Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que cualquier investigación académica se inicia con una hipótesis, es decir, una idea que, luego de una labor de recolección de fuentes y de análisis serio, podremos comprobar o descartar. Con el LUM pasa lo mismo: cada cual puede tener su hipótesis, pero, si no investigamos, no sabremos si lo que nos dicen es cierto.

El recorrido inicia con una foto sobre la quema de ánforas electorales en Chuschi en 1980, con la que Sendero Luminoso (SL) inició la violencia. Se muestran las actividades de su líder en la Universidad de Huamanga, así como una carta de la comunidad de Uchuraccay pidiendo ayuda por los ataques senderistas. También hay una foto impresionante de unos estudiantes velando en un aula a su compañero Luis Sulca, asesinado por SL en 1986 en Vilcashuamán por considerarlo un traidor.

Pero quizás la parte más conmovedora es la sala con los videos de las víctimas. El excanciller García Belaúnde narra el caso de su padre, Domingo García Rada, quien sobrevivió a un atentado de SL en 1985, cuando presidía el JNE. También está Georgina Gamboa, que cuenta cómo fue violada por varios soldados en 1980, cuando era una adolescente en Vilcashuamán, y quedó embarazada a los 17 años.

Por ello, el LUM no tiene un guion parcializado, sino que hace el esfuerzo de mostrar todas las dimensiones de la violencia, las heridas abiertas y el impacto en nuestras vidas, lo cual nunca será una tarea fácil.

Pero no me tienen que creer. Visiten el LUM de manera presencial o virtual (https://lum.cultura.pe/visita360) con su propia hipótesis, pero, sobre todo, con la convicción de que el Perú no se puede arriesgar a que el olvido forzado venza a la memoria pendiente.

La pelota ha sido embarrada, y no solo por él. La senadora paraguaya Celeste Amarilla puso su escandalosa cuota de racismo al insultar a Kylian Mbappé; algunos árbitros hicieron lo suyo al convertir al VAR en un oráculo sospechoso, tal como ocurrió en el partido entre Argentina y Egipto; la ultraderecha española ha atacado a Lamine Yamal, jugador de su propio equipo.

Muchos aficionados, como el suscrito, cavilamos entre la pasión y la decepción. Sabemos que el fútbol se ha convertido en un meganegocio, que la FIFA hace y deshace cual potencia mundial informal, que se maquina para que las "estrellas" siempre salgan bien libradas y los dólares también. Que la geopolítica ha entrado a este Mundial 2026 cometiendo grotescos fouls.

Aun así, la nobleza del fútbol no ha quedado totalmente fuera de juego. Tuvimos a un heroico equipo de Cabo Verde, que se rebeló contra el poder y el destino; todavía tenemos en acción a un austero Erling Haaland, que mete goles con una serena y asombrosa determinación nórdica; y a los jugadores y entrenadores de más de un equipo, que levantaron la voz por Palestina.

En cierto modo, quizás haya sido mejor que la FIFA se desnude de ese modo, que el escándalo sea de tal magnitud que ya no se pueda meter debajo del césped. En algún momento, quienes salvarán este hermoso deporte no serán los Trump ni los Infantino, sino personas como Lise Klaveness, la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, una mujer de otra estirpe ética.

La exfutbolista denunció las tropelías de Catar 2022 contra los trabajadores migrantes y ha abogado por el respeto a los derechos humanos en los torneos. Desde esa cancha puede venir la posibilidad de que un día no sintamos que el Mundial es una feria de tráfico de influencias, sino un episodio donde los poderosos no siempre son dueños de la pelota.

Sin embargo, habría que poner aún entre comillas a la 'oposición'. Este título no se obtiene al momento de la elección, sino que se gana conforme se actúa frente al régimen. Cabría recordar la vieja mala práctica del fujimorismo de cooptar parlamentarios de 'oposición' y volverlos útiles a sus pretensiones, sea a través de votos explícitos o de inasistencias en momentos clave.

En el caso de la Cámara de Senadores, este riesgo es mayor. FP y RP tienen juntos 29 senadores —si es que López Aliaga cumple su palabra y no se presenta a juramentar—, mientras que la incipiente coalición parlamentaria de JPP, Obras y AN tiene 23 senadores. Los votos de BG, siete, permitirían un triunfo de la oposición por un voto. Esta elección es central, pues, al existir un escenario de empate permanente en esa cámara, el voto de quien presida el Senado se vuelve dirimente.

Si esto es así, es vital que la ciudadanía que votó en contra de Fujimori —más de nueve millones de personas— interpele a las fuerzas políticas que se han autoproclamado de oposición para que cumplan con un mandato democrático central: asegurar un contrapeso en el poder. El equilibrio de poderes se ha roto gracias al desempeño del Congreso que se va y de los títeres que ocuparon el sillón presidencial. Esta situación puede verse agravada si el fujimorismo logra capturar nuevamente el control de las mesas directivas.

Oposición con memoria

Los autoritarismos, como el que encarna una fuerza política como el fujimorismo, buscan imponer su dominación sobre la base del miedo represivo, pero también de la hegemonía cultural. En otras palabras, esperan tener legitimidad en su acción. Por eso necesitan instalar maneras de interpretar la realidad que les convengan, al punto de transformar acciones violentas en necesarias para la salvaguarda de la nación.

La llamada posverdad, la distorsión antojadiza de la verdad, ha estado presente en la política de los Fujimori: del padre en los noventa y de la hija en la última década. Ser oposición democrática hoy en el Perú requiere actuar con memoria. Requiere posicionarse contra las políticas de olvido, de impunidad y de cinismo. Por tanto, junto con mantener un mínimo de equilibrio de poderes, salvaguardando las mesas directivas del nuevo Congreso, la oposición tiene que implementar una agenda de desmantelamiento de las leyes de impunidad que buscan liberar de culpa a policías y militares que hayan violado derechos humanos, tanto en escenarios recientes de represión como respecto de quienes hayan sido artífices o autores mediatos de graves violaciones de derechos humanos en contextos de lesa humanidad.

La memoria que quieren borrar

Hoy existe una oposición valiente a las políticas de impunidad en el Poder Judicial. Algunas magistradas y algunos magistrados han demostrado que la defensa de los derechos fundamentales está por encima de la imposición violenta de la impunidad, y sufren represalias.

Por ejemplo, la última sentencia en el caso de Pedro Huilca Tecse, que declara la nulidad de la absolución de Montesinos, Rivas y otros miembros del Grupo Colina, debe ser leída con atención y saludada como un esfuerzo de la Corte Suprema por defender el derecho a la justicia.

La sentencia señala que el juicio debe volver a llevarse a cabo, pues los jueces que revisaron el caso en primera instancia no fundamentaron adecuadamente las razones de la absolución y no valoraron las pruebas aportadas por la Fiscalía y la familia de Pedro Huilca.

La sentencia rebate la supuesta desactivación del Grupo Colina a finales de 1992 y recuerda que incluso en 1993 seguía operando de manera puntual al servicio del régimen. También expresa extrañeza por la ausencia de valoración del testimonio y de las misivas escritas por dos exagentes de inteligencia, integrantes del Grupo Colina, quienes señalan que este comando paramilitar recibió la orden de asesinar a Huilca por ser un opositor al régimen.

Ahí es donde creo que radica la vigencia del caso de Pedro Huilca y lo que nos permite conectar el pasado con el presente. La sentencia señala la necesidad de evaluar adecuadamente el contexto en el que se desarrolla el asesinato de Huilca, líder sindical excepcional en el país, en un momento clave de la historia. Huilca fue un verdadero opositor al régimen de Fujimori y un organizador de la resistencia ciudadana frente a la imposición del autoritarismo neoliberal de Fujimori. Su asesinato, señala la sentencia, no es un crimen más: se inscribe en una política estatal de eliminación selectiva y, por tanto, en un contexto de lesa humanidad. Si se demuestra la tesis fiscal, se desbarata el relato de una persecución dirigida únicamente contra supuestos senderistas.

Esta sentencia desafía los nuevos intentos de impunidad normativa del fujimorismo, como la Ley 32107, que promueve la prescripción de los delitos de lesa humanidad. En el ejercicio de su potestad de control de convencionalidad, los magistrados asumen una posición garantista y señalan que este caso tiene repercusiones en el presente. Así, el asesinato de Pedro Huilca en 1992 puede ser una pieza clave para poner en evidencia la lógica autoritaria del nuevo régimen de la hija del exdictador.

Por si no lo conocen, el texto del artículo 79 de la Constitución dice: 'Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto'. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional leyó ese artículo en 2022 e interpretó que ahí decía exactamente lo contrario? ¿No es acaso prevaricato? Ni crear, ni aumentar. Punto.

Los asesores económicos de Fujimori ya lo habían advertido. Luis Carranza lo reiteró en varias entrevistas durante el verano: el Congreso no puede seguir gastando de manera demencial. Con la interpretación complaciente del TC, cualquier ministro de Economía queda con las manos atadas. Ninguno medianamente decoroso aceptaría el cargo en esas condiciones, pues no sería más que un portapliegos del Congreso. Por eso, Keiko lo insinuó en campaña: dijo que los congresistas “no tienen iniciativa de gasto” y que pediría “una evaluación al TC”. Claro, después de que su bancada aprobara todas las leyes que contribuyeron al agujero fiscal que ahora hereda. Vaya hipocresía.

Más rápido que volando, el TC ha cumplido las órdenes, antes de que jure la presidencia. El Ejecutivo de Boluarte, en 2023, demandó la inconstitucionalidad de la ley de reubicación voluntaria de la Zona Baja del distrito de Belén, en Iquitos. No tenían ni evaluación ni programación presupuestal. Pasaron ¡dos años y medio! Y, súbitamente, el 16 de junio el TC decidió que “variaba su criterio jurisprudencial”. Para tapar la vergüenza, desarrollan unos criterios en los que el Congreso sí puede gastar (cosa que sigue sin decir la Constitución) siempre que lo autorice el MEF (cosa que tampoco dice la Constitución).

No puedo estar más a favor de que se enmiende el estropicio, pero aquí hay responsables. Un TC totalmente politizado, al servicio del Congreso, que gobernó el Perú los últimos cinco años con Fuerza Popular a la cabeza, es un desastre económico en marcha. Darle iniciativa de gasto al Congreso es como darle una ametralladora a un niño. Nada bueno sale de ahí. Lo sabían, siempre lo supieron y solo lo enmendaron cuando el viento político cambió. Si el nuevo Senado quiere una sola razón para destituir al TC, aquí tiene una. Falta grave es sentenciar contra el texto expreso de la Constitución. No hay nada que probar porque ellos mismos lo han reconocido. ¿O no?

¿Por qué es importante un Tribunal Constitucional que sí defienda la Constitución? Porque ese es el escenario donde todas las violaciones a los derechos fundamentales se juegan. Defender el capítulo económico de la Constitución, el equilibrio presupuestal, el derecho de propiedad y la libertad de contratar es igual de importante que defender el derecho a la vida. Derecho que está siendo menoscabado también por este espanto de Congreso que, felizmente, ya se va.

Las seis iniciativas para exculpar a policías y militares de crímenes horrendos cometidos contra civiles (asesinato, desaparición forzada, tortura, violaciones sexuales) no son más que la reedición del Manual de Montesinos. En la década del 90 del siglo pasado, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desarrollaron un esquema jurídico de impunidad para sí mismos, la cúpula militar que los sostuvo y los operadores militares como el Grupo Colina. Fernando Rospigliosi, que en ese entonces combatía ese horror, sabe muy bien cómo termina esa historia: con todos presos. Pero sabe también que el tiempo es un aliado del mal y que, usado para obtener ventaja temporal, puede derrotar a los que buscan justicia.

Un Congreso que le quitó el derecho a los más pobres a contar con un abogado financiado por cooperación internacional para luchar contra cualquier abuso del Estado (Ley APCI) es un Congreso cruel y miserable. Un TC que no corrige tremendo atropello, que valida todas las violaciones al debido proceso perpetradas por el Congreso, no merece quedarse porque no sirve para lo único que debe servir: defender la Constitución que ampara nuestros derechos.

El hecho de que Rospigliosi hiciera aprobar leyes de favor a presuntos y no presuntos delincuentes, policías y militares en retiro y en actividad, en plena campaña electoral, da cuenta de que este es el mensaje de Fujimori. No le importó el costo electoral. Ganó con las justas. Perdió en el territorio nacional. Estas leyes han sido más importantes que el voto popular y que perder en 16 regiones. El mensaje no puede ser más contundente; de ahí el temor fundado de que perderemos muchos más derechos en los próximos cinco años y de que un gobierno de gran represión es no solo posible, sino viable por la impunidad garantizada, aunque sea temporalmente, desde el poder.

Keiko Fujimori recibió la última semana al alcalde de Puno y al de Juliaca. Ellos pidieron una comisión investigadora para los muertos de las matanzas de 2023. Ella les ofreció obra pública. ¿Ese va a ser el tono de su mandato? ¿Obras por muertos? Este TC se debe ir en mayo del próximo año. Se necesitan 40 votos en el Senado para nombrar otro. Eso será imposible si la moneda de cambio es sacrificar el capítulo de derechos fundamentales. Los escenarios son, por lo tanto, durísimos: un TC que, pudiendo ser vacado por faltas graves, se queda muchos años porque está al servicio de Keiko Fujimori y no al servicio de la Constitución. No nos queda sino pelear. Las cartas ya han sido echadas.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2025, publicado esta semana por el INEI, revela que los mayores de 60 años ya representan el 14.8% de la población, frente al 11.7% de 2017, sumando cinco millones de personas. Sin embargo, no es lo más grave.

Las proyecciones del INEI señalan que al 2040, por primera vez en la historia del país, habrá más adultos mayores que menores de 15 años. Es decir de que el Perú envejece sin haber construido la red que necesita para sostener a quienes ya trabajaron toda su vida.

Pero hay otro dato que debería interpelar y motivar acciones de Estado a todos los que toman decisiones en el país. Por ejemplo que siete de cada diez adultos mayores se encuentran ahora fuera del sistema de pensiones, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del INEI.

Actualmente, solo el 22% de la población económicamente activa cotiza a una AFP o a la ONP y, según ese documento, el 45% de los peruanos mayores de 35 años espera que su familia los sostenga cuando ya no pueda trabajar.

Y en ello hay una brecha de género que agrava el cuadro. Entre los adultos mayores con algún sistema previsional, los hombres llegan al 40.4% y las mujeres al 23%, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Ni qué decir de lo que ocurre en las zonas rurales, donde el 53% de las mujeres adultas mayores son analfabetas.

El censo confirma además que departamentos como Puno, Pasco y Huancavelica registran tasas de crecimiento negativas. La gente se va de donde la vida se hace insostenible, y en esos mismos lugares la vejez es más precaria, como vemos con el analfabetismo femenino que supera el 50%.

La reforma previsional aprobada en 2025 mediante la Ley 32123 existe pero todavía espera reglamentación.

Publicar ese reglamento, ampliar la cobertura de Pensión 65 y crear incentivos para que las empresas formalicen a sus trabajadores son decisiones que competen la vigilancia activa de todos.

El Día Mundial de la Población es la ocasión para recordar que el censo acaba de mostrar cuánto tiempo lleva el país postergando esa conversación, como tantas otras, por la falta de políticas de Estado de consenso con base técnica y no impuestas por el gobernante de turno.

La respuesta, para la mala suerte de los peruanos, es siempre es la misma. Sin un orden jurídico que funcione, la democracia se convierte en una competencia donde gana el más fuerte, no el que tiene la razón ni el que tiene justicia de su lado. Por eso justamente el derecho internacional de los derechos humanos existe, para que esa lógica no sea la última palabra. Y por eso preocupa tanto cuando un Congreso usa la forma del derecho para vaciar su contenido.

La Comisión Permanente aprobó con apenas 14 votos el Proyecto de Ley 14337 que el fujimorismo vendió como “el cumplimiento del Estatuto de Roma”.

Nada más lejano. Y hay un problema de fondo: tipificar el delito de lesa humanidad en el Código Penal no era obligatorio según ese mismo Estatuto. Su mecanismo es de complementariedad. Es decir que si un Estado no puede o no quiere juzgar esos crímenes, la Corte Penal Internacional asume dicha jurisdicción.

Por eso, Argentina, el referente regional en la materia, aplica directamente el Estatuto en sus tribunales sin necesidad de una ley interna. Estos vestigios del Congreso que legisla en contra del Perú hasta el cansancio desde la única instancia que les queda, decidió reemplazarlo con un texto diferente.

Ese texto es más restrictivo que el Estatuto que supuestamente dice cumplir. El Estatuto de Roma exige que las conductas sean cometidas con conocimiento de un ataque generalizado o sistemático. La ley aprobada exige además intención, un requisito que el Estatuto no contempla y que eleva el estándar probatorio por encima del derecho internacional vigente. España, Chile y Colombia tipificaron el delito siguiendo el Estatuto sin añadir ese elemento. El caso impuesto por los restos del pacto, por tanto, ignora deliberadamente esa jurisprudencia.

Las consecuencias son concretas. La norma podría permitir la revisión de 150 sentencias condenatorias y afectar más de 600 procesos en curso por graves violaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos confirmó que la norma facilita el archivo de casos antiguos. Esa es exactamente la función del requisito de intención que el fujimorismo introdujo.

El presidente encargado Jose María Balcázar tiene la responsabilidad de observar la autógrafa porque la voluntad del fujimorismo de desistir de su intentona antidemocrática ha quedado clara con la votación uniforme de la bancada de Fuerza Popular para aprobarla al caballazo. Una norma que pone en riesgo 150 sentencias y 600 procesos no es un avance en materia de derechos humanos.

En muchos colegios, el deporte se enseña bajo la misma lógica que otras prácticas tradicionales: disciplina estricta, órdenes irrefutables y escaso margen para la autonomía. El resultado es previsible: alumnos que ejecutan, bien o mal, pero que no piensan ni deciden, asumiendo que la rigidez es parte del juego. Así, el fútbol pierde su potencial formativo y se reduce a un ejercicio de control, o a un espacio que se utiliza para “llenar” el tiempo cuando pareciera no haber nada más que enseñar.

A esto se suma un problema aún más profundo: el fútbol sigue representando un machismo estructural que valora la fuerza por sobre cualquier otra cualidad. La agresividad se celebra como virtud, mientras que la sensibilidad o la cooperación son relegadas, e incluso descalificadas como “femeninas”. Se masculiniza el contacto brusco y se feminiza la debilidad, consolidando un imaginario empobrecedor desde el punto de vista pedagógico.

Expresiones como “no seas niña”, “actúa como hombre”, “deporte de machos” o “el fútbol no es para mujeres” no son inofensivas, son manifestaciones cotidianas de un sistema patriarcal que ha convertido este deporte en uno de sus principales bastiones, reproduciendo estereotipos y excluyendo otras formas de participación.

El problema central no es cómo se juega, sino qué se aprende mientras se juega. Cuando se premian la intimidación o la dureza excesiva, se está enseñando que dominar al otro es legítimo si el objetivo es ganar. Cuando lo único que importa es el resultado, el deporte deja de ser una instancia formativa para convertirse en una herramienta para “alcanzar” el éxito.

Las consecuencias son evidentes: estudiantes ridiculizados por su rendimiento, compañeros excluidos y equipos donde los físicamente dominantes se constituyen en una suerte de élite. En ese microcosmos, la cancha reproduce lo peor de las jerarquías sociales: concentración de poder, reconocimiento desigual y silencios cómplices frente a la humillación. Y, aun así, muchos seguirán insistiendo en que “solo es un juego”.

Aquí emerge el dilema ético central: la escuela, que debería promover igualdad y respeto, termina reforzando lógicas de exclusión mediante la repetición de la rudeza como lenguaje dominante. Se valora más el rendimiento que a la persona, instalando la peligrosa idea de que todo vale si conduce a la victoria.

No sorprende entonces que insultos, simulaciones o agresiones sean tolerados en nombre de la competencia. La violencia deja de ser una falta para convertirse en estrategia. El rival deja de ser un otro legítimo y pasa a ser un obstáculo que hay que superar, así se le dañe, perdiéndose el sentido más elemental del deporte: aprender con otros, no contra otros.

Frente a este escenario, el silencio adulto resulta especialmente nocivo. Cuando docentes o entrenadores no intervienen —o legitiman estas conductas— están educando en la violencia y justificando la segregación. Están transmitiendo una determinada idea de éxito y de moral que deja huella para el resto de la vida.

El desafío, entonces, es profundo. Implica repensar el lugar del deporte en la escuela y recuperar su dimensión ética. Volver a una idea simple pero fundamental: competir no es abatir al otro, sino crecer con él. Ganar no puede justificar cualquier medio, y el verdadero aprendizaje no está en el marcador, sino en cómo se alcanzan los objetivos de manera colectiva, respetuosa y consciente.

Si la escuela pretende formar ciudadanos y no solo competidores, debe comenzar por revisar qué está enseñando en sus propias canchas. Porque, al final, el fútbol escolar no solo forma jugadores: forma, sobre todo, personas. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.

Por ejemplo, las montañas de “Topografías del desplazamiento” de Yiriane Kahn son memorias mineralizadas donde el cemento pesa porque conserva la gravedad de todo aquello que alguna vez sostuvo una vida. Si el papel de algodón aparece como una epidermis vulnerable, la resina actúa como esa delgada película con la que el tiempo intenta preservar aquello que inevitablemente terminará descomponiéndose.

Luego aparecen las modulaciones. Fragmentos que parecen desplazarse unos respecto de otros como placas tectónicas de la conciencia en una composición que no aspira al equilibrio clásico, prefiere la incertidumbre. Cada pieza parece preguntarse cuánto puede deformarse una identidad antes de dejar de reconocerse. Y entonces llega el desierto como el único lugar donde el silencio posee volumen.

Así, en “Desierto Zalleta” la memoria no se manifiesta por acumulaciones sino mediante vacíos. Donde creemos haber olvidado algo, la experiencia trabaja con mayor intensidad. Los “Portales” son umbrales suspendidos entre dos respiraciones donde la pintura, lejos de representar una puerta, genera el acto mismo de atravesarla. Hasta que finalmente llegan las sedas.

Difíciles de clasificar, más cercanas a una muda de piel que a una pintura tradicional. Suspendidas como crisálidas, conservan la memoria de un cuerpo que ya no existe y anuncian otro que todavía no termina de aparecer. Allí la materia alcanza una paradoja admirable: cuanto más frágil parece, mayor capacidad demuestra para sobrevivir al tiempo. La seda como metáfora del propio devenir.

-Íntima gravedad-

Probablemente esa sensibilidad hacia las mutaciones explique también la trayectoria de Yiriane Kahn. Nacida en Santo Domingo en 1985, formada primero en Lima, luego en Barcelona y, más recientemente, en Madrid, su biografía dibuja una geografía semejante a la que despliegan sus obras, una existencia construida sobre desplazamientos sucesivos.

Sin embargo, sería un error reducir su producción a la experiencia migratoria. Cada ciudad le aportó un lenguaje distinto. Lima parece haberle entregado la intuición del territorio. Barcelona, el rigor formal. Madrid, la posibilidad de convertir la investigación en una metodología poética. El resultado, además de una suma de influencias, es una voz extraordinariamente reconocible.

Y una coherencia poco común. Desde sus exposiciones Raíces, Mirada Azul, Godai, Elementos o Fragmentos, la artista ha venido persiguiendo obstinadamente una misma pregunta: ¿cómo representar aquello que nunca permanece? Devenir… no rompe con esa trayectoria, la lleva hasta una profundidad inesperada en una época donde todo se actualiza, se reemplaza y se acelera.

Frente a esa ansiedad contemporánea, Yiriane Kahn propone una lentitud casi geológica. Transformarse no es abandonar lo que fuimos, tal vez solo permitir que todas nuestras versiones continúen respirando bajo la superficie.

Quizá la verdadera geografía del cambio no sea el mapa de los lugares que hemos habitado sino el relieve secreto de las personas que hemos dejado de ser y que, silenciosamente, todavía nos sostienen.

…

Datos:

Lugar: La Galería.

Dirección: Conde de la Monclova 255 - San Isidro.

Fechas: Hasta el 8 de agosto.

Horario: De lunes a viernes, de 11 a. m. a 7 p. m. Sábados, de 3 a 7 p. m.