Ese personaje es la china morena, probablemente la figura más vistosa de la morenada. Con sus botas altas, su pollera corta, sus guantes y una coreografía que resalta la elegancia y feminidad, suele ser la más admirada por el público y una de las más anheladas por las bailarinas.

En quechua, el término china está relacionado con lo femenino o con la hembra como contraparte del macho. Con el tiempo, la palabra pasó al español andino y comenzó a utilizarse para designar personajes femeninos en diversas danzas del Perú y del altiplano.

En la morenada puneña actual conviven dos personajes femeninos. Las cholitas, con polleras largas, manta y sombrero, y las chinas, caracterizadas por una estética más estilizada y moderna. Sin embargo, como ocurre con muchas expresiones del folklore, estos personajes no siempre fueron como los conocemos hoy.

Las primeras representaciones femeninas documentadas en la morenada utilizaban un vestuario semejante al que actualmente identifica a la cholita: pollera larga, manta, sombrero y máscara. Eran interpretadas por varones, pues durante buena parte de la primera mitad del siglo XX la participación de las mujeres en numerosas fraternidades estaba restringida. Entre esos intérpretes también hubo artistas homosexuales y travestis que encontraron en la fiesta uno de los pocos espacios donde podían expresar públicamente su talento.

Fue en Bolivia, durante las décadas de 1960 y 1970, cuando artistas como Carlos Espinoza, conocido como "Ofelia", y otros intérpretes transformaron la imagen de la china morena. Acortaron la pollera, incorporaron botas por encima de la rodilla, estilizaron el maquillaje, feminizaron la coreografía y dieron origen al personaje que hoy identifica a la morenada contemporánea. Durante un tiempo la máscara mantuvo el anonimato de quienes lo interpretaban. Más adelante desapareció y, conforme aumentó la participación femenina en las fraternidades, fueron las mujeres quienes hicieron suyo este personaje hasta convertirlo en uno de los símbolos más reconocibles de la danza.

Por eso resulta llamativo que, hace apenas unos años, cuando una artista drag participó como china en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, algunas voces calificaran su presencia como una ofensa a la tradición. Paradójicamente, aquella participación evocaba una parte de la historia del personaje que había quedado casi olvidada.

Las tradiciones no son fotografías inmóviles. Son construcciones colectivas que cambian con el tiempo, incorporan nuevos protagonistas y resignifican sus símbolos. La morenada que hoy admiramos no es idéntica a la de hace un siglo, y precisamente allí radica parte de su vitalidad.

Conocer que artistas homosexuales y travestis contribuyeron decisivamente a la evolución de uno de sus personajes más emblemáticos no le resta autenticidad a la danza. Por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad y reconocer que el patrimonio cultural también se construye desde la diversidad de quienes lo crean, lo transforman y lo mantienen vivo.

Desconocer cómo se construyen nuestras tradiciones no solo empobrece la memoria colectiva. También puede llevarnos a confundir la defensa del patrimonio con el rechazo a quienes, como ocurrió tantas veces en el pasado, participan de su constante transformación.

La discriminación cultural ocupa un lugar importante dentro del universo de La Odisea. Un ejemplo revelador es el episodio de Polifemo, uno de los más conocidos del poema. La caracterización del cíclope como un ser monstruoso y salvaje contrasta con la supuesta superioridad cultural que representa Ulises. Desde la perspectiva homérica, los cíclopes constituyen un pueblo inferior porque no se rigen por las leyes, instituciones y costumbres de las polis griegas. No es casual que Ulises los describa como «seres sin ley», expresión que resume el desprecio hacia una sociedad diferente a la suya.

A partir de esta visión, el héroe considera a Polifemo la encarnación de la barbarie. Aunque termina atrapado en su cueva y presencia la muerte de varios de sus compañeros, logra escapar gracias a su ingenio y a una serie de engaños que tradicionalmente simbolizan el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Sin embargo, un análisis crítico permite matizar esta interpretación.

La violencia del cíclope se desencadena cuando descubre que unos extraños han ingresado en su hogar y han consumido parte de sus provisiones sin autorización, para luego exigir hospitalidad. En la antigua Grecia, la “xenía” era el deber sagrado de brindar alimento, refugio y protección a todo extranjero. Desde esta perspectiva, el conflicto no enfrenta únicamente a la civilización y la barbarie, sino también a dos formas distintas de entender el mundo. Polifemo es presentado como un monstruo, pero rara vez se considera su punto de vista: el de alguien que ve invadida su propiedad –y su modo de vivir—por desconocidos. ¿No ocurre algo similar en la actualidad, cuando se juzgan hábitos culturales diferentes y esos prejuicios terminan incluso desencadenando conflictos y guerras?

El cíclope no solo pierde la vista a causa de Ulises, sino que también es engañado y humillado por un sujeto que busca atribuirse la gloria de la victoria reafirmando la supuesta superioridad de su propia cultura. Desde esta óptica, la súplica de venganza que dirige Polifemo a su padre, Poseidón, aparece como una reacción comprensible de búsqueda de justicia. De hecho, será esa petición la que desencadene gran parte de los sufrimientos posteriores de Ulises, convirtiendo el episodio en una advertencia contra el orgullo, la arrogancia y los prejuicios hacia quienes pertenecen a mundos distintos.

La fidelidad arbitraria

La infidelidad constituye otro de los temas centrales de la obra. Durante la ausencia de Ulises, numerosos pretendientes intentan conquistar a Penélope, convencidos de que el rey ha muerto y de que el trono ha quedado vacante. La reina se ve sometida a una presión constante, pero logra preservar la fidelidad conyugal mediante ingeniosas estrategias. Al mismo tiempo, algunas esclavas del palacio establecen vínculos con los pretendientes, conducta que será juzgada con dureza cuando el monarca regrese a Ítaca.

Sin embargo, mientras Penélope es presentada como un modelo de fidelidad y perseverancia, la conducta de Ulises revela una evidente contradicción. A lo largo de sus veinte años de ausencia mantiene relaciones con Circe y convive durante años con la ninfa Calipso, aunque en el poema se enfatiza constantemente su deseo de regresar con Penélope. Desde una perspectiva contemporánea, estos episodios podrían interpretarse como actos de infidelidad. No obstante, dentro del contexto cultural de la época, tales comportamientos reflejan una sociedad patriarcal en la que los hombres ostentaban privilegios negados a las mujeres.

La epopeya presenta las relaciones con Circe y Calipso más como obstáculos en el camino de regreso que como faltas morales del protagonista. Ambas aparecen caracterizadas como mujeres dotadas de poderes extraordinarios, capaces de retener al héroe mediante la seducción y la promesa de una vida cómoda. El relato pone el énfasis en la capacidad de Ulises para abandonar esas tentaciones y continuar su viaje, y no en las implicancias éticas de sus acciones. De este modo, se afirma la imagen de un héroe que, pese a los placeres que encuentra en el camino, mantiene el deseo de recuperar a su familia y su reino.

La desigualdad se hace más evidente en el desenlace. Cuando Ulises regresa disfrazado de mendigo, recupera su autoridad al superar la prueba del arco y las hachas, demostrando que sigue siendo el legítimo rey de Ítaca. Después castiga severamente a los pretendientes y a las esclavas que los apoyaron. El relato presenta estos actos como una restauración de la justicia, pero una lectura crítica permite advertir una clara doble moral: mientras la fidelidad femenina constituye una obligación, las transgresiones masculinas a este compromiso son minimizadas o planteadas como conflictos de poder.

La propia estructura social de la obra refleja esta desigualdad. Incluso Telémaco, en el momento más complejo del conflicto con los pretendientes, ordena a su madre que se regrese a sus habitaciones y deje “los asuntos públicos” a los hombres, evidenciando el papel subordinado que la sociedad atribuye a las mujeres. Muchas figuras femeninas son definidas por su relación con sus contrapartes masculinos, ya sea como esposas, madres, sirvientas o amantes. ¿Les suena conocida esta situación?

Exaltación del ego

La universalidad de La Odisea reside precisamente en esta complejidad. Homero no presenta a Ulises como un modelo moral perfecto, sino como un personaje profundamente humano y contradictorio, capaz de combinar inteligencia, valentía y perseverancia con orgullo, egoísmo y discriminación. Su necesidad de revelar su identidad a Polifemo para obtener reconocimiento, aun cuando ello pone en peligro a sus compañeros y a sí mismo, constituye una muestra de ese ego que acompaña muchas de sus decisiones.

En términos pedagógicos, llevar esta discusión al aula enriquece la lectura de la obra y permite comprender por qué, a pesar del paso de los siglos, La Odisea continúa despertando el interés de millones de lectores. La vigencia de sus conflictos, personajes y contradicciones demuestra que los grandes clásicos no solo narran el pasado, sino que también ofrecen herramientas para reflexionar críticamente sobre los problemas del presente.

El titular del MEF, Elmer Cuba, declaró que no había razón para exagerar por un poco de agua hasta la rodilla y comparó la situación del Perú con la de países europeos, como si los vecinos de Villa El Salvador que perdieron sus enseres vivieran en circunstancias similares a las de una ciudad con infraestructura de drenaje moderna. Horas después, Mauricio Arnillas, a cargo del sector Vivienda, fue al campo, supervisó los daños y decretó la emergencia del distrito, anunciando obras para el bypass, entre otras medidas. En pocas palabras, dos integrantes del mismo gabinete, dos lecturas opuestas de la misma realidad. Y la mandataria visitó la zona y afirmó que el Estado carece de preparación y que la situación será catastrófica. Al respecto, los peruanos no saben si se trata de una advertencia o del reconocimiento de sus propias limitaciones.

Este diario alertó desde hace varios meses que el país enfrenta un doble fenómeno simultáneo, actualmeto con probabilidad del 81% de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. Las inundaciones del domingo llegaron por precipitaciones invernales sobre infraestructura abandonada durante décadas. Lo que se avecina entre setiembre y diciembre será, sin duda, de mayor magnitud y afectará territorios con menor capacidad de respuesta que la capital.

El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar que extrajo lecciones de lo ocurrido. Para ello, es urgente que presente a la ciudadanía un programa de mitigación concreto, con intervenciones identificadas, presupuesto y cronograma. Ese es el paso que corresponde ahora. Los habitantes de Villa El Salvador, VMT, Loreto, Ucayali y todas las zonas en riesgo merecen un documento que puedan consultar, monitorear y exigir que se ejecute. La ventana para prepararse se estrecha cada semana y la credibilidad del Ejecutivo no empieza con una transmisión sin interlocución por TikTok. Empieza por hablarle a la población con coherencia y comprensión de sus reales afectaciones.

Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan la unidad básica de la organización territorial del Estado; institucionalizan la participación vecinal y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La referida ley también establece que, conforme al principio de residualidad, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.

Sabemos bien que las normas no crean realidades, pero es claro que, en la crisis que vivimos, las normas cada vez aparecen en el extremo opuesto a lo que observamos en la realidad. Como quiera que la regionalización ha sido abandonada como política pública, lo que tenemos en la actualidad son centralismos nacionales o departamentales que han convertido al gobierno local en la extensión de la descomposición de un Estado incapaz de reaccionar frente al avance de la ilegalidad y el crimen en los distintos niveles de la estructura estatal. Por ello no es de extrañar que entre los candidatos a las alcaldías a lo largo y ancho del país se cuenten a condenados, procesados e investigados por narcotráfico, corrupción, terrorismo y por una larga lista de graves delitos que nos debieran preocupar.

Estas advertencias documentadas que no hace la prensa muestran la penetración del crimen organizado en estructuras políticas municipales que han avanzado con la anuencia y contemplación de organizaciones políticas que comparten y dirigen el poder desde el Ejecutivo y el Legislativo. El asesinato de más de un candidato como el ocurrido en Piura —baleado por sicarios— expone un patrón donde organizaciones criminales infiltran candidaturas y disputan el poder local sin que el sistema reaccione. En Trujillo, fue capturado un ex candidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir, quien contaba con una orden internacional de la Interpol por tráfico ilícito de drogas. Estos casos no son aislados. Al contrario, expresan la amenazante presencia del crimen organizado en los últimos procesos electorales.

Pero la crisis de legalidad que estamos viviendo y la vulnerabilidad de instituciones básicas de la organización del Estado, como es la municipalidad, no se producen de pronto hasta llegar a estas dimensiones. Antes está un fenómeno también extendido en todo el territorio nacional: la anuencia a las violaciones de la ley en distintas formas e intensidades. Vivimos asustados por la extorsión y el sicariato, pero no nos concita la misma conmoción otras ilegalidades cotidianas como las coimas que exigen los funcionarios en los municipios o en las comisarías. Tampoco nos enerva la sacada de vuelta a la propia constitución por parte de un buen número de alcaldes que van a la reelección pese a que la constitución lo prohíbe expresamente. Por ello, para aquellas candidaturas de personajes que han cruzado o que viven en los márgenes de la ley, la viveza de estos alcaldes que se presentan ahora como segundos de la lista para burlar la prohibición constitucional de la reelección de alcaldes, es seguramente una cosa menor, pese al grave desprestigio que supone para el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

Vamos normalizando las infracciones a la ley y la propia Constitución, al punto que el Presidente del JNE ha declarado que, pese a que la Constitución es explícita al prohibir la reelección de los alcaldes, existiría una ventana abierta a nivel legal que permite que esto ocurra. Así, el sacarle la vuelta a la propia Constitución aparentemente es una costumbre hoy extendida que ninguna autoridad puede impedir. Un informe del Instituto Aklla Perú identificó 131 alcaldes elegidos en 2022 que postulan como primeros regidores en las Elecciones Municipales de 2026. En 63 de esas listas, el aspirante a alcalde renunció, dejando al alcalde saliente en posición de continuar en el cargo si la lista obtiene la victoria. Estamos ante una violación constitucional manifiesta que ocurre a vista de todo el sistema electoral y que puede llevar al Alcalde de Lima de regreso, pese a sus múltiples contradicciones y promesas incumplidas.

No es muy distinto, entonces, que postulen condenados o investigados por graves delitos, a quienes también la ley les deja la ventana abierta aun cuando los principios de integridad y de buen gobierno republicano dicen lo contrario en la propia Constitución. Cuando las autoridades como los alcaldes violan la Constitución sin consecuencias, poco es lo que les podemos decir a los narcocandidatos o a quienes han cometido delitos y participan invocando un derecho a la resocialización en medio de tantas proclamas sin contenidos.

Las ventanas abiertas a la ilegalidad, el delito y las mafias que hoy campean en los gobiernos municipales tienen que preocuparnos. Entre enero y diciembre de 2025, 76 alcaldes provinciales y distritales del Perú recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública. Arequipa encabeza el ranking con ocho alcaldes condenados. Pero esa cifra solo considera sentencias ejecutoriadas; las municipalidades se mantienen como las entidades del Estado con más investigaciones por presuntos actos de corrupción en el país, según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En cualquier democracia, los municipios deberían ser un último baluarte contra la degradación institucional. No obstante, en medio del abandono de las políticas de descentralización, los municipios no han construido instituciones propias; no tienen autonomía presupuestaria real; no tienen capacidad administrativa que les permita desarrollar un gobierno independiente que lleve los servicios básicos hacia la primera unidad representativa del Estado, como dice su Ley Orgánica. Y ahora, en el momento en que más se necesitaría que fueran espacios de resiliencia democrática, los municipios parecen, en muchos casos, tomados por el crimen y esperando ser rescatados por sus vecinos. Ojalá que las próximas elecciones nos permitan algún nivel de recuperación y esperanza para el restablecimiento del Estado de Derecho.

Entre el 28 de julio y el 14 de agosto se registraron 102 muertes violentas, a un promedio de seis asesinatos diarios. El 77.5% ocurrió por proyectil de arma de fuego, la prevalencia más alta en nueve gestiones presidenciales consecutivas. El gobierno anterior de Balcázar registró un promedio del 71.3%.

Este récord llega mientras el Plan Escudo propuesto por el gobierno de la presidenta Fujimori despliega efectivos militares en las arterias de Lima. En medio de este “operativo” , un sicario atacó a un conductor de la línea 41 en Villa El Salvador mientras comenzaba ese operativo. Por otro lado, una abogada penalista fue ultimada, a plena luz del día, en Pacasmayo. Y hay una razón estructural para eso.

El mercado ilegal de armas que alimenta el sicariato tiene múltiples fuentes documentadas, tales como contrabando por fronteras porosas con Ecuador, Colombia y Brasil, robo de arsenales institucionales y, en casos también documentados por este diario, la complicidad de efectivos corruptos de la PNP.

En ese sentido, vale anotar que la presencia de uniformados militares en las calles no desmantela ninguna de esas fuentes. Lo que sí lo hace es inteligencia criminal sostenida, depuración interna de la institución policial y rastreo financiero de las organizaciones que trafican con armas y extorsionan a ciudadanos.

Sin embargo, la tensión entre el Ejecutivo y la cúpula policial agrava el panorama. El comandante general Óscar Arriola, responsable del manejo deficiente de la seguridad interna en el país, convocó a todos los altos mandos para coordinar acciones frente a las críticas de inacción, mientras el gobierno evalúa su continuidad. Una institución cuya conducción está en disputa con el poder político no ejecuta con eficacia ninguna táctica. La decisión que debe tomar esta semana es si está dispuesto a hacer lo que sí funciona antes que sea demasiado tarde. Y para ello, cómo no, resultaría lógico cambiar a la comandancia general de la PNP por una que sí tenga un plan de seguridad profesional.