Estamos completamente seguros de que en la Iglesia católica sopla el cambio. Sin embargo, ha habido mucho racismo en el mundo y sus consecuencias han sido devastadoras porque han generado desigualdades, injusticias y sufrimientos para millones de personas.

Leo en estos días San Martín de Porras, de José Antonio del Busto, un libro bien enterado, sapiente y, en todos los sentidos, histórico. Acabo de comentar la excelente narración Negro de Julio Arbizu. Sin embargo, a este artículo periodístico más bien lo acompañan algunas anotaciones que hice hace un tiempo sobre la mitología popular.

Comencemos por la infancia de Martín. A los ocho años de edad, ya sabía muy bien lo que significa ser un hombre color de la chancaca, pero había muchas cosas que todavía no lograba comprender.

A su madre, la pobre Ana, se le caía el alma por la dificultad de explicar a los niños, Martín y Juana, la ausencia del padre y el hecho de que ellos no pudieran ir a estudiar como los otros chicos de su edad.

¿Por qué Dios había hecho a los negros y a los blancos en vidas y funciones tan distintas? Recordemos lo que tal vez fue su primer portento. Ocurrió cuando el niño Martín fue a comprar algunos alimentos por encargo de su madre. La leyenda popular nos cuenta que se detuvo en una esquina de La Merced para escuchar a un fraile estentóreo llamado Bernardo de Portillo.

A este le decían “La trompeta de Dios”. Explicaba temas tan diversos como las diferencias raciales o sus personales dudas sobre la redondez de la Tierra.

Ese día, el pequeño Martín se olvidó del tiempo escuchándolo porque hablaba de un tema que él no podía llegar a comprender. “¿Y los negros?”, se preguntaba una y otra vez fray Bernardo, mientras se colocaba el dedo índice entre el ceño, gesto que le confería las luces de una sobrenatural inteligencia, y respondía: “¿Los negros?, ¿qué negros? No habrá negros porque, por haber sido bautizados, se despertarán blancos y resplandecientes como hijos de la luz y no de las tinieblas”.

La explicación alegraba a Martín, pero no del todo. Se preguntaba qué iba a pasar con él metido entre tanta gente blanca y resplandeciente. Tal vez no iba a poder reconocer a su madre ni a su hermanita.

Lamentablemente, la erudita charla, a la vez que la distracción y la generosidad habitual en Martín, hicieron que regresara del mercado a casa con la bolsa vacía de provisiones y sin el mango que le había prometido a su hermanita. Todo eso se lo había obsequiado a un indigente cuyos ojos, como todos los ojos de los pobres, le parecían idénticos a los ojos de Dios.

En la puerta de casa, Martín se preguntaba muchas cosas, pero la más importante era lo que diría su madre al verlo llegar con la bolsa vacía, aunque a él no le preocupaba mucho el castigo, sino el llanto de su hermanita y la posible mirada asustada de su madre, o los perdidos ojos de ambas, como seguro son los ojos de la gente más triste de este mundo.

Sin embargo, un milagro ocurrió… y aquí me quedo con el relato popular que escuché:

Martín se dijo que todo es posible cuando cierras los ojos porque hasta Dios entra en ellos sin importarle que seas negro, y sonrió, y por eso, cuando su madre abrió la puerta de casa, a él no le extrañó que le preguntara: “¿cómo has podido comprar tanto con lo que te di?”, y “mira, Juanita, qué hermoso mango te ha traído tu hermano”. Tal vez ese fue su primer milagro. Y cerró los ojos con más fuerza hasta lograr que lo que veía por dentro, o sea el color interior de sus pupilas, fuera rojo y azul y después violeta y por fin dorado.

Ah, me olvidaba… mi segundo nombre es Martín. Me lo puso mi madre en gratitud a que le había nacido, por fin, un hijo varón, aunque con el tiempo le resultara distraído y algo mentiroso o, más bien, cuentista.

El martes 15 de septiembre, un estudiante de 16 años fue presuntamente agredido sexualmente por ocho compañeros dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en el distrito de San Borja, con dos adultos presentes que dicen no haber percibido lo que ocurría.

Tras la acusación pública, los padres han señalado que la institución recibió denuncias previas sobre drogas, armas y amenazas a profesores que esperaron respuesta sin recibirla. Incluso una maestra del mismo centro educativo denunció represalias en su contra por denunciar actos violentos por parte de alumnos.

La Marina, hasta el cierre de esta edición, no emitía ningún pronunciamiento. El gobierno anunció el traslado del colegio al Minedu. El INDECOPI fiscalizó. En otras palabras, todas las instituciones llegaron después del daño. Pero esto no es exclusivo de dicho distrito capitalino.

En Condorcanqui, en la región Amazonas, entre 2024 y julio de 2026, más de 1,253 niñas y adolescentes indígenas Awajún y Wampis fueron víctimas de violencia sexual. Y la respuesta es brutal. Solo hay una psicóloga para atender a todas. Los antirretrovirales para las menores que viven con VIH producto de violaciones que sufrieron son insuficientes. Y, peor aún, a finales del año pasado, se retiraron fiscales y defensores públicos de comunidades enteras.

Ante ello, una misión de la OEA visitó la zona y concluyó que la violencia es estructural. “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia”, sostuvo la presidenta del Comuawuy, Rosemary Pioc, cuando la prensa le pidió sus impresiones del problema.

En lo que va del año, el sistema SíSeVe registra 2,059 reportes de violencia sexual en colegio. Y 173 denuncias siguen sin respuesta.

Pero el fondo del problema va más allá. Se trata de un sistema que no solo abusa sino que tolera el abuso hasta que la violencia llega a este tipo de extremos profundamente lamentables. Ese es el ciclo de violencias que como sociedad se debería romper. Y, ante esa demanda, el Estado peruano sigue llegando muy tarde.

El problema es que estos discursos construyen una infancia abstracta, homogénea, sin género, territorio ni desigualdades, imaginaria; más útil para la política que las vidas concretas de niñas, niños y adolescentes atravesadas por violencia y exclusión.

En ese terreno, la educación sexual integral, el enfoque de género y otros avances aparecen hoy como “amenazas”, precisamente porque ayudaron a nombrar aquello que durante años permaneció en la oscuridad de lo “privado” y el abandono estatal; como la violencia sexual y el castigo físico y humillante en familias, escuelas e iglesias. Más de 22% de adolescentes mujeres peruanas entre 12 y 17 años sufrió violencia sexual en el último año, y en siete de cada diez casos, el agresor era de su entorno cercano (ENARES, 2024).

Por eso, cuando quienes se presentan como defensores de la niñez enfrentan cuestionamientos por la gestión de albergues, la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual, la disputa no es solo moral. Es de influencia y legitimidad para resguardar intereses políticos, económicos e ideológicos concretos.

Las niñas y los niños necesitan un Estado que los reconozca como sujetos de derechos, no solo como objetos de control, un Estado que responda a la exclusión y desigualdad que atraviesan sus vidas con la misma urgencia con la que hoy se les invoca en el debate político.

Colabora Susana Osorio Torres, socióloga

Su régimen normativo se articula en torno a cuatro pilares: 1) los recursos genéticos marinos y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización; 2) los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las Áreas Marinas Protegidas (AMP); 3) las evaluaciones de impacto ambiental; y 4) la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina. Se trata de cuatro materias de directa relevancia para el Perú, en su condición de Estado marítimo.

Conviene precisar que el Acuerdo no regula la pesca en alta mar, la cual permanece sujeta a las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, entre ellas la Organización Regional de Ordenación Pesquera 1 del Pacífico Sur, competente respecto del jurel y la pota, y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en materia de túnidos, cuyos mandatos el propio tratado ordena no menoscabar.

El Perú suscribió el instrumento el 9 de junio de 2025, en Niza, durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. Al 26 de agosto de 2026, el Acuerdo registra 145 signatarios y 93 Estados Parte. En nuestra región lo han ratificado ya Chile, Ecuador, Brasil, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana. El expediente de perfeccionamiento interno peruano, en cambio, está pendiente de ratificación.

Es indispensable esclarecer un equívoco recurrente. La ratificación del Tratado de Alta Mar no comporta, en modo alguno, la adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En la declaración interpretativa formulada al momento de la firma, nuestro país dejó constancia de su condición de Estado no parte de dicha Convención y precisó que toda referencia a ella le será aplicable únicamente en la medida en que constituya parte del derecho internacional consuetudinario o refleje principios generales del derecho.

Antes que comprometer las posiciones peruanas en materia de dominio marítimo, la ratificación permitiría defenderlas en la interpretación y el desarrollo mismo del Acuerdo, que es donde tales posiciones quedan expuestas a lecturas expansivas.

A ello se suman intereses estratégicos de primer orden. La Cuenca del Perú, situada más allá de las 200 millas marinas, alberga nódulos polimetálicos de alto valor para la transición energética. ² Ratificar el instrumento habilitaría al país a incidir en las evaluaciones de impacto ambiental que se practiquen si la comunidad internacional avanza hacia la minería submarina, resguardando los ecosistemas oceánicos.

Del mismo modo, Chile y Panamá impulsan ya la creación de un área marina protegida en las dorsales de Salas y Gómez y Nazca, contigua al límite exterior de nuestras 200 millas. Sin ser Estado parte, el Perú tendrá posibilidades limitadas de incidir en su diseño, gobernanza y condiciones de uso.

Además, el calendario apremia. Del 11 al 22 de enero de 2027 se celebrará en Nueva York la primera Conferencia de las Partes, que adoptará las reglas de procedimiento, los órganos subsidiarios, los mecanismos financieros y de información e, incluso, la sede de la Secretaría, disputada por China, Chile y Bélgica. Esas decisiones fundacionales sentarán precedentes políticos y jurídicos duraderos.

Sin la ratificación, el Perú concurriría únicamente como observador, sin voz ni voto. Como en otras materias de nuestra conducta internacional, los principios jurídicos y las consideraciones de orden práctico apuntan aquí en una misma dirección. Corresponde remitir con prioridad al Congreso de la República el expediente respectivo, a fin de culminar la aprobación legislativa antes de la COP1.

Un país cuya identidad histórica, científica y económica está indisolublemente ligada al mar no puede permanecer ausente cuando se define el régimen jurídico de dos tercios del océano.

*Ex Canciller de la República del Perú y Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional

El temor de la humanidad ante la máquina se ha ido estableciendo en capas. La primera: su posible uso militar en manos de fuerzas enemigas. Luego fue su desarrollo de alguna forma de conciencia propia. Ahora es el temor de que esa conciencia pueda replicarse y avasallar a los humanos, en muy poco tiempo.

En 1950 Isaac Asimov publicó Yo, robot, sobre la ética entre las máquinas y las personas. La pátina benévola de R.U.R. se mantenía, pero es obvio que ya se estaba buscando la forma de que el robot no se independizara del humano ni se volcara contra él. El film Odisea espacial 2001, de Stanley Kubrick, fue elocuente y le dio al tema máquina vs. hombre dimensión masiva.

Ahora nos asomamos a esa tercera capa (la humanidad derrotada por la máquina), pero ya no en la imaginación literaria, sino en el cruce pragmático de los negocios, la geopolítica y la tecnología, empeñados en jugar con la posibilidad de una autodestrucción. La inteligencia artificial como la bomba nuclear del siglo XXI.

¿Puede serlo realmente? Depende de a quién escuche uno, y las versiones siguen muy de cerca los intereses particulares. Por lo pronto cada vez más altos funcionarios dejan las empresas de IA para desmarcarse de las peores profecías. Otros altos funcionarios, como Donald Trump, insisten en que no pasa nada.

Así, en solo 100 años el robot ha pasado de ayudar a la humanidad a amenazarla. En torno de eso hay una polémica científica y otra política. Al igual que Trump, Xi Jinping no teme las consecuencias del avance de la IA. Más bien teme que los EE. UU. le ganen en la carrera hacia el desenlace, cualquier desenlace.

En el caso atómico, el temor a la autodestrucción nos mantuvo controlados. Hasta el momento nada parecido está sucediendo con la autonomía absoluta de las máquinas, hacia la cual estaríamos avanzando a toda velocidad, concentrados en las ventajas militares y comerciales del fenómeno tecnológico.

Esta semana, Iquitos vuelve a paralizar sus actividades en señal de protesta por 72 horas con las mismas demandas: el alza del combustible, los cortes de electricidad y la minería ilegal que avanza sin control en la región. Y ante ello, la lectura más inmediata es que el gobierno firmó sin capacidad de cumplir.

Al respecto, las tres demandas principales del paro merecen leerse por separado porque cada una tiene una causa distinta y una responsabilidad estatal específica. El alza del combustible es consecuencia directa de la tensión en el Estrecho de Ormuz que ya documentamos en estas páginas.

Por otro lado, los cortes de electricidad en Iquitos tienen una causa estructural diferente. La ciudad amazónica, como la gran mayoría de ellas, sigue operando con un sistema eléctrico aislado que depende de generadores a diésel porque nunca fue conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Y la minería ilegal, que en Loreto avanza sobre ríos y comunidades sin que el estado de emergencia ni el despliegue militar hayan producido resultados concretos, es otro problema mayor para quienes habitan esos territorios. Este último, más allá de las particularidades naturales, presenta el mismo patrón que se documenta en Pataz.

Lo que une las tres demandas es un Estado que llega tarde, firma acuerdos sin presupuesto verificable y regresa a la siguiente crisis sin haber resuelto la anterior. En ese sentido, el centralismo sigue siendo la causa más profunda.

Sin embargo, esa brecha se ensancha más cuando los compromisos no se cumplen ya que genera falsas expectativas en la población, valga decir, seriamente afectada en su supervivencia diaria por las demandas que presentan en esta acción última a la que dicen recurrir.

La Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) es transformadora e incluye a la EBA, pero va más allá de ella. Señalemos algunas urgentes líneas de trabajo hasta el 2031, sobre la EPJA:

· Alfabetización. Tenemos 1218857 analfabetos. Hay que reducir esta realidad por lo menos en un 50%, principalmente entre mujeres, de los departamentos de Huánuco, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Áncash.

· Educación Básica incompleta en 7850000 peruanas/os. Los CEBA atienden con muy baja calidad al 2.6% de esta potencial demanda. En este quinquenio deberíamos atender a un 10%, conjugando o unificando el trabajo de CEBAs, CETPROs y Educación Comunitaria;

· El Congreso debería aprobar una Ley creando la EPJA, asumiendo lo de la EBA-ETP-EC, pero añadiendo otras disposiciones como las siguientes: toda institución laboral (pública o privada) debe actualizar a sus trabajadores; los Gobiernos Locales deben promover y organizar la formación de los trabajadores de mercados e informales de su ámbito (ambulantes, mototaxistas, madres de comedores populares y otros), atendiendo también a personas de la tercera edad; las UGEL deben articular y organizar territorialmente los servicios de educación para jóvenes y adultos, como lo sugiere un reciente estudio de la Universidad Ruiz de Montoya.

La calidad educativa conlleva rendimientos + pertinencia. El joven o adulto que estudia o participa en un evento busca que lo aprendido le sirva para su vida personal o colectiva y así cambie su vida personal, familiar y social en general. Si no existe esta pertinencia, se genera un desinterés estructural. Por ello, es connatural a la EPJA el ser transformadora.

Colabora Sigfredo Chiroque-Instituto de Pedagogía Popular IPP

No estamos haciendo una acusación genérica, pero sí tratando de hacer notar lo dinámico y recursero que es el modelo de negocios del crimen organizado. Las enseñanzas del ingenioso narcotráfico internacional están presentes en las sombrías extorsiones que abruman a nuestros comerciantes. Algo que comienza por la infiltración en la política.

El cantante de marras organizaba las cobranzas desde su trabajo en el escenario, movía el dinero de la banda mediante sucesivos intermediarios bancarios, mantenía el contacto con el jefe de la banda, que todavía vive muy cómodo en España. Era, pues, el hombre orquesta de los delincuentes. ¿Existen casos parecidos en el gremio del transporte?

Quizás el caso de los Malditos del Sur ayude a entender los ya numerosos casos de atentados contra músicos de algunos otros conjuntos. Serían personas que se han negado a traicionar a sus colegas, sus empleadores o su público. Son un blanco perfecto para los psicópatas de las bandas criminales.

Al comienzo hemos dicho “hampones de los dos lados del mostrador”. Quizás hemos debido decir tres, pues la corrupción policial es un evidente protagonista del desborde criminal que se está viviendo. En la reciente masacre están vinculados a la policía los uniformes usados para el atraco, las camionetas y varios personajes.

Si los asaltantes se disfrazan de policías, entonces no tiene tanto sentido que las unidades de transporte sean blindadas, como proponen algunos. Pues los criminales están cada día más infiltrados dentro de los propios negocios. Los libros de contabilidad van camino de volverse secretos, bajo pena de muerte.

El sujeto que servía a una banda criminal desde su conjunto musical le debe al público una explicación de cómo llegó a esa condición de traidor. ¿Fue presionado y cedió por miedo? ¿Fue un simple caso de ambición económica? ¿Le gustó más cobrar cupos que pagarlos? En cualquier caso, es un episodio lamentable. ¿Irá preso? ¿Saldrá libre? ¿Lo asesinarán para taparle la boca?

El JNE incluyó a Rafael López Aliaga en la lista oficial de participantes del debate municipal de Lima del 21 de septiembre como candidato a la alcaldía de la ciudad. El problema jurídico es doble. Si es candidato a primer regidor, como figura en la lista de Renovación Popular, no tiene sustento legal para debatir como postulante a alcalde porque jurídicamente no lo es. Y si fuera candidato a alcalde, el artículo 194 de la Constitución se lo prohíbe por ser reelección inmediata.

Hasta el cierre de esta edición, López Aliaga todavía no ha confirmado su participación. Pero que el propio organismo electoral lo haya convocado en esa condición revela que tampoco tiene claro qué es jurídicamente este candidato.

El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el primer regidor asume la alcaldía cuando el alcalde en ejercicio es vacado, suspendido o se ausenta durante la gestión. Ese supuesto aplica para un alcalde en funciones con un impedimento sobrevenido, no para un candidato a regidor que aspira a asumir la alcaldía después de ganar unas elecciones. Son situaciones jurídicamente distintas que el JNE en la práctica parece haber equiparado sin explicación.

Lo que ocurre en Lima tiene además decenas de casos similares en todo el país donde el mismo vacío jurídico podría producir el mismo problema.

El JNE tiene la obligación de pronunciarse antes del debate sobre dos preguntas concretas. Primera, con qué sustento jurídico un candidato a primer regidor participa en un debate como candidato a alcalde. Segunda, si una lista encabezada por un ex-alcalde como primer regidor puede recibir credenciales de alcaldía si gana.

Los ciudadanos de Lima van a las urnas sin saber exactamente a quién están eligiendo para gobernarlos. Esa incertidumbre la creó el JNE y debe ser el mismo órgano el responsable de resolverla antes del debate, no después de las elecciones. Permitir que quien abusa de las normas avance impunemente puede tener serias repercusiones para el futuro político del país.