—Eso que vemos es un sueño.

—Es el Perú, señor —aclaró el hombre de mar.

—Claro, es el Perú. Una de las culturas más antiguas del mundo nos acoge. Nos reciben también los ojos brillantes de los hombres y mujeres que pelearon al lado de Simón Bolívar.

Garibaldi sabía lo que significa pelear por la libertad. Era en Europa el símbolo de la unificación de Italia y de la lucha por la independencia. En uno y otro lado de la península, había combatido al frente de los camisas rojas para lograr que Italia se liberara del dominio borbónico y para allanar el camino de la unificación.

Ahora era un exiliado. Antes de su llegada al Perú, había peleado en buena parte de la América meridional. Lo hizo por la independencia de Río Grande do Sul frente al imperio monárquico de Brasil, después por la del Uruguay y, por fin, se había enfrentado contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Se le llamaba por eso “el héroe de dos mundos”.

Al bajar en el muelle de Paita, Garibaldi se encontró con un grupo de caballeros vestidos con terno negro formal que caminaban en su busca.

Quien parecía estar a la cabeza de ellos se llamaba Manuel Francisco Herrera Castellanos. Se lo dijo después, pero al encontrarse con él, le extendió la mano de una manera que el italiano entendió francmasónica.

—Hermano, en nombre de la Logia Amistad indisoluble de Paita, le doy nuestros saludos. Los hermanos aquí presentes quieren invitarlo a una 'tenida' para mañana por la tarde.

El héroe dio la mano a los restantes caballeros. Tuvieron una breve conversación y luego todos se fueron al puerto.

En el camino, Garibaldi le dijo a Herrera que tenía entendido que allí residía doña Manuela Sáenz:

—…la gran amiga de nuestro venerable hermano Simón Bolívar. Quisiera expresarle mis saludos.

Herrera le contestó que, efectivamente, así era, aunque en esos momentos se encontraba con un problema de salud, pero que estaba seguro de que lo recibiría.

El tiempo suele ser inflexible al cobrar sus deudas, y ya Manuela las estaba pagando. Sin embargo, sus ojos conservaban locura y altivez, y eran los mismos acerca de los cuales Bolívar declaró un día:

"He soñado con tus ojos una y otra vez, como si mañana fuera a ser fusilado".

Era bonita y triste, y obligaba a que los tímidos hablaran solos para no recibir un rechazo y a que los enamorados pertinaces aseguraran que, antes de que ella naciera, la luz del mundo no podía haber existido porque no había razón alguna ni rostro bello que iluminar, pero ya no se lo podían decir porque ahora era una matrona respetable.

Una soleada tarde de mil 851, alguien tocó a su puerta, pero no era la Muerte, ni un recuerdo, sino un hombre de penetrantes ojos azules, luenga barba blanca, cabello nutrido y una nariz como la de Bolívar, muy proporcionada e histórica. El recién llegado le preguntó si ella era la Libertadora.

—¡Adelante! —respondió Manuela, pero no sabía de quién se trataba.

Mientras esperaba averiguarlo, se dijo que el desconocido tenía los ojos tan profundos y azules que, probablemente, era la Muerte. De inmediato, asumió que el asunto de pasar al otro lado de la existencia no era tan difícil. "Todo consiste en morirse", pensó.

Durante el siglo XIX, dos guerreros habían asombrado al mundo, Simón Bolívar en América y Giuseppe Garibaldi detrás de los Alpes.

—¡Adelante! ¿Quién desea hablar con la Libertadora?

—Garibaldi.

Conversaron. El héroe italiano tenía una opinión formada sobre Bolívar:

—Él entendió que la patria no es una bandera, es el pueblo.

Y, como Manuela se había quedado asombrada, masticando aquellas palabras, el héroe italiano agregó:

—La libertad no se da, se conquista y, como lo hizo Bolívar, se defiende hasta el último aliento.

Ella respondió:

—La libertad se conquista. Simón lo decía siempre.

"Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi, sí", es una canción -o sus vestigios- que se canta y se baila en las 'jaranas' de la vieja Lima. Se advierten en ella las huellas del asombro y el entusiasmo que la presencia del héroe italiano causó en el Perú. "Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi sí".

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

La propia Pacheco Zerga votó a favor de la constitucionalidad de esa ley. Su renuncia por razones de integridad administrativa llega cargada de una contradicción que el país tiene derecho a señalar: quien exige transparencia interna participó de decisiones que desacataron el orden internacional de derechos humanos.

Sin embargo, esto no resta gravedad a lo que denuncia. La existencia de trabajadores fantasmas y una presunta mafia de funcionarios protegida por una mayoría de magistrados es una crisis institucional de primer orden. Pero la coloca en su dimensión real: el TC acumula una deuda con la democracia que va más allá de su gestión administrativa. Es una deuda con las víctimas de La Cantuta, de Barrios Altos, de Pativilca, cuyos casos podrían quedar sin justicia si la Ley 32107 se aplica con el respaldo que este tribunal le otorgó.

Hay, no obstante, una lectura que merece atención. El próximo gobierno hereda un tribunal dividido en su interpretación del derecho, con una agenda propia sobre impunidad y derechos humanos.

Ante ello, el guardián de la Constitución se debe a ella en su totalidad. En ese sentido, y bajo el mismo principio de transparencia, que Pacheco Zerga reclama hoy con justa razón, es la misma que este TC le negó al país en más de una ocasión. Esto es el núcleo del debate que estas páginas editoriales seguirán exigiendo por parte del Estado y quienes lo administran que, en el caso del pacto corrupto, se trata de abusos contra la ley.

Koyo Kouoh, quien falleció en mayo de 2025, fue la directora artística de la 61.ª Bienal de Venecia y la encargada de diseñar la temática de esta exhibición. Avanzó hasta sentar los lineamientos de la muestra, titulada In Minor Keys. A pesar de haber dejado como legado los argumentos para interpretar sus propuestas, su voluntad no fue enteramente respetada y su muerte relativiza la lectura más exacta de su ahora hermético razonamiento, lo que marca esta Bienal, desde sus inicios, con un sello de ambigüedad, de realidades interpretables y de figuras fantasmales que luchan por subsistir e imponer sus voluntades en un mundo que ya no tiene definición.

Su ausencia permite la presencia de argumentos que ahora se sostienen en exhibiciones montadas con plena libertad, asumida por los Estados, con sus representantes como participantes estrella. Ya no exhiben los artistas; ahora son los países los que imponen o divulgan sus argumentos políticos y sus intenciones más estructuradas, en busca de una supremacía política, de un mensaje victorioso, más allá de la búsqueda de la belleza, de la sencillez, de planteamientos diseñados en clave menor que inviten a escuchar las constantes señales de la tierra y de la vida, tonalidades menores que se conecten con las frecuencias íntimas del alma y se asocien con el asombro, la tristeza y la melancolía, para proponer y explorar un arte que se aleje de la velocidad y del espectáculo, en busca de formas más pausadas, auténticas y atentas a las interacciones de las emociones.

Como en la música, esta exhibición pretende resaltar las inquietudes más íntimas, subjetivas y sensoriales, al colocar las manifestaciones artísticas en espacios de reflexión y meditación, en las verdaderas conexiones. Pero son los Estados los que luego la boicotean, asumen liderazgos y cuestionan la validez de sus representaciones. Más de 40 pabellones son cerrados en protesta por la participación de Rusia e Israel; con esto confirman que lo que realmente les interesa son las posiciones políticas. Son actitudes relativamente válidas, ya que al protestar establecen, al igual que los miembros del jurado internacional, que pierden el interés en estos argumentos divididos y también renuncian, que no pueden exhibir al lado de artistas elegidos por Estados cuyos líderes han sido acusados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, se cancela el procedimiento tradicional para otorgar los premios y se lo sustituye por un León de Oro otorgado por el voto del público, que será entregado al final de la Bienal, para evitar así intervenciones oportunistas que permitan deslizar alguna interpretación política del evento.

Muchos de los artistas retiran sus obras de la competencia como respuesta, dejan vacía la posibilidad del premio y con esto empiezan los conflictos. Ya no se trata de artistas y sus montajes, sino de intervenciones gubernamentales con los conflictos que estas arrastran. Las representaciones ya no se plantean como propuestas mágicas o conceptos abstractos, sino que evidencian la guerra en Ucrania y las agresiones imperialistas, y utilizan sus participaciones como “mecanismos de propaganda”. Ahora es Gaza, el genocidio, las disputas sobre los límites del boicot cultural. Irán se retira en silencio y señala la imposibilidad de separar la cultura de la intervención militar en Oriente Medio. Y para Estados Unidos la cultura es un nuevo frente en la guerra de las identidades. La política norteamericana entiende muy bien el verdadero valor de estos espacios y no los abandona; por el contrario, los ocupa con argumentos intervencionistas, transforma la libertad artística en propaganda de sus valores propios y nacionales, y promueve sus particulares discursos del prestigio cultural.

Por primera vez en su historia, la Bienal se enfrenta a una huelga de gran escala: se cierran pabellones, aparecen banderas palestinas y se bloquea la circulación normal del evento con intervenciones y protestas espontáneas que afectan a una parte significativa de los pabellones, lo que hace notar las bases materiales que normalmente permanecen invisibles, y el interés cambia de protagonismo. Ahora son los trabajadores, los asistentes, los limpiadores y hasta los vigilantes quienes pasan a evidenciar con sus ausencias una infraestructura frágil, medio inoperante y decadente. Se extrañan sus presencias casi tanto como las de los artistas y los pabellones, ya que ponen en evidencia una base material fundamental que normalmente permanece invisible.

La Bienal se presenta moribunda; los artistas ya no quieren seguir los mandatos de los Estados y la protesta se generaliza. El arte está cambiando, ya no se trata del éxito. Quizás regrese a sus orígenes en busca de aquellos lugares donde las emociones se transmitían en claves menores, en bajas frecuencias, con sencillez, humildad, claridad e independencia.

La segunda vuelta electoral representa una oportunidad para elevar el debate educativo. El país necesita escuchar propuestas concretas sobre cómo enfrentar problemas estructurales que continúan limitando el desarrollo y profundizando desigualdades. En este escenario, existen al menos tres temas que deberían ocupar un lugar central en la campaña: docentes, exclusión y gobernanza.

Docentes

La discusión pública suele reducirse a incrementos salariales, pero la revalorización docente es mucho más compleja. Implica fortalecer la formación profesional inicial, actualizar capacidades frente a desafíos contemporáneos como la inteligencia artificial, la ciudadanía democrática y la inclusión, además de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los maestros. Ninguna transformación educativa será sostenible si se sigue tratando a los docentes únicamente como ejecutores de políticas y no como profesionales con autonomía y capacidad de liderazgo pedagógico.

Exclusión educativa

La exclusión educativa es una realidad mucho más profunda que el simple acceso a la escuela. Millones de peruanos no concluyeron su educación básica y miles de estudiantes abandonan cada año el sistema por razones económicas, familiares o territoriales. A ello se suma una exclusión menos visible, pero igualmente grave: estudiantes que permanecen en las aulas sin alcanzar aprendizajes, desconectados digitalmente o sin condiciones mínimas para desarrollarse plenamente.

Las mayores brechas siguen afectando a zonas rurales, pueblos indígenas, personas con discapacidad y mujeres. El país necesita saber no solo cómo se garantizará que nadie quede fuera del sistema, sino también cómo se evitará que millones permanezcan dentro de él sin oportunidades reales.

Gobernanza y modernización del sistema educativo

Sin capacidad de gestión, continuidad de políticas públicas y una mejor articulación entre niveles de gobierno, cualquier reforma termina diluyéndose en la implementación. La descentralización educativa necesita fortalecerse y también modernizar la gestión pública, reducir burocracia, aprovechar mejor la información y fortalecer la autonomía de las escuelas y el liderazgo directivo para responder a las necesidades específicas de cada territorio.

En los planes de gobierno persiste, además, un vacío importante: cómo se implementarán las propuestas, con qué recursos y bajo qué metas verificables. La segunda vuelta no puede convertirse en una competencia de promesas inviables ni de anuncios sin sustento técnico.

Porque seguir postergando decisiones en educación no es neutral: significa condenar a millones de peruanos a continuar atrapados en desigualdad, exclusión y falta de oportunidades.

En vísperas de una decisiva segunda vuelta presidencial, el miedo se ha instalado como actor central de la campaña y amenaza con distorsionar el debate democrático.

La columna señala que, mientras el Estado incrementa sostenidamente el gasto en seguridad, equipa a una Policía Nacional del Perú cada vez más numerosa y endurece el discurso contra la criminalidad, la ciudadanía continúa sufriendo asesinatos diarios, amenazas y cobros ilegales que avanzan con alarmante impunidad.

La paradoja es evidente: nunca se habló tanto de seguridad y nunca la población se sintió tan desprotegida. En regiones como La Libertad, Lima Norte y otros corredores urbanos, la violencia asociada a las extorsiones alcanza niveles históricos: aumentan los homicidios, las investigaciones no prosperan y el miedo se convierte en rutina cotidiana para comerciantes, transportistas y familias enteras. Frente a ello, la respuesta oficial oscila entre la improvisación, la militarización y el espectáculo político. O, peor aún, respuestas banales y simplistas como la pena de muerte, que se sabe no ayuda a prevenir ni resolver el problema de la extorsión.

Todo esto ocurre en un contexto en el que el actual Congreso de la República del Perú ha aprobado, desde hace algunos años, una serie de normas que, por sus efectos, han sido calificadas como 'procrimen'.

Plataforma electoral

En ese entorno, ciertos sectores políticos intentan convertir la inseguridad en una plataforma de poder, presentándose como 'salvadores' dispuestos a imponer 'orden' a cualquier precio, incluso sacrificando garantías constitucionales y controles democráticos, en lugar de promover la derogación total de las leyes procrimen. Así, la criminalidad deja de ser únicamente una tragedia social para convertirse también en un instrumento de legitimación del autoritarismo.

La historia latinoamericana demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen ser aprovechados para justificar la concentración de poder, la erosión institucional y el debilitamiento de los derechos fundamentales. En el Perú, ese riesgo se agrava debido al profundo desgaste de las instituciones.

El Congreso saliente —el del llamado 'Pacto Corrupto'— deja un balance patético, marcado por normas regresivas y procrimen. Y, en general, por una extendida sensación de impunidad que no solo alcanza a las mafias callejeras, sino también a sectores políticos responsables de debilitar sistemáticamente el sistema de justicia.

Tensión peligrosa

La segunda vuelta presidencial se desarrolla bajo esa peligrosa tensión: la ciudadanía exige seguridad inmediata, pero al mismo tiempo enfrenta el riesgo de aceptar soluciones autoritarias presentadas como 'inevitables'. El temor puede convertirse en un poderoso mecanismo de manipulación electoral. Cuando el miedo domina la política, la deliberación democrática retrocede.

Combatir la extorsión exige mucho más que discursos de fuerza. Requiere inteligencia policial, fortalecimiento fiscal y judicial, lucha frontal contra la corrupción y recuperación de la confianza ciudadana en el Estado. Pero también exige defender la democracia frente a quienes buscan convertir la inseguridad en excusa para debilitar libertades y concentrar poder.

El Perú enfrenta hoy una amenaza doble: la criminalidad organizada y la normalización del autoritarismo como respuesta. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el desafío no consiste únicamente en escoger a un gobernante, sino en impedir que el miedo —alimentado desde sectores políticos que han ejercido el poder real en los últimos años— termine decidiendo el futuro de la democracia peruana.

En pocos días hemos descubierto que a Humala le ofrecieron las carteras de Defensa e Interior, que la mitad de los votos de JP en primera vuelta serían suyos, que estaría entre sus planes darle formato a Pedro Francke y que no existe rompimiento con Sánchez, sino “convergencia”. En pocas palabras: no han podido contenerlo.

Sánchez, en determinado momento, apartó a Humala de la campaña por considerarlo perjudicial para su votación, debido a antecedentes como el asesinato de policías en Andahuaylas, sus propuestas de conflicto con Chile y otros despropósitos semejantes. Sin embargo, Humala se expresa como si estuviera conduciendo su propia campaña. ¿Es consciente del efecto electoral de sus declaraciones a pocos días de la segunda vuelta? ¿Qué intenta hacer?

Humala parece estar inyectando nacional-radicalismo a la campaña con la idea de producir dos efectos: la victoria de JP y el posterior control del partido por parte suya. Son sombras de antiguos enroques político-militares de la Alemania de los años treinta. Si Humala tiene razón, entonces estaríamos ante un electorado ansioso de desmesura y frente a un Sánchez cuyo principal activo político ya se le escapó de las manos.

Resulta difícil imaginar a Sánchez en el debate cara a cara con Keiko Fujimori cuando ella le pregunte con quién está realmente debatiendo. Esa misma noche, Humala probablemente aparecerá en televisión —en otro canal, claro— para ofrecer nuevamente su versión alternativa de lo que ocurre dentro de JP, con el que dice estar “convergiendo”.

¿Qué estará pensando el electorado frente a este permanente destape de un supra-Sánchez suelto en plaza? ¿El daño ya está hecho o todavía falta más? Aunque Humala se atribuya la mitad de los votos de JP, Sánchez no quería tenerlo a bordo por motivos evidentes. Ahora lo tiene disputándole la capitanía del barco.

El problema más serio de Sánchez no sería perder la elección, sino el riesgo de ganarla y encontrarse luego con Humala convertido en una suerte de opositor interno.

Que Francke utilice sinceramente a Velarde para darle una pátina de seriedad a JP resulta incómodo, pues él mismo cumplió un papel parecido durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. Y ya se sabe lo que ocurrió cuando, poco después, la gente seria tuvo que abandonar aquel gobierno.

A lo largo de los años, Velarde ha demostrado ser un funcionario sobresaliente, cuya autonomía en el BCR está protegida por la Constitución. Ni él ni la propia institución necesitan ser 'perdonados'. Además, por declaraciones recientes, se intuye que el economista estaría más que dispuesto a dejar el cargo.

El famoso debate ha terminado convertido en un choque de figuras visibles de ambos bandos, antes que en una confrontación real de planes de gobierno. Lo que se vende son dos futuros narrados por políticos o representantes. En una palabra: promesas, promovidas por quienes antes nunca las cumplieron.

En ese contexto, no sorprende que algunos públicos —como el que participó en la pregunta de RPP— hayan preferido ampliamente el desempeño del equipo económico de Fuerza Popular. Es el entorno de Roberto Sánchez el que debe demostrar que no repetirá el paso de Castillo por el poder del Estado, pese a que ese ha sido precisamente el eje de su campaña.

Castillo comenzó su gobierno con Francke como garantía efectiva de honestidad y buen manejo, pero terminó rodeado de incompetentes y corruptos en todos los niveles. También le 'perdonó' la vida laboral a Velarde, hasta que acabó incluyéndolo en su intento de golpe.

No es que Keiko Fujimori tenga hoy muchos mejores rostros o ideas para mostrar al electorado. Lo que sucede es que, a diferencia de Sánchez, su partido no necesita demostrar lo que no es. Fuerza Popular no tiene que aclarar que no expulsará a Velarde ni que respetará la inversión privada. Los pronósticos peligrosos son otros, y todavía no están sobre el tapete.

El problema básico del sobreturismo son los propios turistas. Son tantos buscando esencialmente los mismos lugares y experiencias que, al llegar al París del buen clima, quedan condenados al hacinamiento: en la vereda, en el paradero del bús, en la puerta del bistró de moda y en la taquilla de las ofertas culturales. Todo eso parece ser tolerado con gusto, aunque nunca se sabe por cuánto tiempo.

Los turistas padecen en relativo silencio, pero los vecinos y las autoridades sí se quejan. Los visitantes traen prosperidad adicional para el comercio, pero multiplican la presión sobre los servicios públicos. Además, los precios de todo aquello considerado atractivo comienzan a subir, sobre todo los alquileres de alojamiento temporal. El turismo termina encareciendo la vida de buena parte de la población local.

Las aglomeraciones también estimulan a los carteristas de todo tipo, y abundan las historias al respecto. El turista es una víctima ideal: abundante, distraída y poco dispuesta a denunciar el robo. Es decir, un grupo esencialmente manso, deseoso de agradar y pasar un buen rato a cualquier costo. Gente tranquila, muchas veces de cierta edad, que termina alimentando una subcultura del delito turístico que también afecta a los residentes.

Algunas ciudades, como Venecia, ya cobran desde hace tiempo un impuesto diario a los visitantes, que puede llegar hasta US$10. Es probablemente la mejor fórmula hasta que algún alcalde se atreva a establecer cupos. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, existen ciudades y pueblos que realizan enormes esfuerzos por atraer más turistas, vistos todavía como visitantes altamente lucrativos.

El Perú está entre esos países que mantienen la mano tendida al potencial visitante. Estamos lejos de sufrir sobreturismo; más bien padecemos un déficit de servicios públicos adecuados y algunas autoridades capaces de producir las interminables colas de Machu Picchu.

Este es uno de esos casos en que un gobierno parece estar entregando algo cuando, en realidad, no entrega nada. Nunca las aparentes revelaciones oficiales han producido conocimientos concretos sobre los famosos ovnis, su origen, sus posibles tripulantes o el propósito de esos viajes. Lo que sí existe es la promoción interesada de una vieja fantasía.

¿Qué quiere la gente? Los más entusiastas del tema desean alguna forma de confirmación de vida extraterrestre. Es algo que puede obtenerse en la ficción, pero no —al menos hasta ahora— en los secretos de Estado. Washington no ofrece pruebas, aunque sí invita al mundo a ejercitar la imaginación sobre un antiguo tópico literario.

Parte de ese tópico consiste en creer que los gobiernos conservan secretos decisivos y que los revelan u ocultan según sus intereses. El mensaje subliminal de esta última desclasificación parecería ser que existen realidades tan o más importantes que las guerras fallidas de Trump. Ya no la guerra con Irán, sino ahora la insinuación de una “guerra de los mundos”.

El problema con los archivos es que contienen y clasifican documentos viejos. La sección ovnis del Pentágono no tendría por qué ser la excepción. Los reportes de ovnis vienen de siglos atrás y siempre han sido más una cuestión de fe que de evidencia científica. Es probable, además, que esos archivos ya sean sometidos a la inteligencia artificial, otro territorio poblado de aparentes secretos.

Mientras la promesa original de los ovnis sigue sin cumplirse, en el Perú persistirá la convicción de que Chilca, al sur de Lima, es un poderoso imán mundial para este tipo de avistamientos. Al menos, el gobierno peruano nunca ha pretendido tener un conocimiento especial sobre el asunto.

Cuando era adolescente, en mi barrio del Callao, solíamos hacer mofa en grupo de aquellos chicos afeminados que pasaban por nuestro parque. No faltaban las bromas, en las que tildar a alguien de "cabro" era el mayor insulto que le podías hacer. Asimismo, insinuar que el otro lo era o demostrar por qué tú no lo eras constituía un mecanismo de defensa y supervivencia ante el escarnio y la acusación, pues necesitaba demostrar que yo no pertenecía a ese grupo.

Claramente, no odiaba a los homosexuales; me reconocía como uno de ellos, pero odiaba la posibilidad de que los demás se dieran cuenta de que yo lo era. Lamentablemente, en ese proceso hacía daño a quienes eran como yo.

Cada cierto tiempo aparece una noticia que me recuerda esos tiempos. Un líder religioso obsesionado con la sexualidad, un político conservador abiertamente anti-LGBT, un trabajador de salud que promueve terapias de conversión, o un creador de contenido defensor de la familia tradicional, en quien se revelan sus relaciones homosexuales ocultas, o, peor aún, en situaciones de abuso y coerción.

Desde hace décadas, la psicología social describe algo llamado "estrés de minoría". La idea es relativamente simple: las personas LGBT no solo enfrentan el estrés cotidiano de cualquier ser humano, sino un estrés adicional producido por vivir en contextos donde su orientación sexual es rechazada, castigada o ridiculizada. No se trata de que la homosexualidad genere daño psicológico por sí misma; el daño proviene del entorno social.

Ese estrés adopta muchas formas. A veces es violencia directa. Otras veces es algo más silencioso: miedo a ser descubierto, necesidad de ocultarse, vigilancia permanente sobre cómo se habla, cómo se camina, cómo se mira o cómo se actúa. Algunas personas aprenden desde la adolescencia que no basta con parecer heterosexuales; también hay que demostrar aversión hacia quien uno realmente es.

Por ello, cuando la sociedad convierte nuestra orientación o identidad en un motivo de vergüenza, algunas personas terminamos interiorizando ese rechazo. En algunos casos, se expresa como una sobreactuación pública de masculinidad, religiosidad o heterosexualidad, o como agresión hacia quienes son como ellas, incluso promoviendo terapias de conversión o de "exhomosexuales".

Las consecuencias del estrés de minorías pueden ser más dañinas cuando quien las experimenta ocupa espacios de poder, porque promueve discursos de odio. El impacto más severo se da en la salud mental. Por ejemplo, el Trevor Project encontró en 2024 que más del 50% de jóvenes LGBT peruanos pensó en suicidarse el último año y uno de cada tres lo intentó.

Por supuesto, no toda persona homofóbica es homosexual reprimida. Reducir la homofobia a eso sería simplista e incorrecto. Pero sí existe evidencia científica de que personas con fuertes problemas de aceptación de su propia orientación sexual pueden desarrollar un rechazo agresivo hacia aquello que sienten y no logran aceptar.

Esto nos ayuda a comprender por qué ciertos discursos contra la comunidad LGBT parecen cargados de una intensidad desproporcionada. No siempre se trata de "ideología"; en algunos casos, es miedo, vergüenza, la necesidad de pertenecer al grupo correcto y de exponer públicamente aquello que amenaza su (in)seguridad.

En países conservadores como el Perú, esto adquiere, además, una dimensión política. Vivimos en una sociedad donde todavía se discute si merecemos los mismos derechos, donde el Congreso convierte con frecuencia nuestras vidas en material de batalla moral y donde muchos padres están convencidos de que tener un hijo homosexual sería un fracaso personal o familiar.

Las sociedades homofóbicas no producen menos homosexuales; generan más culpa, más silencio y más dobles vidas. Por ello, estos casos son un ejemplo de cómo nuestra sociedad sigue obligando a personas a odiarse a sí mismas para sobrevivir.

Salir del clóset no elimina el miedo de inmediato. Pero sí termina con algo agotador: la necesidad permanente de actuar para que otros no descubran quién eres.

La violencia contra las niñas y adolescentes menores de 17 años no es una cifra abstracta; es una crisis estructural latente. Cada día, decenas de menores enfrentan agresiones físicas, psicológicas y sexuales dentro y fuera de sus hogares y escuelas. Los espacios que deberían garantizarles un crecimiento seguro se transforman a menudo en escenarios de desamparo y vulneración extrema.

Los reportes del Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo muestran que la violencia psicológica y la agresión sexual siguen encabezando los motivos de ingreso a los servicios de protección del Estado. Las denuncias continúan concentrándose de manera desproporcionada en mujeres menores de 17 años, lo que expone una debilidad persistente en los programas preventivos escolares y comunitarios.

Erradicar este flagelo requiere ir más allá de las leyes punitivas. El Estado debe ejecutar políticas públicas de prevención temprana y descentralizada. Proteger la vida y la integridad de las niñas no es un asunto opcional, sino una obligación moral inmediata para asegurar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: recientemente, el Ministerio de Educación derogó los lineamientos de la educación sexual integral (ESI), que tenían como objetivo informar a los estudiantes sobre su desarrollo sexual según su edad. Ello permite generar, posteriormente, alertas y denuncias, ya que los niños y las niñas deben saber que nadie puede tocarlos y que de ello se debe hablar en casa y en el colegio. Por lo tanto, este es un grave retroceso que, en medio del proceso electoral, parece haber pasado desapercibido para la mayoría de la ciudadanía.

No podemos seguir indiferentes frente a esta realidad. Exijamos a las nuevas autoridades que este sea uno de los temas prioritarios que deben trabajarse en el próximo quinquenio, de la mano de los padres, maestros y la sociedad en general. El silencio y la indiferencia no pueden seguir costándoles la vida a miles de niñas y adolescentes en nuestro país.

Pero, fuera de esos dos bloques, el debate del domingo dejó al descubierto la superficialidad con que se trató un área que merece tanta atención como la economía y la infraestructura: la salud. Este sector, que comenzó el quinquenio con una pandemia encima, ha sido depredado hasta el extremo en un periodo en que tendríamos que haber terminado de entender lo que verdaderamente representa. En mucho, la derrota política de APP en la primera vuelta proviene de su relación con el descalabro de este sector en el periodo que termina en julio de este año. Aun así, en el bloque de salud el debate no nos dejó nada. Ni una autocrítica por lo mal que se ha hecho todo, ni una pista sobre cómo resolverlo en el siguiente quinquenio.

El debate también ha dejado grandes ausentes: el manejo de la minería no regulada (imposible seguir llamándola simplemente 'informal'), la seguridad y la protección de las personas, el medio ambiente, en especial la Amazonía, y la justicia. La primera de estas ausencias revela que ninguna de las dos organizaciones en disputa quiere generar fricciones con sectores que han demostrado tener un peso electoral acaso determinante, aunque sus agendas todavía no hayan sido suficientemente establecidas ni validadas socialmente. La minería no regulada llega a estas elecciones dividida en dos bandos: una buena parte de los mineros 'de campo', los Reinfo, ha respaldado a Sánchez en primera vuelta. Los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores parecen estar en franca migración desde las tiendas de López Aliaga hacia las de Fujimori. Ninguno de estos dos sectores se ha diferenciado lo suficiente de las organizaciones criminales que impregnan el tejido social que han generado o fortalecido —fuerzas de seguridad privadas, extorsionadores y lavadores de activos, entre ellas—. Tampoco han superado la etapa predatoria de sus procesos productivos. El silencio sobre las políticas con cuya base debe ordenarse este sector de la economía, que ha crecido a la deriva, se extiende a la cuestión de la seguridad y la protección de las personas, y alcanza también a la protección del medio ambiente y la Amazonía, junto con toda la lista de asuntos pendientes que ambos temas contienen.

Pero parecemos estar todavía a una distancia considerable del punto en que pueden discutirse estos asuntos. Una distancia que acaso pueda medirse en votos.

En la lista de ausencias también está el problema de la justicia, que encuentra sentido en coordenadas distintas. Aquí parecemos estar bloqueados; atrapados en los problemas que causaron y explican el origen y el comportamiento de tres de los enclaves que arrastramos del régimen anterior: la Junta Nacional, la mayoría del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. La justicia, en términos de políticas públicas, no es una cuestión que se limite a los megaprocesos judiciales ni a los casos emblemáticos. Es un asunto que tiene que ver con las referencias que los ciudadanos pueden usar para resolver controversias, obtener protección en caso de quedar expuestos a ataques u obtener reparaciones por accidentes o delitos. Es también, por cierto, un problema relacionado con la vigencia de la ley, el castigo y el balance de poderes en general. Sin embargo, las dos organizaciones que han pasado a segunda vuelta han elegido como sus principales voceros en esta materia a dos profesionales que, respetables sin duda alguna, no se dedican a la definición, ejecución y estudio de políticas públicas, sino al litigio, que es una cosa enteramente distinta. Me refiero a José Domingo Pérez y a Giuliana Loza. De hecho, se trata de dos litigantes cuyas reputaciones se definen actualmente en función de su desempeño en el mismo caso: el caso Cócteles; una historia que definió el curso del ciclo iniciado en diciembre de 2016 con las revelaciones del caso Odebrecht. Ese es el caso que más influencia ha tenido en el origen de los tres enclaves a los que me he referido. Que ellos dos hayan sido elegidos como las referencias de cada una de las organizaciones que pasan a segunda vuelta para hablar de justicia pone en evidencia que en este tramo no hablaremos de justicia, sino que reproduciremos los términos en que se han desenvuelto las crisis protagonizadas por los enclaves.

Pero la justicia, como problema, está también en otra parte.

Imposible arribar a una conclusión definitiva. Las oportunidades están a la vista, pero las organizaciones en disputa muestran vacíos de perspectiva que nos pueden dejar anclados en la demolición, un periodo del que debemos terminar de salir.

Según una advertencia de la Cámara de Comercio de Lima (2026), a comienzos del año, las pérdidas económicas potenciales por un Niño Costero de mediana intensidad podrían superar los 291 millones de soles diarios en, al menos, siete regiones.

La única institución del Estado que ya ha advertido estas consecuencias es el Banco Central de Reserva el cual ajustó sus proyecciones de crecimiento del sector pesca para 2026, de + 2% positivo a -6,6%.

Por lo tanto, es evidente que el país atraviesa todavía el periodo de impactos térmicos, que según el proceso de estos fenómenos que son conocidos en el Perú es la fase previa a las lluvias. Esto es tangible ante el hecho de que sectores como pesca y agricultura ya enfrentan alteraciones por la falta de variabilidad estacional.

En ese sentido, es inaceptable que ni el gobierno del pacto corrupto ni ninguno de los candidatos en la campaña presidencial toman cartas en el asunto sobre todo esto. Ambos contendores políticos deberían dar una respuesta concreta sobre cuál será la gestión del riesgo climático. Serán los pescadores de Ica, los agricultores de Piura, los trabajadores de las cadenas logísticas de la costa norte, y en general, las familias peruanas que sufrirán en primera mano esta, hasta ahora, dejadez.

El gobierno que asuma en las próximas semanas recibe una emergencia climática en curso. Atenderla con preparación y con la aplicación de gestión pública eficiente es la primera obligación del próximo presidente. El país tiene derecho a saberlo pronto y, para ello, requiere esa conversación antes de votar.