Ante ello, urge revisar las primeras conclusiones de la misión del MESECVI de la OEA que viajó hasta Condorcanqui recientemente, algo que el Ejecutivo debería hacer cuanto antes.

El MESECVI da cuenta del aislamiento territorial de la comunidad ya que entidades como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional no cuentan con mecanismos regulares de transporte fluvial para acceder a las comunidades, por lo que los costos de transporte, alimentación y alojamiento recaen sobre las víctimas. A ello se suma la ausencia o insuficiencia de las cámaras Gesell, de personal forense y de electricidad para poder operarlas, así como  de espacios adecuados para recibir el testimonio de las víctimas sin que sean revictimizadas.

Las notificaciones judiciales no se realizan a tiempo, no hay intérpretes, no se pueden supervisar las medidas de protección, no se cuenta con acompañamiento en salud mental y tampoco existen hogares de refugio temporal. Por ello, muchos procesos administrativos y judiciales se archivan y prescriben, lo cual refuerza la impunidad que favorece más agresiones y violencia. A esto se suma la falta de acceso a la educación y la salud, lo que nos habla de una situación de discriminación estructural que no se limita a la violación sexual y que requiere una respuesta urgente.

Como señalé la semana pasada, estos hechos no son nuevos y hay información oficial que explica con detalle la situación y puede ayudar a que se entienda que lo que viven las niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui no es simplemente un “hecho cultural”, sino un total abandono.

Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un 5% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio, considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, no solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

¿Y qué por acá?

ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y ha estimado la alta probabilidad de que alcance magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Una pregunta elemental se impone, incluso en Lima: ¿estamos haciendo a tiempo lo necesario para impedir que nuestros ríos vuelvan a convertirse en agentes de destrucción?

¡El Chillón! ¿suelto en plaza?

El Chillón, por ejemplo, genera motivos serios de preocupación. Basta recorrer algunos de sus tramos o mirar las imágenes difundidas recientemente por televisión: acumulación de sedimentos, basura y escombros, cauces reducidos y sectores en los que resulta difícil imaginar cómo podría discurrir normalmente una avenida extraordinaria.

No es una impresión alarmista. La Autoridad Nacional del Agua identificó el 30 de julio 52 puntos críticos en la cuenca del Chillón, 21 de ellos en Lima Metropolitana: San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo. A pedido de la Municipalidad de Ventanilla se añadió otro punto próximo a la desembocadura, en playa Márquez. La calificación oficial es elocuente: hay sectores con peligro alto y muy alto de inundación, erosión y huaicos.

¿Qué se está haciendo?

Hay intervenciones, aunque insuficientes. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó el 6 de setiembre que comenzó los trabajos de limpieza y descolmatación en Puente Macas I y II, Santa Rosa de Quives. Son 1.730 metros de cauce y 3.460 metros de bordes, con una inversión superior a S/1,35 millones. Acción necesaria, pero localizada y orientada principalmente a proteger terrenos agrícolas.

Pero, ¿qué ocurre aguas abajo, donde el Chillón atraviesa zonas densamente pobladas y finalmente llega al Callao? Allí una inundación no amenazaría solamente cultivos. Afectaría viviendas, carreteras, servicios y áreas estratégicas. Particular atención merece el corredor de Néstor Gambetta y Márquez, próximo a la desembocadura.

¿Y el autobombo del sector privado? El Gobierno anunció con entusiasmo una alianza con el sector privado. Los principales gremios empresariales ofrecieron maquinaria pesada, motobombas, almacenes, logística y equipos técnicos. Toditito… Se creó, incluso, un llamado Comando El Niño privado, cuya articulación fue encomendada al exministro Carlos Neuhaus, con participación de Confiep, AFIN, Capeco, Asbanc, AGAP, la Sociedad Nacional de Minería y otras organizaciones.

Iniciativa positiva... Pero las emergencias no se enfrentan con anuncios.

Bien El respetable Neuhaus ha aparecido públicamente recorriendo trabajos preventivos en el Rímac y Hombro a Hombro ha advertido que el tiempo se está acabando. Su director ejecutivo, Juan Manuel Arribas, señaló que existen entre 1.700 y 1.800 puntos críticos en el país y que el Estado estaría priorizando apenas 500 o 600. El gobierno habría indicado al sector privado intervenir donde el aparato público ya no alcanza.

Indispensable la transparencia. ¿Qué está haciendo concretamente ese “comando privado” en el amenazante Chillón? ¿Qué tramos le han sido asignados? ¿Cuántas máquinas están trabajando allí? ¿Cuánto material se ha retirado? ¿Cuáles puntos críticos estarán despejados antes que aumente más el caudal?

Porque no basta anunciar un tablero de control. Ese tablero debería ser público y actualizarse semanalmente. Los ciudadanos tendrían que poder saber qué punto crítico está siendo intervenido, quién es responsable, cuánto se ha avanzado y cuándo terminarán los trabajos.

Hay, finalmente, una pregunta especialmente delicada: el aeropuerto Jorge Chávez. No existe aún información técnica pública que permita afirmar que un desborde del Chillón alcanzaría directamente sus pistas. Pero tampoco parece prudente descartar el riesgo simplemente. El hecho es que ese río colmatado pasa a pocos metros de la pista de aterrizaje. Una avenida excepcional, con el cauce colmatado y un desborde en la cuenca baja, podría extender agua sobre la planicie del Callao y afectar infraestructura estratégica.

La pregunta debería contestarse ahora, no durante la emergencia: ¿existe un modelamiento hidráulico actualizado que establezca hasta dónde llegaría el agua ante un desborde extremo del Chillón y descarte que pueda afectar el aeropuerto? Si existe, que se haga público. Si no existe, habría que hacerlo urgentemente.

Con El Niño no se puede empezar a improvisar cuando empieza a llover. El Chillón está allí. Los puntos críticos están identificados. La colmatación puede verse. Las máquinas anunciadas también deberían poder verse.

Fin: La pregunta no es ¿dónde está el peligro?. Es si llegaremos antes que el agua.

La violencia se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves del país y los colegios no son ajenos a esta realidad. Según la plataforma SíSeVe, del Ministerio de Educación, durante 2025 se registraron más de 19600 casos de violencia escolar en el Perú. Lejos de disminuir, la tendencia se agravó durante 2026: entre enero y agosto se reportaron 11805 casos, la cifra más alta para ese período desde que existen registros.

Lo más preocupante es que más de ocho mil de estos reportes corresponden a agresiones entre estudiantes y que la violencia sexual es la modalidad que más ha crecido, con un incremento superior al 35 % respecto al año anterior. Detrás de cada cifra hay historias de abuso, intimidación, ciberacoso y humillaciones que afectan el bienestar físico y emocional de niños y adolescentes.

Cuando la violencia no es ficción

En 1963, Mario Vargas Llosa publicó La ciudad y los perros, y muchos lectores interpretaron sesgadamente que la violencia retratada en el colegio militar era una realidad exclusiva de los internados castrenses. Sin embargo, más de seis décadas después, la novela conserva una inquietante vigencia. Aunque los modelos educativos han evolucionado, aún no hemos logrado construir una cultura escolar donde el respeto, la empatía y el cuidado mutuo ocupen un lugar central.

En la novela, los alumnos más vulnerables son objeto de burlas, humillaciones y agresiones constantes. Quienes no encajan en los códigos de rudeza impuestos por el grupo dominante son aislados y convertidos en blancos fáciles del abuso. La violencia no surge únicamente de individuos agresivos, sino también de una cultura que premia la intimidación, el silencio y la demostración de poder. Quizá estas dinámicas han saltado de la ficción a la realidad.

Debemos entender que estas formas de violencia no solo ocurren en los patios y salones, sino también en los espacios virtuales que acompañan la vida cotidiana de los estudiantes. Muchas veces creemos que nuestros hijos no las sufren porque simplemente no las cuentan. Por ello, el desafío sigue siendo el mismo: reconocer la violencia antes de que se normalice, denunciarla y construir comunidades donde el respeto tenga más fuerza que el miedo.

Frenando a la jauría

Si bien los manuales docentes establecen orientaciones claras para prevenir situaciones de violencia, resulta fundamental fortalecer la educación socioemocional y la empatía. Asimismo, es necesario implementar mecanismos eficaces para detectar e intervenir tempranamente ante cualquier forma de violencia, promoviendo una cultura basada en la solidaridad, el respeto y la inclusión. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es garantizar que los estudiantes sepan que pueden denunciar de manera segura y sin temor a represalias.

Desde esta perspectiva, es indispensable promover una cultura de la denuncia y del cuidado mutuo dentro de la comunidad educativa. En ese sentido, el Programa Integral para la Prevención de la Violencia en los Entornos Escolares (PREVI), orientado a fortalecer el autocuidado, la protección entre pares y la construcción de entornos seguros, debe implementarse de manera efectiva para consolidar espacios donde prevalezcan el bienestar colectivo, el respeto y una convivencia saludable.

De igual manera, la Educación Sexual Integral (ESI) constituye una herramienta clave, ya que ayuda a reconocer situaciones de violencia, comprender la importancia del consentimiento y los límites personales, cuestionar estereotipos de género y actuar adecuadamente frente a situaciones de riesgo. Más que reducir su presencia en las escuelas, es necesario fortalecer su implementación como parte de una estrategia integral para construir comunidades educativas más seguras y respetuosas.

No obstante, estos esfuerzos no bastan por sí solos. Aún queda mucho por hacer para prevenir la violencia de manera efectiva y garantizar que las escuelas sean espacios donde todos los estudiantes puedan desarrollarse con seguridad, dignidad y confianza.

Keiko Fujimori tuvo su primera medición de aprobación y desaprobación por parte de la opinión pública en agosto, en dos encuestas. Datum registró un 60% de aprobación y un 24% de desaprobación. Ipsos le dio 57% de aprobación y 25% de desaprobación. Sin duda, un buen inicio que, también es evidente, va a deteriorarse a medida que transcurre el gobierno. Lo que es inusual es que esta “luna de miel” o periodo de gracia que otorga la población a un gobierno recién llegado se evapore en días, cuando debería durar meses.

Esta semana, realizada la misma pregunta con las mismas dos empresas encuestadoras, los resultados son catastróficos para el gobierno y no tienen precedente en la historia política de por lo menos este siglo. Hasta Pedro Castillo, que empezó muy abajo, algo remontó el segundo mes. A la presidenta la aprueba, según Datum 42% y la desaprueba 44%. Ipsos le da una aprobación de 42% y una desaprobación de 48%.

¿Cómo se puede aumentar la desaprobación en al menos 20 puntos en un mes? ¿Qué hecatombe política puede explicar estos números? Las dos empresas son serias, tienen cada una su propia metodología que repiten mes a mes. No hay ninguna razón para dudar de la seriedad del resultado y no se podría achacar a ninguna un sesgo antigobierno. Si alguien del oficialismo pretende salir con la consabida excusa de desprestigiar al mensajero, está perdiendo el tiempo.

¿Qué razones explican este derrumbe? Aprovechemos esta oportunidad para listar algunos asuntos que pueden haber defraudado a la opinión pública. En este caso, la causa es multifactorial porque no se trata de un solo hecho, aunque las consecuencias de todos sí se reflejan en una frase de enorme desilusión que lo resume todo: “Ella no sabe gobernar”.

Lo primero es explicar el deterioro en tan breve plazo. A pesar de que Keiko Fujimori ha dicho más de una vez que nunca ha gobernado, esa no es la percepción popular. Desde que el 2016 anunció que gobernaría desde el Congreso, sus actos y los de su partido han sido actos de gobierno. Ha sacado y puesto presidentes y ha garantizado permanencias. Desde el Congreso, ha hecho de todo. Desde perseguir adversarios, hasta conceder privilegios tributarios, pasando por modificar la legislación penal. Si lo hizo en alianza con enemigos políticos como Perú Libre o amigos políticos como APP o Renovación, da lo mismo. Son 10 años en el poder. Ese ya es un enorme desgaste.

Lo segundo es la falta de cuadros. Si tienes por lo menos 15 años peleando por la presidencia, debes tener un mejor elenco para manejar el Ejecutivo. Los vicepresidentes Torres y Galarreta tienen toda su experiencia política hecha en el Congreso. Y no cualquier Congreso, sino uno en el que tenían mayoría propia o por alianza. Del manejo del Ejecutivo, lo que mejor saben hacer es obstruir, no construir. El Gabinete formado por Galarreta ha reclutado inexpertos en materias críticas para el gobierno. El único que tiene un cartel propio es Elmer Cuba y por eso es el único que ha podido presentar economistas sobresalientes como consultores de alto nivel (aunque se olvidó de que existen buenas economistas mujeres). A esta situación de mediocridad, hay que sumarle el reciclaje de funcionarios que no tuvieron éxito en gobiernos anteriores. Ministros, viceministros y toda la jerarquía de administraciones de ingrato recuerdo se han recolocado. Es como el juego de las sillas, pero siempre hay silla para todos y siempre son los mismos.

Lo tercero, es la falta de ideas. Apostar todo a una delegación de facultades amplísimas, que no tiene contenido específico es políticamente suicida si no tienes mayoría en diputados. Peor destino aún, si les haces saber que, “no importa lo que aprueben con tal de que aprueben algo”, porque todo se puede modificar en el Senado. Armar esa emboscada y culpar a la oposición por no cumplir tus promesas de campaña es muy mala estrategia. Si quieren corregir rumbo tienen que acotar y describir exactamente lo que requieren en materia legislativa. Hasta el respaldo ciudadano (que suele ser generoso) a la delegación de facultades se les ha caído. En el camino, se desgastaron inútilmente.

Lo cuarto es el desempeño puntual de algunos ministros. Desde declaraciones confrontacionales absurdas (ministro de Justicia y ministro de Trabajo) hasta ignorancia en asuntos en los que no se tiene competencia (ministro de Defensa), pasando por pantomimas (un plan de Educación que se “presenta” y nadie ha leído). Añadan la ignorancia total en la materia, como el caso del ministro de Salud o un peligroso y poco profesional manejo de relaciones exteriores. Podría seguir. No hay día que el gabinete no nos proporcione asombro, cuando no indignación. La sensación que dan es la de un grupo sin organización, donde cada uno no puede manejar ni lo suyo.

Finalmente, está la propia Keiko Fujimori. Durante los últimos 15 años siempre ha dosificado su presencia mediática. Controlar el contenido de cada tuit, cada video y cada discurso respondió a una sola meta: lograr la presidencia. Ahora, que ya está ahí, no hay contenido espontáneo propio y no hay escape posible. Está, todos los días, frente al país. Su primera entrevista reflejó intereses vinculados más a pseudociencia de influencer que a políticas de Estado. Sus intervenciones domingueras resucitaron una antigua línea de comunicación que iba de “quiero ser tu amiga y confidente” y terminaron siendo un pastiche de frivolidad. No le ha hecho bien la aparición de sus “amigos” que a su vez son “amigos” de un personaje como Cerimedo. Siendo estas amistades sus asesores en comunicación, ya se ve cuáles son los resultados. Lo mejor que ha hecho en estos días es desaparecer la figurita de Keiko influencer y su unboxing de regalos.

Keiko Fujimori necesita ser espontánea, pero luce desorientada. Cada vez que da una declaración tiene un ministro de mirada sombría parado al lado, como si temiera algo. Todos los miedos sobre un gobierno autoritario se han disipado ante tal exhibición. Keiko ya no da temor. En estas circunstancias necesita demostrar que tiene dominio de algunos temas y mando sobre el gabinete. Su mudez en los Consejos de ministros es una señal aterradora. ¿En serio no tiene nada que decir? No le queda más que evaluar y corregir. Si no lo hace su destino se lo puede contar Dina Boluarte.

Ese crecimiento desordenado es el origen del caos del transporte, de la vulnerabilidad ante los desastres naturales como El Niño que se avecina y de la inseguridad que se instala donde el Estado ni siquiera está presente. Y son exactamente esos problemas los que las campañas cubren con discusiones ideológicas que movilizan emociones pero postergan soluciones.

Vale decir que ese juego no es exclusivo de un solo lado del espectro. Y se tratan de violencias estructurales que alimentan todas las demás, como la que ocurre cuando un ciudadano pierde 4 horas o más al día para ir a trabajar mientras las autoridades fomentan una ciudad de autos particulares y transporte informal y no una red pública de transporte integrado.

El analista Juan de la Puente dijo en una entrevista con este diario que por estas razones esta elección es un plebiscito. No de gestión sino de modelo. Una aprobación o un rechazo a una forma de ejercer el poder que privilegió la figura sobre el servicio y la continuidad sobre la rendición de cuentas.

Un alcalde que abandonó el cargo para postular a la presidencia, que renunció al Senado y que ahora pretende volver al sillón como primer regidor sin pedirle el voto a Lima para ese cargo. El ciudadano que el 4 de octubre marque su cédula estará respondiendo dos preguntas que van más allá del candidato: qué tipo de autoridad está dispuesto a exigir y qué precio está dispuesto a seguir pagando por una gestión que promete y abandona.

Los números del Instituto de Estudios Peruanos confirman la dimensión del momento. López Aliaga, en reelección impostada, y Carlos Bruce suman cerca del 40% de la intención de voto. El resto de candidatos no alcanza el 15% entre todos. Y hay un 42% de electores que aún no ha decidido. Ese bloque es el verdadero protagonista de esta campaña.

En ese sentido, los próximos comicios deberían responder a la demanda vecinal por una autoridad edil a la cual se le pueda exigir rendición de cuentas o un alcalde que trabaje de espaldas a la ciudadanía, como ha sucedido hasta ahora.

En ese sentido, cuando un juez es destituido durante el gobierno de quien pierde un juicio, la justicia deja de ser justicia. Sino que se convierte en un instrumento del poder. Por eso cualquier ataque a la independencia judicial debería prender alarmas en toda la sociedad, no solo entre abogados y juristas. Lo que le ocurre a un juez hoy puede ocurrirle a cualquier ciudadano mañana.

Hoy la Junta Nacional de Justicia destituyó al juez Richard Concepción Carhuancho. El argumento fue una demora de 23 días en tramitar la apelación de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, en el caso Los Waykis en la Sombra.

Sin embargo, lo que la JNJ omitió, como ya se alertó en un editorial anterior, es que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya había revisado ese mismo caso y lo archivó sin encontrar falta disciplinaria alguna. Ante lo que la relatora especial de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su consternación por el procedimiento y pidió al Estado peruano cumplir con sus obligaciones internacionales.

Pero, omitiendo todas las alertas internacionales, el pleno de la JNJ destituyó al magistrado de todas formas. Y ante todo esto, el contexto importa.

Concepción Carhuancho es el juez que ordenó la prisión preventiva de Keiko Fujimori en 2018. El mismo que fue suspendido seis meses en junio de 2026 por usar una imagen de Nicanor Boluarte en una conferencia. El mismo cuyo caso había sido archivado por el propio sistema de control del Poder Judicial antes de que la JNJ lo reabriera.

Vale recordar que Satterthwaite no llegó al caso de hoy sin antecedentes. En mayo de 2026, la JNJ separó al juez Oswaldo Ordóñez por declaraciones que dio ante la CIDH sobre las leyes procrimen. En ese momento, la CIDH advirtió que era una represalia, pero las instituciones peruanas no escucharon.

Las alarmas internacionales llevan meses encendidas. La pregunta es cuándo el país decidirá escucharlas.