Representación y realidad: emoción, ver­dad, acuerdo. (Re)construcción de la experien­cia pictórica personal y su relación con la pin­tura de historia y las imágenes de los media en la contemporaneidad es el título del proyecto de tesis doctoral con el que presenta una inte­rrogante sobre el lugar que ocupa la pintura de “historia contemporánea” en un espacio en el que las imágenes que representan nuestro diario vivir y quehaceres domésticos están siendo acaparadas por el cine, por internet y las nuevas plataformas, posicionándolas de tal manera que casi no nos permiten pensar o ac­ceder a espacios más personales para observar nuestras inquietudes visuales cotidianas. Y él, insistiendo en lo suyo, nos propone series que trabajan el resultado de su observación. Recu­perando imágenes que nos invaden, siendo nuestro lenguaje más contemporáneo. Frases visuales que nos tratan de “vender” diversas actividades, realidades específicas y su con­secuente consumo con fórmulas publicitarias que lo inquietan, y nos lo comenta. Vemos a un observador minucioso que se pregunta sobre ese sistema que todo lo abarca y, quizá, repite sus metodologías, pero paradójicamente las moldea con el sable de la crítica sutil. Presen­tando opciones de conquistas visuales en ese mercado de imágenes de una manera sugestiva o misteriosa y con clara sencillez. Con frases visuales que subrayan manipulaciones e im­posiciones con las que estas cotidianidades nos vienen manejando.

Miguel Aguirre es el ejemplo de aquel artista que trabaja sobre lo que le preocupa, que cues­tiona sus entornos y los subraya. En el catálogo de su muestra más reciente en el ICPNA, nos comenta que durante su carrera ha realizado algunos retratos por encargo, pero considera que estas piezas se salen de su trayectoria por­que lo que él normalmente hace es hablarnos de lo que le preocupa, de aquello que le llama la atención en esa inmensa variedad de imáge­nes que a diario nos invaden para vendernos las realidades más felices, esas a las que nunca llegamos y que difícilmente existen.

Y otros artistas también son distraídos con esas arbitrarias exigencias para satisfacer inquietudes más comerciales, para hacerles ganar a quienes se las proponen ese sencillito de comisiones, disimuladas en caminos retor­cidos y claramente manipulados con los que los tuercen y a los que por necesidades de las más domésticas acceden, desviándose de sus verdaderas trayectorias. Por acceder a trofeos pecuniarios e inmediatos que, además, difí­cilmente llegan, saliéndose de sus cuestiona­mientos, de sus frases de protesta, olvidándose de sus inquietudes y verdaderas propuestas por buscarse el qué comer.

Y es responsabilidad de todos aquellos que organizan y comercializan con el arte, quienes con las excusas más inverosímiles y triviales como la de recostarse en la beneficencia ajena, caprichosa manipulación, van embaucando a quienes tendrían que ocuparse de asuntos más comprometidos, desviándolos hacia la búsqueda de esas banales y pequeñas recom­pensas económicas a las que quieren acostum­brarlos porque saben que, tanto como ellos, también las necesitan. Y los tratan de dirigir.

Porque es la nueva consigna, di­rigir y ordenar. Manipular las libertades para poder utilizar claridades ajenas como si fue­ran las propias, aquellas que transitan por caminos limpios, descubiertos por quienes se ocupan del desarrollo íntimo de sus intelectos manejando opciones más ho­nestas y rigurosas al avanzar: hacia su solitaria tranquilidad, hacia las respuestas visuales más personales y mejor logradas, hacia un nuevo orden del universo artístico.

Y sin que la manipulación de quienes traba­jan en “difundir” el arte sea suficiente, el Con­greso de la República ha dictado la Ley 32654. Una ley del artista que criminaliza el arte po­pular y viola la libertad de expresión exigiendo inmensos absurdos como el de necesitar una colegiatura para el ejercicio artístico formal, reconociendo como artistas únicamente a quienes cuenten con este título profesional.

Ya no son artistas Jean-Michel Basquiat, Eric Clapton, Max Ernst, Dizzie Gillespie, Jimi Hendrix, Frida Kahlo, Yves Klein (estu­dió para ser judoka), Vincent van Gogh, Yoko Ono, Henri Rousseau, Leonardo da Vinci, to­dos autodidactas…

¿Cuántos de los congresistas, quienes ahora y tan arbitrariamente quieren dirigir el camino de nuestras libertades, son colegia­dos? Colegiaturas que sí deberían tener pues nuestros destinos dependen de sus correctas deliberaciones…

Zapatero a tus zapatos.

Paralela a esa versión hay otra, según la cual EEUU estaría evaluando aplicar aranceles de 12,5% a las exportaciones de Perú, Chile y otros países que importen productos elaborados con trabajos forzosos. Vemos, entonces, que podríamos estar avanzando hacia el epicentro de la sinofobia del gobierno de los EEUU.

En el caso de Perú, la discordia es por el megapuerto de Chancay, considerado un peligro por los militares estadounidenses. En el caso de Chile, se trata de un rechazo por los cables submarinos de alta tecnología que nuestro vecino viene tendiendo por el océano Pacífico. Más los trabajos forzosos, claro.

¿A dónde puede llegar todo esto? Lo de Chancay se calmó un poco con compras militares de Lima a Washington, en la forma de aviones F-16 y de elementos para una modernización de la base militar del Callao. También se habla de una instalación aeroespacial al norte de Lima, es decir, en Chancay, y de la concesión de algunos puertos del sur.

Volviendo a los Institutos Confucio, estos son centros de estudios de la cultura china, cuyo funcionamiento Beijing financia por todo el mundo con el propósito de divulgar su cultura. Hay cientos de ellos, y no hemos escuchado sobre otros pedidos diplomáticos de clausura. Ningún país desarrollado tiene menos de diez, y muchos tienen veinte.

Hay en el Perú centros similares, privados o gubernamentales, de los principales países del mundo, pero en ningún caso se ha hablado sobre una posible clausura. El asunto parece una iniciativa del embajador estadounidense buscando ganar puntos en Washington (Pentágono o Departamento de Estado) a expensas de Torre Tagle.

Vemos, pues, que el próximo canciller no ha sido nombrado, pero ya podría estar metido en problemas con China hasta el pescuezo. ¿Las versiones que comentamos buscan influir en ese nombramiento? Lo más probable es que el Perú busque mantenerse en una posición intermedia entre las dos potencias en pugna, como se ha hecho hasta ahora.

Más fácil sería pedir un cambio de embajador estadounidense que inclinar nuestra política exterior hacia Donald Trump.

Estados como el alemán, el de Singapur o el chileno, tienen burocracias que atraen talento precisamente porque el Estado ofrece estabilidad y una remuneración que compite con el sector privado en condiciones transparentes. En el Perú la cosa, muy a pesar de los peruanos, es distinta.

Aquí el servicio público mejor remunerado no es necesariamente el más eficiente ni el más meritocrático. A veces es simplemente el que tiene más poder para fijarse sus propios beneficios sin que nadie se lo impida.

Un reportaje reveló que en cinco años, el gasto en planillas del Parlamento pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025. Un incremento del 125% que duplica el presupuesto de personal sin que la institución haya explicado públicamente los criterios que lo justifican. Todo esto mientras aprobaba leyes procrimen y firmaba convenios con el fuero militar.

La trayectoria de esto merece leerse con atención. El convenio colectivo que disparó estos beneficios fue suscrito durante la gestión del ahora senador electo fujimorista Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso y abarca el periodo 2026-2027.

El mismo parlamentario que presidió las leyes más cuestionadas de la legislatura saliente también firmó el acuerdo que el nuevo Congreso bicameral ya heredó.

Con 190 congresistas en lugar de 130 y siete asesores de confianza por cada uno, el costo del nuevo Parlamento puede superar con creces los S/906 millones del año pasado. El primer acto de responsabilidad fiscal del nuevo Congreso debería ser revisar ese convenio. Lo mínimo que le debe al país que, al final de cuentas, lo paga.

Un movimiento sísmico que en otras circunstancias hubiera causado alarma pero no muertes, en estas comunidades fue suficiente para llevarse vidas. Eso es lo que el Perú tiene que leer con atención esta semana, con un nuevo gobierno a punto de asumir.

Hay un argumento que se repite cuando el país crece, el de que el crecimiento económico lo resuelve todo con el tiempo. Y es cierto que entre 2000 y 2025 el Perú redujo la pobreza de más del 50% a alrededor del 30% y expandió su clase media a un ritmo notable.

Sin embargo, millones de familias siguen viviendo en viviendas autoconstruidas, sin asistencia técnica, en zonas de riesgo sísmico, sin estudios de suelo y sin cumplir ninguna norma mínima de construcción. Lo de Junín no es un accidente. Es el resultado directo de una precariedad que el crecimiento económico todavía no alcanzó a resolver y que el modelo celebrado en los discursos oficiales no suele mencionar.

El Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica del planeta, y registra al menos 400 sismos perceptibles al año. Lima tiene más de diez millones de habitantes, un déficit estructural de viviendas formales que acumula décadas y es, según los expertos, la capital más vulnerable a un gran terremoto en América Latina. Cuando llegue el próximo sismo, y los geólogos coinciden en que llegará, Lima, como muchas otras que tenemos hoy, no está en condiciones de resistirlo.

El nuevo gobierno y el nuevo Congreso bicameral tienen en esto una tarea que va mucho más allá de la respuesta de emergencia. Un plan de Estado para reducir la vulnerabilidad sísmica, con reforzamiento de viviendas informales, actualización del mapa de riesgo de Lima y mecanismos para que las familias más vulnerables puedan mejorar sus construcciones con asistencia técnica, es una prioridad de seguridad nacional.

Lo que pasó en Junín esta semana fue una advertencia moderada. Los peruanos no deberían esperar la grande para empezar a prepararse.

Vivimos una auténtica hemiplejia institucional. Mientras Julio Velarde defiende la frontera monetaria desde el BCR con la seriedad de siempre, el Congreso se ha dedicado a fundar una doctrina fáctica que bien podríamos bautizar como fujisocialismo: una alianza donde Fuerza Popular, con el voto militante de su bancada, perforó la caja fiscal por la espalda de la mano de sus supuestos enemigos ideológicos, sacándole la vuelta al artículo 79, que prohíbe al Parlamento tener iniciativa de gasto.

Las alertas del Consejo Fiscal son escalofriantes: entre planillas permanentes por insistencia y el desmantelamiento del ahorro privado, este Legislativo le ha infligido un golpe de decenas de miles de millones de soles a la estabilidad financiera, empujándonos al mayor déficit fiscal en un cuarto de siglo.

La contradicción tiene nombres en las actas. Fue este bloque el que articuló la Ley 32561 para la nivelación de pensiones militar-policial, inyectando una presión irreversible de 11.400 millones de soles anuales. Fue el fujimorismo el que avaló la Ley 32387, que modificó el Foncomun para atomizar el presupuesto en alcaldías aliadas, y el que promovió beneficios tributarios ciegos como la rebaja del IGV Justo a restaurantes; un fiasco donde el 76% del sacrificio fiscal benefició exclusivamente al 20% de las empresas más grandes.

La joya de la corona de este mercantilismo es la agroexportación, sector al que le devolvieron privilegios reduciendo el Impuesto a la Renta al 15%. Y el golpe de gracia llegó en educación: en un pacto para asegurar la Mesa Directiva, Fuerza Popular unió sus votos con la izquierda y el Bloque Magisterial para desmantelar la meritocracia, ordenando el nombramiento automático de docentes jalados y reincorporando a 14.000 cesados. ¿La factura? Más de 5.000 millones de soles anuales en gasto corriente.

Para financiar esta farra y pagar favores políticos, se recortaron 7.600 millones de soles destinados a la inversión pública. El ciudadano de a pie sufrirá este infarto al desarrollo cuando vaya a un hospital público y, como siempre, no le den medicinas o citas. Las comisarías seguirán con patrulleros sin gasolina y seguirán colapsando los desagües por falta de saneamiento. Los colegios se seguirán cayendo. Lo más preocupante: ante la inminencia de los letales efectos del Fenómeno del Niño, la demagogia de las curules desvistió el presupuesto de prevención climática; cuando los ríos se desborden por falta de prevención, la culpa no será de la naturaleza, sino de los votos.

La gran ironía histórica está consumada. Keiko Fujimori llega a Palacio con una economía asfixiada por la voracidad de su propia bancada. A partir del 29 de julio, tendrá que elegir entre ser el dique de contención que frene a este fujisocialismo parlamentario o terminar de quebrar el modelo que su propio padre fundó.