Primero, se ha dicho que como la Convención Americana (CADH) no menciona esta doctrina**,** que fue creada por la Corte en su jurisprudencia, no existe un fundamento legal para su aplicación. Sin embargo, la propia CADH ha señalado que la Corte tiene la función de interpretación de la misma, lo cual realiza en su jurisprudencia y en sus opiniones consultivas, con lo cual ese argumento es inválido.

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Asimismo, se ha planteado que la Corte IDH debería acoger la doctrina del margen de apreciación de los jueces nacionales, proveniente del Sistema Europeo de Derechos Humanos, doctrina que tampoco se encuentra en la Convención Europea, sino que también fue un desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo. Al parecer, eso no importa en este caso.

Por otro lado, es necesario recordar que el propio Tribunal Constitucional (TC) había reconocido la importancia del control de convencionalidad anteriormente. Así, en el 2012 estableció que la magistratura constitucional se encontraba en la obligación de ejercer un control de convencionalidad “para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la CADH, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la jurisprudencia de la Corte”. En el 2025, en el marco de la discusión de la norma que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad, la postura del TC cambia.

Termino diciendo que fui invitada a ser parte del Consejo Consultivo de la Comisión del Senado sobre Constitución y Relaciones Exteriores, por lo que estoy dispuesta a ampliar estos argumentos para que dicha Comisión corrija su posición contra el control de convencionalidad.

Llamar al LUM un lugar que propicia un constante enfrentamiento entre peruanos, y un espacio capturado por un grupo ideológico son, como le ha respondido Manuel Burga a Beingolea, frases que no corresponden a los hechos. Quizás el ministro se está refiriendo a la Cámara de Diputados, o al propio gabinete ministerial.

El LUM fue fundado a instancias del gobierno alemán como un aporte a la difusión de lo contenido en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, para mantener viva la censura a los horribles actos cometidos por Sendero Luminoso y las llamadas fuerzas del orden. Si a eso alude Beingolea, en efecto la idea alemana fue polémica desde el inicio.

En un inicio parecía que Beingolea quería mantener el LUM en el Mincul para que el ultraderechista Álvarez no lo desnaturalizara. Pero ahora vemos que se trató de un simple reflejo territorial. A Beingolea no le gusta el LUM, pero prefiere criticarlo en casa antes que perderlo.

Lo que se va viendo es que este ministro no tiene, o por lo menos no expresa, la menor idea de qué hacer con un LUM que en efecto sobrevive al filo del abandono. No parece que sumarse a los ataques de la derecha sea la forma de rescatar a la institución. Quizás el Mincul de Beingolea no es el lugar donde ella debe estar.

Si el asunto es político, quizás la conducción deba estar en manos del Acuerdo Nacional del Perú, desde hace decenios un espacio ecuánime y provechoso, mucho más que el ministerio promedio. Si la cosa es sobre todo cultural, podría pensarse en un patronato rotativo de las universidades más prestigiosas del país. El propio LUM podría ser itinerante.

Tengo la impresión de que Beingolea ha retrocedido de manera tan vistosa por temor a terminar cesado en el cargo. Aun con ese retroceso su paso por ese ministerio no va a ser largo.

Por un lado, está la llegada del Niño, que provocará desbordes, lluvias torrenciales y devastará la agricultura, lo que elevará los precios de los alimentos. Está la posible presencia de un terremoto de gran magnitud y la ausencia de políticas preventivas que nos dejan en una situación de gran vulnerabilidad.

A ellos se suma la violencia criminal que se ha instalado a través de la extorsión, convertida en un nuevo impuesto a los comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes que pagan por el derecho a vivir o a trabajar. Esta amenaza se materializa en el sicariato, que a sangre fría cobra vidas inocentes en las calles y en los buses. El gobierno ha sido superado por la audacia del crimen organizado.

En el ámbito económico, la amenaza está en el incremento del precio del combustible, que encarece el transporte y la canasta básica, y aviva la conflictividad social, incrementada por la acumulación de injusticias, necesidades insatisfechas y promesas incumplidas.

Ante esta situación, lo más grave es la falta de respuesta del gobierno, por lo que los ciudadanos nos sentimos absolutamente abandonados. No vemos un plan de contingencia real, no hay diálogo efectivo, no hay seguridad ni estabilidad. A través de sus mensajes y gestos, la presidenta Fujimori nos muestra una administración a la deriva, sin la capacidad de gestión que la situación actual exige.

La sensación que se tiene es de orfandad absoluta. Mientras la delincuencia, el desastre natural y la crisis económica nos golpean, el gobierno permanece inerte. Queda en nosotros, los ciudadanos, la resiliencia y la organización comunal para sortear las amenazas con respuestas claras, hechos concretos y liderazgo férreo.

A manera de comparación, la guerra de Ucrania registró menos de 500 civiles muertos en el mes de julio. El calor puede resultar mucho más letal que los ataques con misiles y drones rusos o ucranianos.

Francia, Alemania, Hungría, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Austria y otros países europeos registraron las temperaturas más altas de su historia. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, todo con olas de calor implacables, mucho más allá de lo esperado y que constituyen un anticipo de lo que puede suceder en el futuro si no se toman serias medidas para contener el calentamiento global.

La naturaleza está enviando todo tipo de mensajes a la humanidad. Los gigantescos incendios forestales en España, Francia, Grecia, Estados Unidos y otros países son parte de este agitado planeta que parece no encontrar la fórmula para controlar la emisión de gases tipo invernadero, los cuales son –en parte– responsables de esta auténtica catástrofe que estamos viviendo y viendo.

Para colmo de males, este año el llamado fenómeno del Niño salió de toda proporción hasta convertirse en un Super Niño, con efectos más demoledores de los que suele dejar periódicamente cada dos o tres años.

Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), además del elevado número de víctimas mortales, los daños por incendios forestales y pérdidas de producción en Europa pueden superar los 180,000 millones de euros, lo que muestra el impacto que el daño ambiental puede producir, no solo a los países europeos, sino a la humanidad en general.

Las muertes por golpe de calor en las calles de grandes ciudades, como Madrid o Roma, son más que un grito de la Tierra. Son una alarma de que el cambio climático no ha captado la debida atención de los diferentes gobiernos de todos los continentes. Si bien el Acuerdo de París fijaba algunas metas y obligaba a una inversión extraordinaria, en la práctica los resultados son insuficientes. Aquellas guerras han obligado a algunos países a reactivar plantas de electricidad que generan con carbón o combustibles fósiles, lo que significa más emisión de gases… con resultados igualmente más graves.

Todo esto ocurre en momentos en que, además, se ha debilitado enormemente la ya desgastada voz de las Naciones Unidas (ONU), lo que supone, para decirlo de alguna manera, que se está perdiendo la batalla por frenar el calentamiento global, lo que nos deja ante una cruda realidad: debemos esperar que los termómetros sigan subiendo en los años por venir, con pérdidas de vidas humanas y daños inimaginables.

Las guerras y la inestabilidad política mundial son causa de que la evidente parálisis ante esta tragedia ambiental se haga patente en lo que podrían calificarse como una reversión de las políticas verdes… si es que alguna vez en realidad promovieron un cambio auténtico y decidido.

Otro ejemplo preocupante es lo que alguna vez pareció una lucha contra los autos con combustibles fósiles. Esta tendencia continúa, pero más por novedad y relativa conciencia ambiental individual que por políticas para promover su uso. No son pocos los países que han retirado –o ni siquiera han creado– incentivos para su uso. Los vehículos de combustión interna siguen siendo dominantes en el parque vehicular, sin una tendencia significativa a la baja.

Cuando se creía que se estaba promoviendo una revolución verde, esta no solo no llegó a impactar, sino que ahora vemos una retirada táctica, a veces promovida intencionalmente –como sucede con Estados Unidos– y otras veces influida por las circunstancias, como pueden ser las guerras con el obligado retorno a peligrosas y contaminantes formas de generar energía.

Si en Europa el calor deja muerte y destrucción, para América Latina el pronóstico no es tampoco halagüeño: Centroamérica y el norte de Sudamérica, incluyendo una parte de Brasil, sufrirán severa sequía y el llamado estrés hídrico, que trae problemas para generar electricidad. Perú y Ecuador sufrirán por exceso de lluvias, algo parecido a lo que se dará en la parte baja del Cono Sur (Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y el centro de Chile). Eso dicen los meteorólogos como previsión de lo que veremos en la región a fin de este año.

Para cerrar esta reflexión sobre el calentamiento global y sus mortales y devastadores efectos, traigo una pregunta que dejó para la posteridad la antropóloga británica Jane Goodall –reconocida por su lucha para proteger a los primates–: ¿Cómo es posible que la especie con la mayor capacidad intelectual de la historia esté destruyendo su único hogar?

El país de la hoja de arce ya ha sido bastante provocado, con referencias a él como el 51.° Estado de la Unión, un comentario inaugural. Ahora acusa a los canadienses de querer los beneficios de un Estado de los EE. UU., pero sin la necesidad de serlo. Todo es una cuestión de aranceles. Ottawa le ha subido un 50% a las importaciones desde EE. UU.

Canadá, celosa de su identidad, ha respondido con furia, desde el inicio. Sumó con la Unión Europea nuevos tratados. En enero de este año, en la reunión de Davos, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, pronunció un discurso memorable, planteando la responsabilidad del gobierno de los EE. UU. frente a los problemas del orden mundial.

Allí dijo que ese orden enfrenta una ruptura permanente, y advirtió que las grandes potencias están convirtiendo la integración económica en un arma, y que los poderes intermedios deben juntarse para proteger su soberanía. Trump nunca se lo ha perdonado, y ha buscado maneras de seguir afectando la relación con el vecino del norte.

La política de Carney frente al problema Trump ha sido devolver golpe por golpe. Los aranceles de Canadá subieron a la par que los de EE. UU. Aparecieron fuertes boicots de ciudadanos canadienses a productos estadounidenses. Mientras tanto, Trump se distrajo y pasó a agraviar otras zonas, como Groenlandia.

Para Canadá es una situación incómoda. El 90% de su población vive a unos 100 kilómetros de la frontera con los EE. UU. Además, son unos dos siglos de muy buenas relaciones, y autonomía desde el Commonwealth británico. Era demasiado para el desarreglado Trump**, que** ahora ha pasado a criticar la presencia del idioma francés en Quebec, y las consecuencias de eso.

Los francófonos canadienses acusan al trumpismo de buscar interferir con las leyes de lenguaje que protegen su idioma. Carney ha salido a defenderlos, y a ganarse su aplauso. Trump niega toda intención de agraviar al francés de Canadá. Sería la primera vez.

Hay, pues, una guerra arancelaria entre los dos países, y una mala sangre en ebullición que le va a costar mucho a los dos países. La especialidad de Trump.

En el artículo de La República del 7 de agosto pasado sostuve que el Perú se merece una mejor conducción macroeconómica: existe desincronización en los equilibrios macroeconómicos de corto plazo e inconsistencias entre los objetivos de corto plazo y aquellos de mediano y largo plazo. Por eso el Perú mantiene desde hace varios años cierta estabilidad de precios, pero muy alta informalidad, poco crecimiento, mala calidad de actividades económicas, poca productividad, extrema pobreza y poca inversión y empleo formal.

El MEF conduce la política fiscal, el presupuesto y la deuda, pero también se encarga con muchas debilidades de la programación económica y de inversiones; el BCRP preserva la estabilidad monetaria; y los ministerios atienden sus sectores. Está faltando una instancia que tenga como responsabilidad principal el mirar el conjunto y verificar que las decisiones de corto plazo sean consistentes con los objetivos de ahorro, inversión, empleo y productividad de mediano y largo plazo.

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Ese vacío se observa mejor cuando se juntan las cifras. El país puede registrar un elevado superávit externo y abundantes reservas mientras una parte del ahorro nacional no encuentra destino en inversión interna; puede reducirse la inflación con tasas de interés altas y, simultáneamente, encarecerse el crédito productivo; o puede cumplirse una meta fiscal comprimiendo inversión pública o acumulando rigideces futuras. Cada autoridad actúa dentro de su mandato y, sin embargo, el resultado agregado no es el mejor posible. Lo que falta, además de mejorar el desempeño de cada autoridad, es una función institucional de coordinación y consistencia del conjunto.

Una instancia de coordinación del conjunto construye escenarios comunes, proyecta la interacción entre variables, identifica incompatibilidades, enfrenta shocks, evalúa alternativas y advierte cuándo una decisión que mejora un equilibrio de corto plazo deteriora otro, o debilita el crecimiento futuro.

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Brasil ofrece un ejemplo útil de coordinación sin eliminar competencias. Tiene un Consejo Nacional que reúne al ministro de Hacienda, al ministro de Planificación y al presidente del Banco Central. Debajo funciona una Comisión Técnica integrada por altos funcionarios del Banco Central, Tesoro, política económica, planificación y mercado de valores. Cada institución conserva la conducción de sus competencias, pero en conjunto disponen de un espacio institucional donde confrontar supuestos, objetivos y consecuencias. La lección es sencilla: autonomía operativa y coordinación macroeconómica pueden coexistir.

Alemania muestra una vía complementaria. El Bundesbank es independiente, pero su presidente participa en las reuniones del gabinete en las que se aprueban el Informe Económico Anual y el proyecto de presupuesto, y sus técnicos participan en grupos sobre previsiones tributarias, ciclo económico y estabilidad fiscal. Además, el Consejo Alemán de Expertos Económicos analiza crecimiento, empleo, estabilidad de precios y equilibrio externo, e identifica conflictos entre esos objetivos. La autonomía, por tanto, no exige aislamiento; exige que la coordinación no se convierta en subordinación.

El Perú podría adoptar cualquiera de estas lógicas creando instancias de coordinación de alto nivel, no ejecutoras. Su responsabilidad sería formular escenarios y hacer consistente el corto con el mediano y largo plazo, analizar ahorro e inversión, empleo, productividad, calidad de las actividades económicas, dotación intertemporal de recursos, y evaluar si los precios relativos y las fuentes de financiamiento son compatibles con una trayectoria de crecimiento sostenible. El presidente de esta instancia debería tener voz en el Consejo de Ministros y responder directamente al presidente de la República. Las decisiones operativas continuarían en cada una de las instituciones competentes. La coordinación no aprobaría tasas de interés ni presupuestos, etc., pero haría visibles los costos y efectos cruzados antes de hacer recomendaciones.

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La Comisión Técnica que apuntalaría estas instancias coordinadoras debería trabajar con ocho grandes conjuntos de indicadores macroeconómicos: 1) sector real: PBI, consumo, empleo, ingresos y productividad; 2) sector público: ingresos, gastos, déficit, deuda y financiamiento; 3) sector monetario-crediticio: dinero, crédito, tasas y liquidez; 4) sector externo: exportaciones, importaciones, cuenta corriente, capitales, tipo de cambio y reservas; 5) sectores sociales, 6) fuentes y usos de fondos: quién ahorra, quién invierte, quién se financia y mediante qué instrumentos; 7) programa agregado de inversiones: pública, privada, APP y extranjera, con sus fuentes de financiamiento y destinos; y 8) matriz insumo-producto, para estimar cómo los cambios en demanda, inversión y exportaciones se transmiten entre sectores, importaciones, empleo e ingresos.

El valor de las interrelaciones obliga a que cierren simultáneamente. Si se proyecta más inversión, la tabla de fuentes y usos debe mostrar quién la financiará. Si aumenta el gasto, los cuadros fiscal, monetario y externo deben revelar sus efectos. Si crecen las exportaciones o entran más capitales, debe evaluarse qué ocurre con el tipo de cambio y la producción. Y si una política mejora la inflación o el déficit, debe conocerse también su efecto sobre crédito, inversión, empleo y productividad.

El Perú no necesita reducir la autonomía de sus instituciones existentes ni concentrar decisiones en una nueva burocracia. Necesita incorporar una instancia de coordinación y un Comité Técnico sin sustituir a quienes hoy deciden. La buena gobernanza macroeconómica no consiste en que todos hagan lo mismo, sino en que cada autoridad conozca cómo sus decisiones encajan en un programa coherente.

La creación de las 4 comisiones presidenciales que ha anunciado el gobierno: 1) informalidad y empleos productivos, 2) banca y mercados financieros, 3) inversión pública**,** y 4) evasión e impuestos; de enfocarse apropiadamente, podrían ayudar a mejorar la eficiencia y eficacia de cada una de las principales unidades ejecutoras: MEF, BCRP, ministerios, SUNAT, CEPLAN, SBS, SMV, etc. Falta ahora crear las instancias que permitan una mejor coordinación entre las autoridades de la programación económica, monetaria, social y productiva, y los objetivos macroeconómicos de corto versus aquellos de mediano y largo plazo.

Las recientes elecciones presidenciales mostraron que el ausentismo electoral ha venido creciendo. Un efecto del cambio que se hizo en el 2006 con relación al monto de las multas, pero también la expresión de la decepción de la ciudadanía con relación al conjunto de la oferta electoral. Esto también viene ocurriendo con las elecciones municipales, al menos en Lima. Si uno compara los datos de participación del 2006 en adelante, tenemos que el nivel de asistencia a las ánforas ha venido disminuyendo de elección en elección desde el 2006. En las municipales de ese año el ausentismo fue del 12%. Fue aumentando entre uno y dos puntos porcentuales durante los siguientes procesos, pero en el 2024 los ausentes dieron un salto y llegaron al 21.4% de los electores hábiles.

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La decepción se expresa en falta de participación, pero también en la fragmentación del voto. Desde el 2002 hasta el 2014 (salvo la elección del 2006), los dos finalistas captaron más del 60% del voto emitido. Así fue cuando Castañeda triunfó frente a Andrade (2002); en el 2010, cuando Susana Villarán le ganó a Lourdes Flores**,** y en el 2014, cuando Castañeda ganó sobre Cornejo, por el APRA. La dispersión del voto comenzó en el 2018. Se tiene que sumar a los tres finalistas de ese año (Muñoz, el alcalde elegido, Urresti y Reggiardo) para alcanzar una cifra semejante a la histórica. El 2022 pasó lo mismo. Rafael López Aliaga (RLA) ganó la alcaldía con el porcentaje más bajo en el devenir de las elecciones limeñas (23.5% del voto emitido) y se tiene que considerar las votaciones por Urresti y Forsyth para igualar la cifra que antes era alcanzada sumando a los dos finalistas. La decepción y la fragmentación de la política son parte de los principales competidores en este proceso. Puede que no se necesiten grandes porcentajes para ganar la elección. Algo semejante a lo ocurrido con Keiko Fujimori en las presidenciales.

Las encuestas de intención de voto desarrolladas por Ipsos, Datum y CPI indican que hay alrededor de un 30% que no sabe todavía por quién votar. La lógica del elector en las elecciones municipales no es igual que en las presidenciales, pero hay que recordar que, según la encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en la primera vuelta, el 25% mencionó que decidió su voto la última semana y 18% el mismo domingo.

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Siempre se menciona que en las elecciones municipales la votación es más vecinal que política; que priman las características del candidato y la percepción o expectativa con relación a su capacidad ejecutiva, más que la marca partidaria. Y esto se puede expresar en un determinado estilo de comunicación como en la trayectoria vinculada a la ejecución de obras públicas. Cuando existía la reelección, un estudio daba cuenta de cómo la capacidad de gasto de alcaldes provinciales estaba relacionada con el voto (Pedraglio, 2016). Además de los temas de seguridad ciudadana y transporte (sobre lo cual la competencia es limitada), sobre los asuntos de limpieza y recojo de basura, el candidato debe mostrar capacidad de hacer obras. No por gusto, nuestro primer outsider (Ricardo Belmont) tituló a su agrupación de esa manera.

Ya se ha dicho bastante sobre lo poco ético de lo actuado por RLA para forzar una reelección (con la complicidad del JNE). Su lema de campaña podría ser: “hecha la ley, hecha la trampa”. Habría que añadir que el candidato de Renovación Popular, al igual que otros que buscan reelegirse, está generando una situación de inequidad con sus competidores. Quien, en la práctica, está buscando reelegirse, puede decir que ya hizo obra en Lima y que hay que votar por él para que continúe. Estarán los que no se crean el cuento, pero para otros, la supuesta obra puede ser la coartada que le permita negar lo poco ético y antidemocrático de la medida que el JNE tolera con tanta facilidad.

Finalmente, está la variable política. En un estudio que hemos realizado con Mathias Mackelmann, pronto a publicarse, la gente decía que en el 2022 muchos votaron por RLA porque lo asociaban a un empresario con capacidad de ejecución, pero también como reacción ante la presencia de Castillo en la presidencia. RLA es un personaje a quien le gusta polarizar a punta de insultos. Es la expresión de que la derecha ya no solo se divide entre una tecnocrática-liberal y otra populista-conservadora (Meléndez, 2019), sino que hay, además, en particular en Lima, una extrema derecha iliberal. RLA renunció a la alcaldía de Lima a fines del 2025 con un 48% de aprobación en su gestión (Datum) y en la primera vuelta lideró el discurso del fraude que posiblemente lo haya dejado como víctima ante un sector de sus más fieles seguidores limeños. Pero también puso en evidencia lo díscolo de su carácter y su poco respeto por las normas democráticas, más aún con su renuncia al cargo de senador. Hace años que en Lima prima un voto que va desde el centro hasta la derecha más radical y conservadora. Ahora hay alternativas de candidatos que se ubican en todo ese espectro y tienen experiencia municipal. ¿Cuántos irán a votar? ¿Se podrá ganar con muy poco? La elección dirá mucho de quiénes son los electores limeños.

Mientras tanto, la trama verdaderamente grave no ha tenido la difusión que amerita. Esta semana ocurrió la captura del argentino Fernando Cerimedo en Bolivia, por contratar sicarios para asesinar a su pareja embarazada. Al fallar en el intento, su expareja optó por colaborar con las autoridades policiales y judiciales, lo que abrió revelaciones gravísimas con información que todos sospechábamos, pero que por primera vez es confirmada. El director del medio digital La Derecha Diario sería el líder de una organización internacional de difusión de información falsa, narrativas conspirativas de ultraderecha, que ha trabajado, por lo menos, en las campañas de Javier Milei, José Antonio Kast, Jair Bolsonaro, Rodrigo Paz y Nasri Asfura, con influencia de una de las agencias de los Estados Unidos.

Considerando la confirmación de los voceros del gabinete ministerial sobre la participación del señor Valenzuela en la campaña presidencial de Fuerza Popular, y las fotografías en las que se ha visto juntos al señor Valenzuela con personas del equipo de comunicación de Javier Milei, es indispensable responder si hay algún vínculo entre el amigo personal de la señora Fujimori y el señor Fernando Cerimedo, cuya empresa de difusión de mentiras, teorías de la conspiración, difamación y narrativas de miedo ha contribuido a la pérdida de confianza hacia la democracia y la demolición de personas e instituciones. De comprobarse un nexo, vale la pena cuestionar la legitimidad de regímenes que se instalan utilizando ese tipo de métodos.

Antes de concluir que esto es solo chisme político, respondamos primero: ¿existe la conexión? Si la hubiera, el ampay que importa no es sentimental, sino criminal. Relativizar eso es parte del problema.

La controversia suscitada en torno al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) exige ser examinada desde una perspectiva jurídica y de política exterior, antes que desde categorías coyunturales vinculadas con alineamientos ideológicos o conveniencias políticas.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la RASD, dispuesto mediante comunicado conjunto del 8 de septiembre de 2021, durante mi gestión como canciller, no constituyó una ruptura con la tradición diplomática peruana; más bien, todo lo contrario, se erigió como la reafirmación de principios que han orientado históricamente su conducta internacional.

La cuestión saharaui adquiere especial relevancia dentro de este marco, pues se encuentra vinculada con el proceso de descolonización y con el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política.

El fundamento jurídico de esta posición se encuentra, en primer término, en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, que incorpora la libre determinación de los pueblos entre los principios que deben regir las relaciones internacionales. Este principio fue desarrollado posteriormente por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y encuentra, además, reconocimiento expreso en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para el Perú, uno de los 51 Estados fundadores de las Naciones Unidas, la libre determinación constituye un principio imperativo del Derecho Internacional Público y una obligación internacional vinculante, cuya relevancia para nuestra política exterior encuentra, además, un antecedente histórico en su invocación por el Perú en la cuestión de la heroica ciudad de Tacna.

Su importancia, sin embargo, trasciende hacia la propia génesis de la República, donde se sustentó nuestra independencia en el derecho de los pueblos a determinarse libremente. En ese sentido, nuestra vocación principista se encuentra expresamente arraigada a la propia formación de nuestra Nación.

Este principio, que forma parte de la propia tradición jurídica e histórica del Perú, encuentra una aplicación concreta en la cuestión del Sáhara Occidental, territorio que figura entre los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización.

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 descartó la existencia de vínculos de soberanía territorial entre el territorio y Marruecos o la entidad mauritana que pudieran afectar la aplicación del principio de libre determinación. La creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad y la prórroga de su mandato mediante la Resolución 2797 (2025) evidencian la persistencia de una cuestión internacionalmente irresuelta.

Además, dicha resolución busca promover la flexibilización de las posiciones entre las partes para facilitar las negociaciones. Ello guarda especial coherencia con la posición mantenida por el Perú durante décadas de apoyar los esfuerzos del secretario general, en particular la gestión de su representante especial, Staffan de Mistura.

Además, su tercer párrafo es explícito al señalar que toma como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a que esta contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Ergo, dicho instrumento no comprende un respaldo a la pretensión de Marruecos de tener soberanía sobre dicho territorio.

La trayectoria histórica peruana confirma esta orientación. El Perú reconoció a la RASD en 1984, estableció relaciones diplomáticas en 1987, las suspendió en 1996 y las restableció en 2021 para luego suspenderlas nuevamente poco tiempo después.

Precisamente, el propósito del restablecimiento de 2021 fue superar las lecturas ideologizadas de esta cuestión y recuperar una política exterior guiada por la tradición diplomática de la Cancillería, como lo sostuve ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

El Perú no tiene que elegir entre principios y conveniencias, ya que su propia historia diplomática le impone la responsabilidad de sostener los primeros. La coherencia del accionar internacional de nuestro país frente al reconocimiento de la RASD reside en su capacidad de permanecer fiel a los principios jurídicos que reconoce como propios.

No obstante, esto resulta relativo. El caso utilizado por excelencia son las empresas de origen chino. ¿Son realmente independientes o sirven a los intereses de China? Y es que, al ser muchas de ellas empresas estatales o con presencia de capital proveniente del sector público, pueden servir a los objetivos de la política exterior china.

El gobierno de EE. UU. suele argüir que el puerto de Chancay, de propiedad mayoritaria de la empresa china Cosco Shipping Ports, puede servir a los intereses militares del gigante asiático. La fusión civil-militar, política impulsada por el presidente Xi Jinping que combina el desarrollo económico con la defensa nacional, genera preocupación en EE. UU. Pero esto no solo sucede en China, también ocurre, en cierta medida, en los países occidentales.

Si bien se trata de una transacción con una empresa privada, en el proceso de compra de los aviones F-16 a Lockheed Martin por parte del Estado peruano, la influencia de EE. UU. ha sido evidente. No es casualidad que en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Cusco este año, el subsecretario de Defensa de los EE. UU., Elbridge Colby, haya destacado esta compra por parte del Perú, al tratarse de “un paso importante para alinearse con la industria de defensa estadounidense”.

Habría que recordar que, si bien se trató de un proceso reservado, fuentes periodísticas señalan que la propuesta estadounidense estaba por debajo de la opción del Gripen sueco. Sin embargo, el mismo gobierno peruano habría expresado consideraciones políticas para inclinar la balanza en favor de los F-16. Incluso la empresa Lockheed Martin hace énfasis en la importancia de esta compra para fortalecer la “alianza estratégica” entre el Perú y EE. UU.

En suma, los Estados construyen vínculos con sus empresas, directa o indirectamente, para atender sus intereses en el ámbito internacional. Para países como el Perú, promover la internacionalización de sus empresas en la región puede suponer prestigio, liderazgo y posicionamiento internacional. Creer que eso solo sucede en China y que las empresas occidentales sirven solo a sus intereses corporativos no necesariamente es cierto.

Alguna persona podría espetar con que al menos no hemos ido a peor, pues el gran sorpasso autoritario, la estocada final, que se temía tampoco ha llegado ni parece, aún, acercarse.

En lugar de eso, la presidenta que más deseó serlo ha tenido apenas algunas apariciones públicas poco relevantes. Quizás lo más grave ha sido verla hablando de rutinas de cuidado facial la misma noche en que Villa El Salvador se inundaba.

A poco de asumir la presidencia, se filtró a la prensa un pedido de facultades legislativas que no parecía enfocarse en las prioridades que la ciudadanía reclamaba, sino en un proyecto de liberalización del empleo y la industria. El documento tuvo tantos cuestionamientos que habría generado fricciones incluso al interior del gabinete ministerial, siendo enviado a reposo. Un gobierno sin rumbo. Un gobierno tibio.

Treinta días después de asumir el poder, y como decíamos, sin ningún resultado o medida relevante, ahora Fujimori dice que la culpa de su inercia es de los gobiernos anteriores, que dejaron cifras lamentables y muy difíciles de revertir. ¿Pretende la señora que nos olvidemos que ella y su partido fueron los responsables de colocar y sostener a esos gobiernos?

Ahora, la política que se consideraba altamente preparada, que prometía un gabinete de gran capacidad (aunque esto ya desde la juramentación de los ministros vimos que no era realidad) pide a la población tiempo para organizar y ordenar la administración pública antes de ver cambios notables.

Parecen no tener claro la señora Fujimori que la ciudadanía es consciente de que las grandes transformaciones no ocurren en 30 días, que de hecho los cambios más relevantes toman meses o años en constituirse. Pero lo que la ciudadanía —y más específicamente sus votantes— esperaban era ver rápidamente el liderazgo en las medidas que ya había ofrecido. Quien hizo campaña como “dama de hierro” y fuerte personalidad para el orden no puede esperar que las probaditas de sombrero hagan olvidar a la población sus urgentes necesidades.

Creo que es particularmente grave en este aspecto el anuncio de que el incremento en el monto que perciben los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65 demorará hasta el 2027. Comprendo que técnicamente con el presupuesto anual ya aprobado y corriendo esto es difícil de solventar a la brevedad; pero de ninguna manera es imposible en un país en el que por cosas menos relevantes se hacen recortes presupuestales. Y es particularmente indignante porque se trata de adultos mayores en las condiciones económicas más precarias que tuvieron la esperanza de alcanzar una mejora y que ahora deberán seguir haciendo malabares con 350 soles bimensuales.

Que el ministro de Economía tuviera la desfachatez de anunciarles como positivo que al menos ahora sus pagos llegarán a tiempo es indolente. Ese no era ningún favor, señor ministro, sino el simple cumplimiento de la función pública. Si nos tenemos que alegrar porque sepan hacer su trabajo administrativo, entonces estamos peor aún de lo que quieren hacernos creer.

En este contexto me preocupa también la poca reacción que se ve aún en las fuerzas de oposición política. Cuando durante la campaña electoral se prometía una reacción férrea desde la oposición democrática, sigue pareciéndome que hasta ahora hemos visto actuaciones de baja intensidad.

Quizás lo que mayores reacciones ha despertado han sido las declaraciones del ministro de Justicia y el ministro de Cultura en torno a la titularidad del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión (LUM). Sin embargo, pese a compartir absolutamente la preocupación por el futuro del LUM, echo en falta acciones de mayor firmeza frente al gobierno.

¿Cómo es posible que no haya una mayor incidencia y una campaña altisonante para forzar la aprobación de las propuestas de ley de derogatoria de las leyes procrimen?

¿Por qué aún no han sido citados los ministros para informar las acciones que tomarán frente al fenómeno de El Niño, que está cada vez más cerca y que generará inundaciones ya no solo en Villa El Salvador sino en buena parte del país?

¿Será que al regreso de la semana de representación veremos alguna citación al ministro de Salud para conocer su opinión sobre la vulneración de los derechos de una paciente que requería acceder a un aborto terapéutico?

Estamos efectivamente en el primer mes de gobierno y parlamento y todos nuestros nuevos funcionarios se están asentándose en sus respectivos puestos, pero la ciudadanía no puede esperar a que se sienten y se sientan cómodos, se requiere mayor contundencia, porque ninguno de estos actores ni siquiera en las bancadas de nuevos partidos son actores que desconozcan la política, que no se hayan preparado previamente para ocupar estos cargos y que no hayan tenido en estos meses tiempo para plantearse estrategias de actuación.

La presidenta que esperó 15 años para gobernar debe ser fuertemente confrontada por las bancadas que prometieron que renovación significaría firmeza.

Pero peruanos y peruanas merecen un gobierno capacitado y una oposición contundente. Por ambas opciones votaron ellos y ambos pusieron en los lugares en los que están. Mientras sigamos en modo baja intensidad la ciudadanía seguirá sintiendo que se distancia de sus nuevas autoridades, y ninguno de los problemas de fondo que bien conocemos verá solución.

Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.

Tres años después vuelve al Perú

Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.

Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.

No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.

Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.

Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.

Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.

Por esto, causa natural indignación que quien ocupa ese cargo hoy en el Perú especule públicamente sobre cuántos puntos subiría la popularidad de la actual presidenta Keiko Fujimori si disolviera el Congreso. Al afirmar que subiría dice todo lo que hay que saber sobre cómo entiende su misión.

Josué Gutiérrez fue designado con votos del fujimorismo y desde el primer día de su gestión actuó en consecuencia. Guardó silencio cuando la Policía ultimó a más de 60 manifestantes en el sur del país durante las movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte, en lugar de exigir investigaciones y proteger a las familias de las víctimas como su cargo lo mandaba. Respaldó públicamente a Vladimir Cerrón cuando el TC lo liberó, justificando la decisión. Al respecto, vale traer a la memoria que el actual defensor fue abogado del hoy liberado líder de Perú Libre.

Si bien luego precisó que no alentaría ninguna acción antidemocrática, la señal ya estaba enviada. Invocar la disolución del Congreso como estrategia de popularidad no es un análisis inocente viniendo del titular de una institución como la que él dirige.

Sin embargo, también es cierto que el diagnóstico que Gutiérrez hace del Estado es real. La institucionalidad está en crisis por donde se le mire, afirmó. Pero la misión del cargo exige que frente a ese cuadro la Defensoría presente informes, formule recomendaciones, presione con sus facultades a los distintos poderes y ampare al ciudadano con autonomía del gobierno de turno. Lo que hace Gutiérrez en cambio es especular con escenarios que favorecerían a la mandataria que lo designó y guardar silencio frente a las vulneraciones de derechos que su institución existe para denunciar.

El Perú merece una Defensoría del Pueblo que proteja al ciudadano con independencia del régimen de turno. Desde que Gutiérrez asumió el cargo esa autonomía nunca existió. El patrón es consistente y hoy la ciudadanía vuelve a recordarlo.

Esta semana esa distancia se acortó de golpe. Más de cien empresas, entre ellas OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic, firmaron una carta abierta titulada "Un llamamiento a la acción colectiva en materia de ciberdefensa". El documento advierte que "disponemos de un plazo limitado para reforzar las defensas cibernéticas" y que "en los próximos meses, los ciberataques impulsados por IA se generalizarán y se volverán mucho más sofisticados". La frase funciona casi como advertencia de guion, el tipo de línea que un personaje pronuncia justo antes de que la trama se precipite.

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No es una sola empresa lanzando una alerta interesada, como podría sugerirse desde una perspectiva conspiranoica. Es Google junto a Microsoft, es OpenAI junto a Anthropic, es la banca junto a la ciberseguridad global existente, todas firmando el mismo documento. Esto es algo que no había ocurrido antes, al menos, a esta escala.

La grieta que encontró el propio sistema

El motivo del miedo tiene nombre y fecha recientes. OpenAI reconoció que, durante una prueba controlada, sus propios modelos lograron escapar del entorno diseñado para contenerlos y tocar infraestructura de producción real. No fue un ataque externo. Fue el sistema probando sus propios límites y encontrando una grieta.

“Errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro y sin parchear, autenticación débil y deuda técnica en sistemas heredados han dejado los sistemas expuestos", afirma este pronunciamiento sin precedentes.

El problema es que, en la actualidad, hospitales, plantas de agua, la infraestructura que sostiene internet, llevan años funcionando con esas grietas acumuladas. Para muchos expertos en ciberseguridad mundial, “ la IA, junto con los estados como expectadores externos, son los generadores de esta vulnerabilidad.

La advertencia que ahora emiten a nivel mundial es que la IA actualmente representa una amenaza que encontrará más rápido de lo que cualquier humano puede corregir las brechas en la ciberseguridad de activos críticos de países y empresas.

El propio documento lo plantea como aviso y como promesa a la vez, al decir que "los avances actuales en IA ya están brindando a los defensores nuevas formas de corregir vulnerabilidades acumuladas durante años". Sin embargo, ese desfase de velocidad, entre lo que un modelo puede descubrir en minutos y lo que un equipo de seguridad tarda meses en remediar, es el corazón técnico de la alerta que, hasta el momento, está pasando desapercibida.

El dilema que la carta no nombra

Hay una lectura más preocupante detrás de esta misiva tecnológica. Y es que quienes crearon el riesgo son los mismos actores que pretenden ofrecer la solución. Las empresas que desarrollan los modelos capaces de comprometer infraestructura crítica son ahora las que también piden ser financiadas, integradas y escuchadas por los estados y las corporaciones para defenderla.

La carta pide a los Estados "elevar sus estándares de seguridad" con suma urgencia, y pide a las empresas de IA "proporcionar acceso responsable a modelos" a cambio de esa protección. El margen de maniobra de un gobierno, ante ese planteamiento, por supuesto, es de jaque.

El razonamiento tiene la forma de una profecía que se cumple sola. Si los Estados no adoptan defensas basadas en IA, el propio documento advierte que la infraestructura quedaría expuesta a ataques que se volverán, en sus palabras, "mucho más sofisticados". No obstante, sugieren que si los Estados optan por adoptarlas y todo lo que económica, social, política y militarmente eso representa, los riesgos serán menores. Es decir que si entregan una porción de la seguridad nacional a sistemas que no rinden cuentas a los ciudadanos como puede ser mediante el voto, podrán sortear su autodefensa.

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La realidad es que ninguna de las dos rutas devuelve al Estado el control pleno que tenía antes de que este riesgo existiera.

Ese es el punto donde la ciencia ficción deja de ser la referencia posible y empieza a incomodar. La política pública, tradicionalmente terreno de instituciones democráticas y deliberación de individuos, transita ahora hacia actores superpoderosos que informan al planeta cuáles son las nuevas reglas de seguridad digital del mundo, pero sin someterse al sufragio ni rendición de cuentas. La misma carta lo admite cuando afirma que "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una frase defensiva que reconoce, sin decirlo del todo, el poder que ya concentran.

Todas las voces que firmaron la advertencia

La lista de firmantes es en sí misma una fotografía del poder tecnológico actual. Laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft aparecen junto a gigantes de la nube como AWS, Oracle e IBM, junto a firmas de ciberseguridad como CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cloudflare, Fortinet, Sophos, Darktrace y Tenable. También suman consultoras como Accenture, KPMG, PwC y Capgemini, y bancos como BBVA, Citi, Capital One, Mastercard y Visa.

Completan el documento nombres como Adobe, AMD, Arm, Broadcom, Cisco, Dell, Equinix, Figma, GoDaddy, Hugging Face, Okta, Perplexity, Red Hat, ServiceNow, Shopify, Snowflake, Snyk, TransUnion, Uber, Vercel, Zscaler, General Motors, Fifth Third Bank, U.S. Bank, Robinhood, DTCC, The Clearing House y Zurich Insurance Company, entre muchas otras firmas de seguridad especializada como SpecterOps, Corelight, Cyera, Obsidian Security, SentinelOne y HackerOne.

La variedad importa tanto como la cantidad. La propia carta lo resume así, "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una línea que explica por qué firmaron juntas compañías que compiten entre sí a diario. No firmaron solo quienes construyen inteligencia artificial ni solo quienes la defienden. Firmaron quienes procesan pagos, quienes aseguran hospitales, quienes fabrican los chips y quienes venden software a gobiernos.

Gibson escribió aquel ciberespacio como una metáfora de lo que vendría. Cuarenta años después, la metáfora dejó de serlo. El documento cierra con una frase que podría ser el epílogo de cualquier novela sobre tecnología fuera de control, "juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos". La pregunta que queda abierta es si esta vez los defensores llegarán antes de que se cierre la ventana que ellos mismos dicen ver cerrarse.

Para leer la carta, puede dar clic al siguiente enlace: https://openai.com/collective-cyberdefense/

Al respecto, la Ley General de Salud, la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 2 de la Constitución son categóricos al afirmar que esa información es inviolable y solo puede compartirse con consentimiento expreso del titular. Que esa norma se viole con tanta frecuencia en el Perú dice algo sobre la brecha entre lo que la ley ordena y lo que el sistema garantiza en la práctica.

Entre 2023 y 2025, Susalud registró 38 filtraciones de información médica sensible en el sistema de salud peruano, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. La Clínica Delgado fue sancionada con S/668,750 por filtrar los datos de salud de la ciudadana colombiana y artísta pop internacional Shakira Isabel Mebarak Ripoll (Shakira) en febrero de 2025. El mismo centro médico fue sancionado posteriormente por entregar el historial clínico de la exprimera dama Nadine Heredia a la Fiscalía sin autorización. Son casos visibles porque involucran figuras públicas. Los casos de pacientes anónimos cuyos datos circulan sin que nadie los sancione son muchos más.

El caso más reciente agrega una dimensión que va más allá de la negligencia institucional. Un diputado de la República, Christian Aranda de Renovación Popular, expuso en redes sociales los datos de una ciudadana que solicitó un aborto terapéutico en el Hospital Regional de Abancay, incluyendo su nombre, para cuestionar un procedimiento que el artículo 119 del Código Penal reconoce como derecho desde 1924. Luego eliminó la publicación y la volvió a subir sin el nombre, pero el periodista Cristian Rebosio ya había capturado el documento original. Aranda dijo después que había “logrado el objetivo” y que se había “salvado una vida”.

Eso no es fiscalización. Es hostigamiento.

Lo cierto es que el problema estructural tiene dos dimensiones que el Estado debe atender. Por un lado, la ciberseguridad de los sistemas de información médica en hospitales y clínicas. Y la capacitación del personal de salud en confidencialidad insuficiente. Lamentablemente, las filtraciones más frecuentes provienen de trabajadores no médicos que comparten información sin medir las consecuencias.

La obligación del Estado es hacer todo lo que esté en sus manos para prevenir la violación de derechos, no atenderlos cuando ya fueron vulnerados.

Mario Vargas Llosa respondió con una columna que, dieciséis años después, sigue leyéndose como advertencia: "Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir esas actitudes intolerantes".

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El origen: un ministro que rechazó la donación alemana

El texto, titulado "El Perú no necesita museos" y publicado como columna de la serie Piedra de Toque en el diario El Comercio, parte de ese episodio concreto: el rechazo del Estado peruano a la donación alemana destinada a construir un museo sobre el periodo de violencia interna vivido entre 1980 y 2000. Vargas Llosa dedica el arranque de su columna a desmontar el perfil del propio ministro: aclara que no se trata de un militar improvisado, sino de un abogado con una carrera política consolidada dentro del Partido Popular Cristiano, que además había representado al Perú como embajador ante la OEA.

Precisamente por eso, el escritor se pregunta cómo un hombre con esa trayectoria pudo sostener un argumento tan pobre, y responde que la explicación no está en la falta de inteligencia del ministro, sino en dos vicios que identifica como estructurales en la clase política latinoamericana: la intolerancia hacia lo que no se entiende y la incultura como forma de gobierno.

A partir de ahí, construye una analogía histórica para desarmar el argumento de que la cultura debe esperar a que se resuelvan las urgencias materiales. Si ese criterio se hubiera aplicado en otros países en otros momentos de su historia, sostiene, ninguno de los grandes museos del mundo —el Louvre, el Prado, la National Gallery, el Hermitage— existiría hoy, porque todos se construyeron en sociedades que también tenían pobreza y carencias. Lleva el argumento al extremo local al sugerir, con ironía deliberada, que bajo esa misma lógica Machu Picchu debería haberse subastado para financiar necesidades básicas. El objetivo de esa hipérbole es mostrar que la oposición entre cultura y desarrollo es falsa: ningún país prospero ha llegado a serlo sacrificando su patrimonio.

El contexto: la CVR y "Yuyanapaq"

La columna recuerda que cerca de 70,000 peruanos murieron durante el conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso, en su mayoría campesinos de zonas andinas y de los sectores más pobres del país. Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori —que Vargas Llosa describe como un gobierno cleptómano y corrupto, con un historial propio de asesinatos, torturas y desapariciones cometidos bajo el pretexto de combatir la subversión—, el gobierno de transición conformó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), presidida por el filósofo Salomón Lerner, para documentar esa tragedia con rigor académico.

Con ese material, la comisión montó la exposición "Yuyanapaq" ("Para recordar", en quechua), exhibida en el Museo de la Nación, que reunía fotografías, testimonios y registros del horror provocado tanto por los grupos terroristas —Sendero Luminoso y el MRTA— como por agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos, incluido el grupo Colina. Vargas Llosa describe esa muestra como una de las más conmovedoras que se hayan montado en el país, precisamente porque no se limita a acumular cifras, sino que expone la impotencia y el desamparo de las comunidades más pobres frente a una violencia que las sobrepasó por completo.

La defensa de Vargas Llosa frente a las críticas a la CVR

El autor —candidato presidencial en 1990 y blanco, según cuenta, de dos atentados fallidos por parte del terrorismo, uno en Pucallpa y otro en Lima— sale al frente de las críticas que acusaban a la CVR de equidistancia entre terroristas y fuerzas del orden. Se detiene a subrayar su propia autoridad moral para hacer ese descargo: recuerda que durante su campaña presidencial denunció con insistencia los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA, y que con la misma constancia cuestionó a los sectores de la izquierda que, en su lectura, minimizaron o justificaron el terrorismo por cálculo ideológico.

Sobre esa base, sostiene que revisó personalmente los nueve volúmenes del informe de la CVR y que, pese a reconocer que un trabajo de esa magnitud puede contener errores puntuales, no encontró en sus conclusiones ningún indicio de parcialidad. Por el contrario, describe el informe como un esfuerzo casi obsesivo por reconstruir la verdad de los hechos a partir de un cúmulo de testimonios y documentos contradictorios, cuya conclusión central —dice— es inequívoca: la responsabilidad principal y mayoritaria de la matanza recae en los fanáticos senderistas y emerretistas, convencidos de que el asesinato masivo de sus opositores traería al país una suerte de paraíso socialista.

La tesis central: proteger la memoria es prevenir la violencia

El argumento de fondo del artículo no es solo cultural, sino preventivo: para Vargas Llosa, un museo de la memoria no compite con las escuelas y los hospitales por recursos, sino que cumple una función social que puede evitar que el país repita su propia historia. Plantea que la falta de espacios como este perpetúa exactamente el tipo de intolerancia y ceguera política que, en su lectura, hizo posible la violencia de los años ochenta y noventa: tanto la de los ideólogos marxistas y maoístas que la desataron como la de quienes, desde el propio Estado, respondieron con métodos igual de fascistas convencidos de que el fin justificaba cualquier sacrificio de vidas inocentes.

Desde ahí amplía la reflexión a una defensa general del rol de los museos en cualquier sociedad, no solo en el contexto post-conflicto peruano. Sostiene que educan de una manera distinta y en muchos sentidos más duradera que la escuela formal, porque actúan sobre la sensibilidad y no solo sobre el conocimiento. Afirma que ensanchan la mirada de quienes los visitan, sustituyendo una visión estrecha y provinciana del mundo por una más plural y generosa, y que ese ejercicio de imaginación y autocrítica es, en última instancia, lo que distingue a una clase política capaz de gobernar con cierta decencia de una que no lo es. El progreso, insiste, no se mide solo en carreteras, colegios y hospitales construidos, sino también en la capacidad colectiva de diferenciar lo bello de lo feo y lo tolerable de lo intolerable — una capacidad que, según él, se cultiva precisamente en espacios como los museos.

Vigencia del debate

Aunque el Lugar de la Memoria se inauguró finalmente en 2015 —seis años después de esta columna y ya con financiamiento alemán reencauzado—, el artículo de Vargas Llosa retrata una tensión que ha reaparecido cíclicamente en el debate público peruano: la que enfrenta las políticas de memoria histórica con la idea de que la cultura es un gasto postergable frente a necesidades materiales más urgentes.