Nos encontramos a puertas de un nuevo quinquenio y resulta una gran responsabilidad de quienes están interesados en dirigir la nación lograr construir un Perú más sólido a partir de la experiencia, con prospectiva y, sobre todo, reconociendo una realidad resiliente.

Si bien existen diversos sectores neurálgicos que requieren atención prioritaria, es el desarrollo social, a partir de la inclusión, el que logra hacer coincidir los servicios y las prestaciones que la comunidad requiere. Así, durante la gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reconocimos que estábamos en un momento de transformación. Es un hecho que procedemos de una era en la que las transferencias monetarias fueron el oxígeno que mantuvo a millones a salvo de la asfixia de la pobreza extrema. En ese contexto, el Perú logró reducir la pobreza de 48% a 24%, fundamentalmente por programas como JUNTOS, de transferencia condicionada. Sin embargo, este miércoles nos corresponde hablar de algo más ambicioso que el alivio: la liberación económica.

Las transferencias monetarias no pueden ser un destino; deben ser el combustible para el despegue. En el Perú del 2026, hemos entendido que la verdadera inclusión social no es solo poner recursos en manos de los más vulnerables, sino herramientas para que puedan generarlos por sí mismos.

En el periodo al frente del sector, recorrimos nuevamente el diverso territorio peruano, llevando más que transferencias: activos productivos. A través de Mi Emprendimiento Mujer, invertimos 17 millones de soles y transformamos a socias de ollas comunes y comedores populares en dueñas de su propio destino. Esto significa que más de 2.600 mujeres son capaces de operar hornos industriales, máquinas de confección y equipos especializados. Vale decir que estamos pasando de la economía de subsistencia a la microempresa gastronómica y textil. Por esa esencia, lo llamamos “trascender a las transferencias” para convertir la red de protección social en una plataforma de impulso y promoción empresarial.

El nuevo gobierno recibirá un sector de desarrollo e inclusión social cuyo presupuesto asciende a 7.584 millones de soles, pero esa cifra no es la que importa, sino el enfoque. El 96% de dicho recurso está blindado para los programas sociales a partir de una nueva medición: el éxito será la cantidad de usuarios que salen de la pobreza, no la de quienes ingresan al padrón.

El programa JUNTOS ya no solo monitorea salud y educación; ahora impulsa autonomía mediante el acompañamiento productivo. Así, a nivel nacional, más de 9.000 usuarias ya cuentan con emprendimientos activos gracias a sus capacidades para lograr autonomía económica.

A través de FONCODES, se promovió la inversión en infraestructura básica y competencias técnicas para proyectos productivos, lo que benefició a hogares con emprendimientos con más de 224 millones de soles. Esto logró una articulación territorial con los usuarios de las zonas rurales del programa PAIS, que acerca servicios del Estado a las comunidades.

Este miércoles, el sector cuenta también con una versión mejorada del desarrollo infantil temprano gracias a la aprobación de la Política de Desarrollo Infantil Temprano, que pone en el centro de la política pública al sujeto de derecho y lo protege desde su concepción. Así, convergen las intervenciones entre JUNTOS y CUNA MÁS, y el programa CONTIGO es transversal para las personas con discapacidad severa. Siguiendo con el ciclo de vida, en la etapa escolar se cuenta con un nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar PAE, donde ya no hay espacio para intenciones perversas y se garantizan los procesos con presencia permanente de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Consecuentemente, al llegar a la adultez mayor, también está presente en PENSIÓN 65 la gestión de emprendimientos para una vejez digna y activa. De esa manera, se debe reconocer que el mundo enfrenta una fatiga de las políticas asistencialistas. La delincuencia organizada y la desigualdad social se alimentan de la falta de oportunidades económicas. Por eso, la propuesta es que el Perú encuentre un centro estable en el desarrollo de la autonomía económica, a través de una gestión que se allana a la transparencia, descentraliza presupuesto y entiende que el Estado debe ser el primer inversor de riesgo de sus ciudadanos más pobres.

Resulta necesario que, tras interiorizar lo descrito y apostar por la nueva medición de la pobreza con criterio multidimensional, en los siguientes cinco años nos alejemos de lo asistencial y reforcemos la promoción de emprendimientos para la autonomía económica, con la finalidad de que el legado no sea cuántos bonos se entregaron, sino cuántas familias se alejaron de la pobreza bajo un nuevo contrato social.

El principal detonante de esta nueva ola inflacionaria es el conflicto en el Golfo Pérsico, iniciado hace tres meses. La producción de petróleo en la región y su transporte hacia los mercados internacionales se encuentran prácticamente paralizados. Cientos de buques petroleros permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita alrededor del 35 % de la oferta mundial de petróleo y entre el 20 % y el 30 % de los fertilizantes. Como resultado, los precios internacionales se han disparado: en lo que va del año, el petróleo acumula un alza de 74 %. En Lima, durante los últimos doce meses, el transporte se encareció 15,5 % y los combustibles 31,4 %. Según la Sociedad Nacional de Industrias, el 37 % de los industriales prevé nuevos incrementos de costos y el 30 % planea trasladarlos a sus precios de venta, por lo que una parte importante de estas alzas terminará siendo absorbida por los consumidores, alimentando las presiones y expectativas inflacionarias.

El impacto no se limita a los combustibles. Los precios de los derivados del petróleo, especialmente de la urea —fertilizante clave para la agricultura—, han aumentado en 33 %. Esto reducirá su uso y la productividad por hectárea cultivada. Menor productividad implica menor oferta agrícola y, por tanto, mayores precios para los consumidores y menores ingresos para los productores. La inflación se propaga por toda la economía mediante efectos encadenados. El primer canal es el transporte. El aumento de los combustibles encarece el traslado de mercancías, elevando los precios de los bienes que llegan a los mercados, y también incrementa el costo de los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. Según la ENAHO, en 2025 el 31 % de los trabajadores urbanos y el 25 % de los estudiantes realizaban sus actividades en un distrito distinto al de residencia, por lo que el encarecimiento del transporte afecta directamente sus presupuestos.

La inflación erosiona el poder adquisitivo de los ingresos y deja a los hogares con pocas alternativas: recurrir a sus ahorros, endeudarse o reducir el consumo. Sin embargo, sus efectos son desiguales. Los hogares de menores ingresos son más vulnerables porque destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos. Si estos aumentan más que el resto de bienes y servicios, el deterioro de su bienestar será proporcionalmente mayor. Además, los hogares pobres cuentan con menos mecanismos para amortiguar el golpe. Carecen de ingresos indexados a la inflación y de capacidad suficiente de ahorro o endeudamiento para enfrentar aumentos persistentes de precios. La respuesta suele ser inmediata: ajustar el cinturón. Primero se sustituyen alimentos más nutritivos por otros más baratos; luego se reducen las cantidades consumidas y, en los casos más extremos, incluso el número de comidas diarias. Las consecuencias sobre la salud son severas, especialmente para niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Por ello, suele afirmarse que la inflación es un impuesto ciego. Sin embargo, dada la desigual distribución de sus efectos, sería más preciso decir que se trata de un impuesto regresivo. No golpea a todos por igual.

La evidencia lo confirma. Céspedes y Huarancca, en un estudio publicado por el BCR, muestran que la inflación entre 2018 y 2023 tuvo efectos contractivos y regresivos sobre los hogares pobres, cuyos gastos se redujeron en alrededor de 8,6 %, mientras que los hogares de mayores ingresos lograron amortiguar mejor el impacto. Durante el episodio inflacionario asociado al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2023, el costo de la canasta básica aumentó en 7 % y el de los alimentos en 11 %. Según nuestras estimaciones, ese proceso añadió 2,7 puntos porcentuales a la tasa de pobreza nacional, 2 puntos en las zonas urbanas y 5 puntos en las rurales, contribuyendo al incremento de la pobreza extrema en estas últimas. La inflación, lejos de ser neutral, profundiza las brechas sociales y amplía la desigualdad.

Y como si ello no fuera suficiente, un nuevo riesgo se cierne sobre la economía peruana. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido sobre una elevada probabilidad de desarrollo del fenómeno El Niño a partir de mediados de 2026, tras observar un rápido incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico. En la misma línea, el ENFEN mantiene vigente la alerta de El Niño costero debido al calentamiento del mar frente al litoral norte y centro del país. La experiencia histórica muestra que los costos económicos pueden ser enormes. Callahan y Mankin (2023) estiman que, de no haber ocurrido el fenómeno El Niño de 1997-1998, el ingreso promedio habría sido cerca de 19 % mayor en 2003. Otros estudios calculan pérdidas directas de alrededor de US$ 1.000 millones, principalmente en la costa norte. Según el BCR, dicho evento ocasionó pérdidas equivalentes al 2,9 % del PBI y daños en infraestructura por otro 2,2 %.

De repetirse un episodio severo en 2026-2027, las presiones inflacionarias se intensificarán. La producción de alimentos podría verse afectada por inundaciones, sequías y otros eventos extremos, mientras que los daños en carreteras y vías de comunicación interrumpirían los circuitos de abastecimiento. Es una historia conocida: inundaciones en el norte, sequías y friajes en el sur, escasez de productos y aumento de precios.

Por ahora, apenas observamos las primeras señales de un año marcado por el encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y los costos de transporte. El verdadero impacto del choque externo de precios y del eventual choque climático se sentirá con mayor intensidad durante el segundo semestre de este año y a lo largo de 2027. Nos enfrentamos a un problema de oferta en un contexto de demanda interna débil. En estas circunstancias, la respuesta no pasa por enfriar aún más la economía mediante políticas fiscales y monetarias restrictivas. Se requiere una estrategia integral de corto y mediano plazo para mitigar ambos choques.

La buena noticia es que los instrumentos existen. Como ha advertido el ENFEN, resulta urgente reactivar y fortalecer los fondos de contingencia. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), constituido precisamente para enfrentar situaciones adversas, permanece prácticamente inalterado desde hace tres años, con recursos cercanos a los US$ 3.200 millones. Por su parte, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) enfrenta serias limitaciones: la deuda con los distribuidores aumentó 9 % durante el primer trimestre de 2026 y su capacidad para contener el alza de los combustibles es cada vez más reducida.

La inflación golpeará con fuerza a los hogares peruanos. Si a ello se suma un nuevo episodio de El Niño, el país enfrentará una combinación adversa de presiones externas y riesgos climáticos. Para millones de familias, literalmente, lloverá sobre mojado.

Ampliados

La combinación de inflación y el muy probable fenómeno El Niño amenazan con elevar la pobreza y profundizar la desigualdad en el país.

El Gobierno dispone de fondos e instrumentos para enfrentar la inflación y el riesgo de El Niño; la clave es actuar ahora, porque prevenir cuesta mucho menos que mitigar y reconstruir.

Cruel paradoja, ironía colosal que desnuda por igual el cinismo de nuestra derecha radical y de nuestra izquierda ideológica. Básicamente, todos nosotros en algún punto. Admitámoslo, es imposible escapar de esta contradicción tan peruana. Me refiero al tratamiento que les dan, respectivamente, a los votos de las mesas 900 de la sierra rural y a las mesas de votación en el extranjero. Es casi un espejo exacto de intolerancia, que puede ser graficado en el forzado arquetipo de, por ejemplo, un imposible Cangallo versus Miami.

Empecemos por la derecha. Cada vez que a un analista de televisión o de redes se le escapa, con total naturalidad, que una mesa de votación andina o con altos índices de analfabetismo —como las famosas mesas 900— jamás podrá "votar tan bien, con poco voto nulo" como una mesa urbana, lo que está haciendo no es ciencia política; está reviviendo el voto censitario del siglo XIX. Está escupiendo la rancia convicción colonial de que el ciudadano rural carece de la capacidad mental mínima para discernir. En su narrativa inconfesable, el habitante de la sierra es un retrasado cognitivo cuyo voto malogra el esquema diseñado desde Lima. Para ellos, la exclusión material también te despoja del derecho a decidir y hasta a pensar.

Ahora crucemos la vereda. La izquierda de personajes como Pedro Castillo o Roberto Sánchez incurre exactamente en el mismo pecado político, pero al revés. Esta izquierda, que se llena la boca hablando de la dignidad del pueblo, activa de inmediato su propia lógica excluyente cuando todo indica que ha perdido las elecciones fuera de nuestras fronteras. Como la diáspora peruana suele votar mayoritariamente por opciones de derecha o promercado, los líderes izquierdistas no dudan en deslizar, de manera solapada o abierta, que el voto de los peruanos en el extranjero "vale menos" o "no cuenta igual" porque "ellos no viven la realidad del país".

Mientras a la derecha radical le encanta decir que los votantes del interior merecen sufrir el comunismo como castigo por su voto, la izquierda propone que los peruanos en el exterior deberían regresar a vivir in situ el autoritarismo de sus opositores, por los que votaron, también como castigo.

La ironía es perfecta: son como las mesas 900, pero con el signo político invertido. Es la misma tara, la misma impugnación, con distinto color. Como dice el lugar común: dos caras de la misma moneda. Para la derecha radicalizada, el agricultor de Puno o Ayacucho es un "ignorante"; para la izquierda radicalizada, el migrante que trabaja en Madrid, Santiago o Miami es un "privilegiado desconectado sin derecho a decidir", es decir, también un "ignorante". Ambos desprecian el voto que no controlan.

El colmo del cinismo llega con las herramientas para la pataleta. Este miércoles vemos a esa misma izquierda apropiarse, sin ningún pudor, del libreto de sus peores adversarios: ahora son ellos los que salen a hablar de "defender los votos" y a agitar el fantasma del "fraude". El mismo guion de deslegitimación que tanto le criticaron a la DBA en el pasado. Al final, ambos bandos pretenden graduar la calidad de la ciudadanía y la validez de las instituciones según les convenga el resultado en las urnas.

Es como una tara cultural compartida. Se usa el innegable fracaso de los líderes locales de un lado, del sur andino, o el éxito individual del migrante lejano del otro, como coartadas perfectas para justificar el desprecio hacia el juego democrático y, lo que es aún peor, hacia el otro. Nos deshumanizamos mutuamente. De fondo, el eterno e interminable conteo de la ONPE, arreando la bronca de barrabravas con el cuchillo en la boca.

Lamentablemente, las segundas vueltas peruanas, particularmente apretadas, son gasolina para la polarización. Nuestra clase política, gran parte del periodismo y el mismo electorado seguimos tratando los procesos electorales como una guerra de sometimiento donde el voto del rival debe ser invalidado moral o legalmente. La respuesta ante la fractura nacional ya no puede seguir siendo la pataleta del fraude y graduar el valor de un peruano según su ubicación geográfica.

El último sábado participé en un coloquio convocado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la segunda vuelta y el constitucionalismo. Aquí resumo algunas de las ideas que compartí: la segunda vuelta no reporta mayor legitimidad ni mayor consenso para el ganador. Al contrario, al menos en el escenario peruano de los últimos procesos, exhibe un peligroso campo de polarización e injusticias que las elecciones no logran resolver.

Una elección es justa cuando todos los candidatos compiten en condiciones equivalentes de acceso a la deliberación pública, cuando los electores reciben información veraz y equilibrada, y cuando el resultado expresa preferencias auténticas y no miedos inducidos. Medida con esos criterios, la segunda vuelta peruana —especialmente las de 2021 y 2026— no supera el examen: es, antes bien, la plataforma donde esos problemas escalan.

El campo de juego desigual

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en su declaración preliminar del último 9 de junio, lo documentó con preocupante claridad: los medios estatales mantuvieron una cobertura "neutral y equilibrada, mientras que la de la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú". Según documentaron, diarios como El Comercio, Perú21, Correo y Trome dedicaron más del doble de espacio a Sánchez que a su rival, predominantemente con tono negativo. Se difundieron asociaciones con el terrorismo, la minería ilegal, el financiamiento irregular y figuras políticas controvertidas. La incidencia de aquella campaña demoledora caló con mayor fuerza en los centros urbanos y, sobre todo, en Lima.

Una elección en la que los medios de mayor circulación alinean sistemáticamente su cobertura en una sola dirección no es una elección libre en sentido sustantivo. Puede serlo en sentido formal —nadie prohíbe votar—, pero la libertad de elección no se satisface con la libertad de marcar una cédula: requiere que ese voto esté informado. La MOE UE lo formuló con precisión: esa cobertura desequilibrada socavó "el derecho al voto informado". La injusticia no estaba en las urnas, sino en las estructuras del poder de las comunicaciones.

El racismo como arma electoral

La segunda vuelta no solo desnudó la asimetría mediática. Activó, con una eficacia perturbadora, los males estructurales que el Perú arrastra sin haberse atrevido a confrontarlos. La MOE UE documenta que "los casos de racismo y discriminación por motivos de género, origen étnico y clase social, presentes en el discurso de ambas partes, no encontraron respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes". El discurso hostil, precisa el informe, "fue dirigido principalmente contra la fórmula presidencial de Juntos por el Perú".

No es la primera vez. En 2021, el informe final de la MEE UE registraba que el 43% de los anuncios activos en redes sociales el día del ballotage contenían mensajes de miedo sobre el comunismo o la amenaza de una catástrofe económica si se votaba en contra del establishment. El terruqueo —asociación del candidato andino con el terrorismo— no es espontaneidad de las redes: es una estrategia probada y refinada en cada ciclo electoral.

Lo que la segunda vuelta hace es proveer el escenario óptimo para esa estrategia. La radicalización obligatoria entre dos polos amplifica los mecanismos de exclusión que en una primera vuelta más fragmentada tendrían menos oxígeno. El miedo es más eficaz cuando solo hay dos opciones.

El establishment y la trampa de la segunda vuelta

El politólogo Arend Lijphart sostenía que los sistemas que fuerzan consenso producen democracias más estables y legítimas ('Modelos de democracia', Yale, 1999). La segunda vuelta fue pensada como mecanismo de búsqueda del centro: obligaría al ganador a ampliar su coalición y sumar a quienes no lo eligieron en primera instancia. La realidad peruana invierte esa promesa: la segunda vuelta ha sido el escenario en que el poder establecido —concentrado en los medios capitalinos, en los gremios empresariales, en sectores políticos instalados en el Congreso— ha encontrado su instrumento más eficaz de veto ante cualquier candidato que cuestione el orden vigente.

Lo que llaman "estabilidad" u "orden" es, en realidad, la continuidad de un modelo de exclusión y centralismo. Y lo que llaman "comunismo" o "caos" suele ser la irrupción de una representación política del interior que Lima no controla ni comprende, y que exige desde hace tiempo cambios en las políticas que la excluyen.

Buscando alternativas

No se trata de suprimir la segunda vuelta. Se trata de reformarla para que deje de ser un mecanismo que premia la demolición del adversario por encima del debate de ideas. Dos correcciones son urgentes:

La primera: ningún candidato debería poder acceder al ballotage con menos del 20% de los votos válidos. La fragmentación extrema de la primera vuelta —que en 2021 permitió a Castillo pasar con el 19% y a Fujimori con el 13%— convierte la segunda vuelta en el duelo entre dos minorías que el sistema infla artificialmente hasta la mitad del electorado.

La segunda: recuperar la sabiduría de la propia Constitución de 1979, que para las elecciones de 1980 establecía que podían ser proclamados vencedores los candidatos que alcanzaran "la votación más alta, siempre que esta no sea inferior al treinta y seis por ciento del total de votos válidos". Un tercio del electorado en primera vuelta como condición suficiente de gobierno. Esa fórmula reconocía algo que la teoría de la mayoría absoluta olvida: que la legitimidad no es un porcentaje, sino la capacidad de gobernar con un mandato auténtico.

El constitucionalismo, en su versión más exigente, es una promesa de igualdad real en la participación política. Mientras las condiciones materiales de la deliberación sigan siendo tan desiguales como lo documenta la MOE UE, la segunda vuelta seguirá siendo, entre nosotros, una estrategia para impedir cualquier intento de cambio del estatus quo.

Constantino Carvallo, educador peruano

Cada cuatro años, el planeta desea patear con más ganas una pelota. El Mundial de Fútbol, esa ceremonia global que convoca emociones, identidades y negocios, vuelve a ocupar titulares y conversaciones cotidianas. Pero más allá de estadios repletos y gestas épicas, el torneo despliega una trama paralela: la que se vive en casas y colegios, donde niños, padres y profesores terminan discutiendo, sin proponérselo, sobre competencia, consumo, frustración y valores deportivos.

Si apelamos a esos valores que el fútbol puede transmitir, vale recordar lo que afirmaba el escritor argelino Albert Camus, que “todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Una idea que no contradice, sino que se complementa, con la mirada del uruguayo Eduardo Galeano, quien advertía que “el fútbol es un espejo del mundo: en él se reflejan sus virtudes y sus miserias”.

Desde esa perspectiva, podemos decir que la Copa del Mundo dejó hace tiempo de ser únicamente fútbol para convertirse también en una gran caja registradora. En ella no solo se celebran jugadas imposibles y goles memorables, sino que se promueven hábitos de consumo no siempre saludables. Es precisamente allí donde surge una oportunidad —a veces incómoda— para educar.

Basta mirar el fenómeno de los álbumes de figuritas. Para muchos adultos, el recuerdo es tibio: páginas incompletas, cromos repetidos y tardes de trueques sin conseguir el jugador esperado. Una nostalgia teñida de desilusión, pero también de ingenuidad. Hoy, ese rito ha cambiado de escala. El deseo de “llenar el álbum” ha sido absorbido por una lógica de mercado que convierte el pasatiempo en una inversión desproporcionada y, en no pocos casos, desbordada.

Las cifras no mienten. Un álbum básico de la marca que tiene los derechos internacionales ronda los 9.90 soles. Cada sobre de siete figuritas cuesta 4.20, y el “paquetón”, con poco más de cien sobres, supera los 380 soles, dependiendo de la oferta. Completar la colección —de 980 cromos— requeriría cerca de 600 soles en un escenario improbable de no tener repetidas. Pero la repetición es la regla en este juego. Entonces, cuando fallan los intercambios y el deseo de llenar el álbum crece, el gasto escala sin pudor. Un importe aproximado puede bordear los tres mil soles, si no renuncias antes de alcanzarlo. Una locura que encuentra su principal campo de acción en un lugar muy predecible: la escuela.

Es allí donde los álbumes dejan de ser cuadernillos ilustrados para convertirse en artefactos sociales. En los recreos se negocia, se compara, se presume y también se excluye. “Yala, nola”, “¿cuánto vale esta?”, “yo tengo más que tú”, “¿esta no la tienes? ¡Jajaja!”. El lenguaje del mercado se filtra en edades tempranas y surgen tensiones atravesadas por la presión del grupo y el deseo de autoafirmarse con la comparación. Los niños trasladan esa lógica a casa y presionan por más sobres; algunos padres ceden, otros se resisten, mientras no pocos docentes observan sin intervenir. Y quedan aquellos pequeños que, desde la orilla, están a la expectativa de un intercambio desigual por un producto cada vez más costoso.

Las preguntas son inevitables: ¿quién está acompañando este proceso? ¿Cuántos adultos advierten que, detrás del entretenimiento, se incuban patrones de consumo y jerarquías materiales que pueden dañar los vínculos? ¿Nos estamos ocupando realmente de esto?

Y en medio del barullo, el fútbol —paradójicamente— queda relegado. Valores como el esfuerzo, la disciplina, el honor o el trabajo en equipo ceden ante un criterio inmediato: el poder adquisitivo. Ya no importa la hazaña en la cancha, sino la capacidad de completar una página o conseguir el cromo deseado. El sentido formativo del deporte se diluye frente a la urgencia de acumular para evitar la decepción.

Pero no todo está perdido en esta fiebre coleccionista. Allí donde hay un problema, también hay una puerta. El entusiasmo por las figuritas puede transformarse en una herramienta pedagógica si se guía con propósito. Intercambiar figuritas puede ser aprender a negociar con justicia, valorar al otro y dominar la codicia. Completar un álbum puede dar lugar a ejercicios de cálculo, probabilidad y estadística. Analizar su información permite reconocer fuentes de datos secundarias. Cada jugador puede despertar curiosidad por su país, su historia o su cultura. Es decir, incentivar la investigación y el deseo de aprender con optimismo.

Quizá la clave no sea prohibir ni ceder sin más, sino resignificar el hábito, dotar de sentido al álbum antes que a sus figuritas. Convertirlo en una excusa para pensar, dialogar y aprender en comunidad. Porque, al final del torneo, muchas colecciones acabarán olvidadas o —vale decirlo— arrojadas al vertedero de la frustración o la vanidad. Eso ya lo conocemos los adultos.

Lo que no debería perderse, si el camino se recorre con conciencia, es la lección aprendida. El Mundial pasa; nosotros —y, especialmente, ellos— estamos convocados a trascenderlo con ilusión, criterio y responsabilidad.

Ese reconocimiento tiene una historia que vale la pena recordar. Durante décadas, el huayno, la wifala, la kashua y otras expresiones de la canción andina encontraron en las radios limeñas y en la cultura oficial un espacio reducido. Era la expresión de un Estado que miraba hacia el extranjero en busca de referentes culturales mientras pasaba por alto la riqueza del país que gobernaba. Hoy, 20 años después del decreto que instituyó esta fecha, la canción andina ocupa escenarios que antes le cerraban las puertas. Que el reconocimiento siga siendo más simbólico que real, más decreto que presupuesto, revela una deuda que todos los gobiernos han atendido solo parcialmente.

El Perú que acaba de votar mostró una sociedad dividida territorialmente. Esa fractura tiene causas económicas y políticas, pero también culturales. Un Estado que trata la diversidad como un problema a gestionar en lugar de un activo a desarrollar contribuye a la fragmentación que luego deplora en las urnas. Las políticas culturales sostenidas, con financiamiento real, presencia en las escuelas y alcance en las provincias, son una herramienta de cohesión que el país tiene disponible y subutiliza.

El gobierno que asuma en julio llega en un momento en que la cohesión social importa más que nunca. Dotar al Ministerio de Cultura de presupuesto y capacidad de ejecución real es una decisión que trasciende lo simbólico. El Perú tiene en su música, sus lenguas, sus tradiciones y su cosmovisión una riqueza que puede ser puente entre las mitades que el voto reveló. Lo que la canción andina lleva siglos construyendo desde abajo, el Estado todavía puede aprenderlo desde arriba.

En Zaragoza, Sergiu N.R. fue condenado por haber violado a una compañera de colegio durante una fiesta. Cuando la violaba, le dijo frases como “ven aquí tonta” y “te va a gustar”. En Argentina, se condenó a Sergio Prados por haber violado a su hijastra desde que tenía 9 años hasta que ella cumplió 19. En su testimonio, la víctima contó que al inicio de los abusos Prados le decía siempre “esto no es malo, te va a gustar”.

Y podría seguir narrando casos de violencia y agresión contra mujeres y niñas, donde el lenguaje que utiliza el agresor es muy similar, en una suerte de falso y perverso convencimiento de que lo que hace es algo bueno para su víctima. La normalización de la violencia de género es tal que se pretende disfrazar los discursos agresivos como un chiste, cuando no solo son una expresión de machismo, sino que también pueden incluirse en los supuestos de la Ley 30364 contra la violencia hacia las mujeres.

Imposible no hacer este análisis cuando en estos días el congresista Juan Carlos Lizarzaburu ha utilizado las mismas palabras para responder un tuit de la artista Ebelin Ortiz, en el que ella expresaba su posición política. La sanción de la Comisión de Ética por las frases sexistas contra la congresista Patricia Juárez no le sirvió para reflexionar lo suficiente.

A ninguna mujer le gusta la agresión y, sobre todo, hay un marco legal que nos debe proteger de tanta impunidad. Basta ya.

Otros modelos y corridas estadísticas sobre la base de las actas ya contabilizadas, que circulan en algunas redes sociales como X, plantean un orden diferente. Colocan a la señora Fujimori con una muy ligera ventaja, y eso lleva a otras personas a afirmar que Fujimori sería ya la ganadora.

Lo cierto es que será el conteo final de actas, una vez resueltas las observaciones e impugnaciones, lo que determine a ciencia cierta quién ganó la elección. Es absolutamente entendible que muchos queramos esperar el desenlace final.

Pero hay un sector, cada vez más grande, de líderes de opinión y periodistas que parecen exigir que Juntos por el Perú (JPP) y sus votantes acepten anticipadamente una derrota. Lo hacen a la par que se cuidan de decir que, finalmente, dado lo apretado de la distancia entre los candidatos, hay que esperar el conteo final de la ONPE. Si hay que esperar, ¿por qué la exigencia e insistencia?

Muchos de quienes votamos por JPP lo hicimos por el inmenso riesgo que supone para el país que la señora Fujimori controle también el Poder Ejecutivo. Recalco el “también” porque varios parecen olvidar que actualmente controla el Parlamento pese a ser solo la primera minoría. Han colocado personas afines en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo y en la Junta Nacional de Justicia, desde donde buscan incidir en la acción del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Su alianza con lo que se ha llamado el “pacto mafioso” le permite mover la ley a su conveniencia. Veamos solo lo que pasó este miércoles: entre Renovación Popular —los que serán explícitamente sus aliados en el próximo Parlamento—, APP, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular han aprobado en primera votación una nueva ley de impunidad para transformar cualquier delito común cometido por un militar o policía en delito de función y, por tanto, objeto de juzgamiento en el fuero militar o policial. Un grave atentado contra el derecho a la justicia de cualquier ciudadano que pueda ser víctima de violencia física o asesinato. La muerte de las más de 50 personas asesinadas por la represión del gobierno de Boluarte debería dejar el fuero civil y pasar al fuero policial.

El riesgo es inmenso. Veamos solo cómo ha cambiado el comportamiento de algunas instituciones, de líderes de opinión y de periodistas tras el rumor del posible triunfo de Fujimori. En un canal de señal abierta, los señores Álvarez Rodrich y Tafur han dicho que el principal riesgo de un próximo gobierno de Keiko Fujimori sería que se desate una convulsión “provocada por la izquierda radical que ha perdido las elecciones” que querría “colocar muertes y manchar la gestión de Keiko Fujimori desde un inicio”, según dicen, “convertir a Keiko Fujimori en Boluarte desde la entrada, poniéndole 10 muertos o más”.

Estos comentarios, además de irresponsables e indolentes, son una muestra de la sumisión casi espontánea en la que entrarán muchas más personas al ver en el sillón presidencial a la señora Fujimori. Son graves porque colocan la responsabilidad de las muertes en conflictos sociales en la ciudadanía que decidió ejercer su legítimo derecho a protestar. Quienes llevan armas y reprimen violentamente son las fuerzas del orden. No hay país democrático que termine con decenas de muertos en protestas sociales. Miren las últimas protestas en París, con incendios y saqueos incluidos: terminaron con muchos detenidos, sí, pero sin ningún ciudadano muerto.

También es grave que algún funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, por exceso de sumisión, haya querido “avanzar” en su trabajo y colgar en la página web de la institución los nombres de Fujimori, Galarreta y Torres como autoridades ya electas. Luego del escándalo montado en redes, tuvieron que retirar la publicación. No creo que esta actitud sea señal de complot o fraude dentro del JNE, pero sí de la manera en que se comportan las instituciones ante la posibilidad de triunfo de Fujimori. La reacción ciudadana era necesaria y diré que hasta saludable, pues es central poner en evidencia actitudes de sumisión.

Dudas e irregularidades

En los procesos electorales hay irregularidades siempre. Lo saludable es identificarlas y subsanarlas, para evitar que se tuerza la voluntad popular. Señalar estas irregularidades y plantear dudas sobre algunos de los procesos en curso —como el envío de actas de mesas de peruanos en el exterior sin ser escaneadas previamente— no es equivalente a señalar fraude. Tener una actitud vigilante tampoco es equivalente a tener una actitud fraudista. Es decidir no resignarse y esperar que se resuelvan todas las observaciones previamente, porque es fundamental que haya confianza de la ciudadanía en los resultados.

Juan Carbajal en X ha colocado, por ejemplo, la resolución del JEE de Lambayeque tras el reconteo de votos del acta #035749, que daba un triunfo de Fujimori sobre Sánchez por 45 votos y que corrige el resultado al darle una ventaja de solo 18 votos. Dado que la distancia entre ambos candidatos ahora es menor a 2.000 votos, sí es fundamental resolver con claridad las dudas existentes en las más de 1.500 actas observadas. Pedir esto no es ser fraudista, es simplemente no bajar los brazos hasta el final de la contienda en un escenario de empate técnico.

Insumisas, insumisos

Si eventualmente la señora Fujimori resultara ganadora, lo que aún depende de la revisión final de las actas observadas, que nos encuentre vigilantes, de pie, en comunidad y, sobre todo, que nos encuentre insumisas e insumisos.

¿A qué les tienen tanto miedo estos limeños? La fantasía que construyen es recurrente desde que soy niña. Turbas pobres, indígenas, armadas de piedras y palos, machetes y lo que tengan a mano, cruzarán la ciudad de Lima y destruirán todo a su paso. Incendiarán, matarán, violarán, saquearán, como el malón del desierto en el imaginario argentino y chileno del siglo XIX. “Bajarán de los cerros”, “vienen en camiones del sur”, “hay que pararlos en los peajes”, “llamen al Ejército y a la Fuerza Aérea”. La fantasía no es real; el miedo, sí. Aunque los hechos no existen, no subestimo el sentimiento porque este es muy poderoso.

Los mensajes llegan con calles específicas que serán “atacadas”, según “informes de inteligencia”, y a veces vienen firmados por un general o almirante para darles más credibilidad. En esta oportunidad, se han unido los alcaldes limeños de Renovación Popular que, en aras de salvar el “patrimonio de la humanidad”, imponen restricciones inconstitucionales al libre tránsito donde mejor les parece y limitan el derecho de reunión como si viviéramos en sus feudos particulares, ajenos al Estado de derecho. Toda expresión de protesta, como en tiempos de Dina Boluarte, así sea del tamaño de una hormiga, va a ser reprimida como si se tratase de un dragón. El único peligro real es quedarse atorado en un caos vehicular.

Pero ¿de dónde viene tanto miedo? A estas alturas del conteo de votos, todo le da el triunfo a Keiko Fujimori. Con las justas, por pocos miles de votos, pero suficiente para la victoria. Ya no quedan actas por contabilizar y ella va adelante por 6.400 votos mientras escribo esta columna. De las 1.545 actas pendientes enviadas a los JEE, tenemos 878 de Lima, 138 del extranjero y 46 del Callao. Un total de 1.062 actas en tres circunscripciones electorales donde Fujimori tiene más del 63% del voto. Sánchez solo tiene 483 actas en las circunscripciones restantes, donde no necesariamente gana.

Si el terror era el “comunista”, “terrorista”, Roberto Sánchez y este ha sido vencido. ¿Por qué no hay alegría entre los votantes de Fujimori? Sus casas ya no van a ser expropiadas, sus espacios privados no serán prohibidos, sus bienes no serán expoliados. Antauro ya no los va a fusilar. ¿Por qué no están felices y más bien andan aterrorizados por la venganza popular de los vencidos? Tal vez sepan, muy en el fondo, que el comunista de su imaginación es tan irreal como la turba enardecida que viene a matarlos. Hace poco le preguntaba a un amigo preocupado si alguna vez en la vida había conocido a un verdadero comunista. No uno como yo (me gritan “comunista” en la calle por recordar los defectos de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez que, vamos, no son pocos), sino un verdadero cuadro comunista. No pudo nombrar a uno. Ni siquiera a uno histórico. Conocía nombres de personajes muertos; pero no había conversado siquiera con un ser humano que se identifique como comunista en toda su vida. Entonces, ¿por qué le temes tanto a algo que no conoces y que, si existe, es marginal en el Perú? O, más grave, ¿por qué le atribuyes a todo lo que temes la calidad de comunista si no sabes realmente qué es serlo? Como pasa con todo lo que tememos, la ignorancia (en este caso la pavorosa falta de educación política en los sectores más privilegiados del país) es una pésima consejera. Solo ayuda a alimentar el terror sobre la base de prejuicios arraigados y estigmas que radicalizan los mecanismos de defensa básicos de la manada. Así, quien se atreva a ponderar las amenazas y utilizar el pensamiento crítico será percibido como un enemigo que debe ser destruido para la supervivencia del grupo.

Pero, para sorpresa de nadie, en el lado perdedor también hay miedos profundos. El recuerdo de la dictadura de Alberto Fujimori y su forma de capturar todos los poderes del Estado, corrompiéndolos, no es menor, aunque renunció hace 25 años. Tampoco deja lugar a dudas la conducta política de Keiko Fujimori y Fuerza Popular para saber de lo que son capaces cuando se trata de derrocar presidentes o cuando logran acumular poder. Nos espera, si sigue en la misma línea de conducta política, un gobierno autoritario, mercantilista y conservador. Fujimori viene con una lista larga de nombres de quienes se va a vengar, por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Jueces, fiscales, políticos, periodistas, empresarios. Todo aquel que la traicionó lo va a pagar. ¿Todo esto puede ser también una fantasía paranoica, respetable, pero sin fundamento? Ojalá lo sea. Pero he recibido mensajes sobre rescatar el LUM, salvar universidades públicas de la intervención o proteger a autores críticos del fujimorismo que ven el ascenso de Fujimori con un temor real por sus libertades y sus vidas. De nuevo, el miedo sí es real.

¿Qué temen los pueblos que no votaron por ella? Represión, impunidad y muerte. Tal como lo han vivido con Dina Boluarte, protegida de Fujimori. Un tercio del país votó por ella, un tercio no fue a votar o votó nulo y un tercio del país votó contra ella. ¿Se puede gobernar 5 años solo con Lima y parte de la costa norte? Su padre nunca se aventuró a tanto. Fujimori, si quiere gobernar, va a tener que hacer algo con el problema del miedo, de todos los miedos. Si no los aplaca desde el inicio, vendrán, todos juntos, sobre ella. El resultado puede ser, ese sí, una realidad muy dura.

Esta colectiva recoge la premisa para transformarla en experiencia estética. La sala deja de ser un espacio neutro, deviene en una geografía donde cada obra es un organismo autónomo y, al mismo tiempo, trama mayor donde materiales, símbolos y relatos establecen vínculos inesperados. Lo que emerge es una constelación de preguntas sobre nuestra posición en la Tierra y sobre las posibilidades de coexistencia en un mundo profundamente herido.

La obra de Luisi Llosa, “Humanidad residual”, sitúa al visitante frente a una dimensión geológica de la existencia. Piedras intervenidas con pan de plata dialogan con lienzos de cromática mineral para construir una reflexión sobre la fragilidad humana y la persistencia de la materia. Las grietas, lejos de ocultarse, se exhiben como marcas de experiencia. Para que la piedra se convierta en metáfora del cuerpo y la erosión adquiera la dignidad de una escritura, como si el tiempo hubiese aprendido a grabar sus memorias directamente sobre la piel del mundo.

En contraste, Andrea Tregear propone con “Naturaleza viva” y “Naturaleza viva 2/3” una mirada donde lo artificial parece adquirir comportamiento biológico. El acrílico y el plexiglass generan formas translúcidas que evocan organismos marinos, corales mutantes o criaturas que emergen de un futuro todavía indescifrable. La artista transforma materiales industriales en presencias orgánicas, cuestionando las oposiciones tradicionales entre naturaleza y artificio. Cada transparencia es la piel fósil de un océano extinguido intentando emitir, desde la luz, una memoria.

Los dibujos de Nicole Franchy desplazan radicalmente la perspectiva humana. En “El amo de la tierra” y “La mirada del Jaguar” el animal deja de ocupar el lugar de objeto representado para convertirse en sujeto de observación. El jaguar nos contempla. La artista subvierte así una larga tradición visual occidental para proponer una relación más horizontal entre especies, pues la mirada también puede ser territorio y el mundo no pertenece exclusivamente a quienes creen nombrarlo.

La dimensión ritual aparece con fuerza en las instalaciones de Mariú Palacios. “Dile lo que no pudiste decirle” construye un espacio de memoria mediante tejidos, camisas, teléfonos y caracoles, elementos que evocan tanto la comunicación como la ausencia, mientras su “Blueprint, matriz” explora el símbolo uterino como origen, refugio y arquitectura afectiva. Sus obras poseen la intensidad silenciosa de los objetos que sobreviven a quienes los utilizaron.

Por su parte, Alice Wagner presenta “Panteísmo”, instalación cerámica compuesta por cuarenta y cinco piezas que cuestionan las formas tradicionales de espiritualidad. La artista sugiere que el futuro espiritual del mundo no residirá tanto en las viejas trascendencias verticales como en una sensibilidad horizontal capaz de reconocer inteligencia en todas las formas de existencia. Como si la materia, exhausta de servirnos, reclamara por fin una dignidad sagrada entre animales, minerales, ruinas, cuerpos y raíces.

La potencia de la muestra está en la trayectoria de sus protagonistas. Tregear ha dedicado más de veinte años a una rigurosa investigación sobre el acrílico y las posibilidades expresivas de la luz. Wagner es una de las artistas peruanas más reconocidas de su generación, con presencia en importantes museos y colecciones internacionales. Franchy ha desarrollado una carrera internacional marcada por residencias y exposiciones en Europa y Estados Unidos. Palacios ha construido una práctica multidisciplinaria atravesada por la memoria, el territorio y la experiencia ritual. Llosa, por su parte, ha consolidado un lenguaje propio donde la piedra se transforma en una reflexión filosófica sobre vulnerabilidad y permanencia.

Así, Maneras de estar vivo dialoga con debates fundamentales sobre antropoceno, ecologías críticas y pensamiento decolonial. Todo un tránsito a través del ecosistema donde cada piedra, tejido, animal y organismo híbrido funciona como umbral hacia una conciencia más vasta donde lo humano deja de ocupar el centro para reintegrarse a la trama infinita de relaciones existenciales. Un manuscrito coral, mineral y biológico cargado de entrañable belleza.

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Datos:

▪ Lugar: Vesper Tzu Galería

▪ Dirección: Av. Santa Cruz 1068, Miraflores. Lima – Perú

▪ Temporada: Hasta el 24 de junio de 2026

▪ Horario de visita: lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

▪ Ingreso: libre

Entre ellos están Fuerza Popular y Renovación Popular, los cuales la impusieron aduciendo que frenará la mala producción de normas. Sin embargo, no es apresurado afirmar que la primera prueba de ese diseño será política y llegará de inmediato.

De hecho, con el conteo de votos oficial de la ONPE ya es posible afirmar que el fujimorismo se ha convertido en la primera minoría en ambas cámaras, con alrededor de 41 escaños en Diputados y más de 20 en el Senado, seguida de Juntos por el Perú con 31 curules y Renovación Popular como tercera fuerza. Dicho reparto deja a todos los partidos en minoría, lo que vuelve la negociación en la herramienta central de cualquier decisión.

En ese escenario, el Ejecutivo que asuma en julio deberá construir alianzas con bancadas de intereses distintos para sacar adelante legislación prioritaria. Y eso es saludable para la democracia. Esas credenciales garantistas del Estado de Derecho se medirán sobre todo ante la derogación de las normas procrimen que el pacto corrupto parlamentario actual aprobó.

La cuestión de la gobernabilidad surge entonces como el eje de cualquier lectura mínima del nuevo sistema político parlamentarista de facto.

Cabe recordar que entre 2016 y 2021, la confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista produjo cuatro mociones de vacancia presidencial, tres presidentes, y una disolución del Parlamento. Asimismo, entre 2021 y 2026, la fragmentación legislativa fue el escenario donde se presentaron diez mociones de vacancia de las cuales prosperó una tras el intento de quiebre democrático de Pedro Castillo. Tras ello, prosperaron las capturas de órganos autónomos como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y entre otros, con Fuerza Popular y Renovación Popular entre los protagonistas centrales de esa cooptación.

Por ello, el retorno al bicameralismo abre una oportunidad cuyo valor real dependerá de los ciudadanos que exijan a sus representantes rendir cuentas. La diversidad territorial del Perú, con sus demandas específicas y largamente postergadas, requiere un Congreso que responda ante quienes lo eligieron.