La historia está llena de ejemplos: Hitler creó un ministerio de “Ilustración Pública y Propaganda”, se prohibieron los periódicos y medios.  El régimen nazi controló la información y el poder, lo que facilitó que Alemania, sin oposición interna, desatara la Segunda Guerra Mundial con todo el daño que causó.

Casi simultáneamente en la Unión Soviética, la desaparecida URSS, solo existía el diario Pravda y la agencia TASS como voceros de la dictadura comunista y cualquier periodista “disidente” era perseguido.  Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, ese marco de control informativo se replicó en Cuba, y más tarde lo hicieron, con algunas variables, las dictaduras de Venezuela (Hugo Chávez/Maduro) y Nicaragua (Daniel Ortega).  También dictaduras de derecha como la de Pinochet en Chile, Fujimori en Perú y Stroessner en Paraguay reprimieron a la prensa para mantener el control de la información… y así retener el poder

En la actualidad Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, mantienen un control absoluto sobre la información y, de acuerdo con organismos de defensa de la libertad de expresión, los pueblos de Rusia, China y Corea del Norte tienen un “monopolio ideológico” de la información que recibe la población.

Mientras todo eso ocurría en países de diferentes continentes, Estados Unidos se podía jactar de ser un ejemplo de libertad, al extremo de que la prensa independiente se consideraba el “cuarto poder” y su democracia se sustentaba en un pueblo bien informado para ejercer sus derechos.

Es en ese país, dónde Thomas Jefferson, en el siglo XVIII, escribe siendo presidente una frase que podría dejar helado a cualquiera de los dictadores o gobernantes autoritarios mencionados antes: “Si de mí dependiera decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría un momento en preferir lo segundo”… Absolutamente contundente.

En la historia estadounidense, el segundo presidente, John Admas, promulgó las llamadas “Leyes de Sedición” para perseguir a los periodistas críticos a su gobierno, pero luego tuvieron que pasar 200 años para encontrar a un gobernante de ese país que intentara censurar judicialmente a periodistas: Richard Nixon trató de impedir la publicación de los famosos “Documentos del Pentágono” que finalmente hizo públicos el diario The Washington Post.

Con esos dos “lunares” históricos, EEUU era considerado un ejemplo en materia de libertad de expresión y de prensa en el hemisferio.  En el seno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que cada año repasa la situación de libertad de prensa en las Américas, pocas veces se conocían casos de estadounidenses, aunque recuerdo el de la periodista Judith Miller, quien estuvo presa por proteger sus fuentes de información en un caso relacionado con la invasión a Irak durante el gobierno de George W. Bush.  Finalmente se reconoció su derecho a no revelar sus fuentes.

Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump no ha escondido su incomodidad ante las críticas de la prensa independiente.  Han sido varios sus intentos de censura a cadenas de televisión o presentadores, lo mismo que los ataques e incluso insultos contra periodistas de diferentes medios. El más reciente incidente es el veto de ingreso a tres medios independientes: CNN, Politico y MS NOW.

La respuesta fue inmediata.  Se demandó al Ejecutivo por violar la primera enmienda y un juez federal ha dado la razón a los medios.

Trump y el vicepresidente Vance aseguran que los medios vetados “publican más noticias negativas de la administración”, sin mencionar que quienes quieren el control de la información se presentan siempre como víctimas.

La constitución chavista establece que toda la información debe ser “veraz y oportuna”, pero no dijeron quien calificaría las noticias.  Por supuesto que a Chávez y Maduro todas las noticias independientes les parecían “mentira” (“fake news”, les llama Trump) o inoportunas. Siendo el Estado quien las calificaba, podían censurar o castigar al medios y periodistas.

Hay una vieja frase que dice que “quien tiene el poder, tiene la información”.  Ese principio es el que aplican los gobiernos autocráticos para buscar mecanismos que impidan que el poder esté en el pueblo bien informado.  En contraparte, lo que la prensa independiente hace es, precisamente, democratizar la información, para reforzar así los principios y valores democráticos.

Lo contrario, ir contra la prensa, es siempre ir en contra de la democracia… Esa lucha nunca termina y la libertad hay que defenderla.

Algo que hace dos años parecía impensable se ha visto en las últimas semanas.  Donald Trump presionó tanto a Canadá con su guerra de aranceles, que provocó el rompimiento de dos firmes aliados que parecían nacidos para mantener unidos sus destinos.  Ahora, el primer ministro Mark Carney dio un giro radical y, en vez de soportar los ataques de su vecino, respondió enérgicamente y decidió fijar su atención en Europa… y ha logrado su cometido.

La noticia de que Canadá será el primer “miembro asociado” de la Unión Europea (UE), confirma que se está resquebrajando el llamado “bloque occidental”.   Ni canadienses ni europeos se sienten cómodos con las políticas que intenta imponer el poderoso inquilino de la Casa Blanca y en respuesta a sus ataques arancelarios o amenazas verbales, han creado este modelo inédito en la historia del bloque comunitario que, sin duda, cambia en esencia el orden mundial.

Ottawa y Bruselas se están blindando mutuamente ante los ataques comerciales que puedan llegar, a la vez que protegen sus cadenas de suministros fuera de la órbita de incertidumbre que genera Washington.

Pero esta noticia de gran impacto global no es la única que muestra efervescencia.  La China de Xi Jinping , como suele moverse, lo hace con un estilo muy diferente, pero certero.  Sin mucha bulla, Pekin ha tomado un liderazgo en el bloque conocido como Brics+, el cual se ha ido expandiendo más allá de los países fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y ahora incluye a países Oriente Medio y África.  Mientras uno destruye, el otro construye.

Aquí cabe una mención especial de Rusia, país que se ha visto entrampado en una guerra por su invasión a Ucrania, lo que le ha valido perder peso específico en muchos sentidos, incluso dentro del Brics+, como señalan expertos y analistas. Esta Rusia de Putin muestra a un gigante desgastado que pierde influencia, incluso, en su histórico “patio trasero”.

Este nuevo “reordenamiento” mundial afecta también a nuestra región.  Washington aplica una política que algunos llaman de “garrote y zanahoria”, condicionando el comercio (aranceles) y la ayuda, a la contención migratoria y el combate contra el narcotráfico.  Aquí no caben medias tintas: “o estás conmigo o estás contra mí”.

La creación de la alianza “Escudo de las Américas” con 19 países del continente es una muestra de que la estrategia ha funcionado, aunque tres países clave no han cedido a la iniciativa de Washington: Canadá, México y Brasil mantienen una línea independiente.

Pero los cambios del “nuevo orden mundial” son múltiples y aún hay más. 

La llamada “Junta de Paz”, impuesta por el propio presidente Trump, fue creada como una especie de “club privado” para resolver conflictos al margen de la ONU… ¡Por supuesto!  Incluso, hay declaraciones del mandatario estadounidense diciendo que la Junta podría “sustituir a la ONU”.

Por último, hay que destacar que dentro de esa política exterior que está forzando este “nuevo orden mundial”, se han dado los ataques frontales de la Casa Blanca contra la Corte Penal Internacional (CPI), al extremo de dictar sanciones ejecutivas y sanciones financieras dirigidas contra magistrados y fiscales de la CPI que dictaron ordenes de captura contra los líderes de la guerra de Gaza (Netanyahu) o el propio Putin.

Es evidente que el antiguo orden mundial está hecho pedazos.  Como sucedió con la pandemia del covid-19, llegó para cambiar el mundo y el comportamiento social de las personas.  Como sucede con los avances tecnológicos, hay poco tiempo para acostumbrarse a ellos.  Lo que está por venir es diferente a lo que conocíamos globalmente antes de 2024. 

Las preguntas en el ambiente son: ¿Qué tan profundos serán los cambios? ¿Cómo afectarán a Latino América? ¿Sobrevivirá la ONU a los embates de Washington?, y por último, ¿cambiará esta tendencia si Trump y los republicanos pierden el control del Congreso en noviembre?  Son demasiadas interrogantes y hay muchas dudas.  Mientras tanto, el “nuevo orden mundial” se va configurando y empezará a consolidarse.

De momento, la atención se centrará en la Asamblea General de la ONU, en donde seguramente habrá discursos y posturas muy importantes de líderes mundiales.  Es de esperar que haya mensajes reveladores que permitan sacar conclusiones o visualizar lo que está por venir… Pero que los cambios dejarán marcas, no cabe duda.

El próximo 4 de octubre se realizarán las elecciones regionales y municipales 2026. Más de 26 millones de peruanos elegirán 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1696 alcaldes distritales (ONPE). Si bien la prensa nacional está concentrada en la elección a la alcaldía de Lima Metropolitana, en las regiones también hay convulsión política. Preocupa, por ejemplo, que no haya habido un debate técnico sobre el problema del agua en Cajamarca o sobre el acelerado crecimiento urbano de la provincia. En Piura, se ha notado la falta de preparación y propuestas sobre la inseguridad ciudadana y el Fenómeno de El Niño, siendo este último un tema fundamental, ya que la región, por su ubicación, infraestructura e historia climática, es uno de los territorios más vulnerables. La lección más cercana fue en el FEN 2017. Por otro lado, la gestión de obras paralizadas y la capacidad de ejecución del gasto público también han sido temas ausentes. A esto le sumamos la idoneidad de los candidatos. De acuerdo con una revisión de la plataforma El Poder en tus Manos, 150 candidatos a gobernador regional tienen condenas penales, mientras que el número de candidatos a alcaldías provinciales y distritales con condenas penales sube a 334 y 1255, respectivamente. Preocupa también que 63 candidatos a alcaldías municipales tengan condenas por violencia familiar.

Este panorama, que evidencia la falta de propuestas, preparación e integridad de muchos candidatos y sus agrupaciones políticas, ha aumentado la incertidumbre, la desafección política y la indecisión del voto. Lamentablemente, nos encontramos frente a otra oportunidad perdida. Lo que debió ser una campaña electoral para que candidatos y ciudadanía dialogaran, de manera horizontal, sobre las prioridades y los retos de sus territorios, terminó siendo, nuevamente, un desfile de promesas sin sustento, de bailes que se viralizan en internet, de calles y avenidas saturadas de propaganda y de símbolos culturales politizados, aunque las propuestas en materia cultural brillen por su ausencia. Lo emocional se posiciona por encima de lo técnico. ¿Las consecuencias? Autoridades que van a llegar al poder sin preparación y sin conocer sus realidades locales, y una población con altas expectativas que muy pronto terminará —otra vez— decepcionada.

Con el padrón cerrado, lo que ordena la sentencia no podrá ejecutarse y la Dra. Espinoza, una vez más, como en las elecciones generales, no pudo ejercer su derecho al voto. Es una violación consumada, con responsables plenamente identificados, a quienes tendrían que llegar las consecuencias que la ley prevé frente a estas graves violaciones.

Como se recuerda, en diciembre de 2025 el Congreso inhabilitó a la exfiscal de la Nación por diez años para ejercer la función pública. Posteriormente, el JNE la excluyó del padrón junto con otros siete inhabilitados. Para fundamentar su decisión, el JNE se apoyó en un pasaje de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2005, en la que el TC convalidó la inhabilitación por diez años del expresidente Fujimori, tras su renuncia enviada desde Japón (Exp. N.° 3760-2004-AA/TC).

La jueza del amparo pone en evidencia que tal antecedente no solo resulta impertinente, sino que lo que el TC declaró vinculante en aquella ocasión fue la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, y no para el ejercicio del derecho al sufragio.

Cuando el garante de los derechos políticos los viola

El JNE no es una oficina más de la administración electoral. La Constitución le encomienda, en su artículo 178, «administrar justicia en materia electoral». Es un tribunal jurisdiccional. Y, como todo tribunal en un Estado constitucional, su primera tarea es garantizar derechos. La jurisdicción electoral es también, en ese sentido, jurisdicción constitucional.

Por la relevancia de sus funciones, el constituyente parece confiarle incluso la decisión final en materia electoral. El artículo 181 dispone que sus resoluciones en esta materia son finales y definitivas. Contra ellas no cabe recurso judicial. El amparo electoral, que ha sido obra de la jurisprudencia constitucional, se ha abierto camino precisamente contra la arbitrariedad y la poca empatía con los derechos políticos de distintas conformaciones del JNE. Hoy existe el amparo electoral, pero casi siempre llega tarde. Es un proceso simbólico que demuestra que hay culpables de las violaciones a los derechos, aunque ya no quepa resarcimiento alguno. Algo que tendría que cambiar radicalmente.

Que un juez de amparo tenga que recordarle al JNE lo que la Constitución le encomienda muestra que hay un problema serio, que debiera llevar a una reflexión de fondo a quienes integran hoy su Pleno. Más aún si se tiene en cuenta que, en este caso, la afectada fue objeto de una decisión arbitraria del Congreso, a la que luego se sumó, sobre esa base, otra incluso mayor por parte del JNE. La sentencia da cuenta también de que, en las elecciones municipales de 2022, Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti, también inhabilitados por el Congreso, votaron sin problema, lo que añade un trato discriminatorio por parte del JNE sin justificación alguna.

Solo el magistrado Gunther Gonzales Barrón, una vez más, salvó su voto. En este caso, «salvar el voto» es también, literalmente, salvar responsabilidades. Porque la Constitución no deja margen. Su artículo 31 establece que «es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos». No hablamos solo de una omisión en la tarea de proteger el derecho más importante de un ciudadano. Hablamos de un acto que la propia Constitución califica de punible, en la medida en que se trató de una limitación claramente arbitraria.

Relevancia constitucional y convencional del derecho al sufragio

El sufragio es un derecho fundamental reconocido en los artículos 2.17 y 31 de la Constitución. Igualmente, el artículo 23 de la Convención Americana garantiza el derecho a votar y a ser elegido. Señala, además, con precisión qué límites puede imponer un Estado. La lista es cerrada: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena de un juez competente en un proceso penal.

En esta lista no existen limitaciones de carácter político. Una inhabilitación decidida por un órgano político no puede, sin violar el derecho internacional, recortar los derechos de participación política. Nuestra Constitución dice lo mismo en su artículo 33. Solo un juez puede suspender el ejercicio de la ciudadanía.

Leído en toda su dimensión, el artículo 23 de la Convención va incluso más lejos. También protege el acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad. Por eso, las inhabilitaciones dispuestas por el Congreso con tanta facilidad son, en sí mismas, difíciles de conciliar con la Convención. La Corte Interamericana ya lo advirtió en el caso Petro Urrego contra Colombia, y estoy seguro de que las inhabilitaciones del Congreso peruano pasarán a formar parte de esa jurisprudencia.

Si la inhabilitación para ejercer cargos públicos es ya discutible, pretender desprender de ella una restricción al voto es todavía más grave. Y eso fue lo que hizo el JNE. La Constitución establece que el sistema electoral existe para que las votaciones traduzcan la voluntad libre de los ciudadanos. Un tribunal electoral que borra a una ciudadana del padrón, sin sentencia judicial y sin norma que lo autorice, no está garantizando esa voluntad. Está renunciando, peligrosamente, a su razón de ser. Estos son los casos que muestran la relevancia del amparo electoral, aunque por ahora sea un remedio tardío y, por tanto, ineficaz.

Los beneficios de retirarse no han sido los que cacareaban Nigel Farage y su gente antes de la votación del 2016. Los cientos de millones que la isla iba a ahorrar terminaron no siendo tales. La llegada de Donald Trump al poder dejó a los británicos en una suerte de aislamiento geopolítico.

Es cierto que la amenaza rusa está forzando la unidad de los europeos en una serie de campos, comenzando por el militar. Pero el regreso de Gran Bretaña a la UE no sería fácil, si acaso llega el momento. Sobre todo porque en este caso el hijo pródigo que toca la puerta tiene una singular arrogancia, es decir, poca disposición a hacer concesiones.

¿Qué estaría en el debate sobre el retorno? Antes que nada, el mercado único; luego, el libre movimiento de las personas; además, el aporte al presupuesto de la UE, y, por último, la relación de Gran Bretaña con el euro y con otras políticas de Bruselas. No son los únicos temas, pero sí los principales.

Los británicos entraron a la UE con una serie de ventajas, que fueron concesiones a un socio renuente. Muchos hoy se preguntan si Londres recuperaría lo ganado en 1973, cuando ingresó. Todo va a depender del clima político cuando se llegue a la votación interna sobre el asunto, también entre los 27 países de Europa.

Al mismo tiempo, Londres entraría a un club movido. En más de un aspecto, la prosperidad de Europa cuelga de un hilo. Vladimir Putin lanza descaradas amenazas nucleares a la OTAN, mientras la extrema derecha gana terreno. Washington se ha convertido en un aliado dudoso. El Medio Oriente es un vecino cada vez más peligroso.

Si el brexit fue un proceso difícil (llevado magistralmente por Michel Barnier), el regreso (¿breturn?) pinta mucho más difícil. Ni los amigos ni los enemigos de la UE son los mismos que en otros años.

Escribo estas líneas antes de conocer los resultados electorales, pero parece claro que el candidato de Renovación Medieval se saldrá con la suya. Bastó que el candidato homofóbico y fanático religioso lo amenazara en público con sodomizarlo para que el responsable de garantizar la limpieza de los comicios se inclinara, por así decirlo, ante la grosera metáfora del morrocoy blandido por López Aliaga. El gran caricaturista Carlín, en este diario, lo graficó con su lucidez habitual, escondiéndose bajo su escritorio.

Es obvio que acatará las órdenes, no de la ley, sino las de los infractores. Es desalentadora la abdicación de la responsabilidad ante la ciudadanía y los demás candidatos. Está claro que esa fue la razón por la que lo colocaron en ese puesto: para asegurarse de que no haya ningún obstáculo en el desarrollo no de la trama, sino de la trampa. Sería injusto atribuirle a ese hombrecillo sin agallas ni integridad la responsabilidad de todo este tinglado abyecto. Él no es más que una pieza en un engranaje mucho más complejo, cuyo objetivo es llevar al Perú hacia designios cada vez más autoritarios, en donde las normas son consideradas obstáculos para afirmar ese proceso de sujeción y concentración de poderes.

Ese es el discurso de lo abyecto, lo que la psicoanalista Julia Kristeva define como “aquello que no respeta los bordes, los límites, las reglas”, amenazando con la disolución del Yo. En nuestra comparación, ese Yo, ese Ego, vendría a ser el equivalente del pacto social que estamos intentando, por ahora sin éxito, construir para garantizar nuestra convivencia. Para evitar que eso ocurra, los Gobiernos autoritarios y las dictaduras se esmeran en acallar cualquier opinión que denuncie esa infamia.

Esta última palabra, “infamia”, es precisamente la que ha utilizado César Hildebrandt para desmontar el ataque del que es objeto por quienes pretenden acallar lo que se decía de Sebastián Salazar Bondy: una voz libre en el caos. Los periodistas valientes, bien informados y, como señala Gustavo Gorriti —quien también pertenece a esa estirpe de periodismo valiente e íntegro—, cultos, son mucho más peligrosos de lo que parecería en una primera mirada. En efecto, un Gobierno como el actual, que tiene casi todos los poderes del país bajo su control, ¿por qué se molestaría en intentar desprestigiar y amordazar a personas con una capacidad simbólica de denunciar los abusos y la corrupción de un régimen tan poderoso como el actual?

Ese es el quid de la cuestión. El guijarro en el zapato que significan publicaciones como Hildebrandt en sus Trece o IDL-Reporteros, incluido este diario, es considerado como una amenaza mucho más seria de lo que parece a simple vista. De lo contrario, no se molestarían en armarle campañas de desprestigio ni le lanzarían a sus esbirros para intentar enlodarlos. Lo cierto es que les tienen miedo, mucho miedo. Y tienen razón. La prensa libre es un núcleo de resistencia mucho más peligroso para los planes de sometimiento autoritario de lo que puede intuirse en los quioscos o las redes sociales. Es evidente que no han olvidado cómo el vladivideo propalado en Canal N (el de entonces, claro está), obtenido por un personaje a quien Montesinos ninguneó y humilló —Matilde Pinchi Pinchi—, destruyó el aparato construido a lo largo de una década de control —casi— absoluto de los poderes del Estado y la prensa.

Máxime cuando este proceso de putrefacción se produce en un contexto internacional favorable a los Gobiernos partidarios del aplastamiento de las disidencias. La responsabilidad de esta situación no puede ser imputada exclusivamente a las opciones de extrema derecha. Es evidente que la izquierda ha fracasado en proponer alternativas viables para la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y justa. Esto le deja el campo libre a discursos violentos, retrógrados y descaradamente discriminadores como los del alcalde tramposo que de seguro retomará el cargo en Lima Metropolitana, zurrándose en la ley, tras haber abandonado el cargo de senador para el que fue elegido.

Esto nos lleva a interrogarnos por los votantes que aceptan esta descarada violación —nunca más oportuna la imagen del morrocoy con la que sometió al funcionario Burneo— de la ley electoral. Es entendible que la desesperación de personas atrapadas en el infierno de la violencia —limeña en particular— las lleve a estar dispuestas a hacer la vista gorda, con la esperanza de que el lenguaraz integrante del Opus Dei haga efectivos los milagros que promete a diestra y siniestra. Pero cuesta más trabajo extenderles esa coartada a integrantes de élites educadas, quienes también se dejan seducir por esos cantos de sirena. La abyección, de la que todos somos capaces en ciertas circunstancias, gana terreno.

De pronto advertimos que quienes insistíamos en que Keiko Fujimori venía gobernando hace años gracias al Pacto en el Congreso, en realidad lo que hacía era obstruir y conspirar. La fase, hoy suprimida, de acercarse a las masas con la frivolidad del TikTok fue francamente delirante. Parecía broma, pero no lo era. Poco a poco nos fuimos percatando de lo que tantos relatos han expuesto a lo largo de los años: el traje del Emperador de Andersen, El Gran Inquisidor de Los hermanos Karamázov de Dostoievski o El mago de Oz. Una vez que desaparece el consenso ilusorio de que estamos en manos de la persona más poderosa del país, lo que sucede vale la pena de ser analizado, pues es probable que de ello provenga la reacción de las mayorías.

Lo primero suele ser una suerte de humillación colectiva. Alguna vez escribí sobre esto respecto, precisamente, de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (amén de Abimael Guzmán). Llegará el día, especulé en los noventa, en que nos dará vergüenza haberles tenido tanto miedo. Ese día avergonzado es cuando descubres que esos monstruos se alimentaban de tu espanto. Nuestro miedo, ese que nos hacía huir o nos paralizaba, era el que sostenía su dominación. Mi hipótesis es que los peruanos apostaron a repetir esa fase —no la de la humillación sino la previa, la de creer en la mano implacable de un personaje despiadado con sus enemigos— y se están dando cuenta, tal como lo revelan las encuestas, de que ese espejismo se desvaneció pronto, demasiado pronto.

¿Qué sucederá tras la humillación colectiva?

Es difícil prever el comportamiento de los grandes grupos, esos que grandes pensadores como Marx, Freud o Elías Canetti intentaron, entre muchos otros, analizar. Su movimiento es errático porque depende de muchas variables. Tenemos, inmersos en esa polvareda de confusión, algunas certezas de las cuales sujetarnos, como una rama en el río caudaloso que nos arrastra (una alusión inevitable a lo que el temible Niño nos traerá). La primera de estas es que el poder no tolera el vacío.

Quien parece haberlo advertido y está procurando aprovecharlo a como dé lugar es el candidato mentiroso a regidor por Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Es tan evidente y grotesca su mentira política que por momentos él mismo olvida lo que está haciendo, y anuncia que cuando sea alcalde hará que se anulen los laudos arbitrales que no cesa de perder en las cortes internacionales. Lo cual nos costará a todos —esto hay que subrayarlo porque muchos parecen pensar que es un problema que no les atañe, como si el Estado fuera una abstracción— miles de millones de dólares. Dinero que debería servir para tantas obras indispensables en el país. La agitación frenética del que se complace en parecerse a un cerdo bobo de dibujos animados contrasta de manera brutal con el silencio de la mandataria. Como si entre los dos representaran las dos fases de la bipolaridad: la depresión y la manía. Aclaro que no aludo a las personalidades de estos personajes, sino a lo que sus comportamientos políticos, públicos, muestran.

Las encuestas también evidencian estos extremos. Allí donde Fujimori cae, López Aliaga sube. Esto no es casualidad. El hecho de que el candidato de Renovación no tenga cargo público solo agrava este síntoma. Paradójicamente, él parece poseer más poder que ella. Pero tiene un problema que podría, a la postre, resultarle fatal: es incapaz de controlar sus impulsos violentos e incluso descabellados. Por el momento, esta procacidad parece haber sintonizado con los aspectos más primarios, no elaborados, que todos llevamos dentro. Esa parte de la personalidad que algunas escuelas psicoanalíticas denominan psicótica y otras, pre-simbólica. Vale decir, cruda, sin procesar. Eso que diferencia a un impulso lanzado como un puñete o un insulto discriminador, hiriente, de una reflexión y un aporte al pensamiento crítico, a los sentimientos empáticos, fraternos, compasivos.

Es paradójico que alguien que alardea de su catolicismo extremista se comporte como un matón homofóbico. Sin embargo, es evidente que esto puede ser bien visto por un sector importante de la población que o bien se identifica con esos ataques deshumanizantes, o bien los tolera porque ve en Porky al líder que los llevará a la tierra prometida. Porque vaya que promete el oro y el moro. Si gana su apuesta con trampa, como parece probable, veremos si esta vez podrá sostener su tinglado de mentiras descaradas y estafas al erario público (es decir, el de todos).

Mientras tanto, le conviene que Palacio de Gobierno esté ocupado por una mujer que parece extraviada en su propio laberinto. A quienes no nos conviene ninguno de los dos es a los peruanos. Pero esta pequeña opinión no es compartida por muchos, quienes todavía se aferran a la ilusión de que las puestas en escena, aún deplorables, son preferibles a admitir que estamos en manos de emperadores calatos.

 Es una decisión sobre qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja sin nombre. Los números que el propio sistema produce son conocidos —y no admiten lectura cómoda. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de violencia sexual escolar desde que existe el SíseVe: casi 4.000 reportes anuales, más de la mitad cometidos por personal docente y administrativo. Los adolescentes de 12 a 17 años concentran entre el 42% y el 50% de todos los casos de violencia sexual registrados en los CEM, y sus denuncias se duplicaron entre 2018 y 2022. En 2022, el 9,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o estaba embarazada, según la ENDES del INEI. En ese contexto, la norma construida en 2021 —con equipos técnicos, evidencia internacional y un marco de derechos que tuve el privilegio de acompañar como ministro— no era ideología. Era respuesta a un diagnóstico.

 La nueva norma no surge de una evaluación de esa respuesta. Surge de un mandato político: la Ley 32535, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral. El resultado es una denominación sin antecedente internacional: "Educación Sexual con base científica, biológica y ética". Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo. Como advirtió Nani Pease al momento de aprobarse la ley, en este diario: "el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores que ha puesto al Estado peruano en jaque", anteponiendo intereses políticos por encima de la evidencia pedagógica y de salud pública.

 La nueva norma cita datos recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina el enfoque de igualdad de género como eje transversal, la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género —que afecta al 70% de estudiantes LGBTI, quienes se sienten inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, según el Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex—, y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes.

 Promsex ha documentado que más de la mitad de las violaciones en el Perú son actos repetitivos, que venían ocurriendo desde dos o tres años antes de que se evidenciaran. Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido. El silencio no es neutralidad. Es una forma de protección —pero no de las víctimas.

 Justin Parkhurst, investigador de la London School of Economics, ha descrito con precisión el mecanismo que opera aquí: en política pública, el uso estratégico de la evidencia consiste en seleccionar los datos que legitiman una decisión ya tomada —lo que él llama cherry-picking (seleccionar lo que más conviene)— mientras se omiten los marcos interpretativos que esa misma evidencia recomienda. La nueva norma es un ejemplo preciso de ese mecanismo: toma los 59 casos diarios de violencia sexual para justificar que actúa, pero descarta el enfoque de género que la evidencia internacional señala como condición para abordarlos. Usa el diagnóstico para legitimar la cirugía, y en la cirugía extirpa el instrumental. No es casual: las propias organizaciones de derechos humanos han documentado ante instancias internacionales que la falta de acceso a la educación sexual integral es una de las principales barreras para la prevención e identificación de la violación sexual, especialmente en zonas rurales y periféricas donde se concentran los casos más graves.

 La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos. Y las que pagan el costo son las mismas que el Estado ya no logra atender: las 76 de cada 100 víctimas de violación a quienes nunca les llegó el kit de emergencia.

 Esa reforma no es profunda. Es una vieja receta que ya se probó y que no funcionó del todo. Y es, en el fondo, algo distinto de lo que dice ser. Más que una política para mejorar los aprendizajes es un instrumento para atender la seguridad pública y para avanzar una agenda moral conservadora.

Lo conocido del plan —más colegios, kits escolares, conectividad, capacitación docente, una escuela de directores y ajustes curriculares — descansa en el supuesto de que, si se mejoran los insumos, los resultados positivos llegarán por añadidura. Fue la hipótesis de cambio de las reformas de los años noventa, la que la banca multilateral promovió en toda América Latina y que en el Perú tomó forma en el Mecep. Fue, también, la política educativa del gobierno de su padre.

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 Las evaluaciones de aquellas reformas coincidieron en lo esencial. Los insumos mejoraron en algo, pero los resultados, no. Y aun esos resultados se entendieron de manera restringida, como puntajes en pruebas estandarizadas. La hipótesis, entonces, no falló por falta de recursos. Falló por su premisa.

 Merilee Grindle distinguió entre reformas de acceso, que expanden el sistema y suman aulas, plazas y presupuesto, y reformas de calidad, que obligan a redistribuir poder y a rendir cuentas por lo que los estudiantes efectivamente aprenden. Las primeras son fáciles de anunciar, mientras que las segundas son difíciles de sostener. La “reforma profunda” tiene la forma de las primeras y el discurso de las segundas.

 En rigor, como sostiene Thomas Popkewitz, reformar supone cambiar los fines y principios de la educación, no solo la operación del sistema. Una reforma empieza por preguntarse qué personas quiere formar la escuela y qué sociedad espera construir con ellas. Solo después se pregunta qué insumos hacen falta para lograrlo. El plan nacional de educación 2026-2031 hace el camino inverso y por eso más que una “reforma profunda” es un programa de inversiones.

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 Sin embargo, una finalidad sí apareció en Nueva York. Solo que no era educativa. La presidenta presentó las fallas del aprendizaje como “combustibles de la criminalidad”, pidió restablecer la autoridad en las aulas y atribuyó el desorden escolar a una agenda ideológica ajena al país. La escuela aparece allí como dispositivo de orden y de prevención del delito, y el currículo como terreno de una disputa moral que ya tuvo su primer capítulo en mayo, con la eliminación de la educación sexual integral. La reforma no está pensada para que los estudiantes aprendan. Está pensada para que el gobierno hable de seguridad y de moral.

 Por eso, nada de lo que hoy golpea a la escuela peruana cabe en esta propuesta. No la violencia escolar, que no se previene con autoridad punitiva sino con instituciones capaces de nombrarla y atenderla. No el debilitamiento de la ciudadanía democrática, en una generación que es hoy la más abierta a alternativas autoritarias. Y no las desigualdades de aprendizaje, que dependen del lugar donde se nace y que no se corrigen solo con un colegio nuevo o una mochila.

 Lo dije el día en que se presentó el plan: me preocupa el retroceso en PISA, pero me preocupa más el retroceso que representa el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031.

 Si en el quinquenio pasado se desmontaron las reformas, este nuevo gobierno empieza retrocediendo treinta años. Presenta como futuro una reforma rancia, mientras siete de cada diez adolescentes de quince años no alcanzan el nivel básico en Matemática, mientras la satisfacción con la democracia entre jóvenes de 18 a 24 años cayó de 42% a 26% en menos de dos décadas y mientras en 2024 se registraron alrededor de 20.000 reportes de violencia escolar. Nada de eso se resuelve con más insumos: cemento, capacitaciones masivas, directores convertidos en gerentes. Menos aún solo con disciplina entendida como castigo.

 La reforma educativa que nos hace falta es la de un país que sepa para qué educa.

La fragmentación del voto entre 26 candidatos explica la primera mayoría relativa de Renovación Popular. Avanza País obtuvo el segundo lugar con menos de 50.000 votos de diferencia y Somos Perú el tercero con 15%. Solo la suma de las opciones que compitieron dentro del marco constitucional supera ampliamente al ganador.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró el domingo tras la jornada electoral de que "el compromiso del JNE es con el Perú y con la voluntad de los electores". Y, al respecto, este diario recuerda la voluntad de las verdaderas mayorías: la de aquellos ciudadanos limeños que sufragaron por candidaturas que respetaron la Constitución.

Esta aclaración es pertinente porque aún queda pendiente la definición del Jurado sobre quién asumirá el mandato oficialmente tras estos comicios. Y en esa ponderación de derechos, si es que por fin la quieren hacer de acuerdo a las leyes, valoren a las verdaderas mayorías que han hablado en este proceso electoral sin precedentes marcado por el abuso de las normas favorables a un competidor.

El señor Burneo tiene ahora la oportunidad de demostrar que esa firmeza incluye resolver la contradicción jurídica que su propia institución creó al validar hasta ahora en parte las reelecciones encubiertas. Y solo por hacer memoria, esa advertencia fue elevada por 14 de las organizaciones políticas que participaron de estas elecciones en un pronunciamiento que exigía dirimir sobre el extremo de si un candidato en reelección puede ser investido o no. Aunque, lamentablemente, el precedente que el JNE instaló en estas elecciones alcanza a todos los procesos electorales futuros, salvo que la cámara de diputados decida trabajar en estas correcciones de cara a los próximos.

El estudio modelizó la exposición ambiental a 31 principios activos de pesticidas —19 insecticidas, 7 fungicidas y 5 herbicidas— utilizando información sobre cultivos, suelos, clima, pendiente, escorrentía y propiedades químicas. El modelo permitió construir una superficie de riesgo para el 96% del territorio nacional. Las zonas de riesgo moderado y alto cubren más de un tercio del país y se concentran especialmente en los Andes, en particular en su vertiente occidental y algunos sectores de la costa sur.

Un resultado llamativo es que la exposición potencial no se limita a las parcelas tratadas. La difusión de pesticidas puede extenderse 30–50 kilómetros más allá de las áreas cultivadas, alcanzando unos 1.600 km² adicionales. Además, el riesgo calculado fue significativamente mayor durante El Niño de 2015 que en 2019, un año considerado normal. El clima puede, por tanto, modificar tanto el uso como la difusión y la acumulación de estos productos.

El modelo fue contrastado con muestras de cabello de 50 personasresidentes en distintas zonas de riesgo. La distribución espacial de los residuos de pesticidas y sus productos de degradación en el cabello mostró una asociación con el riesgo estimado. No es una medición individual exhaustiva de exposición, pero aporta una primera validación independiente del mapa de riesgo.

El segundo componente utilizó 158.072 casos de cáncer registrados entre 2007 y 2020 por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se clasificaron los tumores según su linaje de desarrollo y aplicaron modelos espaciales para identificar concentraciones estadísticamente significativas. Se identificaron 436 conglomerados o “hotspots” de cáncer, con un riesgo relativo entre 1,14 y 9,38 y una media de 2,52. Estos se concentraron principalmente en áreas rurales bajo intensa presión agrícola y ambiental: en la costa de Ancash, Piura e Ica; en valles andinos de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco; y en zonas de Huánuco, Junín y Pasco asociadas con deforestación y expansión agrícola. En Junín, uno de estos conglomerados coincide con territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y presenta, además, una concentración muy significativa de cáncer de hígado.

El patrón es interesante porque la asociación no aparece solo con la agricultura, sino también con la transformación del territorio. Considerarla deforestación, por ejemplo, mejoró el ajuste de los modelos. La exposición ambiental debe entenderse dentro de un conjunto más amplio de cambios territoriales. Para saber si detrás de esta asociación espacial podía existir algún mecanismo biológico, se analizaron muestras de hígado de 36 pacientes con carcinoma hepatocelular, residentes en zonas de riesgo. Se encontró una firma molecular asociada con exposición a carcinógenos no genotóxicos, especialmente en tejido hepático no tumoral. Esto podría reflejar alteraciones que preceden a la transformación maligna.

La convergencia de estas tres evidencias —ambiental, epidemiológica y molecular—es el aspecto más interesante del estudio, de igual forma, es la primera vez que se utilizan muestras humanas para estudiosambientales de riesgo de cancer. Pero no significa que se haya demostrado que un pesticida determinado causó un cáncer determinado. Los propios autores reconocen que las exposiciones individuales no fueron medidas directamente. El modelo estima riesgos ambientales a escala territorial y poblacional, y no permite saber cuánto, cuándo y a qué combinación de pesticidas estuvo expuesta cada persona. Tampoco pueden descartarse otros factores ambientales, sociales o relacionados con los estilos de vida. Pero podemos observar en un mismo mapa dónde se concentra el riesgo ambiental asociado a pesticidas, dónde aparecen conglomerados de cáncer y qué señales biológicas podrían conectar ambos fenómenos.

La importancia del estudio está precisamente en que permite mirar el problema de otra manera. Los riesgos ambientales no se distribuyen uniformemente en el territorio. Allí donde coinciden agricultura intensiva, degradación ambiental y poblaciones rurales o indígenas —que pueden enfrentar mayores barreras de acceso a servicios de salud— la vigilancia ambiental y epidemiológica adquiere particular importancia. En promedio, estas poblaciones están expuestas simultáneamente a 12 plaguicidas diferentes detectados en concentraciones elevadas. El estudio también sugiere que fenómenos climáticos extremos, como El Niño, pueden agravar la exposición al alterar la dispersión de estos productos.

Ello plantea un desafío de política pública que va más allá de prohibir o autorizar sustancias. Hay que saber qué pesticidas se utilizan, dónde, en qué cantidades y qué ocurre con ellos después de aplicados; monitorear agua, suelos y alimentos e identificar a las poblaciones más expuestas. Cuando las exposiciones pueden ser múltiples y desplazarse más allá de las parcelas tratadas, la prevención exige actuar antes de que el daño aparezca en las estadísticas de cáncer.

En base al estudio de Nature Health, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia N.° 1111/2026, confirmó la peligrosidad de cinco plaguicidas —clorpirifos, metamidofos, paration, triclorfon y carbofurano— encontrados en alimentos de distintas regiones del país. Son sustancias con efectos neurotóxicos y riesgos para la biodiversidad. El TC ordenó fortalecer la fiscalización, mejorar los análisis, rastrear el origen de los alimentos y transparentar los resultados. Pero queda la pregunta decisiva: ¿quién hará que estas órdenes se cumplan? El nuevo Congreso ha retomado el asunto. El grupo parlamentario Ahora Nación ha presentado un proyecto de ley para reforzar el control y la vigilancia sanitaria, tomando como referencia la sentencia del TC.

El problema no es solo la falta de normas. Es la capacidad para hacerlas cumplir. Sin laboratorios, personal especializado, trazabilidad y mecanismos eficaces para retirar alimentos contaminados, una regulación pierde buena parte de su efectividad. Y persiste un doble estándar difícil de justificar: para exportar exigimos controles rigurosos; para el mercado interno, la vigilancia es menor o nula.

La seguridad alimentaria no puede depender de que el consumidor sea capaz de saber si una fruta o verdura está envenenada o no. El Estado debe garantizar que lo que llega a nuestra mesa sea seguro. Y en esa tarea, todavía tiene una deuda pendiente.

(*) Honles, J., et al. (2026). Mapping pesticide mixtures to cancer risk at the country scale with spatial exposomics. Nature Health, 1(5), 520–531. https://www.nature.com/articles/s44360-026-00087-0

La extrema derecha israelí está muy contenta con su sangrienta victoria sobre los palestinos, y hoy lo expresa con la mano dura de sus colonos en la Franja Oeste. El precio de eso lo pagan los judíos del mundo entero. Para esta diáspora, la vida es cada vez más incómoda, y hasta peligrosa, en ciudades donde antes primaba un criterio liberal en el tema.

Benjamín Netanyahu se ha convertido en el símbolo mundial de la prepotencia militar contra gente indefensa, y eso va a demorar mucho lavarlo. El origen en el macroatentado terrorista de Hamás del 2023, que lo precipitó todo, ya ha sido casi olvidado. Pero allí sigue el N.º 1 de Israel atizando cuanto fuego encuentra por el camino, dentro y fuera de su país, perdiendo aliados todos los días.

El antisemitismo que ahora es mundial viene con un escenario de atentados terroristas, como el complot contra una base militar británica, o el reciente intento de asesinar pasajeros israelíes desde un avión de FlyDubai. Incidentes ya menos publicitados, como ataques a sinagogas, son casi diarios, y en unos pocos países incluso son gubernamentales.

En largos decenios, el Estado de Israel no ha encontrado una manera de neutralizar el odio que le tienen los palestinos de toda religión, y los musulmanes fundamentalistas en general. La dignidad de un Estado palestino acaso hubiera mitigado toda la mala sangre causada por la expulsión de sus tierras. El militarista Netanyahu encontró la fórmula para incrementar el odio del mundo agareno.

Hoy el principal promotor de terrorismo antijudío y antiisraelí es Irán. El atentado de los guerrilleros de alquiler de Hamás ese siete de octubre fue para impedir el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Es poco probable que se vuelvan a acercar en serio.

En cuanto a la alianza con Donald Trump, ya sabemos lo que es eso. Débil en el día, con peligro de evaporarse en la hora final. Que lo diga Ucrania.

Lula, el actual presidente, lleva cierta ventaja en las últimas encuestas publicadas, pero Flavio Bolsonaro, uno de los retoños del exmandatario Jair Bolsonaro, viene pisándole las alpargatas electorales. Como ha informado el diario El País de España, es una campaña muy marcada por el odio, por el “votar contra…”. Donde, además, se juegan asuntos inevitables y cruciales.

¿Se imaginan un Brasil ingresando al Escudo de las Américas? Ese debe ser el deseo supremo de Washington, porque el gigante sudamericano sería el premio mayor, la confirmación de que la “batalla cultural” entra en su fase final. La foto del Bolsonaro junior al lado de los otros escuderos lanzaría el mensaje de que, ahora sí, nadie se mete con nosotros y aténganse a las consecuencias.

Ya no se cuestionarían los aranceles (¡aunque te los sigan poniendo a pesar de ser del club!), ni la suspensión arbitraria de las visas, ni las disparatadas negaciones del cambio climático. En ese tiempo distópico, el gigante sudamericano se convertiría en un león de quinta, incapaz de abrir el juego geopolítico y de hacer que el Sur Global al menos le provoque rasguños al Norte soberbio.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no es un ángel, en modo alguno. Tiene su lado controvertido, que incluso lo llevó a prisión. Pero, puesto en este cruce de caminos, aparece casi como un último dique frente a una ola que podría provocar no solo un giro político, sino, además, un tumbo sobre los derechos, las políticas sostenibles y hasta sobre la mínima racionalidad.

Parece más probable que Lula gane en la segunda vuelta del 25 de octubre, de acuerdo con los sondeos. Si eso ocurre, Brasil tendrá una tarea doble: seguir siendo un bastión de resistencia frente a la imposición y convencer a sus colegas de la región de que ese “complejo de inferioridad” latinoamericano, al que aludió en unas declaraciones, es un pésimo negocio político y personal.

En esta columna ya se analizó el pedido de competencias enviado por el Ejecutivo. Es amplio, ambiguo y disperso. La gran mayoría de materias incluidas exceden las dos aludidas como prioritarias y los esfuerzos de la oposición en la Cámara de Diputados por acotar las materias pueden ser desconocidos por la Cámara de Senadores, según dos de los principales representantes del fujimorismo: Martha Chávez y Carlos Mesía.

Esta situación dejó en parálisis el proceso. Muchos piden que simplemente se archive el pedido por los antecedentes autoritarios fujimoristas. Otros, que el Senado mande alguna señal de respeto por la voluntad expresada en la Cámara de Diputados para que se abra un trabajo colaborativo. ¿Qué hará finalmente la oposición?

Esta semana se logró un entendimiento básico y se aprobó un dictamen en la Comisión de Constitución. Pero la desconfianza permanece y no hay certeza de lo que ocurrirá finalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes. Veamos los retos por delante.

El consenso básico

Los equipos de cuatro bancadas, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular, junto al equipo técnico de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tuvieron una sesión intensa de trabajo para identificar los puntos de consenso. Finalmente, se incluyó control migratorio, trazabilidad de equipos y geolocalización, control de armas, sistema penitenciario y justicia juvenil, crimen organizado, subsistema especializado contra la extorsión y denuncia digital en el área de Seguridad Ciudadana. En los aspectos vinculados al fenómeno El Niño, se incluyó atención directa a emergencias, transformación digital, sector agrario, obras por impuestos y temas de agua potable y vivienda social.

La bancada de Juntos por el Perú mantiene una posición firme en contra de la entrega de competencias, al menos en la comisión, pues algunos de sus voceros han declarado en prensa que sí darían algunas. Fuerza Popular, en gran parte, no acepta este consenso y algunos de sus miembros votaron a favor, pero con reservas. Su aprobación se debió, en gran medida, a los votos de las cuatro bancadas mencionadas.

El acuerdo, como ha trascendido, requiere que estas mismas bancadas apoyen el núcleo consensuado durante el debate en el Pleno y que mantengan esta posición en la Cámara de Senadores. Pero varios parlamentarios de Renovación Popular, en coro con el fujimorismo, han salido a señalar que se tiene que ampliar en el Pleno. Esto resquebraja el acuerdo previo y vuelve a sembrar dudas serias en la oposición. ¿Respetará Renovación Popular el pacto de consenso o se prestará a la pretensión fujimorista?

Lo que el fujimorismo quiere incluir

En comunicado público, Fuerza Popular insiste en incluir tres materias, una vinculada a las Fuerzas Armadas, otra a la tipificación de organizaciones terroristas y, finalmente, competencias a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras han señalado, con justeza, que no se puede dar carta blanca al fujimorismo, sobre todo tomando en consideración los antecedentes de violaciones a los derechos humanos, para regular la participación de las FF. AA. Esto debería ser debatido en el Pleno y bajo el escrutinio ciudadano. Tienen razón.

Cómo y quién decide que una organización es terrorista y qué tipo de acción se aplica contra ellos es algo que tampoco puede ser regulado sin que sea objeto de un mínimo de debate democrático. Es correcto también que la oposición que abre la puerta a un consenso en la delegación exija que este tema siga un curso regular de debate parlamentario.

Y, finalmente, parece que muchos ya se olvidaron de lo que significó desactivar el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). No solo Montesinos y Fujimori, sino los gobiernos siguientes, usaron el servicio de inteligencia para perseguir opositores, no delincuentes. En el gobierno de Ollanta Humala se desactivó la función operativa y se volvió la DINI un organismo coordinador, justamente para que la inteligencia de la Policía se potencie y se especialice en criminalidad y la de las Fuerzas Armadas se centre en inteligencia de frontera. Pretender dar funciones operativas nuevamente a la DINI no es fortalecer la lucha contra la criminalidad; para eso hay que potenciar la inteligencia de la PNP. Supone darle a la señora Fujimori un equipo con capacidad operativa de hacer seguimiento a la oposición. Esta materia debe quedar excluida y debe exigirse a la señora Fujimori y a su recientemente salvado ministro Astudillo que potencien la inteligencia policial.

¿Son todos escorpiones?

La fábula del escorpión y la rana es esclarecedora. La rana confía en que el escorpión no la picará porque, si lo hace, ambos se hunden. Pero el escorpión no puede con su naturaleza y la pica. Me parece ingenuo creer que el fujimorismo tendrá modales democráticos y respetará lo que la Cámara de Diputados apruebe. En cuanto pueda ampliar las competencias, lo hará, está en su ADN. La duda es si Renovación Popular también.

La primera prueba la tendremos el martes en el Pleno. Si Renovación Popular se sale del acuerdo base, quiere decir que hay una alta probabilidad de que busque ampliar junto al fujimorismo competencias en la Cámara de Senadores. Pero si lo hace, anula la posibilidad del juego parlamentario. Si finalmente son escorpiones, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados sabrán que no se puede dar luz verde al Senado y con eso terminarán por ahogar la producción parlamentaria.

Es imposible no pensar en esta noción al recordar que este año se cumplieron treinta años desde la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo como resultado la esterilización forzada de miles de mujeres y cientos de hombres que aún no encuentran justicia. Treinta años luchando, y algunos se quejan de que la paciencia se les acaba.

Tanto a nivel de la ONU como de la Corte Interamericana se ha responsabilizado al Estado peruano de haber desarrollado una política orientada a promover "la esterilización masiva como método anticonceptivo principalmente dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia y nivel socioeconómico, mediante la amenaza y la coerción". En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables.

Asimismo, la Corte hizo referencia al marco de impunidad aprobado en el Perú y reiteró que "no podrán aplicarse disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables", y que las graves violaciones de derechos humanos como estas no prescriben.

Sin embargo, el temor a una eventual persecución contra el fiscal que formalice la denuncia amenaza con que, una vez más, las víctimas no logren justicia. Por ello, la Fiscalía tiene hoy la oportunidad de marcar un precedente: sobreponerse al temor a las represalias y demostrar a las más de 4000 mujeres cuyos casos están en la carpeta fiscal que sus vidas, sin ninguna duda, no son prescindibles.

Hace algunas semanas, las críticas al Lugar de la Memoria (LUM) se intensificaron desde sectores cercanos al oficialismo. Entre quienes cuestionaron este espacio se encuentran el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; así como las dirigentes de Fuerza Popular Martha Chávez y Rosangella Barbarán. En conjunto, han sostenido que el LUM no presenta adecuadamente lo ocurrido en el Perú durante el periodo de violencia política comprendido entre 1980 y 2000.

Más recientemente, la polémica continuó en torno a los textos escolares de Historia. Algunos periodistas han acusado al currículo y a los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación de minimizar el terrorismo o presentar una visión parcial de la violencia política. Sin embargo, una revisión de los textos muestra que sí abordan el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, los atentados terroristas, las masacres contra comunidades campesinas, el sufrimiento de las víctimas y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión. También relatan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

La pregunta, entonces, no es si debemos abordar estos temas en los colegios, porque resulta evidente que debemos hacerlo. Incluso dejarse arrastrar por la discusión acerca de si se trató o no de un conflicto armado interno termina distrayendo el debate público. La verdadera interrogante es por qué, periódicamente, se instala la idea de que la escuela no aborda este tema o lo hace desde una perspectiva ideologizada. Detrás de estas controversias existe una disputa más amplia sobre el país que queremos construir y los valores que deben promover las escuelas, frente a los apetitos políticos de los gobernantes de turno.

El miedo al enfoque de género

Algo similar ocurre con el enfoque de género. Durante años se ha difundido la falsa idea de que busca modificar la identidad de los estudiantes o imponer determinadas orientaciones sexuales. No se trata de una crítica nueva ni espontánea: ha sido promovida de manera recurrente por determinados sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el enfoque de género tiene un propósito mucho más concreto y necesario: identificar situaciones de desigualdad, cuestionar estereotipos discriminatorios y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de dignidad.

La pertinencia de este enfoque se vuelve evidente cuando enfrentamos problemas como el acoso escolar, la violencia contra las mujeres, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y otras formas de violencia simbólica y física. Estos fenómenos no desaparecen por ignorarlos. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad de brindar herramientas que permitan comprenderlos y prevenirlos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desaparecerlo?

Repensar el currículo implica conocerlo

En medio de estos debates, José Antonio Chang, actual ministro de Educación del Perú, ha anunciado una revisión del currículo escolar y la reformulación de algunos contenidos pedagógicos en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031.

La educadora peruana Lilia Calmet Böhme hace poco hizo referencia a Teresa Grasa, Gabriela Lafuente, Marta López Cebollada y Francisco Royo, destacando una idea fundamental: convivir implica reconocer que la dignidad del otro es igual a la propia. Este principio sigue siendo una de las tareas esenciales de la educación en nuestro país y que, al parecer, cuesta tomar en cuenta.

Por ello, el debate sobre el currículo no debería centrarse solo en eliminar contenidos incómodos para determinados grupos políticos o religiosos, sino en fortalecer sus contenidos y herramientas que permitan a las nuevas generaciones comprender su historia, respetar la diversidad y rechazar cualquier forma de violencia. Para ello es fundamental conocer este documento y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.

En última instancia, es claro que los intentos por censurar contenidos pedagógicos no fortalecen la formación ciudadana ni promueven una sociedad más justa. Por el contrario, favorecen que la intolerancia, la discriminación y distintas formas de violencia encuentren nuevamente espacio en la vida pública, algo que, lamentablemente, ya podemos percibir en nuestro país.