Mientras el gobierno plantea reformas absurdas como la movilidad del Lugar de la Memoria, o incluye decisiones que ameritan debates más amplios, el crimen organizado quemó vivo dentro de su vehículo a un hombre de 35 años en Los Olivos. La razón es negarse a pagar un cupo semanal de S/40. Como consecuencia, más de 50 unidades de transporte público decidieron no salir hoy.

En paralelo a estas desgracias, el Ejecutivo fujimorista acusa a diputados de ser obstruccionistas. No obstante, ante dichas denuncias, vale la pena recordar que el paquete presentado va mucho más allá de la seguridad y El Niño que el gobierno invoca como justificación. Entre varios asuntos no prioritarios, incluye la regulación de tasas de interés bancarias y modificaciones al sistema financiero. No es exagerado sostener que dichas medidas merecen un debate de Estado amplio y serio, no una aprobación apresurada.

En ese sentido, conviene clarificar la discusión pública alrededor de esto, ya que si un gobierno que lleva dos meses sin emitir los decretos de urgencia que podía dictar por iniciativa propia no lo hace, no es porque necesita más poderes, sino porque necesita usarlos.

Por ello, el debate de hoy en la Cámara de Diputados importa. Pero importa en tanto ponga de relieve lo que ocurre en las calles y contra los ciudadanos que exigen que sus autoridades finalmente gobiernen. Eso también es democracia.

Y ante una entendible denegatoria a la solicitud de facultades, el gobierno sigue teniendo el poder y puede gobernar con lo que ya tiene. En otras palabras, demostrar que la gobernanza no depende de las facultades que el Parlamento le otorgue, sino de la voluntad política de ejercer las que ya posee.

Cada mañana a las 9.00 a. m., Ucrania se detiene.

En todas las ciudades de Ucrania, los altavoces que normalmente se utilizan para advertir sobre ataques aéreos rusos inminentes transmiten el constante tic-tac de un reloj.

Las calles de la ciudad, normalmente llenas de vida, quedan en silencio.

Los semáforos se ponen en rojo. Los automóviles se detienen.

Durante un minuto, todo un país hace una pausa.

Este es el momento diario de silencio de Ucrania, un acto nacional de conmemoración para quienes han perdido la vida en la guerra ilegal de Rusia. En lugares de trabajo, hogares, escuelas, mercados y carreteras, los ucranianos hacen una pausa para honrar a quienes dieron su vida defendiendo la soberanía y la libertad de su país, y para recordar a los miles de civiles cuyas vidas se han perdido a causa de la agresión rusa.

PUEDES VER: Ucrania registró en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia, según un informe de la ONU

Este silencio también refleja la ausencia que sienten miles de familias cuyos seres queridos aún no han regresado a casa.

Entre ellos se encuentran los miles de niños ucranianos que han sido trasladados por la fuerza y deportados ilegalmente por Rusia a lo largo de la guerra. Separados de sus familias y comunidades, muchos han sido privados de elementos fundamentales de su identidad: su idioma, su cultura e incluso sus nombres.

Otros son civiles detenidos ilegalmente en territorios temporalmente ocupados por Rusia. Muchos han sufrido represalias por enseñar su idioma, practicar su cultura, expresar su oposición a la ocupación o compartir la verdad sobre lo que han presenciado. Algunos han sido trasladados a centros de detención en Rusia, donde permanecen retenidos sin el debido proceso, privados del contacto con sus seres queridos, sin acceso adecuado a atención médica y fuera del alcance de una supervisión independiente.

Las condiciones de los prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia rusa siguen siendo igualmente preocupantes. Quienes han regresado han denunciado malos tratos, mientras que organismos independientes han documentado abusos generalizados, incluidas torturas y violencia sexual.

Estas no son consecuencias colaterales de la guerra de Rusia. Las acciones de Rusia constituyen violaciones reiteradas y ampliamente documentadas del derecho internacional, cometidas a gran escala en un intento de quebrantar la voluntad del pueblo ucraniano.

Detrás de cada caso hay una historia humana: un padre o una madre esperando a un hijo, una pareja esperando una llamada telefónica, una familia esperando que alguien regrese a casa.

Sabemos que la verdadera medida de la paz se encuentra en estas historias centradas en las personas. Se encuentra en un niño que regresa con su familia, en un civil liberado de una detención ilegal, en un prisionero de guerra reunido con sus seres queridos y en una comunidad que tiene la oportunidad de sanar y reconstruirse.

La magnitud de este desafío es inmensa, y ningún país u organización puede afrontarlo por sí solo. El éxito requiere una cooperación sostenida entre gobiernos, organizaciones internacionales, actores humanitarios y la sociedad civil.

Por esta razón, Canadá, Noruega y Ucrania reunirán a ministros de Relaciones Exteriores y socios internacionales en Toronto los días 28 y 29 de septiembre para la segunda Conferencia Internacional 'Caminos hacia la Paz: Retorno de los Niños Ucranianos, los Civiles Detenidos y los Prisioneros de Guerra'.

Basándose en los avances logrados en la conferencia ministerial sobre este mismo tema, organizada por nuestros tres países en Canadá en 2024, la conferencia reunirá a socios internacionales para apoyar los esfuerzos de Ucrania destinados al retorno, la rehabilitación y la reintegración de los niños ucranianos deportados, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra.

Su regreso es un imperativo humanitario y un elemento fundamental de cualquier proceso de paz, ya que contribuye a generar confianza y a sentar las bases de una paz justa, duradera y digna. Cada persona que regresa reúne a una familia. Cada familia reunida fortalece una comunidad. Y cada comunidad que prospera contribuye a la reconstrucción de Ucrania.

Cada mañana, millones de ucranianos hacen una pausa para recordar a quienes ya no están y a quienes aún no han regresado. En ese ejercicio de memoria, y con una valentía e ingenio extraordinarios, también reparan lo que Rusia ha destruido, se cuidan mutuamente y fortalecen las comunidades que la agresión rusa ha intentado desgarrar.

Nuestra esperanza es que Caminos hacia la Paz movilice a la comunidad internacional no solo para hacer una pausa junto a Ucrania en señal de recuerdo, sino también para actuar a su lado y ayudar a traer de regreso a cada niño deportado, cada civil detenido y cada prisionero de guerra.

Pero hay un factor que podría complicar más lo descrito y este respondería a la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva (BCRP), con la inflación anualizada a agosto en 4,44%, bastante mayor al tope de 3% establecido, y la perspectiva es que los precios suban más, dada la reducción de oferta de producto por ocurrir y la tendencia al alza del precio del petróleo. Veamos más de cerca esto.

El índice de precios internos al alza continuada podría ser una razón por la cual el BCRP pueda próximamente subir la tasa de interés de política monetaria y, con ello, un encarecimiento del crédito originar una contracción del gasto en la economía, lo cual eventualmente podría quitarle viada a la inflación, a pesar de responder esta a factores de oferta. Pero un resultado indeseado es la afectación adversa sobre la ya golpeada dinámica de la producción. El punto es que la presión para la subida de la tasa de interés no respondería solo a la incrementada inflación local, sino a lo que viene ocurriendo con la tasa de interés determinada por el banco central gringo, o sea, la Reserva Federal (Fed).

El tema local es que, si no se incrementase la tasa de interés de política monetaria por el BCRP, una tasa de rendimiento más alta de activos financieros externos podría originar una desordenada salida de capitales; una menor oferta de dólares resultante presionaría al alza del tipo de cambio, en el peor de los momentos, con precios internos al alza. Este nuevo factor externo no es poca cosa, con lo cual las próximas decisiones del BCRP serán seguidas con mucha atención.

Las fuerzas democráticas se prepararon para la reelección del régimen híbrido, cierto, pero no estaban preparadas para que la continuidad sea casi total y cubra la mayoría de espacios y quehaceres gubernamentales. Hubo poca conciencia de que la continuidad es lo único que puede producir un régimen que solo pudo quedarse en el poder a costa de decenas de muertos, que evitó agónicamente una implosión generalizada y que llegó exhausto al fin del proceso electoral.

En el mejor de los casos, hubo una visión matizada que estimó que el nuevo gobierno tenía la capacidad de innovación para producir una especie de borrón y cuenta nueva y, al mismo tiempo, dejar intacta y servirse de las estructuras del régimen que se impuso de modo cruento. El gobierno contribuyó a esta percepción con el discurso relativamente exitoso de que estaba recibiendo un país destrozado.

Nada de eso ha sucedido. La continuidad es virtualmente absoluta, y aunque existe la posibilidad de giros tecnocráticos neoliberales con distintos grados de autoritarismo, el que Fuerza Popular prometió en la campaña electoral, son cada vez menos probables esos desenlaces innovadores de lo que ahora se tiene como administración del Estado. Cualquier giro neoliberal autoritario sería gemelo del autoritarismo del periodo Boluarte y, aunque se multiplique por varias veces, no se alejaría de ese referente.

La pregunta es cómo asumir la cuestión de la gran continuidad como un hecho concluyente y cómo relacionarla con el primer dato de la realidad, de que esa continuidad sigue haciendo del régimen actual uno no democrático.

Ahí se ubican las primeras dificultades porque el trabajo realizado, especialmente de modo personal por la presidenta, hasta poco antes de su viaje a EE. UU. -por estrategia o por intuición- rebajó varios grados de radicalidad y ferocidad a la nueva administración complementado con un gabinete que expresaba una mayor amplitud de la que se presumía. También es probable que los recientes discursos de la presidenta, hasta ahora un giro narrativo, intenten ser convertidos en realidad, aunque para ello la gran continuidad tendría que asumir la fisonomía de un gran continuismo feroz.

En cualquier caso, la rebaja de radicalidad y ferocidad que se le presumía al nuevo gobierno genera un momento en el que se discute de modo intenso casi todo y muy poco la esencia antidemocrática del gobierno. Las oposiciones también se han dejado llevar por la normalización de la gran continuidad, tanto aquellas cuyo programa mínimo incluía la recuperación de la democracia como las que creen que pueden desempeñar el papel de bisagras con el Ejecutivo.

De acuerdo con lo señalado, se hace necesario no sólo revisar la naturaleza del gobierno, sino también el papel de las oposiciones. En la primera vuelta el Perú votó mayoritariamente contra el pacto parlamentario y en la segunda vuelta, en volumen de votos, la mitad del país votó por una política que pugna por superar el estado de cosas de la República Obscena: las instituciones capturadas, las reglas constitucionales autoritarias, las leyes antidemocráticas y la economía mercantilista, para instalar un régimen democrático, deliberativo e íntegro. Las oposiciones no recibieron un mandato continuista o de mejora continuista, sino de democratización.

En los 60 días de gobierno se sucedieron o agruparon por lo menos nueve pequeñas coyunturas, demasiadas en poco tiempo: el pedido de delegación de facultades, la transformación del LUM, las movilizaciones fuera de Lima por el alza de combustibles y pasajes, las amenazas de paro transportista en Lima, los sucesos de Trujillo a inicios de setiembre, el Escudo de las Américas y la visita de Rubio, los asesores ad honorem y el caso Cerimedo, la interpelación al ministro del Interior y el escalamiento del crimen, y el viaje a Nueva York.

Las oposiciones no recuperaron la palabra en todas estas coyunturas a pesar de que enviaban el aviso sobre el carácter no democrático del gobierno. La delegación de facultades y la escalada del crimen han ocupado entendiblemente la mayoría de sus actividades, y aún en esos casos las oposiciones perdieron la oportunidad de presentarle al país sus innegociables, por ejemplo incorporar en la delegación de facultades como condición indispensable la supresión de las leyes pro crimen y de impunidad.

La relación principal de las oposiciones es con el gobierno y con los grandes medios de comunicación aliados y sostén del gobierno, y solo de modo secundario con la sociedad. Le han arrebatado la agenda al gobierno y minimizado su iniciativa, cierto, pero han hecho de esa agenda un picadillo de temas y convertido en una composición temática.

En las últimas semanas las oposiciones han cedido en la agenda grande, la gran agenda política del país que es la recuperación de la democracia, una demanda presente en todas las coyunturas de los 60 días de gobierno. Salvo excepciones personales cada vez más visibles, la política democrática es mediática o principalmente mediática, de modo que los opositores caen en el juego de los grandes medios orgánicos al poder que los tildan de obstruccionistas al mismo tiempo que los insultan, se burlan de su inexperiencia -solo de la inexperiencia opositora porque la inexperiencia de la oficialismo es pasada por alto- adulan y seducen a los posibles tránsfugas, investigan los conflictos de interés de los paramentar sino de los ministros  y colocan debajo de la alfombra los temas más importantes vinculados a la democracia.

Aceptar y someterse al framing del rival ya tiene sus costos. La última encuesta de IEP deja mal parado al Parlamento que, considerando los votos en la primera y segunda vuelta, debería ser el centro de la recuperación de la democracia. En cambio, se aprecia una gradual subordinación de la agenda democrática original resultado del desplazamiento temático. En la experiencia peruana estos movimientos terminan en dos procesos, el mimetismo político o pérdida de la identidad por la que votaron los electores de los grupos que deberían honrar ese mandato desde la oposición, y la domesticación parlamentaria, un proceso al que asistimos en vivo y en directo entre 2022 y 2026 y que llevaron a la pérdida de inscripción electoral del grupo de izquierda que pactó con la ultraderecha (Perú Libre) y de los partidos del llamado centro político (APP, Somos Perú, AP, Partido Morado).

En su diversidad, la oposición tendría siempre que recuperar la palabra como un inicio de la recuperación del cambio. Además, se trata también de recuperar el país o de emprender esa tarea. De lo contrario, la gran continuidad que opera en el ámbito del gobierno también operará en el ámbito de los grupos democráticos que accedieron al ejercicio del poder parlamentario prometiendo recuperar la democracia.

Ese es el caso del gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió funciones el 28 de julio con una aprobación del 60%. Hoy, a dos meses exactos, la aprobación cayó a 42%, según Datum para América.

La organización política que prometió orden registró en su primer mes 151 homicidios, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. Todo esto mientras los decretos de urgencia prometidos el 28 de julio para combatir la inseguridad con mayor presupuesto para inteligencia en la PNP no se concretaron. Al contrario, solo repite la respuesta ineficiente de decretar estados de emergencia.

En estos dos meses, el crimen organizado ha asesinado a más de 200 personas y secuestrado a un empresario en Trujillo, liberado solo tras haberse pagado por su liberación. En paralelo, el presupuesto 2027 presentado por el gabinete Galarreta ha recortado S/ 519 millones a seguridad ciudadana, mientras ha elevado 283% el de Defensa.

La primera renuncia ministerial antes de los 100 días llegó por un conflicto interno de recursos entre carteras irresuelto, lo cual resulta ser la imagen más clara de un gabinete sin coordinación ni línea común de trabajo.

Además, el aumento anunciado en Pensión 65 fue postergado hasta 2027. Y los operadores siguen activos, ya que la JNJ destituyó al juez Concepción Carhuancho, a pesar de la alerta expresa remitida por la ONU.

Lo que estos dos meses exhiben es la distancia entre las pugnas que algunos ministros y parlamentarios eligen librar y las urgencias reales de los más vulnerables. Mientras se debate sobre ideología en las aulas o se relativiza la violencia sexual con argumentos culturales, un adolescente de 16 años falleció en Loreto por sarampión, la primera víctima mortal por esa enfermedad en décadas. El brote ya supera los 2.357 casos confirmados.

Lo que faltó fue presencia estatal en territorios donde las campañas antivacunas encontraron el espacio que el abandono institucional les dejó. Esa es la urgencia que debería estar en el centro de cualquier gestión. Y eso es lo que el 42% de desaprobación le está diciendo a la presidenta.