Hagámoslo fácil y empecemos por lo que no hay forma alguna de justificar: Petroperú, sobre lo cual tratamos en la columna del 21 de mayo pasado. Como indiqué entonces, la empresa está totalmente quebrada y solo ha sobrevivido porque nuestros impuestos están siempre a la mano para rescatarla con otro multimillonario salvataje que le permita a los facinerosos de turno seguir haciendo de las suyas. Ahí hay miles de millones de soles que no se pueden invertir en seguridad, educación, salud y justicia que hoy necesitamos a gritos los peruanos.

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En segundo lugar, hablando de seguridad y justicia, está el avance de la criminalidad, en la cual destacan la extorsión y la minería ilegal (columna del 13 de mayo del 2025). Si bien en este caso el gobierno de Dina Boluarte meritoriamente eliminó 50.000 reinfos truchos, aún no está dicha la última palabra y el Reinfo se ha prolongado hasta diciembre de este año. La indignación ciudadana con la criminalidad es muy grande, pese a la gran suma de dinero dedicada por la minería ilegal a intentar confundir a la ciudadanía con falsas narrativas. Sabemos que un minero informal o artesanal no tiene por qué ser un criminal, pero tras ellos se escudan quienes sí son criminales de marca mayor. ¿O quién cree que mata a los mineros en Pataz, por ejemplo? ¿O quién arroja mercurio a los ríos de la Amazonía envenenando a incontables habitantes?

En tercer lugar, el gasto público está desbocado gracias a que se han repartido a diestra y siniestra exoneraciones tributarias y a que aumentaron los gastos corrientes, que se vuelven permanentes y que agrandan el déficit fiscal (columna del 31 de marzo). Si bien aquí juega un importante papel nuestro Congreso regalón, el gobierno también ha sido responsable de crear el caos fiscal. El reciente fallo del Tribunal Constitucional debería evitar que el Congreso siga en sus andanzas, pero no controlará a un Ejecutivo potencialmente dispendioso. Tomando en cuenta que actualmente los ingresos tributarios son por lo menos 2% del PBI mayores a lo que serían porque los precios de los minerales están en su punto más alto de la historia, para el gobierno estos deberían ser años de ahorro para las vacas flacas que llegarán en algún momento. Pero no es así y continuar con la farra fiscal sería tóxico para el gobierno de Fujimori.

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En cuarto lugar, la infraestructura. Nuestro país tiene graves carencias de caminos, puentes, aeropuertos, instalaciones de agua y desagüe, escuelas, hospitales, comisarías, etc. (columna del 17 de diciembre del 2025). Además de utilizar gran cantidad de recursos para obras sin importancia, lo que sí se dedica a infraestructura carece con frecuencia de un ordenamiento básico que le dé sentido al todo. Esto tiene como caso emblemático que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez solo tiene acceso por dos puentes temporales de emergencia, pese a que hace años era por todos conocida la fecha en que el nuevo aeropuerto iba a inaugurarse y a que hace años que se iniciaron las gestiones para hacer la obra. Otro caso es que la ciudad de Lima tenga el peor tráfico del mundo debido a la ausencia de un mínimo de orden y planeamiento, los cuales nos hubieran dado hace muchos años métodos de transporte urbano masivo. Lima es una de solo dos ciudades en el mundo con más de diez millones de habitantes, sin transporte público masivo (la otra es Kinshasa, en la República Democrática del Congo).

En quinto lugar, el impulso a la productividad y el empleo formal que, al ser un tema aparentemente complejo, no genera una indignación general, pese a que es, sin duda, el tema que más daño causa de todos los aquí mencionados (columna del 28 de noviembre). Como ya he dicho, la aparente complejidad del asunto no es tal. Lo que sucede es que existe una parte importante de la ciudadanía que tiene, comprensiblemente, sentimientos muy fuertes sobre el tema. Esto hace difícil que se entienda lo que es en realidad una causalidad muy sencilla.

La vía fundamental para que alguien progrese es mediante un empleo que se lo permita. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Un empleo es mejor cuanto más productivo sea. La informalidad en el Perú se caracteriza por tener baja productividad, tanto por escasez de capital físico como de capital humano. ¡Un trabajador formal promedio es seis veces más productivo que un trabajador informal promedio! Para lograr el progreso de los ciudadanos resulta necesario que los trabajadores del sector informal obtengan empleos en el sector formal, aumentando su productividad. El único camino para lograr esto de manera sostenible es mediante la inversión privada, mientras más, mejor. Esto es lo que sucedió en el Perú del 2003 al 2014: la inversión privada creció a 14% anual lo cual llevó a que el producto creciera a 5,8% anual. Esto ocasionó que la pobreza se redujera en 40 puntos porcentuales y a que la mayoría de los peruanos, por primera vez en la historia, integraran la clase media. Estos son resultados fabulosos sin duda. ¿Qué pasó luego en el Perú?

Pasó que la inversión privada y el producto crecieron a una tasa anual de menos de 1% entre el 2014 y el 2024 y, con Covid entre medio, se asfixiaron las oportunidades nuevas de empleo y progreso. Resulta imprescindible volver a darle aire a la inversión, no con ventajas o prebendas sino con lo que todo inversionista requiere: reglas claras, razonables y estables. Con esto y con la colaboración de un Estado que aliente la inversión, se alcanzarán estupendos resultados.

Todo lo anterior, con muy pocos cambios para ponerlo al día, lo escribí hace casi exactamente un año. Lo titulé 'Los pendientes de Dina' y era lo que le pedía a la presidenta de entonces en lo que sería su frustrado último año de mandato. Todo lo dicho permanece sin hacer, a pesar de que ya entonces era muy urgente hacerlo. La señora Fujimori deberá enfrentar estos retos (y otros, como el inminente El Niño) cuanto antes. Para fortuna suya, la economía está en mejor pie que hace un año, gracias a los vientos favorables de los altos precios de los minerales. Además, su actitud favorable a la inversión hace más fácil el camino.

Pero sigue siendo cierta la oración final de aquel artículo de hace un año: Le aseguramos, señora presidente, que hacer algunos genuinos esfuerzos por atender los problemas aquí mencionados le permitirán enormes logros de los qué se hablará mucho más allá de cuando haya terminado su mandato.

Lo que Fernando Rospigliosi hizo al presentar ante la JNJ una denuncia pidiendo la destitución de la fiscal Rosario Quico Palomino es la continuación de un proceso que Fuerza Popular y sus aliados vienen ejecutando desde que tomaron el control del Congreso tras el intento fallido de golpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Desde entonces fueron construyendo pieza a pieza las condiciones para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La Ley 32107, la ley del fuero militar, la definición restrictiva de lesa humanidad y los procesos disciplinarios de la JNJ contra jueces y fiscales independientes son todas piezas del mismo rompecabezas. Esta denuncia es la más reciente.

La denuncia pide destituir a una fiscal que investiga a Juan Rivero Lazo, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército durante la dictadura de Alberto Fujimori, condenado a 25 años en 2001 por su responsabilidad en los crímenes del Grupo Colina, el destacamento que en 1991 mató a 15 personas en Barrios Altos, entre ellas un menor de edad, y en 1992 asesinó a nueve estudiantes y un profesor desarmados de La Cantuta.

El TC ordenó su liberación modificando el cómputo de su pena pero dejó vigentes otros procesos. La fiscal investiga uno de ellos.

Rospigliosi argumenta que eso viola la Ley 32107, la misma ley que los jueces de la Corte Suprema se negaron a aplicar y por la que hoy enfrentan procesos disciplinarios en la JNJ aplicando el convencionalismo.

La secuencia es la de siempre. El TC habilita, Rospigliosi ataca, la JNJ ejecuta.

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los procedimientos disciplinarios de la JNJ generan un efecto intimidatorio sobre la independencia judicial.

Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta llevan más de treinta años esperando justicia completa. Lo mínimo que el país les debe es que quienes tienen la responsabilidad de investigar puedan hacerlo sin que nadie las persiga por ello. En ese sentido, si Keiko Fujimori realmente busca reconciliar al país, debería desistir de estas amenazas.

El fútbol es una pasión mundial y la FIFA se aprovecha de ella. Incluida la final de hoy, se batieron los récords de asistencia a los estadios y de precio de las entradas. Un Gianni Infantino, exultante, se dibuja como el rey de las finanzas que cualquier gobierno contrataría.

Sin embargo, todo tiene su contraparte. La de Infantino es la vieja tensión entre eficiencia y equidad que el economista Arthur Okun resumió con la imagen del balde agujereado: un mercado que gana en recaudación lo que pierde en justicia por el camino. Cuanto más eficientes son la asistencia a los estadios y la recaudación, menos equitativo es el acceso a ellos. Ahí está el hincha que cada semana estira el sueldo del mes para alentar a su equipo y que, en este Mundial, aunque viva en cualquiera de las sedes, no pudo pagar una entrada.

Infantino justificó los precios con la oferta y la demanda. La FIFA compite, según él, en el entretenimiento más desarrollado del mundo y, por eso, "tiene que aplicar las tarifas de mercado".

La frase suena a una ley económica inapelable. Pero el mercado que invoca lo construyó la propia FIFA. Implementó por primera vez en la historia un sistema de precios dinámicos, similar al de las aerolíneas, y abrió su propia plataforma de reventa con una comisión del 15 por ciento para el comprador y el vendedor. Así, le dio nombre oficial al mercado negro, le compite al verdadero y, cuanto más suben los precios, más gana. Es un círculo vicioso que ella misma alimenta.

Aplica la oferta y la demanda cuando le conviene, pero ignora que ese mismo mercado, cuando se vuelve abusivo, debería tener un límite regulatorio. A diferencia de un concierto o incluso de un partido dominguero, un Mundial es un bien escaso. Se juega cada cuatro años, en un tiempo reducido, y se compite por una identidad colectiva, no por entretenimiento, como dice Infantino. Frente a esa escasez, varios países y estados sancionan el alza abusiva de precios durante emergencias declaradas, desde Estados Unidos hasta Australia y la Unión Europea, una lógica que, aunque pensada para el agua embotellada o el alojamiento, bien podría inspirar un límite similar para un bien tan escaso y disputado como una entrada al Mundial.

Michael Sandel, profesor de filosofía política en Harvard, advierte que ciertos bienes se corrompen cuando se les pone precio a aquello que no nació para venderse. El precio deja de medir su valor y pasa a determinar quién entra y quién queda afuera. El fútbol es uno de esos bienes. El comprador de una entrada no tiene mucho poder de elección entre un precio u otro; paga sin alternativa, lo que se parece más a un abuso de posición dominante que al libre mercado.

Ese mismo principio de equidad debería justificar un tope de precio para las entradas. La objeción clásica es que un techo de precios no borra la escasez, sino que solo cambia quién la administra. Pero esa objeción, lejos de tumbar la idea, señala el camino del Comité Olímpico Internacional, que publica sus precios por categoría sin dejarlos flotar con la demanda, bajo el argumento de que un evento pierde legitimidad si se convierte en un club exclusivo.

La FIFA descarta esa posición, y los números parecen darle la razón. Los 950 millones de dólares recaudados por entradas en Qatar saltan a 3.000 millones en este Mundial, incluido un "paquete de lujo" de hasta 73.200 dólares que hoy garantiza asiento, comida y bebida ilimitados, como si la fortuna necesitara además hot dogs gratis.

Infantino excusa el robo por el precio de las entradas como si el fin justificara los medios. La recaudación, dice, financia el desarrollo del fútbol en las federaciones más pobres. Como entidad privada, la FIFA es libre de gastar su dinero como quiera. El problema no es el destino, sino el origen. Consigue ese dinero como un monopolio cuya única competencia es el mercado negro que ella misma creó.

El extinto filósofo de Harvard Robert Nozick sostenía que un fin bueno no vuelve justo un medio injusto: tomar dinero sin consentimiento sigue siendo apropiación, aunque el propósito sea noble. Frente a ese monopolio, el hincha paga entre dos, tres, siete o diez mil dólares, sin otra alternativa.

La FIFA puede alimentar su generosidad con sus patrocinadores, con sus crecientes contratos por derechos televisivos o, de ahora en más, con ADI Predictstreet, la plataforma de pronósticos con la que acaba de firmar su primera alianza de este tipo y que vuelve aún más sucio el negocio del fútbol (tema para otra columna). Pero no debe hacerlo a costa del bolsillo de los hinchas.

El economista y sociólogo noruego-estadounidense Thorstein Veblen definió en 1899 el "bien de Veblen", un producto que, cuanto más caro, más se desea, porque el precio mismo se convierte en un símbolo de estatus, como estamos viendo en este Mundial. Eso es hoy la pasión por el fútbol en manos de la FIFA: un bien de Veblen del que nadie puede escapar.

Es verdad que la especulación de la gente común también maltrata al fútbol, aquellos que compran entradas para revender hasta el último momento. Pero ese precio no lo impone el mercado, sino la FIFA. Antes de lanzar esta columna, a pocas horas de la final, el precio promedio de una entrada era de 18.822 dólares, el más alto jamás pagado por un evento deportivo, con un rango de 10.000 a 60.000 dólares.

La FIFA terminó por vender el corazón del fútbol al cálculo frío del mercado.

¿Por qué los Ramones fueron tan venerados en Argentina? ¿Por qué existen personajes tan enigmáticos para nosotros como el Indio Solari? ¿Por qué son tan buenos en el fútbol y, en general, en los deportes en equipo? ¿Por qué son tan fanáticos? ¿Por qué lograron exportar su cultura al resto del mundo, regalándonos, de paso, personajes entrañables y panamericanos? ¿Por qué son tan buenos en el rock? ¿Por qué parecen alzaditos? ¿Por qué cada vez que viajaba por estudios o por chamba, las delegaciones argentinas eran las más unidas, cooperativas y argolleras? ¿Por qué Buenos Aires tiene tantos psicoanalistas? Las preguntas sobre lo argento abundan.

Para calibrar la mística de estos once tipos que se matan en la cancha como espartanos, o el orgullo casi disruptor de cualquier argentino en el extranjero, hay que meter las narices en el origen de todo esto, en cómo empezó. Más o menos, guardando las enormes distancias con un ensayo académico —esto es solo una columna de opinión—, la cosa es así:

A diferencia de naciones vecinas con pasados prehispánicos gloriosos y dominantes o aristocracias criollas que perpetuaron castas coloniales, la Argentina no tenía mucho ni de lo uno ni de lo otro. Y lo poco que tenía, tanto lo virreinal como las raíces originarias (tema de intenso debate), se trató de diluir con la masiva fuerza de las migraciones.

En suma, como país, no tenía mucho pasado, mucha mochila irresuelta. La entonces despoblada Argentina construyó la mayor parte de su presente desde un piso parejo, o desde lo más parecido a ello entre los países de la región. Gracias a las políticas migratorias del proyecto de país y a las guerras en Europa, el grueso de su población bajó literalmente de los barcos entre los siglos XIX y XX. Italianos, españoles, alemanes, también armenios, judíos, eslavos, etc., llegaron a la Argentina sin nada, a hacer la América, y compartieron un espacio crucial en esta historia: el conventillo. Casonas coloniales abandonadas donde docenas de familias inmigrantes alquilaban una habitación y compartían un único patio. En ese hacinamiento, en esa incertidumbre, en esa necesidad, el desarraigo se vio obligado a mezclarse bajo casi idénticas condiciones.

La mayor parte de la intelectualidad argentina le atribuye al educador y presidente por seis años (1868-1874), Domingo Faustino Sarmiento, y a toda la Generación del 80 (sus sucesores), el haber sentado las bases para convertir ese laboratorio humano en una patria a través de la educación pública, laica y obligatoria. La escuela que se promovió fue la gran fábrica de ciudadanos argentinos. Décadas más tarde, sentando al hijo del sastre genovés junto al del comerciante gallego bajo un mismo guardapolvo blanco —diseñado precisamente para borrar las diferencias de ingresos—, el Estado cultivó la argentinidad por encima de la nostalgia de los padres que, aunque se mantuvo, terminó rindiéndose ante lo platense. El sueño sarmientino no fue comunismo ni colectivismo diluyente; fue un proyecto liberal de asimilación cultural que buscaba crear ciudadanos productivos e iguales ante la ley. A diferencia de Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, otros países con fuerte migración donde la gente formaba guetos aislados, en Argentina el conventillo y el aula los fusionaron en lo gaucho, en el lunfardo, en el tango, en el mate, en el asado y en el fútbol. En la pampa, plana e interminable. La educación pública los cohesionó.

Esta descomunal fuerza centrípeta es tan potente que se mantiene intacta hasta hoy, a pesar de las crisis. En las últimas décadas, el flujo migratorio cambió de rumbo y Argentina recibió oleadas de ciudadanos de países vecinos. Sin embargo, el sistema no se atomizó: los hijos de esta migración limítrofe reciente entran a la misma escuela pública y asimilan el mismo relato con idéntica intensidad orillera.

Esa transversalidad se traduce de manera brutal en su producción cultural, que desborda los nichos internos a través de un ecosistema interconectado. Son los reyes del rock en español porque exportan una actitud existencial ante las crisis, y sus fenómenos musicales —desde el tango clásico hasta la cumbia villera o el trap actual— no quedan segregados; permean las capas sociales y unifican a la sociedad en una misma identidad estética. Tienen códigos comunes que todos entienden, consumen y defienden con el mismo orgullo con el que se alienta a la selección. El asado y el mate operan ahí como rituales democráticos que se consumen igual en una villa que en Recoleta. A esto se sumó, en su momento, el peronismo que, al margen de ideologías, inoculó un profundo orgullo plebeyo y consolidó una inmensa clase media con gran sentido de pertenencia y comunidad. De ahí, se dice, nace esa seguridad ciudadana tan incomprendida afuera. Cuando un argentino protesta en las calles, no lo hace desde la sumisión, sino desde la horizontalidad. Un mozo, un gerente, un colectivero, un músico se hablan de igual a igual porque su mitología fundacional le enseñó, de arranque, que nadie es más que nadie y que todos son argentinos. La cohesión funcionó porque, como sucedió en los conventillos y en la escuela, los hechos respaldaron el discurso. Son una nación en toda regla. Por eso Messi nunca osó hablar con acento ibérico, a pesar de sus años en España; por eso Milei tuvo que tragar saliva frente al fervor transversal por las Malvinas en la cancha, por citar solo los ejemplos más coyunturales.

Por supuesto, este modelo arrastra sus propios fantasmas y oscuridades. Desde el exterior, naciones mucho más atormentadas los acusan siempre de "creerse blancos". Es cierto, e innegable, que persiste un sesgo eurocentrista, parte del relato unificador, que aún intenta invisibilizar las raíces mestizas de sangre africana e indígena, así como la realidad de las provincias del interior, donde la Argentina profunda late a un ritmo distinto al de Buenos Aires. No obstante, la diferencia con países vecinos como el Perú es abismal. Aquí, entre nosotros, los relatos históricos se enfrentan y las heridas del pasado —como la colonia, la guerra con Chile o las muertes que produjo el terrorismo— tienen una naturaleza groseramente dividida por la etnia, la clase y la distancia geográfica entre la sierra y la capital. En Argentina, en cambio, hasta los traumas son, digamos, mucho más unificados. La inmigración, las dictaduras, los desaparecidos de los setenta y la tragedia de la Guerra de Malvinas no quedaron segregados como dolores de un solo sector. El luto por los conscriptos que murieron en las islas es un dogma transversal; atraviesa clases sociales, ideologías y provincias. Sus tragedias, al igual que sus éxitos, se procesan como un solo cuerpo social. Lo que logra su nacionalismo, pienso, es disociar la política de la patria. Cuando el Estado les falla, les queda esa memoria compartida y esa identidad como salvavidas colectivo.

Lo que vemos en el fútbol es el resultado de este proceso, el premio. El éxito en equipo exige un código común y la capacidad de subordinar el ego al grupo. En sociedades separadas por castas, los triunfos suelen ser individuales. En Argentina, el triunfo es estrictamente tribal. Cuando la pelota rueda, esos jugadores no solo representan a una federación; son el espejo de una nación que se resolvió hace más de un siglo en los patios de las escuelas públicas. Podrá crujir la economía, pero la fe en esa patria civil permanece intacta. Gane o pierda, Argentina ya triunfó en el partido más difícil: el de saber, con absoluta certeza, quiénes son.

Las cifras de nuestra farsa institucional son implacables. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral se mantiene estancada entre el 71% y el 73% de la Población Económicamente Activa (PEA). Más de 13 millones de peruanos operan hoy expulsados de la legalidad. Al mirar el vecindario, la anomalía es obscena: mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa el promedio regional en 45%, y economías como Chile o Uruguay operan cerca del 30%, el Perú juega en la liga de los coleros de la precariedad junto a Bolivia.

Esta intemperie laboral se replica en el techo que nos cobija. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que entre el 70% y el 80% de las viviendas a nivel nacional son informales, levantadas a base de autoconstrucción, sin ingenieros ni licencias, sin planificación y, en muchas partes, sin servicios básicos como agua y energía. En la Lima más urbana, crecemos de forma caníbal hacia el cielo, mientras abajo Sedapal parchea de emergencia redes viales e hidráulicas obsoletas, diseñadas hace medio siglo. El relato oficial y empresarial romantizó el "recurseo" y el "peruanismo emprendedor", transformando una condena por falta de Estado en una supuesta virtud poética. El resultado es una sociedad profundamente individualista donde el concepto de bien común fue exterminado.

Sobre este sálvese quien pueda opera una perversa paradoja tributaria que alimenta el resentimiento. El discurso político criminaliza al informal llamándolo "evasor", ignorando que al comprar combustible, ropa o un saco de cemento, ese ciudadano paga el 18% del IGV, financiando de manera invisible las planillas del ineficiente y corrupto aparato estatal. Por su parte, el ciudadano formal es un rehén fiscal al que la Sunat caza en el zoológico, obligado a pagar impuestos por servicios públicos deplorables, para luego verse forzado a duplicar su gasto contratando seguridad, clínicas y colegios privados. En esta ficción, muchos pagan, pero nadie recibe.

La informalidad en el Perú es un equilibrio perverso. Es un pésimo negocio ser formal ante una burocracia punitiva, pero, además, es la válvula de escape que la clase política bendice en secreto, porque regala una paz social barata que maquilla su incompetencia para generar empleo, seguridad, salud y vivienda. Ese vacío estatal ya fue colonizado por corporaciones de la ilegalidad —mafias del transporte, del suelo y de la minería— que hoy financian campañas, dictan leyes y hasta se extorsionan entre ellas en el día a día.

Desconectados de la idea de nación, sin reconocer al prójimo como un igual con deberes, sino como un competidor en la arena, elegimos gobernantes que son el espejo fiel de nuestra fragmentación y cinismo. Para un presidente, presidir esta ficción es gestionar a una platea fantasma desde una escenografía lejana. Administrar un país de papel mientras la realidad se desborda por los márgenes no es gobernar; es, simplemente, prolongar la puesta en escena de una República que no existe. Que el dólar no suba y que nadie nos joda es nuestra máxima aspiración.

Lo que hizo el gobierno de Dina Boluarte con el Decreto Legislativo 1589, firmado el 4 de diciembre de 2023 con Alberto Otárola como premier, fue exactamente eso. El decreto llegó a pocos meses de las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando la Policía mató a decenas de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta en el sur del país, la mayoría en Puno.

En lugar de investigar esas muertes, el gobierno criminalizó las protestas que las denunciaban, usando facultades delegadas por el Congreso de mayoría conservadora, con la anuencia fujimorista. Los artículos 283-A y 315-B que incorporó en ese momento al Código Penal sancionaban con hasta seis años de cárcel a quien proveyera cualquier bien o recurso a personas que protestaran. En ese sentido, llevar agua a un manifestante podía constituir delito.

Ante ese atropello, el Colegio de Abogados de Puno demandó al Poder Ejecutivo ante el TC y esta semana les dieron la razón a través de la Sentencia 167/2026, adoptada por unanimidad. Los artículos en mención fueron declarados inconstitucionales. La resolución afirma que el derecho a la protesta asiste a toda persona sin distinción de su origen, edad u opinión, y frente al cual el Estado también tiene deberes como el respeto, la facilitación para la protesta y la protección de la vida.

Por ello, vale afirmar que la victoria es de Puno, la región que más muertos tuvo durante la actuación estatal durante los primeros días del gobierno de Boluarte.

La sentencia llega en un momento que no es neutral. El nuevo gobierno propone militarizar la seguridad ciudadana y la ley del fuero militar promulgada por Rospigliosi blindaría de la justicia ordinaria a los policías que intervengan en protestas. El TC acaba de decirle al país que protestar es un derecho y que el Estado debe protegerlo.

Un académico brasileño simuló un asalto y le disparó a su esposa mientras dormía. Cuando ella volvió a casa, parapléjica, intentó matarla otra vez. Brasil tardó veinte años en encarcelarlo y necesitó una condena internacional para reconocer su tolerancia con la violencia doméstica. El caso dio lugar a la Ley Maria da Penha. En Argentina, un juez liberó a un sentenciado por violaciones sexuales pese a informes técnicos desfavorables. Meses después, violó y mató a la joven Micaela García. La conmoción por el caso propició la Ley Micaela y obligó al Estado a revisar la formación de sus servidores públicos.

Pero en el Perú los nombres se nos acumulan y nada pasa: Sheyla Cóndor, Eyvi Ágreda, Solsiret Rodríguez, Ruth Thalía Sayas. También los videos, las desapariciones y territorios como Condorcanqui, con cientos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes, muchas contra docentes. No nos falta evidencia, nos falta subvertir las lógicas que sostienen esta normalidad. El profesor universitario, el juez, el docente o el policía ocupan lugares respetables en instituciones con mandatos de proteger. Quizás por eso nuestro punto ciego sea ver la reputación como presunción de inocencia. A más idealización, más confundimos autoridad y prestigio con inocencia.

En Brasil un eslogan de la ley Maria da Penha causó impacto. Traducido libremente sería “Entre marido y mujer el Estado se debe meter”. La discusión nunca fue sobre el matrimonio. Era sobre el derecho a interrumpir el abuso que puede instalarse en una relación de poder.

En la casa, la escuela, la comunidad, la empresa, la ONG o el partido político se decide qué puede discutirse, quién puede hacerlo y si existirá un contrapeso, un tercero que mire, escuche y sea voz crítica sin que su intervención se juzgue como deslealtad o traición. Pero sabemos que en nombre del interés de las instituciones, las corporaciones o la familia algunas personas o prácticas se vuelven intocables. En democracia, ningún poder debe quedarse a solas consigo mismo.