No obstante, la fragmentación política no es, por sí misma, una garantía de deliberación democrática. Puede ser, por el contrario, la antesala de la parálisis o del intercambio oportunista, tal y como se ha desarrollado el pacto corrupto en el Legislativo estos últimos cinco años, si no se construyen acuerdos que piensen en el país y sus ciudadanos.

Las principales fuerzas que alcanzarían un escaño, por sí solos, carecen de la fuerza suficiente para imponer una agenda propia.

Pero, el problema se agrava más al saber que el país enfrenta una situación fiscal cada vez más frágil. La deuda pública neta ha crecido de manera significativa en los últimos años y, más preocupante aún, el propio Congreso ha aprobado normas con un alto costo fiscal sin garantizar su sostenibilidad. Solo en marzo, de acuerdo con el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas han comprometido miles de millones de soles anuales.

Por eso es de vital importancia que los virtuales senadores electos sepan que su acción no puede insistir en repartos precarios solo pensando en el corto plazo. Construir consensos responsables implica, en primer lugar, reconocer los límites fiscales del país y legislar en función de ellos. Implica también priorizar reformas que fortalezcan la institucionalidad, en lugar de debilitarla con medidas populistas, por ejemplo, impulsando la derogación de las leyes procrimen.

El Perú necesita legisladores que entiendan de una vez por todas la magnitud del momento. La combinación de fragmentación política y deterioro fiscales especialmente peligrosa: limita de por si la capacidad de acción del Estado y amplifica sus errores. Si el Senado reproduce las prácticas que han llevado al país a esta situación, no será un contrapeso, sino un acelerador de la crisis.

En ese terreno se ubica la conducta de Rafael López Aliaga, quien, a pesar de perfilarse como virtual senador electo por su organización política, Renovación Popular, insiste en sostener denuncias de fraude sin ningún tipo de evidencia, mientras despotrica contra la prensa y los organismos electorales. Se trata de una narrativa que busca socavar la credibilidad del sistema cuando los resultados no se ajustan a determinadas expectativas. Lo vimos en 2016 y 2021 con Keiko Fujimori. Hoy lo observamos con el renunciado exalcalde de Lima.

La secuencia es conocida y peligrosa. Primero se siembra la duda, luego se exige la excepcionalidad, finalmente se pretende deslegitimar el resultado. No hay aquí un debate serio sobre irregularidades verificables, sino una estrategia para abrir por la vía política lo que no se ha podido sostener por la vía probatoria.

El argumento de las “elecciones complementarias” ha sido utilizado como un atajo para reabrir etapas ya cerradas del proceso. Y, ante ello, es importante subrayar que las incidencias registradas, que han sido excesivas, durante la jornada electoral fueron atendidas dentro del marco legal, con medidas extraordinarias que buscaron asegurar el ejercicio del derecho al voto. Ello no exime de responsabilidad a quienes debieron cumplir con su trabajo, según la ley que los regula.

Por eso, el llamado a la calma y a la responsabilidad debe leerse como una señal de alerta. La política tiene el deber de encauzar el conflicto dentro de las reglas, no de dinamitarlo desde fuera. Y quienes aspiran a gobernar no pueden, al mismo tiempo, desconocer el mecanismo que les permitiría hacerlo legítimamente.

El JNE ha hecho lo que le corresponde: defender la legalidad, cerrar espacios a la manipulación y garantizar que el proceso siga su curso. Ahora le corresponde al sistema político estar a la altura.