Para los peruanos, un efecto podría ser la exclusión de España del acuerdo Schengen, la gran puerta de ingreso turístico de América Latina a la UE. Exclusión que Italia, otro país abrumado por el sobreturismo, ya ha solicitado. Si la sangre llega al río, volverán las colas para obtener alguna visa europea.

¿Qué es lo que sucedió entre Rabat y Ceuta? Algunos ven allí una movida del gobierno marroquí; otros denuncian una actuación de las mafias del tráfico migratorio, y también hay quienes lo atribuyen a la presión migratoria de los tiempos. El prontísimo retorno de los miles de nadadores le da al incidente un toque por demás misterioso.

El incidente de Ceuta se produce después de que Pedro Sánchez anunciara una política de regularización histórica para medio millón de inmigrantes ilegales. Lo cual ha irritado a más de un gobierno de la derecha europea, comenzando por el de Giorgia Meloni, también aquejado por inmigrantes ilegales africanos.

Un gobierno de la socialdemocracia, ubicado en la primera línea de la presión migratoria africana y con una relación privilegiada con América Latina, es un polvorín diplomático. ¿Es esta la ocasión en que lo veremos estallar? A Donald Trump le gustaría verlo. Pero la atmósfera bélica de la región seguramente calmará las aguas del Mediterráneo.

Una España fuera del acuerdo Schengen, y un Schengen relativizado en todas partes, reorientaría el lucrativo turismo que ahora va a Europa. Como si no lo estuvieran haciendo ya estos temibles incendios en temporada alta y el precio de los combustibles. Quizás pronto comenzará la hora del turismo sudamericano.

Mientras tanto, el tráfico de personas de los países pobres hacia la prosperidad europea se mantiene. Las fotos de familias paupérrimas sobre el agua, o incluso dentro de ella, son cada vez más frecuentes y menos sorprendentes. La derecha europea en el poder se prepara para un ciclo de expulsiones, apenas se llegue a un acuerdo en Bruselas.

Quisiera que crezcan creyendo que votar, estudiar, elegir su camino y hacer oír su voz es lo más normal del mundo. Ojalá nunca tengan que preguntarse por qué hubo un tiempo en que las mujeres no podían hacerlo. Pero también tengo que recordarles que nada de eso fue un regalo.

Cada derecho que hoy parece obvio fue una conquista. Mujeres, antes que ustedes y antes que yo, desafiaron prejuicios, leyes injustas y un orden que les decía cuál era su lugar. Ocupábamos el hogar y hoy ocupamos el mundo.

Les escribo porque hay días en que me preocupan los silencios. Como cuando escucho un mensaje a la Nación en el que las mujeres simplemente no existimos. Entonces recuerdo que los derechos también pueden retroceder. No se pierden de un día para otro; se erosionan cuando dejamos de defenderlos o cuando creemos que ya están garantizados.

No les escribo para que vivan con miedo. Les escribo para que vivan con memoria. Pregunten. Conversen con su mamá, con sus abuelas, con las mujeres de su familia. Descubran qué obstáculos enfrentaron y qué puertas tuvieron que abrir para que ustedes pudieran atravesarlas.

Algún día les dirán que estas luchas ya pasaron, pero no es así. Mientras exista una sola mujer cuyos derechos puedan retroceder, habrá algo que proteger.

Y, cuando les toque estar al frente, recuerden que nada de lo conquistado se sostiene solo. Se sostiene porque hay mujeres que no olvidan de dónde vienen sus derechos y porque otras deciden defenderlos.

Con todo mi cariño y con la esperanza de que nunca olviden lo que nos costó llegar hasta aquí, les pido una sola cosa: honren nuestra lucha. Honren la memoria de quienes las precedieron. Y dejen el camino un poco más ancho para las mujeres que vendrán.

Con amor,

Su tía.

*Hoy teje: María Elena González Azurín, ciudadana activa.

 No faltan debates sobre el contenido de estos fallos. Haberse pronunciado sin esperar que lo haga el Poder Judicial es la crítica más seria contra el Tribunal Constitucional. Que baste poner los fondos a nombre propio en un banco para salir del ámbito de lo sancionable funda la crítica más dura contra la Corte Suprema. Ambas merecen ser tomadas en serio. Pero además las construcciones legales que usa cada una de estas sentencias no son, en el detalle, necesariamente compatibles entre sí y no todas parecen corresponder a los hechos ni a las normas aplicables a los tres casos en debate. Hay cosas forzadas en algunos de estos textos.

 Pero sin perjuicio de esto, encuentro fundamental notar que estas historias comparten un fondo común. Antes que se emitieran estos fallos, los casos de esta serie ya habían quedado descolocados.

 La fiscalía ofreció estos casos como una serie sobre lavado de activos en política. De hecho puede lavarse dinero en política como en cualquier otra actividad. Pero si de esto se trataba, la fiscalía tendría que haber comenzado por desarrollar un caso en forma sobre lavado de activos contra Odebrecht y no lo hizo. El convenio por colaboración eficaz aprobado en junio de 2019 no incluye cargos por lavado. Y jamás fue ampliado para incluir esos cargos.

 En contra puede sostenerse que los cargos por cada acto de lavado son autónomos de los hechos que originan los fondos que se lavan. Esto es cierto en parte, pero no alcanza para justificar que no existan registros, ninguno en absoluto, que muestren a la fiscalía investigando a Odebrecht por lavar activos. Puede perseguirse a terceros por lavar activos de otro. Pero es difícil probar que se trate de activos verdaderamente lavados si ese otro jamás ha sido emplazado por el hecho.

 Un caso fuerte contra Odebrecht o una ampliación del convenio por colaboración aprobado en junio de 2019 habría hecho mucho más difícil cerrar estos casos como se ha hecho. La ausencia de ese caso dejó el espacio abierto para construcciones de todo tipo, como la que pretende que los casos se cayeron porque el financiamiento ilegal de partidos no era lavado cuando ocurrieron los hechos. Una crítica como esa solo es posible porque la lavandería de Odebrecht se ha vuelto invisible. Y sin una lavandería, es obvio, no hay nada que discutir en esta materia.

 Sostener casos por lavado renunciando a probar la existencia de la lavandería que los explica es como construir un edificio suponiendo los cimientos, pero sin planos que los describan.

 Pero esta historia encierra más errores. Si la primera clave para construir estos casos está en identificar la lavandería de la que vienen los fondos, la segunda consiste en explicar por qué quien los recibe y los filtra en la economía debe ser responsable por el hecho. Cuando se ordenó la primera prisión preventiva de la señora Fujimori, en octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho sostuvo que la razón para justificar los cargos proviene de las circunstancias del hecho: los casos se referían a recepciones clandestinas de cantidades exorbitantes de dinero. La combinación de ambas cosas, dijo, conduce a que quien los entrega y quien los recibe, ambos, saben o no les interesa saber lo que están haciendo. Esta idea se sostuvo por un tiempo. Pero la defensa la horadó. A finales de 2019 quedó demostrado que solo dos personas ajenas a cualquier lavandería, Juan Rassmuss y Dionisio Romero, habían entregado a la organización de la señora Fujimori, en total, más de siete millones de dólares en efectivo. El problema no se refería a la cantidad de dinero entregado ni a la clandestinidad: lo que teníamos delante era una práctica generalizada y masiva de circulación de dinero en efectivo sin control. Pero la fiscalía no reaccionó al desafío. Nunca reacomodó el caso.

 En paralelo, el caso Humala también se movió. Jorge Barata terminó confirmando que ni él ofreció ni Humala le pidió los tres millones que reconoció haber destinado a la campaña del 2011. La idea de entregarlos vino del Partido de los Trabajadores del Brasil o del propio Lula da Silva, si agregamos a esta historia el testimonio de José Graña. Ni siquiera sabemos si algo parecido ocurrió en Venezuela. Imposible imputar a alguien saber que Odebrecht manejaba una lavandería en un caso en el que Barata aparecía como mensajero de un tercero. De nuevo quedamos ante prácticas clandestinas generalizadas y normalizadas de circulación de dinero con fines políticos.

 En octubre de 2019 el profesor Montoya había anticipado una ruta alterna. Si los números no cuadraban —no cuadran en ninguno de los dos casos— estas historias podían dar forma a un caso alternativo: el de la formación de fortunas clandestinas que se lavan en procesos complementarios posteriores a su recepción. Ahí el problema se trasladaba de la lavandería de Odebrecht a la forma en que esos excedentes no usados en las campañas fueron filtrados en la economía por quienes los recibieron. Pero la fiscalía no acogió la propuesta. Apostó por defender sus casos sin moverlos, a pesar de que todos los desafíos y comentarios sugerían que estos casos debían moverse para subsistir.

La fiscalía terminó perdiendo. El proceso salió mal. Acaba en pleno ciclo de demolición. Y deja cabos sueltos que no van a atarse en mucho tiempo. Pero no se sale de todo lo que esto representa con una frase escrita para las galerías propias o contra las ajenas. Se sale con un equilibrio que tendremos que construir incluso en medio de los enormes sinsabores que esta historia nos deja.

 Desde entonces, diversos autores peruanos han cubierto la problemática del racismo desde sus entrañas. Cito de memoria algunos de los que he leído: Marco Avilés (De donde venimos los cholos), Gabriela Wiener (Huaco Retrato), Lurgio Gavilán (Shogún) y ahora Julio Arbizú. De hecho, tanto Avilés como Wiener hacen elogiosas recomendaciones de lectura del libro de Arbizú en la contratapa del mismo.

 Negro, además, si bien comparte la experiencia de la racialización y el desprecio que le es propio, lo hace desde una perspectiva distinta, en términos del Pantone que todos los peruanos llevamos inscrito en nuestro ADN. Mientras unos son discriminados por cholos, Arbizú, como su título lo grita, es agredido por ser negro. Asignaciones cromáticas y étnicas que provienen de la mirada del otro, por lo demás. Si estuviéramos en un país gobernado por personas conscientes de esta herida abierta en la sensibilidad de millones de peruanos, este texto, así como los anteriores, deberían ser lecturas obligatorias en las escuelas. Pero no se escuchó una sola referencia al respecto en el discurso presidencial (tampoco se esperaba). Por el contrario, la negación de estos ataques a la dignidad e integridad de una enorme cantidad de peruanos aumentó exponencialmente durante las elecciones, como siempre ocurre. Bajo el miedo al comunismo, se agazapa el temor al resentimiento de quienes han sido maltratados secularmente.

 Por eso el libro de Julio Arbizú es indispensable para que esa conversación, esos interrogantes, no sean ignorados. Julio lo dice con elegante y meridiana claridad en su introducción: “Porque la violencia no solo mata en las calles. También organiza los recuerdos, moldea las aspiraciones y decide quién puede imaginar un futuro sin pedir disculpas.” Como verán, no es tan solo un testimonio genuino y descarnado. Es un libro estupendamente escrito.

 Pese a los episodios dolorosos que narra una y otra vez, pese a la rabia con la que se defiende de las ofensas y agravios, al final te deja una contundente sensación de esperanza de cambio. Cierto: la serie de humillaciones que describe son apabullantes: en el colegio, en clubes privados, en un debate político en televisión, en su propia familia (“¿Mi nieto? ¿Un negro?”), una y otra vez recibió las injurias narcisistas propias de la racialización.

 El episodio del debate en televisión es particularmente abyecto y revelador. El encuentro había sido pactado para que Julio polemice con la exparlamentaria Rosa Bartra, pero ella canceló su participación. En su remplazo, la periodista que organizó el debate propuso a otro candidato de la misma lista, quien había sido narrador de noticias en un canal de cable, a quien Julio opta por no nombrar, así que yo tampoco lo haré. En el momento de las réplicas, “el ex presentador -con una sonrisa forzada- sacó algo que tenía escondido detrás del podio. En vez de ofrecerme la mano, intentó entregarme un paquete de jabones.” Esa alusión a la supuesta falta de higiene del contendor debido a su apariencia, es de una elocuencia letal. Como los lectores acaso recuerden, Julio Arbizú se acercó al siniestro personaje y, en voz baja, le lanzó una amenaza indignada que sumió al agresor en un estado de pavor. Más adelante Arbizú comenta: “Pocos entendieron lo que había ocurrido: que no era una anécdota, sino un espejo.”

 Una semana después, en un mercado popular del Cono Este, una señora se le acercó llorando y le dijo: “Gracias, papi. Defiéndenos.” Porque el libro demuestra, en lugares tan diversos como Migraciones en Buenos Aires o una pelea a la salida del colegio, que el autor cuenta con las armas físicas, psíquicas e intelectuales para defenderse y, como lo comprendió la señora del mercado, para defender a los que sufren los mismos ataques feroces de los racistas que pretenden consolidar sus privilegios mediante la humillación.

 Lo cual no significa que esos golpes no dejen huella. Por el contrario, son marcas indelebles. El trabajo personal que ha tenido que hacer Julio Arbizú es inagotable y nunca termina. Acaso nada lo refleja mejor que el relato de una pelea “a la salida” en el colegio, contra Gianfranco, un compañero que le había hecho bullying. La pelea estaba pactada en un lugar irónicamente llamado el “Ágora”. Salto hasta el final, cuando un compañero detiene a Julio y le dice: “Ya le sacaste la mierda, ¿por qué estás llorando?”

 Esa frase resume a la perfección el sufrimiento de las personas discriminadas. Incluso los pocos que, como el autor, disponen de los recursos para no dejarse pisar el poncho, lo hacen a costa de un trabajo agotador y penoso, interminable pero imprescindible.

Para un sector, la llegada de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno significaba la posibilidad de una gran ruptura con el último quinquenio y, con ella, el regreso de los técnicos al Estado. Esa expectativa se alimentó, sobre todo, en el tramo final de la campaña, con las constantes referencias al legado del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y con la presencia de Luis Carranza: exministro de Economía, protagonista del debate técnico y señalado como el gran favorito para el MEF o incluso para la PCM. Para sorpresa de muchos, lo que llegó fue un gabinete casi exclusivamente político. Sin Carranza, y en cambio, con varios ministros sin experiencia en los sectores que ahora conducen. Analicemos, entonces, no solo qué tipo de gabinete ha formado Keiko Fujimori, sino también qué administración pública recibe para gobernar.

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Es sabido que, durante el quinquenio anterior, la designación de puestos públicos no respondió a las capacidades o idoneidad de quienes los ocuparon, sino al patronazgo de los partidos que dominaron el Congreso, que se distribuyeron espacios en el Estado en proporción a los votos que podían aportar para contener la amenaza latente de una vacancia. Ese fue el terreno donde germinaron varias de las redes que se desplegaron en la administración pública y hoy reaparecen. Basta revisar las designaciones de los últimos días en la alta dirección del Estado, publicadas en El Peruano, para comprobar que las redes del último quinquenio se están reacomodando, más que desapareciendo, con el nuevo gabinete.

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Tampoco en el más alto nivel político puede hablarse de una ruptura definitiva. Ernesto Álvarez, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de José Jerí, asume ahora el Ministerio de Justicia, mientras José Arista, extitular del MEF de Dina Boluarte, es hoy un cuadro de Fuerza Popular en el Congreso. Ambos dan cuenta de la participación fujimorista en la repartija del último quinquenio. Pero no es la única red que permanece. La de la Universidad de San Martín de Porres, históricamente vinculada al aprismo y que fue ganando protagonismo en el sistema de justicia durante esos años, consolida su presencia con el nombramiento de José Antonio Chang, rector de esa universidad y antiguo ministro de Educación de Alan García, quien regresa a la misma cartera. La otra red que creció durante el último lustro, y que todo indica que conservará espacios, es la de César Acuña, cuyo entramado tuvo una presencia importante en el sector Salud y alternó con Fuerza Popular posiciones en el MEF y, particularmente, en ProInversión. Si existe tanta continuidad, ¿qué distingue entonces a este gabinete de los que gobernaron durante los últimos cinco años?

El gabinete Galarreta es, ciertamente, un gabinete político, pero compuesto por un tipo particular de políticos. No son figuras que aporten nexos con otras bancadas parlamentarias, bases sociales, representación territorial o un electorado propio significativo. Entre sus integrantes aparecen, por ejemplo, excandidatos presidenciales como Carlos Espá y Rafael Belaúnde, quienes, pese a alcanzar cierta visibilidad durante la campaña, obtuvieron resultados electorales marginales. Algo similar puede decirse de Alberto Beingolea, expresidente del PPC, un partido histórico cuya presencia electoral se ha vuelto prácticamente irrelevante.

Fujimori ha incorporado, entonces, figuras ajenas a Fuerza Popular, pero esto no supone una ampliación sustantiva de su base política. Se trata más bien de una apertura conservadora hacia cuadros del mismo espectro ideológico. Su principal activo no está en aquello que representan electoralmente, sino en su oficio político: conocen las instituciones, tienen contactos en el sector privado, y manejo para encarar los medios y las distintas arenas en las que tendrán que defender las decisiones del gobierno.

Esa carencia de capital político ayuda también a explicar otro rasgo del gabinete: la incorporación de figuras anteriormente críticas de Keiko Fujimori, como Juan Sheput o Alberto Beingolea, que ante su intrascendencia política propia, han doblado la rodilla para convertirse en algunos de sus defensores más visibles. No llegan con votos suficientes para ensanchar la base política del fujimorismo, pero sí con oficio, exposición mediática y experiencia para dar la batalla pública. De hecho, uno de los contrastes más notorios de estos primeros días frente a los gabinetes del último quinquenio es la intensa presencia de los ministros en los medios de comunicación, aprovechando una todavía complaciente luna de miel. La apuesta, por tanto, no parece ser ampliar el círculo incorporando fuerzas con representación propia, sino ensancharlo de manera conservadora con políticos experimentados y dispuestos a defenderlo. Es el gabinete de los escuderos.

Si esperaban un Fujimorismo 2.0, el contraste con el gobierno de su padre puede resultar revelador. Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 prácticamente sin partido, sin cuadros propios y sin una coalición organizada a la cual recompensar. A fin de cuentas, era un outsider. Esa debilidad política inicial le permitió, paradójicamente, incorporar tecnócratas relativamente independientes y construir un gobierno rupturista frente al establishment de entonces. Keiko llega en condiciones opuestas: después de 15 años construyendo un partido, acumulando operadores y formando un núcleo de confianza. Su primer gabinete no anuncia una ruptura con el establishment que recibe, sino una apuesta por administrarlo. Incluso cuando abre el círculo, lo hace hacia figuras políticamente cercanas y con escaso poder propio, que difícilmente amenazan los equilibrios internos del fujimorismo.

La persistencia de Keiko Fujimori le ha permitido construir lo que probablemente sea su principal fortaleza: un grupo político cohesionado y disciplinado que, en el último proceso electoral, demostró ser lo suficientemente amplio para llevarla finalmente a la Presidencia. Sin embargo, ya en el gobierno, esa misma fortaleza puede convertirse en su principal debilidad: puede también ponerle un techo a su capacidad de ampliar su legitimidad hacia otros sectores del electorado.

El título es 'Mario Vargas Llosa, A Life' (Bloomsbury). Con sus 848 páginas, se presenta como la obra definitiva sobre el tema. Martin invirtió 15 años en su producción, en parte por su prolijidad, en parte por el compás de espera que impusieron la edad y las últimas enfermedades. Quizás, cuando empezó la redacción, el género estaba más de moda.

Algunos consideran que la primera biografía fue 'Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad' (Barcelona, Barral Editores, 1970), pero para muchos esa es más bien una temprana aproximación crítica. Acaso el derrotero biográfico más nutrido estuvo por decenios en la propia obra, y así fueron leídos muchos de sus tomos.

El tiempo va a decir si una figura tan publicitada a escala mundial necesitaba realmente una biografía, y además una tan voluminosa y prolija. Sin embargo, fue una vida que se comunicaba a través de anécdotas con diversa importancia y mensajes de variada profundidad. Acaso el autor siempre gana con una buena biografía.

Los primeros reseñadores están tomando el libro en serio. Pratinav Avil, en The Guardian, hace unos días la describe como una biografía habladora, pero a la vez fríamente analítica (...) El recorrido de un novelista que empezó diseccionando a la oligarquía con precisión quirúrgica y terminó cenando feliz entre ella.

Avil detecta más que historias de cambios de camiseta política, famosos puñetes literarios o romances condenados a convertirse en libros. Sobre esto último, una estupenda frase: Martin restaura a las mujeres que Vargas Llosa redujo a la condición de materia prima literaria. Lo menos que se espera de una biografía crítica.

En algún momento inicial de esos quince años, Martin me entrevistó largamente sobre su tema. Era de una gran acuciosidad y, frente a su polémico personaje, mostraba una notoria imparcialidad. Para lo que valga, Oviedo fue un amigo cercano en la clique limeña; allí donde Martin es un biógrafo.

¿Qué pasó con Humala? Solo cabe pensar en la pura maldad del personal de la justicia peruana, una idea que se repite con cada vez más frecuencia. Keiko Fujimori terminó declarada inocente, luego de su paso por la cárcel. Pedro Pablo Kuczynski ha sido feamente maltratado en su avanzada vejez. Al final, fiscales y jueces se rectifican sin decir palabra.

¿Ese es el sistema de justicia que va a participar en la anunciada lucha contra la criminalidad? Es el mismo que obtuvo puntos a lo largo del caso Odebrecht, y el resultado ha sido nada en dos platos. No sorprende que el golpista Pedro Castillo se dedique a pedir su libertad en todo momento. Debe haber más de un refrán judicial sobre ese tema.

Honra a Humala haber sido víctima de persecución política, y avergüenza a jueces y fiscales haber sido los instrumentos para que eso ocurriera, y no solo en su caso. Lo de PPK es vergonzoso, y lo de Martín Vizcarra es más que dudoso. Vemos que el sistema judicial es una amenaza permanente, ante la que solo parecen dormir tranquilos los bribones.

Cuando hablamos de instrumentos de persecución nos referimos a quienes llegaron a altos cargos judiciales por influencia de políticos con una agenda propia: sacar de enmedio a los rivales, efectivos o potenciales, para alcanzar sus objetivos. Como acabamos de ver. Eso no se resolverá sin varias reformas profundas.

¿Qué va a hacer Humala ahora? Lo imaginamos retomando su carrera política, con una agenda de reforma en las zonas más manchadas de la institucionalidad peruana. Sería un esfuerzo anticriminal más eficaz que simplemente sacar tropa a las calles. Fujimori ha sufrido algo parecido y debería entender la cosa.

Leemos que Vladimir Cerrón ha sido visto de pachanga marxista-leninista en su región. ¿Qué policías son esos que no lo atraparon en tres años de supuesta persecución ni denunciaron órdenes de las alturas? Otro asunto vergonzoso, de capitán a paje. ¿Cuándo empiezan los cambios?

¿Qué pasó? Da la impresión de que el poderoso partido de Fujimori no tiene acceso a los niveles de excelencia que se esperaba para seleccionar gente. Así, el desencanto con los ministros designados y con las carteras en las que han sido puestos es bastante grande. Como primer acto de gobierno deja mucho que desear y hace temer lo que podría ser el segundo acto.

Las propuestas de solución a diversos problemas que aparecen en el discurso inaugural de Fujimori son de un convencionalismo que conmueve. Militares combatiendo la criminalidad es algo que venimos oyendo desde que comenzó el problema. Unos pocos soles en los bolsillos de los peor pagados es una fórmula populista universal. Media docena de líneas de Metro es algo que ya hemos oído.

Lo que ha pasado es que, por haber candidateado tantas veces, Keiko Fujimori no ha logrado convertirse en una figura política formidable o, por lo menos, destacada. Sigue de la mano de los mismos perdedores que la acompañaron en todas las campañas y a algunos de sus mejores cuadros los ha perdido por el camino. Un grupo de campaña electoral no es un equipo de gobierno.

A un par de semanas de la victoria electoral, el gobierno ya debería tener, y estar en capacidad de comunicar a la ciudadanía, una idea clara de lo que significa el Niño para la población y qué se puede hacer al respecto, más allá de despachar a un ministro de gira. Hoy sabemos más sobre los incendios europeos de estos días.

En resumen: impedir la llegada al poder de políticos mal intencionados, poco inteligentes o mal formados no es garantía de buen gobierno, como empezamos a sospechar. Por lo pronto, como jefa suprema de recursos humanos, Fujimori está demostrando una falta de recursos. Lo malo es que eso se remedia a punta de errores cometidos por el personal.

Al centro de la discusión hay una célebre traductora del griego antiguo y una famosa narradora. Emily Wilson, la traductora, dice que el guion de Nolan es pobre; Joyce Carol Oates, la narradora, detecta injusticia en la crítica de Wilson. En torno a ellas se están multiplicando las opiniones, como el sargazo en la costa griega.

Las lecturas juveniles suelen recoger la obra como la historia de la vuelta a casa de un navegante que ha perdido el rumbo, el reino y la familia, y los recobra. El argumento identifica al guerrero griego regresado de la guerra de Troya con todos los viajeros. La polémica en curso sugiere que esa visión es una porción ínfima de la historia.

No es casual que la más valorada novela moderna, 'Ulysses' (1922), de James Joyce, tome su argumento, su estructura, sus tópicos y las parodias contemporáneas de sus personajes del largo poema épico de Homero. Algo parecido hace Ezra Pound en sus 'Cantos': «Y bajamos a la nave, / enfilamos quilla a los cachones, / nos deslizamos en el mar divino».

La obra de Homero viene siendo filmada en varias docenas de versiones, muchas de ellas en Hollywood, y cada una ha representado su época. La de Nolan no es una excepción, con sus grandes estrellas de esta hora y su capacidad de montar un espectáculo. ¿Entonces por qué la polémica?

¿Hay algo más polémico hoy que una guerra en el este del Mediterráneo? El tema es tan serio que ha convocado el reclamo de una académica como Wilson. Daniel Mendelsohn, otro celebrado traductor de la obra, afirma que Nolan ha despojado a Odiseo de importantes rasgos para rehacerlo a su imagen y semejanza, «como el hermano menor de Oppenheimer» (el inventor de la bomba atómica).

Sin duda voy a ir a ver la película de Nolan apenas las multitudes de la taquilla disminuyan. Mientras tanto, la polémica cinematográfica, académica y literaria es espectáculo suficiente.

De manera fulminante, el TC ha ordenado el cierre del proceso: clausura total. Lo ha hecho convirtiéndose en un juez penal, invadiendo competencias de los jueces ordinarios, convirtiéndose en una instancia ordinaria de revisión e interfiriendo en el ejercicio de las funciones de los jueces, en abierta contravención a las reglas de la Constitución, y ninguneando los criterios que la Corte Suprema ha establecido como guía para determinar si las donaciones a partidos políticos son delitos o no.

No es posible juzgar sin delito

Nadie puede ser sometido a un proceso penal si no hay un delito previamente tipificado en la Ley. La pregunta es ¿quién determina si los hechos son delito o no? Esa tarea de subsunción de los hechos a la norma les corresponde a los jueces penales del Poder Judicial, quienes a la luz de la actividad probatoria que desarrolla el Ministerio Público, determinarán la ilicitud de los actos que se incriminan.

El delito de lavado de activo ha existido en nuestra legislación con varias modalidades, desde el 2002. El caso Humala-Heredia fue el primer caso donde la Corte Suprema sostuvo, en la Casación N° 617-2021 NACIONAL, que para determinar si la donación de dinero a los partidos políticos es delito o no, es cuestión de la actividad probatoria que se debe desarrollar en el juzgamiento.

Dice la Casación: la donación a partidos políticos, como tal, no es delictiva, pero la situación cambia si esta camufla o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa, acaecida a nivel nacional o internacional. En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y, a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal. Esta es la regla que impuso la Corte Suprema y que ha guiado la actividad de los jueces en el juzgamiento del caso Humala-Heredia.

Por ello, en el caso Humala, el Ministerio Público ha puntualizado que el financiamiento de las campañas electorales 2006 y 2011 se efectuó con dinero proveniente de actos de corrupción acaecidos en el primer caso, en la República Bolivariana de Venezuela (de parte del gobierno venezolano) y, en el segundo supuesto, en la República Federativa de Brasil (del lado de las empresas OAS y Odebrecht, y del Partido de los Trabajadores).

En las sentencias condenatorias se detalla la conversión para la campaña 2006, sosteniendo que podía presumirse su origen ilícito, al dificultar la identificación de su origen, utilizando envíos dinerarios por valijas diplomáticas. En ese contexto, se señala que Heredia celebró contratos ficticios por prestación de servicios no realizados a una serie de empresas, realizó prepagos de un crédito hipotecario con dinero maculado y adquirió un vehículo; y en la campaña 2011, se simuló aportaciones dinerarias para dar apariencia de legalidad al dinero que finalmente ingresaba al tráfico económico; e incluso se utilizó el dinero y se convirtió para adquirir un inmueble en Surco.

En la sentencia que condenó a Humala-Heredia, y que hoy el TC ha anulado, los jueces analizaron que este estaba en la condición de presumir, en el financiamiento de las campañas de los años 2006 y 2011, que existían activos provenientes de un fondo pecuniario que, según se señala, se encontraba vinculado con delitos de corrupción, por lo que concluyó que este era responsable por la comisión del delito de lavado de activos. 

La puerta falsa que abre el TC

El TC interviene cuando existe una sentencia firme que vulnere los derechos del favorecido. El caso Humala está pendiente de apelación y es, en la Corte de apelaciones, donde se deben revisar los cuestionamientos que haga sobre el proceso. A ello se agrega el agravante que no se trata del control de una sentencia firme, sino que acoge un incidente en el camino del proceso (excepción de naturaleza de acción) que no tiene vinculación con la privación de la libertad de Humala para abrir las puertas del TC. Hay que recordar que su prisión proviene de la condena impuesta en una sentencia penal y no en el cuestionamiento de la excepción procesal, con la que el TC ha abierto la puerta para atender el caso Humala.

Trato selectivo del TC con los litigantes

Pero el TC no abre las puertas, así de generosa, para todos los litigantes; todo lo contrario, a ellos les aplica la reiterada jurisprudencia del TC, para afirmar que no le corresponde al TC verificar si una conducta es un delito, porque ello es tarea exclusiva del juez ordinario, que escapa a la competencia del juez constitucional, sin embargo, los casos Fujimori y Humala tienen otro trato. A manera de ejemplo, en la STC 04305-2022-H/TC, este mismo TC le dice ¡no! al resto de litigantes.

¿Quién dice lo que quiero escuchar?

Los grupos políticos cuando eligieron a los actuales integrantes del TC, colocaron un cartel que decía: se busca miembros del TC, que digan lo que siempre queremos escuchar: los aportes de campaña no son delito. La búsqueda fue exitosa. La sentencia del caso Cócteles, es un ejemplo potente de ello, por generar un efecto reflejo para todos los casos donde la clase política esté procesada por lavado de activos por haber recibido aportes para la campaña.

Preciso que no se trata de una sentencia por unanimidad. Hay dos integrantes con una posición disidente frente a lo que han decidido la mayoría (Pacheco y Monteagudo). El magistrado Monteagudo es categórico al afirmar los alcances de la justicia constitucional para revalorar actuaciones propias de la justicia ordinaria en el marco de una investigación por lavado de activos y cómo es que el Tribunal Constitucional debería evitar inmiscuirse en procesos penales que se encuentran en trámite. En todo caso, este análisis debería ser aún más exhaustivo y consistente con las competencias de la justicia constitucional cuando se evalúen cuestiones que podrían derivar en el archivo del proceso penal.

No hay lonche gratis

No es un sueño que la plata llegue sola. Es una realidad que el dinero llegue en grandes cantidades y de manera clandestina (sin bancarizar) para financiar campañas políticas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a cambio de qué?

Ningún beneficio es totalmente gratuito. Nadie entrega exorbitante sumas de dinero a cambio de nada. Esta es la segunda parte de la historia, que los beneficiados con esos aportes, buscarán evadir la respuesta; pero, mientras tengamos este TC, lo podrían lograr con éxito, porque siempre estarán prestos a decir, lo que quieren escuchar quienes los eligieron.

Se ha iniciado una nueva etapa de gobierno y Fujimori hija ha dirigido su mensaje a la nación, en la que ha omitido pronunciarse como jefe de Estado, sobre las cincuenta personas asesinadas en el sur del país, a raíz de las protestas sociales. El ejercicio del poder debe partir del reconocimiento del ser humano como el centro de toda decisión pública. Es un tema pendiente por abordar, y no es el único, pues en esa lista están los casos de Inti Sotelo, Jack Bryan Pintado y Eduardo Mauricio Ruiz (Trvko), casos que buscan que el Estado cumpla con su deber de investigar de manera seria, célere, imparcial y efectiva.

Hay un mandato constitucional, con el que inicia la Constitución Política, que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

 La dignidad que humaniza el poder

En el lenguaje común se asocia la palabra dignidad con el comportamiento, con el orgullo o el amor propio, pero, la Constitución Política no se refiere al comportamiento de una persona, sino a su valor como ser humano. Dicho en otras palabras, dignidad implica que una persona vale por el simple hecho de existir, no porque sea buena, inteligente, rica o porque siempre haga las cosas bien.

El Tribunal Constitucional sostiene que la dignidad humaniza el ejercicio del poder porque exige que las decisiones del Estado mantengan siempre visible al ser humano concreto sobre el cual producen efectos. (Exp. N.º 02273-2005-PHC/TC)

La dignidad humana no solo exige respetar la vida de las personas cuando están vivas; también exige tratar con respeto a quienes han perdido a un ser querido. La empatía de un presidente es una forma de reconocer que cada vida tenía un valor y que el dolor de las familias merece ser escuchado y atendido; sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Con ese pasivo latente se pretende construir la reconciliación sin hacer ningún gesto que revierta esa indiferencia desde el Estado. La dignidad humana no solo fundamenta los derechos fundamentales; también constituye un principio de humanización del poder público, en virtud del cual toda actuación estatal debe reconocer al ser humano como el centro y la razón de ser del Estado. 

Hay que ver el rostro del otro

Si la persona es el fin supremo, una reacción de indiferencia frente a la pérdida de vidas sería difícil de conciliar con ese mandato constitucional; no se puede continuar con indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas. Ser empáticos no significa aceptar responsabilidades jurídicas antes de una investigación. Significa reconocer que unas familias han perdido a sus seres queridos y que su dolor merece respeto y consideración. En una democracia, el liderazgo no solo consiste en tomar decisiones; también implica acompañar a la población en momentos de tragedia, mostrar humanidad y contribuir a la reconciliación social.

Cuando muere una persona en un conflicto social, no desaparece únicamente un cuerpo. Desaparece: una madre, un hijo, un músico, un médico, un estudiante, un proyecto de vida, una historia irrepetible. Eso es precisamente lo que la dignidad obliga a reconocer. Lévinas decía frente a ello, que la ética comienza cuando vemos el rostro del otro. ¿Qué significa? Que antes de ver un número, un expediente o un enemigo, debemos ver un ser humano. El pensamiento de Levinas dialoga con lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Por ello, tiene sentido que el eje central de toda la organización sea la persona, y corresponde al Estado crear las condiciones para que desarrollen plenamente sus capacidades humanas.

No se trata de cerrar un ciclo político, de cerrar el paréntesis abierto hace 26 años, con esta nueva gestión; se trata de cerrar un ciclo institucional en el que las víctimas de la violencia no han recibido el reconocimiento, la verdad y la empatía que exige el principio de dignidad humana, ciclo que aparentemente no será tarea ni preocupación de esta gestión.

El mejor gobernante no solo hace crecer la economía o mantiene el orden público, es el que nunca pierde de vista que detrás de cada decisión hay personas concretas, con nombre, historia y familias que requieren una respuesta del Estado.

Quizá el mayor desafío del Perú no sea únicamente mejorar sus instituciones, sino recuperar el real sentido del artículo 1 de la Constitución, esto es, comprender que el Estado existe para la persona y no la persona para el Estado.

Cuando un gobierno es incapaz de reconocer el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, la promesa constitucional de la dignidad humana queda incompleta. Por el contrario, cuando un líder coloca a la persona en el centro de sus decisiones, escucha a las víctimas y reconoce su sufrimiento, la Constitución deja de ser un texto y comienza a convertirse en una realidad vivida. Ese es el horizonte al que debería aspirar toda democracia constitucional.

La idea principal es que las políticas por aplicar se basen en evidencia y que el Plan por aplicar ya como gobierno, incorporen estrategias y acciones que, de implementarse, realmente contribuyan a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Necesitamos discutir lo realmente importante hoy, anotando que las políticas públicas son acciones del Estado para   resolver o tratar problemas de la sociedad. Estando definidos estos cuando la    situación presente difiere de la situación ideal deseada.

Qué duda cabe que un problema principal por enfrentar, es la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana, también el desarrollo de políticas para lograr un crecimiento económico con responsabilidad fiscal considerando actuar proactivamente frente al fenómeno del Niño global y costero cuya intensidad aumentará en los siguientes meses.  También, se debe definir cómo debe posicionarse el país ante las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Importa saber cómo adoptar con eficiencia los Desarrollos tecnológicos correspondientes a la denominada 4ª Revolución industrial  (IA, Biotecnología, Nanotecnología, etc.) adicionalmente cómo recuperar la vigencia de la institucionalidad, reducir la informalidad, reducir la pobreza, promoción de las Pymes entre otros retos.  ¿Nos hemos puesto a pensar en las magnitudes y tipología normativa requerida (Ley, DS, RM) (no sujeta al control del Poder Ejecutivo) para enfrentar estos desafíos? ¿Qué sabemos sobre la indispensable coherencia interna que debe existir en la normatividad a desarrollar?

Está claro que las políticas por aplicar son mucho más que un listado de buenas intenciones, de su implementación y efectividad, dependerá la credibilidad de la administración entrante y la gobernabilidad del país también.

A pesar de que el plan Estratégico Nacional de Turismo existe y traza rutas de desarrollo a diez años, el nivel de desarrollo sigue siendo bastante deficiente. Lo que no existe, o existe en papel, es la infraestructura, la regulación y la coordinación intersectorial que convierten ese potencial en una experiencia segura y por ende sostenible para quien viene a visitarnos tanto desde el extranjero como desde las rutas de turismo interno en el país.

El sábado 1 de agosto, una avioneta de la empresa Aerodiana que sobrevolaba las Líneas de Nazca se estrelló dejando 13 muertos, once turistas europeos y dos tripulantes peruanos. El piloto reportó una falla mecánica antes de perder contacto con los controladores aéreos. La semana anterior, el Huascarán acumulaba tragedias. Tres montañistas peruanos llevan más de dos semanas desaparecidos a más de 6,000 metros de altitud. El 16 de julio, una avalancha mató a un porteador e hirió a dos personas mientras continuaba su búsqueda. Entre junio y julio, el nevado Tocllaraju cobró la vida de dos montañistas extranjeros y tres alpinistas españoles resultaron heridos en el Jirishanca.

En la Cordillera Blanca, reconocida en 2025 como el mejor destino de aventura del mundo, las agencias cobran hasta 10,000 soles por expedición sin exigir seguro de vida a sus clientes. Mientras eso ocurre, el país carece de helicópteros con capacidad de operar a las altitudes donde ocurren estas emergencias. O peor aún, sólo son posibles con gestión privada.

Lamentablemente el patrón es el mismo en Nazca y en el Huascarán. La regulación existe pero la fiscalización es deficiente. Los protocolos de seguridad están escritos pero nadie los verifica , y sólo es usado en muchas ocasiones como herramienta de presión de determinadas autoridades locales, con fines políticos.

En ese sentido, el turista llega atraído por una riqueza que el Estado promueve sin garantizar las condiciones mínimas para que esa experiencia sea segura.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior tienen responsabilidades claras sobre estos espacios. La coordinación entre ellos no puede depender de que ocurra una tragedia para activarse.

El gobierno tiene en el turismo una de sus palancas económicas más poderosas y una de sus deudas de gestión más antiguas. Son los ciudadanos quienes deben premiar o castigar el nivel de eficiencia de los gobiernos regionales en el cuidado y mantenimiento de las rutas turísticas del país.

La delegación de facultades no es per se, inconstitucional. El artículo 104 de la Constitución la contempla expresamente. El problema que quisiera traer a esta columna es de otra índole. Por un lado, está la exigencia constitucional respecto de una ley que pretende transferir competencias que corresponden, en el marco de la separación de funciones, al Congreso. Por otro lado, está la legitimidad de un gobierno que ha tenido presencia gravitante en el Congreso anterior y que, como lo ha hecho en tantos otros temas, pudo actuar con la velocidad propia de un Congreso unicameral. Sin embargo, ahora pretende gobernar sin el Congreso, si es que éste renuncia a participar del debate en cuestiones cruciales que serían delegadas.

El parámetro constitucional

La Constitución se refiere a un plazo determinado y una materia específica. El proyecto que circula propone cuatro meses, pero en ámbitos cruciales, se parece a una solicitud en blanco. El Tribunal Constitucional ha establecido que la ley autoritativa constituye el parámetro con el cual se controla la constitucionalidad no solo formal del decreto legislativo (STC, Exp. N.º 00007-2020-PI, f.j. 13).

Por eso, la materia delegada debe ser suficientemente determinada para permitir responder a una pregunta elemental: ¿Qué puede y qué no puede hacer el Ejecutivo en el marco de la delegación? Es decir, la ley que incluye la fórmula de delegación debe contener la posibilidad de convertirse en norma parámetro para el control constitucional posterior. Si la ley pretende una delegación abierta está introduciendo una inconstitucional sustantiva en el propio parámetro, porque con una ley que no especifica la materia, el control constitucional se esfuma. Por eso el TC ha añadido que la voluntad normativa expresada en la ley autoritativa debe ser “lo más clara, precisa y coherente posible” y que para determinar su contenido no basta identificar la facultad delegada: también debe atenderse a su finalidad (STC, Exp. N.º 00017-2019-AI, ff.jj. 45-50).

La proscripción de una “delegación estructural”

Este es el punto donde el proyecto merece una mirada más exigente. Propongo llamar delegación estructural a aquella que no encarga al Ejecutivo la regulación de un asunto delimitado, sino que le entrega un amplio espacio de configuración normativa sobre sectores enteros de la actividad estatal.

Así, mientras una delegación específica permite identificar, desde la ley autoritativa, las fronteras de la potestad delegada, una delegación estructural, en cambio, desplaza hacia el Ejecutivo una parte de la decisión sobre cuáles serán esas fronteras. Al proceder de este modo, las delegaciones estructurales resultan inconstitucionales porque convierten a la ley de delegación en una licencia sin controles.

El bloque de seguridad ciudadana es ilustrativo. La habilitación comprende materias “militar y policial, penal, procesal penal y de ejecución penal”. El problema no es que la legislación penal sea indelegable. El problema es la amplitud de la fórmula. Si se delega la legislación penal como tal, ¿qué reforma del Código Penal podría considerarse realmente un exceso? Es una delegación estructural que cancela la intervención del Congreso en asuntos de gran interés público como la política criminal o las reformas al Código Penal.

El bloque de desarrollo productivo lleva el problema a su máxima expresión. Agro, recursos hídricos, pesca, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, sistema financiero, ambiente, infraestructura y asociaciones público-privadas forman un universo tan amplio que la categoría corre el riesgo de dejar de operar como límite.

La paradoja es que el proyecto demuestra que podía hacerlo de otra manera. Cuando identifica una decisión concreta —como la reducción de determinados feriados o la derogación de una ley específica— la habilitación resulta mucho más fácilmente delimitable. El problema, entonces, no es técnico sino que parece una cierta voluntad política por hacerlo de esta forma.

Los límites constitucionalmente explícitos

Hay, además, ámbitos donde la discusión sobre la especificidad se convierte en una cuestión de límites materiales. La Constitución prohíbe delegar, entre otras, las materias relativas a reforma constitucional, aprobación de tratados, leyes orgánicas, Presupuesto y Cuenta General de la República (Constitución, arts. 101.4 y 104; STC, Exp. N.º 00047-2004-AI, f.j. 25).

Por eso requieren especial escrutinio las habilitaciones que permiten crear, fusionar o disolver organismos públicos y reasignar competencias, funciones y recursos, cuando ello pueda incidir en materias sujetas a ley orgánica. Más claro aún es el problema de una habilitación para establecer mecanismos de participación institucional en los procesos constitucionales, lo que podría suponer una alteración del propio sistema de control constitucional.

En materia tributaria, la delegación es posible, pero tampoco es ilimitada. El artículo 74 permite delegar facultades tributarias, mientras que el artículo 79 establece exigencias específicas para determinados beneficios tributarios. Una autorización genérica para modificar y “optimizar” regímenes tributarios no puede convertirse en una vía para eludir las reservas constitucionales.

El problema del trámite

La delegación de facultades también abrirá un debate sobre los procedimientos para aprobar iniciativas legislativas que han quedado delimitadas como competencias exclusivas de la Cámara de Diputados. Este parece ser el caso de una ley de delegación. El artículo 108 del Reglamento de Diputados establece que la delegación de facultades que es competencia exclusiva del presidente de la República, están dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. ¿Significa que la Cámara de Senadores ha quedado excluida de intervenir en su deliberación? ¿No contraviene esto de manera frontal con el propio artículo 104 de la​ ​Constitución que confiere esta competencia al Congreso en su conjunto y no a una sola cámara?

Tal parece que el debate en torno a la primera ley de delegación de facultades también pondrá sobre la mesa un debate quizá más de fondo: ¿resultará funcional a las exigencias de centralización del poder un Congreso con dos cámaras?

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El magistrado Varillas acumula ocho investigaciones penales documentadas por el Ministerio Público, por delitos que van desde prevaricato y cohecho hasta lavado de activos y tráfico de influencias. Está mencionado en audios de los Cuellos Blancos donde el prófugo exjuez César Hinostroza le solicita atender a un abogado amigo a cambio de apoyo en su ascenso. Ha dictado medidas cautelares que paralizaron cobros de cartas fianza en obras de salud por cientos de millones de soles, con contracautelas de montos irrisorios que la Procuraduría cuestionó en reiteradas oportunidades.

Si bien fue suspendido seis meses en 2024, regresó al mismo juzgado. Hoy, lamentablemente, sigue dictando resoluciones de alto impacto económico “afectando, sobre todo, la estabilidad jurídica, imprescindible para hacer empresa”. ¿Todo esto mientras otros jueces han sido suspendidos por cantar en un evento privado?

Hasta el momento, la Autoridad de Control del Poder Judicial y la JNJ han guardado silencio frente a este historial. No porque el sistema judicial peruano sea incapaz de actuar, sino porque en este caso concreto no ha querido hacerlo.

El Perú tiene jueces que resisten presiones y fallan con independencia, como ha documentado este diario. Y tiene también mecanismos de control que seleccionan a quién persiguen y a quién dejan operar. Esa selectividad es lo que este caso pone en evidencia.

Un juez con ocho investigaciones penales en funciones no es un problema del Poder Judicial. Es un problema de quién decide a quién se investiga y a quién se deja operar. Claro que es posible si la justicia decide ser explícitamente selectiva.