La instalación del nuevo Congreso bicameral, el pasado viernes, nos devolvió la imagen de una práctica a la que no siempre prestamos atención: el juramento de los congresistas como acto ceremonial antes de asumir el cargo. El rito es tan habitual e incluso aburrido que apenas prestamos atención. ¿Qué valor tienen, jurídico o moral, tales declaraciones públicas? ¿De dónde viene esta práctica que antecede a nuestras constituciones y que todas ellas, sin embargo, han preservado?

El juramento es más antiguo que el Estado. Antes de que existieran constituciones o parlamentos, las comunidades políticas se sostenían sobre la palabra empeñada ante algo que trascendía a quien la pronunciaba. Se cuenta que en el año 330 antes de Cristo, el orador Licurgo recordó a los jueces atenienses que lo que mantiene unida a la democracia es el juramento. Los ciudadanos juraban defender la ciudad y sus leyes, y los jueces juraban antes de juzgar. Para Cicerón, el juramento era una afirmación religiosa, una declaración que toma a los dioses por testigos. Lo que parece expresar el juramento, incluso en nuestros días, es que los cargos públicos no agotan toda su legitimidad en lo que los procedimientos legales establecen.

Quizá por ello el constitucionalismo moderno no eliminó el juramento, más bien lo transformó. La Constitución de Estados Unidos de 1787, por ejemplo, incluyó en su propio texto la fórmula que el presidente debe pronunciar al asumir el cargo. Pero al mismo tiempo dispuso que ninguna confesión religiosa podría exigirse como condición para ocupar un cargo público, y permitió a quien tuviera reparos en jurar reemplazar el juramento por una promesa solemne. De este modo, llevó el rito a la Constitución aunque desvinculándolo de la religión. Esa operación fue posible porque, como ha mostrado Giorgio Agamben en su Arqueología del juramento, la invocación de Dios o de los dioses nunca fue el núcleo de la institución, sino un refuerzo para asegurar su cumplimiento. Según sostuvo este autor, la cuestión central en el juramento es el compromiso de veracidad, el acto por el cual una persona responde con su conducta de lo que ha dicho, más allá de las obligaciones que impone la ley.

En algunos ordenamientos, el juramento es constitutivo del cargo. El presidente norteamericano no asume sin antes jurar el cargo. Por ello, en 2009, cuando el presidente de la Corte Suprema alteró las palabras del juramento de Barack Obama, la ceremonia tuvo que repetirse al día siguiente. Entre nosotros, la Constitución solo dispone que el presidente "presta juramento de ley" (artículo 116), sin fijar fórmula; el juramento parlamentario proviene del Reglamento del Congreso, que establece que ningún miembro puede asumir sus funciones sin haber antes jurado. Jurar es, pues, también aquí, condición para ejercer el cargo. Incluso hace algún tiempo, circuló un proyecto de ley que proponía una fórmula de juramento obligado que incluía a Dios, la patria, la defensa de 'La Carta Magna, la soberanía e integridad de la República' (Proyecto n.° 4540/2022-CR)

¿A qué se compromete, entonces, quien juramenta, hoy en día? El jurista español Alfonso Ruiz Miguel, en un notable estudio sobre el juramento parlamentario, propone distinguir entre el juramento de lealtad, que reclama una adhesión interna a una persona o a un régimen, y el juramento de acatamiento, que solo compromete respeto y obediencia al orden jurídico mientras no se lo cambie por las vías previstas. Lo primero pertenece a las monarquías y a los regímenes autoritarios, y ningún Estado democrático puede exigirlo, porque la adhesión íntima no se ordena desde fuera. Lo segundo es perfectamente compatible con la libertad de conciencia: en democracia, también el crítico de la Constitución puede jurarla, precisamente porque acatar no es adherir, sino aceptar las reglas del juego. Por eso Ruiz Miguel describe el juramento del representante como un compromiso de juego limpio democrático. Así, quien quiere participar en la formación de las leyes declara públicamente que respetará las reglas que hacen posible esa participación.

Esta parece ser la clave para comprender la función del juramento en las actuales democracias. El juramento permite vincular el compromiso público con las convicciones personales de quien lo presta. Esa es su fuerza y también su tradición. Pero de esa vinculación no se sigue lo que a veces se pretende. Es decir, que las convicciones privadas del representante puedan gobernar o incluso supeditar el encargo que recibió en las urnas. Ocurre más bien lo contrario. Incluso cuando los ciudadanos votan esperando que sus creencias o sus opciones, cualesquiera que estas fueran, sean privilegiadas por su representante, el ejercicio del cargo queda siempre supeditado al orden constitucional, no a la conciencia de sus electores o del propio representante. El juramento no reemplaza a la Constitución ni a la ley. Quien jura por Dios, por su familia o por su tierra, expresa lo que ama, y nada hay que objetar a ello; pero no adquiere con ello un título para actuar en la vida pública como quien cumple un mandamiento religioso o el programa de una facción moral de la sociedad. Al contrario, lo que el juramento hace es poner esas convicciones al servicio de un compromiso que es superior, el de ejercer una función que no le pertenece a quien la ocupa.

Si esto es así, parece que los antiguos tenían razón. También en los tiempos actuales, el juramento todavía puede cumplir un papel relevante. No porque las palabras tengan poderes mágicos, sino porque la república se sostiene, en última instancia, con personas capaces de obligarse públicamente a través de la palabra. Quienes juraron el viernes, al margen de lo que hayan invocado en cada juramento, si lo han hecho con veracidad, asumieron ese compromiso: el de defender una Constitución que está por encima de sus propias convicciones cuando se trata del servicio público.

El próximo 28 de julio se cumplen cinco años desde que concluyó el Gobierno de Transición y Emergencia con una accidentada transmisión de mando y sin entrega protocolar de la banda presidencial. El desplante de la Presidenta del Congreso al Presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución “es el Jefe de Estado y personifica a la Nación” (art. 110), fue un presagio del deterioro de los poderes Ejecutivo y Legislativo durante los cinco años siguientes. El exabrupto del actual Presidente del Congreso al intentar reproducir ese desplante, así como su rápida y dudosa rectificación, son una demostración del refrán “lo que mal empieza, mal acaba.”

​Antes de esbozar algunos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno que inicia su gestión el 28 de julio de 2026, quizás sea pertinente recapitular algunos resultados de la gestión gubernamental que me tocó encabezar.

​El Gobierno de Transición y Emergencia inició su laborel 17 de noviembre de 2020 sin contratos firmes para comprar vacunas, con una aguda escasez de oxígeno medicinal y de unidades de cuidades intensivos, la peor caída económica en decenios, y con protestas sociales. El elevado número de víctimas de la pandemia, las restricciones de movilidad y la pérdida de ingresos habían creado incertidumbre, desazón y angustia en la población, y las elecciones generales estaban programadas cinco meses más tarde en un ambiente político polarizado y tóxico.

Al terminar nuestra gestión el 28 de julio de 2021habíamos asegurado dosis para vacunar tres veces a la población objetivo, aumentado siete veces el suministro de oxígeno, triplicado las unidades de cuidados intensivos y recuperado el crecimiento económico. Enfrentamos las protestas sociales respetando los derechos humanos;denunciamos a los dos efectivos policiales que incumplieron órdenes expresas de no usar armas de fuego y causaron tres fatalidades. Ninguno de los ministros del Gobierno de Transición y Emergencia ha sido acusado o investigado por corrupción.

Estos logros fueron posibles gracias a la colaboración entre las entidades públicas, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y las iglesias que, superando los antagonismosexhibidos durante los gobiernos precedentes, unieron esfuerzos y trabajaron coordinadamente para superar los desafíos de la pandemia. El apoyo de la ciudadanía en todo el país fue fundamental para sostener las iniciativas conjuntas y enfrentar razonablemente los desafíos que enfrentó el Gobierno de Transición y Emergencia.

Los siguientes cinco años han sido una oportunidad perdida. Los cuatro presidentes entre 2021 y 2026 no aprovecharon lo que dejó el Gobierno de Transición y Emergencia, incluyendo el informe final de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial y las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú. Un absurdo intento de golpe de Estado, una matanza de ciudadanos en el Sur del Perú, unidas a exhibiciones de corrupción, frivolidad e incompetencia, caracterizaron a quienes ejercieron el cargo más alto en el Poder Ejecutivodurante ese período.

Salvo honrosas excepciones, los miembros del Congreso con mayor rechazo en la historia reciente demostraron su desprecio a la ciudadanía, aprobaron leyes que favorecen la impunidad de los delincuentes, aumentaron el gasto público sin pudor, duplicaron su propio presupuesto, y legislaronfavoreciendo a grupos de interés afines a ellos. Interfirierongroseramente en la administración de justicia, rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado, y se autoerigieron en una Asamblea Constituyente clandestina, modificando más de cincuenta artículos de la Constitución sin consultar a la ciudadanía.

El gobierno entrante enfrenta una situación complicada. A los problemas urgentes de la inseguridad ciudadana con extorsiones, traficantes y sicarios por doquier, el impacto del fenómeno de El Niño que se anticipa el más severo de los últimos decenios, y el colapso de los sistemas de salud y educación pública, se une el descalabro de las instituciones gubernamentales en todos los ámbitos. La corrupción en el gobierno central, los gobiernos regionales, provinciales y los distritales ha llegado a niveles sin precedente, al mismo tiempo que se han paralizado miles de obras públicas por la incompetencia de sus autoridades y funcionarios.

La precaria estabilidad económica de que hemos gozado durante un largo tiempo se basa en los extraordinariamente altos precios de nuestros productos de exportación, y especialmente los minerales, que podría durar algunos años más. De revertirse esta situación excepcional por una crisis económica o financiera internacional, quedaremos expuestos a sufrir una recesión que ni el último bastión meritocrático de la administración pública: el Banco Central de Reserva, podría evitar. De suceder esto, al tener una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y el Caribe, una reducción de nuestras exportaciones generaría una severa disminución en la recaudación de impuestos que, unida a la farra fiscal aprobada por el Congreso, nos llevaría a una recesión, aumento de la pobreza y a protestas ciudadanas generalizadas.

Por otra parte, es posible utilizar el momento excepcional que favorece nuestras exportaciones para reordenar la estructura tributaria, racionalizar el gasto público, promover la inversión privada y el crecimiento económico inclusivo, y utilizar sustentablemente el rico acervo de recursos naturales con que hemos sido privilegiados. Sin embargo, no existe la posibilidad de aprovechar oportunidades, neutralizar amenazas y responder a los desafíos sin reformas institucionales. Entre otras cosas, esto implica recomponer el aparato estatal, reestablecer el equilibrio de poderes, evitar el copamiento del Sistema Judicial y de otras entidades del Estado por funcionarios y políticos inescrupulosos. Requiere también atender los justos y urgentes reclamos de las regiones postergadas, especialmente en el Sur y en el Oriente de nuestro país, además de promover y destrabar la inversiónprivada ahora atrapada en una maraña de regulaciones sin sentido.

Una visión de futuro realista, una imaginación práctica y una concertación de esfuerzos ayudarían al nuevo gobierno en el diseño e implementación de estrategias y políticas sensatas que nos acerquen progresivamente a lo que podemos y debemos ser como país. Esta es la tarea para el gobierno que se inaugura este 28 de julio; como diría el maestro Jorge Basadre, es a la vez un problema y una posibilidad.

¿Estará la Presidenta de la República limitada por compromisos adquiridos a lo largo de los años con quienes la han apoyado? Aún más importante, ¿podrá hacerlo considerando la manera en que se ha comportado su partido, Fuerza Popular, durante los últimos años en el Congreso?

Para definir el desafío de la Presidenta Keiko Fujimori, quizás sería útil recurrir a Miguel de Cervantes y su caballero andante, Don Quijote, quien sostenía que “es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios.” Sólo que los tuertos y agravios los ha perpetrado, apoyado y tolerado durante un decenio su propio partido, Fuerza Popular, en colusión con congreistas protervos.

En el Congreso unicameral saliente lo vimos con frecuencia, parlamentarios que juraban una cosa y votaban otra, que cambiaban de bancada con la misma facilidad con que se cambia de camisa y que convertían el voto popular en moneda de cambio personal. El nuevo Congreso bicameral llevaba apenas horas de vida cuando ese personaje reapareció.

El bloque opositor conformado por Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación había alcanzado un acuerdo preciso y transparente. Votar en bloque y mostrar públicamente sus cédulas para que el país pudiera ver con sus propios ojos que cada parlamentario cumplía lo que había prometido.

El acuerdo era necesario precisamente porque los votos estaban empatados y cualquier desviación tendría consecuencias directas sobre el resultado. Alguien del bloque decidió no cumplirlo.

En la segunda vuelta, todos mostraron su voto menos una persona, según confirmó el propio candidato de la lista opositora, Daniel Barragán. El resultado de la votación cambió por un solo voto.

El senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, sostuvo que estamos frente a un acto de traición.

Traicionar un acuerdo político en el primer acto legislativo del nuevo bicameralismo no es un descuido, es una señal. Y la señal que envía no es sobre el fujimorismo sino sobre la fragilidad de cualquier coalición que no tenga mecanismos reales para garantizar la lealtad de sus miembros cuando el momento decisivo llega.

El Consenso por la Democracia anunció que mantendrá su unidad y que no nombrará responsables hasta esclarecer lo ocurrido. Esa decisión es correcta.

Lo que este primer episodio le enseña al bloque es que la transparencia no puede depender de la voluntad individual de cada parlamentario. Necesita reglas, mecanismos de rendición de cuentas internos y la disposición de actuar cuando alguien los incumpla.

El tránsfuga regresa siempre, si es que en la practica alguna vez se fue. El reto será lograr que la oposición democrática esté preparada para lograr transparencia en beneficio de los contrapesos necesarios.

 Una niña awajun de 6 años es violada en Condorcanqui por su padrastro y producto de la agresión sufre una hemorragia. El puesto de salud no cuenta con los implementos necesarios para salvarla y se ruega por un helicóptero para trasladarla. Su caso se suma a las más de 500 niñas violadas en la zona que viven en total impunidad. La comunidad logra capturar al agresor, pero este escapa y la policía dice que no tiene gasolina para perseguirlo.

 En la misma zona, dos militares pertenecientes a la Base de Santa María de Nieva entran por la noche a la residencia del colegio Ciro Alegría y agreden sexualmente a dos niñas de 12 y 14 años. Esas residencias existen porque el Estado no cumple con crear escuelas accesibles a las comunidades y ante la enorme distancia, los niños deben dormir allí. Se han convertido en el espacio para la violencia sexual generalizada, sin pudor alguno, esa violencia que el ex Ministro de Educación llamaba “prácticas culturales”.

 En todos estos casos las organizaciones de derechos humanos, las feministas, la prensa comprometida, entre otros, han elevado su voz de manera insistente, exigiendo justicia y denunciando los hechos.

 Pero hay un silencio vergonzoso que no debemos ignorar y por eso me pregunto, ¿dónde están los autodenominados defensores de la niñez? Los que promueven las marchas por “el día del niño por nacer”, ¿por qué callan ante estos niños violentados y asesinados? Quienes desperdician su energía y los recursos estatales prohibiendo el uso de la palabra “género”, ¿seguirán mirando de costado?

 Lo que queda claro es que a ese slogan de “Con mis hijos no te metas” se le suma un “los tuyos no me importan” porque, sin duda, ni la empatía se compra ni la decencia se improvisa.

Allí fue estabilizada y empezó una siguiente batalla por su vida: conseguir un medio seguro y rápido de transporte para que pudieran llevarla a Bagua. En Huampami no podían hacer la transfusión de sangre que ella necesitaba y no había personal médico capacitado para curar sus heridas. Un helicóptero del Ejército Peruano logró ingresar a la zona y llevarla a Bagua. La transfusión de sangre estaba asegurada pero no el tratamiento. Tuvieron que viajar médicos de Lima para hacer la operación necesaria.  

Para lograr que su niña no muera y ejerza su derecho a la salud, la madre de la pequeña tuvo que dejar en su comunidad a sus tres hermanos, todos menores, uno de ellos de apenas 11 meses. Estos tres menores están en riesgo, como lo ha declarado la justicia peruana y tienen derecho a medidas de protección que, al momento de escribir esta columna, aún no se habían implementado.

El largo camino de la justicia

El Código Penal señala que la violación sexual a una niña o niño menor de siete años se castiga con cadena perpetua. Es la pena máxima en el ordenamiento jurídico peruano. Dada la magnitud de la pena una se imaginaría que la reacción del Estado para la captura del perpetrador sería acorde. Pero no ha sido así.

El violador se fugó inmediatamente. Miembros de la comunidad lograron encontrarlo cuando intentaba cruzar la frontera. Pero camino a Huampami a ser entregado a las autoridades logró fugarse nuevamente. Representantes del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Unukai Yawi denuncian que el agresor ha sido ya identificado hace cuatro días nuevamente en la comunidad. La fiscal a cargo, una mujer valiente que está intentando ejecutar todas las medidas posibles para proteger a la menor y a sus hermanos, ha solicitado apoyo para detener al delincuente. La comitiva recién pudo salir el último viernes pues, como han informado, los efectivos de la Policía Nacional llegaron a Huampami pero sin medios de transporte para ir hasta la comunidad.

¿Cómo es posible que la PNP no cuente con recursos mínimos para poder capturar al perpetrador? ¿De qué sirve que las autoridades de turno nos llenen de discursos sobre el interés superior del niño y la niña? Peor aún ¿para qué sirve el populismo penal con elevaciones de penas si es que no hay ningún interés real por capturar a los delincuentes capaces de violar a una niña de seis años?

Los oficiales de la PNP debían no solo detener al perpetrador, sino que debían aplicar las medidas de protección a los menores ¿cómo se aplican esas medidas si no tienen los medios para llegar a la comunidad? Su deber es llevar sanos y salvos a esos pequeños a Bagua donde está la madre y su hermana.

La niña violada merece justicia. Esto implica que su agresor sea sancionado con toda la fuerza de la ley. Pero también significa que pueda ser protegida y reparada. Ella y sus hermanos necesitan que el Estado actúe. Como informan representantes del Consejo de Mujeres Awajún, la pequeña y sus hermanos estarán temporalmente en un albergue, con su madre. Pero esta atención es sólo por seis meses.

¿Cómo hará una mujer Awajún, sin instrucción, para cuidar y mantener a cuatro hijos? Para que la niña y sus hermanos puedan dejar el albergue, ella deberá demostrar que puede hacerse cargo y mantenerlos seguros. Si no hay un sistema de apoyo a la propia madre, de empoderamiento económico y acompañamiento psicológico, es irreal pensar que logrará salir adelante sola. Los cuidados, sobre todo de niñas y niños que han sido objeto de violencia, no son sólo responsabilidad de la madre, la sociedad en su conjunto debiera implicarse y dar soporte real para que ellas y ellos vivan libres de violencia.

El dolor que se empoza en el alma

Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, viene denunciando la impunidad constante en los casos de violencia sexual contra las niñas en Condorcanqui. Hace poco tiempo, Condorcanqui estuvo en el centro del debate público por las nefastas declaraciones del exministro de Educación Morgan Quero, que dio a entender que las violaciones sexuales a menores por parte de maestros era una suerte de práctica cultural. La semana pasada se denunció cómo un grupo de militares ingresó a un albergue escolar de niñas Awajún y las violentó sexualmente.

La normalización de la violencia sexual contra las mujeres, en particular niñas, es la negación a su derecho a la libertad y a la autonomía, así como a una vida digna. Como sociedad no podemos seguir indolentes ante el dolor que transmiten las mujeres Awajún, al oírlas una puede sentir como si la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma.

Una niña de seis años fue violada y casi muere. La menor irá a un albergue y si su madre no recibe apoyo ni soporte tendrá que, además de tratar de recuperar su cuerpo y su mente del dolor causado por la violación, soportar la idea de vivir alejada de su familia, de su madre y sus hermanos.

Hay golpes en la vida, tan fuertes.

Una niña de seis años no merece ser condenada al dolor. Como sociedad le debemos al menos cuidado futuro. Quienes podamos, busquemos a Rosemary Pioc y a las representantes del Consejo de Mujeres Awajun, Wampis, Unukai, Yawi y démosles todo nuestro apoyo para que ellas puedan seguir dando soporte a esta niña y a su madre.

En anteriores oportunidades he planteado (siempre fuera de moda…),  que la independencia del Perú debe entenderse como una revolución, tal como la experimentaron sus contemporáneos y artífices. Una revolución política y jurídica, radical para su tiempo y —temo decirlo— más aún para el nuestro, en que el propio término revolución no está más en el horizonte de lo pensable.  

La incongruencia entre el país (¿post?)neoliberal de hoy y el ideal de su fundación republicana no puede ser mayor. En tres décadas de neoliberalismo, el mercado desplazó a la historia como fuente de identidad colectiva y el país se convirtió en una marca. Pero es necesario incidir en la historia que tuvimos, que tenemos, porque en el intento de reescribirla se librarán muchas batallas políticas. Por ello, creo más necesario que nunca rescatar de la historia lo que el dogma neoliberal prefirió que olvidáramos:  la historia de nuestros derechos políticos y ciudadanos... Por ejemplo, el que nuestra primera constitución republicana, de 1823,  ya incorporaba la  igualdad ante la ley  en el capítulo de garantías constitucionales, en clara ruptura con la legislación colonial. 

Dictadura parlamentaria

Si bien estos principios han sido burlados sistemáticamente a lo largo de dos siglos de vida republicana, creo que el régimen que se inicia con la vacancia irregular de Castillo el 7 de diciembre de 2022 y llega a su fin en unos días, será considerado uno de los más corrosivos a este respecto.  Y no será fácil para la señora Fujimori desvincularse de él, ni de su origen espurio, porque fue su propio vicepresidente, 'Miki' Torres, quien confesó, a modo de alarde, que el Congreso, la Fiscalía y medios, conjuntamente depusieron a Castillo. En sus palabras: “Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: ‘No, se sacó solo’. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”. Es decir, si bien Castillo quiso dar un golpe, el golpe se lo terminó dando a él un Congreso dominado por el fujimorismo, que desde entonces ha gobernado el país vía presidentes títere.

 Tampoco le será fácil a Fujimori desasociarse de la masacre de 50 peruanos con la que se inauguró el régimen parlamentario que tuvo en Boluarte a su primera presidenta títere, porque, siendo la responsable política de estos crímenes, su bancada la                                                                                                                 Fuerza Popular blindó siete veces de la vacancia; ni de la captura de los poderes del Estado e instituciones claves para el sistema de justicia,  como Fiscalía, TC,  JNJ, Defensoría del Pueblo, de las que Fujimori y sus coacusados se beneficiaron directamente cuando el TC anuló inconstitucionalmente su juicio en curso por lavado de activos. Luego vinieron el hostigamiento, acusaciones y remoción arbitraria de jueces y fiscales que investigaban casos que involucraban al fujimorismo y aliados, mientras los organismos tomados reponían a jueces y fiscales comprometidos con la red criminal Los Cuellos Blancos. ¡Un verdadero mundo al revés!

Más allá del ámbito judicial, la nueva arquitectura legal creada por el régimen, con sus 12 leyes pro-impunidad, persiguió un control político cerrado a futuro.  Arrogándose poderes constituyentes para los que no fue elegido, el Congreso alteró, a puerta cerrada,  el  57%, de la Constitución,  modificando la propia estructura del sistema representativo y las reglas de juego del sistema electoral, sobrepasando sus atribuciones. Llamarlo dictadura parlamentaria no es hipérbole. 

Y siendo su obra reprensible, la más alarmante de todas las leyes que urdió es la que permite que policías y militares puedan ser juzgados por crímenes comunes en tribunales militares y policiales, lo que nos revierte al tiempo de los fueros coloniales y la “sociedad de castas”, donde las penas no se daban tanto en función del delito, sino de quién lo cometía. Una reversión de más 200 años del principio de igualdad jurídica con el que se fundó la república. 

Cabe entonces preguntarse ¿por qué, si más del 90 % de peruanxs desaprobaba a un Congreso que perpetró las iniquidades que conocemos, el país terminó llevando a la presidencia a quien estuvo detrás de todo esto? ¿Qué le hace a un país elegir a su propio verdugo de presidente?

¿Cómo perder un país?

No tengo la respuesta. Solo tristeza, y la sensación de “estar perdiendo un país”, como lo expresó la escritora turca Ece Temelkuran en 'How do lose a country? The siete Steps from Democracy to Fascism' (The Canons, 2024). Porque aunque a muchos les incomode el término fascismo y minimicen el grado de descomposición moral y política que vivimos, el Perú no es una isla y exhibe varios de los signos que Temelkuran asocia con la pérdida de la democracia, camino al fascismo. La impunidad estructural y la instrumentalización de las fuerzas de seguridad para ejercer violencia contra los ciudadanos en virtual calidad de inimputables, es uno de los más, si no el más, preocupante. 

En una reciente entrevista con el periodista Chris Hedges, Temelkuran dijo que cuando perdemos la democracia “perdemos muchas otras cosas, sobre todo la dignidad humana, y ese es el principal problema de la política de este siglo. Creo que tenemos que volver a situar la dignidad humana en el centro”, afirmó. Coincido, y pienso en ese otro artículo olvidado, esta vez, el 1 de la Constitución vigente: “La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. El Congreso no lo tocó,  tal vez porque pensó que era letra muerta. De seguirse ignorando, “democracia” seguirá siendo una palabra hueca.

Las respuestas más a la mano a estas preguntas se resumen en dos ideas: que el neoliberalismo —colmado de mercantilismo— continuará vivo después de muerto, y que el próximo gobierno será la continuidad tácita del régimen que gobernó desde diciembre de 2022.

Es altamente probable que esos vaticinios no se cumplan y que, en cambio, el destino del gobierno que se instalará o reacomodará en breve realice un insospechado viaje que no borre su pecado original. Agregar lo económico-social y lo político, en este caso, es un recurso necesario, pero incompleto si, al mismo tiempo, no se descompone el código íntimo que comparten, impregnado de desigualdad. Si el régimen económico engendró un sistema distributivo injusto, el régimen político produjo un entramado autoritario, también injusto.

La actividad de opinantes zalameros y académicos dimitentes abunda en recetas tan comedidas como emotivas. Nos quieren vender como novedades las figuritas más manyadas del álbum. Sus recetas fracasaron desde 2015 porque llevan dentro el artefacto de la exclusión: shock de inversiones (especialmente en infraestructura), reducción de regulaciones, flexibilizar la consulta previa, asociaciones público-privadas a todo dar, frenar el gasto público y, si se puede, suprimir algunos ministerios. Hay un fantasma que recorre el Perú: el recetario de medidas para salvar al régimen económico, que no funcionaron y a las que no les modifican una coma.

En tono más estratégico, algunos pocos especialistas proponen acometer una agenda con los ojos puestos en el corto y mediano plazo (Diego Macera, El Comercio, 19/07), para lo que se requiere más política que figuritas gastadas y en la que se ubicarían dos temas de fondo: la formalización laboral y la descentralización. Ambas necesitan ser repensadas desde una perspectiva realista, más cerca de las recomendaciones de la OCDE que de los estudios de abogados corporativos.

No hay modo de relanzar o envolver con éxito para un consumo extendido el régimen económico-social que impuso el gobierno de A. Fujimori y que, luego de su caída, sobrevivió hasta mediados de la década pasada, cuando el fin del superciclo de los precios de los metales y la crisis política deterioraron la capacidad de los gobiernos para impedir, desde la legitimidad del relato neoliberal, las expectativas de igualdad y justicia.

La revisión de los datos suministrados por Latinobarómetro entre 2015 y 2025 sobre la relación entre el crecimiento y la estabilidad macro, por un lado, y la satisfacción social, por el otro, proyectó antes de la pandemia que dos tercios de los peruanos sostuvieron año tras año que la distribución de la riqueza en el Perú es injusta o muy injusta. Luego de la pandemia, que terminó de derribar la estantería del régimen económico, el reclamo distributivo se ubicó entre el 80% y el 85%. Ese reclamo se fortaleció con la desastrosa gestión estatal de los conflictos sociales. Recordemos que, en los grandes conflictos sociales de la última década, el Estado capituló porque no suministró alternativas autónomas respecto a la posición de las empresas, y que le fue mejor en los conflictos medianos y pequeños, donde asumió su papel de agente público con ideas propias.

Otra percepción sobre la injusticia distributiva es la respuesta a la pregunta sobre para quién se gobierna. En el citado período 2015-2025, entre el 84% y el 89% de los peruanos sostuvieron que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. La idea de la captura del Estado por los empresarios para su beneficio personal fue previa a la captura del Estado por los políticos depredadores.

Con los desastrosos gobiernos de Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar —los tres últimos digitados, sostenidos y alimentados por el Congreso— se legitima un contrarrelato económico que, aunque carece de medidas consistentes presentadas por la academia heterodoxa, desempeña un rol de resistencia y cuenta con nuevos y mayores argumentos sobre que los antisistema están en Lima y en el poder, y no en las comunidades. El contrarrelato económico fue decisivo en las recientes elecciones: no hay libertad de mercado, los consumidores no están protegidos, no hay disciplina fiscal y tampoco meritocracia.

Los economistas ortodoxos se dividen en este punto en dos grupos con porcentajes desiguales. La abrumadora mayoría, los comedidos asfixiantes, sostiene que el gobierno encontrará un escenario económico ideal e inmejorable y que lo único que debe hacer la presidenta es disparar a arco vacío y meter los goles. Esa prédica cala en los círculos de ejecutivos y empresarios que no están siendo alimentados con relatos balanceados. El otro es un grupo muy pequeño que se atreve a pensar fuera del mundo macro, reconoce el valor de las oportunidades actuales y alerta sobre riesgos: externalidades, desastres naturales y desastres políticos.

La injusticia política que, junto a la injusticia distributiva, forma el código íntimo del nuevo gobierno nos dice que no hay manera de que el gobierno de Fujimori sea la continuidad del régimen que gobernó los últimos tres años y medio, y que esa continuidad sea exitosa.

“Gobernó” es un decir. La misma presidenta ha reconocido que asumirá una administración en condiciones desastrosas, con lo que confirma que el 80% de los peruanos tuvimos razón cuando, luego de la caída de Castillo, exigimos elecciones adelantadas con dos propósitos: renovar la legitimidad de los poderes y renovar la legitimidad de la gobernanza democrática, es decir, la eficiencia.

El desorden y caos de la gestión pública que precede al próximo gobierno es también responsabilidad del partido que lideró el Parlamento en los últimos años. Más allá de que Fuerza Popular no reconozca su participación decisiva en el estado de cosas caótico, queda confirmada la imposibilidad de una síntesis virtuosa entre autoritarismo y eficacia, y que la promesa de insistir en la injusticia política no tiene futuro, más aún si se intenta forzar el orden sin libertad con los métodos cruentos ejecutados entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En lo estrictamente político e institucional, los comedidos sofocantes no repiten el relato sobre el ruido político que debe ser suprimido, en el que sí se enfatiza cuando se habla de economía. Son creativos, proponen medidas audaces para garantizar la gobernanza: consenso a partir de las formas y no de los contenidos (haga gestos, presidenta, engañe), reconciliación sin mirar atrás (sea pragmática, presidenta, haga borrón y cuenta nueva) y ensanchar la base política del gobierno (presidenta, haga alianzas arriba, no abajo).

Es otro recetario del fracaso. Presumir que puede haber gobernanza sin suprimir las leyes procrimen y antiderechos, dejar intacta la captura del Estado, proseguir con la agenda de mano dura frente al auge criminal sin reformar radicalmente la Policía y continuar gobernando con los de Lima, desde Lima y a nombre de Lima, mirando por encima del hombro a los territorios, no conducirá al éxito.

Quienes sostienen que el problema de la nueva administración es que no saben qué tipo de gobierno necesita el Perú y qué tipo de gobierno están en condiciones de formular tienen razón. La injusticia económica y la injusticia política son una y se traducen en la principal señal del momento: la incertidumbre.

Para suprimirla, o por lo menos administrarla, se precisa de un ejercicio estratégico que ahora mismo parece impertinente porque destruiría el código íntimo del nuevo gobierno: acometer dos pactos para desarmar los injustos, un pacto distributivo y otro para recuperar la democracia.

Pero son palabras mayores y muy atrevidas. Imagínense: hablar de igualdad, devolución de derechos y de unidad para cambiar el país. Qué insolencia. Mejor que gobierne el que está vivo después de muerto. ¿Por qué hablar del futuro si el Perú está volviendo al pasado?

Ese escenario de espanto económico no se parece en nada al Perú de hoy. Por eso, la frase de Keiko Fujimori: “nos están entregando el Estado de manera catastrófica” no puede referirse ni remotamente al escenario en el que su padre pronunció sus famosas palabras. No hay hiperinflación y no hay, (aunque les encanta el terruqueo), ni Sendero Luminoso ni MRTA aterrorizando al país. Ha calificado de “desolador” lo que ha leído en los primeros informes de la Comisión de Transferencia. Luego añadió que se refiere a las “obras paralizadas” y que tendrá un Consejo de Ministros el 29 de julio para abordar ese problema y el de seguridad ciudadana.

Algunos se han burlado de las declaraciones de Fujimori por su tremendismo, otros por su falta de responsabilidad política en un gobierno que ha sido más suyo que de Boluarte, Jeri o Balcázar por el rol de su bancada en el Congreso. Desentenderse del pacto de facto hoy parece fácil porque sus aliados fueron sepultados por el desprecio electoral, salvo el caso de Renovación Popular. Pero que sea fácil no lo hace cierto. Desde que PPK fue acosado y forzado a renunciar, Fuerza Popular ha gobernado imponiendo, desde su cuota de poder, un desastre institucional. Esa es la verdadera herencia.

La frase de Keiko Fujimori, bien leída, es correcta. Es una catástrofe lo que ha sucedido con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, organismos que deberían tener autonomía constitucional. Ni siquiera han respetado autonomías administrativas cuando se han cruzado con sus negocios, como el caso de SUNEDU.

¿Qué hereda, de su propia autoría, Keiko Fujimori este 28 de julio? En primer lugar, una institución presidencial devaluada y desprestigiada. Una presidencia que no gobierna desde hace 4 años y que ha hecho irrelevante a quien la ocupa. Una presidencia que ya no puede hacer cuestión de confianza, ni frenar (hasta hace una semana) la inconstitucional iniciativa de gasto que se arrogó el Congreso y bendijo el TC. Tan catastrófico ha sido el daño que se han tenido que apurar a enmendar con una “variación de criterio jurisprudencial” que es una vergüenza, con un costo fiscal en leyes populistas brutal y casi imposible de revertir.

¿Qué hereda en materia de justicia? Su absolución y la libertad de Vladimir Cerrón pueden ponerlos en el activo para sus intereses. Pero hereda un sistema de justicia castrado por leyes que favorecen la delincuencia, traban la investigación criminal, exoneran y garantizan impunidad al asesino y al ladrón. Por protegerse entre ellos, nos han legado un conjunto de normas penales que son una aberración. ¿Cómo va a luchar contra la delincuencia con ese sistema? Ese sí es una verdadera catástrofe que se entrega a sí misma. Pero, además, hereda un país con “hambre y sed de justicia”. Un país que no votó por ella en segunda vuelta porque tiene ya demasiados muertos encima como para olvidarlos. Un país que ella no ve o que su entorno no quiere que vea o que no quiere ver. No lo sé. Pero las víctimas, los deudos, no van a desaparecer a punta de terruquearlos o invisibilizarlos. No hay nada más poderoso que el amor. Ese nunca muere. Y es mucho más potente y exige una reparación mucho más generosa que inaugurar un hospital aplazado o un camino olvidado.

La “operación Rospigliosi” para la impunidad perpetua de policías y militares delincuentes le entrega a una casta poderes absolutos sobre la vida y la muerte. Ningún gobernante, incluidos los más astutos e inmorales, le entregaría tanto poder a nadie. No hablemos siquiera de defender los derechos fundamentales de los peruanos (esa batalla está perdida con los Fujimori, padre o hija); hablemos de reparto a un poder fáctico. Keiko Fujimori va a terminar teniendo con las Fuerzas Armadas la misma relación que tuvo con ellas su padre. Esa es una herencia, de verdad, catastrófica.

A esta hora, inscritas las listas para las mesas directivas de senadores y diputados, emerge una buena noticia. Los cuatro partidos de oposición, pese a todo, lograron organizarse. La semana pasada parecía una causa perdida. Con 74 votos pueden conquistar Diputados con Buen Gobierno a la cabeza. Ese puede ser un espacio opositor sólido. En el Senado, 30 a 30, está claro que el fujimorismo ya compró el voto que necesita. Nunca sabremos quién lo puso, pero lo más probable es que pierda la oposición. A Fujimori le basta el Senado para controlar toda la legislación. Pero no podrá controlar la censura a ministros, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, modalidad de acoso al Ejecutivo que ella misma inauguró con Jaime Saavedra hace 10 años. Herencia suya también, que tendrá que padecer.

Una diferencia final con 1990. Casi sin ninguna esperanza, la mayoría del país hoy no cree que Fujimori, la hija, tenga un plan que pueda funcionar. No hay confianza cuando en primera vuelta solo sacas el 17%. Y eso, para el gobierno que entra, es también catastrófico.

La foto fue tomada en el momento más crucial de la Guerra Civil Española, cuando muchos suponían que los fascistas iban a arrojar bombas incendiarias sobre el Museo del Prado.

¿Quién es el hombre de uniforme? Es Julio Gálvez Orrego. En el Trujillo de los años 20, se le conocía por ser sobrino del filósofo Antenor Orrego. Inseparable de la gente del grupo Norte, Julio recibió en 1923 una herencia que alcanzaba justo para comprar un pasaje en barco a Francia.

-Me han dejado dinero para un viaje en primera a Francia. En vez de ello, voy a comprar dos de tercera, y viajamos juntos -le propuso al filósofo.

Antenor se quedó pensativo.

Mejor que vaya César -dijo, y sacrificó su propio sueño europeo.

Añadió:

-En Lima, nadie se fijará en su obra. En Europa, sí. ¡Vamos, vamos al telégrafo!... Le diremos que partirás con él, en un barco a Francia -aseveró-. Allí lo está esperando el destino. Aquí, la cárcel.

Por insistencia de Antenor, Vallejo viajó a Francia el 17 de junio de 1923 a bordo del vapor Oroya. A su lado iba Julio Gálvez.

En París, desde su llegada, César Vallejo y Julio Gálvez Orrego compartieron un cuarto en el séptimo piso de la calle Georges Mandel. Sin embargo, cuando Hitler, Mussolini y Francisco Franco invadieron España, Julio se sintió llamado a pelear allí contra el fascismo. Entonces, viajó a España y se enroló en las Brigadas Internacionales.

Luego de acompañar a los escritores en Valencia (por eso lo vemos en la foto), Julio Gálvez volvió a los campos de batalla. Al parecer, hizo casi toda la guerra, pero en un enfrentamiento cerca de Madrid cayó prisionero de los franquistas quienes lo condenaron a muerte.

El 14 de marzo de 1939, Julio Gálvez Orrego se había quedado dormido en la celda durante su última media hora y, cuando despertó, se tocó el rostro, movió la cabeza, pronunció una palabra y se dio cuenta de que aún estaba vivo.

Julio iba a morir 17 minutos después de las 6 de la mañana.  A las 6 lo conducirían al patio de la prisión y se calcula que 17 minutos es lo que tarda el alma de un condenado en encaminarse y arribar al infierno.

Cuando llegaron los soldados a su celda y el jefe de ellos le ordenó acompañarlo al patio de fusilamiento, Julio Gálvez se dijo tal vez: “Tengo mucha suerte. Sé exactamente la hora en que me voy a morir. Pocas personas en el mundo conocen esos datos”.

Debe de haber pensado en él César Vallejo cuando escribió: “…está la madre España con su vientre a cuestas / está nuestra maestra con sus férulas / está madre y maestra, cruz y madera porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños”.

Aunque contaba con la razón y también con el corazón del mundo, la España republicana fue derrotada por sus poderosos agresores, como la diferencia de armamento lo hacía prever.

Fue uno de esos casos en la historia en que la maldad prevalece. Albert Camus escribiría: “Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa”.

En la celda donde se encontraba, Julio se dio cuenta de que otro de los grandes regalos de la providencia es la memoria y decidió manejarla a su antojo.

Mágicamente, estuvo a la vez en muchos lugares de la península mientras combatía, y escuchó los gritos de sus compañeros para alabar una victoria más contra el invasor, y muchas más.

“Si me quieres escribir

ya sabes mi paradero

en el quinto regimiento

primera línea de fuego”.

Su recuerdo estuvo en uno y otro lado y siempre se veía al lado de los vencedores, un nutrido grupo de jóvenes españoles contra quienes chocaban los monstruos del mundo.

Todas fueron victorias y, para gozar de ellas, hubiese querido tener unas horas más de recuerdos.

A las 5:40 de la mañana, un tipo uniformado pronunció su nombre:

-Julio Gálvez Orrego, estás condenado a muerte.

La victoria de Fuerza Popular se sustentó en el respaldo decisivo de los peruanos en el exterior, contra un voto en territorio nacional que le fue contrario. Ese mandato entraña una responsabilidad: gobernar con la moderación prometida y ejercer el poder con pleno respeto a la Constitución y al derecho internacional, pilares de la convivencia democrática.

De hecho, la autoridad política en democracias se consolida solo cuando respeta esos principios y cuando entiende que el equilibrio institucional fortalece al gobierno antes que debilitarlo.

Por eso, la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados tiene una importancia que trasciende el reparto de cargos. El Congreso recientemente instalado tiene la oportunidad de recuperar el equilibrio perdido durante los últimos años.

La mayoría parlamentaria abusó de su poder para aprobar leyes incompatibles con la Constitución y para intervenir en instituciones llamadas precisamente a controlar el poder. También debilitó la función fiscalizadora del Congreso sirviendo como blindaje a aliados y redujo los espacios de deliberación política.

El resultado fue un progresivo deterioro de la institucionalidad que el país observó sin poder hacer mucho más allá de ejercer el sufragio y castigando a quienes abusaron de la confianza ciudadana. El voto expresó ese castigo, incluido el fujimorismo que pasó con 12% de votos emitidos.

En ese contexto adquiere sentido la alianza conformada por Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación. Su relevancia reside en la posibilidad de restablecer los contrapesos propios de una democracia constitucional.

El nuevo Parlamento necesita una mayoría que legisle con responsabilidad y una oposición que ejerza plenamente su función de control. Esa combinación fortalece la democracia, protege las instituciones y, sobre todo, honra el mandato recibido de los ciudadanos.

La bicameralidad empieza a escribirse esta semana. Su primera página puede marcar una diferencia con el pasado. El país espera un Congreso que legisle con responsabilidad y evitando el aplastante abuso del poder que nuestro país ya conoció en los últimos tres años.