El estudio modelizó la exposición ambiental a 31 principios activos de pesticidas —19 insecticidas, 7 fungicidas y 5 herbicidas— utilizando información sobre cultivos, suelos, clima, pendiente, escorrentía y propiedades químicas. El modelo permitió construir una superficie de riesgo para el 96% del territorio nacional. Las zonas de riesgo moderado y alto cubren más de un tercio del país y se concentran especialmente en los Andes, en particular en su vertiente occidental y algunos sectores de la costa sur.

Un resultado llamativo es que la exposición potencial no se limita a las parcelas tratadas. La difusión de pesticidas puede extenderse 30–50 kilómetros más allá de las áreas cultivadas, alcanzando unos 1.600 km² adicionales. Además, el riesgo calculado fue significativamente mayor durante El Niño de 2015 que en 2019, un año considerado normal. El clima puede, por tanto, modificar tanto el uso como la difusión y la acumulación de estos productos.

El modelo fue contrastado con muestras de cabello de 50 personasresidentes en distintas zonas de riesgo. La distribución espacial de los residuos de pesticidas y sus productos de degradación en el cabello mostró una asociación con el riesgo estimado. No es una medición individual exhaustiva de exposición, pero aporta una primera validación independiente del mapa de riesgo.

El segundo componente utilizó 158.072 casos de cáncer registrados entre 2007 y 2020 por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se clasificaron los tumores según su linaje de desarrollo y aplicaron modelos espaciales para identificar concentraciones estadísticamente significativas. Se identificaron 436 conglomerados o “hotspots” de cáncer, con un riesgo relativo entre 1,14 y 9,38 y una media de 2,52. Estos se concentraron principalmente en áreas rurales bajo intensa presión agrícola y ambiental: en la costa de Ancash, Piura e Ica; en valles andinos de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco; y en zonas de Huánuco, Junín y Pasco asociadas con deforestación y expansión agrícola. En Junín, uno de estos conglomerados coincide con territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y presenta, además, una concentración muy significativa de cáncer de hígado.

El patrón es interesante porque la asociación no aparece solo con la agricultura, sino también con la transformación del territorio. Considerarla deforestación, por ejemplo, mejoró el ajuste de los modelos. La exposición ambiental debe entenderse dentro de un conjunto más amplio de cambios territoriales. Para saber si detrás de esta asociación espacial podía existir algún mecanismo biológico, se analizaron muestras de hígado de 36 pacientes con carcinoma hepatocelular, residentes en zonas de riesgo. Se encontró una firma molecular asociada con exposición a carcinógenos no genotóxicos, especialmente en tejido hepático no tumoral. Esto podría reflejar alteraciones que preceden a la transformación maligna.

La convergencia de estas tres evidencias —ambiental, epidemiológica y molecular—es el aspecto más interesante del estudio, de igual forma, es la primera vez que se utilizan muestras humanas para estudiosambientales de riesgo de cancer. Pero no significa que se haya demostrado que un pesticida determinado causó un cáncer determinado. Los propios autores reconocen que las exposiciones individuales no fueron medidas directamente. El modelo estima riesgos ambientales a escala territorial y poblacional, y no permite saber cuánto, cuándo y a qué combinación de pesticidas estuvo expuesta cada persona. Tampoco pueden descartarse otros factores ambientales, sociales o relacionados con los estilos de vida. Pero podemos observar en un mismo mapa dónde se concentra el riesgo ambiental asociado a pesticidas, dónde aparecen conglomerados de cáncer y qué señales biológicas podrían conectar ambos fenómenos.

La importancia del estudio está precisamente en que permite mirar el problema de otra manera. Los riesgos ambientales no se distribuyen uniformemente en el territorio. Allí donde coinciden agricultura intensiva, degradación ambiental y poblaciones rurales o indígenas —que pueden enfrentar mayores barreras de acceso a servicios de salud— la vigilancia ambiental y epidemiológica adquiere particular importancia. En promedio, estas poblaciones están expuestas simultáneamente a 12 plaguicidas diferentes detectados en concentraciones elevadas. El estudio también sugiere que fenómenos climáticos extremos, como El Niño, pueden agravar la exposición al alterar la dispersión de estos productos.

Ello plantea un desafío de política pública que va más allá de prohibir o autorizar sustancias. Hay que saber qué pesticidas se utilizan, dónde, en qué cantidades y qué ocurre con ellos después de aplicados; monitorear agua, suelos y alimentos e identificar a las poblaciones más expuestas. Cuando las exposiciones pueden ser múltiples y desplazarse más allá de las parcelas tratadas, la prevención exige actuar antes de que el daño aparezca en las estadísticas de cáncer.

En base al estudio de Nature Health, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia N.° 1111/2026, confirmó la peligrosidad de cinco plaguicidas —clorpirifos, metamidofos, paration, triclorfon y carbofurano— encontrados en alimentos de distintas regiones del país. Son sustancias con efectos neurotóxicos y riesgos para la biodiversidad. El TC ordenó fortalecer la fiscalización, mejorar los análisis, rastrear el origen de los alimentos y transparentar los resultados. Pero queda la pregunta decisiva: ¿quién hará que estas órdenes se cumplan? El nuevo Congreso ha retomado el asunto. El grupo parlamentario Ahora Nación ha presentado un proyecto de ley para reforzar el control y la vigilancia sanitaria, tomando como referencia la sentencia del TC.

El problema no es solo la falta de normas. Es la capacidad para hacerlas cumplir. Sin laboratorios, personal especializado, trazabilidad y mecanismos eficaces para retirar alimentos contaminados, una regulación pierde buena parte de su efectividad. Y persiste un doble estándar difícil de justificar: para exportar exigimos controles rigurosos; para el mercado interno, la vigilancia es menor o nula.

La seguridad alimentaria no puede depender de que el consumidor sea capaz de saber si una fruta o verdura está envenenada o no. El Estado debe garantizar que lo que llega a nuestra mesa sea seguro. Y en esa tarea, todavía tiene una deuda pendiente.

(*) Honles, J., et al. (2026). Mapping pesticide mixtures to cancer risk at the country scale with spatial exposomics. Nature Health, 1(5), 520–531. https://www.nature.com/articles/s44360-026-00087-0

La extrema derecha israelí está muy contenta con su sangrienta victoria sobre los palestinos, y hoy lo expresa con la mano dura de sus colonos en la Franja Oeste. El precio de eso lo pagan los judíos del mundo entero. Para esta diáspora, la vida es cada vez más incómoda, y hasta peligrosa, en ciudades donde antes primaba un criterio liberal en el tema.

Benjamín Netanyahu se ha convertido en el símbolo mundial de la prepotencia militar contra gente indefensa, y eso va a demorar mucho lavarlo. El origen en el macroatentado terrorista de Hamás del 2023, que lo precipitó todo, ya ha sido casi olvidado. Pero allí sigue el N.º 1 de Israel atizando cuanto fuego encuentra por el camino, dentro y fuera de su país, perdiendo aliados todos los días.

El antisemitismo que ahora es mundial viene con un escenario de atentados terroristas, como el complot contra una base militar británica, o el reciente intento de asesinar pasajeros israelíes desde un avión de FlyDubai. Incidentes ya menos publicitados, como ataques a sinagogas, son casi diarios, y en unos pocos países incluso son gubernamentales.

En largos decenios, el Estado de Israel no ha encontrado una manera de neutralizar el odio que le tienen los palestinos de toda religión, y los musulmanes fundamentalistas en general. La dignidad de un Estado palestino acaso hubiera mitigado toda la mala sangre causada por la expulsión de sus tierras. El militarista Netanyahu encontró la fórmula para incrementar el odio del mundo agareno.

Hoy el principal promotor de terrorismo antijudío y antiisraelí es Irán. El atentado de los guerrilleros de alquiler de Hamás ese siete de octubre fue para impedir el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Es poco probable que se vuelvan a acercar en serio.

En cuanto a la alianza con Donald Trump, ya sabemos lo que es eso. Débil en el día, con peligro de evaporarse en la hora final. Que lo diga Ucrania.

Lula, el actual presidente, lleva cierta ventaja en las últimas encuestas publicadas, pero Flavio Bolsonaro, uno de los retoños del exmandatario Jair Bolsonaro, viene pisándole las alpargatas electorales. Como ha informado el diario El País de España, es una campaña muy marcada por el odio, por el “votar contra…”. Donde, además, se juegan asuntos inevitables y cruciales.

¿Se imaginan un Brasil ingresando al Escudo de las Américas? Ese debe ser el deseo supremo de Washington, porque el gigante sudamericano sería el premio mayor, la confirmación de que la “batalla cultural” entra en su fase final. La foto del Bolsonaro junior al lado de los otros escuderos lanzaría el mensaje de que, ahora sí, nadie se mete con nosotros y aténganse a las consecuencias.

Ya no se cuestionarían los aranceles (¡aunque te los sigan poniendo a pesar de ser del club!), ni la suspensión arbitraria de las visas, ni las disparatadas negaciones del cambio climático. En ese tiempo distópico, el gigante sudamericano se convertiría en un león de quinta, incapaz de abrir el juego geopolítico y de hacer que el Sur Global al menos le provoque rasguños al Norte soberbio.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no es un ángel, en modo alguno. Tiene su lado controvertido, que incluso lo llevó a prisión. Pero, puesto en este cruce de caminos, aparece casi como un último dique frente a una ola que podría provocar no solo un giro político, sino, además, un tumbo sobre los derechos, las políticas sostenibles y hasta sobre la mínima racionalidad.

Parece más probable que Lula gane en la segunda vuelta del 25 de octubre, de acuerdo con los sondeos. Si eso ocurre, Brasil tendrá una tarea doble: seguir siendo un bastión de resistencia frente a la imposición y convencer a sus colegas de la región de que ese “complejo de inferioridad” latinoamericano, al que aludió en unas declaraciones, es un pésimo negocio político y personal.

En esta columna ya se analizó el pedido de competencias enviado por el Ejecutivo. Es amplio, ambiguo y disperso. La gran mayoría de materias incluidas exceden las dos aludidas como prioritarias y los esfuerzos de la oposición en la Cámara de Diputados por acotar las materias pueden ser desconocidos por la Cámara de Senadores, según dos de los principales representantes del fujimorismo: Martha Chávez y Carlos Mesía.

Esta situación dejó en parálisis el proceso. Muchos piden que simplemente se archive el pedido por los antecedentes autoritarios fujimoristas. Otros, que el Senado mande alguna señal de respeto por la voluntad expresada en la Cámara de Diputados para que se abra un trabajo colaborativo. ¿Qué hará finalmente la oposición?

Esta semana se logró un entendimiento básico y se aprobó un dictamen en la Comisión de Constitución. Pero la desconfianza permanece y no hay certeza de lo que ocurrirá finalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes. Veamos los retos por delante.

El consenso básico

Los equipos de cuatro bancadas, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular, junto al equipo técnico de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tuvieron una sesión intensa de trabajo para identificar los puntos de consenso. Finalmente, se incluyó control migratorio, trazabilidad de equipos y geolocalización, control de armas, sistema penitenciario y justicia juvenil, crimen organizado, subsistema especializado contra la extorsión y denuncia digital en el área de Seguridad Ciudadana. En los aspectos vinculados al fenómeno El Niño, se incluyó atención directa a emergencias, transformación digital, sector agrario, obras por impuestos y temas de agua potable y vivienda social.

La bancada de Juntos por el Perú mantiene una posición firme en contra de la entrega de competencias, al menos en la comisión, pues algunos de sus voceros han declarado en prensa que sí darían algunas. Fuerza Popular, en gran parte, no acepta este consenso y algunos de sus miembros votaron a favor, pero con reservas. Su aprobación se debió, en gran medida, a los votos de las cuatro bancadas mencionadas.

El acuerdo, como ha trascendido, requiere que estas mismas bancadas apoyen el núcleo consensuado durante el debate en el Pleno y que mantengan esta posición en la Cámara de Senadores. Pero varios parlamentarios de Renovación Popular, en coro con el fujimorismo, han salido a señalar que se tiene que ampliar en el Pleno. Esto resquebraja el acuerdo previo y vuelve a sembrar dudas serias en la oposición. ¿Respetará Renovación Popular el pacto de consenso o se prestará a la pretensión fujimorista?

Lo que el fujimorismo quiere incluir

En comunicado público, Fuerza Popular insiste en incluir tres materias, una vinculada a las Fuerzas Armadas, otra a la tipificación de organizaciones terroristas y, finalmente, competencias a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras han señalado, con justeza, que no se puede dar carta blanca al fujimorismo, sobre todo tomando en consideración los antecedentes de violaciones a los derechos humanos, para regular la participación de las FF. AA. Esto debería ser debatido en el Pleno y bajo el escrutinio ciudadano. Tienen razón.

Cómo y quién decide que una organización es terrorista y qué tipo de acción se aplica contra ellos es algo que tampoco puede ser regulado sin que sea objeto de un mínimo de debate democrático. Es correcto también que la oposición que abre la puerta a un consenso en la delegación exija que este tema siga un curso regular de debate parlamentario.

Y, finalmente, parece que muchos ya se olvidaron de lo que significó desactivar el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). No solo Montesinos y Fujimori, sino los gobiernos siguientes, usaron el servicio de inteligencia para perseguir opositores, no delincuentes. En el gobierno de Ollanta Humala se desactivó la función operativa y se volvió la DINI un organismo coordinador, justamente para que la inteligencia de la Policía se potencie y se especialice en criminalidad y la de las Fuerzas Armadas se centre en inteligencia de frontera. Pretender dar funciones operativas nuevamente a la DINI no es fortalecer la lucha contra la criminalidad; para eso hay que potenciar la inteligencia de la PNP. Supone darle a la señora Fujimori un equipo con capacidad operativa de hacer seguimiento a la oposición. Esta materia debe quedar excluida y debe exigirse a la señora Fujimori y a su recientemente salvado ministro Astudillo que potencien la inteligencia policial.

¿Son todos escorpiones?

La fábula del escorpión y la rana es esclarecedora. La rana confía en que el escorpión no la picará porque, si lo hace, ambos se hunden. Pero el escorpión no puede con su naturaleza y la pica. Me parece ingenuo creer que el fujimorismo tendrá modales democráticos y respetará lo que la Cámara de Diputados apruebe. En cuanto pueda ampliar las competencias, lo hará, está en su ADN. La duda es si Renovación Popular también.

La primera prueba la tendremos el martes en el Pleno. Si Renovación Popular se sale del acuerdo base, quiere decir que hay una alta probabilidad de que busque ampliar junto al fujimorismo competencias en la Cámara de Senadores. Pero si lo hace, anula la posibilidad del juego parlamentario. Si finalmente son escorpiones, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados sabrán que no se puede dar luz verde al Senado y con eso terminarán por ahogar la producción parlamentaria.

Es imposible no pensar en esta noción al recordar que este año se cumplieron treinta años desde la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo como resultado la esterilización forzada de miles de mujeres y cientos de hombres que aún no encuentran justicia. Treinta años luchando, y algunos se quejan de que la paciencia se les acaba.

Tanto a nivel de la ONU como de la Corte Interamericana se ha responsabilizado al Estado peruano de haber desarrollado una política orientada a promover "la esterilización masiva como método anticonceptivo principalmente dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia y nivel socioeconómico, mediante la amenaza y la coerción". En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables.

Asimismo, la Corte hizo referencia al marco de impunidad aprobado en el Perú y reiteró que "no podrán aplicarse disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables", y que las graves violaciones de derechos humanos como estas no prescriben.

Sin embargo, el temor a una eventual persecución contra el fiscal que formalice la denuncia amenaza con que, una vez más, las víctimas no logren justicia. Por ello, la Fiscalía tiene hoy la oportunidad de marcar un precedente: sobreponerse al temor a las represalias y demostrar a las más de 4000 mujeres cuyos casos están en la carpeta fiscal que sus vidas, sin ninguna duda, no son prescindibles.

Hace algunas semanas, las críticas al Lugar de la Memoria (LUM) se intensificaron desde sectores cercanos al oficialismo. Entre quienes cuestionaron este espacio se encuentran el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; así como las dirigentes de Fuerza Popular Martha Chávez y Rosangella Barbarán. En conjunto, han sostenido que el LUM no presenta adecuadamente lo ocurrido en el Perú durante el periodo de violencia política comprendido entre 1980 y 2000.

Más recientemente, la polémica continuó en torno a los textos escolares de Historia. Algunos periodistas han acusado al currículo y a los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación de minimizar el terrorismo o presentar una visión parcial de la violencia política. Sin embargo, una revisión de los textos muestra que sí abordan el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, los atentados terroristas, las masacres contra comunidades campesinas, el sufrimiento de las víctimas y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión. También relatan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

La pregunta, entonces, no es si debemos abordar estos temas en los colegios, porque resulta evidente que debemos hacerlo. Incluso dejarse arrastrar por la discusión acerca de si se trató o no de un conflicto armado interno termina distrayendo el debate público. La verdadera interrogante es por qué, periódicamente, se instala la idea de que la escuela no aborda este tema o lo hace desde una perspectiva ideologizada. Detrás de estas controversias existe una disputa más amplia sobre el país que queremos construir y los valores que deben promover las escuelas, frente a los apetitos políticos de los gobernantes de turno.

El miedo al enfoque de género

Algo similar ocurre con el enfoque de género. Durante años se ha difundido la falsa idea de que busca modificar la identidad de los estudiantes o imponer determinadas orientaciones sexuales. No se trata de una crítica nueva ni espontánea: ha sido promovida de manera recurrente por determinados sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el enfoque de género tiene un propósito mucho más concreto y necesario: identificar situaciones de desigualdad, cuestionar estereotipos discriminatorios y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de dignidad.

La pertinencia de este enfoque se vuelve evidente cuando enfrentamos problemas como el acoso escolar, la violencia contra las mujeres, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y otras formas de violencia simbólica y física. Estos fenómenos no desaparecen por ignorarlos. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad de brindar herramientas que permitan comprenderlos y prevenirlos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desaparecerlo?

Repensar el currículo implica conocerlo

En medio de estos debates, José Antonio Chang, actual ministro de Educación del Perú, ha anunciado una revisión del currículo escolar y la reformulación de algunos contenidos pedagógicos en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031.

La educadora peruana Lilia Calmet Böhme hace poco hizo referencia a Teresa Grasa, Gabriela Lafuente, Marta López Cebollada y Francisco Royo, destacando una idea fundamental: convivir implica reconocer que la dignidad del otro es igual a la propia. Este principio sigue siendo una de las tareas esenciales de la educación en nuestro país y que, al parecer, cuesta tomar en cuenta.

Por ello, el debate sobre el currículo no debería centrarse solo en eliminar contenidos incómodos para determinados grupos políticos o religiosos, sino en fortalecer sus contenidos y herramientas que permitan a las nuevas generaciones comprender su historia, respetar la diversidad y rechazar cualquier forma de violencia. Para ello es fundamental conocer este documento y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.

En última instancia, es claro que los intentos por censurar contenidos pedagógicos no fortalecen la formación ciudadana ni promueven una sociedad más justa. Por el contrario, favorecen que la intolerancia, la discriminación y distintas formas de violencia encuentren nuevamente espacio en la vida pública, algo que, lamentablemente, ya podemos percibir en nuestro país.

En materia económica, las cifras hablan por sí solas: entre enero y julio de este año, el 38,3% de las exportaciones peruanas tuvo como destino China, frente al 9,7% correspondiente a India, 9,4% a Estados Unidos y un 8,8% a la UE. A su vez, según la Red ALC-China, la inversión china en el Perú supera los 37.000 millones de dólares, frente a unos 30.000 millones provenientes de la UE y menos de 7.000 millones de Estados Unidos.

Mientras tanto, desde comienzos de siglo, el Perú había construido con Washington una relación basada en estrechos vínculos de seguridad y cooperación militar, afinidad política en torno a la democracia liberal, los derechos humanos y el Estado de derecho, así como posiciones generalmente coincidentes respecto del orden internacional, como se reflejó, entre otros ámbitos, frente a la guerra en Ucrania y la situación política de Venezuela.

Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, esta afinidad comenzó a erosionarse de manera significativa, debido a su cuestionamiento explícito de varios de los pilares del orden internacional liberal, a acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad en el mundo y, en el caso concreto del Perú, a la imposición unilateral de un arancel adicional del 12,5%. En contraste, pese a sus claras diferencias ideológicas, Lima y Beijing mantienen posiciones relativamente coincidentes en diversos ámbitos: la defensa del multilateralismo, la centralidad de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias; en el ámbito económico, ambos siguen apostando por la apertura comercial, expresada, entre otros espacios, en la OMC y el APEC, así como por el desarrollo sostenible. También se ha destacado el papel de China como factor de estabilidad del orden internacional contemporáneo, especialmente frente al creciente unilateralismo, la imprevisibilidad y el tono cada vez más confrontacional de la política exterior estadounidense bajo Trump.

En un contexto así, no deja de sorprender el claro alineamiento con Estados Unidos adoptado por el actual gobierno, tras un acercamiento iniciado con el retorno de Trump a la Casa Blanca. Durante 2025 y la primera mitad de 2026, el Perú había reforzado su cooperación con Washington en ámbitos como los minerales críticos, la lucha contra el crimen organizado y la defensa, ante la creciente presión estadounidense para posicionarse frente a China. Con la llegada de Keiko Fujimori al poder, este acercamiento ha dado paso a un alineamiento más explícito, reflejado, entre otros aspectos, en la adhesión al Escudo de las Américas, un acuerdo sobre inteligencia artificial y determinadas posiciones diplomáticas frente a Irán, Palestina y el Sáhara Occidental. De esta manera, el Perú se aleja de una política arraigada que, en palabras de García Bedoya, buscaba “afianzar la independencia y evitar la dependencia”.

El gobierno sostiene que este acercamiento responde a prioridades legítimas: la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el acceso a inversión en minerales críticos. Son objetivos razonables. La duda es si un alineamiento tan explícito es la vía más eficaz para lograrlos y a qué costo. Por otro lado, más allá de la retórica oficial, no queda claro qué beneficios concretos puede reportar este alineamiento para el desarrollo nacional o, incluso, para el propio combate contra el crimen organizado.

Así, más allá de las constantes críticas hacia los inversionistas chinos y las “sugerencias” de Washington sobre cómo elegir a sus socios, todavía está por verse si este acercamiento político se traducirá en un flujo significativo de nuevas inversiones estadounidenses. Matarani, el puerto de Arequipa operado por Tisur y en el que participa el fondo estadounidense GIP-BlackRock, con una ampliación de unos US$700 millones y una concesión renovada por 30 años, y la entrada de Chevron en la exploración offshore son señales importantes, pero aún están lejos de los volúmenes de inversión china. En Corío, el megapuerto proyectado en Punta de Bombón (Arequipa) que aspira a rivalizar con Chancay, por ahora existen expresiones de interés de empresas estadounidenses, según el Gobierno Regional de Arequipa, pero no una inversión confirmada. Y oportunidades no faltan: ProInversión promociona una amplia cartera de proyectos, incluida una cartera ferroviaria superior a los US$20.000 millones. Tampoco es seguro que las iniciativas, como el Escudo, sobrevivan a un eventual cambio de administración: América Crece perdió protagonismo tras el primer mandato de Trump, mientras que la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, impulsada por Biden, no sobrevivió a su retorno. ¿Qué garantiza que las iniciativas actuales tendrán una suerte diferente?

Más importante aún, buena parte de la agenda de este acercamiento parece venir definida por las prioridades estratégicas de Washington y, en particular, por su competencia con China. El Escudo y otros acuerdos recientes siguen siendo en buena medida ambiguos y, además, complementan los mecanismos de cooperación ya existentes entre el Perú y Estados Unidos. Pero su contenido revela también la preocupación central de Washington: la referencia a la necesidad de contener la “influencia maligna de actores extrahemisféricos”, una clara alusión a China. Las temáticas priorizadas –desde la defensa y el combate al crimen organizado hasta los minerales críticos, las cadenas de suministro y la inteligencia artificial– reflejan sus intereses estratégicos en el hemisferio y, en buena medida, el espíritu del “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Mientras tanto, intereses concretos del Perú, como asegurar el correcto cumplimiento del TLC o recuperar parte de la cooperación suspendida a través de USAID, no parecen recibir una respuesta equivalente. A ello se suma el riesgo de alejar innecesariamente a China, precisamente cuando este país ya ha realizado inversiones de gran magnitud y tiene previsto seguir ampliando su presencia en nuevos ámbitos, como la transformación digital, las energías renovables y las tecnologías avanzadas.

Tampoco se trata, por supuesto, de defender un alineamiento del Perú con China en detrimento de Estados Unidos, sino de recuperar, con pragmatismo, los márgenes de maniobra necesarios para construir una estrategia multisectorial que defienda las prioridades nacionales en un escenario global cada vez más polarizado e incierto. Para ello, no solo se debería impulsar un debate nacional sobre los riesgos y oportunidades de nuestra relación con ambas potencias, que podría empezar en el Congreso y la Cancillería, con participación de gremios exportadores, academia y regiones, y traducirse en una hoja de ruta pública con metas concretas para cada socio, sino también fortalecer los vínculos con socios como India, la UE y Brasil, nuestro gran vecino sudamericano. El desafío del Perú no es escoger entre Washington y Beijing, sino mantener la suficiente autonomía para relacionarse con ambos y con sus demás socios en función de sus propios intereses.

Disculparán que juegue a la psicología pop.

Es lo que nos queda, lo siento. Después de todo, con ella tenemos que aplicar un raciocinio distinto. Como con su partido. Para explicar al fujimorismo de los últimos diez años, no había que entenderlo desde la lógica de las sumas y restas políticas ni desde la racionalidad de quien busca el voto, sino desde el punto de vista de una organización que se sentía amenazada por la ley. Verlo como una mafia desesperada por sobrevivir. Esa es la mejor forma de explicar los últimos diez años del Perú.

De la misma forma, Keiko tampoco es una política al uso. No podemos tratar de entender sus acciones e inacciones desde la ciencia política. Porque no es un actor político. No solo eso, al menos.

A ver.

Una vez, alguien muy cercano a ella me dijo, refiriéndose no solo a ella, pero también: Todos los Fujimori necesitan sus Montesinos.

Me da la impresión de que ella, en sus primeros días, se estuvo resistiendo a eso. Hasta que no pudo más.

Aquí tenemos que retroceder un poquito. Al primer atisbo dentro de la cabeza. A la primera sorpresa.

Su primera entrevista como presidenta electa, en junio, fue con un cubano llamado Ismael Cala, experiodista reconvertido en una suerte de gurú de autoayuda mística. Ya habíamos visto este lado frivolón de la Keiko en las entrevistas rituales de campaña que solía concederle a Magaly cada cinco años, pero esta vez la intimidad venía con un atisbo al interior de la cabeza presidencial.

Con su amigo, Keiko recordó una conversación reciente (“en Marbella”) en la que, cansada de las derrotas previas, barajaba la idea de retirarse de la política para escribir libros o dictar conferencias. Viendo a la Keiko de esa entrevista, resultaba fácil imaginar por dónde iba a orientar su producción editorial: vibrar alto, confiar en el proceso, trabajar en tu mejor versión. Con Cala, ella hablaba con sinceridad de “manifestar” y “decretar”, ambos verbos entendidos desde lo que se suele llamar, torturando el lenguaje, coaching ontológico.

Se la escuchaba sincera. Todo encajaba, además. La prisión, el divorcio y las derrotas pueden cambiar a cualquiera. Y cuando estás en el hoyo te aferras a lo que tu entorno te ofrezca. Así que, siendo Keiko una señora pituca de la élite latina, resulta fácil dilucidar su tránsito hacia el mundo de “cerrar ciclos”.

Sin considerar algo crucial: su padre había muerto.

Quizás ya podía desprenderse de un destino que no era suyo, que le había caído encima cuando su madre se fue de Palacio. Ya saben: soltar, sanar, fluir.

Y justo entonces ganó la elección.

Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero esta primera vuelta fue su peor campaña. Su peor debate. Su peor todo. No parecía convencida.

Y justo ganó.

Lamentablemente para ella, los electores no contrataron su desarrollo personal. Le encargaron un país. Y el país tiene la mala costumbre de presentar problemas que no se resuelven decretando nada. Nada ontológico, digo. Porque los decretos que ella quería no eran nacionales, sino los del universo que, desde su punto de vista, al fin había conspirado a su favor.

Así surgió, en esos primeros días, la Keiko Influencer. La que pide taps taps en TikTok, la que modela sombreros artesanales, la que promociona a modistos nacionales.

Todos sabemos lo que vino después. El caos, el desorden, el desplome en las encuestas.

Cincuenta días después, el 16 de septiembre, Keiko encendió la batiseñal. O la 90s-señal. Formalizó su Comisión Consultiva con dos exministros de su padre acusados con ella en el Caso Cocteles –Yoshiyama, Chlimper–, su abogado de ese caso, la esposa de otro exministro noventero… ya me entienden. Un comité de sabios. De noventeros.

Este refuerzo permite sospechar de la insuficiencia de Galarreta y Miki Torres –sus más fieles minions desde que el juicio Cocteles la aisló de casi todo su entorno–. Se había refugiado en ellos dos cuando judicialmente no podía tener contacto con ningún coinvestigado. Cuando todavía no manifestaba ni decretaba, cuando el abismo había mirado dentro de ella.

Así que ahora que el abismo vuelve a amenazar, volvió al entorno coctelero. Al noventero. A tener, como su padre, asesores presidenciales.

Seis días después de rodearse oficialmente con los amigos de papá, apareció ante la ONU la señora Fujimori. Con lenguaje bélico, pidió tratar a las organizaciones criminales como terroristas, defendió a militares y policías procesados por violar derechos humanos y se enfrentó a los organismos multilaterales. La noventera había tomado el micrófono. Tras trabajar en su mejor versión, parecía haber reinstalado la versión anterior.

La señora Fujimori volvió de Nueva York con una nueva actitud. Están poniendo a prueba nuestra paciencia, le advirtió a los congresistas. Es que no la dejaban decretar.

¿Esto es parte de un plan para cerrar la única cámara del Congreso controlada por la oposición? Claramente hay un sector del régimen que apuesta a eso. No sabemos si un sector de la cabeza presidencial también. No sabemos si se siente cómoda en este rol. Si le jode regresar a un ciclo que ya había cerrado. No sabemos cuánto tiempo le durará el personaje de la Señora Fujimori. Hay señales de que Hulk no quiere asomar por completo: ya la vimos, el domingo anterior, intentando volver a su zona de confort influencer. Es pesada la mochila de su apellido.

Las dos Keikos pueden ser sinceras: la que quiere soltar el pasado y la que busca en él la seguridad que le falta. La promesa era que ella sabía gobernar como su padre. A estas alturas, la pregunta es si sabe gobernar sin los hombres de su padre.

Las elecciones de hoy le recordarán que el país también elige a otros. De las urnas no saldrán invitados para su lives, sino gobernadores y alcaldes con votos propios. Habrá que negociar prioridades, presupuestos y conflictos con autoridades que no tienen por qué vibrar en su frecuencia. Allí veremos cuánto dura la coach y cuánto demora en volver al ciclo de los noventa.

Permanece 18 años en Europa, visita Suiza y España y regresa al Perú en 1918; ya tenía 35 años. Apenas llega, practica en la Quinta Heeren como aprendiz por tres meses, en el taller de Teófilo Castillo. Ingresa en 1919 a Bellas Artes siendo alumna fundadora en una época en la que el alumnado femenino superaba al masculino. Las mujeres recibían clases en talleres separados y solo podían trabajar desnudo femenino; se veían restricciones. 

Era la época del segundo gobierno de José Pardo; el descontento popular y la carestía de la vida provocan intensas protestas. Paradójicamente, se aprueban normas protectoras para el trabajo de mujeres y menores de edad y se modifica la Constitución para permitir la libertad religiosa. También se declara oficial la jornada de ocho horas de trabajo. El 4 de julio de 1919, un golpe de Estado liderado por Augusto B. Leguía termina con el gobierno de Pardo, instaurando una nueva dictadura. Se promulga la Constitución de 1920, dándole reconocimiento legal a las comunidades indígenas. Leguía impone la Conscripción Vial (el trabajo obligatorio gratuito en las carreteras para los campesinos). En este ambiente de ebullición política, reformas y protestas, se genera en la cultura peruana un compromiso político que se manifiesta en todos los ámbitos culturales, con la participación de una nueva generación intelectual comprometida y que defiende un renovado interés por el conocimiento del país.

Codesido se une a las protestas con su trabajo, de alguna manera contestatario, enfatizando la despreciada belleza de los patrones genéticos indígenas y la importancia que se debe dar al llamado “arte popular” andino, divulgándolo y dándole mayor cobertura. Incluyendo en sus representaciones objetos artesanales producidos en distintos puntos del país (adonde viaja). Objetos percibidos por ella y sus colegas artistas como expresiones de un arte auténticamente peruano, desarrollándose una cultura visual “mestiza” patrocinada por intelectuales del momento como Sabogal, Camino Brendt, Arguedas, Teresa Carvallo, Camilo Blas, Elena Izcue y la misma Julia Codesido, entre otros.

Para estos momentos, Codesido practica en el taller de Daniel Hernández, pero su inquietud artística la lleva a solicitar su traslado al taller del profesor auxiliar José Sabogal (1922), en donde encuentra una estética más acorde con la suya. En esa época había una gran efervescencia política y José Sabogal defiende, frente a sus alumnos, la reivindicación y defensa del indígena y de la cultura andina, fundando el grupo conocido como movimiento indigenista.

Dentro de este grupo destaca José Carlos Mariátegui, quien en 1926 funda la revista Amauta, para difundir el pensamiento socialista y las ideas de vanguardia. Julia Codesido pasa rápidamente a ser colaboradora de esta revista y del movimiento que se le desprende, entrando en contacto con corrientes intelectuales contemporáneas para promocionar ese nuevo movimiento conocido ya como indigenismo.

Hacia 1935 parte a México, adonde regresa para exponer en 1960 en la galería de la Sala de Exposiciones del Palacio de Bellas Artes, presentada por David Alfaro Siqueiros. Luego es recomendada por José Clemente Orozco para una exhibición en la galería Delphic Studios en Nueva York, muestra que pasa al Museo de Arte Moderno de San Francisco, California, institución que en 1937 adquiere una de sus obras para su colección. En 1939 expone en la galería Barreiro en París, recomendada por René Hugues, conservador del Museo del Louvre, y la Municipalidad de París adquiere su obra “Indias Huancas” para la colección del Museo de Arte Moderno.

El 8 de mayo de 1979 muere una mujer sin edad. Muy moderna para su época, caminando siempre en mocasines y con una boina en la cabeza, recorriendo el Perú en buses y camiones. Siendo una de las máximas representantes de la pintura indigenista peruana.

En 1977 se le otorga el Premio Nacional de Cultura.

Ahora bien, la cooperación internacional en seguridad es legítima y necesaria. El crimen organizado transnacional opera sin fronteras y los Estados que coordinan esfuerzos tienen más herramientas para combatirlo. Esa premisa sostiene iniciativas como el Escudo de las Américas. Sin embargo, la pregunta que los episodios de esta semana obligan a hacerse a los ciudadanos es si esa cooperación, firmada entre ejecutivos, tiene fuerza suficiente para comprometer la autonomía de los poderes del Estado que no participaron en el acuerdo.

Por eso, la detención del fiscal general boliviano Roger Mariaca el 1 de octubre sin orden judicial no es poca cosa. Ocurrió dos días después de que el gobierno de Donald Trump le revocara la visa, junto a la de otros jueces y fiscales de la región, incluido un fiscal peruano y otros latinoamericanos. Pero lo que genera mayores dudas sobre la legitimidad de la operación es que Mariaca era precisamente el fiscal que investigaba a Fernando Cerimedo, asesor vinculado al presidente boliviano Rodrigo Paz, al argentino Javier Milei y al entorno más cercano de Trump en América Latina, ese mismo entorno hoy reunido bajo el Escudo de las Américas. Vale recordar que tan solo en febrero de 2026, Cerimedo recibió en Mar-a-Lago un premio como mejor consultor hispano.

En ese sentido, existe algo más que vale la pena señalar. Un presidente es un poder temporal del Ejecutivo. La soberanía del Estado le pertenece al conjunto de sus instituciones. Por lo que cuando un acuerdo de cooperación se usa para detener sin orden judicial a un administrador de justicia, lo que está en juego es la separación de poderes que sostiene cualquier democracia.

Al respecto, la presidenta del Senado de Chile advirtió que si el Escudo de las Américas tiene carácter de tratado internacional, debería haber pasado por ratificación parlamentaria. Esa pregunta debería interpelar a todos los países miembros, incluido el Perú.