempo fue elegido secretario general de la ONU.

Sin embargo, no existe el sistema perfecto. En varios países de América, como es el caso de México, Brasil y Argentina, la designación de los embajadores requiere la participación directa de sus respectivos parlamentos. Y es que, en tanto un embajador representa los intereses de un Estado, esta designación no debería depender solamente de la decisión del presidente. El Legislativo termina siendo un mecanismo de control sobre una decisión que puede tener impacto en los intereses del país.

En el caso peruano, el nombramiento de embajadores por parte del presidente ha sido muy cuestionado. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski observó el nombramiento de un grupo de embajadores pertenecientes al Servicio Diplomático, realizado al final del gobierno de Ollanta Humala, por contravenir una «práctica internacional» que desaconseja designar embajadores en el tramo final de una gestión gubernamental.

Pero esto es mucho más preocupante tratándose del nombramiento de embajadores políticos. La normativa peruana es extremadamente permisiva, lo que ha permitido que los presidentes puedan designar, en la práctica, a cualquier persona. Durante el gobierno de Pedro Castillo, el nombramiento de Richard Rojas, primero como embajador de Panamá y luego de Venezuela, fue muy cuestionado.

En la actualidad, surgen interrogantes respecto al nombramiento de una serie de embajadores políticos en diferentes países del mundo. Al margen de la cuestión formal, ¿realmente son las personas indicadas para proteger los intereses del Perú en el extranjero? Lamentablemente, algunas de las designaciones parecen más resultado de una decisión personal y arbitraria de la presidenta que de un profundo análisis acerca de lo que es mejor para el país.

Y en ese contexto, la oposición parlamentaria se ha fragmentado justo cuando más necesario se hace dar la batalla unida para garantizar una política de contrapesos y darle algún sentido a la bicameralidad que nos fue impuesta.

No se trata de cuestiones disociadas. Frente a un Ejecutivo que no tiene suficiente capacidad de actuación gubernamental ni siquiera ante la mayor crisis climática que vivirá el país, la oposición no debería perder su capacidad de presión y control, pues con ello se debilitan los mecanismos de contrapesos que permiten corregir los errores de la gestión y, a su vez, evitan los abusos de poder. No se trata solo de cómo actúan Keiko Fujimori y sus aliados, sino de determinar si la oposición está en capacidad de vigilar que el Ejecutivo responda por sus acciones, asuma responsabilidades y limite su uso del poder.

El fenómeno de El Niño (FEN) ha empezado a mostrar sus peores consecuencias y, aunque estaba anunciado, vuelve a encontrar a nuestro país sin la preparación necesaria. Las obras requeridas en las zonas que serán más afectadas no han sido concluidas en óptimas condiciones, y el Gobierno actual no ha sabido emplear estos primeros meses para apresurar realmente alguna acción trascendental.

Se hace evidente que la crisis política que nos ha acompañado la última década —y que tuvo entre sus protagonistas principales al actual partido de Gobierno— ha tenido entre sus consecuencias la inoperancia de los gobiernos de turno para completar las medidas de mitigación de riesgos.

Además, con gobiernos regionales cuyas nuevas gestiones empezarán a correr con la crisis ya en marcha, se hacía aún más urgente un real liderazgo del Ejecutivo nacional.

Sin embargo, la presidenta dice que «más no puede hacer» para prevenir posibles consecuencias. Y entonces, ¿por qué insistir y casi imponer las facultades delegadas bajo el argumento de que solo con ellas se podrá evitar que el desastre sea mayor?

Queda claro, entonces, que el centro del pedido de delegación de facultades nunca fue el FEN.

Pero el día jueves 22 de octubre, a pesar de las opiniones expertas, de los reclamos de algunos sectores y de los compromisos supuestamente asumidos, la Cámara de Senadores aprobó con 35 votos a favor delegar no 20 facultades, como determinó el dictamen de la Cámara de Diputados, sino 27. Esto incluye dar nueva capacidad operativa al servicio de inteligencia nacional.

Más allá de las facultades mismas, e incluso más allá del nefasto precedente que para la arquitectura constitucional de la bicameralidad representa esta aprobación, es particularmente grave ver cómo, a menos de 100 días de iniciada la legislatura, este tema ha llevado a la ruptura del bloque no oficialista y ha puesto los números ampliamente a favor del Gobierno.

Hasta ahora, la suma exacta de los 30 senadores no oficialistas permitió hablar de una oposición o alianza de freno para determinadas intenciones del oficialismo. Si bien solo 3 de los 4 partidos que componen este bloque se denominaban de oposición, lo cierto es que en conjunto habían asumido un rol de piedra de tope democrática importante, que representaba una real oportunidad de controlar los instintos autoritarios de este Gobierno.

Fue ese bloque unido, junto con la mayoría de la Cámara de Diputados que los mismos partidos garantizaban, el que obligó al Gobierno a reducir las 66 facultades legislativas solicitadas (y que abarcaban temas diversos y casi ninguno de emergencia) a solo 20 en el dictamen de la comisión.

Sin embargo, tras el pacto de Obras, la oposición en la Cámara Alta pasa a ser simbólica. Han dicho que no son un partido de «oposición, sino de solución» y ciertamente le han solucionado un escollo al Gobierno. Quizás en Obras prestaron demasiado oído a las palabras de la senadora Moyano sobre que «a veces es bueno ser autoritario» y se olvidaron de que la democracia representativa les dio bancada y que la ciudadanía que votó por ellos les esperaba en la oposición.

Tras esto, el oficialismo puede claudicar ya sin miramientos del diálogo democrático; le basta el autoritarismo de los votos.

En estas condiciones, creo que es necesario insistir en que las acciones coordinadas de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú para tratar de evitar el dictamen de la comisión son herramientas válidas para la acción política y la acción parlamentaria.

Tras esto, se ha hablado de una disolución de facto de la Cámara de Diputados. Creo que es posible diferir de esta lectura, volviendo la mirada precisamente a las múltiples herramientas de acción parlamentaria.

Conviene recordar que las funciones parlamentarias no se agotan en legislar. La Cámara Baja conserva facultades de fiscalización, que resultan de suma importancia ante un Gobierno deficiente y de tinte autoritario.

Estas funciones se tornan esenciales durante una emergencia como la que se avecina: solicitudes de información y visitas inopinadas, interpelaciones y censuras a los ministros, revisión de la ejecución de los recursos y auditoría de cada decreto legislativo. La oposición podría poner la mirada y la puntería sobre cada una de esas competencias delegadas y utilizar todos sus mecanismos de control de la forma más coordinada posible.

Así, mientras que en lo legislativo se ha perdido mucho a partir de lo ocurrido, habría que incidir en emplear el poder parlamentario para ayudar a la atención de la emergencia, pero también para no dar tregua a un Gobierno que hoy se siente ganador.

Medios de comunicación y oficialismo les han llamado obstruccionistas. Lo cierto es que los abusos de poder, siempre, ameritan ser obstruidos.

Con la compra del 70 % de América TV, las cosas mejoraron, pero no disminuyeron entre muchos propietarios las ganas de vender. El dinero líquido era una tentación y había mejores inversiones. Pero la venta se complicó siempre con el empecinamiento en vender las empresas del grupo, como el canal de televisión y periódicos menores, pero no El Comercio mismo, tan amarrado al apellido y la trayectoria de los dueños.

Los compradores de hoy se pasaron buen tiempo maniobrando por entre los corredores de un negocio familiar, con una cultura corporativa propia y accionistas individuales de todo tamaño, pero esencialmente pequeños, desde algo más de 5 % hasta un 1 % compartido. En un momento hubo algo así como 100 grupos accionariales en la cola de las utilidades.

Como en toda empresa familiar, complicó las cosas que aparecieran jóvenes interesados en incorporarse a las tareas periodísticas o comerciales. Es decir, competidores con tajadas accionariales reducidas, pero gran energía y, en muchos casos, formación más moderna. El espacio se empezó a reducir en el antiguo local. Además, la empresa perdió algunos importantes talentos, como Bernardo Roca Rey.

Los intentos de compra en el pasado fracasaron. Este intento exitoso es al mismo tiempo misterioso. No hay una lista fidedigna de accionistas de Newscorp, la empresa que ha comprado el 51 %, más allá del empresario Picasso Candamo. Tampoco se sabe quiénes están detrás de Emilio Rodríguez Larraín, el abogado de empresas que aparece como flamante dueño del 11 %. Tampoco están los nombres de los vendedores.

Las declaraciones de las partes sobre el cambio de propiedad anuncian el mantenimiento de la línea política y empresarial del diario, y un clima de armonía entre accionistas nuevos y viejos (los hay). Sin embargo, es muy probable que se empiecen a ver cambios en todo el conglomerado de medios conocido como Grupo El Comercio.

Muchos en el Partido Republicano atribuyen su actual predicamento a las políticas de Trump y a sus efectos en la economía de los hogares y de las empresas. Hay un encarecimiento general de los productos que ha espantado a un sector de votantes republicanos. El caso más notorio es el del diésel, escaso y cada vez más costoso.

La respuesta de Trump ha sido negarlo todo, atribuirle la culpa a los demócratas y ponerse cada vez más grosero. Las encuestas sugieren que por esa vía los republicanos no están recuperando votos, sino haciendo más intensa la sangría. En el 2024, el 46% de los votantes latinos era prorepublicano y protrump; para este noviembre, la cifra es del 27%.

La captura de una cámara permitirá a los demócratas poner en marcha investigaciones sobre la gestión de Trump y su gente. Aparte del elemento de vendetta, hay en eso el desarrollo de una ventaja frente a las elecciones generales de 2028, aquellas en las cuales Trump declaró que candidatearía por tercera vez.

El tiempo se le acorta, pero igual Trump está haciendo esfuerzos. Le ha comprado diésel a Rusia para abastecer los grifos de EE. UU., con los rusos encantados de financiar así su guerra en Ucrania. Ha ofrecido dinero en el bolsillo de quienes voten por él. Ha hecho trampitas varias. Ha emprendido breves giras electorales para atacar a los rivales.

El triunfo demócrata en una mayoría de jurisdicciones todavía puede ser mitigado, pero el proceso completo no puede ser revertido. Así, los republicanos pasan de estar bajo la bota de Trump a ser desalojados por el partido rival. Ya podemos imaginar las diatribas que dedicará Trump a los perdedores.

Al final, el protagonista de esta historia es el propio Trump, cuya desaprobación está altísima y todavía puede aumentar. No parece tener recursos para salir de su actual entrampamiento. No va a aceptar ayuda. La política se le puede volver arenas movedizas. Los corchos de champán ya están empezando a sonar.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que iba a elaborar una nueva propuesta de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. La propuesta fue presentada hace unas semanas en un círculo cerrado de empresarios, académicos y algunas centrales de mineros y luego ha sido entregada al Congreso.

¿Qué trae la propuesta del MINEM?

En primer lugar, señala que la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) enfrenta una serie de condiciones que limitan su formalización, productividad y sostenibilidad: fragmentación normativa, intentos de formalización con resultados limitados, débil articulación institucional y condiciones sociales y ambientales complejas.

El proyecto plantea: «establecer un marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal a nivel nacional». Además, se busca promover su desarrollo formal, sostenible y trazable; facilitar la incorporación y permanencia de los productores en cadenas formales de valor; fortalecer la capacidad del Estado para la supervisión y fiscalización y fomentar incentivos para la viabilidad de las actividades de pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional. También se anuncia que se centralizarán todos los procedimientos administrativos y habrá una casilla electrónica única.

El ámbito de aplicación comprende a: (1) las personas naturales o jurídicas que pretenden desarrollar actividades MAPE; (2) los diferentes actores de la cadena de valor (titulares de derechos mineros, de actividades de beneficio, acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores, etc.); y (3) todo lo que implica la trazabilidad y los sistemas de información, «para identificar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales».

El proyecto del Ejecutivo habla de un régimen ordinario, permanente para los operadores formalizados, sujeto a una serie de obligaciones (autorización, certificación ambiental diferenciada, información, trazabilidad y fiscalización), y de un régimen de consolidación, de carácter temporal y excepcional (aplicable a las personas que tienen inscripción en el REINFO), que estará vigente desde el 1 de enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028.

Esta ampliación del régimen de consolidación ha recibido críticas desde polos opuestos: un sector piensa que es una suerte de ampliación encubierta del REINFO y que nada garantiza que, cumplido el nuevo plazo, pueda volver a ser ampliado. Mientras que desde gremios como la CONFEMIN se señala que la ampliación es insuficiente y que la propuesta no dice nada sustantivo sobre lo que sigue siendo uno de los cuellos de botella: el acceso a concesiones para que sean trabajadas por los mineros que no tienen la titularidad de derechos.

La propuesta también plantea la creación de un Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al MINEM, «con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera», con las siguientes funciones: administrar los sistemas de información y trazabilidad; promover mejores estándares, buenas prácticas laborales y de seguridad e innovación tecnológica; evaluar instrumentos de gestión ambiental; y otorgar acreditaciones y autorizaciones de inicio o reinicio de actividades.

En lo ambiental, se plantea una modificación del artículo 19 de la Ley 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal): se especifica que «las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de pequeña minería o minería artesanal en virtud de un contrato de explotación o de cesión son los únicos responsables por los incumplimientos a la normativa ambiental y de seguridad y salud ocupacional que se deriven de sus actividades». Cuando no se cuenta con un contrato de explotación o de cesión vigente, el titular de la concesión deberá responder solidariamente con quienes ejecutan las actividades por los impactos causados al ambiente. Finalmente, cualquier incumplimiento de las normas ambientales constituye causal automática de resolución del contrato**.**

El proyecto de ley también habla de promover la asociatividad, la adopción de tecnologías limpias, la reducción progresiva del mercurio, el manejo seguro de cianuro, el acceso a mercados formales, la inclusión financiera vía el Banco de la Nación e incentivos para que los titulares de derechos mineros firmen contratos de explotación con operadores MAPE (pagarán derechos de vigencia reducidos y quedarán eximidos del pago de penalidades). Asimismo, se reservarán áreas de derechos mineros extinguidos.

Una propuesta con limitaciones

¿Tal y como está planteado, el proyecto de ley ayudará a encaminar la problemática de la pequeña minería y, sobre todo, de la minería informal y la abiertamente ilegal?

Es poco probable que esto ocurra. El foco sigue siendo la supuesta minería artesanal y la de pequeña escala, cuando el universo es otro: la extensa informalidad y la ilegalidad que se han expandido en esta actividad. También deja de lado otros aspectos clave: se han cuidado de no tocar temas como el de las concesiones mineras. Es difícil pensar en una posible salida sin que se aborden el acaparamiento de concesiones y el hecho de que casi no se deja espacio para otro tipo de operadores.

La propuesta tampoco reconoce la diversidad de situaciones: no es lo mismo la minería filoniana que explota vetas diseminadas que la aluvial. No es lo mismo la realidad de los Andes que la de nuestra Amazonía. Tampoco es lo mismo lo que pasa en el sur andino del país que lo que ocurre en el norte. Cualquier intento de política pública debe partir por reconocer esta enorme variedad de situaciones.

Otras preguntas clave que siguen sin respuesta: ¿la minería artesanal y la de pequeña escala seguirán siendo tratadas como actividades al margen del marco general que rige el sector? ¿La ruta sigue siendo pensar en una ley específica de minería artesanal y de pequeña escala, desvinculada de la Ley General de Minería? ¿Es posible encontrar salidas sin que el Estado peruano asuma su rol de garante de derechos, que incluya una mayor presencia en los territorios y que incorpore como aliados a las poblaciones?

Mientras no se aborden estos aspectos, seguiremos entrampados, sin encontrar verdaderas salidas a la expansión de la minería informal y, sobre todo, de la abiertamente ilegal, que avanza con violencia en varios territorios. Por último, cabe preguntar a los diferentes estamentos vinculados a la minería, formal e informal: ¿cuánto están dispuestos a ceder en sus agendas de grupo para construir las salidas que están haciendo falta?

¿Existe la posibilidad de que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso antes de que termine el año? Difícil. Por lo tanto, en diciembre es probable que se esté discutiendo una nueva ampliación del REINFO.

En este contexto, la responsabilidad de anunciar y vivir cotidianamente el Evangelio en las condiciones concretas de existencia de las personas, las comunidades y las sociedades orienta la comprensión de la Iglesia y, particularmente, de León XIV acerca de las características y tendencias de la sociedad contemporánea, del sistema internacional y de las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados y de sus respectivas sociedades nacionales.

Esta perspectiva pastoral encuentra en la doctrina social de la Iglesia criterios para examinar las realidades nacionales.

En la encíclica Magnifica Humanitas (15.05.2026), sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, León XIV discierne sobre la aplicación de los siguientes cinco principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia a las realidades de la sociedad internacional en transición y de los Estados que la integran.

1. El principio del bien común constituye la expresión social de la dignidad humana y un criterio rector de la organización política, económica y social. Su realización exige un proyecto compartido de sociedad, sustentado en el diálogo y la construcción de consensos, aun en presencia de diferencias ideológicas e intereses contrapuestos. Corresponde al Estado garantizar la cohesión social, armonizar con justicia los intereses particulares y colectivos y proteger especialmente a los sectores más vulnerables, mediante políticas orientadas al largo plazo. En el ámbito internacional, este principio se proyecta hacia la construcción de un bien común global, que requiere instituciones multilaterales más eficaces, cooperación entre los Estados y respeto a la pluralidad, la identidad y el derecho a la existencia de todos los pueblos.

2. El principio del destino universal de los bienes establece que los recursos naturales, materiales, culturales y tecnológicos deben servir al beneficio de toda la humanidad y, en el ámbito nacional, al conjunto de la sociedad. La propiedad privada es legítima, pero no absoluta: está subordinada a su función social. León XIV, al ratificar este enunciado, lo extiende a los datos, algoritmos y tecnologías digitales, cuya concentración puede generar nuevas desigualdades y exclusiones.

3. El principio de subsidiariedad establece que las decisiones deben adoptarse en el nivel más próximo posible a las personas, poblaciones y comunidades. Las instancias superiores de gobierno no deben sustituir las responsabilidades y capacidades propias de las instancias de la sociedad civil, sino fortalecer su autonomía y capacidad de participación.

4. El principio de solidaridad reconoce que la interdependencia humana genera responsabilidades recíprocas entre personas, grupos sociales, pueblos y Estados. La solidaridad no se reduce a la asistencia voluntaria, sino que exige decisiones económicas y políticas que distribuyan equitativamente las oportunidades, las responsabilidades y los costos del desarrollo.

5. El principio de justicia social exige transformar las estructuras económicas, políticas y culturales que producen desigualdad, discriminación y exclusión. No se limita a redistribuir recursos. Comprende la reparación de injusticias históricas, la restitución de derechos y la inclusión efectiva de los sectores vulnerables. León XIV incorpora la protección frente a la discriminación tecnológica, la vigilancia abusiva y las nuevas formas de exclusión digital.

Una mirada al Perú desde la doctrina social de la Iglesia muestra contradicciones y desigualdades. En el plano económico, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, en 2027 el Perú podría desplazar a Chile como la quinta economía más grande de América Latina en términos de PBI nominal. Su producto proyectado, de 413.597 millones de dólares, sería ligeramente superior al chileno. En el plano de las condiciones materiales de vida, sin embargo, la pobreza en el país ascendió al 25,7 %, mientras que en Chile fue de 17,3 % (CEPAL, 2025). El salario mínimo mensual equivale aproximadamente a 357 dólares en el Perú y a 562 dólares en Chile. En el plano del componente humano del crecimiento económico, el índice de desarrollo humano del Perú es considerablemente inferior al de Chile.

El Perú es una sociedad en la que se manifiesta con particular intensidad la contradicción entre el crecimiento económico y la persistencia de la pobreza, la violencia y la inseguridad ciudadana, la corrupción, el hambre, la insuficiencia del trabajo decente, la fragmentación social, la discriminación racial y la desigualdad.

La reflexión pastoral de León XIV sobre estos temas no se refiere a ningún país en particular, sino a los problemas que afectan a la sociedad internacional contemporánea en transición. Sus pronunciamientos sobre la dignidad humana, el Estado y la sociedad, la guerra y la paz y la centralidad que los pobres tienen en su pensamiento fueron los ejes de su mensaje durante sus viajes por África, Francia y España y orientarán, por cierto, su inminente misión apostólica por Argentina, Uruguay y el Perú.

En su exposición en Roma, en el Programa Mundial de Alimentos, León XIV llamó la atención sobre la imperiosa necesidad de encontrar decisiones que permitan superar el hambre y la desnutrición, atendiendo a las causas estructurales que los perpetúan. Demandó: «resistirse a la mercantilización de las necesidades humanas esenciales. El agua, los alimentos y la atención médica no pueden subordinarse a consideraciones de mercado ni a intereses geopolíticos» (PMA, 22.06.2026).

En Yaundé, el 15 de abril de 2026, fue enfático al afirmar que era necesario «romper las cadenas de la corrupción, que desfiguran a los dirigentes, quitándoles autoridad». Asimismo, sostuvo que «la autoridad está llamada a ser un puente, nunca un factor de división, incluso allí donde parece reinar la inseguridad. La seguridad es una prioridad, pero debe ejercerse siempre respetando los derechos humanos».

En ese mismo discurso, el Pontífice destacó el papel de la sociedad civil como fuerza fundamental de cohesión nacional, formación de las conciencias, diálogo y respeto de las diferencias. Reconoció también la importancia de la participación de las mujeres, de las organizaciones sociales y de las comunidades en la prevención de la violencia, la construcción de la paz y la defensa del bien común.

Es en este contexto apostólico y pastoral en el que la visita de León XIV adquiere su significado, alcance e impacto. Su presencia en el Perú no solo constituye el encuentro del Pontífice con una comunidad de fe, sino también su reencuentro con su país. Aquel que lo acogió durante largos años de misión pastoral. La visita ofrece una oportunidad para considerar las preocupaciones y esperanzas de la sociedad peruana a la luz de la doctrina social de la Iglesia, distinguiendo la misión espiritual del Papa de las responsabilidades políticas del Estado, el Gobierno y la ciudadanía.

Algunos críticos consideraron una torpeza haberlo pedido sin haber previamente coordinado con otras fuerzas políticas el apoyo en el Congreso; sin embargo, el objetivo era otro y jugaba mucho con la oportunidad para hacerlo. El pedido tenía que presentarse —necesariamente— en ese momento, para activar la nueva dinámica de la bicameralidad.

Era previsible que el Ejecutivo, antes de entregarse al juego político, tenía que verificar el funcionamiento y los alcances de su nueva creación: la bicameralidad. Por tanto, buscó, como primer acto, verificar cómo iba a funcionar este modelo para afirmar y dejar así establecido su poder en el Congreso.

El pedido de delegación de facultades ha generado cuestionamientos sobre el rol y los límites que le correspondió asumir a la Cámara de Senadores ante la propuesta legislativa de Diputados, pero ¿cuál ha sido el real objetivo del Ejecutivo con el pedido de facultades? Los ubicaría en escenarios como tener una justificación para que, cuando se cuestione la ineficiencia de la gestión gubernamental, se traslade la responsabilidad a los grupos políticos de oposición en el Congreso por no haber entregado —oportunamente— facultades para legislar. Se recurre al fetichismo legal, como si la realidad se agotara en la existencia de la ley. Digo ello porque las materias sobre las que se logró consenso en la Cámara de Diputados están vinculadas con la situación de emergencia climática y de alta criminalidad, que requieren ser abordadas, fundamentalmente, mediante la administración de recursos humanos y materiales para lograr una gestión eficiente.

¿Tirarse a la piscina sin tener las reglas claras?

El otro objetivo buscó vaciar de poder a la Cámara de Diputados y convertirla en una cámara «cascarón». Si tomamos como referencia una contienda deportiva, diremos que, a través del pedido de delegación de facultades, se buscó deliberadamente iniciar el partido y lograr que Diputados trasladara su propuesta legislativa a la Cámara de Senadores. Eso era lo que estaban esperando para sellar la debacle de la bicameralidad, y lo lograron, pues, a partir de ese momento, el Reglamento de Senadores se convirtió en «plastilina» en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno. Al final, ha quedado establecido que la propuesta legislativa que envía Diputados al Senado puede ser modificada sin necesidad de requerir debate previo sobre esas modificaciones que se incorporan. Basta tener el número de votos en el Senado para aprobar el nuevo texto creado por ellos mismos, a su medida; y, como de votos se trata, el grupo político opositor Obras, liderado por Ricardo Belmont, entregó sus votos a favor del nuevo texto legal creado por el fujimorismo.

La delegación de facultades fue un pretexto

Adelantarse a conocer el escenario y al rival es una estrategia militar que se usa antes que recurrir a convencer, persuadir o negociar. En el juego de ajedrez, son jugadas de tanteo para ver reacciones y debilidades, algo similar a «provocar para ver qué hace». Bajo esa lógica, se podría decir que se envió el pedido de facultades como un globo de ensayo para saber cómo se comportarían los opositores políticos, con quiénes sí se puede negociar, quiénes son los radicales y los menos radicales y, ante la posibilidad de una negociación, conocer qué tan ingenuos son o se hacen los ingenuos.

Es conocido recurrir a la táctica de explorar al adversario para tener una ventaja, sin vaciar el marco democrático; pero, cuando se quiere no solo ganar una discusión, sino el juego para que los otros ya no puedan jugar en las mismas condiciones, esto ya es reprochable, pues se debilitan la confianza, la fiscalización y el reparto de poder en el ejercicio democrático.

En este caso, hemos visto en estas semanas cómo se han utilizado reglas, discursos o procedimientos solo como pantalla, mientras que, en el fondo, lo que se estaba buscando era no aceptar contrapesos, debilitar controles o concentrar poder. La clave para detectarlo debió ser observar —desde Diputados— si las acciones fortalecían la competencia democrática o más bien la neutralizaban, más aún si no tenían las reglas claras desde el Senado. Si la debilitan, no es solo astucia, es un riesgo para el sistema mismo.

En el ajedrez, cuando el jugador no se da cuenta de la jugada o asume que es una jugada neutra, eso se puede llamar un error de evaluación: no ver el trasfondo de la amenaza. En política, podríamos presentar el pedido de delegación de facultades como una maniobra de tanteo con intención oculta: un grupo lanza una idea o pregunta que parece inofensiva, como pedir delegación de facultades, pero lo que quiere es que el otro muestre sus cartas y conocer mejor sus debilidades. Si logra ello, es porque tal vez hubo falta de cálculo, de estrategia o subestimaron al adversario; pero, si se usan reglas democráticas como fachada para debilitar al otro, ya no es simple astucia, es una maniobra de engaño que erosiona la democracia misma, porque cambia las reglas del juego mientras los otros creen que están compitiendo limpiamente.

Frente a este poder, hay un contrapoder que ya no se podrá expresar a través de las instituciones. Las movilizaciones y los reclamos sociales serán una respuesta a ello y, por eso, para hacer frente a ese futuro escenario de manera previsora, se ha buscado otorgar mayor poder militar y policial para que, cuando tengan que intervenir y reprimir los reclamos, se les garantice su impunidad. Se invoca la lucha contra la criminalidad como una justificación, pues, en el fondo, poco o casi nada se viene haciendo al respecto.

No tirar el tablero

En el juego político, perder una partida no significa perder el derecho a jugar. Los grupos políticos opositores no deben abandonar la cancha; su tarea es recuperar las condiciones. De lo contrario, el partido de gobierno se quedará no solo con la victoria, sino con el poder de decidir quién juega la próxima vez. Y nosotros, los ciudadanos, debemos ser vigilantes y no perder la memoria de quienes en el Congreso traicionan nuestro voto.

Ese consenso está de retorno. Sin muertos y sin protestas en las calles. Pero es el mismo consenso, un pensamiento que cruza al Gobierno y al Congreso y que se localiza en las instituciones, el liderazgo empresarial y los medios de comunicación tradicionales.

Este consenso ratifica por sí mismo que el actual Gobierno es la genuina continuidad del régimen 2022-2026. Postula a ser, al mismo tiempo, una continuidad depurada y saneada, es decir, un régimen que procura mejorar una forma ya conocida del ejercicio del poder.

La formación de este consenso es posible por varios fenómenos que se producen al mismo tiempo. El más importante quizás sea la ruptura del equilibrio precario que emergió de las elecciones de este año, un equilibrio que le otorgó el Gobierno a Fuerza Popular por una mayoría estrecha e instaló en el Congreso una mayoría un poco más amplia: un combinado opositor compuesto por una oposición centrista (Obras y Buen Gobierno) y otra más tajante (Ahora Nación y J. por el Perú).

Ese equilibrio ha estallado, y lo ha hecho antes de tiempo, porque se suponía que en algún momento —¿un año o dos?— la crisis de legitimidad del Gobierno implicaría un giro radical, impulsado también por la insistencia opositora en recuperar las instituciones democráticas tomadas por el pacto parlamentario aún antes de que se instalara el Gobierno de Boluarte.

¿Por qué este equilibrio estalló antes de tiempo? Por varias razones, especialmente dos: 1) por el déficit operativo del Gobierno, que no atiende con mínima eficacia las tareas básicas del Ejecutivo, lo que condujo a una inédita pérdida acelerada de aprobación presidencial, una caída respondida con un giro autoritario; y 2) la ruptura de la bicameralidad, que presumía el respeto de las reglas de convivencia parlamentaria, una ruptura que tiene varias secciones, es decir, varios espacios de conflicto.

El giro autoritario es más que un show. Es espectáculo, cierto, pero también presenta contenidos inherentes. La agregación de declaraciones, puestas de escena, decisiones como la integración del Perú al Escudo de las Américas, la disputa agresiva por una delegación de facultades que no le hacen ni más ni menos al Gobierno y la depredación de las bancadas opositoras indican que el oficialismo se encontraba a la búsqueda de un modelo de ejercicio del poder y que lo ha encontrado.

Este modelo es una huida hacia adelante. Contando con la experiencia de Boluarte a la mano, este giro es insostenible, de modo que luego de un breve plazo habrá un mayor descontento ciudadano —adiós al ideal autoritario continuado de los años noventa—, lo que impulsará al Gobierno, como lo hizo Boluarte en su momento, a una mayor radicalización de la forma y el fondo, porque no hay condiciones para que racionalmente el Gobierno desande el camino emprendido.

El giro autoritario también se facilita porque, precisamente, es el impulso que necesita el consenso político extremista para mantenerse vigente. El giro autoritario necesita tributar a ese consenso. Por esa razón, los cambios en el gabinete no tardarán en ocurrir. Un adelanto son eventos autoritarios sorprendentes, como el escarnio contra la oposición (las sillas vacías de la oposición en la conferencia de Fuerza Popular) o la publicación de la ley de la delegación de facultades a nombre del Senado, prescindiendo del Congreso y de la Cámara de Diputados.

La ruptura de la bicameralidad entraña otras rupturas, especialmente la voladura de puentes entre el Gobierno y la oposición por falta de confianza, la sujeción de la Cámara de Diputados al Senado, las rupturas de las bancadas opositoras a causa del avance depredador del oficialismo y la parálisis legislativa.

La reconstrucción del consenso extremista también presenta novedades. Una de ellas es el activismo oficialista de la mayoría de medios de comunicación tradicionales. Tres campañas centrales de las últimas semanas —el supuesto obstruccionismo de la oposición, la demonización de Juntos por el Perú como una bancada cercana al terrorismo y la militarización de la seguridad ciudadana— fueron objeto de apropiación de los medios, al punto de hacer en gran parte innecesaria la vocería directa del oficialismo. Los medios gobiernan desde la palabra.

Ni el giro autoritario del Gobierno en las últimas semanas ni el consenso extremista que lo legitima en la élite política y económica serán suficientes para evitar el deterioro de la actual administración, lo que también sucedió con el Gobierno de Boluarte.

El dato central de este fracaso no es el autoritarismo del Gobierno, sino su ineficacia. El extremismo no es un atenuante, sino una agravante, porque implica elevar las expectativas a favor de una alternativa de mano muy dura que no logrará sus propósitos. En el ámbito de las políticas públicas vinculadas a los servicios, la protección social y la vida cotidiana de la gente, el fracaso tendrá el mismo sentido: importa menos la piel del gobernante si lo central es que no garantiza un desempeño básico en el manejo del Ejecutivo, aunque es más censurable que la promesa de eficacia se haga desde la posición autoritaria y antidemocrática. Las sociedades castigan con más decepción el populismo y el autoritarismo vacíos.

El auge del consenso extremista presenta algunas diferencias con la experiencia similar durante el Gobierno de Boluarte. Entonces, la actividad opositora provino de la interacción entre la política de la calle y la política de las instituciones, condicionada por la primera.

Es cierto que ahora se carece de una política de la calle frente al régimen de Fujimori y, en cambio, se presume que existía un espacio mayor para la actividad de la política democrática desde las instituciones, específicamente desde el Parlamento.

No ha sido así. La oposición parlamentaria ha fracasado, ha sido depredada, se ha dividido y ha reducido su sentido democrático a lo mínimo. Del seno del combinado opositor tajante y moderado que emergió de las elecciones, ha surgido otro cuadro con tres oposiciones: una oposición tajante (J. por el Perú y algunos miembros de Ahora Nación), otra negociadora, que se ha quedado sin nada que negociar (Buen Gobierno y Ahora Nación), y otra colaboracionista, es decir, una oposición que ya no es oposición (Obras).

La oposición sacrificó sus innegociables, es decir, las condiciones básicas de cualquier desempeño democrático, como las leyes pro crimen, las leyes antiderechos y la captura del Estado, y estableció una agenda minimalista democrática bajo la presunción colosalmente equivocada de que este Gobierno no tenía pasado, ni cercano ni lejano.

Los sucesos de las últimas semanas liquidaron a la oposición. La ruptura del precario equilibrio postelectoral también ha alcanzado a la oposición. Con la bicameralidad rota, las bancadas rotas o en proceso de depredación, la oposición ideal del 28 de julio prácticamente ha dejado de existir. En eso también hay un parecido con el periodo de Boluarte: nos acercamos a un momento en que en el Congreso habrá opositores, pero no habrá oposición.

La centralidad de la política de las instituciones está llegando a su fin. El auge del consenso extremista, a pesar de estar condenado al fracaso, cierra el espacio para la deliberación democrática y hostiga cualquier actividad crítica y disidente. Uno de los efectos de este auge puede ser abrir las puertas a la política de la calle.

Con el ideal opositor diluido y el ideal autoritario de los noventa a las puertas del fracaso, bienvenida Dina, pase usted.

El engendro que aprobó el Congreso pasado consiste, en la lectura oficialista, en una cámara de 130 diputados, con representación regional, que tiene iniciativa legislativa para producir proyectos de ley que pueden ser aprobados o rechazados por el Senado de 60 miembros. Hasta ahí, el sistema es malo. Pero se pone peor. Lo que envíen los diputados puede ser modificado y convertirse en lo que quiera la mayoría en el Senado. A pesar de los límites puestos en su propio reglamento, el caso de la delegación de facultades probó, por primera y tal vez única vez, que los senadores van a hacer lo que les dé la gana si tienen 31 votos.

El fujimorismo logró conseguir 5 votos. Necesitaba solo uno. Pero los ofrecidos fueron más. ¿Esto es raro? No. Desde el video Kouri-Montesinos, el transfuguismo y los topos han sido moneda corriente en el Perú. Tres de Obras, liderados con entusiasmo por quien pidiera el voto popular como opositor, y dos de Buen Gobierno, que dejaron al partido de Jorge Nieto en un buen desgobierno. ¿A cambio de qué? No lo sabemos, pero lo sabremos. Serán 5 largos años de traiciones al voto popular, nada que no se haya visto en un régimen de partidos colapsado hace décadas. Pese a todas las advertencias en campaña, los tránsfugas siempre se cuelan. A veces como individuos, a veces como partidos enteros.

Sin embargo, cuando parecía que el disparate no podía ser peor, se ha agravado. El artículo 102 de la Constitución señala que son atribuciones del Congreso (subrayen Congreso) “dar leyes”. ¿Novedad? Ninguna. Pero el presidente del Senado, Miguel Torres, no sabe leer o no quiere leer la Constitución. Ha decidido, con su vicepresidente Alejandro Muñante, que es solo el Senado el que da leyes. Nadie más. ¿Cuál es su argumento? Sostiene Torres que el artículo 105 le ordena al Senado remitir la autógrafa al presidente de la República una vez aprobada. Así, para nuestro nuevo exégeta de la Constitución, donde dice remitir es equivalente a dar. ¿Y lo que dice el artículo 102? ¿Lo usará de abanico?

Remitida la autógrafa (la ley de delegación de facultades legislativas) con las 27 autorizaciones (20 aprobadas en Diputados y 7 agregadas ilegalmente en el Senado), el Ejecutivo corrió a publicar. A los pocos minutos se lanzaron las voces de alerta. Algunos, ilusos, creyeron que se trataba de un error. Sugirieron una fe de erratas. A la noche se le preguntó a Torres por la situación. Y es ahí donde afirmó su tesis: con esta nueva bicameralidad, las leyes solo las da el Senado. Ya no el Congreso. Mucho menos la Cámara de Diputados.

Hasta los doctores Truquini se han desmayado. Como dicen en mi pueblo, “Mucho, ¿no?”. Se puede ser autoritario y tratar de dar una apariencia de legalidad. Eso, por ejemplo, solía hacer el padre de Torres con la re-re-re elección de Fujimori y la “interpretación auténtica”. Pero ser autoritario y saltarte a la garrocha la Constitución (que el mismo grupo político hizo a su medida) es mucho abuso para tan poco poder.

La ley de delegación de facultades es inconstitucional en su primera línea. Dice que el Senado ha dado la ley, no el Congreso. Lo que emane de ella también lo será. Si tuviéramos un Tribunal Constitucional mínimamente instruido y decente, diría lo mismo. Pero lo dudo. El TC ha votado sistemáticamente a favor de violaciones a la Constitución perpetradas por el fujimorismo (desde la cuestión de confianza hasta la vacancia presidencial), politizando ese tribunal y desprestigiándolo. También Torres podría ser denunciado por infracción a la Constitución. Pero necesitarían los votos en ambas cámaras y no los tienen. Tampoco tienen 31 votos para su censura como presidente del Senado, como lo propone Juntos por el Perú. La violación existe; los caminos y sus posibilidades existen. Pero, como tantas veces en los últimos 10 años, lo único que importa, aun violando la Constitución, son los votos. Cuando eso sucede, la ley deja de ser un límite al poder y la forma democrática de gobierno se va por el caño.

¿Por qué Miguel Torres está tan interesado en violar la Constitución? Porque tiene que desaparecer a la Cámara de Diputados. Ahí no tiene mayoría, ni la van a poder conseguir por ahora. No han hecho ni el esfuerzo porque lo único que importa es atrincherarse en el Senado. En un exceso de confianza, ha querido desaparecer la función legislativa de los diputados. El gesto es innecesario y torpe para un abogado, pero parece fundamental para el mensaje político: aquí los diputados no existen.

Este no es un asunto menor ni simbólico. Como viene explicando hace meses Fernán Altuve (espero que el fujimorismo no lo terruquee), el Perú ya vivió esta historia. Y no termina bien. Sin caminos legislativos para evitar el atropello, a la Cámara de Diputados no le quedará más remedio que enviar al Senado solo aquello que, aprobado casi por unanimidad, sea aprobado en los mismos términos. Aunque, aun así, con mucha cautela. Todo proyecto se puede convertir en cualquier cosa. ¿Entonces qué hacer? Lo mejor es no mandar nada. Aunque con diferencias, podemos repetir la huelga parlamentaria de 1946 a 1948. Eso termina siempre en ruptura democrática.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados, sin función legislativa, tiene otras funciones de control del Ejecutivo. Estratégicamente, no puede censurar al presidente del Consejo de Ministros, pero tiene amplia libertad para censurar ministros, uno por uno, usando la técnica de Fujimori entre 2016 y 2017 con PPK, que Luis Galarreta conoce tan bien. Si el Senado no deja legislar a Diputados, Diputados puede no dejar gobernar a Fujimori. ¿Cómo termina eso? Mal para el país.

Solo por esa razón práctica (dado que la ética les es ajena), el gobierno debe tener más cuidado con el abuso de poder. Su votación en primera vuelta no pasó del 20%. Con el Fenómeno del Niño encima y las enormes carencias de gestión pública, Fujimori perdió 20 puntos de aprobación muy rápidamente. Ayuda que deje de jugar a la influencer, pero no es suficiente, y menos si pretende asustar al país con el nuevo juego de militarizarlo todo. Para parar una guerra legislativa, el Congreso tiene que encontrar una salida (una nueva ley) que anule la anterior y se emita correctamente. Si la tesis de Torres prevalece, lo que viene será peor para todos.

La III Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, elaborada para Oxfam, afirma que el 84% estima que el país está gobernado por grupos influyentes que actúan en beneficio propio, el 86% considera el acceso a la justicia profundamente desigual y el 81% señala lo mismo sobre la salud.

Por otro lado, el 72% reconoce además las brechas económicas cada vez más grandes entre los que más tienen y los que menos, y 70% identifica como grave la distancia entre Lima y el interior del país.

Sin embargo, en la anterior evaluación realizada en 2024, el 33% calificaba las brechas como totalmente inaceptables, y hoy lo afirma solo el 25%. Y ese retroceso no debe pasar por agua tibia.

La apuesta de los peruanos por el ascenso individual, ha impulsado la visión anárquica del “sálvense quien pueda”. De hecho, según el propio estudio, dos tercios sienten que su situación supera la de sus padres a la misma edad, mientras ocho de cada diez confían en que sus hijos vivirán mejor.

Esa percepción se contradice con la gran cantidad de jóvenes peruanos que quieren irse del país ante la ausencia de políticas claras que favorezcan vivir en una sociedad pacificada y garantista de los derechos ciudadanos.

Lamentable, los que administran deficientemente los recursos públicos pueden encontrar en ese optimismo de supervivencia una justificación para sostener su captura del Estado en desmedro de sus propios ciudadanos.

Como muestra reciente, los peruanos han escuchado a la propia presidenta, decir que ante la inminente emergencia por el fenómeno El Niño, ya no hay nada que hacer.

Y eso debería ser inadmisible de una gobernante. Esa evaluación la hacen los ciudadanos que buscan mejores condiciones de sus descendencias. En esa construcción de una ciudadanía efectiva, los jóvenes han demostrado que no han claudicado. Prueba de ello son las protestas ocurridas anoche exigiendo al gobierno atender sus necesidades prioritarias. Estas páginas quieren ser eco de esas demandas.

La ley de facultades fue promulgada con el enunciado “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”, en lugar de “El Congreso de la República”, que es el texto que establece el marco constitucional aprobado por el Congreso anterior bajo el impulso de Fuerza Popular. La historia parlamentaria del país no registra un antecedente similar desde el retorno al bicameralismo.

La Mesa Directiva del Senado, presidida por Miguel Torres, rechazó rectificar la fórmula y sostuvo que la redacción era correcta. La justificación fue que la Constitución había cambiado y que solo el Senado produce las leyes, un argumento que la propia Carta Magna desmiente.

Al respecto, en tiempos de negación y abuso sistemático por parte de Fuerza Popular, vale reafirmar que el Congreso bicameral es un organismo único con dos cámaras, no dos poderes con competencias legislativas separadas. La Cámara de Diputados forma parte de ese mismo cuerpo, y su participación en la formación de las normas está reconocida en el mismo texto que Torres invoca para respaldarse.

La consecuencia es que, en términos prácticos, esa postura equivale a declarar que Diputados no legisla.

Y lo alarmante para el futuro legislativo es la reincidencia en el desconocimiento de la Constitución con la insistencia en la negativa a rectificar lo que pudo haber sido un error. En otras palabras, la defensa de ese error lo convierte en posición institucional.

Y eso es, en suma cuenta, la instauración ilegítima de un unicameralismo de facto en donde la representación de la cámara baja termina siendo tratada como un proceso administrativo.

Ahora todo ha comenzado a cambiar. Un susurro que proviene del fondo de la casa anuncia al narrador y a Irene, su hermana, que algo va a apoderarse de su vivienda, que nada volverá a ser como antes y que el espacio poco a poco dejará de pertenecerles para serle entregado a una fuerza misteriosa.

Lo contó el escritor Julio Cortázar en un relato publicado en 1946 que se llama “Casa tomada”.

Casi ancianos, los últimos miembros de la familia llevan una vida rutinaria y tranquila, como si se estuvieran preparando para la muerte. Él visita librerías francesas mientras que Irene teje y, al parecer, desteje la misma campera. Sin embargo, algo les anuncia que el mundo va a cambiar.

Es ficción y no lo es. En Madrid, la historia se ha hecho real. Maricarmen Abascal, de 87 años, habitaba desde 1956 el mismo piso de la calle Sainz de Baranda. Pagaba 450 euros que restaba este año de una pensión de 1400. Sin embargo, todo cambió de pronto, pero no fue una fuerza misteriosa ni un desconocido maligno. Tampoco Satanás la espiaba detrás de un viejo cuadro. Fue una empresa llamada URBAGESTIÓN.

Aquella sociedad inmobiliaria compró la casa y le exigió una suma muy diferente. En vez de los 450 euros (1,700 soles) que abonaba, le exigieron pagar 2650 euros (o sea, 10 mil soles) al mes, aunque su pensión fuera inferior al monto de ese alquiler. En el caso de que aquello le pareciera un mal negocio, la empresa le sugería comprar el piso por unos 250 mil euros. Eso equivaldría, más o menos, a un millón de soles.

Maricarmen dijo siempre la verdad. No tenía esa cantidad ni banco alguno iba a prestarle ese dinero a una persona de 87 años. Ella siguió pagando los razonables 450 euros, pero URBAGESTIÓN era un monstruo con hambre.

No se trata de un invento literario. A estas alturas, en otras calles, otras ciudades y otros países, miles de personas como Maricarmen están sufriendo el mismo acoso judicial.

En la lógica de este sistema, los dueños del capital tienen la razón. Quieren sacar todos los dividendos que puedan de su inversión. Y eso es legal, pero no es justo ni humano. Tampoco es cristiano.  Es diabólico, pero es lícito.

Maricarmen estaba enferma. El 23 de septiembre se produjo el desahucio y, aunque el mundo se opusiera, un poderoso vehículo embistió la puerta. A la anciana la hicieron salir en camilla y terminó en un hospital.

Madrid es una ciudad turística y los empresarios lo saben. Por esa razón, han decidido comprarse, una por una, todas las casas y luego alquilarlas o venderlas a precios multiplicados. Eso ocurre en toda España, y alcanza también a los sobrinos y nietos de Maricarmen. Un joven de 18 años puede ingresar a la universidad, pero le resulta imposible pagar una habitación.

Eso ha empujado a centenares de miles de personas a protestar en las calles y acampar en plazas centrales de la capital española y de otras importantes ciudades. Tanto la lideresa Ayuso como los partidos ultraderechistas vienen sosteniendo el encargo y la defensa de URBAGESTIÓN y aducen que el capital es positivo y tiene todos los derechos. Incluso a cometer crímenes como este. Efectivamente, así es, dentro de un sistema perverso que antepone los intereses del capital sobre los derechos de los ciudadanos.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre, un par de semanas después de que la echaran de su casa. Sus últimas palabras fueron de gratitud para los españoles que la defendieron y de llamados a continuar una lucha por el derecho a la vivienda que pronto asumirá los caracteres de huelga general.

Cuando los personajes de la obra de Cortázar han sido empujados por la fuerza misteriosa hasta el fondo de la casa, toman un corredor que los conduce a la puerta. Son las once de la noche y el narrador se dice: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.