De pronto advertimos que quienes insistíamos en que Keiko Fujimori venía gobernando hace años gracias al Pacto en el Congreso, en realidad lo que hacía era obstruir y conspirar. La fase, hoy suprimida, de acercarse a las masas con la frivolidad del TikTok fue francamente delirante. Parecía broma, pero no lo era. Poco a poco nos fuimos percatando de lo que tantos relatos han expuesto a lo largo de los años: el traje del Emperador de Andersen, El Gran Inquisidor de Los hermanos Karamázov de Dostoievski o El mago de Oz. Una vez que desaparece el consenso ilusorio de que estamos en manos de la persona más poderosa del país, lo que sucede vale la pena de ser analizado, pues es probable que de ello provenga la reacción de las mayorías.

Lo primero suele ser una suerte de humillación colectiva. Alguna vez escribí sobre esto respecto, precisamente, de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (amén de Abimael Guzmán). Llegará el día, especulé en los noventa, en que nos dará vergüenza haberles tenido tanto miedo. Ese día avergonzado es cuando descubres que esos monstruos se alimentaban de tu espanto. Nuestro miedo, ese que nos hacía huir o nos paralizaba, era el que sostenía su dominación. Mi hipótesis es que los peruanos apostaron a repetir esa fase —no la de la humillación sino la previa, la de creer en la mano implacable de un personaje despiadado con sus enemigos— y se están dando cuenta, tal como lo revelan las encuestas, de que ese espejismo se desvaneció pronto, demasiado pronto.

¿Qué sucederá tras la humillación colectiva?

Es difícil prever el comportamiento de los grandes grupos, esos que grandes pensadores como Marx, Freud o Elías Canetti intentaron, entre muchos otros, analizar. Su movimiento es errático porque depende de muchas variables. Tenemos, inmersos en esa polvareda de confusión, algunas certezas de las cuales sujetarnos, como una rama en el río caudaloso que nos arrastra (una alusión inevitable a lo que el temible Niño nos traerá). La primera de estas es que el poder no tolera el vacío.

Quien parece haberlo advertido y está procurando aprovecharlo a como dé lugar es el candidato mentiroso a regidor por Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Es tan evidente y grotesca su mentira política que por momentos él mismo olvida lo que está haciendo, y anuncia que cuando sea alcalde hará que se anulen los laudos arbitrales que no cesa de perder en las cortes internacionales. Lo cual nos costará a todos —esto hay que subrayarlo porque muchos parecen pensar que es un problema que no les atañe, como si el Estado fuera una abstracción— miles de millones de dólares. Dinero que debería servir para tantas obras indispensables en el país. La agitación frenética del que se complace en parecerse a un cerdo bobo de dibujos animados contrasta de manera brutal con el silencio de la mandataria. Como si entre los dos representaran las dos fases de la bipolaridad: la depresión y la manía. Aclaro que no aludo a las personalidades de estos personajes, sino a lo que sus comportamientos políticos, públicos, muestran.

Las encuestas también evidencian estos extremos. Allí donde Fujimori cae, López Aliaga sube. Esto no es casualidad. El hecho de que el candidato de Renovación no tenga cargo público solo agrava este síntoma. Paradójicamente, él parece poseer más poder que ella. Pero tiene un problema que podría, a la postre, resultarle fatal: es incapaz de controlar sus impulsos violentos e incluso descabellados. Por el momento, esta procacidad parece haber sintonizado con los aspectos más primarios, no elaborados, que todos llevamos dentro. Esa parte de la personalidad que algunas escuelas psicoanalíticas denominan psicótica y otras, pre-simbólica. Vale decir, cruda, sin procesar. Eso que diferencia a un impulso lanzado como un puñete o un insulto discriminador, hiriente, de una reflexión y un aporte al pensamiento crítico, a los sentimientos empáticos, fraternos, compasivos.

Es paradójico que alguien que alardea de su catolicismo extremista se comporte como un matón homofóbico. Sin embargo, es evidente que esto puede ser bien visto por un sector importante de la población que o bien se identifica con esos ataques deshumanizantes, o bien los tolera porque ve en Porky al líder que los llevará a la tierra prometida. Porque vaya que promete el oro y el moro. Si gana su apuesta con trampa, como parece probable, veremos si esta vez podrá sostener su tinglado de mentiras descaradas y estafas al erario público (es decir, el de todos).

Mientras tanto, le conviene que Palacio de Gobierno esté ocupado por una mujer que parece extraviada en su propio laberinto. A quienes no nos conviene ninguno de los dos es a los peruanos. Pero esta pequeña opinión no es compartida por muchos, quienes todavía se aferran a la ilusión de que las puestas en escena, aún deplorables, son preferibles a admitir que estamos en manos de emperadores calatos.

 Es una decisión sobre qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja sin nombre. Los números que el propio sistema produce son conocidos —y no admiten lectura cómoda. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de violencia sexual escolar desde que existe el SíseVe: casi 4.000 reportes anuales, más de la mitad cometidos por personal docente y administrativo. Los adolescentes de 12 a 17 años concentran entre el 42% y el 50% de todos los casos de violencia sexual registrados en los CEM, y sus denuncias se duplicaron entre 2018 y 2022. En 2022, el 9,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o estaba embarazada, según la ENDES del INEI. En ese contexto, la norma construida en 2021 —con equipos técnicos, evidencia internacional y un marco de derechos que tuve el privilegio de acompañar como ministro— no era ideología. Era respuesta a un diagnóstico.

 La nueva norma no surge de una evaluación de esa respuesta. Surge de un mandato político: la Ley 32535, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral. El resultado es una denominación sin antecedente internacional: "Educación Sexual con base científica, biológica y ética". Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo. Como advirtió Nani Pease al momento de aprobarse la ley, en este diario: "el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores que ha puesto al Estado peruano en jaque", anteponiendo intereses políticos por encima de la evidencia pedagógica y de salud pública.

 La nueva norma cita datos recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina el enfoque de igualdad de género como eje transversal, la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género —que afecta al 70% de estudiantes LGBTI, quienes se sienten inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, según el Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex—, y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes.

 Promsex ha documentado que más de la mitad de las violaciones en el Perú son actos repetitivos, que venían ocurriendo desde dos o tres años antes de que se evidenciaran. Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido. El silencio no es neutralidad. Es una forma de protección —pero no de las víctimas.

 Justin Parkhurst, investigador de la London School of Economics, ha descrito con precisión el mecanismo que opera aquí: en política pública, el uso estratégico de la evidencia consiste en seleccionar los datos que legitiman una decisión ya tomada —lo que él llama cherry-picking (seleccionar lo que más conviene)— mientras se omiten los marcos interpretativos que esa misma evidencia recomienda. La nueva norma es un ejemplo preciso de ese mecanismo: toma los 59 casos diarios de violencia sexual para justificar que actúa, pero descarta el enfoque de género que la evidencia internacional señala como condición para abordarlos. Usa el diagnóstico para legitimar la cirugía, y en la cirugía extirpa el instrumental. No es casual: las propias organizaciones de derechos humanos han documentado ante instancias internacionales que la falta de acceso a la educación sexual integral es una de las principales barreras para la prevención e identificación de la violación sexual, especialmente en zonas rurales y periféricas donde se concentran los casos más graves.

 La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos. Y las que pagan el costo son las mismas que el Estado ya no logra atender: las 76 de cada 100 víctimas de violación a quienes nunca les llegó el kit de emergencia.

 Esa reforma no es profunda. Es una vieja receta que ya se probó y que no funcionó del todo. Y es, en el fondo, algo distinto de lo que dice ser. Más que una política para mejorar los aprendizajes es un instrumento para atender la seguridad pública y para avanzar una agenda moral conservadora.

Lo conocido del plan —más colegios, kits escolares, conectividad, capacitación docente, una escuela de directores y ajustes curriculares — descansa en el supuesto de que, si se mejoran los insumos, los resultados positivos llegarán por añadidura. Fue la hipótesis de cambio de las reformas de los años noventa, la que la banca multilateral promovió en toda América Latina y que en el Perú tomó forma en el Mecep. Fue, también, la política educativa del gobierno de su padre.

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 Las evaluaciones de aquellas reformas coincidieron en lo esencial. Los insumos mejoraron en algo, pero los resultados, no. Y aun esos resultados se entendieron de manera restringida, como puntajes en pruebas estandarizadas. La hipótesis, entonces, no falló por falta de recursos. Falló por su premisa.

 Merilee Grindle distinguió entre reformas de acceso, que expanden el sistema y suman aulas, plazas y presupuesto, y reformas de calidad, que obligan a redistribuir poder y a rendir cuentas por lo que los estudiantes efectivamente aprenden. Las primeras son fáciles de anunciar, mientras que las segundas son difíciles de sostener. La “reforma profunda” tiene la forma de las primeras y el discurso de las segundas.

 En rigor, como sostiene Thomas Popkewitz, reformar supone cambiar los fines y principios de la educación, no solo la operación del sistema. Una reforma empieza por preguntarse qué personas quiere formar la escuela y qué sociedad espera construir con ellas. Solo después se pregunta qué insumos hacen falta para lograrlo. El plan nacional de educación 2026-2031 hace el camino inverso y por eso más que una “reforma profunda” es un programa de inversiones.

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 Sin embargo, una finalidad sí apareció en Nueva York. Solo que no era educativa. La presidenta presentó las fallas del aprendizaje como “combustibles de la criminalidad”, pidió restablecer la autoridad en las aulas y atribuyó el desorden escolar a una agenda ideológica ajena al país. La escuela aparece allí como dispositivo de orden y de prevención del delito, y el currículo como terreno de una disputa moral que ya tuvo su primer capítulo en mayo, con la eliminación de la educación sexual integral. La reforma no está pensada para que los estudiantes aprendan. Está pensada para que el gobierno hable de seguridad y de moral.

 Por eso, nada de lo que hoy golpea a la escuela peruana cabe en esta propuesta. No la violencia escolar, que no se previene con autoridad punitiva sino con instituciones capaces de nombrarla y atenderla. No el debilitamiento de la ciudadanía democrática, en una generación que es hoy la más abierta a alternativas autoritarias. Y no las desigualdades de aprendizaje, que dependen del lugar donde se nace y que no se corrigen solo con un colegio nuevo o una mochila.

 Lo dije el día en que se presentó el plan: me preocupa el retroceso en PISA, pero me preocupa más el retroceso que representa el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031.

 Si en el quinquenio pasado se desmontaron las reformas, este nuevo gobierno empieza retrocediendo treinta años. Presenta como futuro una reforma rancia, mientras siete de cada diez adolescentes de quince años no alcanzan el nivel básico en Matemática, mientras la satisfacción con la democracia entre jóvenes de 18 a 24 años cayó de 42% a 26% en menos de dos décadas y mientras en 2024 se registraron alrededor de 20.000 reportes de violencia escolar. Nada de eso se resuelve con más insumos: cemento, capacitaciones masivas, directores convertidos en gerentes. Menos aún solo con disciplina entendida como castigo.

 La reforma educativa que nos hace falta es la de un país que sepa para qué educa.

La fragmentación del voto entre 26 candidatos explica la primera mayoría relativa de Renovación Popular. Avanza País obtuvo el segundo lugar con menos de 50.000 votos de diferencia y Somos Perú el tercero con 15%. Solo la suma de las opciones que compitieron dentro del marco constitucional supera ampliamente al ganador.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró el domingo tras la jornada electoral de que "el compromiso del JNE es con el Perú y con la voluntad de los electores". Y, al respecto, este diario recuerda la voluntad de las verdaderas mayorías: la de aquellos ciudadanos limeños que sufragaron por candidaturas que respetaron la Constitución.

Esta aclaración es pertinente porque aún queda pendiente la definición del Jurado sobre quién asumirá el mandato oficialmente tras estos comicios. Y en esa ponderación de derechos, si es que por fin la quieren hacer de acuerdo a las leyes, valoren a las verdaderas mayorías que han hablado en este proceso electoral sin precedentes marcado por el abuso de las normas favorables a un competidor.

El señor Burneo tiene ahora la oportunidad de demostrar que esa firmeza incluye resolver la contradicción jurídica que su propia institución creó al validar hasta ahora en parte las reelecciones encubiertas. Y solo por hacer memoria, esa advertencia fue elevada por 14 de las organizaciones políticas que participaron de estas elecciones en un pronunciamiento que exigía dirimir sobre el extremo de si un candidato en reelección puede ser investido o no. Aunque, lamentablemente, el precedente que el JNE instaló en estas elecciones alcanza a todos los procesos electorales futuros, salvo que la cámara de diputados decida trabajar en estas correcciones de cara a los próximos.

El estudio modelizó la exposición ambiental a 31 principios activos de pesticidas —19 insecticidas, 7 fungicidas y 5 herbicidas— utilizando información sobre cultivos, suelos, clima, pendiente, escorrentía y propiedades químicas. El modelo permitió construir una superficie de riesgo para el 96% del territorio nacional. Las zonas de riesgo moderado y alto cubren más de un tercio del país y se concentran especialmente en los Andes, en particular en su vertiente occidental y algunos sectores de la costa sur.

Un resultado llamativo es que la exposición potencial no se limita a las parcelas tratadas. La difusión de pesticidas puede extenderse 30–50 kilómetros más allá de las áreas cultivadas, alcanzando unos 1.600 km² adicionales. Además, el riesgo calculado fue significativamente mayor durante El Niño de 2015 que en 2019, un año considerado normal. El clima puede, por tanto, modificar tanto el uso como la difusión y la acumulación de estos productos.

El modelo fue contrastado con muestras de cabello de 50 personasresidentes en distintas zonas de riesgo. La distribución espacial de los residuos de pesticidas y sus productos de degradación en el cabello mostró una asociación con el riesgo estimado. No es una medición individual exhaustiva de exposición, pero aporta una primera validación independiente del mapa de riesgo.

El segundo componente utilizó 158.072 casos de cáncer registrados entre 2007 y 2020 por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se clasificaron los tumores según su linaje de desarrollo y aplicaron modelos espaciales para identificar concentraciones estadísticamente significativas. Se identificaron 436 conglomerados o “hotspots” de cáncer, con un riesgo relativo entre 1,14 y 9,38 y una media de 2,52. Estos se concentraron principalmente en áreas rurales bajo intensa presión agrícola y ambiental: en la costa de Ancash, Piura e Ica; en valles andinos de Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho y Cusco; y en zonas de Huánuco, Junín y Pasco asociadas con deforestación y expansión agrícola. En Junín, uno de estos conglomerados coincide con territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas y presenta, además, una concentración muy significativa de cáncer de hígado.

El patrón es interesante porque la asociación no aparece solo con la agricultura, sino también con la transformación del territorio. Considerarla deforestación, por ejemplo, mejoró el ajuste de los modelos. La exposición ambiental debe entenderse dentro de un conjunto más amplio de cambios territoriales. Para saber si detrás de esta asociación espacial podía existir algún mecanismo biológico, se analizaron muestras de hígado de 36 pacientes con carcinoma hepatocelular, residentes en zonas de riesgo. Se encontró una firma molecular asociada con exposición a carcinógenos no genotóxicos, especialmente en tejido hepático no tumoral. Esto podría reflejar alteraciones que preceden a la transformación maligna.

La convergencia de estas tres evidencias —ambiental, epidemiológica y molecular—es el aspecto más interesante del estudio, de igual forma, es la primera vez que se utilizan muestras humanas para estudiosambientales de riesgo de cancer. Pero no significa que se haya demostrado que un pesticida determinado causó un cáncer determinado. Los propios autores reconocen que las exposiciones individuales no fueron medidas directamente. El modelo estima riesgos ambientales a escala territorial y poblacional, y no permite saber cuánto, cuándo y a qué combinación de pesticidas estuvo expuesta cada persona. Tampoco pueden descartarse otros factores ambientales, sociales o relacionados con los estilos de vida. Pero podemos observar en un mismo mapa dónde se concentra el riesgo ambiental asociado a pesticidas, dónde aparecen conglomerados de cáncer y qué señales biológicas podrían conectar ambos fenómenos.

La importancia del estudio está precisamente en que permite mirar el problema de otra manera. Los riesgos ambientales no se distribuyen uniformemente en el territorio. Allí donde coinciden agricultura intensiva, degradación ambiental y poblaciones rurales o indígenas —que pueden enfrentar mayores barreras de acceso a servicios de salud— la vigilancia ambiental y epidemiológica adquiere particular importancia. En promedio, estas poblaciones están expuestas simultáneamente a 12 plaguicidas diferentes detectados en concentraciones elevadas. El estudio también sugiere que fenómenos climáticos extremos, como El Niño, pueden agravar la exposición al alterar la dispersión de estos productos.

Ello plantea un desafío de política pública que va más allá de prohibir o autorizar sustancias. Hay que saber qué pesticidas se utilizan, dónde, en qué cantidades y qué ocurre con ellos después de aplicados; monitorear agua, suelos y alimentos e identificar a las poblaciones más expuestas. Cuando las exposiciones pueden ser múltiples y desplazarse más allá de las parcelas tratadas, la prevención exige actuar antes de que el daño aparezca en las estadísticas de cáncer.

En base al estudio de Nature Health, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia N.° 1111/2026, confirmó la peligrosidad de cinco plaguicidas —clorpirifos, metamidofos, paration, triclorfon y carbofurano— encontrados en alimentos de distintas regiones del país. Son sustancias con efectos neurotóxicos y riesgos para la biodiversidad. El TC ordenó fortalecer la fiscalización, mejorar los análisis, rastrear el origen de los alimentos y transparentar los resultados. Pero queda la pregunta decisiva: ¿quién hará que estas órdenes se cumplan? El nuevo Congreso ha retomado el asunto. El grupo parlamentario Ahora Nación ha presentado un proyecto de ley para reforzar el control y la vigilancia sanitaria, tomando como referencia la sentencia del TC.

El problema no es solo la falta de normas. Es la capacidad para hacerlas cumplir. Sin laboratorios, personal especializado, trazabilidad y mecanismos eficaces para retirar alimentos contaminados, una regulación pierde buena parte de su efectividad. Y persiste un doble estándar difícil de justificar: para exportar exigimos controles rigurosos; para el mercado interno, la vigilancia es menor o nula.

La seguridad alimentaria no puede depender de que el consumidor sea capaz de saber si una fruta o verdura está envenenada o no. El Estado debe garantizar que lo que llega a nuestra mesa sea seguro. Y en esa tarea, todavía tiene una deuda pendiente.

(*) Honles, J., et al. (2026). Mapping pesticide mixtures to cancer risk at the country scale with spatial exposomics. Nature Health, 1(5), 520–531. https://www.nature.com/articles/s44360-026-00087-0

La extrema derecha israelí está muy contenta con su sangrienta victoria sobre los palestinos, y hoy lo expresa con la mano dura de sus colonos en la Franja Oeste. El precio de eso lo pagan los judíos del mundo entero. Para esta diáspora, la vida es cada vez más incómoda, y hasta peligrosa, en ciudades donde antes primaba un criterio liberal en el tema.

Benjamín Netanyahu se ha convertido en el símbolo mundial de la prepotencia militar contra gente indefensa, y eso va a demorar mucho lavarlo. El origen en el macroatentado terrorista de Hamás del 2023, que lo precipitó todo, ya ha sido casi olvidado. Pero allí sigue el N.º 1 de Israel atizando cuanto fuego encuentra por el camino, dentro y fuera de su país, perdiendo aliados todos los días.

El antisemitismo que ahora es mundial viene con un escenario de atentados terroristas, como el complot contra una base militar británica, o el reciente intento de asesinar pasajeros israelíes desde un avión de FlyDubai. Incidentes ya menos publicitados, como ataques a sinagogas, son casi diarios, y en unos pocos países incluso son gubernamentales.

En largos decenios, el Estado de Israel no ha encontrado una manera de neutralizar el odio que le tienen los palestinos de toda religión, y los musulmanes fundamentalistas en general. La dignidad de un Estado palestino acaso hubiera mitigado toda la mala sangre causada por la expulsión de sus tierras. El militarista Netanyahu encontró la fórmula para incrementar el odio del mundo agareno.

Hoy el principal promotor de terrorismo antijudío y antiisraelí es Irán. El atentado de los guerrilleros de alquiler de Hamás ese siete de octubre fue para impedir el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Es poco probable que se vuelvan a acercar en serio.

En cuanto a la alianza con Donald Trump, ya sabemos lo que es eso. Débil en el día, con peligro de evaporarse en la hora final. Que lo diga Ucrania.

Lula, el actual presidente, lleva cierta ventaja en las últimas encuestas publicadas, pero Flavio Bolsonaro, uno de los retoños del exmandatario Jair Bolsonaro, viene pisándole las alpargatas electorales. Como ha informado el diario El País de España, es una campaña muy marcada por el odio, por el “votar contra…”. Donde, además, se juegan asuntos inevitables y cruciales.

¿Se imaginan un Brasil ingresando al Escudo de las Américas? Ese debe ser el deseo supremo de Washington, porque el gigante sudamericano sería el premio mayor, la confirmación de que la “batalla cultural” entra en su fase final. La foto del Bolsonaro junior al lado de los otros escuderos lanzaría el mensaje de que, ahora sí, nadie se mete con nosotros y aténganse a las consecuencias.

Ya no se cuestionarían los aranceles (¡aunque te los sigan poniendo a pesar de ser del club!), ni la suspensión arbitraria de las visas, ni las disparatadas negaciones del cambio climático. En ese tiempo distópico, el gigante sudamericano se convertiría en un león de quinta, incapaz de abrir el juego geopolítico y de hacer que el Sur Global al menos le provoque rasguños al Norte soberbio.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no es un ángel, en modo alguno. Tiene su lado controvertido, que incluso lo llevó a prisión. Pero, puesto en este cruce de caminos, aparece casi como un último dique frente a una ola que podría provocar no solo un giro político, sino, además, un tumbo sobre los derechos, las políticas sostenibles y hasta sobre la mínima racionalidad.

Parece más probable que Lula gane en la segunda vuelta del 25 de octubre, de acuerdo con los sondeos. Si eso ocurre, Brasil tendrá una tarea doble: seguir siendo un bastión de resistencia frente a la imposición y convencer a sus colegas de la región de que ese “complejo de inferioridad” latinoamericano, al que aludió en unas declaraciones, es un pésimo negocio político y personal.

En esta columna ya se analizó el pedido de competencias enviado por el Ejecutivo. Es amplio, ambiguo y disperso. La gran mayoría de materias incluidas exceden las dos aludidas como prioritarias y los esfuerzos de la oposición en la Cámara de Diputados por acotar las materias pueden ser desconocidos por la Cámara de Senadores, según dos de los principales representantes del fujimorismo: Martha Chávez y Carlos Mesía.

Esta situación dejó en parálisis el proceso. Muchos piden que simplemente se archive el pedido por los antecedentes autoritarios fujimoristas. Otros, que el Senado mande alguna señal de respeto por la voluntad expresada en la Cámara de Diputados para que se abra un trabajo colaborativo. ¿Qué hará finalmente la oposición?

Esta semana se logró un entendimiento básico y se aprobó un dictamen en la Comisión de Constitución. Pero la desconfianza permanece y no hay certeza de lo que ocurrirá finalmente en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes. Veamos los retos por delante.

El consenso básico

Los equipos de cuatro bancadas, Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular, junto al equipo técnico de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tuvieron una sesión intensa de trabajo para identificar los puntos de consenso. Finalmente, se incluyó control migratorio, trazabilidad de equipos y geolocalización, control de armas, sistema penitenciario y justicia juvenil, crimen organizado, subsistema especializado contra la extorsión y denuncia digital en el área de Seguridad Ciudadana. En los aspectos vinculados al fenómeno El Niño, se incluyó atención directa a emergencias, transformación digital, sector agrario, obras por impuestos y temas de agua potable y vivienda social.

La bancada de Juntos por el Perú mantiene una posición firme en contra de la entrega de competencias, al menos en la comisión, pues algunos de sus voceros han declarado en prensa que sí darían algunas. Fuerza Popular, en gran parte, no acepta este consenso y algunos de sus miembros votaron a favor, pero con reservas. Su aprobación se debió, en gran medida, a los votos de las cuatro bancadas mencionadas.

El acuerdo, como ha trascendido, requiere que estas mismas bancadas apoyen el núcleo consensuado durante el debate en el Pleno y que mantengan esta posición en la Cámara de Senadores. Pero varios parlamentarios de Renovación Popular, en coro con el fujimorismo, han salido a señalar que se tiene que ampliar en el Pleno. Esto resquebraja el acuerdo previo y vuelve a sembrar dudas serias en la oposición. ¿Respetará Renovación Popular el pacto de consenso o se prestará a la pretensión fujimorista?

Lo que el fujimorismo quiere incluir

En comunicado público, Fuerza Popular insiste en incluir tres materias, una vinculada a las Fuerzas Armadas, otra a la tipificación de organizaciones terroristas y, finalmente, competencias a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras han señalado, con justeza, que no se puede dar carta blanca al fujimorismo, sobre todo tomando en consideración los antecedentes de violaciones a los derechos humanos, para regular la participación de las FF. AA. Esto debería ser debatido en el Pleno y bajo el escrutinio ciudadano. Tienen razón.

Cómo y quién decide que una organización es terrorista y qué tipo de acción se aplica contra ellos es algo que tampoco puede ser regulado sin que sea objeto de un mínimo de debate democrático. Es correcto también que la oposición que abre la puerta a un consenso en la delegación exija que este tema siga un curso regular de debate parlamentario.

Y, finalmente, parece que muchos ya se olvidaron de lo que significó desactivar el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). No solo Montesinos y Fujimori, sino los gobiernos siguientes, usaron el servicio de inteligencia para perseguir opositores, no delincuentes. En el gobierno de Ollanta Humala se desactivó la función operativa y se volvió la DINI un organismo coordinador, justamente para que la inteligencia de la Policía se potencie y se especialice en criminalidad y la de las Fuerzas Armadas se centre en inteligencia de frontera. Pretender dar funciones operativas nuevamente a la DINI no es fortalecer la lucha contra la criminalidad; para eso hay que potenciar la inteligencia de la PNP. Supone darle a la señora Fujimori un equipo con capacidad operativa de hacer seguimiento a la oposición. Esta materia debe quedar excluida y debe exigirse a la señora Fujimori y a su recientemente salvado ministro Astudillo que potencien la inteligencia policial.

¿Son todos escorpiones?

La fábula del escorpión y la rana es esclarecedora. La rana confía en que el escorpión no la picará porque, si lo hace, ambos se hunden. Pero el escorpión no puede con su naturaleza y la pica. Me parece ingenuo creer que el fujimorismo tendrá modales democráticos y respetará lo que la Cámara de Diputados apruebe. En cuanto pueda ampliar las competencias, lo hará, está en su ADN. La duda es si Renovación Popular también.

La primera prueba la tendremos el martes en el Pleno. Si Renovación Popular se sale del acuerdo base, quiere decir que hay una alta probabilidad de que busque ampliar junto al fujimorismo competencias en la Cámara de Senadores. Pero si lo hace, anula la posibilidad del juego parlamentario. Si finalmente son escorpiones, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados sabrán que no se puede dar luz verde al Senado y con eso terminarán por ahogar la producción parlamentaria.

Es imposible no pensar en esta noción al recordar que este año se cumplieron treinta años desde la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo como resultado la esterilización forzada de miles de mujeres y cientos de hombres que aún no encuentran justicia. Treinta años luchando, y algunos se quejan de que la paciencia se les acaba.

Tanto a nivel de la ONU como de la Corte Interamericana se ha responsabilizado al Estado peruano de haber desarrollado una política orientada a promover "la esterilización masiva como método anticonceptivo principalmente dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia y nivel socioeconómico, mediante la amenaza y la coerción". En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables.

Asimismo, la Corte hizo referencia al marco de impunidad aprobado en el Perú y reiteró que "no podrán aplicarse disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables", y que las graves violaciones de derechos humanos como estas no prescriben.

Sin embargo, el temor a una eventual persecución contra el fiscal que formalice la denuncia amenaza con que, una vez más, las víctimas no logren justicia. Por ello, la Fiscalía tiene hoy la oportunidad de marcar un precedente: sobreponerse al temor a las represalias y demostrar a las más de 4000 mujeres cuyos casos están en la carpeta fiscal que sus vidas, sin ninguna duda, no son prescindibles.

Hace algunas semanas, las críticas al Lugar de la Memoria (LUM) se intensificaron desde sectores cercanos al oficialismo. Entre quienes cuestionaron este espacio se encuentran el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; así como las dirigentes de Fuerza Popular Martha Chávez y Rosangella Barbarán. En conjunto, han sostenido que el LUM no presenta adecuadamente lo ocurrido en el Perú durante el periodo de violencia política comprendido entre 1980 y 2000.

Más recientemente, la polémica continuó en torno a los textos escolares de Historia. Algunos periodistas han acusado al currículo y a los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación de minimizar el terrorismo o presentar una visión parcial de la violencia política. Sin embargo, una revisión de los textos muestra que sí abordan el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, los atentados terroristas, las masacres contra comunidades campesinas, el sufrimiento de las víctimas y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión. También relatan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

La pregunta, entonces, no es si debemos abordar estos temas en los colegios, porque resulta evidente que debemos hacerlo. Incluso dejarse arrastrar por la discusión acerca de si se trató o no de un conflicto armado interno termina distrayendo el debate público. La verdadera interrogante es por qué, periódicamente, se instala la idea de que la escuela no aborda este tema o lo hace desde una perspectiva ideologizada. Detrás de estas controversias existe una disputa más amplia sobre el país que queremos construir y los valores que deben promover las escuelas, frente a los apetitos políticos de los gobernantes de turno.

El miedo al enfoque de género

Algo similar ocurre con el enfoque de género. Durante años se ha difundido la falsa idea de que busca modificar la identidad de los estudiantes o imponer determinadas orientaciones sexuales. No se trata de una crítica nueva ni espontánea: ha sido promovida de manera recurrente por determinados sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el enfoque de género tiene un propósito mucho más concreto y necesario: identificar situaciones de desigualdad, cuestionar estereotipos discriminatorios y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de dignidad.

La pertinencia de este enfoque se vuelve evidente cuando enfrentamos problemas como el acoso escolar, la violencia contra las mujeres, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y otras formas de violencia simbólica y física. Estos fenómenos no desaparecen por ignorarlos. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad de brindar herramientas que permitan comprenderlos y prevenirlos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desaparecerlo?

Repensar el currículo implica conocerlo

En medio de estos debates, José Antonio Chang, actual ministro de Educación del Perú, ha anunciado una revisión del currículo escolar y la reformulación de algunos contenidos pedagógicos en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031.

La educadora peruana Lilia Calmet Böhme hace poco hizo referencia a Teresa Grasa, Gabriela Lafuente, Marta López Cebollada y Francisco Royo, destacando una idea fundamental: convivir implica reconocer que la dignidad del otro es igual a la propia. Este principio sigue siendo una de las tareas esenciales de la educación en nuestro país y que, al parecer, cuesta tomar en cuenta.

Por ello, el debate sobre el currículo no debería centrarse solo en eliminar contenidos incómodos para determinados grupos políticos o religiosos, sino en fortalecer sus contenidos y herramientas que permitan a las nuevas generaciones comprender su historia, respetar la diversidad y rechazar cualquier forma de violencia. Para ello es fundamental conocer este documento y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.

En última instancia, es claro que los intentos por censurar contenidos pedagógicos no fortalecen la formación ciudadana ni promueven una sociedad más justa. Por el contrario, favorecen que la intolerancia, la discriminación y distintas formas de violencia encuentren nuevamente espacio en la vida pública, algo que, lamentablemente, ya podemos percibir en nuestro país.