Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?

El también arzobispo de Lima fue claro sobre la naturaleza de la crisis. La catástrofe peruana, señalada por la presidenta, Keiko, Fujimori, y hace tan sólo unos días, y contrariamente a las razones que ella esgrimió, tiene distinta naturaleza.

Según el primado del Perú, la catástrofe existe y es de dignidad humana. Y su aseveración se sostiene en que la condición humana hoy está en sumo peligro.

No obstante, fue igualmente claro sobre lo que la reconciliación debe ser. La que el Perú necesita es la que, viendo claramente las injusticias cometidas, sabe hacer justicia restituyendo a la medida de lo posible a todos los perjudicados. Esas palabras, pronunciadas ante la nueva presidenta, son un recordatorio que este diario comparte.

La promesa de nuestra nación integrada por todas las provincias del Perú debe resistir tanta ambición y tantos planes macabros, según el cardenal Castillo. Y amplió la mirada hacia el contexto global en que las personalidades y grupos arrogantes, de mucho dinero y poder, pretenden repartirse el mundo como botín cambiando el mapa mundial, partiendo de las realidades diversas de cada país.

Para quienes han seguido la cobertura que esta casa editorial ha hecho de las leyes procrimen, el asedio a la independencia judicial y el festín fiscal del Congreso saliente, esa descripción tiene un referente preciso para el caso nacional.

Castillo evocó además la constitución vitalicia que Bolívar intentó imponer en 1826 y que duró apenas 49 días porque el pueblo lo impidió, para recordar que el Perú pertenece a todas sus provincias y que la república debe estar al servicio de sus ciudadanos.

Vale aclarar que si bien este diario defiende el laicismo del Estado y no necesita que ninguna institución religiosa valide sus valores democráticos, sí puede reconocer cuando una voz con autoridad moral dice en el momento más incómodo lo que muchos prefieren callar.

La catástrofe tiene nombre. La reconciliación exige justicia. Eso es lo que el nuevo gobierno y su bancada parlamentaria debería tener en ciernes.

Las formas fueron las de una presidenta que entiende que ganó con el 71% del territorio en contra y que necesita gobernar para todos. El problema es que esas formas contrastan de manera notable con el comportamiento que su bancada ha tenido en las últimas semanas.

La misma Fuerza Popular que respalda a Keiko es la que en las últimas sesiones de la legislatura saliente aprobó la ley del fuero militar, la ley de lesa humanidad con estándares más restrictivos que el Estatuto de Roma y la Ley 32107. Es la misma que, a través del senador Fernando Rospigliosi, denunció ante la JNJ a una fiscal de derechos humanos el mismo día en que recibía su credencial.

Es la misma fuerza política que en el primer acto del bicameralismo intentó impedir el acceso de periodistas al hemiciclo y amenazó con acusaciones constitucionales a parlamentarios que mostraran su voto.

Sin embargo, los anuncios del discurso tienen relevancia. El plan de contingencia frente a El Niño, la asistencia a agricultores, el bono a microempresas y las facultades delegadas que solicitará al Congreso son compromisos concretos que el país esperará ver cumplidos. No obstante, lo que el discurso no mencionó es igualmente significativo.

No hubo referencia a la independencia judicial, al proceso disciplinario de la JNJ contra los jueces que aplican el derecho internacional, ni a las leyes procrimen que su propia bancada aprobó.

En ese sentido, la pregunta que el Perú se hace es cuál de las dos Fuerza Popular gobernará. La de una presidenta que prometió diálogo y pluralidad en el hemiciclo, o la del bloque parlamentario que en sus primeras horas de vida demostró que opera exactamente igual que siempre. Esa distancia, si persiste, no es una señal de pluralismo. Es una señal de que la moderación fue para el discurso y la agenda real está en otro lado, como lamentablemente lo hemos verificado en los últimos 10 años de poder fujimorista en el Estado peruano.