En el debate electoral peruano hay una palabra que se repite con insistencia casi automática: corrupción. Todos están en contra. Todos prometen combatirla. Todos la señalan como el gran problema del país. Pero a medida que culmina esta campaña electoral, una pregunta se vuelve inevitable: ¿de qué corrupción estamos hablando realmente?

Porque en el Perú, la corrupción no es parte de un eslogan electoral. Es un sistema. Los datos ayudan a dimensionarlo, aunque no a simplificarlo. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa al país en torno a los 30 puntos sobre 100 y en los últimos lugares a nivel regional. No es una caída aislada: es una tendencia sostenida que refleja el deterioro de los controles institucionales y la incapacidad del sistema político peruano para responder.

Pero la percepción no nace en el vacío. Según la encuesta nacional de Proética e Ipsos, el 94% de los peruanos vincula la corrupción con economías ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico. Es decir, la corrupción ya no se percibe solo como un problema de funcionarios, sino como parte de una red más amplia que conecta política, economía informal y crimen organizado.

Ese es el punto que rara vez aparece en los debates. La corrupción que se menciona en campaña suele ser abstracta, moralizante, casi retórica. Pero la corrupción real —la que afecta la vida cotidiana— tiene formas concretas: financiamiento político opaco, captura de decisiones públicas, debilitamiento de la justicia, redes de favores. Y, sobre todo, tiene incentivos.

Diversos análisis de Idea Internacional advierten que en países como Perú la corrupción no puede entenderse sin mirar la debilidad de las instituciones políticas y la falta de transparencia en los procesos electorales. La democracia peruana, señalan, enfrenta “amenazas constantes” precisamente por esa combinación de fragilidad institucional y prácticas políticas opacas.

En otras palabras: el problema no es solo quién roba, sino cómo está organizado el sistema para permitirlo.

Esto también se refleja en otros indicadores regionales, como el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que evalúa factores como la independencia judicial, la calidad de la legislación sobre financiamiento de campañas o el acceso a la información. Allí, la lucha anticorrupción no se mide por discursos, sino por capacidades reales: investigar, sancionar y prevenir.

Y es precisamente ahí donde el Perú muestra sus mayores debilidades. Porque la corrupción no se sostiene solo por falta de normas. Se sostiene cuando las instituciones encargadas de control —justicia, fiscalía, organismos electorales— no tienen la independencia, los recursos o la legitimidad suficientes para actuar.

La evidencia es difícil de ignorar. En la última década, el país ha tenido varios expresidentes investigados, procesados o incluso encarcelados por corrupción, en un contexto de inestabilidad política constante. Esto no habla de casos aislados, sino de un patrón.

Y, sin embargo, el debate electoral sigue girando en círculos. Se habla de “mano dura”, de “tolerancia cero”, de “castigar a los corruptos”. Pero se habla poco de lo esencial: cómo mejorar los sistemas de control, cómo transparentar el financiamiento político, cómo fortalecer la independencia judicial, cómo hacer que las reglas funcionen.

La consecuencia es una desconexión evidente. Mientras la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los principales problemas del país, la campaña ofrece respuestas simplificadas o, en muchos casos, vacías. Y ahí está el riesgo.

Porque cuando la corrupción se convierte en una palabra vacía, pierde su capacidad de explicar la realidad. Se transforma en un recurso político más, útil para atacar al adversario, pero inútil para cambiar el sistema.

Quizá el verdadero desafío de estas elecciones no sea identificar quién habla más de corrupción, sino quién es capaz de explicarla mejor. De entenderla no como un problema individual, sino estructural. No como un escándalo, sino como una forma de funcionamiento del poder.

Porque mientras sigamos discutiendo la corrupción como si fuera un eslogan, seguiremos votando sin ver el problema completo. Y en el Perú, ese problema —aunque no siempre se nombre— sigue siendo el mismo: un sistema que no castiga lo suficiente, que no previene lo necesario y que, en demasiadas ocasiones, termina normalizando lo que debería ser inaceptable.

Orrego, de veintiún años, a pesar de ser tres meses menor que Vallejo y tener apenas tres años más que Haya de la Torre, sería el orientador de ambos y dejaría su marca en todo cuanto ellos hicieran.

Ocupaba la jefatura de redacción en La Reforma de Trujillo, un periódico que, además de mantener una actitud progresista frente a la lucha social, abría sus páginas a la publicación de ensayos y poemas de nuevos autores.

En esos días, se comenzaba a reunir un grupo de jóvenes escritores y artistas conocidos como la Bohemia de Trujillo. No se daría en el Perú un caso similar en el que se congregaran tantas mentalidades que rayaban en el genio y cuya propuesta social y estética trascendería fronteras.

Había poetas como el propio Vallejo, Alcides Spelucín, Francisco Xandóval y Óscar Imaña. Carlos Valderrama era el músico del grupo. Macedonio de la Torre, el pintor. El pensamiento político y filosófico de Orrego y Haya de la Torre se convertiría en una propuesta continental para que toda la América del Sur se uniera, escogiera un camino socialista y rechazara cualquier injerencia de los Estados Unidos en la construcción de su destino.

Artistas y escritores de otros lados del país llegaron a visitarlos. Así lo hizo el poeta Juan Parra del Riego.

Por su parte, Abraham Valdelomar los recordó en sus crónicas de viaje: “Noches de luna sobre la solemne ciudad muerta de Chan Chan; …morro frente al mar, …donde las tumbas son como mástiles de una escuadra fantástica en Pacasmayo…”.

En Trujillo, los anarquistas habían fundado la Liga de Artesanos y Obreros del Perú. Su biblioteca contenía más volúmenes que la de la universidad. Estaba abierta a personas tradicionalmente excluidas de la lectura, como los artesanos y las mujeres.

Una noche, Vallejo fue a buscar a sus amigos los “bohemios” que se hallaban reunidos en la casa de Antenor. Les recitó: “Para el alma imposible de mi amada” y “El tálamo eterno”. Quiso hacerlo con una voz desprovista de emociones y lo logró. Sin embargo, al final, varios estaban lagrimeando.

Pensó entonces que ya se estaba acercando a su ídolo, Rubén Darío. Sin embargo, Antenor Orrego no estaba del todo contento. Quería que Vallejo avanzara mucho más. Que se fuera más allá de las turbadoras influencias modernistas.

-No quiero cortarte, hermano, los ímpetus de la creación, pero acepto estos poemas como ejercicios. Todos esperamos más, mucho más de ti.

-Lo sé, Antenor. Todo lo acepto de ti.

El hombre sin sombra no cesaba de darle consejos, pero tenía la más alta fe en su obra. Así pasaron algunos años en la gesta del gran artista. Pasó también el tiempo implacable de la prisión.

Como se sabe, un levantamiento de los gendarmes de Santiago de Chuco había ocasionado la cárcel para el poeta. Ese padecimiento pudo ser eterno porque la Corte Superior de Justicia hizo de todo para hundirlo y escarmentar en él a una generación que había comenzado a creer en el socialismo y en todas las utopías del siglo.

Un día de varios años después, César Vallejo, quien ya vivía en Lima, recibió un telegrama de Antenor.

Julio Gálvez Orrego, el sobrino del filósofo, había recibido una herencia y quería compartirla con su tío:

-Me han dejado dinero para un viaje en primera a Francia. En vez de ello, voy a comprar dos de tercera, y viajamos juntos.

Antenor se quedó pensativo.

-Mejor que vaya César -dijo, y sacrificó su propio sueño europeo.

Cuando el autor de Los heraldos negros quiso resistirse, su amigo le dio una razón concluyente:

-En Lima, nadie se fijará en tu obra. En Trujillo, te hundirás en la cárcel. En Francia, podrás desarrollar tu poesía y tu vida. Debes ir.

Vallejo se quedó pensando en su amigo Antenor Orrego. No solamente era un hombre sin sombra: ahora tampoco tenía destino. Al intercambiar sus pasajes, Vallejo salvó de la cárcel infame, no así Antenor. Él fue apresado durante quince años por razones o sinrazones políticas, o tal vez, sencillamente, por su terrible amor a la humanidad.

Intercambiaron sus destinos y sus almas.

En la introducción de su obra, Clément afirma su propósito de “escuchar las palabras” y prestar atención a esa dimensión olvidada de la ópera. Su análisis revela una constante. Las mujeres en la ópera mueren, son sacrificadas o anuladas.

Carmen es una de las muertas, ciertamente. Pero es singular. No por ser necesariamente distinta como personaje, sino por ser diferente como ser humano: como dice Clément “por ser la más feminista, la más asesinada de las muertas: Carmen la gitana, Carmen la condenada. La que muere cuando quiere, la que dice no. Ella es la que decide sola, mientras que a su alrededor los hombres se afanan en sus pequeñas intrigas de contrabandistas y soldados. Es la más pura, la más libre”.

En la introducción del libro, Clément se explica: “... Yo voy a hablar de las mujeres y de sus historias en la ópera. Voy a cometer el acto sacrílego: escuchar las palabras, leer los libretos, seguir las intrigas, sus nudos gordianos, sus recovecos... he decidido prestar atención al lenguaje, a esa parte olvidada de la ópera”. En esa cirugía crítica desfilan juicios implacables sobre las muertas, como Madame Butterfly, Lulú; las prisioneras de dramas familiares o padres terribles como (Violetta o Elizabeth de Valois; las jóvenes sin destino (Olga, Tatiana, Lucía de Lammermoor; y, finalmente, aquellas heroínas que sufren “la furia de los dioses o la declinación de la luna”, Turandot, Norma o Adalgisa.
Carmen es una excepción. En palabras de Clément, es la más obstinada de las muertas: aquella que dice no. Esa negativa —esa afirmación radical de sí misma— es precisamente el núcleo de su singularidad.

Cuando se estrenó Carmen, el 3 de marzo de 1875, en la Opéra-Comique de París, la reacción fue sumamente crítica. Escandalizó. Y lo hizo porque musicalmente estaba tan lejos de la ópera cómica francesa como del drama romántico alemán wagneriano. Bizet revolucionó los cánones tradicionales de la ópera. La mediterranizó. De allí la sensación del fracaso inicial. Pero, he ahí también la razón del triunfo universal posterior.

Bizet sintió la sensación implacable del fracaso. Murió pocos meses después del estreno. El 3 de junio de 1875. Tenía 37 años. Se llevó a la tumba la falsa convicción del fracaso de Carmen. Pero la vida le alcanzó para oír la reveladora y certera predicción de Tchaikovski: “en diez años esta obra será una obra maestra en toda la acepción del término y será la más popular de las óperas”. Y el juicio entusiasmado de F. Nietzsche: “Cuando una obra así te ennoblece, uno mismo llega a convertirse en una obra maestra”.

El libreto es una de las claves de su modernidad y ruptura. Henri Meilhac y Ludovic Halévy no se limitaron a adaptar la novela de Prosper Mérimée. La transformaron. Desplazaron el eje desde la anécdota criminal hacia la relación amorosa entre Carmen y don José, otorgándole densidad trágica y simbólica. Una relación dominada por una tensión estructural que pone en juego dimensiones alternativas y excluyentes del amor. En la dinámica de esa contradicción, Carmen excede largamente al personaje casi costumbrista de la novela y se eleva a personificar en la ópera una idea abstracta del amor.

No se trata únicamente de una historia trágica, sino de la confrontación entre dos concepciones antagónicas del vínculo amoroso: el amor como libertad y el amor como posesión y opresión. Esta oposición no solo estructura la relación entre Carmen y don José, sino que permite releer la obra como una anticipación moderna de un problema central en la teoría del amor: la tensión entre autonomía y dependencia. En este sentido, Carmen no es una ópera sobre la muerte, sino sobre la imposibilidad de conciliar dos formas irreductibles de amar.

La concepción del amor que Carmen representa no es, ciertamente, una imagen del amor freudiano. Tiene más de la idea frommiana del amor como compensación creadora, en libertad, a la pérdida de seguridad que significa la separatividad en la evolución del ser humano. Pero, al mismo tiempo, es ajena a los componentes éticos de la visión de Fromm. Es una visión libre del amor, es cierto. Pero no de un sentimiento amoroso que deba ser regulado por los valores éticos y sociales de la responsabilidad, el respeto y el no daño al otro, como postula Fromm. Se trata de un amor en libertad, sin límites ni regulaciones, solamente comparable a la fuerza del vuelo de un pájaro y a la inexistencia de límites en su vuelo. Un vuelo, rebelde por definición, que cambia de rumbo a su propia voluntad: “el amor es un pájaro rebelde, que nadie lo puede enjaular”, canta Carmen en La Habanera.

El amor que encarna Carmen está más cerca de las ideas de Francesco Alberoni, de su teoría sobre el enamoramiento como una dinámica colectiva de dos. Para Alberoni el amor es el movimiento colectivo más simple, pues reúne una comunidad de solo dos personas y produce la comunidad humana más nuclear: la pareja. Este movimiento colectivo se presenta a partir del “imprinting”, que es la atracción repentina, la fascinación. Aquella que el propio Stendhal asimila a la fiebre, por emerger y diluirse sin que la voluntad intervenga. Un impacto que comunica e identifica a dos seres por encima de su individualidad.

En Carmen, el “imprinting” está simbolizado por la escena en el primer acto en que Carmen saca la flor de sus labios y la arroja al pecho de don José. Y luego se pasa a la fase del enamoramiento, a la cristalización del amor, según Stendhal. El aria de ‘La Fleur que toi m’avais jetée’, en la escena quinta del primer acto, confirma que la fuerza irresistible del amor está presente.

Pero el amor es una manera de nacer continua, en la medida que constituye una ruptura de la soledad y una ilusión que actúa cotidianamente en el imaginario de los amantes. Es nacimiento y renacimiento. Lo que para Fromm es la variación del sujeto amoroso, es el continuo renacer de Alberoni. Don José recrea su experiencia amorosa de Micaela hacia Carmen, la gitana, cuando agota su amor por García lo hace renacer en don José, y de este hacia Escamillo. En Carmen no son traiciones. No engaña. Prefiere la muerte a la mentira y a la claudicación respecto de sus propios sentimientos. Don José, a quien Carmen ha dejado de querer, le exige fidelidad sin amor. Carmen se niega.

Encarna el amor como libertad: ama sin someterse, sin renunciar a sí misma, sin aceptar vínculos de dominación. Su amor es elección permanente, no obligación. Don José, por el contrario, representa el amor como posesión. Su vínculo con Carmen evoluciona desde el enamoramiento hacia la dependencia, y de esta hacia la obsesión. No puede aceptar la autonomía de Carmen porque su amor exige exclusividad y control.

Al final, don José, al no poder poseerla, la asesina. Y Carmen no se resiste ni se defiende. Prefiere la libertad a la muerte. Es coherente con su lógica interna: no mentir sobre el amor, no fingir lo que no siente, no permanecer donde no ama. Su negativa final no es un gesto impulsivo, sino la culminación de su identidad. Por eso, Carmen, la ópera, no es una tragedia de la muerte, sino una tragedia de la libertad.

Pensemos en la España de posguerra y entendamos que las chimeneas y otras formas de calefacción estaban reservadas para los locales escolares de la gente pudiente. El hielo se subía hasta las rodillas, las manos y el alma de los escolares de escasos recursos.

Pero mamá tenía ahora una sorpresa para ella:

“-Mira, ¿te gusta? -la sonrisa de madre se hizo más grande y encontró una manera de brillar también en sus ojos.

-Sí, es muy bonita -y solo entonces entendí-. ¿Es para mí?”.

La madre de Almudena había tejido una funda para la botella de agua caliente que llevaría la niña a la escuela. La había confeccionado con dos trozos de manta superpuestos cortados a la medida de una botella de gaseosa y cosidos por el borde con una hebra de lana en puntadas muy seguras y apretadas.

La funda multicolor la iba a convertir en una de las niñas más envidiadas de la comarca… y también en la más abrigada.

La obra de Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) ofrece testimonio interminable de la guerra civil española. Como lo he dicho otra vez, mi corazón ha estado siempre al lado de los perdedores.

En sus novelas, relatos y episodios, España -madre bella y atroz- asoma su rostro teñido con el espanto del conflicto y de la posterior dictadura de Franco.

Decía Albert Camus que “fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa”.

No solo en la generación de Camus, sino en las que le siguieron y, más todavía, en la América española, hemos hecho nuestras todas las vidas de Almudena Grandes, cuya obra -siempre he pensado- se levantó sobre una trinchera derrotada.

En sus libros, nos podemos sentir habitantes de un manicomio donde el fascismo victorioso ha arrinconado a los españoles vencidos (La madre de Frankenstein, 2020).

En otro de sus escenarios (Inés y la alegría, 2010), caemos enamorados ante la joven que comparte la vida y el destino de los guerrilleros y, con ellos, escribe una historia que solo ahora podemos leer.

En 2008, conocí a Almudena y a su esposo, el poeta Luis García Montero, quien presentara mi novela Vallejo en los infiernos en la Casa de América, en Madrid.

Antes de conocer a Almudena, la había leído y también después, y esa es la incitación que me lleva ahora a novelar algunos capítulos de la vida peruana.

Cuando llegó a mis manos “Las botellas de agua caliente”, uno de sus cuentos, me sentí tentado de investigar e hice preguntas entre mis amigas españolas que vivieron los nefastos días de Franco: ¿cómo fue el invierno en tu escuela?

Rosi Andrino me contó que, en Barco de Ávila, su pueblo, ella pudo tener un pequeño brasero para soportar las inclemencias del invierno. En cambio, Marisa Nuño me dice que, en Fuentelsaz, ella y su hermana se peleaban por el único gato de la familia para llevarlo a clases y sentir su calor.

Cuando la niña del cuento vio que su madre le extendía una funda para conservar la botella de agua caliente, insistió: ¿es para mí?

La madre asintió con la cabeza y la niña sintió que la recorría una alegría salvaje que también era orgullo, gratitud y el anticipo de la felicidad. Tan solo besó a su madre y escribió esta historia que nos hace sentir la frialdad y la pobreza de las escuelas españolas en los días desdichados del franquismo.

Almudena me confesó triste que, entre sus compañeras, era la más alta. “Por eso, en las actuaciones escolares hacía el papel de árbol”.

Gracias a Almudena, los escritores y los lectores nos sentimos inundados por la sombra roja de los exiliados republicanos y la alegría sin final de quien sabe que, al final, la historia será suya… al igual que una botella de agua caliente.

Lejos de producir un verdadero silencio, lo que observamos es una migración de la campaña hacia espacios menos visibles y menos regulados. En estos días, la discusión pública no se apaga: se transforma. Se desplaza a cadenas de mensajería, redes sociales y plataformas donde la trazabilidad de la información es débil y la capacidad de verificación, limitada. El resultado es paradójico: una norma que busca proteger al elector termina conviviendo con un entorno donde proliferan contenidos difíciles de contrastar.

En ese contexto, han comenzado a circular encuestas sin fuente clara, sin ficha técnica verificable y sin responsabilidad institucional.

El problema no es solo normativo, sino profundamente democrático, ya que, cuando la información no puede ser verificada, el ciudadano queda expuesto a una forma sutil de presión. Esto obliga a una doble reflexión. Por un lado, sobre la pertinencia de reglas como el silencio electoral en un entorno que ha cambiado radicalmente y que probablemente deberá exigir nuevas formas de regulación más acordes con la realidad digital. Por otro, y de manera inmediata, sobre el rol del ciudadano frente a este escenario en los próximos días: la necesidad de ejercer un criterio más exigente frente a lo que consume y comparte.

Porque la democracia se sostiene en decisiones conscientes. El valor del voto radica en expresar qué país se quiere construir. En ese sentido, un voto con convicción no solo es un acto individual, sino también una contribución al proyecto republicano, ese que se edifica sobre ciudadanos libres, informados y responsables. Es, además, el horizonte que estas páginas editoriales buscan promover, a partir de información contrastada, verificada y puesta al servicio del interés público.

A cuatro días de las elecciones, el desafío no es solo acudir a las urnas, sino hacerlo con autonomía. La libertad del voto se defiende también en la capacidad de discernir.

En medio del ruido, elegir con criterio propio se convierte en un acto profundamente democrático. Porque, incluso en tiempos de hiperinformación, la decisión final sigue siendo, y debe seguir siendo,  del ciudadano

Ahora sus libros se pueden leer imaginando que lo que decía de sus personajes era lo que él mismo podía decir de sí mismo: un hombre atado a un niño que viajaba con él, con quien hablaba, para quien escribía, con el que reñía a veces sintiendo que él no era precisamente el mismo Alfredo, sino todos los nombres de Alfredo, con sus apellidos.

Murió a los 87 años, en su casa de Perú, donde tanto quiso, donde a tantos quiso, donde vivió cerca de gente a la que admiró, entre ellos a Mario Vargas Llosa. Le escuché hablar muchas veces a solas, como si no estuviera con nadie y se buscara. A veces me convidaba a almorzar, en los tiempos en que él apenas bebía, cuando tampoco hablaba de acuerdo con aquellos torrentes que convirtieron sus noches en senderos peligrosos.

Su vida estuvo llena de incidentes que ahora se le estampan a su historia, como si Alfredo solo hubiera escrito esas páginas que tienen que ver con lo que se dijo de él y no con lo que él dejó dicho en las casas (en sus casas, en las casas ajenas) para que todo el mundo supiera de la vida que siempre reclamó gente alrededor.

La última vez que lo entrevisté, como para que se confesara por dentro, era un mediodía de Barcelona, adonde se había adentrado para reencontrarse con amigos, algunos de los cuales, como Carlos Barral, ya se habían muerto… En esa ocasión Alfredo estaba solo, y era tan solitario también entre amigos. Lo busqué para que me contara cómo se hallaba, en 2003, regresando (otra vez) de su casa de Perú…

Aquel penúltimo viaje a su patria natal, me dijo, lo había llenado de melancolía. Me dijo por qué, largamente, como si se estuviera escuchando a sí mismo y no estuviera, como estaba, en Barcelona, sino en la hermosa casa que tenía ya entonces en las afueras de Lima… Me dijo que le había llenado de melancolía su país porque le tocó asistir a los últimos años de Fujimori…

“Fueron atroces… Los peruanos se habían curtido, se habían puesto un caparazón para poder convivir con el horror de aquel hombre… No lo veían, no lo querían ver… Pero entonces mi mirada era la mirada de un hombre que viene después de 35 años… Era una mirada muy virginal, así que vi la inmundicia, la corrupción, lo vi todo… A mí se me dio una paliza, tras un rapto rapidísimo, me golpearon, me pegaron para que yo no dijera nada, simplemente para callarme… Todas esas cosas me afectaron mucho, pero me quedé ahí tres años tras esa paliza matonesca… Decían: ´es de parte de Montesinos y de Fujimori´… Todas esas cosas afectan mucho, cuando no encuentras solidaridad, cuando todo depende del sálvese quien pueda… Entonces busqué la manera de volver a España todos los años, hasta llegar a un reencuentro menos radical que el que hice… Yo me había ido (¿te acuerdas cuando me cantaban en Madrid ´Y te vas y te vas y no te has ido´…?) y los amigos me cantaban por qué no me iba nunca y siempre me estaba yendo… Lo cantaban con cariño. Lo que pasaba era que no puedes lavar el cariño que me llevé de Europa con agua y con jabón, y yo echaba mucho de menos esto, y creo que ahora he encontrado una fórmula de equilibrio perfecta… Ya no estoy vinculado a una universidad, a nada, y tan solo trabajo…”.

En Barcelona, me dijo, estaba muy bien instalado, “trabajo muy a gusto”, aunque sentía nostalgia de las islas Canarias, a las que tanto quiso… “De Madrid iba a las islas para encontrar la paz y en Barcelona la paz la tengo…”.

Le dije a Bryce que, en efecto, no se puede lavar con agua y jabón el amor a Europa…, “pero no se puede concebir su literatura sin Perú”.

Me dijo este argumento, volvió a aquel Julius que tanto se le parece: “No, mi literatura no se puede concebir sin el Perú, sea como retrato de Perú o como el que está presente en Un mundo para Julius, que es una especie de preludio del fin de toda una clase social que había detentado el poder en el Perú desde la independencia al fin del siglo XIX y que ya estaba a punto de perderlo. Un mundo para Julius muestra muy claramente la fragilidad en que se basaba el poder de aquella llamada oligarquía casi feudal, basada en la propiedad de las grandes haciendas, las grandes extensiones de tierra y en el dominio de los indios. Casi feudal”.

Bryce fue un europeo desde que pisó el suelo de las grandes ciudades que le dieron cobijo, en Francia, en España… donde quiera que fuera, Alfredo era partidario del lugar, de la noche y del lugar. Así que fue peruano y de todas partes.

Me dijo: “Yo he sido muy sensible a Europa… Mi primer modelo fue Julio Cortázar, que enseguida se interesó por la ciudad en la que vivió… Yo hablaba de Perú en París, era un peruano en París… ¿Y cómo se reía un peruano en esa ciudad?, ¿cómo llora?, ¿cómo caducan sus valores?, ¿cómo se tiene que rehacer para no meterse en el gueto e incorporarse a la sociedad? Yo creo que todo esto ha venido a mi literatura; son caminos riquísimos y derroteros por los que he ido haciendo novelas como No me esperen en abril, Reo de nocturnidad o La amigdalitis de Tarzán”.

Le dije a Bryce lo que su amigo Juan Marsé me había dicho el día anterior sobre el gran libro de este, Últimas tardes con Teresa… Era el libro que a él le hacía sentirse más confortable. ¿Y el tuyo, Bryce? ¿Cuál es tu libro más confortable?

Me dijo: “Para mí el libro más confortable sigue siendo Tantas veces Pedro. Es el libro que más quiero y el que considero que fue con el que me jugué más… Gracias a él pude escribir todo… Con él me salí de Un mundo para Julius; no me podía quedar eternamente en eso… Ya estaba en Europa varios años y ese fue el primer momento de mi nueva escritura… Yo no digo que sea la novela más lograda o que tenga más efecto, pero es de esas novelas que abren camino… Gracias a ella yo pude escribir La vida exagerada de Martín Romaña y Reo de nocturnidad”.

-¿Y no es La vida exagerada… la que te representa más como ser humano?

-Probablemente, como el nuevo ser humano que fui en Europa, con las transformaciones que Europa creó en mí.

-Imagina que te encuentras con el Bryce de Un mundo para Julius y el de Permiso para sentir… ¿Cuál sería la conversación de los dos?

-Yo creo que uno es un nombre que se despide de Perú y otro es ya un hombre que hace rato se ha dado un buen abrazo fraternal con Europa. Yo creo que lo que hay ahí empieza a dar los frutos de un hombre, siguiendo el modelo cortazariano, que se abrió a la sociedad que lo acogía, no se metió al gueto peruano a lamentar el Perú perdido… Digamos que del primer al segundo tomo de Memorias ha pasado una biografía y se puede percibir un cambio de humor. Es decir, estaba el hombre vitalista y melancólico y ahora está más presente el hombre melancólico.

-Bryce [le dije casi al final de aquella conversación tan larga], ¿eres otro hombre?

-Yo soy un hombre que ha pasado por una experiencia dura, la de Perú, pero es que yo no le saco ni cólera, ni rabia, ni resentimiento, ni ganas de vengarme de nadie… Solamente me enriquezco con lo que vivo.

Lo quise a cualquier hora. Su muerte fue como si él no esquivara la vida y estuviera ahí, todavía, buscándose para salir de noche. Hola, Alfredo, ¿estás ahí?

…

*Juan Cruz. Escritor y periodista español.

En ese sentido, la pandemia tan solo iluminó lo que ya existía.

La campaña electoral avanza hacia el 12 de abril y define el rumbo del país, pero también configura el margen de acción de la ciudadanía. Y, mientras tanto, la crisis sanitaria mantiene su vigencia.

Si bien el aseguramiento universal amplió la cobertura formal, el desafío actual se concentra en la atención efectiva. Citas oportunas, cirugías a tiempo y acceso a medicamentos son tan solo algunas de las demandas centrales. La República alertó recientemente sobre un grave desabastecimiento de medicamentos en hospitales del país, incluyendo insulina, tratamientos antirretrovirales y oncológicos, lo que pone en riesgo a millones de asegurados.

Y las causas tienen responsables políticos. Convoca señaló en una investigación algunos vínculos de funcionarios con agrupaciones como Alianza para el Progreso en áreas sensibles del sistema sanitario, en medio de cuestionamientos por compras, designaciones y gestión administrativa. Estas prácticas reflejan dinámicas de copamiento institucional que afectan la eficiencia y transparencia del sector, como sucede sin duda en otros sectores con otros actores políticos vinculados al pacto corrupto.

En ese marco, la coalición autoritaria que articula mayorías parlamentarias y cuotas de poder en el Ejecutivo encuentra en el sector salud uno de sus espacios más sensibles. La gestión sanitaria se ha convertido así en terreno de disputa, con efectos directos en la vida cotidiana de millones de peruanos.

En el marco del Día Mundial de la Salud, el país dispone de una oportunidad para ordenar prioridades. El Perú cuenta hoy con una ciudadanía que ha vivido la crisis en carne propia. Esa experiencia que debiera otorgar criterio, memoria y capacidad de decisión debe animar que el voto del 12 de abril para que pueda marcar un punto de inflexión que exija un Estado que llegue a tiempo, responda con calidad y garantice derechos elementales para la vida.

La justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad organizada. Pero es también un servicio público esencial, como la salud, la educación o la propia seguridad. Como servicio público, su gestión y prestación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos corresponde al Estado. Incluso cuando se trata de promover otras formas alternativas al sistema estatal, como es el caso del arbitraje o la conciliación, también en estos supuestos la regulación, promoción y garantía, en último término, corresponde al Estado.

De ahí la relevancia de que la justicia forme parte fundamental de las políticas públicas y, como tal, de las propuestas electorales. Sin embargo, al revisar los planes de las agrupaciones que participan en las elecciones generales de abril, la justicia no solo aparece relegada, sino que, en la mayoría de los casos, se observan enfoques equivocados o carentes de diagnósticos que recojan los problemas que aquejan al sistema de justicia en sus distintas dimensiones. Esto, pese a que los diagnósticos sobre los problemas de la justicia abundan. Un informe de la OCDE sobre el Perú (2024), por ejemplo, sitúa el problema del acceso a la justicia en condiciones de igualdad como uno de los problemas estructurales. Ello redunda, según el informe, en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el Poder Judicial y la eficacia del Estado de derecho para resolver problemas estructurales.

La noción de equidad —sostiene el documento— es un factor determinante de la confianza de la población en las instituciones de justicia. En el caso peruano, más del 80 % no se siente igual ante la ley (Latinobarómetro, 2021). Además, citando estudios recientes, el documento señala que, para cerca del 90 % de la población del Perú, el acceso equitativo a la justicia para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia. Entre las barreras para el acceso equitativo a la justicia se mencionan no solo la geografía y la pobreza, sino también el pertenecer a grupos en situación de desventaja, como las mujeres, las personas con lenguas originarias o incluso los adultos mayores.

Una lectura atenta de los problemas de acceso a la justicia debería movilizar las políticas públicas, por ejemplo, para descentralizar los servicios y la propia gestión económica del sistema de justicia. El debate sobre el papel de la Corte Suprema es un asunto que, si bien incumbe, en principio, al propio Poder Judicial, al tratarse de una cuestión vinculada a las políticas de acceso a la justicia, también compromete a los demás poderes del Estado. ¿Debemos mantener una Corte Suprema con todas sus salas en la ciudad de Lima o deberíamos pensar en descentralizar algunas de sus competencias? Igualmente, los temas vinculados con la carga procesal y las políticas de descongestión —que hoy en día constituyen una seria interferencia en la atención oportuna del servicio de justicia— son asuntos que comprometen el presupuesto público, pero que también requieren de una gestión compartida entre las distintas instancias del gobierno, por lo que merecen ser incluidos en los planes de gobierno.

Desde luego, cualquier planteamiento sobre estas cuestiones especializadas requiere conocimiento y un diagnóstico adecuado. Pese a que estos estudios diagnósticos son de acceso abierto, los planes de gobierno lucen improvisados y carentes de datos que respalden las afirmaciones genéricas que se formulan sobre la justicia. En la mayoría de los casos, se trata de documentos encargados y elaborados, incluso, a través de inteligencia artificial, como lo ha puesto en evidencia el portal de “Gobierno Digital Online”. Son muy pocas las agrupaciones que han hecho un esfuerzo por esbozar, al menos, algunas líneas de diagnóstico y menos aún aquellas que hayan identificado como principal problema el acceso y la desigualdad que los ciudadanos perciben en el tratamiento que las instituciones de justicia dan a los casos que reciben. Incluso cuando se alude a una “reforma integral del sistema de justicia”, las propuestas no esclarecen el planteamiento ni las acciones que ello supone. En varios programas se centra la atención en el Tribunal Constitucional, olvidando que, si bien se trata de un órgano de especial importancia, su presencia en el sistema de justicia es residual y no se ocupa de la solución de los casos cotidianos que la ciudadanía busca resolver acudiendo al Poder Judicial.

El desconocimiento del sistema de justicia también se aprecia en los planes cuando reducen la comprensión de los problemas de “justicia” a las competencias que tiene actualmente el Ministerio de Justicia. Este es el enfoque que se observa en más de una agrupación, que solo plantea medidas relacionadas con la defensa pública, las procuradurías y alguna referencia a la Dirección General de Justicia. Evidentemente, las políticas relativas al sistema de justicia comprometen acciones de coordinación y, en ese sentido, exigen retomar propuestas vinculadas con la coordinación interinstitucional que se han elaborado en el pasado. La justicia requiere, pues, una política de diálogo y actuación interinstitucional. Es una de las políticas cuya medición y seguimiento compromete al aparato público en su conjunto. Este enfoque sistémico no puede desconocer las competencias ni la separación de funciones que la Constitución delimita para cada sector.

Desde luego, en un contexto de crisis estructural como el que estamos viviendo, la reforma del sistema de justicia presenta distintos niveles que deben ser, primero, diagnosticados y luego atendidos. En los planes, estos niveles a veces se mezclan y, con frecuencia, se observa que la justicia aparece como un asunto de “orden” o de lucha contra la criminalidad, desconociendo sus dimensiones de acceso, protección de derechos, resolución de conflictos y, desde luego, de lucha contra la impunidad. En ese sentido, los planes constituyen aproximaciones de enfoque; sin duda, cualquiera que sea el gobierno que resulte electo, deberá ser consciente de que las respuestas a los problemas de la justicia requieren un pacto con otros poderes y otras instancias que en muchos casos tienen garantizada constitucionalmente su autonomía. Comprender esa dimensión interinstitucional de la justicia, es el primer paso para lograr eficacia en la necesaria reforma que el sistema requiere con urgencia.

Las elecciones representan un momento fundamental en los procesos democráticos modernos. Sin embargo, la legitimidad de las elecciones no depende solo del proceso electoral en sí, sino también de las condiciones materiales que permiten al ciudadano ejercer su derecho a elegir de manera libre e informada. En ese contexto, el proceso electoral que estamos viviendo en el Perú muestra los extremos a los que puede llegar el colapso de un sistema que ha sido incapaz de crear las condiciones mínimas para que la democracia funcione con estándares razonables. Las cifras son elocuentes: solo en las listas a la presidencia hay más de 35 candidaturas; más de 3.000 candidatos para el Senado, y más de 6.000 para la Cámara de Diputados. En estas condiciones, ¿se puede afirmar que el poder de decisión está en el electorado?

No es solo la imposibilidad material de informarse sobre más de 10.000 candidatos, sino que el periodismo viene documentando casos de personajes condenados o procesados judicialmente por graves delitos y que se encuentran en plena campaña para ser elegidos. A ello hay que sumar la imposición de las ubicaciones de preferencia en las listas a las cámaras, empezando por los dueños de las organizaciones que han reservado para sí el número 1 de sus respectivas agrupaciones. Todo esto genera ante la ciudadanía una serie de reacciones emocionales como la apatía, la frustración, el cansancio o la indignación frente a la forma en que se presentan los culpables de este colapso ofreciendo nuevas soluciones que, por supuesto, no cumplirán. Entre estas emociones, hay, sin embargo, una sensación generalizada que es compartida: el aturdimiento.

Según la RAE, “aturdir” tiene como uno de sus significados “que (alguien) pierda el uso normal de los sentidos o no sepa qué decir o hacer”, y este parece ser, precisamente, el estado emocional en que la mayoría de los/as peruanos/as nos encontramos frente a la irracional avalancha de candidaturas y discursos con promesas e insultos que se lanzan, de un lado al otro, ante una ciudadanía que ha perdido toda vocación por la política. Lo grave de esto es que puede tratarse de un estado de ánimo promovido adrede por quienes saben que un análisis mínimo a las propuestas o candidaturas tendría que llevar irremediablemente a su rechazo.

El aturdimiento funciona como estrategia para promover la polarización y estimular un voto a partir de las emociones y ya no desde la reflexión racional. Así, frente a la ausencia de propuestas, el aturdimiento inducido permite que el electorado ya no juzgue críticamente, renunciando al voto reflexivo y votando con desgano e, incluso, con desdén, por cualquiera de las opciones que haya logrado sobresalir no por la calidad o relevancia de sus propuestas, sino porque se trata de una opción que ha sabido moverse mejor en el aluvión de mentiras y frases impuestas de la campaña. De este modo, el aturdimiento se convierte en estrategia exitosa, precisamente, para que los peores se impongan exhibiendo, incluso con cierto desparpajo, aquello que, desde la perspectiva de un elector racional, tendría que resultar cuestionable.

En este contexto, no solo ganan los peores, sino que se vacía por completo de contenido el derecho al sufragio como forma de realización de la autonomía de cada ciudadano/a. Ya no estamos ante unas elecciones que debieran ser “(…) auténticas”, o “que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, como se lee en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No pueden ser auténticas, precisamente, porque los electores irán confundidos y/o aturdidos a votar por quien sea; y tampoco puede decirse que estamos ante un proceso en el que el voto sea “la libre expresión de la voluntad de los electores” porque estos no podrán formar su decisión de manera plena sobre la base de la información o la deliberación.

Por su parte, la Constitución peruana establece que el sistema electoral “tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos” (art. 176 Const.). Sin embargo, nada puede hacer un sistema electoral, por eficiente que fuera, si no están dadas las condiciones previas ineludibles para que el voto se convierta en “expresión auténtica libre y espontánea”. Y esas condiciones previas tienen que ver con el sistema de partidos políticos que hoy en día no existe. De este modo, son las organizaciones políticas y sus intereses, los responsables directos del “aturdimiento electoral” que nos han impuesto, en su desesperación por mantener la cuota de poder de la que hoy disfrutan a través del Congreso. La avalancha de grupos compitiendo genera sobrecarga informativa, impactando de manera directa en la libertad de elección de los ciudadanos. En estos escenarios, el voto subsiste formalmente, pero la elección pierde calidad deliberativa.

El fenómeno del aturdimiento electoral plantea, por tanto, un desafío democrático relevante. No se trata de cuestionar la pluralidad de la oferta política, sino de reflexionar sobre las condiciones que permiten que esa pluralidad se traduzca en una decisión consciente. Lo que tenemos al frente no es, un fenómeno propio del pluralismo político o del crecimiento del interés en la participación política. El fenómeno al que asistimos revela, más bien, la mercantilización de la política y el abandono de ideales e ideologías que eran los móviles de la acción política colectiva. Hoy, en muchos casos, el crecimiento exponencial de los grupos que participan en este proceso tiene que ver con la defensa de intereses particularistas, como es el caso de la incidencia en la calidad de las universidades privadas, o el crimen organizado.

Desmontar esta estructura que ha convertido la política en la peor forma de engaño y aprovechamiento indebido de la función pública es el desafío más urgente de los próximos años. Sacudirnos del aturdimiento que nos quieren imponer y recobrar nuestra condición de ciudadanos libres, reflexivos y críticos con el momento que nos toca vivir, tiene que ser el punto de inflexión en las próximas elecciones.  

En 1980, el año de su muerte, Jorge Basadre publicó Elecciones y centralismo en el Perú. Apuntes para un esquema histórico. El título tenía algo de testamento intelectual. Basadre, que dedicó su vida a estudiar la República que Lima construyó de espaldas a las provincias —aunque también con su cuota de sacrificios—, cerraba sus reflexiones señalando que el centralismo no era solo una anomalía administrativa, sino la condición estructural sobre la que se edificó la República peruana desde sus orígenes, y que las elecciones reproducían ese mal congénito.

Ha pasado cerca de medio siglo desde aquel diagnóstico y, en esencia, poco ha cambiado. El nuevo Congreso bicameral reproduce con llamativa fidelidad la lógica que Basadre denunciaba. De los 60 senadores que se elegirán, la mitad corresponde a un distrito único nacional donde el peso demográfico y mediático de Lima será determinante. Los otros 30 se distribuyen entre 27 circunscripciones territoriales: una por región, con la sola excepción de Lima Metropolitana, que obtiene cuatro escaños.

Si a ello sumamos que la gran mayoría de candidatos al Senado —incluso aquellos que postulan por cuotas regionales— reside en la capital, el nuevo Senado, que concentrará el poder decisivo del Congreso, encarnará la forma más clara del centralismo capitalino que tanto hemos criticado a lo largo de la República.

Pero en estas elecciones el centralismo también se expresa simbólicamente. El Jurado Nacional de Elecciones organizó seis jornadas de debates presidenciales, con 34 candidatos y decenas de horas de transmisión. Todas, sin excepción, se realizaron en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. En procesos electorales anteriores se llevaron debates a zonas periféricas como Manchay o Puente Piedra, como gesto de reconocimiento hacia electores alejados del núcleo tradicional del poder. Esta vez no hubo siquiera ese gesto mínimo.

Para los organizadores, las redes sociales han vuelto irrelevante la geografía del debate político: debatir en San Borja sería equivalente a hacerlo en Juliaca o en Chachapoyas porque todo puede verse digitalmente. Es un error grave. Las distancias geográficas no se acortan en política mediante la tecnología. La política también es representación simbólica y reconocimiento. Cuando quienes aspiran a gobernar un país de profunda diversidad territorial y cultural no se desplazan hacia los ciudadanos, algo esencial se pierde: la posibilidad de que el debate político sea percibido como reconocimiento de existencia.

El precedente de 2021 y sus lecciones no aprendidas

Las encuestadoras —todas con sede en Lima y con instrumentos calibrados sobre muestras que sobrerrepresentan el ámbito urbano y capitalino— tampoco parecen haber aprendido la lección de 2021. A 16 días de los comicios, Pedro Castillo aparecía en los sondeos en un lejano séptimo lugar, con apenas 3% de intención de voto. Una semana antes de la elección alcanzaba 6,5%. El día de la votación obtuvo 18,9%, casi el triple de lo proyectado.

Las provincias habían tomado una decisión que los instrumentos diseñados desde Lima no fueron capaces de anticipar. No porque las técnicas estadísticas fueran defectuosas, sino porque estaban midiendo el país que Lima imagina, no el país real.

Hoy, con una fragmentación aún mayor —35 candidatos en competencia y más del 35% del electorado indeciso o inclinado al voto en blanco—, algunas lecturas dominantes en los medios capitalinos insisten en presentar una segunda vuelta prácticamente predeterminada entre el fujimorismo y alguna expresión del espacio político que ocupó Castillo o algún outsider funcional al sistema. Se trata de una lectura estratégicamente conveniente para ciertos actores, pero que presupone un control sobre el electorado provincial que la experiencia de 2021 demostró inexistente. Apostar por ese escenario es un riesgo considerable.

La rebelión de las ánforas secretas y la deuda pendiente

Esa memoria colectiva no puede cancelarse mediante encuestas. Las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, protagonizadas principalmente en el sur andino y la sierra, dejaron decenas de muertos en Ayacucho, Andahuaylas, Puno y Juliaca, cuyas víctimas, hasta hoy, no encuentran justicia.

La experiencia de haber sido ignorados desde el poder, de ver a sus muertos estigmatizados por las fuerzas políticas que luego se instalaron en el Congreso y hoy vuelven a pedir su voto, no se disuelve entre una elección y la siguiente. Es una cuenta pendiente que la población exigirá en las ánforas. Cuando ningún estratega esté observando y ninguna encuesta pueda capturarlo, esa experiencia acumulada se traducirá en decisiones que los instrumentos del centralismo no logran anticipar.

La «sublevación de las provincias» de la que hablaba Basadre no implica necesariamente una victoria ideológica determinada. Puede manifestarse simplemente como rechazo colectivo a los partidos que se han repartido el Estado desde 2021 o como un voto disperso que ninguna encuesta detecta porque ninguna busca en los lugares correctos.

Un Congreso que aprobó sus propias reglas electorales, blindó a sus integrantes frente a investigaciones, legisló peligrosamente a favor del crimen organizado, subordinó las instituciones del sistema de controles; tiene razones para temer a un electorado que llegará a las ánforas cansado y molesto: cansado de estrategias que lo instrumentalizan, de debates que siempre ocurren en el mismo lugar y de ocupar el papel secundario en una historia que Lima pretende seguir escribiendo desde tiempos coloniales.