Hasta el próximo 7 de junio, dos visiones políticas se van a contraponer y el electorado tendrá que escoger, por mayoría, una de ellas. Fujimori entra a la contienda con la ventaja futura de tener 22 senadores propios, mientras que Sánchez tiene solo 13. El resultado de la votación senatorial da cuenta de un congreso dividido casi en partes iguales, pero con una mayor inclinación a la derecha, por lo menos en los planteamientos económicos. Fuerza Popular y Renovación suman 30 votos, mientras que JPP, Ahora Nación y Obras suman 22. Los 8 de Buen Gobierno no le van a sumar siempre a la izquierda, ni siempre a la derecha, y sus electores no son los votantes de izquierda típicos. Pero, cuando sumen a la derecha, serán 38. ¿Esa es una radiografía de las preferencias electorales en segunda vuelta? Todo hace pensar que la competencia será tremendamente reñida para ambos.

En este punto, es necesario volver a leer los planes de gobierno. “Perú con orden” de Fuerza Popular, 138 páginas, y “Plan de Gobierno 2026-2031”, 74 páginas, tienen profundas divergencias, pero insólitamente, algunas coincidencias notables.

El plan de gobierno de Juntos por el Perú parece un documento del siglo pasado. La misma cantaleta ideologizada, sin base fáctica, contra el libre mercado. Se atribuye todas las desgracias al supuesto modelo neoliberal, basado en la explotación de materias primas y una supuesta desregulación laboral. Tumbarse en un debate la omisión de todo el siglo XXI será un paseo para los fujimoristas. Ese supuesto modelo empobrecedor tiene cifras de éxito contundentes: en el año 2004 el 60% del país era pobre; 15 años después, en el 2019, la cifra era de menos de 20%. ¿Qué país no estaría orgullosísimo de su modelo económico si reduce 40 puntos de pobreza en 15 años? ¿Eso no existe? ¿Quieren volver al primer gobierno de Alan García?

El modelo que ofrece Sánchez pasa por la destrucción del corazón del capítulo económico de la Constitución. Ninguna seguridad jurídica, ninguna estabilidad tributaria y el regreso al estatismo de la propiedad bajo una supuesta “economía mixta” que no es más que un eufemismo para meter al Estado de empresario, con las consecuencias catastróficas que ya vivimos en la dictadura militar de los setenta. Un regreso al pasado, sin ninguna esperanza de futuro para los más pobres. Es decir, el hambre. Tampoco hay que ser un científico para entender que la madre de la informalidad peruana es la rigidez laboral. ¿Cuál desregulación laboral? Hace años que repiten como loros desde la izquierda y ninguno explica por qué, si supuestamente todo anda tan desregulado, la gran mayoría de trabajadores no están en una planilla.

El plan de gobierno de Keiko Fujimori se basa en tres pilares: orden, economía y social. Lamentablemente podría leerse como autoritarismo, mercantilismo y asistencialismo clientelar. Hace muy bien en fijar dos parámetros fundamentales para la prosperidad futura del Perú. Primero, garantizar la independencia del BCR y el respeto a los contratos. Segundo, sostener el déficit fiscal en 1% del PBI al 2031. Si solo se cumplieran estas dos promesas, sería de inmenso alivio.

Sin embargo, pronto se desarman las buenas intenciones. En materia de orden, no hay ninguna indicación de la derogatoria de las leyes procrimen (“una falsa narrativa” dijo Fujimori en campaña) ni nada que indique otra cosa que no sea más de lo mismo; eso sí, con mucho más gasto público. Difiere con Sánchez en que este sí propone expresamente la derogatoria, pero al igual que Fuerza Popular, no hay una idea novedosa en materia de seguridad ciudadana.

El problema más grave del plan de Keiko Fujimori es el asistencialismo y el mercantilismo respecto a todos los sectores productivos que enumera. Para todos hay algún regalito. El problema está en que, cuando escoges ganadores, irremediablemente escoges perdedores. La tributación tiene que ser lo más neutral posible, imponiendo iguales tributos en iguales circunstancias. Además de la reducción de recaudación, trae un programa social muy parecido al de Sánchez, en que ambos hacen diagnósticos similares (no es novedad que la educación y la salud se caen a pedazos) y ofrecen el sol y la luna a la par. Donde parecía que no habría coincidencia alguna, pues vaya que la hay. En efecto, ambos prometen que “las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón”.

En la parte final de su plan, Fuerza Popular tiene la cortesía de contarnos cómo hará para gastar todo eso y tener un déficit fiscal de 1% (a JPP no le interesa ni contarlo, ni las metas fiscales). Así, a punta de Alianzas Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), el país crecerá 5% el 2027 y el 2028; y al 6% el 2030 y el 2031. ¿Cómo proyectan ese crecimiento si para este año ellos mismos afirman que será de 3,5%? Ni una palabra. Así, qué bonito es ofrecer y fácil es decepcionar.

Hay, pues, mucho para leer y para pensar. Pero ambos tienen que inclinarse a los centros en otros temas que pueden jalar o disuadir al elector. Por ejemplo, Sánchez se presenta como más abierto a la agenda de derechos de las mujeres y Fujimori como mucho más conservadora. El voto, en primera vuelta, parece haber abandonado a los fariseos y sepulcros blanqueados. Fujimori tal vez revise su “narrativa” después de la enmendada que le dio su propia hija. De otro lado, voceros de Sánchez ya descartan la Asamblea Constituyente o las modificaciones a la Constitución por una razón política real: no tienen, y no tendrán en 5 años, los votos.

Fujimori necesita ser más humana, más empática y caer menos en la demagogia. Se teme que, entrando, no se vaya nunca como su padre. Como él, su relación con las fuerzas armadas y su poco talante democrático son de temer. Si quiere superar su mayoritario antivoto, probado tres veces, tiene que escuchar y rectificar. Su fraudismo del pasado tiene que quedar muy atrás. Cualquier atisbo de piconería la liquida porque le daría a Sánchez una votación mayor. A nadie le gustan los malos perdedores. Del otro lado, Sánchez, con su programa económico, espanta con horror a todos los centros. Como lo hizo Humala el 2011 o Castillo (abandonando a Cerrón) en el 2021, tiene que tirar para el centro, con gestos como garantizar la permanencia de Julio Velarde o desechar las ideas centrales de su propuesta. Si no lo hace, Keiko Fujimori puede tener una ajustada victoria, por primera vez.

Una línea final sobre la primera vuelta. Mi agradecimiento a Piero Corvetto. Su ilegal renuncia, luego de un linchamiento mediático y una absurda persecución policial y fiscal, da cuenta de su inmensa honorabilidad. Le tendieron una emboscada (cada vez con más evidencia), sobredimensionaron los hechos y nos inundaron de fake news porque uno de los perdedores mostró su verdadera cara: la del matón. Corvetto hizo algo que hace mucho tiempo no se ve: se sacrificó a sí mismo, con brutal costo para él y su familia, para salvar el proceso, y lo salvó. Pocos peruanos han mostrado tanto heroísmo para salvar el voto de todos. Para lo poco que le pueda servir mi opinión, muchas gracias.

No obstante, la fragmentación política no es, por sí misma, una garantía de deliberación democrática. Puede ser, por el contrario, la antesala de la parálisis o del intercambio oportunista, tal y como se ha desarrollado el pacto corrupto en el Legislativo estos últimos cinco años, si no se construyen acuerdos que piensen en el país y sus ciudadanos.

Las principales fuerzas que alcanzarían un escaño, por sí solos, carecen de la fuerza suficiente para imponer una agenda propia.

Pero, el problema se agrava más al saber que el país enfrenta una situación fiscal cada vez más frágil. La deuda pública neta ha crecido de manera significativa en los últimos años y, más preocupante aún, el propio Congreso ha aprobado normas con un alto costo fiscal sin garantizar su sostenibilidad. Solo en marzo, de acuerdo con el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas han comprometido miles de millones de soles anuales.

Por eso es de vital importancia que los virtuales senadores electos sepan que su acción no puede insistir en repartos precarios solo pensando en el corto plazo. Construir consensos responsables implica, en primer lugar, reconocer los límites fiscales del país y legislar en función de ellos. Implica también priorizar reformas que fortalezcan la institucionalidad, en lugar de debilitarla con medidas populistas, por ejemplo, impulsando la derogación de las leyes procrimen.

El Perú necesita legisladores que entiendan de una vez por todas la magnitud del momento. La combinación de fragmentación política y deterioro fiscales especialmente peligrosa: limita de por si la capacidad de acción del Estado y amplifica sus errores. Si el Senado reproduce las prácticas que han llevado al país a esta situación, no será un contrapeso, sino un acelerador de la crisis.

En ese terreno se ubica la conducta de Rafael López Aliaga, quien, a pesar de perfilarse como virtual senador electo por su organización política, Renovación Popular, insiste en sostener denuncias de fraude sin ningún tipo de evidencia, mientras despotrica contra la prensa y los organismos electorales. Se trata de una narrativa que busca socavar la credibilidad del sistema cuando los resultados no se ajustan a determinadas expectativas. Lo vimos en 2016 y 2021 con Keiko Fujimori. Hoy lo observamos con el renunciado exalcalde de Lima.

La secuencia es conocida y peligrosa. Primero se siembra la duda, luego se exige la excepcionalidad, finalmente se pretende deslegitimar el resultado. No hay aquí un debate serio sobre irregularidades verificables, sino una estrategia para abrir por la vía política lo que no se ha podido sostener por la vía probatoria.

El argumento de las “elecciones complementarias” ha sido utilizado como un atajo para reabrir etapas ya cerradas del proceso. Y, ante ello, es importante subrayar que las incidencias registradas, que han sido excesivas, durante la jornada electoral fueron atendidas dentro del marco legal, con medidas extraordinarias que buscaron asegurar el ejercicio del derecho al voto. Ello no exime de responsabilidad a quienes debieron cumplir con su trabajo, según la ley que los regula.

Por eso, el llamado a la calma y a la responsabilidad debe leerse como una señal de alerta. La política tiene el deber de encauzar el conflicto dentro de las reglas, no de dinamitarlo desde fuera. Y quienes aspiran a gobernar no pueden, al mismo tiempo, desconocer el mecanismo que les permitiría hacerlo legítimamente.

El JNE ha hecho lo que le corresponde: defender la legalidad, cerrar espacios a la manipulación y garantizar que el proceso siga su curso. Ahora le corresponde al sistema político estar a la altura.