Por ejemplo, las montañas de “Topografías del desplazamiento” de Yiriane Kahn son memorias mineralizadas donde el cemento pesa porque conserva la gravedad de todo aquello que alguna vez sostuvo una vida. Si el papel de algodón aparece como una epidermis vulnerable, la resina actúa como esa delgada película con la que el tiempo intenta preservar aquello que inevitablemente terminará descomponiéndose.

Luego aparecen las modulaciones. Fragmentos que parecen desplazarse unos respecto de otros como placas tectónicas de la conciencia en una composición que no aspira al equilibrio clásico, prefiere la incertidumbre. Cada pieza parece preguntarse cuánto puede deformarse una identidad antes de dejar de reconocerse. Y entonces llega el desierto como el único lugar donde el silencio posee volumen.

Así, en “Desierto Zalleta” la memoria no se manifiesta por acumulaciones sino mediante vacíos. Donde creemos haber olvidado algo, la experiencia trabaja con mayor intensidad. Los “Portales” son umbrales suspendidos entre dos respiraciones donde la pintura, lejos de representar una puerta, genera el acto mismo de atravesarla. Hasta que finalmente llegan las sedas.

Difíciles de clasificar, más cercanas a una muda de piel que a una pintura tradicional. Suspendidas como crisálidas, conservan la memoria de un cuerpo que ya no existe y anuncian otro que todavía no termina de aparecer. Allí la materia alcanza una paradoja admirable: cuanto más frágil parece, mayor capacidad demuestra para sobrevivir al tiempo. La seda como metáfora del propio devenir.

-Íntima gravedad-

Probablemente esa sensibilidad hacia las mutaciones explique también la trayectoria de Yiriane Kahn. Nacida en Santo Domingo en 1985, formada primero en Lima, luego en Barcelona y, más recientemente, en Madrid, su biografía dibuja una geografía semejante a la que despliegan sus obras, una existencia construida sobre desplazamientos sucesivos.

Sin embargo, sería un error reducir su producción a la experiencia migratoria. Cada ciudad le aportó un lenguaje distinto. Lima parece haberle entregado la intuición del territorio. Barcelona, el rigor formal. Madrid, la posibilidad de convertir la investigación en una metodología poética. El resultado, además de una suma de influencias, es una voz extraordinariamente reconocible.

Y una coherencia poco común. Desde sus exposiciones Raíces, Mirada Azul, Godai, Elementos o Fragmentos, la artista ha venido persiguiendo obstinadamente una misma pregunta: ¿cómo representar aquello que nunca permanece? Devenir… no rompe con esa trayectoria, la lleva hasta una profundidad inesperada en una época donde todo se actualiza, se reemplaza y se acelera.

Frente a esa ansiedad contemporánea, Yiriane Kahn propone una lentitud casi geológica. Transformarse no es abandonar lo que fuimos, tal vez solo permitir que todas nuestras versiones continúen respirando bajo la superficie.

Quizá la verdadera geografía del cambio no sea el mapa de los lugares que hemos habitado sino el relieve secreto de las personas que hemos dejado de ser y que, silenciosamente, todavía nos sostienen.

…

Datos:

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255 - San Isidro.

Fechas: Hasta el 8 de agosto.

Horario: De lunes a viernes, de 11 a. m. a 7 p. m. Sábados, de 3 a 7 p. m.

El principal problema es el consumo voraz de agua, electricidad y uso de terrenos. Un solo centro de hiperescala puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, equivalente al consumo de una ciudad de 50.000 habitantes. Hoy, los data centers consumen entre el 1,5% y 2% de la electricidad mundial, y se estima que para 2030 esta demanda se duplicará.

En México, Querétaro es el estado con más centros de hiperescala, ya enfrentaba estrés hídrico, y ahora comunidades denuncian cortes de agua más frecuentes y apagones prolongados. A esto se suma la transformación del territorio, donde zonas rurales y populares son desplazadas por estas infraestructuras.

En EE. UU., hay un descontento por los subsidios corporativos, el secretismo de los contratos y el espejismo del desarrollo económico. Mientras la Unión Europea tiene normas estrictas, en América Latina, la falta de marcos regulatorios sólidos agrava el problema. Hay un vacío legal que facilita la instalación sin consulta a las comunidades ni evaluación de impacto real.

Se necesitan modelos sostenibles que prioricen energías renovables y una gestión eficiente del agua. Los expertos proponen imponer transparencia total y establecer una planificación que limite la capacidad de agua y energía que cada territorio puede soportar.

En Perú es imperativo que se establezcan estándares ambientales y sociales que garanticen beneficios tanto para la ciudadanía como para los ecosistemas.

La facultad que tienen los congresistas de la República de ingresar a los establecimientos penitenciarios sin necesidad de autorización previa no fue concebida como un privilegio​ personal ni como una licencia para mantener reuniones políticas con personas privadas de libertad. Su razón de ser es otra: permitir el ejercicio de la función de control político y​ fiscalización sobre las condiciones en las que opera el sistema penitenciario, verificando el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria y el adecuado funcionamiento de los establecimientos.

Sin embargo, en los últimos años, los registros de visitas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se está utilizando​ esta prerrogativa para cumplir una función constitucional o se ha convertido en un mecanismo para mantener contactos políticos con determinados internos?​

El registro de visitas del INPE, al que accedí a través de la Ley de Transparencia, evidencia que, desde 2023 hasta 2026 (junio), un total de 50 congresistas de la República han​ utilizado esa prerrogativa parlamentaria para ingresar 728 veces al Penal de Barbadillo, recinto penitenciario en el que cumplen prisión los expresidentes Pedro Castillo, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y, hasta diciembre de 2023, albergó también a Alberto Fujimori.

La controversia no gira en torno al derecho de un congresista a ingresar a un penal —que la ley reconoce—, sino al propósito de esas visitas. Los registros del INPE muestran que el​ mayor número de visitas parlamentarias coincide con coyunturas de alta tensión política, campañas electorales o votaciones de especial relevancia en el Congreso.

Hasta diciembre de 2023, Alberto Fujimori concentró el mayor número de visitas parlamentarias, principalmente de congresistas vinculados al fujimorismo. Posteriormente, entre 2025 y junio de 2026, en un​contexto marcado por la campaña electoral y la reconfiguración del escenario político, Pedro Castillo pasó a ser el expresidente más visitado por los legisladores, acumulando 496 ingresos parlamentarios al Penal de Barbadillo. Este cambio en el patrón de visitas, estrechamente asociado a determinadas coyunturas políticas, plantea serias dudas sobre cómo se está utilizando esta prerrogativa.

A la vista de estos datos, difícilmente puede sostenerse que centenares de visitas a un mismo interno respondan exclusivamente al ejercicio de labores de fiscalización. La propia institución penitenciaria ha​señalado recientemente que su competencia se limita a aplicar la normativa vigente y controlar el ingreso de los congresistas, pero no a evaluar la finalidad de las visitas. Esa valoración corresponde al Congreso u otras autoridades competentes.

Y precisamente allí radica el problema. Existe un vacío de control sobre el uso de esta prerrogativa. Mientras la ley facilita el ingreso para el ejercicio de la función parlamentaria, no existen mecanismos efectivos que obliguen al congresista a justificar públicamente el objeto de la visita, presentar un informe de fiscalización o acreditar que el ingreso respondió realmente al cumplimiento de una labor institucional.

La ausencia de rendición de cuentas abre la puerta a la desnaturalización de una facultad concebida para proteger el interés público. La fiscalización requiere presencia, pero también transparencia. Si un congresista ingresa a un establecimiento penitenciario para supervisar las condiciones de reclusión, verificar posibles vulneraciones de derechos o evaluar el funcionamiento del sistema penitenciario, lo razonable es que esa actuación pueda evidenciarse públicamente mediante un informe, recomendaciones, solicitudes de información o iniciativas legislativas derivadas de la visita.

En un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones, el Congreso tiene la oportunidad de demostrar que las prerrogativas parlamentarias no son espacios exentos de control, sino herramientas al servicio de la ciudadanía. Porque la diferencia entre una facultad constitucional y un privilegio político no la establece únicamente la ley; la determina, sobre todo, el uso que se hace de ella.

Sin embargo, lo que ocurrió en el Perú durante los últimos cinco años fue otra cosa. Las bancadas que se presentaban como oposición gobernaron desde el Congreso, respaldaron a los ejecutivos que les convenía sostener, colocaron ministros en los gabinetes que controlaban y aprobaron leyes que beneficiaron sus propios intereses.

Hace unos días, Keiko Fujimori se conectó en vivo por TikTok y declaró que los últimos gobiernos le están entregando el Estado de manera catastrófica. Dijo que los primeros informes del equipo de transferencia revelan un panorama desolador. La declaración es políticamente comprensible. El problema es que quien la formula lidera el partido que más poder tuvo en el Perú durante esos mismos cuatro años.

Fuerza Popular fue la primera fuerza del Congreso 2021-2026 y construyó una alianza legislativa que le permitió controlar la agenda parlamentaria con una consistencia que ningún otro bloque logró. Bajo esa hegemonía se aprobaron leyes con impacto fiscal por S/36,700 millones anuales que el propio TC reconoció como una violación constitucional. Los gobiernos que Keiko responsabiliza por el deterioro tuvieron en sus gabinetes a figuras que el fujimorismo no solo no cuestionó mientras gobernaban sino que algunos hoy integran el nuevo Congreso bicameral o el equipo de transferencia de la propia presidenta electa.

Fujimori tiene razón en que el Estado llega al 28 de julio en condiciones preocupantes. Lo que resulta difícil de sostener es que eso sea responsabilidad exclusiva de otros. La catástrofe que describe tiene también su sello, y reconocerlo sería el primer paso para no repetirla.

Hagámoslo fácil y empecemos por lo que no hay forma alguna de justificar: Petroperú, sobre lo cual tratamos en la columna del 21 de mayo pasado. Como indiqué entonces, la empresa está totalmente quebrada y solo ha sobrevivido porque nuestros impuestos están siempre a la mano para rescatarla con otro multimillonario salvataje que le permita a los facinerosos de turno seguir haciendo de las suyas. Ahí hay miles de millones de soles que no se pueden invertir en seguridad, educación, salud y justicia que hoy necesitamos a gritos los peruanos.

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En segundo lugar, hablando de seguridad y justicia, está el avance de la criminalidad, en la cual destacan la extorsión y la minería ilegal (columna del 13 de mayo del 2025). Si bien en este caso el gobierno de Dina Boluarte meritoriamente eliminó 50.000 reinfos truchos, aún no está dicha la última palabra y el Reinfo se ha prolongado hasta diciembre de este año. La indignación ciudadana con la criminalidad es muy grande, pese a la gran suma de dinero dedicada por la minería ilegal a intentar confundir a la ciudadanía con falsas narrativas. Sabemos que un minero informal o artesanal no tiene por qué ser un criminal, pero tras ellos se escudan quienes sí son criminales de marca mayor. ¿O quién cree que mata a los mineros en Pataz, por ejemplo? ¿O quién arroja mercurio a los ríos de la Amazonía envenenando a incontables habitantes?

En tercer lugar, el gasto público está desbocado gracias a que se han repartido a diestra y siniestra exoneraciones tributarias y a que aumentaron los gastos corrientes, que se vuelven permanentes y que agrandan el déficit fiscal (columna del 31 de marzo). Si bien aquí juega un importante papel nuestro Congreso regalón, el gobierno también ha sido responsable de crear el caos fiscal. El reciente fallo del Tribunal Constitucional debería evitar que el Congreso siga en sus andanzas, pero no controlará a un Ejecutivo potencialmente dispendioso. Tomando en cuenta que actualmente los ingresos tributarios son por lo menos 2% del PBI mayores a lo que serían porque los precios de los minerales están en su punto más alto de la historia, para el gobierno estos deberían ser años de ahorro para las vacas flacas que llegarán en algún momento. Pero no es así y continuar con la farra fiscal sería tóxico para el gobierno de Fujimori.

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En cuarto lugar, la infraestructura. Nuestro país tiene graves carencias de caminos, puentes, aeropuertos, instalaciones de agua y desagüe, escuelas, hospitales, comisarías, etc. (columna del 17 de diciembre del 2025). Además de utilizar gran cantidad de recursos para obras sin importancia, lo que sí se dedica a infraestructura carece con frecuencia de un ordenamiento básico que le dé sentido al todo. Esto tiene como caso emblemático que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez solo tiene acceso por dos puentes temporales de emergencia, pese a que hace años era por todos conocida la fecha en que el nuevo aeropuerto iba a inaugurarse y a que hace años que se iniciaron las gestiones para hacer la obra. Otro caso es que la ciudad de Lima tenga el peor tráfico del mundo debido a la ausencia de un mínimo de orden y planeamiento, los cuales nos hubieran dado hace muchos años métodos de transporte urbano masivo. Lima es una de solo dos ciudades en el mundo con más de diez millones de habitantes, sin transporte público masivo (la otra es Kinshasa, en la República Democrática del Congo).

En quinto lugar, el impulso a la productividad y el empleo formal que, al ser un tema aparentemente complejo, no genera una indignación general, pese a que es, sin duda, el tema que más daño causa de todos los aquí mencionados (columna del 28 de noviembre). Como ya he dicho, la aparente complejidad del asunto no es tal. Lo que sucede es que existe una parte importante de la ciudadanía que tiene, comprensiblemente, sentimientos muy fuertes sobre el tema. Esto hace difícil que se entienda lo que es en realidad una causalidad muy sencilla.

La vía fundamental para que alguien progrese es mediante un empleo que se lo permita. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Un empleo es mejor cuanto más productivo sea. La informalidad en el Perú se caracteriza por tener baja productividad, tanto por escasez de capital físico como de capital humano. ¡Un trabajador formal promedio es seis veces más productivo que un trabajador informal promedio! Para lograr el progreso de los ciudadanos resulta necesario que los trabajadores del sector informal obtengan empleos en el sector formal, aumentando su productividad. El único camino para lograr esto de manera sostenible es mediante la inversión privada, mientras más, mejor. Esto es lo que sucedió en el Perú del 2003 al 2014: la inversión privada creció a 14% anual lo cual llevó a que el producto creciera a 5,8% anual. Esto ocasionó que la pobreza se redujera en 40 puntos porcentuales y a que la mayoría de los peruanos, por primera vez en la historia, integraran la clase media. Estos son resultados fabulosos sin duda. ¿Qué pasó luego en el Perú?

Pasó que la inversión privada y el producto crecieron a una tasa anual de menos de 1% entre el 2014 y el 2024 y, con Covid entre medio, se asfixiaron las oportunidades nuevas de empleo y progreso. Resulta imprescindible volver a darle aire a la inversión, no con ventajas o prebendas sino con lo que todo inversionista requiere: reglas claras, razonables y estables. Con esto y con la colaboración de un Estado que aliente la inversión, se alcanzarán estupendos resultados.

Todo lo anterior, con muy pocos cambios para ponerlo al día, lo escribí hace casi exactamente un año. Lo titulé 'Los pendientes de Dina' y era lo que le pedía a la presidenta de entonces en lo que sería su frustrado último año de mandato. Todo lo dicho permanece sin hacer, a pesar de que ya entonces era muy urgente hacerlo. La señora Fujimori deberá enfrentar estos retos (y otros, como el inminente El Niño) cuanto antes. Para fortuna suya, la economía está en mejor pie que hace un año, gracias a los vientos favorables de los altos precios de los minerales. Además, su actitud favorable a la inversión hace más fácil el camino.

Pero sigue siendo cierta la oración final de aquel artículo de hace un año: Le aseguramos, señora presidente, que hacer algunos genuinos esfuerzos por atender los problemas aquí mencionados le permitirán enormes logros de los qué se hablará mucho más allá de cuando haya terminado su mandato.

Lo que Fernando Rospigliosi hizo al presentar ante la JNJ una denuncia pidiendo la destitución de la fiscal Rosario Quico Palomino es la continuación de un proceso que Fuerza Popular y sus aliados vienen ejecutando desde que tomaron el control del Congreso tras el intento fallido de golpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Desde entonces fueron construyendo pieza a pieza las condiciones para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La Ley 32107, la ley del fuero militar, la definición restrictiva de lesa humanidad y los procesos disciplinarios de la JNJ contra jueces y fiscales independientes son todas piezas del mismo rompecabezas. Esta denuncia es la más reciente.

La denuncia pide destituir a una fiscal que investiga a Juan Rivero Lazo, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército durante la dictadura de Alberto Fujimori, condenado a 25 años en 2001 por su responsabilidad en los crímenes del Grupo Colina, el destacamento que en 1991 mató a 15 personas en Barrios Altos, entre ellas un menor de edad, y en 1992 asesinó a nueve estudiantes y un profesor desarmados de La Cantuta.

El TC ordenó su liberación modificando el cómputo de su pena pero dejó vigentes otros procesos. La fiscal investiga uno de ellos.

Rospigliosi argumenta que eso viola la Ley 32107, la misma ley que los jueces de la Corte Suprema se negaron a aplicar y por la que hoy enfrentan procesos disciplinarios en la JNJ aplicando el convencionalismo.

La secuencia es la de siempre. El TC habilita, Rospigliosi ataca, la JNJ ejecuta.

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los procedimientos disciplinarios de la JNJ generan un efecto intimidatorio sobre la independencia judicial.

Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta llevan más de treinta años esperando justicia completa. Lo mínimo que el país les debe es que quienes tienen la responsabilidad de investigar puedan hacerlo sin que nadie las persiga por ello. En ese sentido, si Keiko Fujimori realmente busca reconciliar al país, debería desistir de estas amenazas.