Lo que hizo el gobierno de Dina Boluarte con el Decreto Legislativo 1589, firmado el 4 de diciembre de 2023 con Alberto Otárola como premier, fue exactamente eso. El decreto llegó a pocos meses de las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando la Policía mató a decenas de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta en el sur del país, la mayoría en Puno.

En lugar de investigar esas muertes, el gobierno criminalizó las protestas que las denunciaban, usando facultades delegadas por el Congreso de mayoría conservadora, con la anuencia fujimorista. Los artículos 283-A y 315-B que incorporó en ese momento al Código Penal sancionaban con hasta seis años de cárcel a quien proveyera cualquier bien o recurso a personas que protestaran. En ese sentido, llevar agua a un manifestante podía constituir delito.

Ante ese atropello, el Colegio de Abogados de Puno demandó al Poder Ejecutivo ante el TC y esta semana les dieron la razón a través de la Sentencia 167/2026, adoptada por unanimidad. Los artículos en mención fueron declarados inconstitucionales. La resolución afirma que el derecho a la protesta asiste a toda persona sin distinción de su origen, edad u opinión, y frente al cual el Estado también tiene deberes como el respeto, la facilitación para la protesta y la protección de la vida.

Por ello, vale afirmar que la victoria es de Puno, la región que más muertos tuvo durante la actuación estatal durante los primeros días del gobierno de Boluarte.

La sentencia llega en un momento que no es neutral. El nuevo gobierno propone militarizar la seguridad ciudadana y la ley del fuero militar promulgada por Rospigliosi blindaría de la justicia ordinaria a los policías que intervengan en protestas. El TC acaba de decirle al país que protestar es un derecho y que el Estado debe protegerlo.

Un académico brasileño simuló un asalto y le disparó a su esposa mientras dormía. Cuando ella volvió a casa, parapléjica, intentó matarla otra vez. Brasil tardó veinte años en encarcelarlo y necesitó una condena internacional para reconocer su tolerancia con la violencia doméstica. El caso dio lugar a la Ley Maria da Penha. En Argentina, un juez liberó a un sentenciado por violaciones sexuales pese a informes técnicos desfavorables. Meses después, violó y mató a la joven Micaela García. La conmoción por el caso propició la Ley Micaela y obligó al Estado a revisar la formación de sus servidores públicos.

Pero en el Perú los nombres se nos acumulan y nada pasa: Sheyla Cóndor, Eyvi Ágreda, Solsiret Rodríguez, Ruth Thalía Sayas. También los videos, las desapariciones y territorios como Condorcanqui, con cientos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes, muchas contra docentes. No nos falta evidencia, nos falta subvertir las lógicas que sostienen esta normalidad. El profesor universitario, el juez, el docente o el policía ocupan lugares respetables en instituciones con mandatos de proteger. Quizás por eso nuestro punto ciego sea ver la reputación como presunción de inocencia. A más idealización, más confundimos autoridad y prestigio con inocencia.

En Brasil un eslogan de la ley Maria da Penha causó impacto. Traducido libremente sería “Entre marido y mujer el Estado se debe meter”. La discusión nunca fue sobre el matrimonio. Era sobre el derecho a interrumpir el abuso que puede instalarse en una relación de poder.

En la casa, la escuela, la comunidad, la empresa, la ONG o el partido político se decide qué puede discutirse, quién puede hacerlo y si existirá un contrapeso, un tercero que mire, escuche y sea voz crítica sin que su intervención se juzgue como deslealtad o traición. Pero sabemos que en nombre del interés de las instituciones, las corporaciones o la familia algunas personas o prácticas se vuelven intocables. En democracia, ningún poder debe quedarse a solas consigo mismo.

Hoy llega una ola distinta. Ya no se trata solo de una IA que responde, sino de una IA agéntica: sistemas capaces de actuar con autonomía. El OECD, en su Digital Education Outlook 2026, reconoce a la vez sus oportunidades y sus riesgos. Y el que advirtió Papert regresa amplificado: si usamos la IA para parchar la vieja escuela, automatizamos justo lo que el estudiante debería hacer para aprender, y alimentamos la pereza cognitiva.

En el Perú, la IA ya entró a las aulas, pero de forma desigual: llega primero donde hay conectividad, equipos y adultos que saben orientarla. La brecha, otra vez, no es solo de acceso: es de criterio. Quién aprende a usarla para pensar más y quién solo para copiar más rápido.

Por eso la pregunta debe anteceder a la herramienta. Antes de cómo adoptar la IA, debemos preguntarnos para qué existe la escuela. El Proyecto Educativo Nacional al 2036 ya respondió: formar ciudadanía plena, personas que se conocen, cuidan de los demás y conviven. La IA sirve a ese fin si forma estudiantes curiosos y críticos que hacen el esfuerzo de pensar; lo traiciona si los vuelve consumidores pasivos.

Esto exige decisiones, no entusiasmo. A las puertas de un cambio de gobierno, el Perú necesita una política nacional que defina primero el propósito de la escuela y ponga la IA a su servicio, no al revés; formación docente para usarla como recurso pedagógico y no como atajo; y la equidad como condición no negociable, para que llegue a todos los territorios en condiciones justas. Dejar que la IA se domestique a la vieja escuela —o que alcance solo a algunos— no es un problema de gestión: es renunciar a la justicia educativa que el Estado debe garantizar.

Roberto Barrientos Mollo, Universidad Marcelino Champagnat

La reaparición en la escena de Luis Carranza, anunciado como asesor del gobierno, de Elmer Cuba como posible encargado del MEF y la renovación del mandato de Julio Velarde al frente del BCR, son señales que indican que el aseguramiento del equilibrio fiscal y la administración prudente de las reservas están en el listado de tareas del próximo gobierno. Suma en la misma dirección la rectificación o, si se prefiere, el “ajuste” de la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en la generación del gasto público que el Congreso jamás debió invadir. 

En la vereda de enfrente, en cuerdas que se pretende mantener separadas, está la insistencia en instalar un “orden” que aún no tiene una forma específica, pero que sugiere su contenido a través de la última arremetida del señor Rospigliosi, que acaba de promulgar, él mismo, la ley que reimplanta la competencia de los tribunales policial y militar sobre casos de violencia con víctimas civiles. El señor Balcázar no observó la ley, pero se negó a promulgarla. Esto sugiere que podría ser el propio gobierno quien demande su inconstitucionalidad, acaso muy pronto, en un contexto en el que no acaba de decidir si liberará o no a Pedro Castillo.

Entre las cuerdas de este lado está la JNJ, empeñada en separar de su cargo a cuanto magistrado contradiga al señor Rospigliosi. La JNJ ha quedado sobreexpuesta al retirar de la judicatura al juez Ordóñez por razones vinculadas a sus opiniones sobre asuntos de relevancia institucional. A esto hay que agregar que ha suspendido a los jueces Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho por discrepancias sobre el contenido de algunas de sus decisiones. Y ha anunciado su intención de intervenir una Sala completa de la Corte Suprema por la forma en que resolvieron, hace cuatro años, un asunto vinculado a la imprescriptibilidad del caso sobre esterilizaciones forzadas de los años 90. Todo este paquete de asuntos, al que deben agregarse las inhabilitaciones y la destitución de la señora Espinoza, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, va a llegar al Tribunal Constitucional en el proceso que se inicia en julio. Con el primero que llegue podremos saber si esa capacidad de rectificación o “ajuste” de líneas de jurisprudencia que la mayoría del Tribunal ha mostrado en el caso sobre el gasto público y el parlamento puede ampliarse a otros asuntos que se inscriben más en la vereda propiamente institucional que en la directamente económica.

El Congreso bicameral, en proceso de instalación, enfrenta como primer desafío la conformación de las dos primeras mesas directivas de este ciclo. Las matemáticas de la política anuncian que la tensión de las negociaciones que se ha hecho evidente en estos días no va a bajar, y que los resultados, que se verán en breve, representarán una evidencia clara de la forma específica que adquirirá el escenario político del primer año del nuevo ciclo. Saliendo de esa coyuntura viene otra fundamental: el debate sobre el presupuesto de la República, del que debe resultar un mensaje claro sobre el respaldo con que contarán dos entidades decisivas para el funcionamiento del sistema legal: las fiscalías y el Poder Judicial, acechado permanentemente en el último tramo del periodo de demolición por el señor Rospigliosi. En mayo del 2027 vencerá el mandato de seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado, que para tomar una decisión en esta materia debe ser capaz de reunir 40 votos, puede optar entre elegir seis reemplazantes o limitarse a elegir solo un número menor, tres por ejemplo, con lo que podría modificar en los hechos el procedimiento de nombramiento para avanzar hacia un régimen de renovaciones parciales.

El régimen que se instala en julio arrastra deudas que no deben ser olvidadas con las víctimas de la represión de las protestas que comenzaron en diciembre de 2022. A ellas es necesario agregar a las familias de Inti y Bryan, Trucko y a los deudos de las violaciones a los derechos humanos de los años 80 y los primeros 90. A ellos es imprescindible agregar ahora a los jóvenes asesinados en Colcabamba, al adolescente muerto en Manchay (imposible suicidarse dentro de una comisaría) y a un niño que acaba de morir en medio de una balacera en Huacho. Pretender que el Estado se puede manejar por cuerdas separadas supone algo tan absurdo como pretender que podemos justificar la riqueza y la crueldad al mismo tiempo, en un entorno en que ambas cuerdas anudan a las personas de manera desigual. 

El modelo de los años 90 falló cuando Alberto Fujimori, en medio de la legitimidad que le dio ser el único presidente que ganó una elección con mayoría absoluta, equivocó la ruta, y en lugar de institucionalizar un país que aún no terminaba de ensamblarse, acabó entregándose a la enorme frivolidad de un orden definido como control vertical sin equilibrio y sin institucionalidad.

La señora Fujimori ganó las elecciones convocadas después de un intenso ciclo de desmontaje institucional. El siguiente movimiento está en sus manos.  

Las justicias paralelas, diseñadas para que ciertos grupos sean juzgados por sus propios pares, son instrumentos históricos de impunidad, y el Perú los conoce bien desde los años en que los tribunales militares sin rostro garantizaban que los crímenes del Estado quedaran sin condena.

Junior tenía ocho años. El sábado por la noche viajaba con su madre en una mototaxi en la avenida Mercedes Indacochea de Huacho cuando un altercado entre el conductor y dos policías terminó con un disparo que le impactó en la cabeza. El domingo murió en el Hospital del Niño en Lima. El lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que permite que policías y militares investigados por delitos cometidos en funciones sean procesados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria. La secuencia no debe pasar desapercibida.

La Defensoría de la Policía confirmó que el suboficial Luis Nazario Chumbes no respetó el protocolo que dispone que el arma de fuego debe usarse únicamente como último recurso cuando la vida del agente o de terceros esté en peligro inminente. La madre de Junior lo dijo con palabras que el país debería recordar: era innecesario sacar el arma, ellas no eran una banda criminal, eran mujeres sin armas.

Al respecto, la Fiscalía de Huaura actuó con celeridad y solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial. Eso es exactamente lo que la justicia ordinaria puede hacer cuando hay un crimen evidente.

Pero Junior no es el único caso. El 25 de abril, en Colcabamba, cinco jóvenes murieron baleados por la PNP cuando regresaban de un partido de fútbol. El fiscal especializado en Derechos Humanos imputó a los efectivos homicidio calificado por empleo arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal. Ese caso también está en el Poder Judicial y la nueva ley ordena archivar los procesos ordinarios cuando exista una investigación paralela en el fuero castrense.

Como era de esperarse, Balcázar dejó pasar el plazo constitucional sin observar la autógrafa y Rospigliosi la promulgó el lunes. Asociaciones multilaterales como

Human Rights Watch advirtieron que la ley equivale a un cheque en blanco para que miembros de la Policía cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno y sobre todo el nuevo parlamento tiene la responsabilidad de impulsar su derogación. Por el bien de la justicia en el Perú.