En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

La pugna más reciente comienza antes del sufragio. Durante la campaña municipal de 2026, decenas de candidatos han enfrentado extorsiones y atentados en diversas regiones de todo el país. Y en la ejecución de esas amenazas se encuentran las mafias que operan con mayor o menor complejidad dependiendo de la región.

Sin embargo, el peligro ha persistido más allá de los resultados electorales. Esta semana, el alcalde electo de Villa El Salvador, Marcelino Huamán Cano, sufrió un atentado con un explosivo en su vivienda, a pocos días de su proclamación. En Huanchaco, La Libertad, el alcalde electo, Jordan Piminchumo Méndez, denunció el cobro de cupos por montos que, en algunos casos superan los treinta mil soles cada mes.

Y, lo peor, es que en lo que va del año, tres alcaldes en funciones han sido asesinados en distintas partes del país.

Expertos en seguridad afirman que la lógica de esta penetración responde a la disputa por el control del territorio a manos de distintas organizaciones criminales. Y, ante ello, el Estado lo único que ha hecho es debilitar las normas que se precisan para la persecución del delito.

Para pesar de los peruanos, el oficialismo ha insistido en la desregulación normativa y ahora se ven los resultados. Varias autoridades locales que operan bajo presión no responden necesariamente a quienes la votaron, sino a quienes la financian o intimidan. Esa dinámica ineludiblemente pervierte el vínculo que da sentido a la democracia entre la representación política y el electorado, esto es, en el nivel más concreto de la vida pública.

La respuesta institucional, que debiera ser preventiva y articulada, con reformas profundas y con visión de Estado hacia la propia policía y las políticas de descentralización, han sido hasta ahora solo reactivas y solapadas por videos de TikTok de la presidenta y sus ministros. El riesgo es tan serio que de continuarse en la reactividad, el primer eslabón del Estado seguirá siendo capturado desde abajo.

Mi relación con la imagen había comen­zado antes. Entre los 18 y los 26 años trabajé como modelo de pasarela. Acostumbrada a ser dirigida por fotógrafos, marcas y direc­tores de arte, conocí la distancia entre la imagen que otros construían de mí y cómo yo me percibía. Aunque mi apariencia respondía a ciertos ideales de belleza, yo no me sentía segura de mí misma y expe­rimentaba pánico escénico. Comprendí que nuestra autopercepción no siempre coincide con la mirada ajena.

Desde 2011 realizo autorretratos. Mi­rando hacia atrás, creo que, quizás incons­cientemente, esta práctica surgió de la necesidad de pasar de objeto de represen­tación a sujeto capaz de decidir, construir y cuestionar mi propia imagen. Mi cuerpo se convierte en un medio para explorar cómo construimos la identidad: me trans­formo en diversos personajes y encarno múltiples roles y estereotipos.

Para las mujeres, el autorretrato fotográfi­co ha sido una herramienta de exploración, afirmación y construcción de la identidad, así como de emancipación. Ya en el siglo XIX, la condesa de Castiglione, uno de mis referen­tes predilectos, a quien descubrí durante mi investigación de tesis en París, experimenta­ba con su imagen mediante retratos escenifi­cados. Más adelante, Claude Cahun y Cindy Sherman utilizaron su cuerpo para encarnar personajes y cuestionar las convenciones de la representación femenina.

En I Am Your Fantasy (2023), mi expo­sición individual en Bruselas, exploré la sexualización femenina y cómo la iden­tidad puede convertirse en una fantasía construida bajo la mirada ajena. En algunas obras me autosexualicé deliberadamente, recurriendo a códigos del erotismo, la por­nografía o el BDSM. La provocación no es un fin en sí mismo: me interesa incomodar la mirada y preguntarnos cuándo el deseo es verdaderamente nuestro y cuándo en­carnamos expectativas ajenas. La seduc­ción puede ser una herramienta de poder, pero también un arma de doble filo: puede emanciparnos o extraviarnos en la fantasía de otra persona. La fantasía como construc­ción de identidad es un cuestionamiento que trasciende el género. Buscando acep­tación y amor, todos corremos el riesgo de dejar de ser para parecer o complacer.

La belleza también atraviesa mi investi­gación como un ideal social que condiciona cómo nos percibimos y somos percibidos. Responder a determinados estándares puede abrir puertas, pero también generar prejuicios y encasillamientos. Al utilizar mi cuerpo como medio de expresión, mi obra corre el riesgo de ser interpretada única­mente desde la apariencia, sin atender a los cuestionamientos que plantea. La belleza puede atraer la mirada, pero también limi­tar lo que somos capaces de ver.

Hace dos años regresé a Lima. Mi arte comenzó a profundizar en una dimensión más introspectiva y existencial, centrada en el autoconocimiento y las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente. En UMBRA, mi reciente exposición individual en Casa Fugaz, presentada en el marco de Open Call – Curaduría Abierta, exploro qué existe detrás de los roles que inter­pretamos. Me acerco a los conceptos de Persona y Sombra de Carl Gustav Jung: las máscaras con las que nos presentamos al mundo y aquellos aspectos de nosotros mismos que aún no logramos reconocer o comprender plenamente.

En esta búsqueda aparecen la necesidad de encajar, la persecución de ideales de belle­za y perfección inalcanzable, y las formas de autodestrucción que pueden surgir al inten­tar satisfacer expectativas ajenas. También me interesa la distancia entre nuestra auto­percepción y la mirada de los demás.

¿Cuánto de lo que creemos conocer de no­sotros mismos permanece todavía oculto? La exposición comienza con un iceberg inverti­do, una metáfora que altera la relación habi­tual entre lo visible y lo oculto: aquello que normalmente permanece bajo la superficie emerge, como una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia identidad.

Para mí, el autorretrato va más allá de re­presentar mi imagen. Mi cuerpo y mi rostro son el punto de partida para explorar cuestio­namientos que nos atraviesan a todos: quié­nes somos, cómo construimos nuestra identi­dad y qué permanece oculto detrás de lo que mostramos al mundo. Así, el autorretrato deja de hablar de mí para convertirse en un espejo de la condición humana.

En este caso, el objetivo es que el estado peruano pueda avanzar con una tecnología de generación eléctrica que aún no opera en el país. Para ello, Estados Unidos se comprometió a aportar un millón de dólares para respaldar el trabajo de esa asociación bilateral dentro de FIRST, según precisó la Embajada. El IPEN, por su parte, indicó que el memorando no incluye financiamiento de forma explícita y que “ese aspecto aún no se ha evaluado”.

El subsecretario DiNanno lo presentó como un punto de partida. “Como en todo lo que hacemos, empezamos con un millón y luego subimos”, aseveró. Al respecto, La República le consultó sobre el momento elegido y por qué con Perú, a lo cual respondió que “tenemos una pequeña ventana”, y explicó que apenas cambió el gobierno, con Keiko Fujimori en el poder desde el 28 de julio, había que armar un plan para mostrar a los peruanos que Estados Unidos es el “socio de elección”.

“Seguridad primero”

En la rueda de prensa, el subsecretario insistió en la prudencia. “Tiene que haber seguridad primero”, afirmó. Además, agregó que una licencia nuclear en Estados Unidos exige una lista de requisitos altísimos, de modo que “no podemos intercambiar velocidad por seguridad”.

En ese camino, Washington ha ofrecido su Comisión Reguladora Nuclear para que Perú construya su propia autoridad de control. “La NRC es, por lejos, el líder mundial en esto”, sostuvo DiNanno. Y para ello, es fundamental partir de que la tecnología para lograrlo son los reactores modulares pequeños, conocidos por sus siglas en inglés como SMR, y los microrreactores, plantas compactas que se fabrican por piezas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, imaginó aplicaciones concretas. “Las minas que están en un lugar desolado, tal vez un microsistema pueda ayudar a llevarles energía. Los centros de datos, donde se requiere mucha electricidad para la red, tal vez puedan usar uno de estos microrreactores para su negocio”, comentó.

El programa detrás del acuerdo

Detrás del memorando está FIRST, un programa del Departamento de Estado lanzado en 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden creado para acompañar a más de 60 países en el desarrollo de reactores modulares pequeños con estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica. Su interés original es fomentar iniciativas de energía nuclear civil y energías limpias, de cara a su diversificación.

Y a este memorándum, el Perú llega con algo de camino ya recorrido. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, opera en Carabayllo, al norte de Lima, el reactor de investigación RP-10, que produce radioisótopos para la medicina. Los que ya se producen son el tecnecio-99m, que sirve para estudios por imágenes de órganos, y el yodo-131, empleado contra enfermedades de la tiroides y algunos tratamientos contra cánceres.

Sin embargo, el Perú carece hoy de una planta nuclear de generación eléctrica, porque el RP-10 es un reactor de investigación. Ante ello, con la Ley 32560, promulgada en marzo para promover la generación nuclear y los SMR, llevó al Ministerio de Energía y Minas a trazar una hoja de ruta hacia 2040, plazo que Washington aspira a adelantar.

El IPEN, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, ante la consulta de La República afirmó que la visión de este memorandum es que el país cuente a futuro con nuevas alternativas para fortalecer su seguridad energética y atender necesidades de electricidad continua en zonas alejadas de la red, como algunas localidades de la Amazonía. Eso podría contribuir, añadió, a garantizar servicios esenciales como hospitales, centros de salud y colegios. No obstante, ello difiere del que pusieron los altos cargos estadounidenses, quienes mencionaron como potenciales usos a centros de datos, minas y puertos.

Ante ello, el titular de la cartera peruana de energía y minas, advirtió que el éxito de la iniciativa “no depende únicamente de capacidades técnicas o de un marco regulatorio adecuado, sino también de la confianza y participación informada de la sociedad”.

A fines de septiembre, el día 28, la Embajada estadounidense anunció que Perú, ya participante del programa, pasaba a ser socio bilateral. El Salvador, el más adelantado, firmó con el secretario de Estado Marco Rubio su memorando en febrero de 2025 y proyecta su primer reactor para 2030, según la prensa salvadoreña. Luego le han sucedido Ecuador en abril del 2026, República Dominicana en junio, y en Colombia en septiembre.

“Estamos aquí primero”, la geopolítica de la cooperación nuclear

Las firmas se suceden con intervalos cada vez más cortos, de San Salvador a Asunción y ahora Lima. El embajador Navarro sostuvo que “no todos los proveedores de energía nuclear son iguales” y que “por eso estamos aquí primero”, con una diferencia que atribuyó a la tecnología estadounidense frente a la rusa y la china, sin restar méritos a la europea.

En la rueda de prensa, dijo que su gobierno quiere asegurar que no haya dependencia en la red eléctrica de Lima, y lo calificó de importante para el país. En la conversación, una colega le preguntó si imaginaba un escenario en que empresas chinas pudieran apagar las luces de la capital y eso fuera una amenaza para la seguridad nacional. El embajador evitó confirmar o descartar ese escenario. “No estoy especulando. Mi trabajo no es especular sobre eso, sino asegurar que traigo tecnologías que ayuden al Perú a tener una mejor vida diaria”, sostuvo.

El contexto añade una dimensión concreta a ese diálogo. Las dos distribuidoras que atienden Lima pertenecen hoy a empresas estatales chinas. Luz del Sur es de China Three Gorges, y Pluz Energía, antes Enel Distribución y con concesión en el norte de Lima y el Callao, es de China Southern Power Grid, cuya compra por unos 3.100 millones de dólares se cerró en junio de 2024 tras la autorización condicionada del Indecopi. Durante esa compra, la Sociedad Nacional de Industrias advirtió sobre una concentración total del mercado de distribución limeño. Cuatro años antes, con la venta de Luz del Sur a capitales chinos, el Osinergmin, que fija las tarifas de distribución eléctrica, había asegurado que la operación “no afectará a las tarifas de electricidad de sus usuarios” y que supervisaría las compras de energía a empresas vinculadas.

Uso nuclear, pero civil

La expresión designa el uso de la energía nuclear para producir electricidad, fabricar medicinas e investigar, frente a la rama militar, que busca armas o propulsión naval. La física para ambos fines es la misma. La diferencia está en el diseño y en la vigilancia del OIEA, que verifica que el uranio y el plutonio no terminen en armas.

No obstante, dos asuntos siguen abiertos. Sobre el uso militar, la respuesta oficial es limitada. Las propias palabras del subsecretario sitúan el proceso en una fase aún muy temprana, pues su meta, dijo, es “identificar un sitio”, por lo que el millón de dólares tiene como fin financiar “estudios de factibilidad”. Entre las aplicaciones posibles de un microrreactor, el embajador Navarro mencionó como posibiidad “un centro de datos, un puerto, una base militar”, aunque, por ahora, no existe un proyecto concreto anunciado para el Perú en esa línea.

Por otro lado, la visita sumó 20 millones de dólares del Departamento de Estado para el reabastecimiento aéreo de los F-16 Block 70 y 4,5 millones para capacitaciones en la Puerto del Callao.

Más allá del simbolismo del acto, el alcance formal del documento aún es acotado ya que se trata de un acuerdo de cooperación nuclear civil, de carácter no vinculante y de Estado a Estado. En términos prácticos, fija una intención política y abre una vía de asistencia técnica, sin crear obligaciones jurídicas para ninguna de las dos partes, por el momento. Cualquier transferencia de tecnología o material nuclear exigiría un instrumento posterior, el llamado acuerdo 123, que sí sería vinculante y que, por ahora, no figura en la agenda.

La presidenta Keiko Fujimori recurrió a ese concepto en una columna reciente en la que anunció el uso de “la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza del orden.” La formulación, sin contexto, es correcta en sus términos. El mandato de garantizar la seguridad ciudadana dentro de los cauces legales pertenece al núcleo del Estado de derecho.

Ese mandato, sin embargo, depende de que el andamiaje normativo que lo sustenta sea coherente. Y en el Perú ese no ha sido el caso.

El Congreso ha aprobado en los últimos años una serie de normas que han reducido la capacidad del Estado para perseguir el crimen y ha reinterpretado leyes vigentes para limitar su alcance punitivo. La contradicción más visible se encuentra en la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de una fecha determinada. Aunque no es la única.

La presidenta invoca la fuerza de la Constitución, pero esas normas, aprobadas con el respaldo del bloque que hoy tiene una porción muy importante en el Senado, contradicen los estándares internacionales que la propia Carta Política incorpora para la protección de los derechos humanos.

La misma lógica se repite en el recurso a las “interpretaciones auténticas” por las cuales han logrado dichas aprobaciones. Ese mecanismo ha sido usado por la mayoría congresal para redefinir el sentido de las leyes al margen del propio orden jurídico interno.

En ese sentido, vale la pena recordar a la presidencia y a las autoridades públicas que la legitimidad de la potestad estatal no es un atributo absoluto sino que tiene sentido en tanto es resultado del cuerpo de leyes que la regula. Y, para pesar de los peruanos y la urgencia que necesitan para atender a sus necesidades imperantes como la mitigación del Fenómeno El Niño y la criminalidad, no es lo que ocurre.

La risa, como decía Sofocleto, es un remedio infalible. Pero insuficiente para curar el mal de raíz. Lo paradójico es que, a pesar de que se la ponen fácil, la oposición no resiste el más ligero embate y se fragmenta. Difícil saber si se trata de corrupción —por ejemplo, ante el pedido de interpelación del ministro de Educación—, miedo o autoritarismo grotesco en una representación tan exigua en la Cámara de Diputados como la que lidera López Chau. Lo cierto es que las explicaciones del senador Gavidia, entrevistado por Rosa María Palacios en su programa Sin Guion, son de una puerilidad sospechosa. Se opuso al partido que le dio la curul —Buen Gobierno— porque “son caviares”. Por supuesto, cuando la entrevistadora le pidió al representante que explicara lo que entendía por “caviares”, ni su profesión de biólogo le permitió esbozar siquiera un atisbo de definición convincente. Lo cual es inevitable, porque es imposible explicar un significante vacío. En cambio, sí hace pensar en el mensaje que está enviando al fujimorismo: ¡soy de los suyos! ¡Odio a los caviares!

Es profundamente desalentador que esto esté sucediendo al inicio de lo que se anuncia como un largo y doloroso quinquenio. También Juntos por el Perú —ya saldrá su “chapa”— se sumó a este transfuguismo compulsivo. Parece improbable que se trate de problemas políticos en sentido estricto. Más bien, serían señales tempranas de su principal interés en el Congreso: ofrecerse al mejor postor. Y todos sabemos cuál es este. Del mismo modo que el filósofo coreano Byung-Chul Han conceptualiza un capitalismo de la autoexplotación, estos congresistas practican la autocorrupción. Apenas pudieron, se ofrecieron para lo que haga falta.

Es penoso e indignante que, mientras el Gobierno demuestra a diario su clamorosa incapacidad para enfrentar los gravísimos problemas actuales y futuros de la sociedad peruana, estos representantes se arrojen en sus brazos. Acaso antes de que los hayan comprado: avisan que están disponibles para lo que haga falta. De nada servirá que hasta un gobernante autoritario, como Bukele, le diga en público a Keiko Fujimori que su viaje ha sido en vano, pues los problemas peruanos no son comparables con los de El Salvador.

Mientras este escenario vergonzoso tenía lugar en El Salvador, en Chincha la bailarina Vania Masías anunciaba que el festival que estaba organizando con Miguel Ballumbrosio fue cancelado por el asesinato de una productora, por lo que tuvo que trasladarse al hotel-hacienda San José (en El Carmen). Ante el crimen organizado, gesticulaciones frívolas, en flagrante negación de la realidad. Cuando más necesitaríamos una oposición unida que nos represente y defienda, varios de sus integrantes se promocionan como facilitadores de la andanada retrógrada encabezada por el fujimorismo.

La salita del SIN ha sido integrada al mundo interno de congresistas que sueñan con esas rumas de billetes de los vladivideos. Aún no están claras, es preciso aclarar, las razones por las cuales López Chau retiró de sus cargos de voceros a Huilca y Holguín. Me temo que, en este caso, el envanecimiento y el afán protagónico del líder del grupito puedan estar siendo determinantes. Lo dramático es que esto sucede mientras se siguen atropellando los derechos de los peruanos, en particular de las peruanas. Más específicamente, de las campesinas. Lo acaba de anunciar Margarita Rojas, presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas. Según revela el editorial dominical de La República, es posible el archivo definitivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Todo esto, que ya es mucho, mientras el fenómeno de El Niño y la minería ilegal avanzan a pasos agigantados. Es imposible no percibir la soledad en que esto deja varados a la mayoría de peruanos, en particular a quienes enfrentan cifras alarmantes de inseguridad alimentaria y dificultades de acceso a servicios indispensables como el agua potable (ver los datos precisos en el artículo de Las Tejedoras en La República dominical, firmado por la ingeniera Nancy Goyburo Reeves, especialista en políticas de inclusión financiera y desarrollo).

No somos los únicos en la región, por lo demás. Acaso por eso se ha sentido una enorme ola de esperanza con el triunfo de Lula en Brasil. Todas las encuestas daban por vencedor al ultraderechista Flavio Bolsonaro, quien huyó de su país para refugiarse en EE. UU. apenas se anunció su derrota. No es que Lula sea perfecto ni la tendrá fácil con el Congreso en manos de personas cercanas al clan Bolsonaro. Es el triunfo de las masas populares contra los algoritmos en manos de billonarios lo que ha generado tanta algarabía. Es un mensaje de esperanza, pues, cuando todo parece perdido, surge del sector popular un hombre como André Janones, quien cambió el curso de la historia.

En todo caso, vale la intención original, porque reconciliar al país es algo imprescindible y todos saludaríamos la iniciativa.

Para esto sería necesario, sin embargo, desmantelar con hechos el aparato antidemocrático gestado por el anterior Congreso y dar señales concretas de una voluntad de vivir en democracia.

Pero no parece ser el caso, porque lo que se está dando es una acumulación de anomalías que se difunden desde las alturas del poder y nos tienen más divididos que nunca. Entonces, en vez de reconocernos como un solo pueblo, estamos agregando odio a la desigualdad.

Es absurdo que el fujimorismo se haya dejado ubicar alegremente en el espacio ultraderechista, que es el principal gestor del odio en todo el planeta. Alberto Fujimori nunca se manejó en el binomio derecha-izquierda y, más bien, cultivó la eficiencia como la base de su gobierno, aunque la verticalidad de su estilo le arruinó buena parte de su vida.

En todo caso, la realidad es una y el fujimorismo de estos tiempos se alinea de modo acrítico con las fuerzas políticas y sociales por las cuales asistimos al espectáculo de un mundo disparatado e incoherente en el que, además, la buena educación es vista como un signo de debilidad.

Todavía está a tiempo el Gobierno para corregir rumbos y afirmar estilos en los que prime la educación y las formas democráticas. Ello supone, ciertamente, medidas audaces como derogar leyes contrarias al Estado de derecho y difundir paradigmas de unidad. De lo contrario, el costo de proseguir con líneas autoritarias va a generar, más temprano que tarde, el advenimiento de un nuevo momento constituyente en nuestro país.

Antes que nada, ante la creciente competencia entre las grandes potencias, Brasil mantendrá una posición de cobertura estratégica (hedging), combinando una estrecha cooperación –principalmente comercial, económica y tecnológica– con China con su continuada integración en las redes tecnológicas, financieras y de seguridad de Occidente. Así, esta estrategia dará continuidad a una histórica búsqueda de autonomía por parte del Itamaraty, evitando un alineamiento automático con cualquiera de los grandes polos de poder. En esta línea, el programa de gobierno del PT plantea una política exterior “cada vez más independiente” y activa, en la que la soberanía constituye un “principio permanente e innegociable”, y rechaza explícitamente cualquier intento de subordinar a Brasil a intereses extranjeros o de reducirlo a una posición de dependencia geopolítica.

Al mismo tiempo, Brasil seguirá buscando consolidarse como un actor protagónico del sistema internacional. En este sentido, resulta significativa la participación de Brasil en el BRICS, del que es miembro fundador y que se ha expandido significativamente en los últimos años. Para Lula, este espacio constituye uno de los instrumentos para promover una mayor capacidad de incidencia de las potencias emergentes en la gobernanza global, junto con el G20 y otros foros multilaterales. Su programa plantea, asimismo, reformar instituciones como Naciones Unidas, la OMC, el FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de hacerlas más representativas y equilibradas. Esta búsqueda de mayor protagonismo también se proyectará sobre conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, donde Brasil mantendrá sus esfuerzos de mediación, y en Medio Oriente, particularmente en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde Lula ya ha defendido una solución diplomática.

Una victoria de Flávio Bolsonaro, en cambio, habría implicado un mayor énfasis en Estados Unidos y otros socios occidentales. Su programa proponía retomar con urgencia el proceso de adhesión a la OCDE, ampliar la apertura comercial y ejecutar un plan nacional de integración de Brasil en las cadenas globales de valor, con especial énfasis en la agroindustria, los minerales críticos y la economía digital. También planteaba una mayor aproximación a Estados Unidos e Israel, aunque bajo una diplomacia que el propio programa calificaba de “profesional y pragmática” y que buscaba mantener relaciones con todos los principales polos económicos, desde China y la Unión Europea hasta Estados Unidos y los mercados asiáticos. Durante la campaña, además, Flávio cuestionó algunas de las posiciones del BRICS sobre la reducción de la dependencia del dólar y defendió una mayor convergencia con Washington, incluyendo una posible participación en el denominado Escudo de las Américas.

También en el ámbito regional, Lula y Flávio Bolsonaro representaban visiones distintas sobre el papel de Brasil en Sudamérica. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se retiró de la Unasur en 2019 y suspendió su participación en la Celac en 2020, en un contexto de fuerte divergencia ideológica con varios gobiernos de la región. Lula, en cambio, retomó la participación brasileña en ambos espacios y probablemente continuará apostando por una política regional más activa y pragmática, buscando mantener relaciones con el conjunto del vecindario, independientemente de las diferencias ideológicas. Este será, sin embargo, un desafío particular para su cuarto mandato. Brasil se encuentra hoy entre los pocos gobiernos de centroizquierda de Sudamérica, mientras que la mayoría de sus vecinos están gobernados por fuerzas de derecha o centro-derecha. En este contexto, más que intentar construir una comunidad política afín, Lula tendrá que privilegiar una agenda de intereses compartidos, especialmente en materia de comercio, infraestructura, energía, seguridad y lucha contra el crimen organizado. El Mercosur y la cooperación sudamericana podrían constituir los principales instrumentos para ello.

Para el Perú, este escenario debería servir para relanzar una relación que, más allá del retorno de Lula, resulta estratégica por sí misma. La Alianza Estratégica Perú-Brasil, establecida en 2003 –la primera de este tipo suscrita por el Perú–, perdió impulso en los años posteriores al caso Lava Jato, pero existe hoy una amplia agenda por recuperar. Brasil sigue siendo una potencia regional con un importante potencial para asumir un papel más protagónico en el sistema internacional, por lo que el Perú debería apostar por una relación basada en el pragmatismo y los intereses compartidos: desde el destrabe del Acuerdo de Profundización Económico Comercial y el desarrollo de nuevos corredores interoceánicos hasta una mayor integración de las zonas fronterizas y el combate conjunto contra el crimen organizado. Más allá del nivel de coincidencias ideológicas entre ambos gobiernos, el desafío será traducir esta agenda de intereses compartidos en una relación bilateral acorde con la importancia estratégica de Brasil para el Perú.

No es casualidad que el arte fotográfico orientado al paisaje urbano haya tenido un gran desarrollo en Europa y USA en los años 70 y 80, décadas marcadas por el surgimiento de políticas económicas neoliberales, las cuales aceleraron el crecimiento y la transformación de las ciudades, siendo así caldo de cultivo para el pensamiento crítico desde las artes visuales. En el Perú, el neoliberalismo se instaura algunos años más tarde. Durante la década de los 90 y los inicios del siglo XXI, aquella corriente se posiciona de forma galopante, teniendo como una de sus principales consecuencias el crecimiento y la mutación de los centros urbanos. La migración, la globalización, el libre mercado y una fuerte tendencia privatizadora generan cambios profundos en el perfil de las ciudades. Lima, como ciudad capital, y Arequipa, como segundo gran centro y principal eje del sur andino del país, no escapan a este fenómeno.

En este contexto se instala Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad. La exhibición reúne a un grupo de creadores con base en ambas ciudades -la mayoría provenientes del ámbito fotográfico, y otros identificados con medios más disímiles- que nos presentan proyectos que se detienen a analizar la alteración de estos dos territorios, irrumpiendo no solo en el paisaje de la ciudad, sino también en el paisaje suburbano, y sus dinámicas socioculturales. Mientras que los proyectos vinculados a Arequipa llevan la mirada a aspectos más relacionados al patrimonio, como el sillar y la campiña, las propuestas provenientes de Lima tienen un carácter más heterogéneo, quizás como reflejo de las propias complejidades que toda ciudad capital enfrenta.

En Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad, el territorio en estado vulnerable es un punto de encuentro que se manifiesta formalmente a través de la fotografía extendida, es decir, la fotografía que va más allá de su representación figurativa y tradicional, como un lenguaje interdisciplinario capaz de expresar e interpretar la distancia que separa lo real de sus representaciones, constituyéndose así como una metáfora de la sociedad en términos de análisis crítico de nuestra historia reciente.

La campiña y el desierto, dos territorios, una trinchera.

…

Participan en Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad

Nereida Apaza, Raúl Chuquimia, Jessica Cáceres, Sandra Cáceres, Rafaella Castagnola, Sonia Cunliffe, Ana De Orbegoso, Jorge Luis Dieguez, Sergio Fernández, Mafe García, Sebastián González, Fernando Gygax, Morfi Jimenez, Martín Lopez de Romaña, Leslie Osterling, Ros Postigo, Hans Stoll, Jimy Tapia, Morgana Vargas Llosa, Sergio Urday y Paul Xyu.

Curaduría: Carlos Caamaño.

Presentan: Fundación BBVA y HAY Festival Arequipa.

Desde el 7 de noviembre.

Casa Tristán del Pozo: Calle San Francisco 108, Arequipa.

Sin embargo, la guerra contra Irán fracturó ese vínculo. Desde febrero, el periodista encabeza la disidencia “America First”, convencido de que el conflicto traiciona la promesa de evitar contiendas en el exterior. En marzo, el jefe de Estado lo expulsó verbalmente del movimiento al declarar que “ha perdido el rumbo” y “no es MAGA”, y en abril lo tildó de persona de bajo coeficiente intelectual. Por su parte, el comunicador asegura haber discutido el tema iraní con el presidente unas cincuenta veces en una década, casi siempre en privado, aunque ese dato carece de verificación independiente.

Una votación decisiva para la segunda mitad de Trump

Los ciudadanos estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, en los célebres comicios de medio término. De ese resultado depende que el gobernante conserve la mayoría legislativa durante sus dos últimos años de gestión, con lo cual leyes, presupuestos y nombramientos quedarían sujetos al equilibrio parlamentario. En ese contexto, la contienda con Irán, que supera los ocho meses, se ha instalado en el centro del debate.

La alerta de Carlson sobre la Montaña Pica

Carlson publicó ahora un texto según el cual la administración, presionada por Netanyahu, “podría estar a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán”. El presunto blanco sería la Montaña Pica, donde la inteligencia israelí sostiene que Teherán retomó el enriquecimiento de uranio. A su juicio, ninguna munición convencional atraviesa 300 pies de granito, de modo que solo quedaría la vía atómica, y cita a un observador informado para señalar que “Bibi llama a Trump al respecto todos los días”.

En su relato, la decisión llegaría hacia el 7 de noviembre y el inquilino de la Casa Blanca “está dudando”, aconsejado por JD Vance y Steve Witkoff, defensores de un pacto. No obstante, el autor vaticina que, tras el primer disparo, “la Tercera Guerra Mundial es inevitable”, y lamenta que Washington haya avanzado dormido hacia ese punto. Remata con un llamado a la ciudadanía global, a la cual considera ignorada hasta ahora.

El Ejecutivo no ha corroborado en público semejante plan, y el escrito carece de documentos o fuentes identificables. Entre tanto, Trump amenaza desde julio con bombardear ese complejo si no se firma un acuerdo.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Las críticas de proTrump a Carlson

La reacción en el campo conservador llegó de inmediato. Emmanuel Rincón sostuvo que el presentador aborda el asunto a solo dos días de la cita electoral y “aparentemente con el único propósito de perjudicar a los republicanos en las urnas”. De ser veraz lo revelado, añadió, “podría equivaler a traición, exponiendo operaciones militares y poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses”. En cambio, si carece de sustento, calificó el gesto como igualmente bochornoso, y concluyó que Carlson “ha cruzado todas las líneas de decencia”.

En ese interín, el excolaborador de Fox, distanciado del Partido Republicano, afirma que tampoco respaldará a los demócratas.

With just two days left before the midterm elections, Tucker Carlson is talking about an alleged U.S. nuclear strike on Iran, seemingly with the sole purpose of hurting Republicans at the polls on Tuesday. If what Carlson is revealing is true, it could amount to treason, exposing military operations and putting American troops at risk. If it is false, it is equally disgraceful, as he is doing so solely to damage Republicans electorally ahead of the election. He has crossed every line of decency.

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 2, 2026

El costo de la guerra con Irán para Estados Unidos

La ofensiva, desatada el 28 de febrero por Washington e Israel, acumula una factura abultada. Un cálculo de CENTCOM difundido por AP, con corte al 16 de octubre, la sitúa en 47.100 millones de dólares, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había estimado unos 38.000 millones hasta el 1 de agosto, con un incremento cercano a 3.000 por cada mes adicional. A ello se suman, según el Inspector General del Pentágono, al menos 18 militares muertos hasta el 30 de junio.

El impacto no se limita al erario. En efecto, el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz encareció el galón de gasolina de 2,98 a 4,52 dólares entre febrero y mayo, de acuerdo con la Universidad de Brown, y empujó la inflación anual por encima del 4 %, un nivel inédito en tres años. Por su parte, la CBO prevé que los precios del primer trimestre de 2027 se ubiquen medio punto porcentual sobre lo proyectado antes del conflicto.

El desgaste se refleja, además, en los sondeos. Reuters/Ipsos midió un respaldo de 31 % a la intervención a fines de agosto, y Marquette halló que 79 % de los adultos juzga que no valió la pena. Entretanto, los demócratas lideraban 44 % a 37 % la preferencia legislativa en septiembre. Pese a haber prometido una campaña de pocas semanas, el mandatario admite ahora que nuevos bombardeos siguen sobre la mesa pasado el 3 de noviembre.

El Proyecto Educativo Nacional al 2036 plantea la inclusión y la equidad como propósito, reconociendo que la igualdad puede requerir respuestas diferenciadas, por lo tanto, una vacante es apenas el comienzo.

Incluir no significa dejar de mirar los aprendizajes y evaluar no debería servir para comparar, sino para conocer qué aprende cada estudiante y qué necesita para progresar. En esa línea, la ENLA 2026 contempla adaptaciones y apoyos para su participación en igualdad de condiciones.

Sin embargo, como madre de una niña con discapacidad, he aprendido que la pregunta no es solo si mi hija está dentro de un aula, sino qué oportunidades tiene allí para aprender, participar y ser autónoma. Mi experiencia en política pública y conversaciones con especialistas que acompañan escuelas en el enorme reto de la inclusión me confirma que crear una política o servicio es apenas el primer paso. Para funcionar se necesitan capacidades, recursos y articulación.

Cuando un niño no logra ser incluido, solemos mirar a la escuela. Pero la escuela es la última milla de un sistema mayor. Para participar en igualdad de oportunidades deben funcionar los servicios de salud, de protección social, de transporte; los servicios debieran ser accesibles, los docentes debieran estar acompañados y las escuelas debieran contar con materiales y apoyos diversos.

Por eso, debemos hacer de la inclusión una capacidad del sistema: fortalecer los servicios de apoyo educativo, articular sectores y mirar trayectorias: participación, aprendizajes, progreso y culminación.

No necesitamos escuelas excepcionales. Necesitamos un sistema capaz de sostener a cada escuela, para que la inclusión deje de depender de la buena voluntad.

Diana Prudencio Gamio, Gerente de Inclusión Social, Educación y Salud, CARE Perú