¿No hay plata? Un actual  aumento de los ingresos fiscales responde principalmente a los altos precios de los metales como el oro y el cobre, lo cual aumenta temporalmente la recaudación  por impuesto a la renta de 3ª categoría de empresas mineras ( utilidades)  lo que explica que el déficit fiscal proyectado 2026 se reduzca de  1.3 a 1% del PBI, a pesar del aumento del gasto fundamentalmente   permanente, esto nos indicaría que al revertirse el alto  precio de los metales y con un fenómeno del Niño que afectará adversamente el PBI y la recaudación, enfrentaríamos un problema fiscal por resolver , pero recursos fiscales ya presupuestados hoy si hay, y entonces ¿Porque el Estado sigue actuando con la misma ineficiencia e ineficacia?

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Fuera del tema financiero, un problema son las limitadas capacidades de gestión. Por ejemplo, la Contraloría General de la República refiere que sobre el Fenómeno del niño. .317 municipalidades ejecutaron menos 40 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de julio de 2026 asignado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, afrontar efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.  De estas 317, 109 municipalidades han ejecutado 0 %,.  En cuanto a los gobiernos regionales 9 de estos, presentan una ejecución menor al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, y Tumbes.  A nivel del Gobierno Nacional el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú han ejecutado menos del 40 % de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068

Resolver esta falta de capacidad, es algo complejo, porque los actuales 11 Sistemas Administrativos del Estado que implican normas procesos y herramientas para gestionar recursos públicos, tienen un nivel marginal de coordinación, con lo cual, por más que se tengan políticas públicas  bien diseñadas, se encuentran con sistemas administrativos estatales desconectados entre sí, originando no solo  problemas en la ejecución de recursos desde el plano financiero, sino también  en el logro de metas económicas proyectadas. El desafío está planteado.

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Santistevan de Noriega asumió el cargo en marzo de 1996 y lo ejerció hasta el año 2000, los años de lucha contra el intento del régimen de Fujimori por perpetuarse en el poder mediante una tercera reelección inconstitucional, un defecto de fábrica del proceso electoral, como él mismo insistía en llamarlo al denunciarlo. Santistevan repetía, en sus entrevistas de aquellos años, una idea que resume bien el espíritu fundacional de la institución. La de que el ciudadano estaba por encima de la política y que los funcionarios públicos debían su legitimidad a la atención de las prioridades de los más vulnerables. Bajo su conducción la Defensoría afianzó su nombre más allá del rótulo, pues defensoría del pueblo significaba una instancia de intermediación para los ciudadanos cuando la maquinaria del Estado los olvida o, peor aún, los agrede.

Consciente de su misión, Santistevan convocó un equipo de primer nivel. Para la adjuntía en Asuntos Constitucionales llamó a Samuel Abad Yupanqui, que ocupó el cargo entre 1996 y 2005 y convirtió a la Defensoría en litigante constitucional de primer orden. Bajo su impulso se gestó, entre otras, la demanda contra el artículo 337 del Código Civil, que dejaba a la discrecionalidad judicial, conforme a la educación y las costumbres de los cónyuges, la apreciación de la sevicia y la conducta deshonrosa como causales de divorcio. El Tribunal Constitucional (Expediente 018-96-I/TC) declaró fundada la demanda y suprimió ese resabio decimonónico que hacía depender de la clase social de la víctima su protección frente al maltrato conyugal. La misma adjuntía impulsó la batalla contra la ley de levas, práctica inconstitucional que el Estado arrastraba desde el siglo XIX, arrinconada mediante sucesivos amparos hasta que la Ley del Servicio Militar de 2008 acabó con el reclutamiento forzoso de los hijos de las familias más humildes.

Tras la gestión de Santistevan hubo periodos de gestión interina, como la del Dr. Walter Albán, entre el 2000 y el 2005, que supo mantener el liderazgo e incluso fortaleció la presencia de la Defensoría a nivel nacional. Le siguió la primera mujer en ocupar el cargo, la Dra. Beatriz Merino, entre 2005 y 2011, quien resumió el sentido de la institución en una frase acuñada para el trabajo con las víctimas del conflicto armado interno, un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino. Bajo su gestión llevó a comisionados a cientos de distritos alejados para atender a las poblaciones más pobres, que ni siquiera sabían de la existencia de un defensor a quien acudir. Le siguió el Dr. Eduardo Vega, entre 2011 y 2016, bajo cuyo mandato la institución fortaleció su trabajo a favor de los grupos vulnerables y empujó la aprobación de la Ley 30470, que dotó al Estado de una política pública de búsqueda y recuperación humanitaria de las más de veinte mil personas desaparecidas entre 1980 y 2000, uno de los servicios más silenciosos y relevantes de la Defensoría.

Incluso en años de polarización política, la Defensoría siguió cumpliendo un papel relevante. La gestión de Walter Gutiérrez (2016-2022), sin el mismo despliegue a favor de los derechos de las comunidades indígenas o de los grupos vulnerables, no abandonó la línea central de la institución en la denuncia de atropellos, como ocurrió en noviembre de 2020, cuando denunció con firmeza el uso desproporcionado de la fuerza que precipitó la caída del fugaz régimen de Manuel Merino.

Treinta años de todo esto, y de mucho más, merecerían una celebración apoteósica. Pero la sesión solemne del 11 de setiembre no puede leerse sin el contraste de la última gestión, la de una Defensoría que hoy enfrenta investigaciones fiscales por presuntos favoritismos en contrataciones y ascensos, que ha llevado al Tribunal Constitucional una demanda contra la ley de extinción de dominio que el propio subsistema especializado del Poder Judicial advirtió que favorecería a las estructuras del crimen organizado, y cuyo titular tuvo que disculparse ante el Congreso después de sugerir, en una entrevista radial, que la popularidad de la presidenta aumentaría si, imitando a su padre, se animara a cerrar el Congreso. Pero el deterioro de la imagen de la Defensoría no es reciente. El año pasado, tres de los antiguos titulares de la institución, Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar, se reunieron a recordar el aniversario de la Defensoría y a su primer defensor, y se preguntaron, según contó luego Revollar, qué hubiera hecho Santistevan frente a la Defensoría de hoy. Los tres coincidieron en que ya no podían seguir en silencio mientras veían desmoronarse la credibilidad de la institución a cuyo prestigio contribuyó tanto.

Fue precisamente en ese contexto, con la denuncia constitucional contra su titular todavía fresca, que la presidenta Keiko Fujimori se presentó a saludar, en la sesión solemne del pasado 11 de setiembre, la “independencia de la institución” y su aporte al fortalecimiento de la democracia. Un desatino más, han escrito algunos editorialistas ante la falta de conexión de la presidenta con lo que toda la ciudadanía observa con preocupación, un titular empeñado en caerle bien al poder que debe fiscalizar y en trabajar para intereses no siempre claros, aunque claramente alejados del pueblo al que se debe la institución.

En tal sentido, el Congreso debería negar dicha solicitud de facultades al Ejecutivo, y desarrollar, vía sus canales convencionales, una agenda legislativa para promover el empleo de calidad.

A continuación, expongo los principales aspectos sobre los cuales debería legislar el Congreso en los próximos 5 años.

Modificación de la Ley de Orgánica del BCRP

Implica incorporar metas de empleo formal en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomando como referencia la labor de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales.

La combinación de metas de inflación y de empleo formal en la política monetaria permitirá un rol más activo del BCRP en la promoción del crecimiento económico.

Ley de reforma tributaria

Se trata de eliminar las exoneraciones tributarias ineficientes, ampliar la base de contribuyentes y permitir que quienes perciban mayores rentas y tengan grandes patrimonios contribuyan más, para ampliar la presión tributaria de 14% a 21% del PBI al 2031.

Ello permitirá acelerar la inversión pública en infraestructura productiva para reactivar la economía, mejorar la productividad y ampliar el crecimiento económico potencial; así como mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos (educación, salud, agua y saneamiento, seguridad, etc.).

Ley de presupuesto público

Es necesario dotar de mayores recursos presupuestales a los programas Trabaja Perú (Llamkasun) y Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para generar una mayor cantidad de empleos/ingresos temporales para los más vulnerables (sobre todo mujeres), a nivel urbano y rural; y mejorar la empleabilidad de los jóvenes a nivel nacional vía capacitación laboral, certificación de competencias laborales y gestión de la inserción laboral.

Al menos se deberá duplicar el presupuesto y la cantidad de beneficiarios de ambos programas en los próximos 5 años.

De otro lado, resulta impostergable dotar de los recursos económicos y humanos necesarios al Poder Judicial para atender oportunamente las demandas laborales y previsionales, en cumplimiento de la normativa procesal.

Ley de incentivos a la contratación formal de jóvenes

Implica establecer un subsidio temporal a los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, para incentivar la contratación formal y estable de jóvenes en micro y pequeñas empresas-MYPE (con énfasis en las mujeres).

El objetivo es reducir significativamente los niveles de inactividad laboral, desempleo, subempleo e informalidad de los jóvenes.

Nueva ley agraria

Para equiparar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores agrarios con los del régimen general; brindar estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda); fomentar la negociación colectiva (sobre todo supraempresarial); y reducir progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación.

Permitirá que la bonanza agroexportadora beneficie también a los trabajadores vía mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales.

Modificación de la ley general de inspección del trabajo

Para fortalecer la inspección laboral. Se trata de otorgar más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y duplicar el presupuesto (para duplicar el personal que integra el proceso inspectivo) a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad.

Nueva ley MYPE

Es necesario sustituir los actuales regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa por un solo régimen promocional de acogimiento temporal, acotado a empresas que realmente lo necesiten, que no afecte derechos laborales fundamentales y esté sujeto a evaluación constante.

Ley general de trabajo

Urge una reforma laboral integral que promueva el empleo formal, estable, productivo y bien remunerado.

Implica limitar la contratación temporal (sus modalidades y plazos) y tercerización laboral con destaque de personal (con topes a su uso). Además, vincular el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado; fomentar la sindicalización y negociación colectiva (sobre todo a nivel supraempresarial); precisar la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones; entre otros.

Nueva ley del sistema de pensiones

Se requiere una reforma integral de la seguridad social que implemente un sistema previsional con componentes complementarios: pensiones no contributivas (para población vulnerable) y pensiones generadas a través del reparto y la capitalización colectiva con aporte y gestión tripartitos (de trabajadores dependientes e independientes, empleadores y Estado), complementadas por la capitalización individual (con mayor competencia y comisiones en función de la rentabilidad generada, principalmente).

Ello contribuirá al acceso a pensiones dignas para todos los trabajadores al llegar a la edad de jubilación.

Modificación de la ley de EsSalud

Reestructuración del Seguro Social de Salud (EsSalud). Conlleva implementar una dirección más transparente y democrática (implica, entre otros, que la presidencia ejecutiva rote entre los sectores que integran el Consejo Directivo de EsSalud); nivelar a 9% la tasa de aporte en todos los sectores económicos; uniformizar la base contributiva; y facilitar el cobro de los aportes adeudados.

Ley de seguro de desempleo

Se trata de implementar un seguro de desempleo para los trabajadores asalariados formales, en el marco del cumplimiento de la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificada por el Estado peruano.

Modificaciones a la ley del servicio civil

Relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL (para todos los regímenes laborales); etc.

Permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

En julio de 2025, Brasil y China suscribieron un memorándum para estudiar un corredor ferroviario que conectaría la red brasileña con el puerto peruano de Chancay. La noticia fue presentada como un avance estratégico para Sudamérica: Brasil obtendría una salida más directa al Pacífico y China consolidaría a Chancay como gran plataforma hacia Asia. Sin embargo, hubo una paradoja evidente: el Perú, país por cuyo territorio tendría que pasar el tren y donde se ubica el puerto de destino, no apareció como parte formal del acuerdo.

 La explicación formal es que el memorándum fue diseñado como un estudio preliminar sobre la red brasileña y su eventual conexión internacional. Brasil busca evaluar cómo articular sus ferrocarriles de Integración Oeste-Este (FIOL), Centro-Oeste (FICO) y Norte-Sur con una salida al Pacífico. China, por su parte, quiere medir la viabilidad técnica, económica, logística y ambiental de un corredor capaz de alimentar Chancay con carga brasileña. Desde esa óptica, Brasil y China quisieron ordenar primero su propio mapa: producción brasileña, inversión china, infraestructura existente y futura demanda de carga.

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Pero esa explicación no resuelve el problema político. Ningún corredor hacia Chancay puede materializarse sin el Perú. No se puede cruzar la Amazonía y los Andes peruanos, definir trazados, imponer servidumbres, evaluar impactos ambientales, afectar comunidades, conectar ciudades y llegar a un puerto peruano sin que el Estado peruano participe desde el diseño. Si el Perú llega tarde a la mesa, otros habrán definido antes la lógica del proyecto: qué carga se prioriza, qué ruta se estudia, qué regiones se conectan y quién captura la renta logística.

 La ausencia peruana importa porque este proyecto no es solo ferroviario. Es una decisión territorial. Una ruta centro aislada, pensada únicamente para llevar carga brasileña hasta Chancay, puede convertir al Perú en un simple país de tránsito. El riesgo es repetir un patrón conocido: grandes inversiones que miran hacia fuera, pero que no integran el país hacia dentro. El tren podría atravesar el territorio peruano sin crear una red de ciudades intermedias, parques industriales, zonas económicas regionales, valor agregado, empleo técnico ni encadenamientos productivos.

 Por eso, el Perú no debe reaccionar con rechazo automático ni con entusiasmo ingenuo. Debe responder con una posición estratégica. Primero, exigir su incorporación formal a todo estudio que involucre trazados, demanda, costos, financiamiento, impacto ambiental o conexión con Chancay. Segundo, solicitar acceso completo al memorándum, al cronograma de entregables, a la metodología y a los supuestos de carga. Tercero, dejar claro que ningún estudio será válido para el tramo peruano si no incorpora alternativas de desarrollo nacional.

 La condición peruana debe ser simple: no aceptar una ruta, exigir una red. Si Brasil y China quieren usar el territorio peruano para llegar al Pacífico, deben ayudar a financiar una Red Bioceánica Peruana. Eso significa que la eventual ruta centro hacia Chancay debe conectarse también con un ramal al norte y el oriente peruano: Pucallpa, Tarapoto, Bagua, Olmos, Piura y Bayóvar, o, alternativamente, con otra hipotética ruta ferroviaria al sur que incluya Madre de Dios, Cuzco, Puno y Arequipa o la carretera interoceánica sur. Debe incluir puertos secos, parques industriales, nuevos centros poblados, centros logísticos, energía, fibra óptica, aduanas interiores, capacitación técnica y zonas de transformación. El objetivo no puede ser que la soja, el maíz o los minerales brasileños pasen por el Perú; el objetivo debe ser que el Perú produzca, procese, exporte y se integre mejor con Brasil y con Asia.

 El Perú tiene poder negociador porque el tramo crítico está en su territorio. Debe usarlo con inteligencia, no para bloquear, sino para elevar la calidad del proyecto. Brasil busca competitividad. China busca volumen para Chancay. El Perú debe buscar desarrollo territorial. Eso implica negociar financiamiento chino-brasileño para los ramales peruanos, reglas de acceso abierto, participación de proveedores nacionales, protección ambiental, datos logísticos compartidos y compromisos de valor agregado en territorio peruano.

 El memorándum Brasil-China es una señal de advertencia y una oportunidad. Advierte que otros ya están pensando el territorio peruano desde sus intereses. Pero también abre la posibilidad de que el Perú recupere iniciativa y proponga una visión propia. El tren bioceánico no debe ser diseñado para cruzar el Perú. Debe ser diseñado para construir el Perú.

 El discurso de 28 de julio de la presidenta mencionó el fortalecimiento del Perú con los países de la Comunidad Andina, pero se olvidó del Brasil, el país vecino que potencialmente más puede contribuir al desarrollo del Perú.

Somos un país donde ocho millones de peruanos no han culminado la secundaria y siete de cada diez trabajadores son informales. PISA 2025 revela que seis de cada diez estudiantes peruanos de 15 años no logran una comprensión lectora básica y la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2025 ya había advertido que apenas uno de cada diez adolescentes culmina la secundaria con un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Es evidente que no estamos solo ante una crisis de aprendizajes, sino ante una pobreza educativa que desborda la escuela. Ese es el enorme reto que enfrenta hoy la política pública.

Entonces, más que discutir posiciones en un ranking, debemos mirar lo esencial: los adolescentes peruanos siguen sin alcanzar las competencias básicas que necesitan para aprender, trabajar, participar en democracia y construir su propio proyecto de vida.

¿Por qué es tan importante comprender lo que se lee?

Comprender lo que se lee es la base para seguir aprendiendo, desarrollar un pensamiento crítico, ejercer plenamente la ciudadanía y acceder a mejores oportunidades. También es indispensable para elevar la productividad y construir el desarrollo que el país necesita. ¿Cómo enfrentaremos los desafíos del futuro si condenamos a generaciones enteras al analfabetismo funcional?

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El Perú posee una enorme riqueza agrícola, minera, ganadera, cultural y turística. Pero no podremos convertir ese potencial en bienestar si nuestros jóvenes culminan la educación básica sin comprender adecuadamente un texto, contrastar información o construir una opinión propia. PISA será útil si nos obliga a reflexionar sobre el propósito mismo de la educación y sobre la ciudadanía que estamos formando.

¿Qué nos dice la experiencia?

Debemos evitar las respuestas simplistas. Este problema no tiene una sola causa ni se resolverá únicamente ofreciendo más capacitaciones a los docentes o distribuyendo nuevos materiales. Las evaluaciones nacionales e internacionales vienen mostrando dificultades persistentes. No podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.

La falta de comprensión lectora expresa un problema integral de nuestro sistema educativo y, por ello, requiere respuestas integrales, diversificadas y contextualizadas.

Aprender exige condiciones básicas. Un estudiante con hambre, miedo, problemas emocionales o que vive situaciones de violencia no aprende en igualdad de condiciones. Por eso, la alimentación, la salud mental, el bienestar y la convivencia escolar deben formar parte de cualquier estrategia seria para recuperar los aprendizajes.

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También necesitamos escuelas con autonomía real para responder a las características de sus estudiantes y de su territorio. Las regiones del Perú enfrentan realidades distintas y no pueden recibir exactamente la misma respuesta. Se requieren estrategias diferenciadas, metas claras, recursos suficientes y capacidad de decisión en cada comunidad educativa.

En ese esfuerzo, debemos confiar y respaldar a nuestros maestros. No podemos reducir su trabajo al cumplimiento de formatos, disposiciones y controles administrativos. Necesitamos docentes empoderados, capaces de desplegar su conocimiento, su autonomía y su juicio profesional. El Estado debe acompañarlos, brindarles herramientas y generar las condiciones para que puedan enseñar, innovar y tomar decisiones frente a las necesidades concretas de sus estudiantes.

Las familias también tienen una responsabilidad insustituible. Son el primer espacio de formación, diálogo y acercamiento a la lectura. La escuela no puede enfrentar sola una situación de esta magnitud.

Después de la pandemia, en medio de una profunda crisis política y una constante rotación de ministros y autoridades, el aprendizaje dejó de ocupar el centro de la preocupación estatal, salvo en experiencias locales de mejora de los aprendizajes.

PISA 2025 debe servir para marcar un punto de quiebre. La comprensión lectora tiene que convertirse en un reto nacional que movilice al país. Necesitamos una alianza renovada entre docentes, familias, comunidades, empresas, universidades, gobiernos regionales y el Estado nacional. Necesitamos recuperar la continuidad de las políticas, evaluar con transparencia y asumir responsabilidades por los resultados.

Estamos viviendo un cambio de época. Las viejas respuestas ya no son suficientes. Es momento de escuchar a las escuelas, confiar en los maestros y colocar verdaderamente los aprendizajes en el centro de la acción pública.

Una meta nacional para 2030

Ya existe una iniciativa ciudadana que busca colocar este desafío en el centro de la agenda pública. El movimiento Leer No Basta propone articular esfuerzos de distintos sectores para que la comprensión lectora sea una verdadera prioridad nacional. Su meta es clara y movilizadora: que al 2030 siete de cada diez estudiantes de primaria alcancen niveles satisfactorios de comprensión lectora.

El país debería asumir esa meta como un compromiso nacional.

Necesitamos que nuestros estudiantes comprendan lo que leen para ejercer ciudadanía, construir oportunidades y transformar el Perú.

El problema está en cómo se aprueban esos beneficios. Cuando llegan a conocimiento público gracias a una investigación periodística y los propios congresistas dicen que los desconocen, algo en el diseño del sistema está mal. Se trata de un subsidio de hasta S/62,400 por el fallecimiento de un familiar directo, aprobado por un acuerdo de mesa directiva en 2009, que nunca pasó por debate en el Pleno.

El dato que más llama la atención es que los congresistas ya cuentan con un seguro privado de S/14,000 para gastos fúnebres, contratado por el propio Congreso. El subsidio es un pago adicional encima de esa cobertura.

Entre 2021 y 2026, 13 parlamentarios lo cobraron, con un desembolso total de S/655,200 del presupuesto del Parlamento. Y los beneficiarios han sido de varios partidos entre ellos, Fuerza Popular, actualmente con representación parlamentaria.

La senadora fujimorista Patricia Juárez dijo que son acuerdos de mesa que los propios congresistas desconocen. Esa respuesta dice más de lo que pretende. Si los parlamentarios desconocen los beneficios que cobran, el Pleno debe asumir el control de esas decisiones. Es tan simple como eso.

Y conviene poner esto en contexto. El Fenómeno El Niño avanza con pronóstico de magnitud extraordinaria. El sistema de salud llega a esa emergencia con los mismos problemas estructurales de antes de la pandemia. Pensión 65 sigue esperando el aumento prometido el 28 de julio. La PNP opera con el 40% de su parque automotor inoperativo. En ese sentido, cada sol que se destina a un beneficio que duplica una cobertura ya existente es un sol que el Estado deja de invertir en quienes más lo necesitan.

La Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad de hacer algo concreto desde ya. Que todos los beneficios económicos de los parlamentarios sean aprobados por el Pleno en sesión pública. Y que los acuerdos de mesa directiva con impacto presupuestal sean sometidos a revisión.

Lo que sucede en Condorcanqui no solo no es nuevo, sino que es ampliamente conocido por las autoridades, que no han respondido a la altura de los requerimientos de la población. Recordemos las lamentables declaraciones del exministro de Educación Morgan Quero, quien se refirió al tema haciendo alusión a prácticas culturales. Muy grave, sobre todo cuando el propio Ministerio había publicado un informe en 2017 en el que se reconocía que la mayoría de las víctimas eran niñas menores de 14 años y que los agresores eran parte de su entorno social y familiar. Además, en un informe de 2024, la Defensoría del Pueblo informó que el 64% de investigaciones por violencia sexual escolar habían prescrito, a pesar de que se había informado de los hechos a la Dirección Regional de Educación de Amazonas.

Pero más allá de los informes, que el gobierno no puede decir que no conocía, está la voz de Rosalina Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajun, que por años ha recorrido todos los espacios posibles denunciando los hechos y las artimañas de los agresores para escapar de la justicia, quienes cuentan con la complicidad de algunas autoridades locales pero, sobre todo, con la impunidad que el olvido garantiza.

Sin embargo, las niñas y adolescentes Awajún no fueron mencionadas en el discurso de asunción presidencial ni ha habido un solo comentario de la presidenta o el canciller sobre la Misión MESECVI. Lamentable que estos reclamos de justicia hayan llegado con más facilidad a Washington que a los oídos de la primera mujer electa presidenta en el Perú.

Tomemos el caso más urgente y con enormes consensos: seguridad ciudadana. ¿Qué en concreto van a modificar o crear que necesite ley? Hasta ahora lo único que ha mencionado Keiko Fujimori y su ministro de defensa es una idea ilegal, inconstitucional y contraria a los tratados de Ginebra: tratar al crimen organizado como grupos hostiles (fuerzas armadas alzadas para deponer un Estado legítimo). Es todo lo que han explicado (mal) y en lo demás, hay una tremenda oscuridad. Por ejemplo, el ministro de Justicia ha dicho que el Código Procesal Penal ha fracasado. Si el gobierno pide facultades para su modificación, ¿el plan es derogarlo? ¿Regresar al sistema anterior? Nadie lo sabe. Misterio y peligro. Lo único que ha conseguido el ministro es la crítica unánime de abogados penalistas a los que les faltó el respeto.

En estas condiciones solo quedan dos posibilidades. La primera, Galarreta y sus ministros quieren un cheque en blanco porque tienen un plan secretísimo listo, con los decretos ya terminados, que será un terremoto normativo con cambios profundos en códigos enteros. La segunda, Galarreta y sus ministros quieren un cheque en blanco porque no tienen la más remota idea de lo que van a hacer y no quieren ni pensarlo hasta que no aseguren la delegación. Me inclino por la segunda. Si fuera la primera, habría muchos más ministros dando extensas explicaciones para una delegación de 66 ítems, que no tiene precedentes recientes en su extensión. Salvo en algunos esforzados aspectos liderados por el ministro de Economía, no hay una idea nueva, un argumento, algo para debatir en materia de seguridad y mucho menos sobre el tan mentado Fenómeno del Niño, que, en la solicitud de delegación, no existe.

Sin la especificidad requerida por la Constitución, es muy difícil que se aprueben facultades en un Congreso bicameral, con el diseño legislativo actual y con la correlación de fuerzas que resultó de las elecciones. Ya le quedó claro a Jorge Nieto que, en los términos de Martha Chávez, no hay espacio para la negociación como lo hubo en los congresos unicamerales. Si el Senado hace lo que quiere con el proyecto enviado de Diputados y repone todo lo que este sacó, ¿qué interés puede tener Diputados en enviar algo? Ninguno. Frente a este resultado el gobierno tiene dos caminos. El primero, retira su solicitud y comienza a enviar solicitudes acotadas a temas específicos a votar una por una. Eso permite hacer una defensa pública y política, demostrando cuáles son las ideas del gobierno (si es que las hay). El segundo, construye confianza y hace un acuerdo global para las dos cámaras. Esto es mucho más difícil después de la elección de las mesas directivas de Diputados y el Senado. Desplegaron todas las triquiñuelas de los expertos en manipular. Haber robado un voto les dio el triunfo, pero destruyó la mínima credibilidad que podían tener. Lamentablemente, las cuatro fuerzas de oposición tienen todo el derecho del mundo a no creerle a Fuerza Popular, nada. Sin embargo, si los fujimoristas pudieron pactar con los hermanos Cerrón, podrían tratar de recomponer lo destruido.

Keiko Fujimori ya no dice “desde el primer día de gobierno”. Tampoco ofrece nada para los 100 días. Ahora nos remite al final de su gobierno para ver resultados. “Tenemos 1826 días para recuperar” la seguridad. No fue lo que ofreció en campaña, pero como decía Alan García (luego de estatizar la banca cuando había prometido no hacerlo): “en política no se puede ser ingenuo”. La ingenuidad electoral es creer en la palabra de un político y esa lección, los peruanos la tenemos bien aprendida.

¿Algo positivo a destacar de estos primeros días? Puede parecer menor, pero habla muy bien del líder el tener capacidad de enmienda rápida. La frivolidad de las cuatro primeras semanas, con transmisiones en vivo hablando de su ropa, sombreros o cuidado de la piel, se puso en paréntesis. Hoy la comunicación política es más directa si responde preguntas espontáneas de reporteros en campo. Ha asistido a entrevistas en dos radios. Esa forma de comunicación refleja seriedad. Matar a la “influencer” debe haberle costado, pero es la única manera de ser presidenta.

¿El problema que prevalece? Parece totalmente desorientada en tareas de gobierno. Su reportada mudez en Consejos de Ministros (no se arregla con unas imágenes) y su falta de ideas de gobierno se comienza a notarse. La visita de Marco Rubio no fue un desastre, pero estuvo a punto de serlo, si se seguían tolerando abiertos ataques a China, primer socio comercial del Perú. Romper relaciones con Irán fue propio de una Cancillería inexperta (que no lo es) y los nombramientos de Embajadores no pueden responder a la banalidad política. En general, el gobierno no tiene equipo y el reciclaje de funcionarios de otros gobiernos crece cada día. Sin visión de futuro y sin cuadros propios, con la ganada desconfianza de los adversarios, en 46 días, ya no queda tiempo para excusas. Más allá de los gestos, tiene que haber contenido.

El JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como primer regidor. Lo que dejó pendiente es la pregunta que más importa: si ese primer regidor, que tiene prohibición constitucional de reelección inmediata, puede recibir las credenciales de alcalde y gobernar si su lista gana. El propio jefe del organismo electoral, Roberto Burneo lo reconoció afirmando que “no hemos llegado a otra situación controvertida”. Es decir, el JNE resolvió si pueden postular y reservó para después la decisión sobre si pueden gobernar.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que ante vacancia o impedimento del alcalde electo, el primer regidor asume automáticamente. Pero si ese primer regidor tiene una prohibición constitucional de reelección inmediata, la pregunta sobre si puede recibir las credenciales requiere una respuesta antes del 4 de octubre. Al respecto, 14 organizaciones políticas ya le pidieron al JNE un pronunciamiento vinculante antes de los debates del 21 y 22 de septiembre. El JNE tiene la facultad y la responsabilidad de pronunciarse pronto.

La puerta que el JNE dejó abierta puede convertirse en una controversia de proporciones mayores el 5 de octubre. Si una lista con un ex-alcalde como primer regidor gana las elecciones y ese ex-alcalde reclama la alcaldía, el sistema electoral peruano necesita tener una respuesta clara antes de ese momento. Resolverlo ahora protege la legitimidad del proceso y a los propios candidatos. Resolverlo después, en medio de impugnaciones y conflictos, dañaría mucho más una institucionalidad que el Perú necesita fortalecer.