Y tiene razón. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes porque la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere continuar con la misma gestión o elegir una alternativa. Eso no es un capricho formal sino un mecanismo básico de control democrático. Usarlo para algo distinto, haciendo renunciar a un candidato de relleno para que el alcalde de facto asuma por la puerta de atrás, no es creatividad jurídica. Es eludir la voluntad popular con una maniobra que el propio sistema electoral reconoce como un abuso.

La buena noticia es que la respuesta legislativa ya existe. El diputado del partido Obras, Víctor Piñán, ha presentado un proyecto para impedir que un alcalde integre la lista de candidatos al Concejo Municipal en la siguiente elección. Los diputados opositores del Consenso por la Democracia tienen aquí una oportunidad concreta de legislar a favor de la integridad electoral desde sus primeras semanas en el cargo.

El JNE lo reconoció cuando Burneo dijo que se están generando estrategias para fraguar la ley, pero admitió que el marco normativo las permite y que el JNE se limita a cumplirlo. En ese sentido, para estas elecciones el daño parece estar ya hecho y los plazos hacen imposible que el TC o el Poder Judicial actúen a tiempo. En ese sentido, el único contrapeso real que queda es el voto ciudadano informado.

Y el Congreso bicameral tiene la obligación de debatir a fondo el proyecto de Piñán y otras que se sumen para que en 2030 esta puerta quede cerrada y que existan elecciones competitivas sin que algunos tramposos buscan sacarle la vuelta a la ley.

La primera versión oficial del Ejército habló de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas y de que la patrulla había sido atacada primero. Días después, las diligencias iniciales desmontaron esa versión ya que confirmaron que en la camioneta no había ni drogas ni armas. Lo que sí había eran deportistas que regresaban de un torneo de Copa Perú.

Jaime Brendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila de 18 años y William Núñez Soto, entre ellos eran jóvenes de comunidades campesinas del VRAEM que volvían a casa después de jugar fútbol.

Un sobreviviente, Ricardo Jampier Acuña Quispe de 20 años, declaró después que su primera versión, la que lo ubicaba como parte de un grupo que transportaba droga, fue obtenida bajo amenaza y con los militares sin identificarse. La cadena de custodia de las pruebas fue cuestionada. El juez dictó doce meses de prisión preventiva para los ocho efectivos investigados.

Sin embargo, esta semana, la Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó esa medida y los liberó. Y el capitán Luis Montenegro Pardo, uno de los investigados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior para que se investigue penalmente al juez que los había mandado a prisión. El que investigaba se convierte en investigado y el que debe responder por sus actos queda libre.

El Congreso completó el cuadro el 14 de mayo. El pleno rechazó la interpelación al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. El fujimorismo votó en contra. Con esta misma vehemencia, ahora plenamente el gobierno plantea militarizar las calles con la excusa de combatir la inseguridad ciudadana. ¿Con qué garantías cuenta la ciudadanía para protegerse de los abusos?

Sin verdad establecida, sin militares en prisión preventiva, con el juez denunciado y con el ministro protegido por el voto del Congreso, la impunidad avanza en Colcabamba. Las familias de Jaime, Cristian y William siguen esperando que alguien responda. Y lo harán tarde o temprano.