Hay mucho de irónico y triste en esta decisión de Benjamin Netanyahu, acusado él mismo de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Israel se venía distanciando de la ONU desde que esta empezó a limitar la presencia de los organismos de asistencia a las víctimas en Gaza.

Pero ahora se ha alargado la distancia entre Israel y la organización mundial que hizo nacer a este país en Nueva York, en 1948, con el voto a favor del Perú. Puede decirse, entonces, que estamos ante otro país, distinto de aquel creado para acoger a los perseguidos del nazismo. Esto ha ocurrido en muy poco tiempo y no sabemos si es reversible.

El infame ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel causó comprensible ira entre los israelíes; pero, al mismo tiempo, le dio a Netanyahu la oportunidad de empezar a desmontar la naturaleza de Israel como país democrático y razonablemente respetuoso de la justicia internacional.

El país que fue ejemplo de tantas cosas positivas para el mundo está quedando atrás. Lo muestra el trato despiadado a la población civil de Gaza, que algunos llegan a llamar genocidio y que ha producido incluso la protesta de parte de la ciudadanía de Israel y de muchos judíos en el mundo.

La ONU está al filo de elegir a un nuevo secretario general. Es una oportunidad para que Tel Aviv empiece el camino de retorno a su condición de país digno entre las naciones. Una negociación que podría incluso empezar desde ahora, si la nefasta alianza Netanyahu-Donald Trump lo permite.

La lista de reclamos de Guterres a partir de Gaza es contundente. Incluye el desprecio por las vidas de civiles, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la resistencia a la solución de dos Estados y, por último, el mencionado uso de la violencia sexual en la guerra. Guterres no es antisemita ni intemperante, y sus puntos de vista son compartidos por numerosas naciones.

No es exagerado afirmar, pensamos, que Netanyahu está conduciendo a Israel hacia un abismo internacional.

El documento más antiguo, llamado “De las cosas nuevas” en castellano, buscó mitigar los daños sociales de lo que pronto sería la línea de montaje, el llamado fordismo, y, a la vez, prevenir el modelo revolucionario que se concretaría en la insurgencia soviética y sus secuelas.

La carta encíclica de León XIV, aparecida este año, sigue el propósito de la anterior, que también fue recomendar cautela ante ciertos avances de la tecnología, sobre todo en el manejo de lo social. El foco ahora es la deshumanización que podría venir de la mano de la inteligencia artificial y que el Vaticano vislumbra desde ahora.

En 1891 aún no se había instalado del todo la gran empresa ligada a los avances de la ciencia y la tecnología. Pero ya había trabajadores sometidos a formas inhumanas de explotación, que es de donde surgieron las revoluciones, las guerras y la violencia en general.

'Magnífica Humanitas' no hace comparaciones; se limita a solidarizarse con todos aquellos temerosos de los posibles efectos de la IA en el empleo, en el avance del armamento y en la dependencia de la mente humana frente a algoritmos a la vez eficaces e insensibles. No lo dice así, pero la carta denuncia el peligro de caer en una sociedad de robots esclavizadores.

La encíclica aparecida este año defiende a la humanidad frente al peligro tecnológico representado por la IA y el puñado de enormes empresas que la controlan. No es un texto ludita opuesto a la modernización, sino el planteamiento de que los valores humanos deben participar en la gestión de lo nuevo, algo que no está sucediendo.

León XIV ya se ha pronunciado contra la guerra, tal como viene siendo promovida por gobernantes cada vez más tiránicos. La presente carta es contra la adhesión ciega de la producción a la IA. Se vuelve a perfilar así una Iglesia Católica progresista y del lado de la humanidad, hoy tan necesitada de defensores.

 Los resultados de la primera vuelta electoral son el reflejo de un país que cada vez se reconoce menos a sí mismo. A primera vista llama la atención la enorme fragmentación y la novedad de los partidos que alcanzan representación. Luego se nota la continuidad. Se trata de la misma polaridad y el mismo mapa que viene definiendo las elecciones desde hace décadas. En Lima y la costa, un conjunto de candidaturas propone, con matices, la continuidad del modelo económico e institucional vigente. En la sierra, Sánchez canaliza el voto andino y rural en favor de la disrupción y un nuevo orden. No existen partidos o líderes que logren representar exitosamente a ambas partes del Perú.

Si bien las diferencias estructurales que dividen a estos 'dos Perús' tienen raíces profundas en nuestra historia y sus herencias coloniales, lo cierto es que su traducción en una geografía electoral polarizada es relativamente reciente. Los partidos políticos de los ochenta y el fujimorismo de los noventa conectaron al Perú urbano con el rural. En los ochenta lo hicieron partidos con una convocatoria que atravesaba esas divisiones. Acción Popular y el APRA, por distintos caminos, ganaron con coaliciones integradoras. El fujimorismo logró algo similar en los noventa. Pese a todas sus diferencias, organizaciones, discursos y liderazgos integraban a un país que se reconocía en sus resultados.

Algo cambia en los dos mil. En esa década, aparece una pronunciada división electoral entre el 'centro' (las zonas económicamente más dinámicas y socioculturalmente más globalizadas) y la 'periferia' (zonas económicamente menos dinámicas y socioculturalmente más tradicionales). La primera elección en la que asomó esta diferencia fue en el 2001, pero se inaugura sin duda en el 2006, cuando Humala consolida la coalición que sus sucesores heredarán. Desde entonces, la periferia ha rotado por una sucesión de candidatos —Humala, Mendoza, Castillo y ahora Sánchez— con partidos que aparecen para una elección y desaparecen en la siguiente, pero que representan una misma geografía electoral.

Las causas del origen y persistencia de esa división entre centro y periferia pueden ser muchas y requieren investigación. De hecho, esta tendencia no se observa solo en el Perú, sino en lugares tan distintos como Estados Unidos, Francia o Turquía. Pero conviene insistir en que esta polaridad es reciente: la demografía no equivale a destino ni la geografía a profecía. Los líderes y sus organizaciones la moderan o la refuerzan. En el Perú, de un tiempo a esta parte, los candidatos parecen asumir esa división como algo infranqueable y a sus organizaciones como incapaces de ser el puente entre ambos lados de la brecha. Sánchez, por ejemplo, llega a la segunda vuelta a través de una 'ruta castillista' que busca explícitamente sostenerse en el voto de la periferia y con Antauro Humala como símbolo de radicalidad y animadversión hacia el centro. Del otro lado, Rafael López Aliaga responde a su derrota aplastante en la periferia con una denuncia de fraude. Preguntado por qué no tuvieron personeros en mesas de centros poblados, un abogado de Renovación Popular respondió que a esas mesas, en sus palabras, no llega ni Dios.

Y esto nos lleva a la manifestación más dramática de esta resignación a no representar al otro: las acusaciones de fraude. En 2021, el fujimorismo, derrotado, alegó fraude precisamente en aquellas mesas periféricas en las que había sido abrumadoramente derrotado. Este miércoles, el candidato López Aliaga asegura que los resultados de las mesas instaladas en centros poblados son fraudulentos y pide su anulación. Hemos engendrado políticos incapaces de tender puentes entre uno y otro Perú. La salida que nos proponen no es construirlos, sino anular a quienes se encuentran del otro lado.

Si la primera vuelta estuvo definida por esta conocida polaridad social, la segunda se presenta como el retorno de la conocida polaridad política fujimorismo-antifujimorismo, que históricamente ha tendido a favorecer a candidatos que representan al segundo. Ya vimos la continuidad histórica en el resultado de la primera vuelta. Queda por ver si la continuidad se impondrá también en la segunda. Sea cual fuere el resultado, si los puentes no se construyen en los próximos cinco años, el único espacio de encuentro para los peruanos será el abismo.

Entre 2011 y 2025, el Congreso peruano promulgó más de 2.400 leyes. Como muestra la Figura 1, la producción legislativa se aceleró marcadamente a partir de 2021: el período parlamentario 2021–2026 registra entre 223 y 292 leyes por año, casi el doble del promedio histórico de las tres legislaturas precedentes. Esta proliferación normativa plantea interrogantes críticas sobre la calidad de la legislación y, en particular, sobre su compatibilidad con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Consejo Fiscal del Perú ha documentado sistemáticamente el impacto fiscal de este último conjunto normativo. Según su Nota de Discusión N.° 01-2025, desde agosto de 2021 se promulgaron 229 leyes con impacto fiscal adverso, cifra que triplica el promedio histórico de legislaturas anteriores (68 leyes en promedio entre 2006 y 2021). El 79% de estas leyes incrementa el gasto público —mediante aumentos de pensiones, homologaciones salariales y creación de entidades públicas—; el 17% reduce ingresos fiscales a través de exoneraciones y beneficios tributarios; y el 4% afecta recursos subnacionales. El costo fiscal anual proyectado supera los S/35.000 millones.

Un factor agravante adicional es el mecanismo de insistencia legislativa: el 44% de las leyes con impacto adverso fue aprobado por insistencia, eludiendo el control técnico del Ejecutivo. Este problema se agudizó en 2026: en solo tres sesiones plenarias de marzo, el Congreso aprobó 11 normas adicionales con obligaciones fiscales permanentes sin financiamiento identificado, lo que generó un costo de al menos S/11.400 millones anuales y un impacto inmediato no previsto en el presupuesto de 2026 de S/6.500 millones adicionales.

El impacto sobre las reglas macrofiscales es evidente. En 2025, el Perú incumplió por tercer año consecutivo los límites de gasto: el gasto no financiero creció 3,5% frente al límite de 0,7% (desviación de S/6.600 millones), y el gasto corriente creció 4,8% frente al 2,1% permitido (desviación de S/4.100 millones). De mantenerse esta trayectoria, las proyecciones de deuda apuntan a entre el 59% y el 75% del PBI hacia 2036, muy por encima del límite legal del 30%.

El FMI coincide con este diagnóstico: las iniciativas legislativas recientes complican el logro de las metas fiscales de mediano plazo. El Consejo Fiscal y otros especialistas del sector público han respaldado la propuesta de un pacto de sostenibilidad fiscal y advierten la necesidad de acompañarlo con acciones inmediatas. Sin reformas institucionales que devuelvan al proceso legislativo su rigor técnico, la convergencia hacia las metas de déficit y deuda resulta inviable.

En marzo fue captado en una cafetería de Lince con acompañantes sin identificar, fuera de su agenda oficial. Fue advertido públicamente. Esta semana repite la conducta: otra reunión con otro empresario de intereses concretos, sin registro en la agenda presidencial, a ocho días de la segunda vuelta. Las advertencias no produjeron ningún cambio en su comportamiento.

El politólogo Alberto Vergara ofrece la clave para leer este patrón en su dimensión más profunda. En una videocolumna semanal sostuvo que estos episodios revelan la pulverización de la propia corrupción peruana. Como él afirma, ya no se trata de grandes hoteles ni de sauna ni de golf, sino de comportamientos a los que denomina microrrapiña política. Personajes aventureros que sin saber cómo ni por qué se sacan la lotería presidencial y quieren rentabilizarla. Y como son mediocres y están solos, tienen que ir personalmente al chifa. O a la cafetería de Lince. O al restaurante de Miraflores. Balcázar opera en precaria soledad, sin estructura, sin red, y por eso mismo resulta funcional al entramado de intereses que lo sostiene.

El problema es estructural. Quien preside la nación ejerce atribuciones que no deberían estar exentas de transparencia. Cuando las ejerce informalmente y sin registro, esa opacidad contamina cualquier decisión posterior. En contextos normales, el Congreso que vacó a Jerí tendría la obligación de aplicar el mismo estándar a Balcázar. Pero se juegan ya sus descuentos antes que asuma el siguiente parlamento.

Pero la exigencia de rendición de cuentas no puede depender solo del Congreso. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir transparencia al presidente que elija el 7 de junio desde el primer día de su mandato. El Perú lleva demasiados años tolerando que el poder se ejerza en la sombra. Eso tiene que cambiar desde las urnas.

Ocurre que hay quienes pintan imágenes. Otros pintan atmósferas, símbolos, ideologías o relatos. Michelle Magot (Lima, 1979), en cambio, parece pintar la resistencia misma de la materia a convertirse en representación. Su exposición No existe el horizonte constituye una de las exploraciones más sólidas y conceptualmente refinadas de la abstracción peruana contemporánea, una investigación donde la superficie se transforma en un campo de fuerzas perceptivas.

Ese “choque” ocurre físicamente en las obras. Si el mármol interrumpe el pigmento y la madera fractura el flujo del color, el acero introducirá tensiones casi industriales dentro del conjunto silencioso. Nada parece buscar armonía definitiva. Cada elemento conserva una autonomía irreductible, como si los materiales se negaran a obedecer plenamente a la pintura.

Entropía del color

En los Ensamblajes #34, #35 y #36, por ejemplo, el color parece quedar suspendido frente a la irrupción de la madera. Allí la abstracción abandona toda pureza geométrica y adquiere densidad corporal. “El límite es el lugar donde los cuerpos se afectan mutuamente”, dice Magot. Y acaso toda su obra reciente pueda leerse desde esa idea, el límite como zona de fricción perceptiva, como territorio donde lo visible pierde estabilidad.

Existe algo profundamente contemporáneo en esa operación. Mientras buena parte del arte actual depende de la saturación discursiva o de la hipertrofia política del relato, Magot retorna a problemas esenciales: espacio, presencia, materia, percepción. Pero lo hace sin nostalgia modernista. Su abstracción no busca pureza formal, más bien intensidad ontológica.

Así, la serie “As it is above, as it is below” constituye quizás el momento más filosófico de la muestra. El título, tomado de la tradición hermética, sugiere correspondencias entre microcosmos y macrocosmos. Sin embargo, la artista rechaza cualquier lectura mística simplista. “La obra no es una ventana que el espectador mira para ver otra cosa, es un sistema en sí mismo que sufre su propio proceso de entropía, desgaste y transformación”, sostiene.

La frase resulta crucial porque revela el desplazamiento radical que opera su pintura: el cuadro parece dejar de representar un mundo para convertirse directamente, él mismo, en mundo. Un mundo sometido a erosión, peso, gravedad y tiempo. Hay, además, una dimensión mineral cuando el mármol introduce un tiempo geológico dentro del tiempo pictórico. La piedra aparece fracturada, vulnerable, casi herida. Esa coexistencia entre robustez y fragilidad atraviesa toda la muestra como una respiración secreta.

El ojo y la fractura

Nacida en Lima en 1978, Magot desarrolló su formación entre la Escuela Corriente Alterna, Florencia y Londres. Ese tránsito entre tradiciones culturales distintas parece haber sedimentado una sensibilidad singularmente rigurosa frente al espacio y la composición. Desde exposiciones tempranas como Colapso o Ego-espejismo, hasta proyectos posteriores como Formalidades de un fragmento o State of Flux, su trabajo ha mantenido una coherencia infrecuente: investigar la pintura como representación y como acontecimiento físico.

Y quizás allí reside el verdadero lugar que hoy ocupa dentro del arte contemporáneo latinoamericano. Michelle Magot pertenece a esa rara estirpe de artistas que aún creen que la materia piensa. Por eso sus obras producen esa sensación inquietante donde el espectador comprende que el horizonte nunca estuvo afuera, extendido al fondo del paisaje, sino dentro de la mirada misma, desplazándose perpetuamente unos centímetros más allá de toda comprensión posible. Todo un hallazgo, sin duda.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

Recordé esta historia al revisar eventos públicos en los que se verifica la participación exclusiva de hombres, ya que las mujeres casi no aparecen o solo tienen el rol de moderadoras. Incluso, en actividades sobre discriminación contra las mujeres, los afiches y paneles son mayoritariamente masculinos, sin que a los organizadores les haya llamado la atención la paradoja.

Esta naturalización de la ausencia de las mujeres no es casual, sobre todo cuando la tendencia mundial es la negación de nuestra autonomía, con la búsqueda de retrocesos hacia pasados que se construyeron sobre la desigualdad. “Antes los matrimonios duraban más”, dicen por allí, y me pregunto si esa duración se construía sobre el aguante de las mujeres, sobre todo si recordamos que hasta 1984 el Código Civil establecía que el marido dirigía la sociedad conyugal y que la mujer debía al marido “ayuda y consejo para la prosperidad común” y que tenía “el derecho y el deber de atender personalmente el hogar”.

En el 2016, cuando estalló la movilización de Ni Una Menos, además de los testimonios de las mujeres, las redes se llenaron de mensajes en los que muchos hombres hablaban de deconstrucción, acciones efectivas y masculinidades nuevas. ¿Dónde están los aliados de entonces?, me pregunto, sobre todo los que prometían no volver a organizar eventos sin mujeres ni participar en aquellos que no las incluyeran.

En momentos en los que quienes añoran el pasado de desigualdad legislan en contra de nuestros derechos, dejar de lado la voz de las mujeres contribuye a reforzar estereotipos y retrocesos. No hay excusas para esto porque #Haymujeres, no lo olviden.

Keiko, a diferencia de su padre, ha organizado el fujimorismo en un solo partido. Alberto Fujimori creaba uno o más partidos para cada elección nacional o municipal; ella acumula, su padre dispersaba. Keiko nunca ha ganado la presidencia, pero, curiosamente, gobierna tras bambalinas desde el Congreso. Su padre instaló una dictadura desde el Ejecutivo; ella, un parlamentarismo de facto desde el Congreso. Alberto dio un autogolpe y se hizo reelegir inconstitucionalmente dos veces (1995 y 2000). Ella, luego de sus derrotas electorales, a partir del 2016, desde fuera del gobierno, ha asaltado varias veces el Ejecutivo con sus bancadas parlamentarias. Su padre se hacía reelegir ilegalmente; ella asalta el Estado y gobierna también inconstitucionalmente. Él gobernaba desde Palacio, formalmente, con “asesores mafiosos”; ella gobierna, desde la oscuridad, informalmente, con socios mafiosos.

Resalto cinco rasgos del fujimorismo: su vocación antidemocrática y desprecio a los derechos humanos, su esencia económica mercantilista, su carácter hipercorrupto, su articulación mafiosa y la constitucionalización de su modelo. Esas características, en la dictadura de los 90, fueron mediatizadas por el control del desastre económico dejado por Alan García y el repunte productivo, el combate al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y un extendido populismo asistencial mediante novedosos programas sociales y obras de infraestructura básica en todo el país. Mucho palo, robo y zanahoria. Fujimori instaló e inauguró la cárcel como destino de casi todos los presidentes que lo han sucedido, por corruptos o autoritarios. Decirlo crudamente es ser “terruco”, “caviar”, comunista.

El keikismo es el fujimorismo empeorado, la peor versión de Alberto Fujimori. Repite, agrava y empeora lo malo. Las cosas “buenas” las ha rehecho para destruirlas. La vena autoritaria de la dictadura fujimorista, que destruyó la democracia en los 90, está presente hoy, en peores condiciones, desde el Congreso; el nulo respeto a los derechos humanos sigue manifiesto y, esta vez, tiene como líder a un ex crítico de su padre, asalariado suyo, que preside el Congreso; el manejo económico ha ratificado un mercantilismo a ultranza; la venta de favores estatales y el cobro de coimas por financiamiento público desde el Congreso es regla, no excepción; la Constitución de 1993 de su padre es un remedo, un remiendo: ha sido violada y rehecha a su antojo. Hoy es una constitución keikista más que fujimorista.

Hay un rasgo más brutal y perverso: la organización estatal y gubernamental al servicio de la mafia. El keikismo ha destruido la institucionalidad republicana del Perú; ha convertido al Estado en un instrumento del crimen, de organizaciones criminales y de socialización criminal. No existe desgobierno, hay gobierno del crimen; no existe desorden social, hay anomia o descomposición social; no existe crisis de valores, hay amoralidad; no existe anarquía, hay ingobernabilidad. El keikismo lo ha logrado mediante una cadena de pactos subrepticios, oscuros, con aliados o adversarios, que la ciudadanía llama Pacto Mafioso. El Leviatán de Hobbes, el Estado creado por un pacto social para encauzar el estado salvaje de los humanos en vida social, ha sido derrotado desde dentro; ha sido reemplazado por un pacto mafioso destinado a realizar granjerías de sus gobernantes. El ogro filantrópico de Octavio Paz, el Estado grotescamente benefactor, ha sido convertido en un ogro perversamente criminal.

El keikismo, luego de su rechazada derrota ante PPK el 2016, teniendo la misma orientación económica, lo acorraló hasta forzar su renuncia, devolvió a prisión a su padre indultado y destituyó del Congreso a su hermano Kenji; pactó con Vizcarra y lo puso de presidente. Este los traicionó y nuestra crisis se agravó. El 2021, otra vez, rechazando su derrota, acorraló a Pedro Castillo, pactó con Dina Boluarte, la puso de presidenta y esta se sometió; la vacó cuando no le era útil, puso a Jerí, un congresista corrupto que duró pocos meses. Hoy, con otro congresista puesto como presidente contra su voluntad, lo controla y manipula a través de su presidente congresal. El keikismo, con sus aliados, en pacto mafioso, pone y saca presidentes y ministros, y controla los organismos gubernamentales.

Ese keikismo, desde el Congreso, en pacto mafioso, controla también el sistema de justicia, desde la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y con ellos designa a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y a los jefes de los organismos electorales ONPE y Reniec. Este Congreso, del pacto mafioso, ha designado también a los miembros del Tribunal Constitucional y al defensor del Pueblo. En el campo económico-financiero ha ratificado al presidente del BCRP, designado al superintendente de la SBS y al contralor general de la República. El keikismo y sus aliados, desde el Congreso, son quienes mandan y gobiernan en el Perú.

El keikismo, a diferencia del presidencialismo fujimorista, es un parlamentarismo de facto, una parlamentocracia mafiosa que gobierna nuestro país. Alberto Fujimori gobernó desde el Ejecutivo, ganando elecciones organizadas a su medida o vía autogolpe; Keiko gobierna, desde el Congreso, asaltando el Ejecutivo vía vacancias y censuras, aun perdiendo elecciones organizadas también a su medida. Su padre ejerció un presidencialismo dictatorial; ella lidera un parlamentarismo mafioso sin norma alguna. Cambiar este desgraciamiento nacional tomará años. Será peor si ella gana las elecciones, algo esta vez más probable que en elecciones anteriores, siempre que el antikeikismo, sumado al antifujimorismo, lo permitan. Si la cuarta vez es la vencida, es responsabilidad nuestra no haber derrotado a un fenómeno tan perverso para nuestra dignidad nacional. Hechura nuestra es, hechura nuestra será derrotarlo.

Debo admitir que presentía una ventaja aún mayor de la señora Fujimori. Ella está en campaña desde el 13 de abril. Era claro que pasaba a la segunda vuelta desde la publicación de las encuestas a boca de urna y conteos rápidos. La duda fue, por varias semanas, quién la acompañaría.

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú recién tienen certeza del pase a la segunda vuelta desde hace menos de dos semanas. Esto los pone en desventaja en la partida, pues la definición de una estrategia para la segunda vuelta requiere establecer alianzas, pactos y acuerdos políticos con actores muy diversos.

La aparición del nuevo equipo económico, con Pedro Francke y Óscar Dancourt, entre otros, da cuenta de los primeros pasos en esta línea. Sin embargo, Juntos por el Perú aún no ha sido capaz de mostrar una propuesta clara y articulada. El desorden interno es evidente y la ausencia de una narrativa unificada abona al desconcierto.

Dependerá mucho del propio Sánchez, en particular de su desempeño en el debate del domingo, que logre convencer a los indecisos.

Pero lo que sí viene tomando forma es la reaparición del antifujimorismo, que se verá este sábado en las calles. En Lima, la convocatoria es en la plaza San Martín, desde las 5.00 p. m. El liderazgo vuelve a recaer en los familiares de desaparecidos, lo que resulta encomiable por la perseverancia que han mostrado durante más de 30 años; en algunos casos, más de 40 años. Una vida entera dedicada a rendir homenaje a la memoria de sus seres queridos, arrancados de la vida por la acción del fujimontesinismo.

Yo te llevo dentro…

Susana Baca, en un concierto para la Cruz Roja, canta una canción de Natalia Lafourcade en homenaje a los desaparecidos. No es una canción militante clásica ni explícita, pero quizá sea la sutileza de su letra lo que la hace aún más penetrante y la conecta con este tiempo de lucha de quienes aún persiguen el sueño de la justicia, la memoria y la reparación después de tantos años.

La letra dice: Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado...Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas…Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo. Aquí sigues dentro.”

Siguen dentro de cada una de las hermanas, madres, hijas y padres que han seguido viviendo, creciendo y amando, pero sin que esto suponga claudicar en su lucha, en su convicción, por más pesada e injusta que sea.

Esta semana he vuelto a oír a Gisela Ortiz, con su voz clara y firme, explicando por qué, para ella, permitir que el fujimorismo se vuelva a instalar en el poder sería una traición a su hermano, a sus compañeros de La Cantuta y a los peruanos que perdieron a un familiar o que dejaron la vida luchando contra la dictadura de Alberto Fujimori. El peligro del fujimorismo, dice Ortiz, no acabó en los 90. Lo hemos seguido viviendo en estos años como fuerza política detrás de gobiernos que han atropellado derechos, reprimido y matado. Coincido con ella: no puede hoy Keiko Fujimori desentenderse de lo que significó Dina Boluarte y del alto costo en sangre de mantenerla en el poder.

Mirtha Vásquez, abogada y defensora de derechos humanos, en la conferencia de prensa del movimiento Keiko No Va, sigue la línea de Ortiz y recuerda la estrecha relación del actual fujimorismo con Dina Boluarte. Hace un llamado a no abandonar a los familiares de asesinados y desaparecidos, a las mujeres esterilizadas de manera forzada y a quienes han perdido recientemente a sus hijas e hijos por enfrentarse a Boluarte y ahora afrontan la política de impunidad que el fujimorismo ha establecido desde el Congreso para blindar a los responsables.

Lo que mueve a muchos de los familiares, como recuerda Martha Flores, viuda de Pedro Huilca, es el miedo a que se pueda repetir una coyuntura como la que se vivió en los años 90. Dirigentes asesinados, como Pedro Huilca, cuya muerte no fue investigada por la fiscalía, negando a la familia el derecho a la justicia. El manejo mafioso del poder, el copamiento institucional y la acción amedrentadora del régimen. El temor de Martha no es infundado: analizar esta coyuntura electoral nos obliga a pensar también cómo están las correlaciones de fuerza.

Más poder al poder

El llamado “pacto mafioso” es bastante sinuoso y, por momentos, gaseoso, pero tiene algunos elementos claros, como tener al fujimorismo como uno de sus actores clave, si no el principal. Durante estos cinco años ha logrado minar las bases del Estado de derecho y, hasta cierto punto, “apropiarse” de las instituciones llamadas a ser contrapesos. Ha elegido un Tribunal Constitucional a su medida. Ha logrado nombrar una Junta Nacional de Justicia que pretende sancionar a jueces y fiscales incómodos, sea de manera explícita o simplemente no ratificándolos en el cargo. Y, por si fuera poco, está por nombrar al nuevo o nueva jefa de la ONPE para el próximo proceso electoral.

El fujimorismo tendría, en alianza con Renovación Popular, la versión aún más extrema de la derecha populista, la mitad de la Cámara de Senadores. Como señaló en una entrevista reciente Alfonso López Chau, ¿tiene sentido darle más poder al poder?

Lo cierto es que, en las últimas décadas, el sistema tributario del Perú ha mostrado serias limitaciones: un informe elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal muestra que tenemos un sistema complejo, una política contradictoria y una administración tributaria que se mueve casi por inercia. La suma de involuciones se traduce en altos niveles de evasión e incumplimiento fiscal, gastos tributarios cuya eficacia no se mide y que terminan beneficiando a pocas empresas, y una presión tributaria estructuralmente baja, alejada del promedio de los países de la región. Estos resultados son responsabilidad tanto del diseño de la política tributaria como de la administración.

En lo que va del presente siglo, los mejores resultados en materia de presión tributaria se han obtenido durante coyunturas internacionales favorables (el alza del precio de los commodities que exportamos), lo que ha determinado períodos de incremento de los ingresos fiscales. En una perspectiva de largo plazo, la administración tributaria del Perú ha jugado un rol pasivo en el objetivo de alcanzar una mayor presión tributaria.

Las contradicciones de la Sunat

El Perú ha efectuado importantes avances en su adhesión a las mejores prácticas en materia de fiscalidad internacional. Sin embargo, no se ha puesto el mismo esfuerzo en la implementación; es decir, en el cumplimiento de los compromisos y las acciones de control y fiscalización que se derivan de dicha inserción.

La Sunat carece de una estrategia integral de cumplimiento tributario. Parte de esta falencia se grafica en el hecho de que tanto tributos internos como Aduanas no efectúan un trabajo coordinado. Por ejemplo, hasta ahora, la oficina de Aduanas de la Sunat no cuenta con un laboratorio químico especializado que esté operativo y permita una certificación de calidad de la ley de los metales, sobre cuya base se establece el precio de venta del mineral. El ejemplo no es anecdótico en un país donde el 60% de sus exportaciones proviene de la minería y una parte significativa de este comercio se efectúa entre empresas vinculadas. Por ende, este sector debería estar sujeto a un adecuado control y fiscalización en materia de precios de transferencia, función que recae en el área de tributos internos, pero que debe contar con el apoyo de Aduanas.

Los sistemas informáticos de la Sunat tampoco coadyuvan al cumplimiento de la principal función de toda administración tributaria: ampliar la base tributaria e incrementar la recaudación a partir de un trabajo sistemático de control y fiscalización. En un país con una economía informal extensa y altos niveles de evasión, los logros en materia de "cumplimiento voluntario" resultan insuficientes, pues este involucra solo a los contribuyentes ya registrados en la Sunat.

Por otro lado, la Sunat tiene un serio problema con el establecimiento y la ejecución de una planificación estratégica como proceso sistemático, pese a que cuenta con herramientas y metodologías reconocidas internacionalmente (por ejemplo, el uso del Cuadro de Mando Integral o BSC - Balanced scorecard). Como señalan algunos expertos, esta es una deficiencia extendida en los países en desarrollo, en los que la cultura de resultados y desempeño no es práctica común, lo que afecta la efectividad de la administración tributaria. Los factores que más debilitan los procesos de reforma y modernización son la baja capacidad gerencial, la falta de una estrategia estructurada de reforma y la ausencia de una cultura de medición de desempeño. Reestructuraciones organizacionales recurrentes han generado superposición de funciones y una situación inestable en los diferentes niveles de dirección. Ello afecta la gobernanza de la administración tributaria.

La alta rotación de los superintendentes

Desde la fundación de la Sunat en 1988 y luego de la implementación de una suerte de refundación de la institución, liderada por Manuel Estela en 1991, la designación de la máxima autoridad la decide el presidente del Perú, a propuesta del ministro de Economía y Finanzas. En 2011 se publicó la Ley de Fortalecimiento de la Sunat, con el objetivo de otorgar mayor autonomía a la institución en el uso de recursos financieros, la gestión del personal y la definición de sus planes operativos. Uno de los principales mecanismos establecidos para garantizar esta autonomía fue la estabilidad en el cargo de superintendente nacional, al fijar un período de cinco años para garantizar la continuidad de políticas, estrategias y planes institucionales. Este diseño normativo reconoce que la jefatura de una administración tributaria requiere un horizonte temporal que trascienda el contexto político.

Hasta antes de la publicación de la ley, los cargos de superintendentes de la Sunat duraban aproximadamente 1 año y 171 días (entre 1988 y 2011). Por lo tanto, si bien la medida legislativa resultaba adecuada y coherente con los principios de otorgarle estabilidad institucional, esta no tuvo un efecto adecuado: luego de la gestión de Tania Quispe Mansilla como superintendenta nacional, ningún nuevo jefe de la Sunat ha durado el período completo de cinco años. En el período 2015-2024 (marzo), la permanencia promedio de los titulares de la Sunat fue de 2 años y 188 días, lo que evidencia una brecha entre el diseño normativo y su aplicación. El período 2020-2024 fue una excepción, ya que se tuvo únicamente a un superintendente: su designación se llevó a cabo justo antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19 y terminó en 2024, con una duración en el cargo de 3 años y 361 días. Desde marzo de 2024 en adelante, la duración promedio en el cargo se reduce a 139 días (aproximadamente 4,6 meses), lo que constituye un escenario de marcada inestabilidad. El caso más extremo ha sido el de Edward Tovar Díaz, con una duración en el cargo de apenas 25 días, en octubre de 2025.

Según la OCDE, el fomento del liderazgo y la planificación de la sucesión son determinantes para la continuidad y estabilidad dentro de la administración tributaria. La frecuente rotación de la máxima autoridad de la Sunat se aparta de las buenas prácticas internacionales. La inestabilidad de los últimos años ha debilitado la capacidad de la institución para ejecutar su plan estratégico, mantener políticas consistentes en el tiempo y preservar su autonomía operativa.

La situación de la Sunat contrasta con la estabilidad que, por ejemplo, se observa en el Banco Central de Reserva. Implementar y reforzar criterios técnicos en los procesos de designación de los cargos de dirección de la Sunat se ha convertido en un punto fundamental para preservar su autonomía. La gobernanza institucional es un factor que no debe perderse de vista, ya que es la base para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado y consolidar el rol de la autoridad tributaria.

La ruta electoral por la que va Colombia, y que tiene su parada principal el próximo 7 de agosto cuando se dé la transición democrática entre el saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro y quien finalmente se imponga en urnas, se reacomodó en las últimas semanas en dos vías que marcan un giro más profundo. Un viraje hacia posturas aún más extremas de los espectros ideológicos que hoy se disputan el poder.

Esa es la polarización que se profundizó en un país que al menos en este momento de su historia republicana no quiere puntos medios; no viabiliza lo que se denomina centro. Hay un oficialismo que promueve una izquierda más potente, más arraigada; y una oposición que busca el retorno de la derecha a la Casa de Nariño –la sede principal del poder Ejecutivo colombiano– con un relato más fuerte, con mayor peso en el grueso de la sociedad.

Y son distintos, en especial en lo discursivo, pero no tanto en las formas. Desde ambas orillas saben que este 31 de mayo, cuando se celebra la primera vuelta presidencial en Colombia, hay una fórmula que definitivamente no sirvió para seducir votantes: en el país se bautizó como “tibieza”.

Esa instantánea, según las más recientes encuestas de intención de voto del mes de mayo (Invamer, Guarumo y –entre otras– la realizada por el Centro Nacional de Consultoría), tiene como protagonistas a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. La tercera vía, aunque también de la derecha, es Paloma Valencia (Centro Democrático), aunque las proyecciones no le son favorables.

Cepeda, congresista de esa corriente que también se hace llamar progresista y un huérfano de la guerra que se afronta hace más de seis décadas (su padre, el entonces senador Manuel Cepeda, fue asesinado por agentes paraestatales en 1994), es la ficha con la que el presidente Petro busca la continuidad de su proyecto. Y el propio candidato, a sus 63 años y con formación académica como filósofo, ha sido explícito en que su programa es para profundizar las “transformaciones” que promovió el actual jefe de Estado durante los últimos cuatro años.

Como la reelección presidencial está proscrita en la normatividad colombiana, Petro no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo. Eso explica por qué –también andando sobre el filo de las reglas que impiden la participación indebida en política de quienes lideran al Estado– la última semana la dedicó por completo a promover a Cepeda a través de una narrativa en torno a lo que considera son los logros de su administración y lo que ve como la necesidad de continuarlos. Reducción de los índices de pobreza, la baja de la tasa del desempleo o el reacomodo de cargos claves de la administración pública para garantizar pluralidad hacia sectores que antes no habían gobernado (la vicepresidenta Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente en llegar a esa instancia); eso sí, todo con bemoles.

Y De la Espriella, un abogado que a sus 47 años se hace contar por primera vez en urnas luego de una carrera que lo ha relacionado con personas duramente cuestionadas –entre ellas Álex Saab, señalado testaferro colombiano del ahora detenido dictador venezolano Nicolás Maduro–, entró duro en la actual campaña rompiendo canales con los sectores tradicionales de la derecha que ahora quiere liderar.

Se quedó con el relato del “outsider”, del antisistema, del que representa a “los nunca”; y todo con un verbo fuerte, sin formas clásicas, enfocado en la disputa digital. También con matices, y muchos, pero con resultados que de acuerdo con las mediciones le han servido. Está de segundo, detrás de Cepeda, en las encuestas de intención de voto.

El candidato filósofo y el aspirante abogado, además, trazaron líneas muy distintas en materia de relaciones internacionales. Por eso, con un Donald Trump al frente de la Casa Blanca dispuesto prácticamente a todo para que su línea ideológica se irrigue en la región, la decisión que tome Colombia este domingo también repercutirá en el relacionamiento con Washington. Y, de paso, con otros Estados; entre ellos Perú.

Cepeda habló en toda la campaña de “no arrodillarse”, de no permitir la injerencia extranjera en asuntos internos. Un mensaje tácito en torno a la forma en que la Oficina Oval actúa sobre países distantes de sus preceptos. De la Espriella, por el contrario, aseguró que la relación con Estados Unidos debe potenciarse y regresar a cauces de cooperación incluso más fuertes de los que había antes de que el presidente Petro asumiera el poder en 2022. Otro punto: el primero rechaza sin medias tintas los bombardeos a lanchas supuestamente cargadas con cocaína que desde agosto de 2025 promueve Trump; el segundo las apoya bajo la tesis de la “mano dura” contra la criminalidad.

Y hacia Latinoamérica esa misma línea se refleja. Por ejemplo, Cepeda apoya la postura de Petro de mantener una relación fría con Lima hasta que no se resuelva la situación del capturado Pedro Castillo, quien de acuerdo con la justicia peruana intentó un golpe de Estado en 2022; de hecho, fue crítico de Dina Boluarte y en su entorno no quieren proyectar diálogos con aspirantes estilo Keiko Fujimori.

De la Espriella, por el contrario, sí ve viable este último escenario. Incluso, yendo hacia otras naciones, como Brasil o Argentina, quiere puentes con quienes representan su visión. Los Bolsonaro (Eduardo y Flávio, hijos del expresidente Jair), con los que dialogó en la última semana, y Javier Milei, el presidente que usó la motosierra como símbolo y cuya forma de hacer política emula casi que milimétricamente, en especial en la estrategia digital de viralizar contenidos cortos y con mensajes directos de crítica al establecimiento. Nayib Bukele, de El Salvador, es otro de sus líderes a emular, sobre todo en el trato a grupos criminales y el despliegue de megacárceles para recluir a sus integrantes.

Aquí es clave que Cepeda prefirió la institucionalidad de la izquierda internacional, pues se reunió en los primeros meses de este 2026 con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), además de Pedro Sánchez (España), para mostrar que los aliados de Petro son también los suyos. Y, de paso, ratificó su intención de hacerle contrapeso a lo que representa Trump.

Pero más allá de estas formas, que al final son matices ideológicos porque la diplomacia se requiere para mantener los diálogos binacionales –y más en una región convulsa–, los modelos de país que promulgan y que sí son diferentes tendrán un examen duro en urnas este 31 de mayo. La profundización del Estado en el accionar de la sociedad, lo que incluye que sea más amplio, y la reducción del mismo para darle mayor realce al sector privado, es en definitiva lo que están llamados a definir los 41,4 millones de colombianos habilitados para sufragar. En Colombia el voto no es obligatorio, por lo que hay niveles de abstención que superan el 50 %, en promedio, de ese censo electoral; a veces, en otros comicios presidenciales, ha sido más alto.

No obstante, con un presidente en campaña abierta y un alto nivel de polarización –y un orden público golpeado por ataques en Cauca, La Guajira y, entre otros departamentos, Antioquia–, la movilización hacia las urnas puede crecer. Las campañas están haciendo lo propio y figuras que gravitan entre las mismas, como el expresidente Álvaro Uribe en la de Paloma Valencia, se mueven con fuerza. Eso último lo hace con especial énfasis el exmandatario, porque su legado y peso electoral de las últimas dos décadas puede caer si su pupila no logra el protagonismo que quiere.

En definitiva, por lo que dicen las encuestas y lo que reconocen las mismas campañas con más opción de llegar al poder, Colombia deberá ir a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio siguiente, cuando solo los dos que más votos obtengan este domingo definirán en urnas realmente quién será el sucesor de Gustavo Petro. Además, de todo lo que se movió en campaña, quedó claro que el centro no será determinante, pues aspirantes que lo representan como el exgobernador Sergio Fajardo y la exalcaldesa Claudia López no llegan a dos dígitos en intención de voto.

Ahora bien, si nadie se impone este 31 de mayo –para hacerlo debería sumar la mitad más uno de los votos válidos–, la campaña por la siguiente cita a urnas será mucho más dura, porque si las mediciones no fallan el enfrentamiento sería entre dos punteros diametralmente opuestos. Aunque pueden no acertar y que Paloma Valencia crezca de la mano de Uribe o que todo se resuelva este domingo; eso hay que tenerlo claro.

Y una pincelada más. Cepeda también es un reconocido defensor de derechos humanos, cuyas investigaciones sobre nexos de la clase política tradicional con sectores ilegales han sido claves en la historia reciente. Fue parte del expediente por el que procesaron al expresidente Uribe por “soborno a testigos” y “fraude en actuación penal”; y también por el que sentenciaron al hermano del exmandatario, Santiago, por nexos con paramilitares. Eso sí, ambos casos están en revisión de instancias judiciales superiores a las que fallaron en un primer momento.

De la Espriella tiene una fuerte disputa con Paloma Valencia para no perder el terreno que ganó en la derecha y además es un millonario con ciudadanía estadounidense y propiedades y negocios en el exterior.

El matiz es que en política no hay heridas eternas, por lo que quienes ahora mismo se atacan pueden terminar unidos en la otra etapa electoral; si la hay. Y quien camina de la mano del actual establecimiento, que paradójicamente ahora es la izquierda que por primera vez llegó a la Presidencia con Gustavo Petro, sabe que solo no se impondrá en urnas.

Todo está aún en juego, en disputa, por lo que la expectativa es alta. El camino hacia un modelo aún más a la izquierda de lo que representa Petro o más hacia la derecha de lo que significa Uribe es lo que se definirá en las urnas. Y la región está pendiente.

Con Sánchez, adiós a la iniciativa privada libre (artículo 58); no más subsidiariedad del Estado (artículo 60); se acabó la libertad de contratar, para que el Estado modifique contratos entre privados (artículo 62). Sánchez quiere abolir el principio por el cual los recursos naturales son de la nación (de la sociedad peruana) para entregarlos al Estado (en buena cuenta, al gobierno de turno). Quiere espantar la inversión extranjera (indispensable para lograr el círculo virtuoso de la economía: inversión, empleo, consumo, crecimiento, tributación, desarrollo) y desconocer la jurisdicción arbitral internacional. Y esto es solo en las primeras páginas.

El "modelo" de Sánchez parece haber sido escrito por Antauro Humala. Se parece mucho a sus proclamas en pro de la autarquía, donde el Perú, aislado del planeta, no importa nada ni exporta nada, mientras que logra una supuesta sustitución de importaciones a través de una industrialización que, por supuesto, está en manos del Estado. ¿Les suena conocido? Es la receta económica de los 12 años de dictadura militar que sufrimos con Velasco y Morales Bermúdez. Esto ya lo vivimos y ya sabemos a qué abismos puede conducir. Costó tres décadas salir de esta tragedia que, a fines del siglo XX, tenía al 60% de peruanos en la pobreza.

Pero la izquierda no aprende. "La gran transformación", el plan de gobierno del 2011 de Ollanta Humala, era una versión de lo mismo. Luego, el "Ideario Programa" de Perú Libre que Pedro Castillo presentó como plan de gobierno iba por el mismo despeñadero. Planes inviables, nefastos, nunca se ejecutaron, gracias a Dios. Pero centraron el debate en el desafío de advertir al electorado a qué crisis lo estaban conduciendo y forzaron a Humala y a Castillo a abandonarlos en la segunda vuelta y, claramente, en sus gobiernos. Pero, como a estas alturas debe saber Sánchez, no basta con decir "no soy comunista" cuando lo que propones, por escrito, te compromete (por lo menos ante el electorado de primera vuelta) y grita exactamente lo contrario. Tampoco basta que Pedro Francke, con buena fe, diga en un debate público que "no se estatizará nada" y que "se respetarán todos los contratos". Es evidente que no tienen los votos en el Congreso para hacer las barbaridades que proponen. Pero ¿si los tuvieran? ¿No es eso realmente lo que quieren hacer? No basta con decir (¿recién esta semana?) que Julio Velarde se queda. No alcanza para generar confianza.

Hasta aquí, esta noche Keiko Fujimori tiene el debate económico ganado. Basta con leer el plan de Sánchez línea por línea y explicar el desastre boliviano que nos espera. Pero la realidad tiene otros matices. El plan de gobierno de Keiko Fujimori también tiene serios problemas en su asistencialismo y explosión del gasto público. Y, lo más importante, no basta con respetar los fundamentos de una economía libre. Hay que actuar políticamente en consecuencia. En el caso de Fujimori no tenemos solo que analizar un plan, tenemos que examinar los últimos cinco años en votaciones parlamentarias. El Consejo Fiscal ha emitido todas las advertencias. Julio Velarde, como presidente del BCR, lo mismo. Este Congreso, manejado por Fuerza Popular y sus aliados, ha expandido el gasto público a niveles peligrosos y ha apuntalado a cuatro presidentes en violar todas las metas de déficit fiscal. Esto, tan negativo como la propuesta de Sánchez, tiene el agravante de que no es una promesa: es una realidad.

Fuerza Popular ha hecho en estos cinco años algo que no se hace en una economía liberal: escoger ganadores. ¿Cuándo escoges ganadores? Cuando entregas exoneraciones tributarias que no tienen ya ningún fundamento en una situación crítica: agroexportadores, peluquerías, restaurantes; cuando creas una situación de beneficio para unos y no para todos (pensiones militares, pensiones de maestros); cuando creas aparatos burocráticos gigantescos con condiciones laborales de privilegio. ¿La madre de todo este desaguisado? La iniciativa de gasto parlamentaria. Sí, esa que "su" Tribunal Constitucional le regaló al Congreso, pese a la prohibición expresa de la Constitución.

Sánchez quiere cambiar la Constitución para destruir la economía, pero, felizmente, no puede. Fujimori no necesita de reforma constitucional para hacerlo. Ya lo hizo. Tiene un TC a su servicio. Fue lo mismo con la cuestión de confianza o la vacancia por incapacidad moral permanente. Fujimori ya demostró que puede destruir instituciones fundamentales sin tocar la Constitución. Ese ya no es un límite. Le basta con controlar el TC para que este lea lo que ella necesita. Donde dice textualmente "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" (artículo 79), el fujimorismo y el TC leen: gasta lo que te dé la gana, total "no es tu plata". Ahí está el reparto de obras en el famosito Anexo 5 del Presupuesto, como gran nido de corrupción parlamentaria.

Cómo será de escandaloso el daño económico ya hecho, que Keiko Fujimori ha ofrecido, recién esta semana, que "después de las elecciones" (precavida) va a mandar un "documento" (sic) al TC para cambiar la iniciativa de gasto del Congreso "a como era antes". Por su forma de expresarse parece que no comprende las implicancias jurídicas y económicas del déficit que han causado. Lo primero es que se requiere otra acción de inconstitucionalidad para que el TC cambie su criterio y, al hacerlo, quedará registrado su vergonzoso fallo anterior, comprometido con los intereses clientelistas del Congreso. No es, pues, un mero "documento", aunque por su forma de elaborar el pensamiento Fujimori debe creer que basta con su orden. Lo segundo es que el daño ya está hecho. Lo que le cuesta al país solo el despilfarro en pensiones militares puede ser tres puntos de déficit fiscal, según informa el Consejo Fiscal.

"Plata, hay", ha dicho Fujimori luego de ofrecer una Pensión 65 universal al 15% de la población del Perú, es decir, a más de 5 millones de adultos mayores, los que en su gran mayoría no tienen pensión de ninguna clase. ¿Esta es la responsabilidad económica que vencerá a Sánchez en el debate? ¿No son un par de irresponsables económicos los dos? Uno, promesa estatista aterradora; y la otra, realidad populista sin límites constitucionales.

Dios nos coja confesados. Son tal para cual.

Desde el año 2000, el país ha tenido presidentes sin mayoría en el Congreso, sin partido sólido y sin respaldo para gobernar con autoridad. Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte —y los interinatos fugaces de Jerí y Balcázar— conforman una lista grotescamente larga que preservó la competencia electoral porque ninguno tuvo la fuerza para suprimirla. La democracia peruana no ha sido el resultado de un proyecto colectivo. Ha sido el subproducto del empate permanente.

Ese equilibrio siempre fue frágil. Y hoy, a una semana de la segunda vuelta, quienes votan en blanco o viciado no están equivocados. Expresan el hartazgo de una generación que nunca vio una democracia que funcione. Ese voto también es democracia.

Dicho esto, hay un escenario que merece nombrarse. Por primera vez, uno de los candidatos no encaja en el perfil del presidente débil que el sistema produjo en serie. Como advierto el politólogo Steven Levitsky, Keiko Fujimori llega con presencia parlamentaria, vínculos en las Fuerzas Armadas y capacidad documentada de construir mayorías mediante alianzas que rozaron los límites de la legalidad. Tiene algo que ningún presidente reciente tuvo: palancas reales de poder.

La otra opción tampoco despeja dudas. El registro de votaciones de Roberto Sánchez muestra coincidencias incómodas con el fujimorismo: votó a favor de la Ley 31989, que debilitó los controles contra la minería ilegal, y quince congresistas de Fuerza Popular bloquearon su suspensión en 2023. En pocas palabras, rivales en las urnas y aliados en el hemiciclo. Pero, desde una lectura del poder, un presidente débil puede ser resistido dentro del sistema. Un proceso de concentración de poder es mucho más difícil de revertir y sobre ello pueden hablar las sociedades que hoy sufren los estragos de dictaduras.

Esta casa editorial jamás le dirá al lector cómo votar. Lo que sí hace es contar con honestidad periodística lo que vemos. La democracia peruana, maltrecha como está, sigue siendo el único espacio donde la ciudadanía puede organizarse, protestar y cada cinco años intentar corregir el rumbo. Ese espacio no es eterno. Finalmente, su preservación es tarea de todos, desde cualquier voto y lugar del país.