La Comisión de Constitución del Senado puso a votación un predictamen de facultades legislativas que no se limita a revisar lo aprobado por la Cámara de Diputados. Las materias siguen siendo dos, seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, pero los puntos sobre los que el Ejecutivo podrá legislar pasan de 20 a 27. Entre ellos reaparece uno que Diputados había dejado fuera: modificar el Decreto Legislativo 1141 para "fortalecer" la Dirección Nacional de Inteligencia y darle capacidad de hacer inteligencia operativa.

El Reglamento del Senado permite a la Cámara Alta aprobar, modificar o rechazar lo que llega de Diputados, pero no incorporar materias que esa cámara no aprobó. El Congreso bicameral empieza con una cámara tratando a la otra como entidad tramitadora.

Pero el asunto de la DINI no es de forma, sino de fondo. El esquema actual de inteligencia separa funciones: la DINI produce inteligencia estratégica y las operaciones corresponden a la Policía, al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas. Darle capacidad operativa a la DINI es borrar esa frontera. El Servicio de Inteligencia Nacional de los noventa no fue peligroso solo por ser órgano rector, sino por concentrar capacidad operativa casi sin límites ni control, con las consecuencias que todos conocemos.

Esta discusión, sin embargo, apenas ocupa espacio. El espacio lo ocupan los "Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica", prepublicados por el Minedu mediante la Resolución Ministerial 613-2026-MINEDU: cabello corto para los varones, nada de maquillaje ni uñas pintadas, faldas debajo de la rodilla. La propia presidenta se encargó del énfasis: los "hombrecitos" deben ir con el pelo corto. Aunque la norma también clasifica faltas y considera muy graves la violencia sexual y el acoso, no es eso lo que el Gobierno eligió priorizar en la performance pública, ni lo que la conversación pública recogió.

Y es que mientras medimos faldas, el SíseVe registró 1,198 reportes de violencia sexual entre estudiantes entre enero y agosto de este año, 35% más que en el mismo periodo de 2025. Y en la última evaluación nacional, apenas un tercio de los niños de cuarto de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura. Ninguna norma sobre esmalte y maquillaje mueve esos números.

Entiendo que a muchas familias el tema de la presentación les importe. Es legítimo. Pero en política comunicacional hay asuntos que encienden la conversación y asuntos que la apagan. Así, el debate sobre el largo del cabello llena horas; el debate sobre quién podrá vigilar a quién y con qué control apenas ha sido recogido por unos cuantos espacios.

Cortinas que ya conocemos. Todas las discusiones pueden darse a la vez, pero no todas pesan lo mismo. El Pleno del Senado votaría el dictamen el lunes 19. Ese día convendría hablar menos de uñas y más de inteligencia. 

*Politóloga y MPP

Donde más revela Trump su calaña de traidor es en Ucrania. Ofrece negociaciones de paz con Rusia que no son sino aperturas del campo para los negocios de su familia. Limita el acceso de armas de EE. UU. a Kiev y, ahora mismo, le dicta a Volodímir Zelenski no atacar refinerías rusas u otras plantas de energía.

De modo que ahora Ucrania debe seguir la guerra con su jefe supremo cuestionado desde Washington y las manos atadas a la espalda. Todo para que Moscú le venda diésel a EE. UU. y así tranquilice a los votantes de ese país, cada día más inclinados hacia el Partido Demócrata. Sin duda, es una sucia triangulación política.

Para mitigar la pestilencia del acuerdo diéselero, Trump anunció una tregua en Ucrania. Pero los rusos han seguido disparando contra los ucranianos, mientras las compras estadounidenses de diésel le facilitan a Rusia seguir adelante con su guerra. Lo cual, a su vez, es una pésima noticia para la Unión Europea.

A la luz de lo que viene pasando, no sorprendería que mañana Washington cambie de bando y tome partido por la Rusia de Vladímir Putin contra el sector UE-OTAN. Así, EE. UU. se está volviendo un imperio de rapiña. En esta semana comenzó el intento de arrebatarles a Chile y otros países sus respectivas partes de la Antártida.

Volviendo a Ucrania, la lección parece ser que los países medios o chicos no deben enfrentarse a un imperio. Para Kiev, hoy Washington, Moscú y Pekín son enemigos más o menos embozados. Como va la cosa, Europa va a tener que buscar a sus aliados en el Tercer Mundo, aunque ese es un espacio trufado de agentes coloniales.

Con el avance de la derecha pro-Trump, América Latina está condenada a retornar al statu quo de antes de la Segunda Guerra Mundial: sin soberanía, sin ONU, sin justicia internacional, todo manejado por satrapías de diversos grados, para quienes todos los caminos conducen hacia el norte, donde conviven el palo, la zanahoria y la puñalada, claro.

Han sido varios casos y diversos detonantes (el posible triunfo de Verónica Mendoza en el Cusco, la violación de un adolescente por sus propios compañeros de colegio, el ataque homofóbico de un sujeto contra dos personas en un restaurante y hasta la obtusa medida de impedir cabellos largos, uñas pintadas o faldas cortas en los colegios), pero parece haber un hilo conductor con esa mentalidad retrógrada y represiva que late en el fondo del corazón de esos sectores.

Cuando, tras los resultados de las elecciones regionales, tres o cuatro oligofrénicos (luego rebotados por miles de sus congéneres en redes sociales) insultaron sin pudor a nuestros compatriotas del Cusco con argumentos como que la falta de oxígeno “los hace votar mal”, me vino a la memoria la fiebre racista que se desató en 1990 cuando el chinito del tractor pasó de ser un hipo estadístico a un rival serio para el candidato del establishment que era Mario Vargas Llosa.

El argumento era el mismo: los pobres no saben votar. Pero la discriminación alcanzaba al propio candidato que fue arrollado por el desprecio limeño. No podemos olvidar, por ejemplo, a don Enrique Chirinos Soto diciendo que el Perú no podía elegir a “un peruano de primera generación” sin “ningún antepasado peruano enterrado en suelo patrio”, y llamándolo Fujimoto en lugar de Fujimori.

Ya entonces se notaba a leguas que, cuando estos occidentales de segunda mano (Jorge Gonzales dixit) que son los voceros de las élites sienten miedo, el aire civilizado que suelen exhibir muestra el óxido y los modales se van al carajo. Pueden haber estudiado en las mejores universidades, pero su ausencia de cultura es clamorosa, porque el verdadero bagaje cultural está en reconocerse como parte de la humanidad y no como el único beneficiario de todos los privilegios.

La DBAR (Derecha Bruta, Aterrada y Rabiosa) es capaz de cualquier exceso, porque por su ADN todavía corre el legado de los terratenientes y capataces que explotaban y azotaban a los indígenas, a pesar de que estos poseían la misma libreta electoral y, a menudo, la misma estirpe, porque no se trataba de aristócratas de raigambre europea, sino de criollos que expoliaron las tierras de las comunidades por generaciones.

Por eso, la palabra “Velajjjcooo” (Velasco pronunciado a la limeña) todavía despierta escalofríos en alguna gente —y eso que, sin Velasco, Sendero Luminoso la habría tenido más fácil para hacerse del poder con su ideología asesina y sus métodos sangrientos— y ahora “Cujjjco” es el más reciente símbolo de su derrota como mentalidad y forma de ver el mundo.

Pero han sido las restricciones de, digamos, imagen en los colegios lo que ha sacado a la luz el autoritarismo de esta gente. ¿Cuál es el objetivo pedagógico de prohibir que los chicos y chicas usen el pelo largo, se pinten las uñas o se maquillen? Ninguno. Pero ha salido una caterva de retrógradas a aplaudir la medida, señalando que la disciplina del pasado los hizo mejores ciudadanos, en un autoelogio patético y engañado.

La vocación por el autoritarismo gratuito es todavía más evidente si tomamos en cuenta que hace solo unas semanas, en un colegio de gestión militar —el Liceo Naval—, se produjo una violación en grupo a un compañero de estudios. ¿Tuvo algo que ver el pelo largo o la uña pintada? No. Fue más bien la expresión de una crianza y una educación donde el abuso y el sometimiento del otro están normalizados.

Esta medida —pedagógicamente estúpida— y la defensa cerril que esgrimen muchos ciudadanos, confundiendo disciplina con una frívola restricción estética, nos demuestran que la democracia y las libertades han sido siempre, para ellos, una delgada pátina que se quiebra al menor temblor. Ahora, con esta medida —que huele mucho a cortina de humo—, estamos a un paso de exigir que vuelva la leva obligatoria o aquello de “la letra con sangre entra”, que resumía la pedagogía de nuestros bisabuelos.

Y en medio de todo este clima se yergue, como estatua viviente al abuso y el privilegio de clase, don Rafael López Aliaga, quien ha logrado (prepotencia y tinterillada mediante) hacerse reelegir como alcalde de Lima en contra de la prohibición expresa de la Constitución y por quien han votado en masa esos limeños para quienes la quiebra de la ley es una hazaña encomiable y una falda corta, un delito sin atenuantes.

No se trata de fenómenos aislados, sino de un nuevo giro “cultural” que pretende regresarnos al pasado, ese donde existían ciudadanos de primera y segunda categoría; en el que el color de la piel determinaba el trato que te daba el Estado; en el que toda diferencia —y disidencia— era castigada. ¿Lo lograrán? Imposible. El Perú ya es mucho más que Lima y esos sectores, estadística y socialmente, están lanzando sus últimos estertores.

La mayoría de las encuestas previas a esos comicios dan por ganador al Partido Popular (PP) y pronostican que VOX, ese ruidoso frente ultramontano, va a subir como la espuma. Es lo probable dados los casos de corrupción que han rodeado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, ¿está realmente desahuciado políticamente Sánchez?

Es demasiado hábil para dejarse arrinconar sin gloria, por lo que es probable que busque un cable de salvación en medio de la tormenta, que lo mantenga a flote, o al menos que lo haga perder de la manera más dulce posible. Uno de ellos, el principal, es ponerse del lado de los manifestantes que luchan para que tener dónde vivir en España no sea un calvario sin redención.

La dolorosa muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue sacada de su morada en una camilla —en una escena que retrató los extremos a los que puede llegar el sistema cuando no prevé crisis sociales—, ha sido un parteaguas. No se puede entender ahora la atmósfera política española sin ese trance, que juntó en un haz el hartazgo, la injusticia y la soledad.

Las derechas se presentan hoy como respetuosas de ese triste momento crucial, pero al momento de mostrar gestos de humanidad —como guardar un minuto de silencio por el deceso de Maricarmen en algunos parlamentos— no participaron. Arrancarle a la política los afectos, la compasión, es algo que una parte de los ciudadanos españoles no les van a perdonar.

Al otro lado están el PSOE, sumido en sus chanchullos, y sus socios de la izquierda variopinta peleándose por minucias electorales. No hay forma de no sudar frío ante la próxima cita en las urnas. Pero lo más preocupante es la fuerza que va adquiriendo VOX, el grupo heredero del franquismo, ese frente que acaso no tendría problema en desalojar a varias Maricarmen más.

La desconexión de Aguinaga – en teoría asistente virtual de la comisión – permitió postergar la imposición de la votación de un dictamen que, a todas luces, desnaturaliza la propuesta enviada desde la Cámara de Diputados.

En esta columna he alertado ya cuáles son los puntos que fueron excluidos por la cámara baja en la materia de Seguridad. Uno de ellos, el más grave, tiene que ver con otorgar capacidades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El dictamen de la Comisión de Constitución, que ayer prepotentemente quiso aprobar Carlos Mesía, incluye este punto entre las competencias a ser delegadas pese a que fue expresamente excluido por la Cámara de Diputados.

Esta semana hemos visto a diversos representantes del régimen gde K. Fujimori declarar en distintos medios de comunicación señalando la “urgencia” de aprobar este punto para poder hacer frente a la criminalidad. Nada más alejado de la verdad y paso a explicarles por qué.

Transformar la DINI en el viejo SIN

En 1991, el entonces congreso bicameral le delegó competencia a Fujimori papá para hacer frente al terrorismo. En el marco de esta delegación se dictó el DL 746, que reestructuró integralmente el Servicio de Inteligencia Nacional. Dotándole de poder centralizador – no solo coordinador – de las inteligencias sectoriales, de la policía y de las Fuerzas Armadas, le dio mando sobre ellas y además le otorgó capacidad operativa propia, es decir el SIN podría llevar a cabo sus propios operativos de inteligencia.

La ilusión que se vendió es que se diseñó un todopoderoso SIN para enfrentar al terrorismo. Pero años después quedó totalmente probada la falacia y se puso en evidencia cómo operaba realmente el SIN, para buscar puntos débiles de adversarios políticos, para chantajearlos y/o comprarlos, así como preparar operativos sicosociales para distraer la opinión pública. Fue otra inteligencia, una sectorial y maltrecha, la de la policía, la que dio con el paradero de los principales cabecillas terroristas, incluido Abimael Guzmán. Fue el GEIN, no el SIN, quien puso su capacidad al servicio de la pacificación y la derrota de Sendero. El SIN puso sus recursos y maquinaria de chuponeo al servicio del exdictador para silenciar a sus críticos, acallar las críticas al régimen y conseguir topos y tránsfugas en el parlamento.

El poder de Montesinos provenía del SIN. Como si su poder reviviera y sus consejos fueran escuchados por nuestra gobernante, el Fujimorismo está dispuesto a romper con el reglamento del poder legislativo y ampliar competencias delegadas por la Cámara de Diputados, pese a que está explícitamente prohibido, con tal de transformar la actual DINI en el viejo SIN.

Hacer frente al crimen organizado requiere fortalecer la inteligencia de la policía. Hacer frente a las bandas transfronterizas requiere fortalecer la inteligencia militar. Pero no se resuelve dándole capacidad operativa a la DINI. La DINI tiene una función política, está destinada a servir – haciendo análisis de la información generada por las inteligencias sectoriales y ayudando a su coordinación – en la toma de decisiones de órganos políticos, como el Consejo de Ministros y especialmente al premier. Darle capacidad operativa, es decir poder para que maneje sus propios equipos de interceptación telefónica y escucha, defina personas a ser escudriñadas, tenga personal encubierto para hacer seguimiento, responderá exclusivamente a intereses políticos de turno y ya sabemos en qué termina eso.

Ser autoritario no es tan malo

El pez por la boca muere, decía mi abuela y tenía razón. Ayer la legisladora Moyano nos regaló un momento de sinceridad. Ante el desconcierto del Fujimorismo por el mal manejo de la comisión y la reacción coordinada – sorprendentemente – de las cuatro bancadas de oposición que los dejaron sin cuórum, la senadora salió y confesó lo que realmente piensa: ser autoritario no es tan malo.

Saben perfectamente que ampliar competencias es diferente a modificarlas. Es decir, si la cámara baja aprobó por ejemplo el control de armas, el Senado puede precisar que este control de armas se haga de manera que no afecte a coleccionistas registrados oficialmente. Eso sería hacer una precisión o modificación de una competencia ya otorgada por los diputados. Pero incorporar en el listado “dotar de capacidad operativa a la DINI” no es una modificación sino una desnaturalización, pues en el debate de la cámara baja ese punto fue explícitamente excluido. Pero pese a eso pretendían y pretenden aprobar el dictamen ampliatorio.

Lo hacen además como si estuvieran seguros de que en el pleno de la Cámara de Senadores tendrán los votos suficientes. Como me pregunté en la columna pasada, ¿qué hará Renovación Popular? Si la oposición se mantiene firme y no permite la ampliación de competencias, solo RP podría abrir las puertas para que el Fujimorismo, con el poder del voto dirimente que tiene el presidente del Senado, logre su cometido. Si lo hace, habrá clavado un puñal a sus pares en la cámara baja y bloqueado la posibilidad de un juego legislativo democrático a dos meses de retomada la bicameralidad.

Lo que está en juego es cómo una democracia distribuye el poder que tiene que ser limitado. Cuenta la anécdota que Washington le preguntó a Jefferson por qué vertía el café en el platillo antes de beberlo. Para enfriarlo, respondió. Así, dijo Washington, debe verterse la legislación en el platillo del Senado. La segunda cámara existe para frenar y moderar, no para mandar. Es la lógica de Madison: que la ambición contrarreste a la ambición. Un buen diseño equilibra al Ejecutivo con el Legislativo y, si hay dos cámaras, a estas entre sí. Lo demás concentra el poder.

En nuestro caso, el bicameralismo es la tradición institucional. Salvo el periodo abierto con el autogolpe de 1992, casi todas nuestras constituciones previeron dos cámaras. El unicameralismo nació de ese golpe encabezado por Alberto Fujimori y se plasmó en la Constitución de 1993, con razones pobres: que el Congreso discutía mucho, que lo habitaban partidos que habían quebrado el país y que costaba demasiado. Pasó de 240 a 120 miembros, la mitad. La eficiencia y el ahorro se iban a imponer.

Durante tres décadas hubo propuestas de regreso a la bicameralidad. Pero, la resistencia del fujimorismo fue clave para que no prosperaran. Sin embargo, en los últimos años, cambió de posición por el relevo generacional y por los incentivos del cargo. Las sucesivas derrotas en las urnas le enseñaron a concentrar el poder en el Congreso.

Ese Congreso unicameral terminó imponiéndose al Ejecutivo y fue decisivo en la sucesión de presidentes desde el 2016. Muchos congresistas pensaban más en permanecer y mandar que en gobernar. No era una rareza peruana. Ya en 2005 John Carey advertía que, en las crisis de gobierno de la región, quien sobrevivía casi siempre era el Legislativo. La reforma que repuso el Senado nació de esa conjunción de intereses y se hizo a su medida. Inclinó la balanza hacia el Legislativo y, dentro de él, hacia el Senado, al que se imaginó como cámara de jerarquía superior, por el recuerdo del último bicameralismo.

El problema aparece en la distribución de funciones. A Diputados le tocan la iniciativa legislativa y el control político. El Senado, de 60 miembros, elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al Contralor, y además puede aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley que apruebe Diputados. El texto no regresa. Ya no es una cámara revisora. Ahora decide. Que pueda modificar ya era un exceso, porque una cámara que corrige sin devolver deja de dialogar con la otra. Que pueda hacerlo sin límites -como es el propósito del oficialismo- distorsiona cualquier equilibrio entre ellas.

La literatura distingue la congruencia entre cámaras, que es la similitud en su composición, de la simetría, que es la igualdad de atribuciones. En la región, los pocos bicameralismos asimétricos, como Bolivia, Brasil y México, reservan a la cámara baja materias como presupuesto y tributos, según la clasificación de Mercedes García Montero. El diseño peruano hace lo contrario: concentra en la alta la última palabra. No es un contrapeso. Es un jugador de veto que además reescribe.

El equilibrio entre cámaras no exige que sean iguales. Exige que cada una necesite a la otra. Lo normal es que la cámara que revisa proponga cambios y que estos vuelvan a la de origen, que decide si los acepta o insiste. Así hay deliberación entre dos órganos y no una delegación de uno en otro. Sin retorno, la aprobación de Diputados es un trámite y la voluntad del Senado, la ley. Son 60 senadores que pueden deshacer lo que votaron 130 diputados.

El pedido de facultades lo muestra de manera clara y lamentable. Diputados consideró que los 66 puntos excedían el objetivo declarado y finalmente los aprobó. El Senado, donde el oficialismo controla la mesa directiva y tiene mayoría, puede ahora cambiarlos. Su reglamento le prohíbe desnaturalizar lo que recibe, pero nadie define el término y en la Comisión de Constitución la mayoría no quiso siquiera debatir ese límite. Martha Moyano dice que se pueden agregar «10, 20 o 50 lineamientos» y que «ser autoritario no es tan malo». Sin límite alguno, a fuerza de votos, el Senado puede aprobar el pedido tal como lo presentó el Ejecutivo.

La delegación de facultades, además, es una excepción: el Congreso cede parte de su función a otro poder, con plazo y materias definidos. Si quien tiene la última palabra puede ampliarlas, la cesión deja de ser controlada y el Ejecutivo y su mayoría legislan juntos sin que Diputados pese.

Si eso se consolida, Diputados puede terminar convertida en una mesa de partes, un corredor por donde pasan proyectos que otro reescribe. Conservaría el control político, pero vaciada de la función legislativa que le es propia. El Senado asumiría, en la práctica, una tarea que no le corresponde: legislar sin contrapeso. Eso es el unicameralismo de facto. Dos cámaras en el papel y una sola que manda. Diputados podría dejar de enviar proyectos y refugiarse en el control político, pero el conflicto quedaría abierto y permanente, sin garantía de que la negociación lo resuelva.

La oposición también pierde. Lo que consigue en Diputados, con votos y negociación, puede desaparecer en el Senado sin costo para nadie. Un contrapeso que no pesa en el resultado deja de serlo. En un poder dividido nadie debería tenerlo todo, y el Senado le permite al gobierno obtener lo que no alcanza en Diputados.

Corregirlo no es sencillo. La Constitución no prevé el retorno de lo modificado y cambiarla exige una correlación que hoy no existe. Queda la prudencia de quienes manejan el Senado.

Hay además una paradoja. El oficialismo fue por años oposición y poder desde el Congreso. Allí labró su poder, por número, continuidad de bancada y experiencia. Sabe lo que es un Legislativo que se impone al Ejecutivo, porque lo ejerció. Hoy gobierna y da la impresión de querer que el Congreso, o la cámara que de verdad decide, sea solo comparsa del Ejecutivo. Reforzar a un poder por encima de los otros debilita todo el sistema político. Vale para un presidente y vale para un Senado. Con un mal diseño y un mal manejo de los políticos, todo puede empeorar.

El primer error político del fujimorismo fue sobrarse. Su mayoría es artificial y precaria, por eso cada voto cuenta. No pueden citar a Comisión de Constitución si no están completos. El jueves, luego se supo, el senador Alejandro Aguinaga se encontraba en Buenos Aires. No se había tomado ni la molestia de acreditar un accesitario. A la hora de votar una crucial moción de orden, presentada por la oposición, no estuvo. Su partido perdió y ganó la mayoría que quería debatir el alcance del verbo “modificar” a la luz del reglamento del Senado que advierte que solo se pueden pronunciar sobre lo “aprobado” por diputados sin desnaturalizarlo. Este es un asunto fundamental en este conflicto y era necesario hacerlo antes de votar el primer proyecto de legislación.

El presidente de la Comisión, Carlos Mesía, pretendía poner a debate un proyecto de ley, creado exclusivamente por él, que añadía 8 materias a lo remitido por diputados, respecto de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Leyendo con cautela el reglamento del Senado, el artículo 25 a) señala a la letra: “no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados”. ¿Estas nuevas ocho, son “materias distintas”? Ese es el primer debate que debía darse. ¿Cuáles son los límites de “modificar” o de “desnaturalizar”? De ahí la urgente necesidad de la moción de orden.

Perdida la votación para el oficialismo, presenciamos un acto de vergüenza pública. Contrario a lo que acababa de votarse, el senador Mesía dijo que la cuestión de orden había sido rechazada. Obviamente, eso era falso en vivo y en directo. Como no podía ser de otra manera, arrancó el escándalo. Trataron de incorporar a Aguinaga virtualmente, suspendieron la sesión, regresaron con la ausencia de la oposición, volvieron a votar. En fin, todo el abanico de trucos. Lo cierto es que, hasta hoy, no han aprobado nada y que, si la oposición se une y se disciplina, no les van a dar quorum por mucho tiempo.

La jornada dejó, sin embargo, algunas frases interesantes. Dijo en conferencia de prensa Patricia Juárez: “Lo que se pretende es que, como tienen mayoría en diputados, ellos puedan gobernar y coaccionar al Senado a que no muevan una coma más”. Parece que se comienzan a dar cuenta de que, después de 10 años de un control absoluto, de un congreso unicameral, lo han perdido. Creían que podían inutilizar a la cámara de diputados, pero se olvidaron de los textos que ellos mismos habían aprobado en el congreso anterior. Fue la misma senadora Juárez, la que aprobó este diseño.

Ahora, todo va a depender de los votos y en particular de los votos de Obras, el grupo veleta del Congreso. Sin ellos, el gobierno solo tiene 29 senadores asegurados. Van a tener que tomar una decisión que será determinante para los próximos 5 años del gobierno de Keiko Fujimori, más allá de las facultades delegadas. Con la correlación actual de pesos políticos, ¿qué poderes reales van a tener diputados y senadores? De eso depende toda la producción legislativa.

Si se lee la Constitución y los reglamentos de ambas cámaras, parece que la función legislativa se hubiera partido. Unos tienen iniciativa, otros la aprueban tal cual es enviada o la desaprueban. Hasta ahí, el diseño podría funcionar. El problema es que, para el oficialismo, acostumbrado a gobernar desde el congreso, esta interpretación es una pérdida total. No podrán cambiar lo aprobado y su margen (tal vez, algunas comas) es muy reducido en comparación a sus anteriores costumbres y aspiraciones. Es curioso que Juárez, cuyo partido ha “gobernado y coaccionado” a varios Ejecutivos, haya perdido la memoria de lo que ellos hicieron y hoy reclaman como inconveniente.

El poder debe tener contrapesos. Nada peor que un Ejecutivo peruano con mayorías absolutas en el Congreso, porque el autoritarismo brota impunemente. Sin embargo, el fujimorismo no sabe nada de gobernar con mayorías opositoras en el parlamento. Saben volver loco, desde la mayoría, a un presidente como PPK, Vizcarra, Sagasti o Castillo. Pero no saben estar en el asiento inverso. La única vez que el fujimorismo tuvo oposición parlamentaria, terminamos en el golpe del 5 de abril de 1992.

¿Qué puede pasar esta semana? El primer escenario, improbable, es que la oposición le gane la partida al oficialismo y se vote y se apruebe únicamente lo aprobado por diputados. Es eso o nada. Pero, para ello necesitas unidad y disciplina por parte de la oposición y aceptación de límites por parte del oficialismo. Ambas cosas, hoy, son muy remotas de realizarse conociendo a los seres humanos detrás de las decisiones. ¿Sería lo mejor para el Perú? Sin duda. Tener un Congreso sin mayoría oficialista pero obligado a llegar a acuerdos con el Ejecutivo, es el óptimo de la democracia.

El segundo escenario, el más probable, es que no primen los textos de la Constitución y los de los reglamentos. Fuerza Popular buscará imponerse porque sabe lo que se juega. La premonición de Juárez lo explica bien. Eso, jamás lo aceptarán. ¿Qué le queda? Lo que siempre han hecho, sobre todo en los últimos cinco años: pactar con sus enemigos. Si pudieron cogobernar con los Cerrón, ¿por qué no con los seguidores de Belmont o Sánchez? En este momento, Fuerza Popular va a hacer lo mismo que hizo con la cuestión de confianza o la vacancia presidencial: imponer su lectura inconstitucional con la fuerza de los votos. ¿Qué ofrecerán? Tienen un Ejecutivo entero para las ofertas del mercado persa. Torres y Galarreta, muy callados en estos días, tienen amplia experiencia en estos menesteres.

Conseguir los votos, para ellos, es de vida o muerte. No porque necesiten las facultades. Demás está explicado que para vencer la ola de delincuencia que nos destruye día a día necesitas, sobre todo, gestión pública de la que carecen. Lo que importa es el precedente que se va a generar. Por eso, la frase desesperada de Martha Moyano este jueves, al verse perdidos, lo dice todo: “Ser autoritario, no es tan malo. A veces hay que tomar decisiones”. No tienen que ser adivinos para anticipar esas decisiones.

El patrón del oficialismo, es decir, Fuerza Popular y Renovación Popular, en cualquier nivel de gobierno, es consistente. Las normas dicen lo que el bloque necesita cuando tiene a los intérpretes de su lado, y cuando esos intérpretes le faltan, los captura. La claridad de la disposición, el peso de la jurisprudencia o la autoridad de una sentencia internacional quedan subordinados a quien tenga los votos para desnaturalizarlas.

Lo ocurrido ayer en la Comisión de Constitución del Senado lo ilustra. La oposición obtuvo seis votos contra cinco para abrir la discusión sobre si la Cámara Alta puede ampliar el pedido de facultades del Ejecutivo, ya aprobado por Diputados. Quien dirigía la sesión, el senador fujimorista Carlos Mesía, desconoció el cómputo y forzó una revotación. Mesía fue presidente del Tribunal Constitucional. Su trayectoria en esa institución lo priva de alegar desconocimiento, tanto de las normas como del espíritu que les dio origen. Lo ocurrido fue una decisión, no un error.

El esquema trasciende el ámbito legislativo. López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima para postular a la presidencia, la perdió, alegó fraude sin pruebas y su denuncia fue desestimada. El Jurado Nacional de Elecciones lo había habilitado para participar en unos comicios en los que la Constitución prohíbe la reelección encubierta. Había obtenido en esa jornada una senaduría, pero lo que buscaba era recuperar Lima. Intentó renunciar al Senado, cargo que esa misma norma declara irrenunciable, y el JNE se lo permitió. Ese organismo guarda silencio sobre quién debe asumir el gobierno de la ciudad.

Hay una frontera que el bloque gobernante ha encontrado con resistencia en cada intento. Las cuatro bancadas que se retiraron lo hicieron en señal de rechazo a un manejo que violaba el reglamento, y juristas de distintas posiciones han señalado el incentivo perverso que abre la puerta a que quien gana una elección pueda declinar el escaño sin consecuencias. Esa resistencia, ciudadana e institucional, nace de una convicción compartida.

El entramado constitucional sobre el que el país construyó tres décadas de continuidad resiste porque hay quienes lo defienden desde adentro, aun sin controlar los órganos que deberían aplicarlo. Esa resistencia no tiene ideología. Sabe que el marco jurídico protege a todos o no protege a nadie, y que la complacencia de las instituciones con quien abusa de las normas, sea del espectro que sea, es el camino más corto hacia un sistema donde las reglas solo sirven al más fuerte.

De Homero hasta Allan Poe

En su amplia discografía, la Antigüedad clásica aparece varias veces reinterpretada. El mito de Ícaro, relatado por Ovidio en Las metamorfosis, se convierte en “Flight of Icarus”, un canto a la rebeldía juvenil; mientras que la peripecia de Ulises, de La Odisea homérica, inspiró la canción “Ghost of the Navigator”.

La ciencia ficción también ocupa un lugar destacado. La fascinación por la saga Dune, de Frank Herbert, llevó a Harris a componer “To Tame a Land”, un tema que condensa la atmósfera mesiánica y política del planeta Arrakis. Asimismo, “Brave New World” toma elementos de la célebre novela de Aldous Huxley para cuestionar el control social y la fe ciega en la tecnología. Por otro lado, “Out of the Silent Planet” (inspirada en la novela de C. S. Lewis), “Childhood's End” (influencia de Arthur C. Clarke) y “Stranger in a Strange Land” (que hace referencia a la obra de Robert Heinlein) abordan la evolución humana, la mirada extraterrestre y el aislamiento individual.

La canción que asume con mayor intensidad esta asociación entre literatura y metal es “Rime of the Ancient Mariner”, adaptación del poema de Samuel Taylor Coleridge. La canción narra con fidelidad la desgracia de un marinero castigado por la culpa tras matar a un albatros. Al incorporar incluso fragmentos del texto original, Harris dio nueva vida al Romanticismo inglés ante las multitudes que abarrotan los estadios en cada gira.

En el ámbito poético, “The Charge of the Light Brigade”, del poeta inglés Alfred Lord Tennyson, dio origen al tema “The Trooper”, transmitiendo con fuerza el caos heroico y desgarrador de la Guerra de Crimea (1854). El folclore y el misticismo alcanzaron una de sus cumbres en el álbum conceptual Seventh Son of a Seventh Son (1988), inspirado en la novela Seventh Son, de Orson Scott Card. Sobre la estética visual de este trabajo, Bruce Dickinson explicaría que la influencia de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y los grabados de Gustave Doré fueron fundamentales.

El terror gótico y el misterio han dejado huella en la banda desde sus comienzos. Así, la canción “The Phantom of the Opera” recrea la obsesión que el francés Gaston Leroux plasmó en su novela de 1910. Por su parte, “Murders in the Rue Morgue” captura la atmósfera detectivesca y analítica del célebre relato de Edgar Allan Poe. Finalmente, el tema “Transylvania” rinde homenaje a la atmósfera vampírica de Drácula, de Bram Stoker.

Siguiendo esta pesquisa literaria, la vertiente más reflexiva de la banda se adentra en las sombras de la condición humana: la barbarie tribal de “Lord of the Flies”, basada en la novela de William Golding, y la crueldad del colonialismo retratada en Heart of Darkness, del polaco-británico Joseph Conrad, se hacen sentir especialmente en la canción “The Edge of Darkness”.

Finalmente, las visiones aterradoras de “The Number of the Beast y Revelations” toman imágenes del Apocalipsis bíblico, enriquecidas por las alusiones demoníacas del poema “Tam O' Shanter”, del inglés Robert Burns, y el esoterismo de “Moonchild”, inspirado en la novela ocultista homónima escrita por Aleister Crowley en 1917.

Encore

La obra de Iron Maiden es más amplia y demuestra que el heavy metal y la literatura nunca han sido opuestos, sino complementarios. Medio siglo después, la banda nacida en Leyton, al este de Londres, ha demostrado que el estruendo de las guitarras puede convertirse también en una brillante invitación a descubrir algunas de las joyas de la literatura universal.

El Perú construyó una posición de Estado frente a Venezuela. El Grupo de Lima, constituido en 2017 con el país a la cabeza a través del entonces canciller Ricardo Luna, fue su expresión más visible: exigir elecciones libres y liberación de presos políticos al régimen de Nicolás Maduro. Fujimorismo hizo de ese argumento algo más: una herramienta electoral de primer orden. El chavismo fue la amenaza que movilizó votos, contra Humala, contra Castillo, contra cualquier adversario al que se pudiera trazar una línea hacia Caracas.

La llamada de la mandataria con Delcy Rodríguez, a quien su propio tuit denomina presidenta de Venezuela, para coordinar la expulsión de ciudadanos venezolanos y apoyar el Plan Vuelta a la Patria, pone fin a esa narrativa. No porque el madurismo haya mutado sino porque Delcy sigue al frente del mismo esquema de poder continuado por Maduro. Lo único que no ha variado es que el discurso ya no sirve para los comicios.

La cúpula chavista, pese a las presiones internacionales que enfrentaba, se mantiene enquistada sin que exista claridad sobre el futuro democrático de ese país.

María Corina Machado, figura respaldada por la mayoría de venezolanos que la eligieron como mandataria, ha intentado ingresar a Venezuela en más de siete ocasiones sin lograrlo. La cancillería peruana, bajo la actual administración, no ha tomado ninguna acción diplomática al respecto. El contraste habla por sí solo.

Esto es un sinceramiento. Las convicciones democráticas que la agrupación enarboló por décadas nunca existieron como mandato institucional sino como coartada. Ya que a una coartada no se renuncia por ideales, sino que se abandona cuando deja de ser útil.

El costo no lo paga solo el Ejecutivo. Lo paga el Estado peruano, que construyó durante años una plataforma de credibilidad basada en el rechazo a sistemas políticos que violan los derechos de sus ciudadanos.

Ese capital solo se recupera con coherencia. Y la coherencia, por ahora, no aparece en la agenda.

De dicho total, como figura en el gráfico, el 41% (741 mil) forma parte de las carreras especiales (integradas principalmente por profesores, profesionales de la salud, policías y militares); el 20% (368 mil) está bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS); el 15% (274 mil) corresponde al régimen de la carrera administrativa regulada por el D. Leg. 276; el 13% (227 mil) son locadores de servicios (supuestos consultores o terceros); el 11% (205 mil) está sujeto al régimen privado regulado por el D. Leg. N.º 728; y el 0,2% (4 mil) se encuentra bajo el régimen del servicio civil (Ley 30057).

Como se desprende de lo señalado, conviven distintos regímenes de contratación en el Estado, con diversas reglas y beneficios laborales, lo cual complica notablemente la gestión de los recursos humanos y divide a los trabajadores.

Aunque parezca increíble, hay cerca de un 13% de informalidad laboral en el sector público (cifra superior al 8% registrado en la gran empresa privada), constituida por trabajadores que son contratados como locadores de servicios, a pesar de que en la práctica realizan labores subordinadas y, por tanto, deberían estar declarados en planilla bajo el régimen laboral que les corresponda.

La referida tasa de informalidad laboral en el Estado ha crecido cerca de 5 puntos porcentuales en los últimos 13 años, lo cual resulta especialmente preocupante, al ser el Estado el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el sector privado y, por tanto, debería ser ejemplo.

Por otro lado, la tasa de afiliación sindical estatal se ha incrementado en 8 puntos porcentuales desde la restauración de la negociación colectiva de materias económicas y el establecimiento de la estabilidad laboral para un grupo significativo de CAS en 2021 (lo cual es una excelente noticia). Actualmente, asciende al 23% y alcanza a 364 mil trabajadores, superando así largamente el escaso 5% de sindicalización (211 mil trabajadores) registrado en el sector privado formal.

A pesar de las mejoras remunerativas alcanzadas por los trabajadores vía la negociación colectiva estatal centralizada desde 2022, según información del INEI, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio en el sector público aún se encuentra cerca de un 2% por debajo del nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia generada por el COVID-19.

Contra lo que se viene señalando falazmente, lo cierto es que la remuneración promedio en el Estado es prácticamente la misma que la registrada en el sector privado formal (S/2.900), siguiendo una trayectoria convergente desde 2014.

En cuanto al costo de la planilla pública, según información del MEF, si bien se ha incrementado en términos nominales, superando los S/ 85 mil millones anuales, se ha mantenido en torno al 7% del PBI en los últimos 12 años (con excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19), lo cual indica que el referido crecimiento ha ido de la mano con el desempeño económico del país y, por tanto, no debería afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En esa misma línea, el costo de la planilla estatal se ha ubicado alrededor de la tercera parte del gasto público total desde 2016, por lo que no es verdad que haya crecido su incidencia en el presupuesto público en términos relativos.

Lo señalado hasta el momento es congruente con la escasa dimensión del Estado peruano en comparación con lo observado en los países del mundo desarrollado e incluso en nuestros pares latinoamericanos, dada la paupérrima recaudación tributaria en relación con el PBI de nuestro país (15%), respecto al promedio registrado en los países que integran la OCDE (34%) y en la región latinoamericana (21%), lo cual limita la cobertura y calidad de los servicios y las políticas públicas.

¿Qué se debería hacer?

La problemática identificada no se soluciona reduciendo más el tamaño del Estado ni precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores, sino, principalmente, acelerando la implementación de la reforma del servicio civil (Ley 30057), para lo cual se requiere destinar los recursos públicos correspondientes.

Dicha reforma establecería un régimen meritocrático y la posibilidad de una carrera en el Estado, brindaría estabilidad a los trabajadores (vinculada a su buen desempeño), mejoraría sus condiciones laborales, permitiría acceder a mejor capacitación y simplificaría la gestión del empleo público con reglas uniformes.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) estimó un costo anual de implementación de la mencionada reforma de S/8 mil millones en lo que respecta al Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, en los últimos años, el Congreso ha preferido seguir regalándole miles de millones de soles vía recortes tributarios a empresas que no los necesitan, como es el caso de las grandes agroexportadoras, con la anuencia del Poder Ejecutivo.

Debido a esa falta de voluntad política, apenas algo más de 4 mil trabajadores públicos han transitado al nuevo régimen del servicio civil desde su creación en 2013, siendo este un resultado paupérrimo y lamentable.

En la línea de lo señalado, es necesario un relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; actualizando las escalas remunerativas; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del MEF para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; e incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para todos los regímenes laborales, entre otras medidas.

Ello permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

Por otro lado, para mantener el orden en la gestión de las remuneraciones en el sector público, resulta fundamental que las mejoras salariales se realicen exclusivamente a través de la negociación colectiva, en el marco de la capacidad financiera del Estado peruano.

El Congreso debe abstenerse de aprobar incrementos remunerativos que no hayan sido acordados en el marco de los procesos de negociación colectiva estatal.

Nuestro país necesita más y mejor Estado, que busque el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.