Haber enviado el pedido de facultades delegadas al Congreso sin haber logrado un acuerdo previo es un error que todavía no se resuelve. Ahora la oposición la tiene clavada allí donde ella tuvo a pasados gobiernos. Muestra, además, que la gente de Fuerza Popular en el Congreso no es muy eficaz que digamos.

La cosa viene de atrás. Hay la percepción de que los nombramientos de Fujimori, si acaso todos lo son, dejan mucho que desear. Un partido organizado, y FP lo es, tuvo mucho tiempo para buscar gente idónea para el momento de la esperada victoria. En cambio, el actual gabinete parece un acopio de emergencia, con gente prestada de todas partes.

En consecuencia, nadie tiene nada bueno que decir sobre la actuación del gobierno en el partidor, respecto de los temas políticamente claves del momento, El Niño y el crimen. Los viajes con gorrito no suman una iniciativa coherente. Cambiar altos mandos policiales no es una estrategia contra la corrupción en la PNP, a todo nivel.

Ahora Fujimori va a tener dos alivios publicitarios, en las visitas contrastantes de Marco Rubio y León XIV. Es poco probable que eso mejore su cifra de aprobación en las encuestas. Pues en muy poco tiempo la imagen de gobernante pobre se ha instalado en la opinión pública. Incluso sus simpatizantes reconocen que hay allí una situación defectiva.

¿Qué hacer? Mantener al actual gabinete sin cambios no lo hará mejorar. Quizás las amenazas sobre el cierre del Congreso amilanen a los parlamentarios, pero en el fondo eso debilita y aísla al Ejecutivo. Lo que Fujimori ha empezado a necesitar a gritos es un primer ministro de primera línea, y ministros que no contraten parientes.

Sin capacidad política no hay manera de acumular poder, y sin ello no hay manera de emprender reformas. Sin estas, los problemas van a seguir como están. La gente cada vez más se está preguntando: ¿gobierna como su padre o no? Y si es lo segundo, ¿como quién está gobernando?

Quizá esa es la razón más fuerte para que hoy algunos grupos políticos y sectores sociales quieran censurarlo, limitarlo o regularlo. Esto último, a través de un innecesario e inviable colegio profesional de artistas.

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No es casualidad, por ejemplo, que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) haya pasado a ser objeto de una campaña política de desprestigio. ¿El motivo? Controlar una narrativa. No se entiende cómo en un país donde los niños cada vez comprenden menos lo que leen, y donde la criminalidad se desborda, se quiera convertir en enemigo a un museo de la memoria. La función de un gobierno nacional, regional o local no es determinar qué es y qué no es arte o cultura. Su rol es brindar las condiciones para que el arte y el trabajo creativo se desarrollen en libertad, en condiciones y espacios dignos, y sin discriminación.

Pero hay algo aún más preocupante que la campaña contra el LUM, y es el concepto que tiene nuestra sociedad sobre lo artístico. Muchos aún desconocen que crear arte, disfrutar del arte y acceder al arte es un derecho. Este concepto aún se alimenta del clasismo, de los centralismos (dentro y fuera de Lima), y de una visión estrictamente institucional. Para un gran sector político y social, el arte sigue siendo un elemento decorativo, que solo cobra sentido cuando sirve para entretener o enaltecer un acto protocolar. Pero las alarmas se encienden cuando el arte no obedece, cuando tiene voz propia; cuando detrás de la vestimenta o de la música hay una persona que cuenta una historia o, peor aún, denuncia una injusticia. Que el arte no se atreva a ser político; que no se atreva a danzar la pobreza, a pintar las desigualdades, a componer coplas sobre la corrupción. Que el arte no se atreva a salir en marchas ni en protestas; y a usar recursos del Estado para diseñar exposiciones que nos permitan recordar, interpelar y cuestionarnos. El arte que no se puede controlar, ese es el arte que incomoda, pero es exactamente el arte que más necesitamos.

— Por dos razones. La primera, porque la gestión anterior no alcanzó para poner los cimientos de una municipalidad mucho más eficiente, que aproveche sus recursos y su presupuesto, cosa que no venía pasando. Y la segunda, porque muchas de las políticas que implementamos, sobre todo las sociales, han sido cortadas de cuajo y se ha dejado sin esos servicios a los vecinos, sobre todo en las zonas más vulnerables.

— ¿De qué políticas sociales habla?

-  Un ejemplo concreto: en el barrio de Malambo, que es una zona bastante olvidada y golpeada del distrito, instauramos un programa de atención a los chicos con educación y cultura los fines de semana, con un voluntariado de gente que iba a enseñarles a leer, a jugar, en fin. Eso finalmente se convirtió en un edificio que iba a albergar estas funciones de manera institucional, con guardería, sala de trabajo para que los muchachos hagan sus tareas, con internet, escritorios y sala de usos múltiples. Ese edificio se cerró el primer día de la gestión actual. La guardería se desalojó, la biblioteca se desmanteló y ahora está convertido en una oficina más.

- La actual gestión de Renovación Popular también busca la reelección. ¿Por qué el vecino barranquino debería optar por su candidatura en vez de a otros exalcaldes que también lo intentan?

Rodríguez: Ahora la Municipalidad de Barranco está dirigida por Renovación Popular, por [la alcaldesa] Vargas y por su gerente municipal, el señor Manuel Espinosa. Y los barranquinos sabemos que nuestro distrito está desordenado, descuidado, falta patrullaje, las calles están llenas de orines de perro, las discotecas y locales nocturnos no tienen ningún control. Se ha aumentado el gasto corriente de manera exorbitante, y eso no es eficiencia, eso no es lo que busca el barranquino. Por eso creo que deberíamos regresar a quien ya ha mostrado resultados. No vengo a ofrecer promesas en el aire; vengo a decir que quiero repetir las cosas buenas que hice en mi gestión y corregir lo que nos faltó hacer o en lo que nos equivocamos.

- Hay una preocupación grande por la protección de las playas. ¿Cuál es su propuesta?

- Pertenezco a un colectivo que ha venido trabajando muchos años en el rescate de los espacios públicos —la playa, los parques— como lugares de encuentro para los vecinos y de construcción de convivencia positiva. A falta de espacio en la parte alta del distrito, porque tenemos poquísimos parques, la playa es para nosotros el lugar por naturaleza de recreación de los vecinos. Existe una concesión concreta, Bordemar, que no ha cumplido las condiciones de su contrato y las ha tergiversado; por eso, en 2021 revocamos el acuerdo que aprobaba esa concesión, e iniciamos el proceso de recuperar ese terreno para convertirlo en un espacio de recreación pública, deportiva, familiar.

- Hay varias zonas de Barranco que siguen en desorden, con espacios públicos abandonados. ¿Cuál sería su primera acción para recuperarlos?

- Lo primero es lo que hicimos en la primera gestión: una limpieza general de todo. Empezamos baldeando, limpiando, sembrando los espacios de tierra, poniendo adoquines para que sean más habitables, porque los sitios de tierra no sostienen bien la siembra de flores —lo intentamos en algunos lugares y no funciona—. Tener buenos árboles bien regados, limpieza, iluminar las calles oscuras: ese es el principio para recuperar las condiciones de seguridad y de orden en el distrito. Luego, movilizar en el espacio público nuestros programas sociales: atención a niños, a personas mayores. Teníamos programas de deporte en los parques, donde cerrábamos calles para ampliar el espacio y que la gente lo pudiera usar. Son acciones inmediatas que no cuestan gran cosa pero generan mucho beneficio a los vecinos.

-Usted ya fue alcalde y coincidió con la pandemia, y algunos recuerdan positivamente la participación vecinal de entonces. ¿Garantiza recuperar esa participación en las decisiones ediles?

- Sí, claro que sí. Nosotros multiplicamos las juntas vecinales, que eran nueve, a 24. ¿Por qué? Porque la participación vecinal se tiene que dar en contextos pequeños; no podemos pensar que la gente se va a agrupar en una zona de 15 o 20 manzanas, porque no se conocen entre sí. Al hacer espacios más pequeños, de nueve manzanas, se facilita el intercambio y la coordinación entre las personas. Y garantizamos elecciones totalmente imparciales: podía ser elegido quien decidiera el vecino, y con esas personas trabajábamos. La experiencia nos demostró que, más allá de que la gente simpatizara con el alcalde, si hay un proceso de trabajo donde se acoge y se atiende el pedido del vecino, la relación fluye muy bien. Yo no necesito rodearme de una corte de seguidores para que las cosas funcionen. Eso ya se demostró en la práctica con las juntas vecinales.

— ¿Se refiere a la corte que tiene actualmente la alcaldesa?

— Le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo fui presidente de una junta vecinal, electo por mis vecinos, en 2023. En 2024 cambiaron el reglamento y establecieron que no podían ser elegidas personas que hubieran desempeñado cargos de gestión pública. El único exalcalde que había postulado a una junta vecinal era yo. Es decir, hicieron una normativa específicamente para que yo no pudiera postular, y manipularon las cosas para que se eligiera a personas allegadas a la municipalidad. Como consecuencia, la gente ha dejado de participar en las juntas vecinales: ya no son referencia para nadie, porque nadie quiere invertir su tiempo en ser comparsa de alguien. Las personas trabajan, tienen que atender a su familia y sus problemas; si le dedican tiempo a la comunidad es porque hay algo efectivo detrás, pero nadie dedica su tiempo a ser comparsa de alguien. Es algo totalmente absurdo.

- En el caso de la gestión de la actual alcaldesa, de Renovación Popular, ¿podría hablarse de un comportamiento sistemático del propio partido en cuanto a manejo de contratos y abuso de normas? ¿Qué relación tiene usted con lo que fue Libertad Popular —que no llegó a inscribirse tras las elecciones generales— y con dirigentes como Rafael Belaúnde, hoy parte del gobierno de la señora Fujimori?

- Inicié mi proceso político en un movimiento vecinal, en el que aún conservamos a varios de sus integrantes, que siguen acompañando nuestras propuestas. Cuando cambiaron las normas electorales e impidieron que los movimientos políticos locales o vecinales postulen a elecciones distritales —porque a partir de cierto momento todo debía ser a través de partidos nacionales— fui invitado a un partido nacional [aliado con Manuel Velarde], que postulaba a la alcaldía de Lima, y con ese partido gané la alcaldía. La idea era militar, porque no considero que uno deba estar saltando de partido en partido. Lamentablemente ese partido quedó disuelto y quedamos todos en el aire. Luego entramos a Somos Perú para apoyar la candidatura de una persona de la que esperábamos diera continuidad a las políticas de nuestra gestión, pero Somos Perú optó por el señor Antonio Mezarina como candidato a alcalde, y yo no tenía nada que hacer en un partido que optaba por ese tipo de figuras. Me retiré de Somos Perú. Libertad Popular fue un partido nuevo, con principios en los que muchos de nosotros creemos, y con personas que conozco y considero decentes y correctas. Por eso me inscribí en Libertad Popular.

- ¿Por eso cree que muchos se sintieron traicionados?

- Sí, entre los cuales yo también me encuentro. Porque una de las cosas que siempre planteábamos era tener una línea política clara y no entrar en procesos que no respeten la institucionalidad, como el partido que nos está gobernando. Por eso a todos nos sorprendió ver a nuestro líder, sin haber consultado con ninguna base, aparecer de pronto como acompañante de la señora Fujimori en el debate. Muchos nos enteramos por televisión. Puedo entender que el señor tenga sus propios planes personales y se respetan, pero lo correcto es renunciar al partido, pedir licencia, e ir a hacer su trabajo por su cuenta. Yo estoy en la línea de las personas desencantadas del partido, pero sigo ahí porque tengo un compromiso con mi vecino de seguir adelante. Y lo de "partido de imagen" tampoco existe, porque si no pasa la valla, este partido no participa en estas elecciones municipales.

- Hay otros candidatos que aparecen como favoritos. ¿Cómo pretende superarlo en las pocas semanas que quedan?

- Mezarina es un alcalde que todo el mundo conoce y tiene un grupo de gente que lo apoya, pero son vecinos que están mirando más su problemática personal, porque él les ofrece beneficios directos, y eso genera una expectativa en ese grupo de personas. Cuando yo entré a la municipalidad, recibí la gestión de Mezarina y había mucha gente contratada ahí. Es un poco la forma en la que muchos políticos operan: pagan favores por voto. Pero Mezzarina también tiene un rechazo muy grande en la mayoría de la población. No creo, como he visto en una encuesta, que tenga 40%; eso es imposible. Son encuestas totalmente manipuladas, incluso para posicionar al segundo partido como la alternativa "de fuerza" frente a Mezzarina. Esas encuestas no tienen fichas técnicas claras. Están para desanimar a las personas, para que digan "no quiero que gane Mezzarina, entonces el mal menor será el señor Espinosa". Y no es así: aquí las personas peligrosas para el distrito son Mezzarina, por su historial que todo el distrito conoce, y el señor Manuel Espinosa.

- De qué historial habla.

- Mezarina es quien permitió que Bordemar funcionara aun cuando había violado totalmente los términos de su contrato: le cambió el uso de deportivo a comercial, y ahí comienza el gran problema de Bordemar. También, contra viento y marea, concesionó el Estadio Unión, que ahora todos los vecinos reclaman esperando que, cuando él hable de "recuperarlo", lo devuelva como espacio municipal de alcance vecinal. Y no es así: el Estadio Unión está concesionado y va a funcionar administrado por un concesionario privado, y eso no lo dice. Es una manera de que la gente crea que va a recibir un servicio que en realidad no va a recibir así.

- ¿Qué va a hacer usted con el Estadio Unión?

- El Estadio Unión ya es producto de una mala concesión, y lamentablemente las malas decisiones tienen consecuencias: va a estar administrado por un privado durante los próximos 30 años. Esa es la realidad. Lo que corresponde al llegar es respetar el fallo judicial —cosa que la alcaldesa no está haciendo, porque ese estadio debería estar funcionando hace dos años; el fallo fue del año 2024 y no se está respetando— y negociar, en lo posible, beneficios o ventajas para que los vecinos tengan algún precio especial dentro de los términos del contrato, si es que lo permite. Nuestra intención es seguir buscando esas ventajas para que los vecinos puedan usar la infraestructura; si no se logra, hay que asumir la responsabilidad de quien hizo esa concesión en mala forma.

Por esto y muchas razones más, creo que Mezarina no merece ser elegido alcalde. Dejó la municipalidad con deudas, con personal impago, con jubilados impagos. Lo mismo pasó con la actual alcaldesa, que tenía contratos pendientes para el recojo de basura: la gestión de Mezarina dejó tres meses de recojo de basura impagos, casi 600 mil soles, y a Jessica Vargas los serenos le dejaron un cajón mortuorio en la puerta de su casa cuando se fue, porque no les había pagado sus sueldos. Es una constante. Ella tuvo la posibilidad de hacer una buena gestión y tampoco lo ha logrado: Barranco está totalmente descontrolado. Estos dos personajes constituyen un precedente nefasto para la administración municipal del distrito. No olvidemos que Barranco tiene más de 35 millones de soles en deudas generadas desde la gestión de Mezarina hacia atrás, incluyendo la de la señora Vargas. Creo que estas personas no merecen otra oportunidad. Yo no digo que mi gestión haya sido perfecta, hemos tenido errores, pero dejamos nuestras cuentas limpias y pagadas. Pregúntenle a cualquier trabajador en la calle si les debo algo: van a decir que no. Pagamos hasta el último centavo a jubilados, barredores y serenos.

- El tráfico en Barranco es un suplicio para los barranquinos, para quienes atraviesan el distrito y para los turistas y limeños que visitan sus zonas públicas. ¿Qué plantea hacer?

- El tráfico ya no es solo un problema barranquino, es un problema limeño, porque carecemos de un sistema de transporte eficiente. La gente, para tratar de ganarle tiempo al tráfico, está comprándose motos eléctricas y usando lo que sea con tal de llegar antes. El caos que vivimos es consecuencia de políticas metropolitanas y nacionales que no se están ejecutando, porque la ATU depende del Ministerio de Transportes. ¿Qué nos corresponde como distrito? Empezar por medidas paliativas de corto plazo, fáciles de aplicar, que corrijan parte del problema. Por ejemplo, hacer respetar las ordenanzas que establecen horarios para proveedores: no puede ser que a las 7 de la mañana, cuando la gente va a trabajar, haya camiones obstaculizando un carril y generando embotellamiento. Es un primer tema grave. Hay que hablar con las constructoras y generar una ordenanza de horarios de descarga y vaciado de concreto, porque eso también genera problemas en horas punta. Otro tema importante es coordinar con la Municipalidad de Lima y con la ATU, que administran los semáforos en Barranco y en toda Lima, para que se sincronicen; no entiendo por qué se siguen desincronizando cada cierto tiempo. Cuando están bien sincronizados, uno sale en verde y termina de cruzar Barranco en verde; luego, cada cierto tiempo, se desajustan de nuevo. Esas coordinaciones ayudan mucho, además de poner a nuestros fiscalizadores viales en los puntos conflictivos que ya conocemos, para agilizar el tránsito.

Una medida de mediano plazo, que ya había conversado hace uno o dos años con la dirigencia de la ATU, sería que el Metropolitano circule en un tramo por la avenida Bulevar, saliendo de su carril exclusivo y compartiendo vía con los vehículos particulares hasta el siguiente paradero, para luego regresar a su carril segregado mientras los autos siguen por las vías auxiliares. Eso permitiría descongestionar la avenida San Martín, que es la única vía que permite a la gente llegar al sur. Creo que esas medidas ayudarían a mejorar la situación, junto con el manejo del tránsito nocturno. También tenemos un par de proyectos de playas de estacionamiento en la entrada del distrito: uno debajo de lo que hoy es la Central de Seguridad Ciudadana de Serenazgo, en la esquina de Bulevar con San Martín, conservando la infraestructura de arriba —no vamos a mover el Centro de Atención al Adulto Mayor— y construyendo abajo un sótano de estacionamiento, para que los visitantes dejen el auto ahí y caminen hacia la zona comercial, en lugar de alimentar la congestión que los fines de semana es mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Son medidas que queremos implementar mientras presionamos, junto con los demás alcaldes de Lima, para que se ejecuten medidas que mejoren el sistema de transporte metropolitano. Eso es sumamente importante.

-. ¿Qué le diría a los votantes jóvenes? Muchos están desanimados, no quieren ir a votar, no creen en la política.

- La decepción es comprensible, pero la inacción hace que el problema sea cada vez más grande. Tenemos un registro de lo que hemos hecho en nuestras redes: no me crean a mí, miren las imágenes de nuestra gestión, busquen en YouTube el canal de la Municipalidad de Barranco, ahí están todas las sesiones de consejo y todo lo que hemos hecho. Miren también nuestras propuestas actuales: tenemos iniciativas orientadas específicamente a los jóvenes, desde entretenimiento y capacitación hasta bolsas de trabajo que desarrollamos en nuestra gestión para promover su desarrollo. No podemos permitirnos ser apáticos. Pregunten a sus vecinos cómo han sido las gestiones anteriores y tomen una posición de cambio, porque los ciudadanos, sobre todo los mayores, esperamos mucho de la participación de los jóvenes. Lo que está pasando ahora va a cambiar con su participación, no con su apatía.

- ¿Cómo va a garantizar esa participación vecinal?

- Lo primero que siempre digo es: miren mi desempeño, miren lo que he hecho. Si no hubiera abierto espacios, hecho conciertos, impulsado juntas vecinales independientes, recibido a los vecinos en todo momento, visitándolos, haciendo asambleas abiertas en la calle —algo que ningún otro alcalde hace—, no voy a cambiar de la noche a la mañana. Esa es mi forma de trabajo, y ya lo he demostrado. Soy una persona totalmente permeable y abierta a conversar, escuchar y resolver problemas.

Por lo anterior, las reformas más exitosas del Estado peruano partieron del mismo principio: el mérito y la evaluación como condición de ingreso y, sobre todo, permanencia. La propia experiencia peruana demostró durante 2013 y 2016 que, si ese principio se respeta, los resultados mejoran. Pero, cuando se abandona por presión política, son los ciudadanos y el futuro del país los que pagan el precio.

La presidenta Keiko Fujimori y su ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvieron —con razón— que la educación peruana se encuentra “en crisis”. Tan solo la semana pasada, el Banco Mundial presentó los niveles de retroceso en el aprendizaje en el país. Sin embargo, lo que el Ejecutivo omite es que fue precisamente el bloque político que los representa el que contribuyó a producir ese resultado. Y sobre ello hay decisiones concretas y documentadas.

Al respecto, vale recordar que en 2024, el Congreso aprobó por insistencia con 92 votos la Ley 31996, que permitió el retorno a la Carrera Pública Magisterial de aproximadamente 14,000 docentes cesados por no aprobar las evaluaciones de mérito de la Reforma Magisterial de 2012. Contó con los votos de todo el bloque de Fuerza Popular. Dicha decisión fue considerada y reportada por esta casa editorial como golpe a la calidad educativa. Ahora se ve cómo esa decisión es parte de la cosecha que los resultados educativos actuales reflejan.

La reforma que el país necesita tiene un camino que ya tiene experiencias a emular, con meritocracia docente, evaluación continua y continuidad de políticas que trasciendan los ciclos políticos. Lo que el país necesita es que las decisiones de ahora en adelante vayan en esa dirección y no se persista desde la gestión pública en agotar recursos escasos en asuntos trasnochados como la presunta ideología que el titular del sector educativo ha afirmado que desterrará.

¿No hay plata? Un actual  aumento de los ingresos fiscales responde principalmente a los altos precios de los metales como el oro y el cobre, lo cual aumenta temporalmente la recaudación  por impuesto a la renta de 3ª categoría de empresas mineras ( utilidades)  lo que explica que el déficit fiscal proyectado 2026 se reduzca de  1.3 a 1% del PBI, a pesar del aumento del gasto fundamentalmente   permanente, esto nos indicaría que al revertirse el alto  precio de los metales y con un fenómeno del Niño que afectará adversamente el PBI y la recaudación, enfrentaríamos un problema fiscal por resolver , pero recursos fiscales ya presupuestados hoy si hay, y entonces ¿Porque el Estado sigue actuando con la misma ineficiencia e ineficacia?

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Fuera del tema financiero, un problema son las limitadas capacidades de gestión. Por ejemplo, la Contraloría General de la República refiere que sobre el Fenómeno del niño. .317 municipalidades ejecutaron menos 40 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de julio de 2026 asignado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, afrontar efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.  De estas 317, 109 municipalidades han ejecutado 0 %,.  En cuanto a los gobiernos regionales 9 de estos, presentan una ejecución menor al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, y Tumbes.  A nivel del Gobierno Nacional el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú han ejecutado menos del 40 % de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068

Resolver esta falta de capacidad, es algo complejo, porque los actuales 11 Sistemas Administrativos del Estado que implican normas procesos y herramientas para gestionar recursos públicos, tienen un nivel marginal de coordinación, con lo cual, por más que se tengan políticas públicas  bien diseñadas, se encuentran con sistemas administrativos estatales desconectados entre sí, originando no solo  problemas en la ejecución de recursos desde el plano financiero, sino también  en el logro de metas económicas proyectadas. El desafío está planteado.

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Santistevan de Noriega asumió el cargo en marzo de 1996 y lo ejerció hasta el año 2000, los años de lucha contra el intento del régimen de Fujimori por perpetuarse en el poder mediante una tercera reelección inconstitucional, un defecto de fábrica del proceso electoral, como él mismo insistía en llamarlo al denunciarlo. Santistevan repetía, en sus entrevistas de aquellos años, una idea que resume bien el espíritu fundacional de la institución. La de que el ciudadano estaba por encima de la política y que los funcionarios públicos debían su legitimidad a la atención de las prioridades de los más vulnerables. Bajo su conducción la Defensoría afianzó su nombre más allá del rótulo, pues defensoría del pueblo significaba una instancia de intermediación para los ciudadanos cuando la maquinaria del Estado los olvida o, peor aún, los agrede.

Consciente de su misión, Santistevan convocó un equipo de primer nivel. Para la adjuntía en Asuntos Constitucionales llamó a Samuel Abad Yupanqui, que ocupó el cargo entre 1996 y 2005 y convirtió a la Defensoría en litigante constitucional de primer orden. Bajo su impulso se gestó, entre otras, la demanda contra el artículo 337 del Código Civil, que dejaba a la discrecionalidad judicial, conforme a la educación y las costumbres de los cónyuges, la apreciación de la sevicia y la conducta deshonrosa como causales de divorcio. El Tribunal Constitucional (Expediente 018-96-I/TC) declaró fundada la demanda y suprimió ese resabio decimonónico que hacía depender de la clase social de la víctima su protección frente al maltrato conyugal. La misma adjuntía impulsó la batalla contra la ley de levas, práctica inconstitucional que el Estado arrastraba desde el siglo XIX, arrinconada mediante sucesivos amparos hasta que la Ley del Servicio Militar de 2008 acabó con el reclutamiento forzoso de los hijos de las familias más humildes.

Tras la gestión de Santistevan hubo periodos de gestión interina, como la del Dr. Walter Albán, entre el 2000 y el 2005, que supo mantener el liderazgo e incluso fortaleció la presencia de la Defensoría a nivel nacional. Le siguió la primera mujer en ocupar el cargo, la Dra. Beatriz Merino, entre 2005 y 2011, quien resumió el sentido de la institución en una frase acuñada para el trabajo con las víctimas del conflicto armado interno, un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino. Bajo su gestión llevó a comisionados a cientos de distritos alejados para atender a las poblaciones más pobres, que ni siquiera sabían de la existencia de un defensor a quien acudir. Le siguió el Dr. Eduardo Vega, entre 2011 y 2016, bajo cuyo mandato la institución fortaleció su trabajo a favor de los grupos vulnerables y empujó la aprobación de la Ley 30470, que dotó al Estado de una política pública de búsqueda y recuperación humanitaria de las más de veinte mil personas desaparecidas entre 1980 y 2000, uno de los servicios más silenciosos y relevantes de la Defensoría.

Incluso en años de polarización política, la Defensoría siguió cumpliendo un papel relevante. La gestión de Walter Gutiérrez (2016-2022), sin el mismo despliegue a favor de los derechos de las comunidades indígenas o de los grupos vulnerables, no abandonó la línea central de la institución en la denuncia de atropellos, como ocurrió en noviembre de 2020, cuando denunció con firmeza el uso desproporcionado de la fuerza que precipitó la caída del fugaz régimen de Manuel Merino.

Treinta años de todo esto, y de mucho más, merecerían una celebración apoteósica. Pero la sesión solemne del 11 de setiembre no puede leerse sin el contraste de la última gestión, la de una Defensoría que hoy enfrenta investigaciones fiscales por presuntos favoritismos en contrataciones y ascensos, que ha llevado al Tribunal Constitucional una demanda contra la ley de extinción de dominio que el propio subsistema especializado del Poder Judicial advirtió que favorecería a las estructuras del crimen organizado, y cuyo titular tuvo que disculparse ante el Congreso después de sugerir, en una entrevista radial, que la popularidad de la presidenta aumentaría si, imitando a su padre, se animara a cerrar el Congreso. Pero el deterioro de la imagen de la Defensoría no es reciente. El año pasado, tres de los antiguos titulares de la institución, Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Revollar, se reunieron a recordar el aniversario de la Defensoría y a su primer defensor, y se preguntaron, según contó luego Revollar, qué hubiera hecho Santistevan frente a la Defensoría de hoy. Los tres coincidieron en que ya no podían seguir en silencio mientras veían desmoronarse la credibilidad de la institución a cuyo prestigio contribuyó tanto.

Fue precisamente en ese contexto, con la denuncia constitucional contra su titular todavía fresca, que la presidenta Keiko Fujimori se presentó a saludar, en la sesión solemne del pasado 11 de setiembre, la “independencia de la institución” y su aporte al fortalecimiento de la democracia. Un desatino más, han escrito algunos editorialistas ante la falta de conexión de la presidenta con lo que toda la ciudadanía observa con preocupación, un titular empeñado en caerle bien al poder que debe fiscalizar y en trabajar para intereses no siempre claros, aunque claramente alejados del pueblo al que se debe la institución.

En tal sentido, el Congreso debería negar dicha solicitud de facultades al Ejecutivo, y desarrollar, vía sus canales convencionales, una agenda legislativa para promover el empleo de calidad.

A continuación, expongo los principales aspectos sobre los cuales debería legislar el Congreso en los próximos 5 años.

Modificación de la Ley de Orgánica del BCRP

Implica incorporar metas de empleo formal en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tomando como referencia la labor de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales.

La combinación de metas de inflación y de empleo formal en la política monetaria permitirá un rol más activo del BCRP en la promoción del crecimiento económico.

Ley de reforma tributaria

Se trata de eliminar las exoneraciones tributarias ineficientes, ampliar la base de contribuyentes y permitir que quienes perciban mayores rentas y tengan grandes patrimonios contribuyan más, para ampliar la presión tributaria de 14% a 21% del PBI al 2031.

Ello permitirá acelerar la inversión pública en infraestructura productiva para reactivar la economía, mejorar la productividad y ampliar el crecimiento económico potencial; así como mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos (educación, salud, agua y saneamiento, seguridad, etc.).

Ley de presupuesto público

Es necesario dotar de mayores recursos presupuestales a los programas Trabaja Perú (Llamkasun) y Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para generar una mayor cantidad de empleos/ingresos temporales para los más vulnerables (sobre todo mujeres), a nivel urbano y rural; y mejorar la empleabilidad de los jóvenes a nivel nacional vía capacitación laboral, certificación de competencias laborales y gestión de la inserción laboral.

Al menos se deberá duplicar el presupuesto y la cantidad de beneficiarios de ambos programas en los próximos 5 años.

De otro lado, resulta impostergable dotar de los recursos económicos y humanos necesarios al Poder Judicial para atender oportunamente las demandas laborales y previsionales, en cumplimiento de la normativa procesal.

Ley de incentivos a la contratación formal de jóvenes

Implica establecer un subsidio temporal a los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, para incentivar la contratación formal y estable de jóvenes en micro y pequeñas empresas-MYPE (con énfasis en las mujeres).

El objetivo es reducir significativamente los niveles de inactividad laboral, desempleo, subempleo e informalidad de los jóvenes.

Nueva ley agraria

Para equiparar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores agrarios con los del régimen general; brindar estabilidad laboral (continua o discontinua, según corresponda); fomentar la negociación colectiva (sobre todo supraempresarial); y reducir progresivamente los beneficios tributarios otorgados a la agroexportación.

Permitirá que la bonanza agroexportadora beneficie también a los trabajadores vía mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales.

Modificación de la ley general de inspección del trabajo

Para fortalecer la inspección laboral. Se trata de otorgar más competencias (como la facultad de incorporar directamente en planilla a los trabajadores encontrados fuera de ella y declarar como estables a aquellos con contratos temporales desnaturalizados) y duplicar el presupuesto (para duplicar el personal que integra el proceso inspectivo) a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), con el fin que pueda ampliar su cobertura y mejorar su efectividad.

Nueva ley MYPE

Es necesario sustituir los actuales regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa por un solo régimen promocional de acogimiento temporal, acotado a empresas que realmente lo necesiten, que no afecte derechos laborales fundamentales y esté sujeto a evaluación constante.

Ley general de trabajo

Urge una reforma laboral integral que promueva el empleo formal, estable, productivo y bien remunerado.

Implica limitar la contratación temporal (sus modalidades y plazos) y tercerización laboral con destaque de personal (con topes a su uso). Además, vincular el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado; fomentar la sindicalización y negociación colectiva (sobre todo a nivel supraempresarial); precisar la regulación aplicable a los trabajadores de aplicaciones; entre otros.

Nueva ley del sistema de pensiones

Se requiere una reforma integral de la seguridad social que implemente un sistema previsional con componentes complementarios: pensiones no contributivas (para población vulnerable) y pensiones generadas a través del reparto y la capitalización colectiva con aporte y gestión tripartitos (de trabajadores dependientes e independientes, empleadores y Estado), complementadas por la capitalización individual (con mayor competencia y comisiones en función de la rentabilidad generada, principalmente).

Ello contribuirá al acceso a pensiones dignas para todos los trabajadores al llegar a la edad de jubilación.

Modificación de la ley de EsSalud

Reestructuración del Seguro Social de Salud (EsSalud). Conlleva implementar una dirección más transparente y democrática (implica, entre otros, que la presidencia ejecutiva rote entre los sectores que integran el Consejo Directivo de EsSalud); nivelar a 9% la tasa de aporte en todos los sectores económicos; uniformizar la base contributiva; y facilitar el cobro de los aportes adeudados.

Ley de seguro de desempleo

Se trata de implementar un seguro de desempleo para los trabajadores asalariados formales, en el marco del cumplimiento de la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificada por el Estado peruano.

Modificaciones a la ley del servicio civil

Relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la SUNAFIL (para todos los regímenes laborales); etc.

Permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

En julio de 2025, Brasil y China suscribieron un memorándum para estudiar un corredor ferroviario que conectaría la red brasileña con el puerto peruano de Chancay. La noticia fue presentada como un avance estratégico para Sudamérica: Brasil obtendría una salida más directa al Pacífico y China consolidaría a Chancay como gran plataforma hacia Asia. Sin embargo, hubo una paradoja evidente: el Perú, país por cuyo territorio tendría que pasar el tren y donde se ubica el puerto de destino, no apareció como parte formal del acuerdo.

 La explicación formal es que el memorándum fue diseñado como un estudio preliminar sobre la red brasileña y su eventual conexión internacional. Brasil busca evaluar cómo articular sus ferrocarriles de Integración Oeste-Este (FIOL), Centro-Oeste (FICO) y Norte-Sur con una salida al Pacífico. China, por su parte, quiere medir la viabilidad técnica, económica, logística y ambiental de un corredor capaz de alimentar Chancay con carga brasileña. Desde esa óptica, Brasil y China quisieron ordenar primero su propio mapa: producción brasileña, inversión china, infraestructura existente y futura demanda de carga.

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Pero esa explicación no resuelve el problema político. Ningún corredor hacia Chancay puede materializarse sin el Perú. No se puede cruzar la Amazonía y los Andes peruanos, definir trazados, imponer servidumbres, evaluar impactos ambientales, afectar comunidades, conectar ciudades y llegar a un puerto peruano sin que el Estado peruano participe desde el diseño. Si el Perú llega tarde a la mesa, otros habrán definido antes la lógica del proyecto: qué carga se prioriza, qué ruta se estudia, qué regiones se conectan y quién captura la renta logística.

 La ausencia peruana importa porque este proyecto no es solo ferroviario. Es una decisión territorial. Una ruta centro aislada, pensada únicamente para llevar carga brasileña hasta Chancay, puede convertir al Perú en un simple país de tránsito. El riesgo es repetir un patrón conocido: grandes inversiones que miran hacia fuera, pero que no integran el país hacia dentro. El tren podría atravesar el territorio peruano sin crear una red de ciudades intermedias, parques industriales, zonas económicas regionales, valor agregado, empleo técnico ni encadenamientos productivos.

 Por eso, el Perú no debe reaccionar con rechazo automático ni con entusiasmo ingenuo. Debe responder con una posición estratégica. Primero, exigir su incorporación formal a todo estudio que involucre trazados, demanda, costos, financiamiento, impacto ambiental o conexión con Chancay. Segundo, solicitar acceso completo al memorándum, al cronograma de entregables, a la metodología y a los supuestos de carga. Tercero, dejar claro que ningún estudio será válido para el tramo peruano si no incorpora alternativas de desarrollo nacional.

 La condición peruana debe ser simple: no aceptar una ruta, exigir una red. Si Brasil y China quieren usar el territorio peruano para llegar al Pacífico, deben ayudar a financiar una Red Bioceánica Peruana. Eso significa que la eventual ruta centro hacia Chancay debe conectarse también con un ramal al norte y el oriente peruano: Pucallpa, Tarapoto, Bagua, Olmos, Piura y Bayóvar, o, alternativamente, con otra hipotética ruta ferroviaria al sur que incluya Madre de Dios, Cuzco, Puno y Arequipa o la carretera interoceánica sur. Debe incluir puertos secos, parques industriales, nuevos centros poblados, centros logísticos, energía, fibra óptica, aduanas interiores, capacitación técnica y zonas de transformación. El objetivo no puede ser que la soja, el maíz o los minerales brasileños pasen por el Perú; el objetivo debe ser que el Perú produzca, procese, exporte y se integre mejor con Brasil y con Asia.

 El Perú tiene poder negociador porque el tramo crítico está en su territorio. Debe usarlo con inteligencia, no para bloquear, sino para elevar la calidad del proyecto. Brasil busca competitividad. China busca volumen para Chancay. El Perú debe buscar desarrollo territorial. Eso implica negociar financiamiento chino-brasileño para los ramales peruanos, reglas de acceso abierto, participación de proveedores nacionales, protección ambiental, datos logísticos compartidos y compromisos de valor agregado en territorio peruano.

 El memorándum Brasil-China es una señal de advertencia y una oportunidad. Advierte que otros ya están pensando el territorio peruano desde sus intereses. Pero también abre la posibilidad de que el Perú recupere iniciativa y proponga una visión propia. El tren bioceánico no debe ser diseñado para cruzar el Perú. Debe ser diseñado para construir el Perú.

 El discurso de 28 de julio de la presidenta mencionó el fortalecimiento del Perú con los países de la Comunidad Andina, pero se olvidó del Brasil, el país vecino que potencialmente más puede contribuir al desarrollo del Perú.

Somos un país donde ocho millones de peruanos no han culminado la secundaria y siete de cada diez trabajadores son informales. PISA 2025 revela que seis de cada diez estudiantes peruanos de 15 años no logran una comprensión lectora básica y la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2025 ya había advertido que apenas uno de cada diez adolescentes culmina la secundaria con un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Es evidente que no estamos solo ante una crisis de aprendizajes, sino ante una pobreza educativa que desborda la escuela. Ese es el enorme reto que enfrenta hoy la política pública.

Entonces, más que discutir posiciones en un ranking, debemos mirar lo esencial: los adolescentes peruanos siguen sin alcanzar las competencias básicas que necesitan para aprender, trabajar, participar en democracia y construir su propio proyecto de vida.

¿Por qué es tan importante comprender lo que se lee?

Comprender lo que se lee es la base para seguir aprendiendo, desarrollar un pensamiento crítico, ejercer plenamente la ciudadanía y acceder a mejores oportunidades. También es indispensable para elevar la productividad y construir el desarrollo que el país necesita. ¿Cómo enfrentaremos los desafíos del futuro si condenamos a generaciones enteras al analfabetismo funcional?

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El Perú posee una enorme riqueza agrícola, minera, ganadera, cultural y turística. Pero no podremos convertir ese potencial en bienestar si nuestros jóvenes culminan la educación básica sin comprender adecuadamente un texto, contrastar información o construir una opinión propia. PISA será útil si nos obliga a reflexionar sobre el propósito mismo de la educación y sobre la ciudadanía que estamos formando.

¿Qué nos dice la experiencia?

Debemos evitar las respuestas simplistas. Este problema no tiene una sola causa ni se resolverá únicamente ofreciendo más capacitaciones a los docentes o distribuyendo nuevos materiales. Las evaluaciones nacionales e internacionales vienen mostrando dificultades persistentes. No podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.

La falta de comprensión lectora expresa un problema integral de nuestro sistema educativo y, por ello, requiere respuestas integrales, diversificadas y contextualizadas.

Aprender exige condiciones básicas. Un estudiante con hambre, miedo, problemas emocionales o que vive situaciones de violencia no aprende en igualdad de condiciones. Por eso, la alimentación, la salud mental, el bienestar y la convivencia escolar deben formar parte de cualquier estrategia seria para recuperar los aprendizajes.

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También necesitamos escuelas con autonomía real para responder a las características de sus estudiantes y de su territorio. Las regiones del Perú enfrentan realidades distintas y no pueden recibir exactamente la misma respuesta. Se requieren estrategias diferenciadas, metas claras, recursos suficientes y capacidad de decisión en cada comunidad educativa.

En ese esfuerzo, debemos confiar y respaldar a nuestros maestros. No podemos reducir su trabajo al cumplimiento de formatos, disposiciones y controles administrativos. Necesitamos docentes empoderados, capaces de desplegar su conocimiento, su autonomía y su juicio profesional. El Estado debe acompañarlos, brindarles herramientas y generar las condiciones para que puedan enseñar, innovar y tomar decisiones frente a las necesidades concretas de sus estudiantes.

Las familias también tienen una responsabilidad insustituible. Son el primer espacio de formación, diálogo y acercamiento a la lectura. La escuela no puede enfrentar sola una situación de esta magnitud.

Después de la pandemia, en medio de una profunda crisis política y una constante rotación de ministros y autoridades, el aprendizaje dejó de ocupar el centro de la preocupación estatal, salvo en experiencias locales de mejora de los aprendizajes.

PISA 2025 debe servir para marcar un punto de quiebre. La comprensión lectora tiene que convertirse en un reto nacional que movilice al país. Necesitamos una alianza renovada entre docentes, familias, comunidades, empresas, universidades, gobiernos regionales y el Estado nacional. Necesitamos recuperar la continuidad de las políticas, evaluar con transparencia y asumir responsabilidades por los resultados.

Estamos viviendo un cambio de época. Las viejas respuestas ya no son suficientes. Es momento de escuchar a las escuelas, confiar en los maestros y colocar verdaderamente los aprendizajes en el centro de la acción pública.

Una meta nacional para 2030

Ya existe una iniciativa ciudadana que busca colocar este desafío en el centro de la agenda pública. El movimiento Leer No Basta propone articular esfuerzos de distintos sectores para que la comprensión lectora sea una verdadera prioridad nacional. Su meta es clara y movilizadora: que al 2030 siete de cada diez estudiantes de primaria alcancen niveles satisfactorios de comprensión lectora.

El país debería asumir esa meta como un compromiso nacional.

Necesitamos que nuestros estudiantes comprendan lo que leen para ejercer ciudadanía, construir oportunidades y transformar el Perú.

El problema está en cómo se aprueban esos beneficios. Cuando llegan a conocimiento público gracias a una investigación periodística y los propios congresistas dicen que los desconocen, algo en el diseño del sistema está mal. Se trata de un subsidio de hasta S/62,400 por el fallecimiento de un familiar directo, aprobado por un acuerdo de mesa directiva en 2009, que nunca pasó por debate en el Pleno.

El dato que más llama la atención es que los congresistas ya cuentan con un seguro privado de S/14,000 para gastos fúnebres, contratado por el propio Congreso. El subsidio es un pago adicional encima de esa cobertura.

Entre 2021 y 2026, 13 parlamentarios lo cobraron, con un desembolso total de S/655,200 del presupuesto del Parlamento. Y los beneficiarios han sido de varios partidos entre ellos, Fuerza Popular, actualmente con representación parlamentaria.

La senadora fujimorista Patricia Juárez dijo que son acuerdos de mesa que los propios congresistas desconocen. Esa respuesta dice más de lo que pretende. Si los parlamentarios desconocen los beneficios que cobran, el Pleno debe asumir el control de esas decisiones. Es tan simple como eso.

Y conviene poner esto en contexto. El Fenómeno El Niño avanza con pronóstico de magnitud extraordinaria. El sistema de salud llega a esa emergencia con los mismos problemas estructurales de antes de la pandemia. Pensión 65 sigue esperando el aumento prometido el 28 de julio. La PNP opera con el 40% de su parque automotor inoperativo. En ese sentido, cada sol que se destina a un beneficio que duplica una cobertura ya existente es un sol que el Estado deja de invertir en quienes más lo necesitan.

La Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad de hacer algo concreto desde ya. Que todos los beneficios económicos de los parlamentarios sean aprobados por el Pleno en sesión pública. Y que los acuerdos de mesa directiva con impacto presupuestal sean sometidos a revisión.