Permanece 18 años en Europa, visita Suiza y España y regresa al Perú en 1918; ya tenía 35 años. Apenas llega, practica en la Quinta Heeren como aprendiz por tres meses, en el taller de Teófilo Castillo. Ingresa en 1919 a Bellas Artes siendo alumna fundadora en una época en la que el alumnado femenino superaba al masculino. Las mujeres recibían clases en talleres separados y solo podían trabajar desnudo femenino; se veían restricciones. 

Era la época del segundo gobierno de José Pardo; el descontento popular y la carestía de la vida provocan intensas protestas. Paradójicamente, se aprueban normas protectoras para el trabajo de mujeres y menores de edad y se modifica la Constitución para permitir la libertad religiosa. También se declara oficial la jornada de ocho horas de trabajo. El 4 de julio de 1919, un golpe de Estado liderado por Augusto B. Leguía termina con el gobierno de Pardo, instaurando una nueva dictadura. Se promulga la Constitución de 1920, dándole reconocimiento legal a las comunidades indígenas. Leguía impone la Conscripción Vial (el trabajo obligatorio gratuito en las carreteras para los campesinos). En este ambiente de ebullición política, reformas y protestas, se genera en la cultura peruana un compromiso político que se manifiesta en todos los ámbitos culturales, con la participación de una nueva generación intelectual comprometida y que defiende un renovado interés por el conocimiento del país.

Codesido se une a las protestas con su trabajo, de alguna manera contestatario, enfatizando la despreciada belleza de los patrones genéticos indígenas y la importancia que se debe dar al llamado “arte popular” andino, divulgándolo y dándole mayor cobertura. Incluyendo en sus representaciones objetos artesanales producidos en distintos puntos del país (adonde viaja). Objetos percibidos por ella y sus colegas artistas como expresiones de un arte auténticamente peruano, desarrollándose una cultura visual “mestiza” patrocinada por intelectuales del momento como Sabogal, Camino Brendt, Arguedas, Teresa Carvallo, Camilo Blas, Elena Izcue y la misma Julia Codesido, entre otros.

Para estos momentos, Codesido practica en el taller de Daniel Hernández, pero su inquietud artística la lleva a solicitar su traslado al taller del profesor auxiliar José Sabogal (1922), en donde encuentra una estética más acorde con la suya. En esa época había una gran efervescencia política y José Sabogal defiende, frente a sus alumnos, la reivindicación y defensa del indígena y de la cultura andina, fundando el grupo conocido como movimiento indigenista.

Dentro de este grupo destaca José Carlos Mariátegui, quien en 1926 funda la revista Amauta, para difundir el pensamiento socialista y las ideas de vanguardia. Julia Codesido pasa rápidamente a ser colaboradora de esta revista y del movimiento que se le desprende, entrando en contacto con corrientes intelectuales contemporáneas para promocionar ese nuevo movimiento conocido ya como indigenismo.

Hacia 1935 parte a México, adonde regresa para exponer en 1960 en la galería de la Sala de Exposiciones del Palacio de Bellas Artes, presentada por David Alfaro Siqueiros. Luego es recomendada por José Clemente Orozco para una exhibición en la galería Delphic Studios en Nueva York, muestra que pasa al Museo de Arte Moderno de San Francisco, California, institución que en 1937 adquiere una de sus obras para su colección. En 1939 expone en la galería Barreiro en París, recomendada por René Hugues, conservador del Museo del Louvre, y la Municipalidad de París adquiere su obra “Indias Huancas” para la colección del Museo de Arte Moderno.

El 8 de mayo de 1979 muere una mujer sin edad. Muy moderna para su época, caminando siempre en mocasines y con una boina en la cabeza, recorriendo el Perú en buses y camiones. Siendo una de las máximas representantes de la pintura indigenista peruana.

En 1977 se le otorga el Premio Nacional de Cultura.

Ahora bien, la cooperación internacional en seguridad es legítima y necesaria. El crimen organizado transnacional opera sin fronteras y los Estados que coordinan esfuerzos tienen más herramientas para combatirlo. Esa premisa sostiene iniciativas como el Escudo de las Américas. Sin embargo, la pregunta que los episodios de esta semana obligan a hacerse a los ciudadanos es si esa cooperación, firmada entre ejecutivos, tiene fuerza suficiente para comprometer la autonomía de los poderes del Estado que no participaron en el acuerdo.

Por eso, la detención del fiscal general boliviano Roger Mariaca el 1 de octubre sin orden judicial no es poca cosa. Ocurrió dos días después de que el gobierno de Donald Trump le revocara la visa, junto a la de otros jueces y fiscales de la región, incluido un fiscal peruano y otros latinoamericanos. Pero lo que genera mayores dudas sobre la legitimidad de la operación es que Mariaca era precisamente el fiscal que investigaba a Fernando Cerimedo, asesor vinculado al presidente boliviano Rodrigo Paz, al argentino Javier Milei y al entorno más cercano de Trump en América Latina, ese mismo entorno hoy reunido bajo el Escudo de las Américas. Vale recordar que tan solo en febrero de 2026, Cerimedo recibió en Mar-a-Lago un premio como mejor consultor hispano.

En ese sentido, existe algo más que vale la pena señalar. Un presidente es un poder temporal del Ejecutivo. La soberanía del Estado le pertenece al conjunto de sus instituciones. Por lo que cuando un acuerdo de cooperación se usa para detener sin orden judicial a un administrador de justicia, lo que está en juego es la separación de poderes que sostiene cualquier democracia.

Al respecto, la presidenta del Senado de Chile advirtió que si el Escudo de las Américas tiene carácter de tratado internacional, debería haber pasado por ratificación parlamentaria. Esa pregunta debería interpelar a todos los países miembros, incluido el Perú.

Sin embargo, cuando esa representación falla, ocurren crisis políticas, caracterizadas por constantes episodios de inestabilidad institucional y que redundan en el aumento sostenido de la desconfianza en el Estado. Y lo medular es que todos esos problemas persistentes en el Perú tienen su raíz en ese mismo quiebre.

El Latinobarómetro 2025/2026 acaba de publicar que el 90 % de los peruanos no se siente representado por su Congreso. Es el porcentaje más alto de toda América Latina, catorce puntos por encima del promedio regional.

Solo el 9 % de los ciudadanos siente que el Parlamento los representa. Se trata del veredicto acumulado de una ciudadanía que lleva años observando cómo sus autoridades toman decisiones que no tienen nada que ver con sus necesidades.

Vale recordar que cuando el fujimorismo obtuvo más de 70 congresistas en 2016, millones de peruanos depositaron en esa bancada la esperanza de que alguien los escuchara. Lo que ocurrió después es lo que ese 90 % está midiendo. Lo mismo puede decirse de los parlamentarios de Perú Libre que, en lugar de representar con fidelidad a las regiones que los eligieron, prefirieron pactar con el fujimorismo para repartirse espacios de poder.

Contra quienes justifican esa infidelidad al voto soberano, es pertinente afirmar que la negociación política es legítima y los espacios de diálogo también son necesarios en una sociedad que aspira a ser democrática. Lo que resulta inaceptable es que ese diálogo sirva para traicionar a quienes pusieron a cada parlamentario en su curul.

En ese sentido, esta casa editorial recuerda que la herramienta más poderosa de una democracia reside en quien elige y no en quien es elegido. Exigir rendición de cuentas a los representantes, fiscalizar sus decisiones y castigar con el voto a quienes se dedican a disputas que no solucionan la vida de la gente es exactamente el ejercicio democrático que ese 90 % reclama. Ad portas de los comicios subnacionales, vale la pena no perder de vista ese derecho sustancial sin el que la democracia existe.