En el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los principales actores de la política mundial han explicitado sus respectivas visiones sobre la naturaleza, las contradicciones y las tendencias del sistema internacional en transformación. Sus discursos permiten identificar no solamente distintas interpretaciones de la realidad mundial, sino también las concepciones del poder y del orden internacional que orientan sus políticas exteriores.

El sistema internacional actual presenta una marcada asimetría de poder. Estados Unidos continúa siendo la única potencia con capacidad verdaderamente global, mientras China es el poder emergente que desarrolla progresivamente los atributos que podrían permitirle disputar esa condición. Rusia detenta un poder estratégico-militar, especialmente nuclear, pero sin una base económica y tecnológica equivalente; Europa posee considerable poder económico y normativo, pero carece de unidad estratégica y se encuentra atrapada en el laberinto de Dédalo de la guerra en Ucrania, donde ninguna salida parece serle favorable. Y escala peligrosamente en su discurso las rivalidades con Rusia.

Estos posicionamientos se reflejaron en el debate de la última Asamblea General, que expresó una coincidencia fundamental y, al mismo tiempo, una profunda contradicción. Entre las potencias hay un consenso en torno a que el orden internacional de la posguerra atraviesa una transformación estructural, pero discrepan radicalmente sobre su estructura y qué debe sustituirlo.

Trump, en su discurso, volvió a colocar a Estados Unidos como el centro del poder mundial y única superpotencia capaz de reordenar el sistema internacional en función de sus intereses nacionales. La integración del resto de los Estados en esta estructura de poder emergente la considera al margen de las normas y principios del derecho internacional. La idea es que los otros Estados se inserten en el nuevo orden en función de sus propias cuotas de poder y de las correlaciones de fuerzas con el poder hegemónico. Por ello asume una política de statu quo respecto de Taiwán —correlación de fuerzas equilibrada con China— y reivindica una “soberanía hemisférica” en América Latina —correlación de fuerzas asimétrica con determinados países de la región que se asocian a sus objetivos de política exterior.

China, consciente de su progresiva emergencia como segundo polo global del poder mundial, concibe la coyuntura y el corto y mediano plazo como etapas subordinadas a una perspectiva de largo plazo, en la que sitúa la realización de sus intereses económicos y estratégicos. El vicepresidente Han Zheng expresó en la Asamblea General esta particular visión del tablero de ajedrez mundial. Una estrategia orientada a preservar el orden internacional surgido del fin de la Guerra Fría, basado en el respeto al derecho internacional y regulado institucionalmente por las Naciones Unidas.

En lo inmediato, demandó evitar la erosión del multilateralismo, promover una reforma prudente de las Naciones Unidas, combatir el proteccionismo, «que no arroja ganadores», salvaguardar un sistema comercial multilateral basado en normas y articulado en torno a la OMC, eliminar las barreras arancelarias y las medidas que interrumpen y trastocan las cadenas internacionales de suministro, respetar el principio de una sola China y reconocer el derecho de cada país a elegir libremente su propio sistema político y social.

Todos estos elementos y su apertura al Sur Global como un factor sustantivo del proyecto multilateralista constituyen los escenarios más favorables a su crecimiento económico y posicionamiento estratégico.

Rusia, que mantiene una paridad nuclear estratégica con Estados Unidos y posee un reconocido poder regional, reiteró, en la figura del canciller Serguéi Lavrov, su visión del fin de la hegemonía occidental y el advenimiento de un orden multipolar. Lavrov propugnó una nueva arquitectura de seguridad euroasiática, cuestionó la expansión de la OTAN y atribuyó a Europa occidental la responsabilidad por la prolongación de la guerra en Ucrania. Reivindicó, asimismo, la soberanía de los Estados, la no injerencia y el reconocimiento recíproco de los intereses de seguridad de las grandes potencias.

La aspiración rusa al reconocimiento de su posición en la estructura del poder mundial constituye un elemento central de sus relaciones con Washington y encuentra correspondencia en el enfoque de la administración Trump hacia Moscú. El acuerdo anunciado el 9 de octubre, por el cual Rusia suministrará inicialmente más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacional y se flexibilizarán las sanciones impuestas por EE. UU., constituye una expresión del realismo con que administran sus intereses. Sus implicaciones para la guerra en Ucrania son evidentes.

Más allá de las distintas percepciones y caracterizaciones del sistema internacional —unipolarismo fragmentado, declive de la hegemonía estadounidense, emergencia de la multipolaridad o preservación del orden internacional de posguerra—, existen evidencias empíricas que permiten identificar algunas tendencias estructurales.

El orden surgido del fin de la Guerra Fría ha agotado sus fundamentos políticos e institucionales; el sistema internacional atraviesa una transición histórica cuyo desenlace permanece abierto; no existen actualmente otros poderes nacionales con capacidades globales equivalentes a las de Estados Unidos que permitan transformar la multipolaridad como aspiración política en una estructura multipolar efectiva; y China constituye la única potencia emergente con posibilidades de configurar, a largo plazo, una nueva bipolaridad.

En este contexto, la contradicción central del sistema internacional se plantea entre el ejercicio del poder y la vigencia de las reglas destinadas a regularlo. Entre poder y normas.

Esta contradicción adquiere una particular relevancia para los Estados pequeños y medianos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha planteado que el orden internacional basado en reglas atraviesa una ruptura y no una simple transición, y que las potencias medias no pueden limitarse a invocar instituciones y normas cuya eficacia se encuentra crecientemente condicionada por las relaciones de poder. Su propuesta de un realismo basado en valores combina la defensa de los principios del derecho internacional con una política exterior pragmática, orientada a diversificar las relaciones económicas y estratégicas, reducir las dependencias que generan vulnerabilidad y construir coaliciones flexibles de Estados en torno a intereses y objetivos compartidos. Se trata de fortalecer la capacidad de acción de los países que —como el Perú y los demás países latinoamericanos— carecen de poder global, mediante nuevas formas de cooperación que puedan contribuir a reconstruir una institucionalidad internacional efectiva.

En un sistema internacional en transición, sometido a las presiones de la unipolaridad fragmentada y a la creciente instrumentalización de las interdependencias económicas y estratégicas, el imperativo esencial de los Estados pequeños y medianos es preservar la autonomía de sus decisiones de política exterior y construir, ampliar y afirmar su autonomía estratégica.

De dicho total, como figura en el gráfico, el 41% (741 mil) forma parte de las carreras especiales (integradas principalmente por profesores, profesionales de la salud, policías y militares); el 20% (368 mil) está bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS); el 15% (274 mil) corresponde al régimen de la carrera administrativa regulada por el D. Leg. 276; el 13% (227 mil) son locadores de servicios (supuestos consultores o terceros); el 11% (205 mil) está sujeto al régimen privado regulado por el D. Leg. N.º 728; y el 0,2% (4 mil) se encuentra bajo el régimen del servicio civil (Ley 30057).

Como se desprende de lo señalado, conviven distintos regímenes de contratación en el Estado, con diversas reglas y beneficios laborales, lo cual complica notablemente la gestión de los recursos humanos y divide a los trabajadores.

Aunque parezca increíble, hay cerca de un 13% de informalidad laboral en el sector público (cifra superior al 8% registrado en la gran empresa privada), constituida por trabajadores que son contratados como locadores de servicios, a pesar de que en la práctica realizan labores subordinadas y, por tanto, deberían estar declarados en planilla bajo el régimen laboral que les corresponda.

La referida tasa de informalidad laboral en el Estado ha crecido cerca de 5 puntos porcentuales en los últimos 13 años, lo cual resulta especialmente preocupante, al ser el Estado el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el sector privado y, por tanto, debería ser ejemplo.

Por otro lado, la tasa de afiliación sindical estatal se ha incrementado en 8 puntos porcentuales desde la restauración de la negociación colectiva de materias económicas y el establecimiento de la estabilidad laboral para un grupo significativo de CAS en 2021 (lo cual es una excelente noticia). Actualmente, asciende al 23% y alcanza a 364 mil trabajadores, superando así largamente el escaso 5% de sindicalización (211 mil trabajadores) registrado en el sector privado formal.

A pesar de las mejoras remunerativas alcanzadas por los trabajadores vía la negociación colectiva estatal centralizada desde 2022, según información del INEI, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio en el sector público aún se encuentra cerca de un 2% por debajo del nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia generada por el COVID-19.

Contra lo que se viene señalando falazmente, lo cierto es que la remuneración promedio en el Estado es prácticamente la misma que la registrada en el sector privado formal (S/2.900), siguiendo una trayectoria convergente desde 2014.

En cuanto al costo de la planilla pública, según información del MEF, si bien se ha incrementado en términos nominales, superando los S/ 85 mil millones anuales, se ha mantenido en torno al 7% del PBI en los últimos 12 años (con excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19), lo cual indica que el referido crecimiento ha ido de la mano con el desempeño económico del país y, por tanto, no debería afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En esa misma línea, el costo de la planilla estatal se ha ubicado alrededor de la tercera parte del gasto público total desde 2016, por lo que no es verdad que haya crecido su incidencia en el presupuesto público en términos relativos.

Lo señalado hasta el momento son congruentes con la escasa dimensión del Estado peruano en comparación con lo observado en los países del mundo desarrollado e incluso en nuestros pares latinoamericanos, dada la paupérrima recaudación tributaria en relación con el PBI de nuestro país (15%), respecto al promedio registrado en los países que integran la OCDE (34%) y en la región latinoamericana (21%), lo cual limita la cobertura y calidad de los servicios y las políticas públicas.

¿Qué se debería hacer?

La problemática identificada no se soluciona reduciendo más el tamaño del Estado ni precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores, sino, principalmente, acelerando la implementación de la reforma del servicio civil (Ley 30057), para lo cual se requiere destinar los recursos públicos correspondientes.

Dicha reforma establecería un régimen meritocrático y la posibilidad de una carrera en el Estado, brindaría estabilidad a los trabajadores (vinculada a su buen desempeño), mejoraría sus condiciones laborales, permitiría acceder a mejor capacitación y simplificaría la gestión del empleo público con reglas uniformes.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) estimó un costo anual de implementación de la mencionada reforma de S/8 mil millones en lo que respecta al Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, en los últimos años, el Congreso ha preferido seguir regalándole miles de millones de soles vía recortes tributarios a empresas que no los necesitan, como es el caso de las grandes agroexportadoras, con la anuencia del Poder Ejecutivo.

Debido a esa falta de voluntad política, apenas algo más de 4 mil trabajadores públicos han transitado al nuevo régimen del servicio civil desde su creación en 2013, siendo este un resultado paupérrimo y lamentable.

En la línea de lo señalado, es necesario un relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; actualizando las escalas remunerativas; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del MEF para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; e incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para todos los regímenes laborales, entre otras medidas.

Ello permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

Por otro lado, para mantener el orden en la gestión de las remuneraciones en el sector público, resulta fundamental que las mejoras salariales se realicen exclusivamente a través de la negociación colectiva, en el marco de la capacidad financiera del Estado peruano.

El Congreso debe abstenerse de aprobar incrementos remunerativos que no hayan sido acordados en el marco de los procesos de negociación colectiva estatal.

Nuestro país necesita más y mejor Estado, que busque el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.

El blanco de estas nuevas tácticas de Vladimir Putin es la OTAN. Al inicio se las consideraba maneras de ir calibrando la reacción europea frente a la agresión moderada, como antesala de algún eventual ataque en regla. También, una forma de poner a prueba la unidad de la UE y la OTAN frente a emergencias militares.

Pero esta hibridez también es una forma de amenaza frente a la activa simpatía de los europeos por Ucrania. La idea es disuadir a la UE de una solidaridad con Kiev que le cuesta poco. ¿Ha tenido éxito? En verdad, muy poco. Tanto así que Putin ha tenido que recurrir a la amenaza nuclear, a pesar de que Francia e Inglaterra tienen armas similares.

Pero si consideramos que la guerra híbrida incluye métodos no directamente militares, como los cibernéticos, los económicos, los políticos o la desinformación, entonces Rusia también puede considerarse un blanco de todo eso. En eso, la OTAN podría ser considerada tan agresiva como el Kremlin, y la guerra híbrida, un proceso en marcha.

Mientras tanto, EE. UU. está estrenando una nueva forma de guerra híbrida en América Latina: la lucha contra los narcos no para acabar con la droga, sino para ir dominando territorio e ir ganando terreno militar frente a otras potencias. Así, el VRAEM puede ir siendo convertido en un pequeño Vietnam a cámara lenta.

En el mundo entero, la tecnología está modificando los métodos de la guerra, pero no las intenciones de los poderosos. La acumulación de misiles en el estrecho de Ormuz no está permitiendo un desenlace militar para ningún bando. Los drones rusos sobre la UE solo están logrando la militarización de los europeos.

Pareciera que para este gobierno lo híbrido está representado por el acto de juntar policías y militares en la lucha contra el crimen organizado y violento. No parece una fórmula muy convincente, pero, en todo caso, será puesta a prueba por un tiempo. ¿Qué va a decir Bukele?

La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades al Gobierno de Keiko Fujimori por 90 días, solo en seguridad ciudadana y en la respuesta al fenómeno de El Niño. Fueron 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. El pedido original era mucho más ambicioso: 120 días y un menú de materias que iba mucho más allá de cualquier emergencia. En el camino se cayeron propuestas como tipificar a las bandas criminales como terroristas o ampliar la legítima defensa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de conceder estas facultades? ¿No hubiera sido mejor rechazar de plano el pedido, por excesivo y a la vez impreciso?

Ahora el texto pasa al Senado, y ya hay voces que sugieren que la Cámara Alta podría "rectificar" y devolverle al Ejecutivo todo lo que pidió. Y acá corresponde recordar que en el referéndum de diciembre de 2018, más del 90 % de los votos válidos rechazó volver a la bicameralidad. El Congreso la restituyó igual. Si su primera decisión de peso es convertirse en la cámara de rescate del Ejecutivo (y de desaparición de facto de la Cámara de Diputados), confirmará lo que temían nueve de cada diez votantes: que una segunda cámara solo sería una segunda ventanilla para lo mismo.

Y acá pasamos a repasar qué pasó en las últimas elecciones en Lima con el virtual primer lugar de Renovación Popular. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y se ha usado algunos vacíos en la ley para lograr exactamente lo que la Constitución quiso impedir. Se ha logrado una reelección que no tiene nada de encubierta, que es abierta, pública, notoria y está absolutamente prohibida.

En noticias más felices, en Cusco Verónika Mendoza quedó primera en la contienda por el gobierno regional con poco más del 30 % de los votos válidos. La respuesta de una parte de Lima fue el racismo: en redes sociales y en medios tradicionales subsiste el racismo contra el sur del país cada vez que el voto de las regiones no le gusta al mainstream limeño. Como si no fuera visible la situación de Lima, desordenada y peligrosa. ¿Qué bien votamos, no?

Cuando quien gana no gusta a ciertos sectores, se le discute el derecho a ganar, aunque sea una candidatura totalmente ajustada a la ley. Lo que molesta no es el porcentaje. Es quién vota. Adam Przeworski definió la democracia como un sistema en el que los partidos pierden elecciones. Parece obvio, pero no lo es. Esta visión obliga al que gana a no arrasar y al que pierde a no desaparecer. Quien gana no gana para borrar al otro. Quien pierde no pierde para callarse, sino para fiscalizar y poner límites. Pero, en nuestra (in)cultura política, el disenso se lee como desobediencia, y la desobediencia como subversión. Votar contra las facultades se tacha de intransigencia. Votar distinto en el sur se responde con insultos. Protestar se responde con el terruqueo. Pero, otra vez, una democracia no se mide solo por el día en que se cuentan los votos. Se mide en lo que pasa en medio: en cómo se usa el poder ganado y en cómo se trata a quienes perdieron.

La votación obtenida por el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro reafirma el posicionamiento en la región de una derecha populista y conservadora, con tintes autoritarios y muy cercana al Gobierno estadounidense. No obstante, referirse a un “giro a la derecha” todavía resulta difícil, pues eso dependerá de que estos gobiernos logren consolidarse en el poder. Cabe recordar que gobiernos de derecha, como el de Mauricio Macri en Argentina o el de Bolsonaro padre en Brasil, duraron solo un periodo gubernamental, dando paso nuevamente a gobiernos de izquierda.

Asimismo, Brasil confirma el tradicional péndulo latinoamericano. Luego de un gobierno de izquierda, es elegido uno de derecha y viceversa. Esta lógica también se aplica a las últimas elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. Parece ser que Brasil no quiere ser la excepción. En todo caso, si Bolsonaro gana la segunda vuelta, México y Uruguay van a quedar como los únicos abanderados del progresismo en América Latina.

Cabe señalar que este nuevo escenario supondría una región alineada con los intereses de Donald Trump. Esto no deja de ser irónico, pues mientras candidatos cercanos a Trump ganan las elecciones en diferentes países de América Latina, el intervencionismo de EE. UU. se manifiesta en toda su expresión, violentando nuestra soberanía (además de la invasión de Venezuela, resulta evidente el intervencionismo estadounidense en la reciente elección brasileña, así como en las elecciones legislativas en Argentina y en la presidencial en Honduras). A esto se suma, según el Pew Research Center, el cada vez mayor rechazo que genera el Gobierno estadounidense en nuestra región.

Las próximas dos semanas, a Lula le toca remar contra la corriente. Tiene que convencer a dos partidos de centro, que ya lo han apoyado en el pasado, para que lo apoyen nuevamente. También deberá lograr que una parte de esos 33 millones de brasileños que no fueron a votar vayan a votar por su opción. Tarea difícil cuando se está más de dos millones de votos abajo. Pero, aunque la izquierda logre remontar, no parece tener un sucesor que evite que el bolsonarismo, ya sin Lula como contendiente, llegue al poder en cuatro años.

La Academia Sueca la reconoce como una creadora de géneros literarios nuevos, a partir de su familiaridad con las letras de la antigüedad clásica occidental. La poeta acerca verso y prosa, poesía y erudición, para lo cual cruza fronteras que la llevan hacia resultados formales desconocidos y cargados de intensos sentidos.

Pero al final todo es poesía, lo cual se advierte con claridad en los dos textos recientes sobre su encuentro con el mal de Parkinson. Uno de ellos titulado “Cuidado con el hombre cuya letra se mece como una caña al viento”. En efecto, Carson reconoció su mal en la manera como empezó a afectar su caligrafía, y lo contó.

Hace pocas semanas la poeta demostró su capacidad para cruzar fronteras con un ensayo periodístico en The London Review of Books titulado “On Rosalía”. El País lo traduce y recoge la frase “Tengo resaca de Rosalía”, la cantante y compositora española. Pero la parte con más peso en su obra es el territorio grecolatino.

Lo que la Academia Sueca llama un “diálogo lúdico con la antigüedad clásica” nos parece más bien el reclutamiento de ese mundo para una modernidad trágica en lo personal, un proceso que es todo profundidad. En otras palabras, Carson no cree mucho en la antigüedad intrínseca de lo clásico; más le interesa su atemporalidad.

Un buen texto para contactarse con la obra de Carson, y que es posible encontrar completo en Internet, es “Albertine”, lo que ella llama una “rutina de ejercicios poéticos” en 59 párrafos. Es la aproximación a uno de los personajes centrales en la novela de Marcel Proust, y una sorprendente fusión de géneros.

Es notable el parecido de partes de la obra de Carson con el tono y el estilo de la coreana Han Kang (La clase de griego, prosa, y Guardé el anochecer en un cajón, poemas), Premio Nobel 2024.

En nuestro país, no se vive, sino que se sobrevive, y ello implica una diferencia profunda. Vivir implica disfrutar, proyectarse, tener esperanza y libertad. Sobrevivir implica, simplemente, resistir ante circunstancias que amenazan constantemente la vida y la dignidad. No se debe buscar que las personas estén jurídicamente vivas, sino que tengan las condiciones sociales que les permitan vivir realmente.

Bajo una sensación de cansancio histórico, algunos dirán: ¿cuándo en el Perú se pudo vivir? La mayoría de peruanos somos sobrevivientes históricos. Contemporáneamente, hemos sobrevivido a la hiperinflación del primer gobierno de García, al terrorismo y, ahora, tenemos que hacer frente a la criminalidad y a los pasivos del desorden ambiental que genera la minería ilegal.

Nuestro país está enfermo, sigue enfermo; adolece de muchos problemas, como la inestabilidad política, la debilidad institucional, una permanente corrupción, el aumento de la criminalidad, la desigualdad y la informalidad económica, a lo que se agregan los conflictos socioambientales vinculados a la minería ilegal e informal, la trata de personas, la tala ilegal, la afectación de los territorios de las comunidades en la Amazonía, el pasivo ambiental acumulado en muchas partes de nuestro territorio, etc. Todo ello afecta nuestro bienestar. Sin embargo, me pregunto si quienes ejercen el gobierno tendrán un real compromiso por gestionar estas enfermedades.

Frente a este abanico de males, se ofertó una serie de soluciones en estas últimas elecciones generales. Sin embargo, nada ha cambiado: seguimos con el mismo libreto, con los mismos políticos y funcionarios de siempre.

Ya no se vive, sino se sobrevive

En estos últimos tiempos se ha incrementado la inseguridad ciudadana y la criminalidad. El sicariato y la extorsión, que buscan el cobro de cupos locales (a pequeños y grandes negocios), junto con la corrupción, son la mayor preocupación de la ciudadanía.

El analista de datos Juan Carbajal ha alertado que las denuncias por secuestro apuntan a superar los 5.000 casos en 2026. Es la cifra más alta registrada desde 2020, con un promedio de 14 casos diarios a nivel nacional.

¿Qué hacer frente al incremento de la criminalidad? Esa problemática ha sido materia de la oferta electoral en las recientes elecciones generales. El fujimorismo, grupo político ganador, ha puesto énfasis en el ejercicio de la “mano dura” y ha pedido al Congreso que le delegue facultades para legislar y enfrentar la criminalidad.

La Cámara de Diputados ha otorgado esas facultades y continuará su trámite en el Senado. Eso significa que pronto veremos: a) la mano dura y el orden, comenzando por la reforma policial; b) la intervención del régimen carcelario; c) la modificación de las leyes que dificultan la investigación y el juzgamiento de la criminalidad; d) el tratamiento especializado para la delincuencia juvenil; e) la dotación de recursos materiales para la investigación del Ministerio Público; f) el control migratorio, teniendo en cuenta que la criminalidad supera fronteras territoriales; y g) un procedimiento penal sumarísimo, pero con garantías mínimas, etc.

Las facultades para legislar que solicitó el Ejecutivo se han concedido, en este primer tramo, por la Cámara de Diputados. Pronto, el partido de gobierno tendrá todo en sus manos; veremos cómo gestiona los recursos del Estado para controlar la criminalidad, a partir del marco jurídico que el Ejecutivo elaborará.

Hay que recordar que una democracia no solo debe permitir votar, sino evitar que el ciudadano tenga que escoger entre libertad y seguridad, esto es, entre vivir y sobrevivir.

¡Memoria que lastima!

La palabra sobreviviendo representa también a una parte de la sociedad que continúa marcada por las heridas de su pasado político.

Por un lado, existe un sector de ciudadanos que puede interpretar al fujimorismo como una forma de “sobrevivir” frente al terrorismo, la inseguridad, la crisis económica o el desorden político.

Pero existe otra memoria, completamente distinta: la de quienes recuerdan el autoritarismo, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el debilitamiento institucional.

La canción de Víctor Heredia incorpora la memoria colectiva para mostrar cómo determinados acontecimientos históricos permanecen en la conciencia de una sociedad. Recordar no siempre es un acto neutral. Hay acontecimientos históricos que continúan afectando emocional y socialmente a quienes los vivieron y a las generaciones posteriores. Por ello, hay una deuda social pendiente con las familias de los desaparecidos en la época del conflicto armado y de las personas asesinadas en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, quienes hasta hoy no encuentran justicia, por citar algunos casos.

Keiko Fujimori representa políticamente, en buena medida, la continuidad de una identidad política vinculada a su padre y, por ello, sus acciones de gobierno tendrán que definir qué memoria debe prevalecer. Unos recuerdan a Fujimori padre enfrentando al terrorismo y la crisis económica, y recuperando el orden; otros, como el líder de un gobierno autoritario, violador de derechos humanos, corrupto y que promovió el debilitamiento democrático. Sospecho que Fujimori hija escribirá su propia historia, no como una estadista, sino como la continuación de Dina Boluarte II.

Si sobrevivir implica perder la alegría, no podemos resignarnos a ser solo sobrevivientes. Hay que asumir el cambio, la posibilidad de decidir sobre nuestra propia existencia y dejar un futuro para los que vienen, como dice Víctor Heredia. Sin embargo, en el caso peruano, el futuro no es alentador: basta mirar la estadística migratoria de miles de jóvenes que abandonan nuestro país para buscar mejores posibilidades de vida y desarrollo.

No se trata de elegir entre sobrevivir al terrorismo, sobrevivir a la inseguridad, sobrevivir a la crisis económica o sobrevivir a la inestabilidad política. Se trata de vivir bajo un Estado social que funcione y que, al mismo tiempo, respete nuestros derechos. Un Estado que tenga como eje principal a la persona humana y el cumplimiento de sus deberes constitucionales, como proteger a la población de las amenazas contra su seguridad (art. 44 de la Constitución).

La canción de Víctor Heredia, “Sobreviviendo”, es una demanda ética y social al Estado y a la sociedad: no basta con preservar formalmente la vida; una sociedad democrática debe crear condiciones para que las personas puedan desarrollar una existencia digna, segura y con futuro. Por ello, quizá la frase que mejor resume toda la canción sea: “Ya no quiero ser solo un sobreviviente”.

Navi Pillay presidía el Tribunal de Rwanda en ese momento y tuvo un rol fundamental en este desarrollo, que cambió la historia de las víctimas de violencia sexual y de los derechos humanos en general. Nacida en Sudáfrica y perteneciente al grupo tamil, Navi creció en pleno apartheid y, desde sus inicios, fue defensora de los derechos humanos y de los opositores a este régimen de segregación. Su solidez jurídica y sus convicciones en la defensa de los derechos humanos la llevaron al TPIR, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Corte Internacional de Justicia, entre otras posiciones relevantes.

El Premio Nobel de la Paz que se le acaba de otorgar no solo es un reconocimiento a su trayectoria profesional, sino también un respiro en los tiempos que vivimos, en los que muchos líderes políticos desconocen la vigencia de los derechos humanos y sus compromisos internacionales, repitiendo discursos violentos y negacionistas que construyen enemigos a partir de la deshumanización de quienes se oponen y resisten.

«Me felicitan por mi coraje, pero ¿por qué se necesitaría coraje para decir la verdad?», comentó Navi al enterarse del premio, en referencia a su informe sobre el genocidio en Gaza. Con sencillez y claridad, sin gestos grandilocuentes y con la serenidad que se logra cuando se lucha por lo correcto, Navi Pillay nos recuerda que sin derechos humanos no hay paz y, sobre todo, que aún podemos tener esperanza.

En el 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó la Constitución para impedir la reelección indefinida de alcaldes y gobernadores. Se debatió y pesaron más los argumentos a favor de la reforma. En la práctica política, el fenómeno de la corrupción en los gobiernos subnacionales hacía metástasis en Áncash. Lo que buscaba el cambio era impedir el mismo vicio que explica por qué no tenemos reelección presidencial: quien está en el poder tiene el privilegio de usarlo para ganar votos. La neutralidad electoral, en el Perú, resultó un imposible de cumplir. Por eso, se permitió la reelección mediata y se prohibió la inmediata. El espíritu y el texto del artículo 194 es indubitable: "No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular sujetos a las mismas condiciones". ¿Qué es lo oscuro? ¿Qué no se entiende? Si Rafael López Aliaga renunció a la alcaldía que ganó para el periodo 2023-2026 no puede volver a ser alcalde hasta el periodo 2031-2034.

Sin embargo, la trampa llegó y se extendió por todo el país. La prohibición expresa de reelección se brincó haciendo postular al alcalde como primer regidor. Luego, haciendo renunciar al candidato a alcalde. Un JNE pusilánime ha permitido esta manifiesta violación constitucional alegando que los sujetos solo postulan a regidores y que eso no esta prohibido. En los más de 20 casos, que ganaron a nivel nacional, recibirán su credencial de regidor y el JNE, a los Poncio Pilatos, se lavará las manos. En enero, cuando se instalen todos esos concejos municipales, sin alcalde electo, deberán cubrir la vacancia con el llamado por ley. ¿Y ese quién es? El primer regidor. ¿Quién es ese en Lima? El exalcalde al que la Constitución le prohíbe la reelección inmediata.

López Aliaga, que jamás ha tenido respeto por la Constitución (cuando violas contratos y confiscas propiedad privada no hay ley que valga) tiene una lectura propia. Dice que la Constitución le prohíbe “postular” a alcalde, cosa que él no ha hecho porque postuló a regidor, pero que no le prohíbe “ser” alcalde. Daría risa, pero no es un chiste. ¿Qué parte de “no hay reelección” no se entiende? Ni directa, ni indirecta. Él no puede ser alcalde. Ni ninguno de los que están en la misma situación. Al estar impedidos, los llamados son, en el orden en que fueron elegidos, los siguientes regidores.  Supongo que la primera minoría limeña que voto por Renovación Popular se sentirá estafada, pero eso es lo que pasa cuando avalas una trampa.

Sin embargo, López Aliaga está confiado. En enero el Concejo lo designa alcalde. Las impugnaciones llegarán hasta el JNE en el verano. Por sus diatribas habituales, parece que tiene todo arreglado. Violar la Constitución, frente a todo el país lo tiene sin cuidado, como tampoco parece preocupar al JNE.

¿Fracasó la Constitución? Sus intérpretes así lo han querido. Ese derrumbe del estado de derecho no es poca cosa. La prohibida reelección presidencial (con las lecciones históricas de Leguía y Fujimori) regresará con los mismos esquemas si esta barbaridad se permite. Para no mencionar que todos los alcaldes electos hoy, usarán la misma estrategia en 4 años.

Pero no es la única derrota del estado de derecho. El bicameralismo no tiene ni tres meses de reestrenado y ya probó que su diseño no funciona. Lo aprobado por el Congreso unicameral saliente no es más que un artefacto imperfecto que no se parece en nada a ningún congreso bicameral moderno.

Lo he explicado muchas veces, desde hace meses, pero es justamente el primer proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados (la delegación de facultades) lo que permite explicar el desastre. El diseño es absurdo. 130 diputados aprueban un proyecto de ley. Se supone que lo estudian, debaten en comisiones, negocian en el pleno y finalmente una mayoría lo aprueba. En una democracia normal (no es la nuestra), el Senado, de 60 miembros, revisa la constitucionalidad del proyecto, lo transforma si quiere y luego regresa a Diputados para que con mayorías más o menos calificadas (dependiendo del sistema) se apruebe. En nuestro “original” diseño lo que aprueba Diputados es irrelevante porque no hay retorno del proyecto. Éste ya solo se aprobará en el Senado.

¿Qué han diseñado en realidad? Un congreso unicameral encubierto en un Senado que tiene un pequeño filtro. Y digo pequeño, por ser amable. En realidad, el reglamento solo señala que el Senado no puede desnaturalizar lo enviado, pero como dijo el presidente fujimorista de la Comisión de Constitución: “no sé qué es desnaturalizar”. Claro que no sabe. Está más que anunciado que van a hacer lo que les dé la gana y probablemente demostrar su poder añadiendo todo lo que se quitó. ¿Y el dictamen de Diputados? Pueden darle el uso que más les plazca, pero el basurero parece ser su destino ante la mayoría oficialista y sus aliados.

Los diputados de Buen Gobierno pidieron un compromiso político antes de votar. El fujimorismo se negó. Es evidente que ese camino, a futuro, queda cerrado. Si es así, y teniendo la actual correlación de fuerzas en diputados y Senado, la producción legislativa va a ser casi inexistente. La única forma de limitar el poder legislativo absoluto del Senado es no mandarle nada. Nada de nada. No es culpa de los actuales congresistas. Es culpa del pésimo diseño que les dejaron los anteriores. ¿Se puede reformar la Constitución? Siempre es posible, pero el proceso tardaría un par de años y, de nuevo, la actual correlación lo hace imposible.

Alcaldes prohibidos de reelegirse que se reeligen y un unicameralismo encubierto de un falso bicameralismo, son los primeros fracasos constitucionales del estrenado gobierno de Keiko Fujimori. Vacancia y cuestión de confianza son instituciones descartadas por los gruesos candados que tienen puestos. La crisis puede durar 5 años sin resolverse.

Esa perspectiva debe orientar las palabras y las decisiones de quienes gobiernan. La seguridad que rodea a una autoridad obliga a recordar a quienes carecen de ella.

Decir “que se porten bien” ante quienes han cometido crímenes graves resulta insuficiente. El asesinato, la extorsión y la violencia sexual exigen una respuesta que reconozca su brutalidad. Reducirlos a un problema de comportamiento agravia a las víctimas y a la memoria de quienes fueron asesinados. Para una familia que ha perdido a alguien, escuchar esa exhortación puede sentirse como una cachetada. La comunicación política debe informar la realidad, asumir responsabilidades y demostrar que se comprende el sufrimiento ciudadano. Las palabras construyen confianza o la destruyen, pero no reemplazan la acción.

El comerciante que paga cupos para no cerrar su negocio, el transportista que entrega dinero para circular sin que le quemen el vehículo, el vecino que calla por miedo a represalias: todos ellos sostienen una economía que el Estado no ha logrado proteger. El crimen organizado les cobra un impuesto que ninguna ley aprobó. Frente a eso, las palabras que minimicen la amenaza o exhorten buena conducta al agresor no alivian el miedo ni devuelven lo robado.

La misma exigencia alcanza a la denuncia de agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise. La investigación debe esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Calificar una agresión de “travesura” o decir que a sus autores “se les pasó la mano” desdibuja el daño y deja a la víctima en segundo plano. Los jóvenes que ejercen violencia pueden haber sufrido abandono, fallas educativas o una crianza tolerante con el abuso. Comprender esas circunstancias obliga a corregirlas, y jamás convierte la agresión en una conducta aceptable.

Crecí entre dos mundos que en mi casa eran uno solo. Mi padre, Francisco Iriarte Brenner, entendía la cultura como un asunto identitario: que se protege porque es parte de nuestra historia nacional. Mi madre, Milly Ahón Olguín, la entendía como cuerpo, ritmo, pañuelo, coqueteo y respeto. Él trabajaba la memoria desde la historia. Ella, en forma de movimiento.

Hubo un tiempo en que proteger patrimonio significaba, casi exclusivamente, proteger piedra, huacas, templos, casonas. Lo que se podía tocar y fechar era lo que el Estado sabía nombrar. Una danza no se deja encerrar. Se transmite de cuerpo a cuerpo, se transforma, se discute, y por eso es tan frágil.

Que la primera declaración de patrimonio inmaterial de la Nación haya sido la de la marinera no me parece casualidad. Y que ocurriera cuando mi padre estaba al frente del patrimonio cultural tampoco lo veo como simple coincidencia, aunque me divierte pensarlo así. Me gusta imaginar que en esa decisión hubo algo de lo que se hablaba en casa: una nación no es solo lo que hereda en piedra, sino lo que sigue haciendo en la vida misma.

Con los años, dedicado a tecnología y derechos, entendí que aquella discusión era, sin saberlo, sobre bienes comunes. La marinera lo es en el sentido más bello: nadie la inventó solo, es absolutamente mestiza, nadie la posee y, sin embargo, cada pareja que la baila la vuelve suya por tres minutos.

Mi madre sabía eso sin teoría. La marinera no es una coreografía que se ejecuta, sino un diálogo que se sostiene: pregunta, respuesta, desafío, cortejo, con una elegancia que no admite estridencias. De ella aprendí que la “marinera no se baila con los pies, sino con el corazón”. Y al verla enseñar, entendí lo que significa transmitir. Cuando dirigió la Escuela Nacional de Folklore, tomaba partido por una idea de país en la que la tradición se aprende en comunidad, con rigor y sin solemnidad vacía.

El Día de la Marinera me hace pensar en esa doble custodia. Mi padre protegía lo que mi madre encarnaba, y mi madre encarnaba lo que mi padre protegía. El papel sin el cuerpo es archivo muerto; el cuerpo sin el papel queda a merced del olvido o de la apropiación. Hacen falta ambos: reconocimiento y transmisión.

El 30 de enero de 1986, con la RS 022-86-ED, el Estado peruano declaró Patrimonio Cultural de la Nación a las formas coreográficas y musicales de la marinera, en sus diversas variedades regionales. El Ministerio de Cultura reconoce hoy aquel acto como la primera declaratoria de este tipo realizada por el Estado peruano.

Es decir: antes de que existiera la actual arquitectura institucional del Ministerio de Cultura, antes de que habláramos cotidianamente de “patrimonio cultural inmaterial”, antes de que la Convención de la UNESCO de 2003 estableciera internacionalmente un lenguaje común para proteger estas manifestaciones, el Perú ya había dado un paso fundamental.

Hoy esa tensión es más urgente. Las redes han hecho que miles de personas descubran la marinera y la imiten en clips de quince segundos. Eso me alegra. Pero me pregunto qué se pierde cuando la danza se vuelve imagen y deja de ser encuentro, y quién cuenta la historia cuando todos pueden contarla.

Por eso, cuando me preguntan qué significa este día, respondo con una imagen: mi madre con el pañuelo en la mano, a punto de empezar, y mi padre en la mesa haciendo que el Estado entienda que algo que se baila también se hereda.

Mi invitación es sencilla: bailen una marinera, con el corazón. Miren una con atención. Pregunten quién la enseñó. Y agradezcan a quienes la bailaron cuando nadie la declaraba, y a quienes firmaron el papel para que nadie pudiera decir que no importaba.

Yo lo agradezco desde la mesa donde aprendí que la memoria de un país se cuida con amor por lo que somos y quienes somos.

En materia energética, ocurre lo mismo y el Perú es un caso al respecto. Actualmente, el petróleo supera los US$ 105 por barril y la gasolina acumula un alza del 40,6 % en tan solo un año.

Todo ello se debe principalmente a factores internacionales derivados de las guerras en Oriente Medio. Sin embargo, la distancia geográfica no ha limitado su impacto en nuestro país, haciendo, por ejemplo, que el combustible que importamos nos cueste caro.

No es la primera vez que ocurre algo parecido y, si nada cambia en la visión energética del Estado en nuestro país, tampoco será la última.

Lo paradójico es que el Perú no carece de recursos propios. Tiene como gran baluarte a Camisea, uno de los mayores yacimientos de gas natural de América Latina, ubicado en las regiones de Cusco y Ayacucho. En los últimos años, el suministro ha mejorado, sobre todo en su ruta hacia el abastecimiento de Lima e incluso para su salida en forma de gas licuado hacia mercados externos.

Lo bochornoso es que las comunidades que habitan en los territorios aledaños a donde se extrae ese recurso siguen comprando el balón a precios elevados y sin tener acceso a redes domiciliarias. Y hay razones.

La masificación del gas natural hacia esas regiones lleva años en la agenda sin materializarse. A pesar de que hay propuestas concretas para atender factores temporales, el Estado sigue postergando proyectos para encaminar las inversiones y las colocaciones públicas necesarias que garanticen el acceso más eficiente y conveniente para los ciudadanos.

Sucede que dicha mujer había sido víctima de un desalojo (desahucio le dicen en España) del pequeño departamento donde había vivido desde los 17 años, en el contexto de los llamados fondos buitre, a través de los cuales miles de viviendas en todo el país son adquiridas por empresas que someten a los inquilinos a alquileres impagables y al riesgo de quedar en la calle, cuando no las destinan masivamente al turismo extranjero.

El drama se extiende a los jóvenes, para los que resulta imposible adquirir o incluso alquilar una vivienda digna, ya que la mensualidad llega a consumir el 80% o más de sus ingresos. Y, curiosamente, a este hecho se le imputa el decaimiento poblacional que sufre el país.

Las protestas se han radicalizado y, ante un país tomado por la indignación, el Gobierno envió sendos decretos al Congreso de los Diputados para socorrer a los millones de afectados, con lo cual puso a la derecha entre la espada y la pared.

Pero el derechista Partido Popular, la extrema derecha de VOX y los independentistas de JUNTS decidieron bloquearlos, tal vez porque apoyar al Gobierno los descolocaría aún más. Ante este hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha olido sangre y ha adelantado las elecciones para fines de noviembre.

Evidentemente, los hechos le han caído del cielo al oficialista PSOE, desgastado por ocho años en el poder y una cadena de acusaciones de corrupción. Pero Sánchez es un animal político de extrema habilidad que reacciona mejor con el marcador en contra.

Se avecinan, entonces, hechos en los que el siempre imprevisible comportamiento electoral de los españoles puede darnos sorpresas de enorme importancia para la aldea global.