En efecto, la secuencia de los hechos pesa. El viaje apostólico fue adelantado por el entonces presidente interino José María Balcázar tras una audiencia en el Vaticano, cuando el escrutinio de la segunda vuelta seguía abierto, se oficializó a comienzos de agosto y el Ejecutivo lo declaró de interés nacional. La bilateral con el presidente Xi Jinping, en cambio, fue planteada por la mandataria semanas después y consta con hora y sede en el itinerario remitido al Senado el 6 de noviembre. Primero estuvo el Papa y luego llegó la cita, de manera que la elección corresponde a una decisión del Ejecutivo y a ningún cruce fortuito.

Desde el oficialismo se presenta el reclamo como mezquindad de adversarios. No obstante, debe quedar claro que la principal crítica nace del mal manejo del Estado, bajo este gobierno, a los asuntos protocolares y a la falta de organización, sobre todo por parte de la actual gestión del canciller Carlos Espá.

Además, la dimensión histórica agrava el gesto. En mayo de 2025, el Estado peruano envió a Roma a la entonces presidenta Dina Boluarte, con autorización del Congreso, para asistir a la misa de inicio del pontificado, al considerar que la ocasión exigía la máxima representación, con votos del fujimorismo.

El artículo 110 de la Constitución dispone que el Presidente de la República personifica a la Nación, fórmula que cobra particular fuerza cuando millones de ciudadanos viven un acontecimiento compartido y de características sin precedentes como el que se viven estos días. En ese sentido, la persona que encarna al país tiene la tarea de acompañar ese momento hasta su acto final, y la agenda comercial, por legítima que resulte, debería admitir otras fechas. Las prioridades están por los suelos.

La calle confirma lo que dicen las encuestas. En Trujillo, que fue bastión fujimorista, la visita presidencial al penal El Milagro terminó con familiares de internos exigiendo información sobre sus muertos y un huevo contra el vehículo oficial. En Huánuco, miles de personas paralizaron la ciudad por la falta de agua potable y fueron dispersadas con gases lacrimógenos. Protestan contra un Estado que no responde.

Keiko Fujimori prometió orden y se tomó quince años para preparar su llegada al poder. Aun así, a los cien días ha terminado siendo uno más de los gobiernos que siguieron a la caída de Pedro Castillo. No ha habido un solo hecho político que la ponga un peldaño por encima de esa serie, ni que le otorgue una marca propia.

Para entender a este gobierno hay que verlo desde la militarización de la política: la sustitución de la deliberación por la fuerza como respuesta del Estado al conflicto social. Su fase actual tiene fecha de inicio: diciembre de 2022, tras la salida de Pedro Castillo. Desde entonces el Estado respondió a la protesta con estados de emergencia y armas: mató a 49 personas, y sus familias siguen sin justicia. Luego el Congreso convirtió esa lógica en norma: la Ley 32419 de amnistía, promulgada por Dina Boluarte con el respaldo de Fuerza Popular, y la voluntad fujimorista, expresada públicamente, de extender ese perdón a quienes actuaron en 2022 y 2023.

Fuerza Popular no heredó ese ciclo: lo inauguró, co-gobernando desde el Parlamento. Hoy, desde Palacio, lo profundiza. Su respuesta a la inseguridad es un comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía con centro de operaciones en el Cuartel General del Ejército. Manuel Pulgar Vidal, en su reciente columna, cuenta nueve deudas que limitan a la presidenta; dos de ellas, la militar y la policial, explican mejor que ninguna esta orientación. Cuando un gobierno debe su posición a quienes portan las armas, la seguridad deja de ser política pública y la política misma se subordina a la fuerza. Y la evidencia regional es clara: México, desde 2006, enseña que desplegar militares sin reformar la policía, la inteligencia y la justicia no reduce la violencia de manera sostenida.

Al lado de la mano dura aparece la frivolidad: los sombreros, el "tap, tap" de TikTok. La vanidad ejercida desde el poder es otra continuidad con el periodo de Boluarte, igual que los nombres de sus "nuevos" funcionarios. Reciclados de ese periodo, aportantes de campaña y reencauchados de los noventa no forman un equipo de gobierno: forman una red de lealtades.

El ciclo de las políticas públicas toma tiempo, pero exige trabajo serio. La programación presupuestal, los proyectos priorizados, el avance de las políticas nacionales y los programas sociales no se construyen con transmisiones de TikTok. Se construyen con equipos técnicos, metas medibles y rendición de cuentas. Nada de eso se ha visto en cien días.

Lo que la ciudadanía más le valora es el "orden" en las escuelas. Aun así, es su principal acierto para apenas 21% de los encuestados, y responde a un enfoque poco técnico que no resuelve los problemas de fondo. Lo que no existe es una idea propia de país.

El Congreso anterior le abrió la puerta a este gobierno a través de terceros: Boluarte, Jerí y Balcázar. Keiko Fujimori ya gobernaba antes de ponerse la banda. A los cien días, lo único nuevo es que ahora tiene que responder directamente.

El problema más importante empieza a ser geopolítico. Los ataques desde la IA se están multiplicando, y el Gobierno de los EE. UU. tiene el virtual monopolio en los programas de defensa. Distanciarse de Washington es exponerse a la piratería cibernética, hasta que otro centro de poder pueda proveer esas defensas.

The Economist hace notar lo peligroso que resulta cierto ingenuo convencimiento de que Internet y sus productos (entre ellos, la IA) son esencialmente seguros, y llama a que el mundo empresarial se ponga en movimiento frente a este tema. Ejemplos sobre la nueva peligrosidad no faltan, y no todos llegan a las primeras planas.

La connotación bélica de lo anterior es obvia: atacar a los países a través de sus empresas. Eso da otro significado a la expresión guerra económica, lo cual incluye dejar a empresas y países deliberadamente desprotegidos frente a los nuevos hackers, detrás de los cuales se empieza a vislumbrar, a su vez, a países agresivos.

La situación es grave. Antes de eliminar a la humanidad, como algunos temen, la IA puede eliminar a sus empresas, con todo lo que ellas han acumulado. Como en el Chicago gangster de los años veinte, el próximo gran negocio va a ser vender protección a las empresas, a partir del monopolio tecnológico. Extrañaremos los antivirus de hoy.

The Economist hace hincapié en la importancia de la ciberseguridad y llama a la acción para restaurar lo que se ha perdido en este campo. Pero eso no parece una tarea fácil. Hoy no hay acceso a defenderse mediante una empresa privada especializada sin autorización de los EEUU. No es difícil imaginar el hackeo del puerto de Chancay, por ejemplo.

Así, el terreno cibernético que alguna vez pareció un horizonte de avances para el género humano ahora se ha vuelto un campo minado por la delincuencia. A los filósofos y a los contadores les queda dilucidar si los individuos todavía son más rateros que las computadoras.

Es cierto que más adelante RN va a ser un rival, como ya lo fue antes. Pero, por el momento, Fuerza Popular tiene que verlo como un aliado, aunque los estilos y las ideas son diferentes. Otra cosa sería si Jorge Nieto fuera más claro y estable en el manejo de sus votos en el Congreso. Pero, por el momento, López Aliaga es lo que hay.

Las palabras de Galarreta son el mínimo suficiente para que el litigioso López Aliaga se lance contra el JNE y su presidente, y no contra el Gobierno. Pero quizás, al final, López Aliaga se va a lanzar contra todo el mundo, que es su idea de la renovación. Algo tendrá que ver la performance de la contadora que lo está reemplazando, digamos.

El menú de López Aliaga hoy incluye: visitar a alcaldes electos de RN, tomar la vía penal y salir a las calles, en ese orden. A Jeanette Alonzo, la alcaldesa reconocida por el Gobierno, demasiado activismo pugnaz de este primer regidor no le va a hacer mucha gracia. Además, no olvidemos que Alonzo por fuerza sabe cosas.

¿Estamos, entonces, a las puertas de una guerra municipal? Quizás sí, pero no del tipo que se imagina a primera vista. Quizás no sea una simple pugna por el poder y la representación, sino los complicados esfuerzos por zafarse de las responsabilidades financieras generadas por el gasto de López Aliaga durante su alcaldía.

¿Y Galarreta? Tal vez tiene el apoyo de Keiko Fujimori, pero necesitará votos para no ser interpelado y hasta vacado en los tiempos que vienen. Por eso, el franelazo a López Aliaga a expensas del JNE. Pues son, como en las películas de artes marciales, ocho votos de furia RN en el Senado. Lo cual siempre incluye groserías varias.

¿El pecado del JNE para Galarreta? No informar sobre el texto de la Constitución antes de las elecciones.

Pero las cosas van a ser complicadas para Jeanette Alonzo. Con 21 regidores de RN de un total de 39, la posición de López Aliaga es dominante, y está claro que él no se privará de ejercer ese poder. Para ello, Alonzo, militante de RN con cargos en la economía del partido y del municipio, será clave a partir del 2027.

Si se llega a producir una auditoría de los gastos en el municipio bajo la gestión de López Aliaga (sigue siendo una tarea urgente), Alonzo tendría que ser parte de ese escenario. Y ahora López Aliaga se encontrará en el mismo tándem de la vez pasada, solo que el orden de las firmas será diferente.

Vemos, pues, que el juego de la reelección encubierta es previo a la elección misma, con la colocación de personajes instrumentales a los designios de quien salió por una puerta y regresó por otra. ¿Por qué deberíamos pensar que Alonzo, una vez en el cargo, tendrá planes e intereses distintos de los de López Aliaga?

Si llegara a encenderse una chispa constitucional de rebeldía frente a López Aliaga, este ya tiene regidores suficientes para imponer su criterio. De modo que Alonzo estará acorralada (i. e., metida en un corral). Estaremos como en esos países soviéticos donde el verdadero poder lo ejerce el vicepresidente y no su aparente jefe.

Ahora bien, para ejercer una voluntad de alcalde de Lima, López Aliaga no necesita mantenerse en el cargo de primer regidor. Podría renunciar a ese cargo, manejar el municipio desde su casa y dedicarse a hacer campaña presidencial como de costumbre. Seguro que algo parecido vamos a ver en otros puntos del país.

Pero quizás hemos pintado las cosas demasiado ordenadas. Entre los 21 regidores de RN y los 18 restantes se pueden dar intereses e ideas propios, entre estas últimas, la de una participación en el poder edil. Habrá que seguir con cuidado esas votaciones, sobre todo en la parte financiera, la de ayer y la de mañana.

En Atuncolla, la institución educativa Virgen del Carmen, con 120 años, se mantiene de pie de milagro. Reconstruirla requiere S/ 13 millones, pero el expediente sigue detenido. Cada día asisten menos alumnos; los que quedan se acostumbran a condiciones inaceptables.

Puno existe: está en los mapas y en los discursos de oficina. Pero sufre la falta de gestión pública: lo veo en el piso roto de un aula, la falta de atención médica oncológica y la ausencia de justicia para mujeres que la reclaman.

El Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), encargado de velar por su integridad y sancionar la violencia, aún no está habilitado. Contados juzgados atienden a toda la población: hay demoras en las denuncias, protección insuficiente, barreras lingüísticas, discriminación contra mujeres quechuas y aimaras, y violencia doméstica que mata.

También preocupa el presupuesto: para 2026, el Gobierno Regional tiene S/ 3,706 millones autorizados y ha ejecutado S/ 2,770 millones. Quedan S/ 936 millones pendientes (fuente: MEF). ¿Por qué no se utilizaron?

Pero Puno también responde. Las artesanas de los Uros se organizan y convierten sus tejidos en oportunidades económicas: sus tapices y bordados transmiten resiliencia; el ambiente rebosa de talento y, al mismo tiempo, se respira el vacío de difusión y apoyo.

Entonces, ¿qué hacemos para que Puno deje de sufrir? Como diputada, he asumido el compromiso de actuar. Aunque el problema viene de años atrás, no se puede seguir postergando. Nuestra responsabilidad es impulsar cambios, exigir resultados y trabajar por justicia oportuna, escuelas dignas, salud accesible y presupuesto convertido en obras y servicios que hagan sentir a los puneños que sí importan.

Puno no pide caridad. Exige derechos. Y, aun herido, sigue tejiendo esperanza.

Al respecto, la Iglesia Católica ha formado parte de la historia de este país desde hace 500 años. A lo largo de siglos, sus pastores y, sobre todo, sus laicos comprometidos con el pueblo que sufre han contribuido a articular esfuerzos impulsados por la protección de la dignidad humana y la ética de una cultura de paz.

Esa participación ha tenido expresiones concretas en la atención a los más vulnerables. En efecto, en territorios donde el aparato estatal aún no llega o llegó tarde, la labor eclesial ya estaba presente mediante la atención en salud, educación y la protección de los indefensos.

Inclusive, el alcance de esa contribución llegó hasta quienes, con legítima razón, no comulgaban con aquellas personas que en nombre del catolicismo cometieron abusos de todo tipo.

A propósito de esta reflexión, el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, mientras redactaba los borradores de su obra universal titulada Teología de la liberación. Perspectivas , le confesó al escritor indigenista José María Arguedas en un almuerzo en Chimbote, en 1968, que “ese Dios era el del patrón”, el que amparaba al poderoso, y que, por lo tanto, “no era el Dios de los indios”. Cuando Gutiérrez le explicó su proyecto, acercar a Dios a los pobres, Arguedas escuchó en silencio. Y respondió que de ese Dios “nunca había sido ateo”.

Este diálogo histórico-intelectual condensa algo que los peruanos conocen de primera mano. Los principios del cuidado del otro y la dignidad de la persona han dialogado permanentemente con los propios deseos de una sociedad que aspira a la justicia.

Hoy, el Perú que recibe a León XIV atraviesa una etapa en que la distancia entre el poder y los ciudadanos se hace muy visible. En ese contexto, la voz de una comunidad de fe con un trabajo sostenido entre las poblaciones más postergadas adquiere un peso que va más allá del propio credo.

Por eso, el Perú y estas páginas le dan la bienvenida a León XIV con la memoria de lo que su Iglesia y su propia labor han dado a este país y el peso histórico de la influencia peruana para quien hoy lidera la Iglesia universal. Y, por supuesto, con la esperanza de que su paso renueve los valores que sostienen una sociedad que aspira a la justicia.

La ley de partidos políticos prohíbe expresamente este tipo de publicidad (artículo 42, segunda parte, literal b). Esa prohibición justifica intervenciones del Jurado dirigidas a impedir que los electores sean inducidos a error por campañas basadas en proposiciones distorsionadas.

La campaña de López Aliaga ha sido un caso bastante claro de publicidad política engañosa. Desde marzo de 2015, la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes en la misma jurisdicción (artículo 194). Pero en su campaña él sostuvo que el último alcalde elegido puede volver a ser alcalde en la misma plaza postulando a regidor. Dijo que hay precedentes que apoyan esto y no es cierto. Los precedentes confirman que los últimos alcaldes electos pueden postular a regidores en las mismas localidades, pero no saltar de allí al sillón municipal. Los cinco alcaldes que fueron elegidos regidores en el 2018 no volvieron a la alcaldía. El Jurado no le ha entregado credenciales de alcalde a la misma persona dos veces seguidas en la misma jurisdicción desde que la prohibición existe.

El Jurado debió intervenir en cuanto se lanzó esa campaña para dejar las cosas en claro. Pero no lo hizo.

El 23 de octubre, el Pleno del Jurado confirmó una orden de retiro de publicidad colocada en Víctor Larco a favor del último alcalde electo en la zona, León Clement, que anunciaba su intención de volver a ser alcalde postulando a regidor. El 6 de noviembre el Jurado anunció que había decidido que no se entregarán credenciales de alcalde a los últimos alcaldes de la zona que hayan ganado un asiento como regidores en la misma localidad. A ninguno.

Las dos declaraciones llegaron a esta historia demasiado tarde.

Estas dos aclaraciones debieron hacerse desde el principio del proceso y no al final porque formaban parte de la información que todos los electores debían recibir para decidir por quién votarían. El silencio del Jurado ha funcionado como una forma de respaldo a lo que esas campañas ofrecían. De esa manera, el Jurado ha terminado involucrado en una omisión de serias consecuencias institucionales.

Se pudo intervenir en esas campañas al principio del proceso, cuando se confirmó que los últimos alcaldes elegidos sí podían postular a regidores. La presidencia del Jurado pudo precisar claramente que por esa ruta no volverían a ser alcaldes. O al menos confirmar claramente que el Jurado estaba estudiando aún el tema, que no era seguro y seguía en debate. Pero en cualquier caso, aun con el asunto en duda, no podía admitirse que se mantenga publicidad que ya había resultado engañosa.

Hubo más ocasiones. El 1 de setiembre, el Jurado autorizó la postulación de Baca Palacios, el último alcalde provincial de Morropón, a regidor. Además de su candidatura, el caso comprendía la publicidad en que anunciaba que postulaba para volver a ser alcalde. El Jurado postergó su decisión sobre este asunto a pesar de que el proceso de elecciones estaba sujeto a un calendario electoral inamovible.

Antes del debate de Lima, catorce organizaciones políticas, además de Transparencia, pidieron al Jurado aclarar si López Aliaga podía llegar a ser alcalde o no. El Jurado volvió a eludir una declaración de fondo.

Tres semanas después de la decisión sobre Morropón, el Jurado Especial de Lima Centro archivó un caso sobre la publicidad y las pintas hechas en Breña a favor de López Aliaga, en las que se anunciaba que postulaba para volver a ser alcalde. El Jurado Especial se limitó a declarar que no podía imponer una multa a nadie y dejó de lado la cuestión del retiro de la publicidad.

Las declaraciones que el Jurado ha hecho al final del proceso debieron ser anunciadas al principio, o al menos cuando aún podían interrumpir campañas engañosas que terminaron por distorsionar el sentido del voto de los electores. Más que demora, se trata de un caso de omisión. Pero esta omisión no pone en el sillón municipal a López Aliaga ni a ninguno de los alcaldes que ensayaron la misma ruta. Ellos no son los perjudicados en este proceso. Son los principales causantes del desconcierto que se ha generado, los autores de las campañas engañosas que debieron ser interrumpidas, no toleradas hasta el final. Los perjudicados son los electores que terminaron desperdiciando sus votos por dejarse llevar por esas campañas. Quienes siguieron estas campañas respaldaron discursos que pretendían burlar la Constitución. Pero las siguieron en un contexto en que la autoridad parecía avalar ese camino.

La cuestión pendiente de respuesta se refiere a las responsabilidades que corresponden al Jurado. El Jurado debió proteger a los electores de los efectos de la publicidad engañosa de candidatos que pretendían eludir una prohibición constitucional. Esta historia describe una secuencia de omisiones que permitieron mantener en el mercado una oferta política engañosa cuando era posible y obligatorio intervenirla.

Una evaluación de este tipo no es asunto que corresponda a una fiscalía ni a una comisión del Congreso. En especial, el Congreso debe considerarse impedido de intervenir en asuntos electorales por el evidente conflicto de intereses que ello provocaría. Evaluar cómo se gestaron estas omisiones solo puede ser tarea de las entidades que eligieron a los miembros del Jurado, si ellas deciden examinar estos hechos y establecer si estas omisiones justifican poner fin al mandato de sus integrantes a través de una vía que deberá ser suficientemente equilibrada para estos fines.

López Aliaga no puede convertir el silencio del Jurado en fuente de derechos que le permitan ocupar la alcaldía. El Jurado tampoco puede negar que debió intervenir cuando el proceso estaba aún en marcha, no al final.