En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

Al respecto, en el marco de diversos convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, en el artículo 24° de la Constitución se establece que “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”; y que “las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”.

Sobre la base de ello, en la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se establece como función exclusiva de este Sector, fijar y aplicar los lineamientos para la política de remuneraciones mínimas.

Adicionalmente, conforme al Reglamento de Organización y Funciones del MTPE, es función del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) participar en la regulación de las remuneraciones mínimas.

El CNTPE es un espacio de diálogo social y concertación de políticas en materia de trabajo, de promoción del empleo y capacitación laboral, y de protección social. Está integrado por el MTPE, que lo preside, y por las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores, entre otros.

En dicho marco, en el año 2007, el CNTPE aprobó en consenso un mecanismo técnico de revisión de la RM que debería aplicarse periódicamente para poder determinar la viabilidad de su incremento.

No obstante, el referido mecanismo de revisión de la RM, no llegó a ser institucionalizado a través de su aprobación mediante norma del Poder Ejecutivo, por lo cual no se ha utilizado de manera vinculante; asimismo, ha quedado pendiente la precisión de algunos de sus parámetros.

Dada dicha situación, en el II semestre del 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) brindó una asistencia técnica al MTPE/CNTPE, con el fin de definir los aspectos pendientes y realizar los ajustes que sean necesarios para poder contar con un mecanismo técnico de revisión de la RM operativo y aprobado integralmente por los actores laborales, y, finalmente, plasmarlo en una norma que lo institucionalice (decreto supremo). 

En tal sentido, respetando la esencia de lo acordado en el CNTPE el 2007, la OIT planteó un mecanismo técnico para la revisión de la RM que incluye: i) una fórmula de actualización de dicha remuneración; ii) la periodicidad de su aplicación; iii) un conjunto de indicadores que determinan si hay un contexto adecuado para incrementar la RM; y, iv) el procedimiento de aplicación.

En cuanto a la fórmula, se propone que los incrementos porcentuales de la RM en un año determinado sean equivalentes a la suma de la inflación y la variación porcentual de la productividad media del trabajo (aporte promedio de los trabajadores a la producción) en el año anterior.

El uso de dichos criterios técnicos evitará afectar la sostenibilidad económica de las empresas y minimizará cualquier efecto colateral en el mercado laboral; además, contribuirá a que no se erosione el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la RM y, vía la mejora en su productividad, permitirá que la RM se acerque gradualmente a cubrir el costo de la canasta básica de consumo familiar, de forma sostenible.

Respecto a la periodicidad de la aplicación de la fórmula, se plantea que sea anual, la más utilizada en las principales economías de la región, con el objetivo que el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la RM no se vea afectado por periodos muy largos por la inflación, y que el monto del incremento de la RM no se acumule y se haga demasiado elevado, y pueda ser asumido sin dificultades por las empresas, sobre todo por aquellas de menor tamaño. 

Es importante que los agentes económicos tengan certeza de la oportunidad y los criterios que se utilizarán para incrementar la RM, de tal forma que los empleadores puedan prever el costo laboral adicional en que deberán incurrir periódicamente; y los trabajadorestengan claridad de cuándo y en cuánto se incrementará su remuneración.

Adicionalmente, se propone que existirá un contexto adecuado para la aplicación del incremento de la RM que determine la fórmula, si no se verifica ninguna de las siguientes situaciones:

∗ Recesión: reducción del Producto Bruto Interno real desestacionalizado en los últimos dos trimestresdisponibles (a nivel nacional).

∗ Fuerte elevación de la tasa de desempleo urbano, es decir, que la tasa correspondiente al último año disponible supere en al menos 3 puntos porcentuales (pp) a la del año anterior.

∗ Fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral en el sector privado urbano, lo cual implica que la tasa correspondiente al último año disponible supere en al menos 3 pp a la del año anterior.

∗ Alza desmedida en la relación remuneración mínima / remuneración promedio del sector privado formal nacional, lo que implica que dicho ratio supere el 67% en el último año disponible. 

Con ello se busca evitar efectos adversos en la economía y el mercado laboral, que profundizarían el referido contexto negativo. 

Finalmente, se plantea el procedimiento de aplicación del mecanismo técnico para la revisión de la RM, a cargo del MTPE, a través del CNTPE; el cual incluye plazos, fuentes de información estadística oficial, instrumento normativo para la aprobación del incremento de la RM(decreto supremo) y evaluaciones posteriores.

Cabe precisar que si no hubiera consenso sobre el nuevo monto de la RM en el CNTPE, el Poder Ejecutivo, a través del MTPE, incrementará la RM, de corresponder, estrictamente en el marco de lo establecido en su fórmula de actualización y los criterios que determinan si existe un contexto adecuado para incrementar dicha remuneración.  

Cualquier variación en el monto establecido por la fórmula de actualización de la RM, deberá contar con consenso tripartito para su aplicación. 

Respecto a la propuesta presentada por la OIT, es importante señalar que fue aprobada a finales del 2022 por el MTPE y las cuatro confederaciones sindicales que integran el CNTPE, quedando pendiente su ratificación por parte de los gremios empresariales, que en ese momento habían suspendido su participación en dicho espacio tripartito.

En tal sentido, resulta fundamental que el Poder Ejecutivo, a través del MTPE, concluya lo antes posible el proceso de aprobación de dicho mecanismo técnico de revisión de la RM vía el CNTPE; el cual, por supuesto, podría ser sujeto de mejoras, a partir de los aportes que realicen los gremios empresariales.

Ello nos permitiría contar con una real política institucionalizada de fijación de la RM y que, en adelante, los incrementos de la RM se basen en criterios técnicos, así como en el diálogo social. 

Urge actualizar la RM, ya que se encuentra bastante atrasada en nuestro país, como demostramos en columnas previas.

El sacudón más fuerte ha sido el triunfo de Lula en Brasil. Probablemente no estaba en el libreto, acaso porque Flavio Bolsonaro convenció al mandatario de que le daría el campeonato sudamericano, al hacer que su país ingresara al Escudo de las Américas. Ahora, resulta que el candidato fallido ha huido a tierras norteamericanas sorprendiendo incluso a sus hinchas.

El sólo hecho de que Abelardo de la Espriella, Daniel Noboa y Santiago Peña -tres escuderos categóricos de Trump en la región- hayan saludado la victoria del ex obrero metalúrgico debe haber provocado desasosiego en Washington. Tal vez no se contaba con eso, de pronto se pensaba que todos iban a compartir el silencio avergonzado de Javier Milei frente al hecho.

En Israel, Benjamín Netanyahu, el alter ego de Trump, ha ganado las elecciones, pero no ha sacado una votación que le permita formar, otra vez, un gobierno tan extremista como el que ahora conduce. No contaba con la astucia de los partidos árabes, que ahora son el fiel de la balanza en la Knesset, el parlamento, mal que le pese a las derechas de toda estirpe.

En otra esquina del mundo, el presidente serbio Alexander Vucic, otro aliado y devoto de la actual Casa Blanca (y también de Vladimir Putin), ha sido desbancado del poder gracias a un corajudo movimiento estudiantil que le puso tarjeta roja. Digamos que ni en los Balcanes, ni en Oriente Medio, ni en América Latina hay buenas noticias para la cadena FOX.

Lula será el mayor rompeolas contra la marea de extrema de derecha que golpe al planeta. Pero otro momento crucial seránlas elecciones parlamentarias del 3 de noviembre en EEUU, en las que los demócratas van con fuerza. Ese día se sabrá si, al fin, sus afanes del presidente por querer controlar el mundo eran más el sueño de una noche de Mar-a-Lago que una realidad.

López Aliaga perdió las elecciones presidenciales. Renunció (contra su promesa) a terminar su mandato como alcalde de Lima para poder postular. Como suele suceder con los fraudistas, inventó hechos y persiguió funcionarios. Insultó y amenazó públicamente en niveles de vulgaridad jamás vistos en la política peruana. En un mitin público y ante cámaras advirtió que iba a sodomizar al presidente del Jurado de Elecciones con una tortuga Morrocoy si no lo declaraban ganador. Nadie lo denunció en abril por eso. Luego, renunció inconstitucionalmente al cargo de senador. El JNE se lo permitió para que así pudiera ser primer regidor de la lista a la provincia de Lima. El 4 de agosto, la lista de Renovación se quedó sin candidato a alcalde por la renuncia de Luis Rubio. Así, el candidato a primer regidor hizo campaña como candidato a alcalde. Nadie lo paró y sirvió de ejemplo nacional para decenas más en todo el Perú. En total, 20 casos de reelección encubierta están en la misma situación.

No se necesita ni haber terminado primaria para entender este texto constitucional: “No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular”. ¿Cómo podía ser alcalde nuevamente quien no había dejado pasar un periodo completo? Impedido el primer regidor, solo queda que asuma el segundo regidor. Impedido el segundo, seguirá el tercero y así en orden descendente. Pero por los próximos 4 años (“un periodo, como mínimo”) López Aliaga jamás será alcalde. O eso creíamos. Sin embargo, legiones de doctores Truquini salieron a leer cualquier cosa menos lo que la Constitución dice.

Luego de semanas de incertidumbre y habiendo pasado más de un mes del acto electoral, por fin este viernes el JNE fijó un criterio. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) ya habían hecho de todo: no proclamar a nadie alcalde y solo proclamar regidores; proclamar alcalde al impedido primer regidor; y proclamar alcalde al segundo regidor por impedimento del primero. El JNE va a revisar de oficio todas las resoluciones para fijar un criterio uniforme: va el segundo regidor como alcalde.

¿Por qué se demoraron tanto y por qué lo hicieron ahora? El partido Renovación Popular había pedido el jueves pasado la inhibición del presidente del JNE en todas las causas vinculadas a su partido. Alegaban una parcialidad de Burneo en su contra. ¿Qué pasó? Hace 10 días, en un evento público, con niños, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez protagonizaron una parodia en la cual el extraordinario imitador (ahora asesor) imitaba al primero metiendo una tortuga por “el poto que es un ánfora” de Burneo. Ahora sí, los denunciaron por acoso y coacción. La repetición en modo comedia, de lo que sucedió en abril, parece ser que colmó la paciencia de Roberto Burneo. El personero, por esa denuncia penal, pidió su inhibición. Estos hechos (y tal vez algunas caricaturas irreverentes pero magistrales), además del riesgo de terminar con todo el JNE procesado por violar la Constitución, llevaron a una decisión que debió llegar hace meses.

Por supuesto, no se puede caer en la ingenuidad de creer que los tenientes alcaldes (así se conoce al primer regidor) no van a gobernar de facto. Si son tramposos para hacerse elegir, harán todas las triquiñuelas desde el Concejo Municipal. Están en una posición de gobierno que les da un amplio margen de maniobra. El asunto está en manos del verdadero alcalde que tendrá que asumir toda la responsabilidad penal de la gestión. ¿Lo permitirá?

Jeanette Alonzo, 52 años, contadora (Universidad Garcilaso de la Vega) y actual regidora de Lima, es alguien de la absoluta confianza de López Aliaga. Ha sido la secretaria de Economía del partido, así que por sus manos han pasado todas las cuentas. Pero su relación es más antigua. Desde 1996 ella ha sido la contadora de “Promotora Desarrollo, Educación y Cultura” (Prodec) una ONG cuya presidencia tuvo Rafael López Aliaga y que se dedica a la promoción de algunos colegios encargados espiritualmente al Opus Dei. Su lealtad y discreción están garantizadas. Sus posibilidades de detener a López Aliaga en algún asunto (no pudo hacerlo como regidora) parecen remotas. Así que, confiscar propiedad privada o desconocer contratos o endeudar a la MML, será algo que ella tendrá que asumir, mientras deja al teniente alcalde la capacidad de ser el “vocero” de la alcaldesa.

Esta semana, las elecciones en los Estados Unidos dieron una lección sobre el repudio a una forma de hacer política. No hay en esto diferencias ideológicas. Yo soy una persona de derecha liberal, aprecio la democracia y los mercados libres. Pero no puedo aceptar una retórica de la humillación y el odio hacia el prójimo. Tampoco puedo aceptar un uso del cristianismo para fines políticos subalternos que jamás fueron los de Cristo. El desprecio a los más vulnerables: migrantes, mujeres, minorías, es inaceptable en una sociedad democrática. Los modales importan porque darle dignidad al cargo nos hace estar mejor representados. Se puede discrepar de ideas y de acciones políticas, pero lo ideal es estar gobernados por personas que respetan a los demás y no se comportan como los matones del patio, violando la ley y la Constitución.

Esperemos que la dura derrota republicana les dé lecciones de enmienda y que, en el Perú, sus hinchas, como López Aliaga, se den cuenta de que no puedes vivir insultando al prójimo, mintiendo sobre amistades imaginarias e inventando enemigos para odiar, cuando las necesidades de la población son reales y concretas. Lamentablemente, el segundo candidato a la MML perdió por 50,000 votos. Es poco, pero la lista de Renovación Popular ganó por los próximos 4 años. Así es la democracia, cuando eres demócrata.

El futuro político de López Aliaga es incierto, pero todo lo que se propuso ser el 2026 no lo logró. Cientos de insultos después y millones de soles en campaña no fue ni presidente, ni senador, ni alcalde. Pudo serlo, pero él solo se labró su destino.

Esta semana el JNE ha rechazado las candidaturas de alcaldes que intentaron perpetuarse en el cargo a través de mecanismos vedados por la Constitución. Vale decir que la dilación en su decisión carece de sustento legal o procedimental ya que debieron pronunciarse en su momento, mucho antes de lo que ocurrió. Estas páginas editorial han constatado que este organismo supo de los expedientes y los plazos para actuar antes de los comicios y simplemente no lo hicieron.

La consecuencia más inmediata de esa tardanza es la incertidumbre sobre quién gobernará. En Lima y en otras ciudades donde se produjeron estas transgresiones constitucionales, la ciudadanía desconoce aún hoy quién asumirá la alcaldía. En esos municipios, la gestión municipal recaerá sobre los segundos regidores de las listas ganadoras, figuras sin presencia en la campaña ni el mandato directo que el acto de votar debería conferir.

Esos gobiernos son legítimos en origen, toda vez que el respaldo popular los sustenta. Su composición efectiva, sin embargo, les resulta opaca a quienes votaron. Esa brecha entre el voto emitido y la autoridad que tomará posesión constituye una crisis de legitimidad producida por la inacción de un organismo que tuvo los instrumentos para evitarla.

El JNE habrá puesto freno a quienes forzaron la Constitución en beneficio propio. Ese mérito coexiste, sin embargo, con la responsabilidad histórica de haber permitido que el proceso avanzara hasta las urnas con postulaciones que ya debían estar descartadas.

Para la ciudadanía conoce ahora que la erosión de la confianza en las instituciones electorales proviene tanto del abuso de quienes violan la ley como de la pasividad de quienes tienen la obligación de impedirlo.

Los peruanos merecen saber que el pleno del JNE eligió no actuar cuando aún era posible corregir. Esa omisión, sin justificación legal disponible, pertenece al registro de las irresponsabilidades institucionales históricas del país.

Mi relación con la imagen había comen­zado antes. Entre los 18 y los 26 años trabajé como modelo de pasarela. Acostumbrada a ser dirigida por fotógrafos, marcas y direc­tores de arte, conocí la distancia entre la imagen que otros construían de mí y cómo yo me percibía. Aunque mi apariencia respondía a ciertos ideales de belleza, yo no me sentía segura de mí misma y expe­rimentaba pánico escénico. Comprendí que nuestra autopercepción no siempre coincide con la mirada ajena.

Desde 2011 realizo autorretratos. Mi­rando hacia atrás, creo que, quizás incons­cientemente, esta práctica surgió de la necesidad de pasar de objeto de represen­tación a sujeto capaz de decidir, construir y cuestionar mi propia imagen. Mi cuerpo se convierte en un medio para explorar cómo construimos la identidad: me trans­formo en diversos personajes y encarno múltiples roles y estereotipos.

Para las mujeres, el autorretrato fotográfi­co ha sido una herramienta de exploración, afirmación y construcción de la identidad, así como de emancipación. Ya en el siglo XIX, la condesa de Castiglione, uno de mis referen­tes predilectos, a quien descubrí durante mi investigación de tesis en París, experimenta­ba con su imagen mediante retratos escenifi­cados. Más adelante, Claude Cahun y Cindy Sherman utilizaron su cuerpo para encarnar personajes y cuestionar las convenciones de la representación femenina.

En I Am Your Fantasy (2023), mi expo­sición individual en Bruselas, exploré la sexualización femenina y cómo la iden­tidad puede convertirse en una fantasía construida bajo la mirada ajena. En algunas obras me autosexualicé deliberadamente, recurriendo a códigos del erotismo, la por­nografía o el BDSM. La provocación no es un fin en sí mismo: me interesa incomodar la mirada y preguntarnos cuándo el deseo es verdaderamente nuestro y cuándo en­carnamos expectativas ajenas. La seduc­ción puede ser una herramienta de poder, pero también un arma de doble filo: puede emanciparnos o extraviarnos en la fantasía de otra persona. La fantasía como construc­ción de identidad es un cuestionamiento que trasciende el género. Buscando acep­tación y amor, todos corremos el riesgo de dejar de ser para parecer o complacer.

La belleza también atraviesa mi investi­gación como un ideal social que condiciona cómo nos percibimos y somos percibidos. Responder a determinados estándares puede abrir puertas, pero también generar prejuicios y encasillamientos. Al utilizar mi cuerpo como medio de expresión, mi obra corre el riesgo de ser interpretada única­mente desde la apariencia, sin atender a los cuestionamientos que plantea. La belleza puede atraer la mirada, pero también limi­tar lo que somos capaces de ver.

Hace dos años regresé a Lima. Mi arte comenzó a profundizar en una dimensión más introspectiva y existencial, centrada en el autoconocimiento y las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente. En UMBRA, mi reciente exposición individual en Casa Fugaz, presentada en el marco de Open Call – Curaduría Abierta, exploro qué existe detrás de los roles que inter­pretamos. Me acerco a los conceptos de Persona y Sombra de Carl Gustav Jung: las máscaras con las que nos presentamos al mundo y aquellos aspectos de nosotros mismos que aún no logramos reconocer o comprender plenamente.

En esta búsqueda aparecen la necesidad de encajar, la persecución de ideales de belle­za y perfección inalcanzable, y las formas de autodestrucción que pueden surgir al inten­tar satisfacer expectativas ajenas. También me interesa la distancia entre nuestra auto­percepción y la mirada de los demás.

¿Cuánto de lo que creemos conocer de no­sotros mismos permanece todavía oculto? La exposición comienza con un iceberg inverti­do, una metáfora que altera la relación habi­tual entre lo visible y lo oculto: aquello que normalmente permanece bajo la superficie emerge, como una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia identidad.

Para mí, el autorretrato va más allá de re­presentar mi imagen. Mi cuerpo y mi rostro son el punto de partida para explorar cuestio­namientos que nos atraviesan a todos: quié­nes somos, cómo construimos nuestra identi­dad y qué permanece oculto detrás de lo que mostramos al mundo. Así, el autorretrato deja de hablar de mí para convertirse en un espejo de la condición humana.

Esta semana, el Ejecutivo ha informado la reducción en la tasa de homicidios diarios, que habrían bajado de 7.5 a 6.5. Sin embargo, esos números no coinciden con la información pública. Hasta el momento, no cuentan con respaldo verificable.

El SINADEF consigna una trayectoria distinta. Octubre ha sido, en lo que va del mandato de la presidenta Fujimori, el mes con la mayor cantidad de muertes violentas, con un incremento de 5% sobre agosto y de 18% sobre septiembre. Dentro del año en curso, ese mes figura además como el tercero con mayor número de homicidios, con datos aún en proceso de actualización.

Para pesar de los peruanos, este desfase sorpresivo cuenta con antecedente reciente. La División de Investigación Criminal de la Policía Nacional reportó, durante el primer semestre de 2025, cifras de homicidios que investigaciones periodísticas identificaron como producto de una manipulación de registros. Esto bajo el gobierno de Dina Boluarte.

La falta de diligencia del poder Ejecutivo sobre esta información pública no solo atenta contra las leyes de transparencia pública sino que representa la incoherencia inaceptable entre su combate contra la criminalidad versus lo que en verdad sucede: redadas editadas, viajes inútiles a El Salvador y promesas incumplidas.

En ese vacío, la labor de quienes desde la academia y el compromiso cívico persisten en el seguimiento transparente de los datos oficiales adquiere un valor que destaca en el proceso de construir una república superior. Esa persistencia es, en sí misma, el ejercicio de una ciudadanía que justamente permite exigir derechos. Gracias a la labor cotidiana del ingeniero peruano Juan Carbajal y tantos otros peruanos, esta rendición de cuentas es posible para muchos compatriotas.

Fachapobres es un término obviamente ofensivo del cual la propia izquierda debería hacerse cargo porque es obvio que a los menos favorecidos no les gusta que les recuerden su condición. Y, por el contrario, existe un elemento aspiracional junto con el sueño de que el orden, por sí mismo, puede contribuir a mejorar la situación personal.

Y, bajo este razonamiento, las opciones derechistas que están en control de la fuerza pública y gran parte de los medios de comunicación son las que mejor encarnan esos ideales.

La palabra señalada ha empezado a entrar en el lenguaje común, ha invadido las redes sociales y ya se estudia en las universidades, obviamente en respuesta a la ola fascistoide que parece haber tomado el mundo por asalto, aunque, en la práctica, sus opciones de supervivencia son relativamente limitadas.

No es, sin embargo, algo tan nuevo en las ciencias políticas. Siempre se ha estudiado, por ejemplo, cómo los obreros italianos eran el principal soporte de Mussolini. Y es muy antigua la frase de Simone de Beauvoir: «El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos».

En el Perú, el tema está presente aunque, a decir verdad, se limita a Lima, donde se registra algún grado de complicidad con el opresor. Eso indican los resultados de la primera vuelta electoral del último abril.

Pero lo importante es que se ha tomado conciencia del asunto y así como se sataniza con algún éxito a las ideas progresistas, acusándolas de ser desde caviares hasta comunistas y terroristas, hoy se da una reacción en favor de las grandes metas colectivas capaces de rescatar el valor de la justicia social de las manos de quienes pretenden utilizar a los pobres para su propio beneficio.