No es un episodio aislado. Desde hace una década se ha instalado una práctica política que consiste en diseñar y procesar las decisiones imponiendo todo lo que permite una mayoría parlamentaria. Es lo que preocupó a Alexis de Tocqueville, John Adams y John Stuart Mill cuando advirtieron sobre la tiranía de la mayoría. Tener los votos permite aprobar decisiones, pero no convierte cualquier decisión en legítima ni elimina la obligación de respetar los límites del poder.

El gobierno llegó al poder con una diferencia inferior al uno por ciento y perdió en el cómputo nacional. Su fuerza parlamentaria, sin embargo, no se expresa de igual manera en ambas cámaras. En el Senado tiene una posición favorable que no reproduce en Diputados. Pero eso no parece importar. Como ha ocurrido en los últimos años, se construyen mayorías para aprobar no solo lo aceptable, sino también decisiones cuya constitucionalidad resulta, cuando menos, discutible.

El parlamento adquirió relevancia para limitar el poder absoluto. El equilibrio de poderes busca impedir que una mayoría, por legítimo que sea su origen electoral, concentre las decisiones. Las instituciones deben distribuir atribuciones y obligar a negociar. Sin contrapesos, la democracia queda reducida al conteo de votos.

Según la Unión Interparlamentaria, al cierre de 2024, de los 190 parlamentos nacionales registrados, 79 eran bicamerales y 111 unicamerales. La existencia de dos cámaras es una fórmula extendida, sobre todo en las democracias, pero no garantiza equilibrio. Hay democracias con una sola cámara y regímenes autoritarios con dos. Finalmente, lo importante es qué funciones cumplen y cómo se distribuye el poder entre ellas.

En América Latina, la comparación resulta especialmente pertinente. Los sistemas bicamerales de la región funcionan bajo regímenes presidenciales y ninguno de los examinados permite que el Senado imponga unilateralmente su versión de un proyecto aprobado por la cámara baja. En Argentina, Brasil y México, las modificaciones regresan a la cámara de origen, que puede aceptarlas o insistir en su propuesta bajo determinadas mayorías. En Chile y Colombia se recurre a comisiones mixtas o de conciliación. En Bolivia y Uruguay, el desacuerdo puede resolverse con ambas cámaras reunidas. Los procedimientos varían, pero hay una regla común: el desacuerdo compromete a las dos cámaras. Ninguna puede cerrar por sí sola la deliberación legislativa.

El diseño peruano se aparta de esa lógica. La reforma que reincorporó el Senado fue impulsada por un Parlamento en el que el actual oficialismo y sus aliados tenían una posición determinante. Ese Congreso buscó preservar y ampliar el poder del Legislativo frente al Ejecutivo y, dentro del propio Parlamento, otorgar al Senado una posición de superioridad. No se trataba simplemente de recuperar una institución, sino de diseñarla de acuerdo con los intereses políticos de quienes promovían la reforma.

El desequilibrio es evidente. Diputados tiene iniciativa legislativa y ejerce el control político sobre el gobierno. El Senado, además de sus atribuciones de nombramiento y control, puede aprobar, modificar o rechazar los proyectos que recibe de Diputados. Si los modifica, no está obligado a devolverlos para que la cámara de origen se pronuncie. Puede enviar directamente la autógrafa al Ejecutivo. Así, Diputados pierde la posibilidad de decidir sobre los cambios introducidos por la otra cámara.

Pero lo ocurrido con la delegación de facultades ha llevado ese diseño todavía más lejos. El Senado no se ha limitado a modificar el texto aprobado por Diputados. Ha incorporado materias que esa cámara no aprobó, amparándose en una interpretación elástica de la palabra modificar. Una cosa es corregir o cambiar disposiciones dentro de un proyecto. Otra es utilizar esa atribución para introducir asuntos que no recibieron la aprobación de la cámara de origen. Modificar deja entonces de ser una facultad de revisión y se convierte en una forma de sustituir la decisión de Diputados.

La consecuencia es concreta. El Senado puede alterar un proyecto, incorporar materias nuevas y remitirlo al Ejecutivo sin una nueva intervención de la cámara de origen. Diputados pierde así su función legislativa propia. Su aprobación inicial es apenas el punto de partida para una decisión ajena.

La historia constitucional peruana tampoco ofrece un precedente para esta fórmula. Ocho de nuestras doce constituciones republicanas fueron bicamerales. Desde 1828, los proyectos aprobados por una cámara pasaban a la otra para su revisión, pero las discrepancias tenían procedimientos de reconsideración o resolución conjunta. En 1856 y 1860 se contempló la reunión de ambas cámaras para resolver desacuerdos. La Constitución de 1933 estableció que las modificaciones o rechazos de la cámara revisora volvieran a la cámara de origen y que las insistencias se resolvieran en Congreso. Las constituciones de 1920 y 1979 fueron más precisas: cada cámara podía insistir en su posición con dos tercios de sus miembros. Si ambas alcanzaban esa mayoría, no había ley. Ninguna tenía la última palabra por sí sola.

Hay dos problemas. Un diseño que coloca al Senado en posición de superioridad y el uso de esa ventaja para ampliar sus facultades más allá de lo que puede entenderse por modificar. La delegación de facultades muestra hasta dónde llega esa interpretación. No se resuelve una discrepancia entre cámaras, solo se impone la voluntad de una sobre la otra.

Estas mayorías suelen olvidar que el poder no es permanente. La alternancia puede colocar a otros en la misma posición y devolverles, con idéntica fuerza, las decisiones que hoy imponen. La democracia no consiste en tener los votos para hacer cualquier cosa. Consiste también en aceptar límites cuando se tienen. De lo contrario, la tiranía de la mayoría convierte al Parlamento en aquello que debía impedir: un poder sin contrapesos.

Ahora bien, lo que llama la atención es que, en la resolución de archivamiento, el Fiscal analiza los hechos y concluye que se configuraron los elementos del crimen de lesa humanidad. Sin embargo, dispone el archivamiento aplicando la ley 32107 aunque la propia Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma en el 2024.

Me pregunto qué llevó al fiscal al archivamiento y no puedo dejar de recordar la persecución que jueces y fiscales vienen sufriendo por parte de los promotores de la impunidad cuando deciden aplicar el control de convencionalidad. Mi teoría es que el temor a las represalias habría llevado a reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad, archivar el caso de modo que las víctimas impugnen y que sea otra fiscalía la que tenga que resolver el tema. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

En todo caso, lo que sí es claro es que más de 4000 mujeres fueron maltratadas una vez más, que las decisiones del Fiscal comprometen la responsabilidad internacional del Estado y que el Perú está en desacato ante la Corte Interamericana.

Las víctimas no se rendirán, pero este nuevo agravio era evitable si, sobre el miedo a las represalias, hubiera primado el compromiso con la justicia.

El Salvador es el país más pequeño de América continental. Apenas tiene una superficie de 21.041 km². Para que hagan los números, el Perú tiene 1.285.215 km². Puedes meter dentro de nuestro país 61 veces el territorio de El Salvador. Como se ha mencionado varias veces, es del tamaño de Ica, que tiene 21.327 km². Sin embargo, es un país densamente poblado para esa superficie, con un poco más de 6 millones de habitantes, según el censo de 2024.

Según cifras oficiales proporcionadas este mes por el mismo Bukele, en una conferencia de prensa con la presidenta de Costa Rica, tienen 120.956 personas en prisión. De ellas, 96.457 están vinculadas a pandillas. Estas han sido calificadas como «terroristas». Sin embargo, Bukele ha anunciado que en menos de una década el 70% de los presos de El Salvador estarán libres, aunque ha tenido declaraciones anteriores contradictorias. Se ha anunciado una pronta liberación de un contingente importante de presos, aunque las cifras han variado en diversas declaraciones y han llegado al 50%.

Vamos, otra vez, a los números. El Salvador tiene hoy aproximadamente al 2% de su población en la cárcel. Mayoritariamente, se trata de población joven que está excluida de un mercado laboral que necesita mano de obra. ¿Cuánto es el 2% de la población del Perú si consideramos 34 millones de habitantes? 680.000 presos. ¿Cuántos presos hay hoy en nuestro país? Más de 103.000, repartidos en 69 penales. La capacidad instalada penitenciaria del Perú está diseñada para 41.764 personas. Si ya tenemos un grave problema de hacinamiento, ¿dónde van a meter a 500.000 presos más si se quiere imitar a Bukele?

Estas cifras son públicas y muy básicas. ¿No las conoce la Cancillería peruana? ¿No debía advertir a la presidenta sobre las profundas diferencias que existen entre las dos realidades? En 2015, El Salvador llegó a tener una tasa de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En 2025 cerró con una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Bajar de 103 a 1 es, por supuesto, un éxito. Sin embargo, Bukele asumió el poder en 2019, ya con una tasa de 36 asesinatos por cada 100.000 habitantes. A pesar de poner en práctica un plan de seguridad que redujo para 2021 esa tasa a 17,6, fue en 2022 cuando radicalizó las medidas, luego de un ataque letal de las maras (pandillas) en marzo.

¿Cuál es la tasa actual de homicidios en el Perú? Según cifras del INEI, en 2025 tuvimos 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿La cifra está aumentando? Lamentablemente, sí. En 2021 fue de 8,6; en 2023, de 9,3; y en 2024, de 10,1. Por eso es que Bukele miraba a Keiko casi con compasión. Nuestras cifras, siendo trágicas en su aumento, no son ni remotamente las de El Salvador. Apenas hace cuatro años estaban en 17,6. ¿Esto no lo sabía el Ministerio de Justicia? Por supuesto que lo saben. Y obviamente lo saben las autoridades de El Salvador, que no terminan de entender qué podría querer Keiko Fujimori de una visita de cuatro días.

Estas son las cifras frías. Ahora hablemos de costos. ¿Qué le cuesta a una sociedad tener al 2% de su población presa? Lo han denunciado desde la prensa libre hasta organizaciones de todo calibre: miles de inocentes están presos. No hay nada que se parezca a un debido proceso. Juicios exprés y colectivos, con suerte, o presos sin condena. Las condiciones pueden ser duras en un penal, pero estas no pueden condenar a muerte a cientos de internos. No hay proteína, no hay visitas. Los castigos físicos y otras formas de tortura también han sido denunciados. Bukele ha justificado la modificación de la Constitución para reelegirse y planea hacerlo de nuevo en 2029, en su rol de «pacificador». Por supuesto, la «medicina amarga» que le ofreció a su pueblo es cada vez más difícil de tragar. Miles de salvadoreños están felices de vivir en paz mientras lloran la ausencia de hijos inocentes, de los que no tienen noticias desde hace ya varios años. Eso, ¿es imitable en el Perú?

El asesinato, el sicariato, la extorsión y el secuestro son realidades duras en el Perú. Pasar de dos a seis asesinatos diarios en un quinquenio es una tragedia que sí tiene cura. Una solución que no pasa por someter al país a una dictadura. No es cierto que solo un régimen autoritario puede combatir el crimen. Es más bien la excusa que todo aspirante a dictador usa para perpetuarse en el poder.

Sorprendió que un aburrido Bukele fuera quien le pinchara el globo a Keiko Fujimori. Se lo tuvo que decir él para que lo entienda: este modelo no es para el Perú. Un trabajo más prolijo de los ministros que acompañaron a la presidenta le habría ahorrado el papelón. Sin embargo, el viaje puede iluminar al gobierno para que haga ya lo que sí puede y tiene que hacer.

Nadie pone en cuestión la necesidad de construir cárceles. Solo para cubrir la demanda actual se necesita duplicar el número de plazas. ¿Por qué hace 20 años que no se construye un penal nuevo? Porque es impopular. Nadie lo quiere cerca y nadie ve ese gasto como una prioridad. Pero tiene que hacerse urgentemente. Lo siguiente es modificar las leyes que amputaron a la Policía su capacidad de investigar. Reducir la escucha telefónica autorizada por un juez a solo dos meses es un error grave (tributo del Congreso anterior a los hermanitos). Obstaculizar la colaboración eficaz, la extinción de dominio y los allanamientos, o reducir la prescripción, solo favorece a los criminales. Llamar a todos «terroristas», pero restringir el tipo penal de «crimen organizado», revela las intenciones.

Acabar con la corrupción policial parece imposible, pero el Perú tiene amplia experiencia evadiéndola a través de grupos de élite. No hay otra forma, por ahora. Grupos policiales limpios, con una inversión tecnológica importante (software de interceptación de WhatsApp, reconocimiento facial y escuchas masivas de teléfonos dentro de las cárceles), pueden producir inteligencia que garantice capturas y condenas. Eso no se hace con visores nocturnos y trajes de Rambo. Tampoco se resuelve en TikTok. Mucho menos en El Salvador.

Rojas tenía 24 años y dos hijos cuando fue sometida a una intervención con engaños. Según su testimonio, le ofrecían alimentos y otros apoyos mientras le repetían que, por ser campesina y no tener recursos suficientes, no podría garantizar la educación de sus hijos si aumentaba el tamaño de su familia. Ella nunca tuvo la intención de renunciar a la posibilidad de volver a ser madre, y las consecuencias de la intervención afectaron su vida familiar.

Esta semana, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos admitió que esos hechos constituyen un delito de lesa humanidad. Sin embargo, archivó la investigación al aplicar la Ley 32107.

La norma que usó fue promovida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso cuando se aprobó y hoy senador, y respaldada en un hemiciclo dominado por el fujimorismo y sus aliados. Dicha ley pretende prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2000. En este caso, las esterilizaciones ocurrieron entre 1996 y 2000.

La abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras, Yudith Conto, sostuvo que el proceso enfrenta obstáculos por la aplicación de la denominada ley Rospigliosi y anuncia que la defensa recurrirá a los mecanismos legales disponibles para impugnar la decisión.

La respuesta de la señora Rojas describe con exactitud una brecha que las instituciones del país siguen tolerando. Una mujer campesina de Cusco entiende que el acceso a la justicia depende de quién eres y de dónde vives y eso es inaceptable en un Estado de Derecho.

Las más de cuatro mil víctimas identificadas en la investigación de mayor alcance, y las miles más que aún no han sido contadas, merecen un sistema que no les confirme esa sospecha.

Vale la pena recordar que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a pesar de las trampas creadas por el régimen que hoy gobierna, siguen vigentes para el Derecho Internacional y que tarde o temprano deberán retomar el orden que han manipulado quienes quieren impunidad y no permitir que el país se encuentre.

En los últimos años, varios jefes de Estado y ministros de seguridad han viajado a El Salvador para conocer las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Muchos de ellos, que enfrentan la violencia y el crimen organizado en sus propios países, ven la drástica reducción de los homicidios en El Salvador como un modelo a seguir.

Perú no es una excepción. La tasa de homicidios del país ha aumentado en aproximadamente un 50% durante la última década. La extorsión también se ha disparado. La violencia contra los trabajadores del transporte público se ha vuelto particularmente grave, y los conductores y comerciantes se ven obligados a pagarle extorsión a grupos criminales para poder seguir trabajando, mientras que muchos negocios han cerrado debido a las amenazas. Gran parte de esta violencia es impulsada por grupos criminales que se benefician de una gama cada vez más amplia de operaciones ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal y la extorsión.

Es fácil entender por qué tantos ven las políticas de seguridad de Bukele como un antídoto. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios de El Salvador bajó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, cuando se declaró el estado de emergencia, a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025. La caída más pronunciada ya se había producido en los años anteriores, a partir de 2016. Tras décadas de sufrir la violencia desenfrenada de las pandillas, muchos salvadoreños dicen que por fin se sienten libres para circular por sus barrios.

Sin embargo, la política de seguridad de El Salvador también ha tenido un costo brutal. En los últimos cuatro años, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 93.000 personas, lo que convierte a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Algunos policías han reconocido que utilizan pruebas fabricadas o no corroboradas para realizar detenciones.

El presidente Bukele ha dicho que los inocentes serán puestos en libertad. Sin embargo, sus propias reformas legales han hecho que sea más difícil, si no imposible, establecer la verdad sobre quién estuvo involucrado en la violencia de las pandillas y quién no. Mientras tanto, los familiares de las personas detenidas no han podido ver a sus seres queridos durante años, ni siquiera hablar con ellos por teléfono. Cientos de personas han muerto bajo custodia en circunstancias que aún no se han investigado, y, en muchos casos, las pocas personas que han sido liberadas han denunciado tortura y condiciones de detención inhumanas.

El gobierno salvadoreño presenta las detenciones masivas y las violaciones al debido proceso como un precio justo que hay que pagar por la seguridad, un planteo que ha encontrado eco en una población expuesta desde hace mucho tiempo a la violencia de las pandillas. Pero los peruanos no tienen por qué elegir entre seguridad y derechos; pueden tener ambos.

Fujimori debería trabajar para fortalecer la capacidad de los investigadores criminales, fiscales y jueces para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las redes de extorsión y las redes de minería ilegal, de conformidad con el Estado de derecho. Ese esfuerzo debería ir de la mano con la profesionalización de la policía, en la que la gran mayoría de los peruanos encuestados dice no confiar, y cuyos agentes, en algunos casos, han estado implicados en las mismas redes de crimen organizado que deberían desmantelar.

Un obstáculo clave para combatir el crimen organizado en Perú son las leyes aprobadas por el Congreso, a menudo con el apoyo del partido de la presidenta Fujimori, Fuerza Popular, que facilitan el crecimiento de los grupos de crimen organizado. En los últimos años, el Congreso ha limitado considerablemente la capacidad de los fiscales para obtener pruebas e información que permita orientar las investigaciones a partir de la colaboración de imputados dispuestos a cooperar, lo que ha supuesto un obstáculo para los esfuerzos por desmantelar grupos criminales y detectar vínculos con funcionarios corruptos.

 También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir muchos delitos de corrupción y ha puesto obstáculos a los allanamientos. Además, ha prorrogado reiteradamente el plazo para incorporar a los mineros ilegales e informales a la economía minera formal, permitiéndoles operar sin rendir cuentas en un sector que los grupos criminales utilizan cada vez más para obtener y lavar dinero.

 Mostrarse como un líder de mano dura durante una visita a El Salvador es fácil, pero conseguir resultados en  Perú tomará esfuerzos serios. Garantizar la seguridad de los peruanos frente al crimen organizado exigirá fortalecer el sistema de justicia y contar con una policía profesional y sujeta a mecanismos de rendición de cuentas. Quizás eso sea menos glamoroso, pero es lo necesitan los peruanos.

 Juanita Goebertus es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, celebrado en Lima, constituye una expresión elocuente de esta vocación. En esta ocasión, los presidentes Keiko Fujimori y Daniel Noboa suscribieron la Declaración Presidencial de Lima y sendos memorandos de entendimiento en materia pesquera y de cooperación energética entre Petroperú y EP Petroecuador. Por ello, conviene señalar que este encuentro es producto de una política exterior que, con serenidad y método, procura articular voluntades en distintos foros para atender los asuntos más apremiantes de la agenda nacional.

El mecanismo binacional es heredero directo del Acuerdo de Brasilia de 1998, aquel hito que transformó una relación signada por el desencuentro en un modelo de vecindad. Casi tres décadas después, que el mandatario ecuatoriano haya calificado el momento actual como un «nuevo proceso de paz» revela la madurez alcanzada, ya que dos Estados —que otrora dirimieron sus diferencias en el campo de batalla— concurren hoy, con idéntica determinación, a combatir el crimen organizado transnacional, dinamizar el comercio, fortalecer la conectividad fronteriza y coordinar técnicamente la respuesta ante los embates del fenómeno El Niño.

Pero el Perú no circunscribe su acción externa al plano bilateral. En el ámbito sudamericano, ejerce la Presidencia Rotativa del Consenso de Brasilia, espacio en el que ha propuesto priorizar tres ejes de notable potencial integrador: a) la gestión del riesgo de desastres, b) el transporte y la integración física, y c) la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Conducir un foro de esta naturaleza exige capacidad de convocatoria y, sobre todo, la prudencia de privilegiar los consensos por encima de las diferencias.

Ello se revitaliza con la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027, asumida en Quito el 30 de septiembre. El plan de trabajo peruano descansa sobre pilares que dialogan con la agenda binacional, como la seguridad regional frente a las amenazas transnacionales, la gestión del riesgo de desastres, la sostenibilidad ambiental, la ciudadanía andina y la integración fronteriza. Esto responde a una lectura coherente de las prioridades que compartimos con nuestros vecinos, que se complementará el próximo diciembre, cuando el Perú asuma la conducción de la gravitante Alianza del Pacífico.

Además, en la cuenca del Pacífico, el Perú cuenta con el acervo de APEC, foro en el que impulsó tempranamente la cooperación frente a los peligros naturales y que hoy dispone de un Marco de Reducción del Riesgo de Desastres y de un grupo de trabajo especializado en la preparación ante emergencias.

Cada una de estas instancias aporta lo suyo, y su articulación multiplica la capacidad del Estado para proteger a su población. El desafío, sin embargo, reside en la ejecución. Las declaraciones adquieren valor cuando se traducen en resultados verificables para el agricultor de Huánuco, el pescador de Paita o el comerciante de Tacna.

Es allí donde la continuidad de la política exterior demuestra su verdadera valía; por ello, justamente, el Perú ha elegido el camino de la concertación. Corresponde ahora persistir en él con constancia y espíritu de servicio.

En los años 60, cuando formábamos parte de Trilce, un grupo literario trujillano, Juan Morillo Ganoza se encontró frente al temible desafío de describir París, una ciudad que no había visto jamás.

En esa época, Juan ya era un escritor excepcional. Siempre pensé que los textos le salían perfectos sin pensarlos y que luego corregía para tener, como cualquier otro cristiano, un borrador. En la actualidad, es uno de los más importantes narradores peruanos.

Le habían ofrecido 350 dólares por escribir un texto descriptivo sobre París.

Este pago era solamente una pequeña parte de lo que el –llamémoslo- contratista de la obra había recibido por ejecutarla. Unos meses atrás, Roca, un periodista de la sección deportes del diario Norte, había resultado premiado por una empresa europea que hacía trabajos en Trujillo, con un pasaje a la Ciudad Luz y una generosa bolsa de viaje. Eso sí, su obligación a la vuelta consistía en escribir una serie de artículos sobre esa urbe.

Roca servía para presenciar partidos de fútbol y enfrentar a los árbitros con su mirada de roca, pero para la literatura era también una roca, una pared, y me parece incluso que se apellidaba Roca Paredes.

En esas condiciones, mi amigo Juan Morillo se vio de pronto frente a la enorme obligación de inventar París. A partir de esos días, comenzó una tarea infatigable.

No me acuerdo bien, pero me parece que Morillo comenzó con la catedral de Notre Dame y que le llevó dos noches terminar de poner en orden las torres, la gran nave, las imágenes de los apóstoles, los vitrales, los turistas, los grifos y los monstruos que la cuidan, pero su mayor problema fue dónde colocarla. Obviamente, tenía que estar en el corazón de la ciudad y mirar al Sena por sus dos costados, pero ello significaba ponerla sobre una isla y no podía decidir entre la Île de la Cité y la de Saint Louis. Al final, creo que tiró una moneda al aire, y se quedó con la primera.

Serio y formal como todo intelectual comprometido, diseñó un plan de trabajo y lo colocó en un pizarrín frente a su vieja, pero veloz máquina Remington que lo ayudaría a desarrollar los objetivos propuestos. Después de la gran catedral, pasaría al boceto de los edificios y los museos, el invento de los jardines y los cafés, la creación de los restaurantes y los amantes, el esbozo de los pintores y las aves, la descripción de policías y los urinarios públicos, y por fin, el mapa de los hoteles y las estaciones del tren que debía correr bajo la gran urbe.

Morillo fue por eso el primer escritor comprometido que conocí; y tiempo más tarde, en las discusiones sobre arte puro o arte comprometido, cuando le oí mencionar las Conclusiones del Foro de Yenán y sostener que el artista tenía un encargo, creí entender rápidamente a qué clase de encargo aludía.

Varias y bastante inusuales fueron las fuentes que Juan usó para elaborar París. No me acuerdo si la “descripción de París a vuelo de pájaro” se encuentra en El hombre que ríe o en El jorobado de Notre Dame, pero una de las dos novelas se constituyó en la primera piedra.

Después, sus amigos seríamos las víctimas de sus extrañas preguntas: “¿Qué te parece que debería ir encima de la Torre Eiffel? ¿Crees que se podría construir algo sobre sus estructuras?”, me interrogó en cierta ocasión, y mi flaquísima fantasía me impidió colaborar.

Una década después y durante varios años, yo viviría en París, en la rue Georges Mandel, que comienza en la plaza Trocadero, y sería vecino de Edith Piaf, con quien a veces me encontraba a la hora de comprar el pan. Pero siempre me asaltó un temor extraño: ni la plaza ni mi calle existían en el París de Juan Morillo, y ello podía significar mi propia inexistencia o la falta absoluta de una razón de ser.

Tal vez he querido solamente recordar el París morillesco donde no alcanzó a vivir, entre otras personas bellas, Catherine Deneuve. O quizás, más bien, he recordado uno de los primeros textos de un querido amigo que está de cumpleaños.

Ante ello, vale decir que El Salvador tiene la extensión del departamento de Ica y una población de menos de siete millones de habitantes, dos cifras que anticipan la fragilidad de cualquier intento de trasladar esa experiencia a una realidad distinta a la salvadoreña. A eso se suma que la fórmula misma acumula sus propios costos como la suspensión de garantías procesales fundamentales y dejó a centenares de personas detenidas de manera arbitraria, muchas de las cuales recién están siendo liberadas.

Con ese capital político en mano, Bukele forzó su reelección sobre una constitución que él mismo reinterpretó, y hoy gobierna un país donde la alternancia democrática ha quedado como una posibilidad, por decirlo menos, remota.

Ese balance fue presentado en el Perú, sin embargo, como un ejemplo a seguir por líderes de conocido discurso autoritario que apelaron durante años a lo que podría llamarse la bukelización de la política de seguridad, con la mano dura como atajo inevitable frente a la grave crisis.

La presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador acompañada de cuatro ministros para consagrar esa tesis en terreno. Visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo y calificó el proceso salvadoreño como un modelo exitoso que el Perú debería adoptar. El viaje buscaba transformar en agenda de gobierno lo que hasta entonces había sido, para ese sector político, una referencia de campaña.

El mandatario salvadoreño, sin embargo, fue explícito al señalar que su sistema respondió a condiciones específicas y que copiarlo idéntico no tendría sentido. “La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, declaró ante la misma presidenta que lo había convertido en referente de campaña.

Esa saludable confesión clausura el mito con la autoridad que solo puede darle su propio autor, y abre al mismo tiempo una exigencia más incómoda: que las autoridades peruanas abandonen la retórica de efecto y asuman una hoja de ruta concreta contra la criminalidad, empezando por la derogación de las normas pro crimen aún vigentes y la reforma estructural de un aparato policial que lleva décadas esperándola.

Paralelamente y a muy temprana edad, comenzó a interesarse por el ocultismo, asistiendo a su primera sesión espiritista a los 17 años. Ya sentía una especial atracción por lo esotérico, pero este interés de comunicarse con los muertos le aumentó luego de la muerte de su hermana Hermina a los 10 años. A partir de entonces, para profundizar sus inquietudes espirituales, se acercó a los rosacruces, la teosofía y la antroposofía, corriente filosófica creada a comienzos del siglo XX por el esotérico austríaco Rudolf Steiner. Viniendo de los términos griegos anthropos (hombre) y sophia (sabiduría), es decir, la sabiduría del ser humano, este movimiento sostiene que el hombre es una entidad compleja integrada por cuerpo, alma y espíritu y busca conectar los aspectos espirituales del ser humano con las dimensiones espirituales del universo, a través del autoconocimiento, la meditación y el desarrollo moral. Propone que existe una realidad invisible o inmaterial que puede investigarse mediante métodos conscientes de percepción interior.

Hacia sus treinta años (1896) siguió con las sesiones de espiritismo con un grupo de mujeres conocidas como Las Cinco: Anna Cassel, Cornelia Cederberg, Sigrid Hedman y Mathilda Nilsson, reuniéndose periódicamente para realizar sesiones de canalización, meditación, escritura y dibujo automático (la mano se mueve libremente sobre el papel sin la intervención del pensamiento racional ni el control consciente), prácticas que influyeron en el desarrollo posterior de su obra. En estas sesiones creían comunicarse con espíritus llamados los Altos Maestros: Amaliel, Ananda, Clemens, Esther, Georg y Gregor.

En 1904, Georg y Ananda “pidieron” a Las Cinco la construcción de un templo. Dos años después, Amaliel “encargó” a Hilma af Klint que produjera una cantidad de pinturas para ser colgadas allí, que retrataran el aspecto inmortal del hombre y transmitieran un mensaje a la humanidad. Ella desarrolló 193 “obras para el templo” durante nueve años, piezas que hoy son consideradas como las primeras composiciones abstractas existentes.

A partir de 1896, Las Cinco practicaban regularmente la escritura y pintura automáticas a partir de las sesiones de espiritismo desde donde, según ellas, se las pedían. 

Una época efervescente donde descubrimientos como los rayos X o las ondas de radio cuestionaron muchas de las convenciones, abriendo posibilidades de exploración que iban más allá de los cinco sentidos. Y ella, como muchos de sus contemporáneos, no cesó en su búsqueda de lo espiritual y paranormal. Bajo las “órdenes” de Amaliel consolidó la gran producción de su vida, obras que “fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban; sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una sola pincelada”.

Estaba convencida de que la realidad iba más allá del mundo físico, estableciendo un paralelo espiritual tan real y verdadero como lo material. A diferencia de otros artistas abstractos, no buscaba disolver o interpretar la realidad, sino hacer visible lo invisible, mostrar lo que pueda haber detrás del mundo físico. Con colores pastel, letras, líneas, espirales y formas geométricas con simbologías específicas, repetía motivos como conchas marinas, serpientes, rosacruces, lirios, cisnes o letras, representando dualidades en el universo, lo masculino y femenino, el macrocosmos y el microcosmos, la luz y la oscuridad y el origen y el fin del mundo.

Durante 1906 y 1908 creó 111 obras, una cada cinco días. Los espíritus le pidieron 10 pinturas de una belleza paradisíaca que evocaran la infancia, la juventud, la adultez y la vejez.

En 1908, Steiner visitó su estudio, recomendándole no mostrar sus obras en los próximos cincuenta años, dado su carácter controversial y polémico.

Ese año se tomó un descanso de cuatro años, aprovechando para cuidar a su madre ciega y reflexionar.

En 1944 murió en un accidente de tránsito, dejando más de 1300 obras abstractas y miles de dibujos. Especificó en su testamento que su obra no fuera mostrada hasta veinte años después de su muerte, temía no ser comprendida.