Así es hoy y así fue el último día de 1889”.

Nos lo relata el escritor Luis José Cassaró en El Lurifico, un conjunto de leyendas que se difunden hoy por el norte del Perú.

-Esta leyenda tiene un origen- nos explica sobre el texto recientemente aparecido en la Feria Internacional del Libro de Trujillo.

Y agrega:

-Se trata más bien de los semiesclavos culíes chinos, quienes vinieron para reemplazar a los africanos en las tareas agrícolas cuando la esclavitud fue abolida por Ramón Castilla.

Como sabemos, un sistema de contrataciones con trampa hizo que miles de asiáticos subieran a barcos en su lejano país y se dirigieran al nuestro hacia mitad del siglo XIX. Se les prometía trabajos espléndidos y propiedades ni siquiera imaginadas.

Cuando el embaucado decía que no tenía dinero para pagar el pasaje, se le aseguraba que eso no era problema y que más bien lo pagaría en poco tiempo con su trabajo en el Perú.

Aquello nunca fue cierto. Los viajeros pasaron, sin mucho intermedio, de la esperanza ilimitada a una realidad que parecía una maldición. Aparte, la diferencia de idiomas les impedía hacerse entender y protestar ante el nuevo patrón. Más todavía, aquel les prohibió hablar entre ellos durante las malditas diez horas de trabajo.

Y, peor que todo, Juan Siete, el personaje de este relato, lleva ese nombre para sufrir mayor humillación. Su verdadero nombre es Lo Pan, pero los hacendados han decidido llamar a los chinos con el nombre de Juan y añadirle a este los números que fueran necesarios.

Así, en la obra de Cassaró, Lo Pan -o Juan Siete- soporta en silencio la “conversación” con Ernesto Ruiz Gonzales, el hijo del patrón, quien está allí para suceder a su padre e informarse de la realidad de la hacienda Lurifico.

-Recuerda que tú y tu mujer son míos. Me pertenecen -le advierte con severidad.

Sin embargo, hay cosas que los patrones no saben.

“Ese murmullo que trae el viento y esas voces que todos escuchan en los sueños, son el anuncio de que algo va a ocurrir el 31 de diciembre de 1889”.

La verdad es que Lo Pan es un sacerdote chino quien, enterado de los sufrimientos de su pueblo, ha traído al Perú los huevos de un dragón y los ha dejado calentar bajo la chimenea de la hacienda Lurifico.

Según calcula, uno de los huevos va a romperse esa noche y de ahí emergerá volando el ave mitológica que traerá la venganza y el honor a los desposeídos chinos contra la perversidad de los hacendados.

Lo curioso es que las historias de dragones se repiten en todas las culturas del mundo. En el mundo andino, la serpiente que vuela es el Amaru. Entre sus atributos también se halla el del justiciero que viene a cambiar el sistema áspero en que viven sus hijos.

Jorge Valcárcel Sáenz me trae al recuerdo un cuento de Luis Eduardo Valcárcel, su abuelo, publicado en los años 50 del siglo pasado.

“El matador de la serpiente voladora” es su título y recuerda la historia del príncipe inca Mayta Cápac, quien salió del Cusco y se internó en la selva para derrotar a un amaru negro, una serpiente voladora que dominaba los valles amazónicos y llenaba de dolor y espanto a sus habitantes.

Con la cabeza del dragón cortada, el joven príncipe se bañará en sangre y luego se convertirá en el emperador del ahora inmenso Tawantinsuyo.

Como se puede recordar, esta leyenda andina se parece enormemente, con baño de sangre incluido, a la historia inglesa de San Jorge haciéndole frente al dragón mitológico que despuebla Europa.

Durante todo el siglo XX se repitieron esas historias en Chepén. Se las asoció incluso con el dragón africano que, en 1720 asoló Zaña y convirtió la ciudad que iba a ser la capital del virreinato, en el conjunto de ruinas coloniales que ahora vemos.

Mucha gente sigue hablando de la posibilidad de que el dragón regrese y hay un extraño rumor que viene desde los cerros. Por si acaso, este cronista se encomendó al recuerdo del santo sacerdote Fernando y tomó pronto su vuelo de regreso a Lima.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

Chaplin respondió: “Es verdad, pero tu fama es aún mayor. El mundo te admira, cuando nadie te entiende”.

Uno de los que más comentaban esa anécdota era Ciro Alegría (1909-1967). Había llegado a Lima en diciembre del 33 y estaba ávido de ver todas las películas que le faltaban del genial hombre del cine.

Recorría la ciudad cuando una sorpresa lo asaltó al acercarse a la portada de la avenida Arequipa. Allí, a menos de 10 metros, estaba entrando nada menos que su admirado Chaplin.

¿Conoces tú, amigo lector, la entrada de la avenida Arequipa? No digas tan rápidamente que sí. Se alzaba allí un arco morisco que presidía el paseo que va hacia Miraflores. El arco fue retirado de allí y ahora está en Surco, en el Parque de la Amistad.

¿Chaplin en Lima? ¡No precisamente!... Tanto en el aspecto físico como en los propios andares, había una persona que se le parecía muchísimo. Era el poeta José María Eguren (1874-1942), por quien su admiración no dejaba de crecer.

“Desde la aurora/ Combaten los reyes rojos/ Con lanza de oro.

Por verde bosque/ Y en los purpurinos cerros/ Vibra su ceño”.

Para Marco Martos, los poemas de Eguren provienen del ensueño y la duermevela de un país maravilloso y, a veces, terrible.

Ciro lo reconoció de inmediato y quiso ir a su encuentro. Por problemas económicos, el poeta viajaba de Lima a Miraflores, y a veces hasta Barranco, a pie. Eso significa seis kilómetros hasta la primera localidad y tres más hasta la siguiente, donde residía.

Aunque Eguren parecía a veces deslizarse por el aire, Ciro pudo darle alcance a la mitad de la segunda cuadra de la avenida Arequipa, quitarse el sombrero y decirle: “Maestro”.

El hombre casi real, casi inventado, pareció sorprenderse un poco.

—Yo lo admiro mucho a usted, don José María. Pensé que, como llevamos la misma dirección, podíamos seguir caminando juntos… Si me lo permite, será un honor para mí.

Eguren le estrechó la mano. Sus labios finos se distendieron bajo un bigotillo entrecano. Su piel, de un color blanco pálido, mostraba finas arrugas.

Ambos vestían de azul y eran tan delgados como dos reyes de la baraja.

Después de caminar unas cuadras, el mayor estableció el diálogo:

—Supongo que usted también es poeta. Solamente los artistas, y en especial los poetas, conocen mi obra.

Ciro dijo que sí, que hacía versos, pero aclaró que los consideraba malos.

—En realidad, yo cultivo más la prosa.

Ya estaban llegando a la décima cuadra de la avenida. Todavía les faltaban 40 para llegar a Miraflores. Mientras Eguren y Alegría conversaban, el Perú soportaba la dictadura de Óscar R. Benavides.

Alegría y Eguren no se detuvieron ni un instante. Caminaban sin sentirlo. Si se les hubiera preguntado cómo habían llegado hasta allí, recién habrían recordado que no los conducía vehículo alguno, sino sus andariegos pies.

Aunque mucha gente le hacía sorna, el hombre parecido a Chaplin se dedicaba a confeccionar una pequeña magia que solamente él y unos cuantos llamaban poesía. Hacerlo iba a costarle una vida de renunciamientos. A Ciro lo habían encarcelado dos veces por sus ideas rebeldes y había sido torturado; además, había perdido la audición en el oído izquierdo y, sin embargo, persistía en su afán de querer cambiar la patria.

Eran acaso las 5.00 p. m., pero la oscuridad ya estaba con ellos.

No adivino qué conversaron durante el resto del camino ni dónde leí la historia, pero sé que llegaron a Miraflores. Cuando se estaban despidiendo, ambos se miraron con mucho respeto, pero también con alegría.

Incluso Ciro no podía contener la risa y Eguren, benevolente, le dijo:

—Ya sé de qué se ríe usted. No sabe si ha caminado con José María Eguren o lo ha hecho con Charles Chaplin.

Ya habían llegado a Miraflores. Lamentablemente para nosotros, no continuaron su camino juntos hasta Barranco.

En el Perú, donde apenas tres de cada diez jóvenes logran acceder a educación superior según el INEI, cualquier retroceso en accesibilidad o representación universitaria tiene consecuencias sociales enormes para su propio futuro. La universidad sigue siendo una de las pocas herramientas reales para romper ciclos de pobreza y construir ciudadanía. Por ello, las protestas estudiantiles no deberían ser vistas con sospecha, sino como un llamado de atención sobre el devenir del país.

Aunque ambos conflictos son distintos ya que una es una universidad privada sin fines de lucro y otra es una universidad pública, comparten una misma raíz: la sensación de que decisiones trascendentales se toman sin participación real de los estudiantes y sin considerar el impacto social que generan. En un caso, el temor es que estudiar sea un privilegio más reservado aún para quienes puedan acceder a montos superiores a un sueldo mínimo vital. En el otro, que la universidad quede subordinada a intereses políticos y redes de poder interno, vinculados hoy al pacto corrupto que pretende seguir enquistándose en el país.

Por eso resulta importante recuperar el sentido democrático de la vida universitaria y defenderla de agresiones de sectores que históricamente han rechazado las demandas de este tipo. Las movilizaciones actuales también deberían servir para abrir una discusión más amplia sobre la necesidad de una nueva reforma universitaria en el Perú, la cual quedó destruida por el Congreso que ha legislado en favor de una educación superior mercantilista y de baja calidad.

Las protestas universitarias no deberían incomodar a la sociedad que pretende denominarse democrática Al contrario, deberían interpelarla. “Nudo de inquietudes, plaza de victorias”, escribió el poeta sanmarquino Juan Gonzalo Rose para describir a la Decana de América. La frase resume con precisión el momento que atraviesan hoy las universidades peruanas: espacios de conflicto, debate y esperanza donde una nueva generación vuelve a reclamar ser escuchada. Y acaso esa sea, precisamente, la mejor tradición universitaria que el país debe defender.

¿Qué están haciendo Donald Trump y Xi Jinping estos días? ¿Su cumbre es un intento de prolongar la Guerra Fría por unos decenios más, gobernando como amigos/enemigos, es decir, como leales competidores? ¿O los temas que los convocan esta semana son crisis urgentes de una nueva situación (un nuevo “sistema-mundo”)?

Para la mayoría de los observadores, los temas son el comercio mundial, la inteligencia artificial, Taiwán, Irán y Ucrania. Lo que más abunda son las guerras en curso y la posibilidad de que ocurran algunas nuevas. Pero el comercio es una guerra que se juega con distintas armas, que luego conducen a las convencionales, tradicionales o nuevas.

Prolongar la Guerra Fría tendría que significar repartirse el mundo, como lo pudieron hacer los aliados triunfantes a partir de la reunión de Yalta en 1945. ¿Tienen Washington y Beijing esa posibilidad? En ese año, toda Europa ya estaba destrozada y las potencias eran dos. Hoy la OTAN, Rusia, India y varios otros deben ser tomados en cuenta.

No es, pues, un mundo fácil de repartir. Además, la primacía científica y económica que EE. UU. ha tenido en los últimos, digamos, 50 o más años hoy se la disputa China en los laboratorios, mercados y mares del mundo. Tanto así que para algunos es más fácil verlos en guerra que en sociedad para dominar el mundo.

Para Trump, esta cumbre es un encargo urgente, pues sus problemas con un Irán levantisco que amenaza la economía mundial en Ormuz están desacreditando su presidencia. China no le va a resolver el problema, pero puede distraer las miradas hacia algún otro lugar que no sea la cuasi derrota de Trump, su pérdida de aliados en Occidente y votos en casa.

Mientras exista tensión entre las dos principales potencias, eso será un problema para países pequeños o medianos, como el Perú. No podemos vivir tomando partido por uno o por el otro, según se presenten las circunstancias.

En el Perú, terminar la secundaria debería ser el inicio de nuevas oportunidades. Sin embargo, para miles de jóvenes representa el inicio de una incertidumbre prolongada. Según datos del Inei (2023) y del Minedu (2024), solo tres de cada 10 logran transitar a la educación superior; en las zonas rurales, cuatro de cada cinco quedan excluidos, lo que profundiza las brechas territoriales.

Esta ruptura en las trayectorias educativas no es individual, sino estructural. La Agenda 2030, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), compromete al país a garantizar trayectorias educativas continuas y de calidad, con acceso equitativo a la educación técnica y superior, desarrollo de habilidades para el empleo y aprendizajes vinculados a ciudadanía y sostenibilidad. Este miércoles, el Perú está lejos de cumplir esas metas.

El problema excede el acceso. Diversas evaluaciones de la OCDE muestran que muchos estudiantes culminan la secundaria con debilidades persistentes en lectura, matemáticas y resolución de problemas, lo que limita seriamente sus posibilidades de sostener estudios posteriores.

Las consecuencias también son económicas y sociales. El estudio El precio de la inacción estima que mantener los actuales niveles de abandono escolar hasta 2030 podría costarle al país alrededor de 15.200 millones de dólares (6% del PBI), mientras que los bajos aprendizajes generarían pérdidas cercanas a 45.200 millones de dólares, equivalentes al 18% del PBI proyectado (Unesco, OCDE y Commonwealth, 2024). No se trata solo de cifras: detrás de ellas hay millones de jóvenes con oportunidades truncadas, menor productividad, más exclusión y una cohesión social más frágil.

Revertir esta situación exige fortalecer la secundaria como un espacio conectado con el proyecto de vida de los jóvenes, ampliar rutas postsecundarias más flexibles y articular educación, protección social y empleo, especialmente en contextos rurales.

El próximo gobierno no puede seguir tratando esta crisis como un asunto secundario. Garantizar la continuidad educativa de los jóvenes debe ser una prioridad nacional, con visión de largo plazo y articulación con los territorios y gobiernos locales. Porque cada joven que abandona sus estudios no solo pierde oportunidades: el Perú pierde talento, desarrollo y futuro.

La inhabilitación impulsada desde el Parlamento tiene el inequívoco olor de la revancha. La revancha de quienes no soportan fiscales independientes. La revancha de quienes entienden la política no como representación democrática, sino como un mecanismo de impunidad y blindaje mutuo. La revancha de un bloque que, desde hace años, ha decidido convertir el Estado peruano en un botín administrado por cuotas, favores y pactos de supervivencia.

El mensaje que se pretende instalar es brutalmente simple: cualquier autoridad que incomode a las redes de poder será castigada. No importa si se trata de jueces, fiscales, miembros de organismos electorales, procuradores o periodistas. El objetivo es quebrar la independencia institucional mediante el miedo, el desgaste, la demolición reputacional y el linchamiento político.

La estrategia ya ni siquiera se disimula. Primero se desacredita públicamente al funcionario incómodo. Luego se le acusa de abuso, parcialidad o conspiración. Después se instrumentalizan comisiones, denuncias constitucionales y mayorías parlamentarias construidas sobre intereses comunes. Finalmente, se ejecuta la sanción envuelta en discursos grandilocuentes sobre “defensa de la democracia”, mientras se dinamitan precisamente sus pilares esenciales.

Reparto de piratas

Una sabia reflexión de Miguel de Cervantes, en Don Quijote, se aplica como anillo al dedo: 'Querido Sancho: (…) Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca le darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona a piratas pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas'.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos semejantes. Los autoritarismos modernos ya no necesitan tanques en las calles ni golpes militares clásicos. Les basta capturar las instituciones desde dentro, erosionar los contrapesos y transformar la legalidad en un arma de persecución selectiva. El método consiste en vaciar la democracia sin necesidad de clausurarla formalmente.

Eso es lo verdaderamente alarmante de lo ocurrido en el caso de Delia Espinoza. No está en cuestión solamente el destino personal de esta correcta fiscal. El problema de fondo es la señal política y moral que se transmite al país entero. Cuando el Congreso utiliza su poder para disciplinar fiscales, el mensaje hacia el sistema de justicia es inequívoco: investigar a determinados sectores puede costar la carrera, la reputación y el futuro profesional.

Y allí reside el núcleo del deterioro democrático peruano.

Degradación institucional

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad desbordada, economías criminales que penetran territorios enteros y una ciudadanía profundamente desconectada de la política, el Congreso parece concentrado en garantizar blindajes y ajustar cuentas. No gobierna para la gente. Gobierna para proteger intereses, alianzas y sobrevivencias.

La degradación institucional ya no puede maquillarse bajo el argumento de la “legalidad”. También los abusos pueden ejecutarse siguiendo procedimientos formales. También el autoritarismo puede esconderse detrás de votaciones, reglamentos y discursos constitucionales. La legalidad sin legitimidad democrática termina convirtiéndose en simple abuso de poder.

Resulta particularmente grave que esta ofensiva ocurra cuando la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en mínimos históricos. Cada atropello alimenta la percepción de que el sistema político funciona como una maquinaria cerrada de autoprotección. Cada acto de impunidad profundiza el divorcio entre ciudadanía y Estado. Cada maniobra de revancha parlamentaria destruye un poco más la ya precaria credibilidad democrática del país.

Naturalización del abuso

El Perú parece haberse acostumbrado a ver cómo se capturan instituciones, se persigue a adversarios y se manipulan organismos públicos sin que existan costos políticos significativos. La indignación dura unas horas, acaso unos días, y luego todo continúa como si nada hubiese ocurrido. Esa normalización del deterioro es quizá el triunfo más peligroso del Pacto Corrupto que hoy domina el poder.

El Congreso tiene derecho —y la obligación— de fiscalizar. Lo que no tiene derecho es a convertir esa facultad en un instrumento de intimidación política. La diferencia entre control democrático y persecución es enorme, aunque algunos pretendan borrarla deliberadamente.

El Perú necesita instituciones. Imperfectas, sí, pero autónomas. Necesita fiscales capaces de investigar sin miedo a represalias parlamentarias. Necesita contrapesos reales frente al poder político. Y necesita, sobre todo, una ciudadanía que entienda que el debilitamiento de la justicia nunca termina afectando solo a los funcionarios perseguidos: termina afectando a todos.

La iniciativa constituye la continuación directa de la Ley N.° 32107, aprobada el 9 de agosto de 2024 por el actual bloque parlamentario dominado por el fujimorismo y sus aliados, que estableció un límite temporal para la persecución de crímenes internacionales, disponiendo que los delitos de lesa humanidad solo puedan aplicarse a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002.

El objetivo político en ese entonces resultó claro y fue denunciado desde estas páginas editoriales. El pacto corrupto busca, desde el comienzo, excluir de responsabilidad penal casos emblemáticos vinculados al conflicto armado interno y abrir espacios de impunidad para graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de esa fecha.

Ahora el Congreso busca avanzar un paso más. La nueva ofensiva apunta directamente al Código Penal. Allí reside la verdadera dimensión de esta operación. La Ley 32107 funcionaba como una norma especial susceptible de cuestionamientos constitucionales y control judicial. El Código Penal, en cambio, constituye la estructura principal sobre la cual se organiza todo el sistema penal peruano. Por eso el fujimorismo redobla baterías sobre ese terreno.

No obstante, la congresista Ruth Luque ha denunciado también otra intención. El predictamen además restringe los supuestos de aplicación del delito de lesa humanidad frente a los estándares internacionales y forma parte de una agenda orientada a extender impunidad incluso sobre casos recientes, incluidas las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

El principal operador de esta nueva etapa es Fernando Rospigliosi, convertido hoy en uno de los articuladores más agresivos de la ofensiva contra el sistema de justicia. Su actuación se complementa con ataques al Ministerio Público, presión sobre jueces, debilitamiento de organismos autónomos e intentos de captura institucional desde el Congreso.

En corto, la maniobra consiste en incorporar expresamente el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, pero restringiendo sus alcances respecto de lo establecido por el Estatuto de Roma. Al mismo estilo de las peores dictaduras, bajo apariencia técnica y con argucias jurídicas sostenidas solamente por la fuerza del copamiento institucional, el proyecto intenta consolidar un argumento funcional a la impunidad fujimorista.

Al país no le gustó ver a los dos personajes metiendo a sus alfiles en ministerios y otros altos cargos a lo largo de estos cinco años. Nombramientos que, en casi todos los casos, los desprestigiaron todavía más. Lo mismo se puede decir sobre sus alianzas en el Congreso: dos partidos especializados en promover candidatos con sentencias delictivas.

Luna es sombrío. El caso de Acuña es más vistoso. En los buenos tiempos, su Alianza para el Progreso (APP) logró superar la popularidad histórica del Apra en el norte. Allí comenzó una gestión dedicada a ordeñar la Universidad César Vallejo y a promover a Acuña. Ahora que APP corre peligro de desaparecer, se la deja a las joyitas de su familia.

Acuña nunca desarrolló un estilo, más allá de tomar sonadas vacaciones o comprarse un Bentley —se dice que de US$500.000— en el que casi no ha sido visto circulando, al menos en el Perú. Un estilo frívolo que descarta una presidencia, pero no necesariamente la dupla política y dinero que APP ha venido manejando.

No es casual que se anuncien 42 partidos para las elecciones regionales y municipales de octubre. La fecha es vista como una segunda oportunidad, al menos para los que no han perdido su inscripción. Aunque los partidos más populares de abril pasado también van a competir, lo cual va a influir en los resultados.

El conmovedor José Luna pensó que si circulaba como “Pepe Luna” podría avanzar su ficha. Hubiera tenido que cambiar su nombre de pila junto con el nombre de su agrupación. Quizás lo haga. Entre los 42 partidos seguro habrá algunos transformistas. Aunque la hermana de Acuña está prometiendo un remake municipal de APP.

No es deshonroso perder una elección, y eso no es lo que cabe reprocharles a estos políticos. Lo deshonroso es tratar de gobernar sin haber ganado la elección del caso, como hicieron ellos con la manipulable Dina Boluarte. Esa es la factura que el electorado les pasó.

Con la quiebra electoral de las franquicias, se ha agotado un mecanismo de intermediación política basado en el alquiler de siglas, el reforzamiento de clientelas territoriales y la supervivencia formal sostenida por los recursos que origina el simple hecho de estar en el Parlamento. Salvo por Obras, una marca que estaba extinta antes de la sorprendente aparición de Ricardo Belmont en la escena, el Congreso que viene ya no tendrá franquicias. Aunque sea en una forma embrionaria, por ende aún precaria, y aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, en julio del 2026 puede comenzar el retorno hacia una política alineada sobre tres ejes principales: derecha, izquierda y centro.

Sería un absoluto desperdicio malgastar las potencialidades de este momento y volver a dar vida a las franquicias en las elecciones regionales y municipales que vienen en el segundo semestre de este año. También sería un desperdicio fraccionar los tres principales bloques en formación para generar nuevos retazos. No tenemos por qué hacerlo. La desaparición de esa forma de vender la política debería ser definitiva. El proceso que estamos comenzando se muestra ya suficientemente complejo como para que lo enredemos más arrastrándolo hacia atrás.

Tener tres bloques al frente es mucho mejor que tener 36.

Hay, sin embargo, problemas urgentes por resolver. El primero pasa por la llegada al Congreso de una mayoría de representantes sin experiencia en gestión pública y sin lazos arraigados con sus propias organizaciones. El riesgo de reproducir patrones de corrupción ya asentados en el Parlamento, como la venta de puestos o votos, existe. Todas las perversiones tienden a reproducirse. Estas no van a ser la excepción. Poner sobre la mesa la reapertura de los casos de los llamados “mocha sueldos”, indebidamente protegidos por el Parlamento que se va, puede ser una manera de poner punto final a estas prácticas. Una representación que necesita madurar políticamente debe comenzar por instalar en su entorno patrones de transparencia y autocontrol muy rígidos. Redefinir las reglas de conformación de los equipos de asesores y asistentes de los nuevos congresistas, al dotar de eficiencia a la administración de servicios en el Congreso, puede ser decisivo en la forma de abrir la historia parlamentaria del siguiente período.

Pero también hay problemas fuera del Congreso. Ahí están los enclaves que nos deja el período 2021-2026.

Los enclaves fueron instalados como mecanismos de demolición de buena parte de los acuerdos institucionales que dieron forma al período 2000-2016. El control del equilibrio fiscal fue derrotado por una sentencia del Tribunal Constitucional que liberalizó la iniciativa de gasto del Congreso. La conservación del equilibrio en las relaciones Parlamento-Gobierno fue erosionada por las sentencias del propio Tribunal que liberalizaron los procedimientos de destitución de presidentes y por la pasividad con que hemos visto desfigurarse los procedimientos sobre inhabilitaciones parlamentarias. La preservación de altas magistraturas independientes fue derrotada por la unilateralización de los procesos de elección desarrollados desde el Congreso. También ha sido clausurada, por una decisión del propio Tribunal Constitucional, la posibilidad de construir procedimientos judiciales destinados a resolver la herencia de la violencia contra los derechos humanos de los años ochenta.

Terminado el ciclo 2021-2026, el esquema institucional establecido por la transición postfujimorista ha sido desmontado. Necesitamos otro. Pero para construirlo es imprescindible volver a equilibrar los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Junto a la mayoría del Tribunal Constitucional, son enclaves la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Los problemas que representan no son, sin embargo, idénticos. El Tribunal, sobrecargado por casi una sola forma de pensar el derecho, reúne, sin embargo, personalidades con hojas de vida consistentes. La Fiscalía de la Nación, originada en una controversia provocada por la Junta y el Congreso, dispone todavía de mecanismos institucionales que deberían estabilizar su posición institucional por medios propios, sin intervenciones externas.

La cuestión más urgente en lo que a enclaves se refiere consiste en detener a la Junta Nacional, que parece empeñada en desplegar todo su potencial de control vertical sobre las magistraturas cuando el reloj del desmontaje ya ha cerrado su ciclo. La ofensiva desplegada después del caso Espinoza con el caso Ordóñez es, incluso políticamente, muy torpe. En los últimos estertores del régimen de franquicias, la mayoría en la Junta parece querer mostrar a la comunidad política en formación que aún es útil para continuar con una depuración que ya no debería ser necesaria para nadie. Al hacer esto, la Junta se está exponiendo a sí misma en un momento en que deberían comenzar a producirse señales mínimas de recomposición institucional y de equilibrio.

Si avanzamos hacia un nuevo acuerdo institucional, las señales más importantes no deberían orientarse a insistir en un desmontaje que ya resulta innecesario, sino a cerrar definitivamente el ciclo y establecer un sistema político mínimamente sostenible.

El riesgo de persistir en el eterno retorno hacia la nada existe. Está instalado entre nosotros.

En el año 15 de vigencia del delito de feminicidio en el Código Penal, un proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui pretende eliminarlo y reemplazarlo por 'asesinato de pareja'. No es un simple cambio de nombre. El término “feminicidio” hace clara referencia al asesinato de una mujer cometido por su condición de ser mujer, una razón de género. Desde 2013 se precisó en la ley que el feminicida no necesariamente tiene que tener vínculo familiar, de pareja o expareja con la víctima.

Por eso pudo sancionarse el feminicidio de Eyvi Ágreda (2018), quemada a sus 22 años por un hombre que no era su pareja ni expareja. De los 130 feminicidios cometidos en 2025, el 44% fueron perpetrados por la pareja y el 21% por exparejas. ¿Qué pasará con el 7% de feminicidios cometidos por familiares, el 5% por conocidos y el 23% por desconocidos?

La calificación 'asesinato de pareja' excluye los contextos de acoso sexual, abuso de poder o cualquier forma de discriminación. Es decir, excluye las razones de género en el asesinato de mujeres. Para la Corte Suprema de Justicia (Casación 851-2018), el feminicidio ocurre cuando el agresor mata a una mujer porque esta no se ajusta a los estereotipos de género tradicionales impuestos a todas las mujeres.

¿Qué ha cambiado desde 2011? La esperanza de las familias de las víctimas de alcanzar justicia. La justicia restaura. Tras un feminicidio, una familia entera queda afectada y con sed de justicia. Emprenden el trayecto, aún imperfecto, de la vía judicial. Tienen un camino y una meta: sancionar al feminicida. Eliminar el delito de feminicidio dejaría sus pérdidas en la impunidad.

La asociación que reúne a familiares de víctimas de feminicidio, Familias Unidas por Justicia, y varias organizaciones de mujeres, entre ellas Las Tejedoras, han señalado otro riesgo del proyecto: si se modifica el tipo penal, los feminicidas ya sentenciados podrían intentar rebajar sus condenas.

Si este proyecto se convierte en ley, se afectaría gravemente la lucha contra la violencia de género y retrocederíamos años luz en el tratamiento que se dio a un problema que es real y está muy extendido: la violencia machista. Porque no puede taparse el sol con un dedo: esta es una realidad en el Perú. Y el machismo mata.