“Salado” es una palabra que designa a una persona con mala suerte. Así se le dice en el Perú, pero no en España, donde significa “persona con mucho sentido del humor”. Estas extensiones semánticas suelen aplicarse a lo que el diccionario designa como salobre o salino.

“Salado” tiene esa significación en el Perú porque el primer hombre ajusticiado por la Inquisición fue don Mateo Salado, un rico comerciante francés al cual el Tribunal del Santo Oficio del virreinato del Perú condenó a muerte por supuesta herejía. En realidad, la Inquisición trataba de apoderarse de sus bienes y lo logró. Lo quemaron vivo en la plaza de Armas de Lima.

Acabo de estar leyendo los Anales de la Inquisición de Lima de Ricardo Palma (publicado en la Tipografía de Aurelio Alfaro, calle de Baquíjano Núm. 317, en 1863), y me he encontrado con decenas de castigos que parecen inventados al momento por jueces desequilibrados y con mucha iniciativa para el mal. Por supuesto, los inquisidores desconocían el principio universal de que no se puede aplicar una pena sin una previa ley antes de que el supuesto delito fuera cometido.

“¿Y qué pasó con Jonás Caravelí? La segunda vez, le dieron garrote vil y lo enterraron con los pies y brazos atados, y con una venda sobre los ojos por si acaso se despertara para que cavara hacia abajo, y así fue, pero dicen que cavó hasta llegar a un ojo de agua y logró fugarse por un pozo”.

El descuartizamiento de Túpac Amaru y el castigo que se dio a un centenar de mujeres de su parentela fueron también fruto del desequilibrio del corregidor Areche, quien de ninguna manera entendía los principios de la civilización humana.

Las mujeres parientas del inca rebelde o de los caciques que lo seguían fueron condenadas a caminar descalzas desde Cusco hasta Lima. No importaba su edad; la Caravana de la Muerte comprendía tanto a ancianas, embarazadas y niñas impúberes. De aquellas, no recuerdo si ocho llegaron a su destino.

Un ejemplo del “derecho penal” de los siglos coloniales lo ofrece el caso del esclavo Jonás Caravelí quien, por buscar su libertad, se convirtió en “negro cimarrón” y fue condenado a muerte en poco más de diez ocasiones… De los castigos, consignamos el siguiente listado escalofriante:

1)     la confiscación de bienes, 2) el sambenito y la coroza, disfraces que deben usar los condenados al salir de la cárcel, 3) los azotes y el destierro, 4) la hoguera que achicharraba el cuerpo de los pecadores. El acto se cumplía en la plaza de Armas con los aplausos de la muchedumbre.

¿En qué terminó la historia de Jonás? ¿Terminó alguna vez?

Jonás todo el tiempo se escapaba de sus amos, y por eso, después de haberle dado diversos castigos, fue ejecutado, muerto y sepultado varias veces, pero una y otra y siempre el cimarrón volvía a la vida.

“Al final del siglo XVI, el resucitado Jonás se había pasado ocho años libre y encabezando un grupo de negros bandoleros en las cercanías de Lima. Sus fechorías tuvieron tanto éxito que formó una banda inmensa y avanzó por las ciudades de la costa, y pronto lo vieron y lo sufrieron en Trujillo, en Zaña, en San Miguel de Piura, en Paita y en Guayaquil.

En este último lugar, la suerte le había fallado. Las tropas del virrey despedazaron a los negros y, para que esta vez nada fallara, separaron las cabezas de los cuerpos y las colocaron sobre unas picas.

“Allí se quedarían hasta convertirse en calaveras para eterno escarmiento de esclavos rebeldes y de bandoleros malditos, pero ni siquiera de esa manera podían confiarse del muerto Jonás Caravelí. Sepultaron su cuerpo en Guayaquil y, en el barco Leviathan de Su Majestad, la cabeza fue transportada a la Ciudad de los Reyes dentro de una jaula de acero para evitar que, otra vez, Jonás se les escapara. En Lima, abrirá los ojos uno de estos días”.

Desde 2025, cinco colegas fueron asesinados en ejercicio de su labor. Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos son apenas dos de los cinco nombres que en los últimos meses han marcado el peor registro de violencia contra la prensa peruana en lo que va del siglo. Todos habían recibido amenazas antes de morir.

A partir de ello, es entendible que el Perú haya descendido 14 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, ubicándose en el puesto 144, en el grupo de naciones con libertad de prensa restringida.

En lo que va de 2026, el hostigamiento no ha cedido. La ANP documentó hasta mayo 140 ataques contra periodistas. Las amenazas, el acoso judicial y las trabas a la cobertura han sido las modalidades más frecuentes.

Sin embargo, la violencia física y el hostigamiento no son las únicas presiones. El Congreso anterior impulsó normas para restringir la investigación periodística y callar denuncias de corrupción. Y la revolución de la inteligencia artificial está desestructurando el modelo de los medios en todo el mundo, dejando a la prensa en condiciones de mayor precariedad y por ende más expuesta a las presiones del poder y del crimen organizado.

Pese a todo eso, el periodismo peruano resiste. Desde redacciones con menos recursos y desde regiones donde informar implica vivir bajo amenaza. Gustavo Mohme Llona, fundador de este diario, resumió en una frase la razón de ser del periodismo libre: ser la voz de los sin voz. En esa convicción se enmarcan los periodistas peruanos que cada día responden con la única defensa que tienen: a mayores amenazas, más periodismo.

El discurso de Keiko Fujimori ante la ONU giró en torno a sus preocupaciones políticas nacionales.

Defendió a quienes cometieron atrocidades en nombre de la lucha contra el terrorismo, cuestionó a la justicia que investigó violaciones de derechos humanos y descalificó a quienes acompañaron a las víctimas. La presidenta convirtió a los investigados en víctimas y excluyó de su relato a las personas ejecutadas, desaparecidas o torturadas por agentes del Estado. Fue una toma de posición frente a procesos y una forma de presión sobre los jueces.

El mensaje se alinea con la Ley 32419, defendida por Fernando Rospigliosi, que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Rospigliosi sostuvo que esos procesos no buscaban justicia, sino venganza. Fujimori llevó esa tesis a la ONU y le otorgó respaldo presidencial. La amnistía dejó de ser una iniciativa aislada del Congreso anterior y pasó a formar parte del programa del gobierno.

El discurso retomó la estigmatización de los organismos de derechos humanos, presentándolos como defensores de terroristas, pese a las evidencias que desmienten esa acusación. Distorsionó su acompañamiento a las víctimas y sus demandas de justicia, equiparándolos con ataques a las Fuerzas Armadas. Así se sumó a la corriente autoritaria que busca restringir el espacio cívico.

La presidenta amenazó la independencia judicial y el derecho de la sociedad civil a fiscalizar al poder. La paz no se construye cerrando procesos ni desacreditando a quienes defienden a las víctimas, sino garantizando verdad, justicia y rendición de cuentas.

El sesgo autoritario de estos planteamientos exige una respuesta firme en defensa de la independencia judicial y de nuestras libertades civiles y políticas.

Hemos insistido en que el reto de este periodo pasa por abandonar esa dinámica y abrir espacios formales de negociación. Espacios como esos siempre requieren mediaciones institucionales abiertas y alguna idea clara sobre cómo administrar el futuro inmediato. Otras dos cosas que nos siguen haciendo falta. Los temas llamados a abrir una mesa, que por ahora es apenas una aspiración teórica, siguen siendo el presupuesto del ejercicio 2027, en el que tenemos problemas de asignación que no estamos discutiendo, y el modo de resolver los enormes efectos colaterales que generan las economías de metales de origen incierto, especialmente la del oro. La seguridad y El Niño son asuntos de otra naturaleza. Por su urgencia, deberían haber permitido al gobierno exhibir una capacidad de reacción de la que claramente no está provisto.

Dos velocidades que deberían haberse diferenciado. La velocidad de la política, que requiere la construcción de canales de negociación abierta, y la de las urgencias, que requiere capacidad de reacción. En su primer abordaje de la escena, el gobierno no notó las diferencias entre estas dos velocidades. Mezcló los cuatro asuntos con otros más en un solo pedido de facultades delegadas, no diferenciadas por la urgencia ni por su alcance o necesidad.

Para reaccionar ante la urgencia casi no hacía falta pasar por el Congreso. Para abrir espacios de negociación no tenía sentido usar una solicitud escrita en el formato de un ómnibus que comienza a caerse a pedazos.

Pablo Moreyra está entre quienes se han tomado la molestia de mirar al detalle el paquete de 66 facultades solicitadas. Él ha encontrado 31 pedidos que tocan o pueden impactar sobre El Niño y la seguridad. De su lista me quedo sin duda con la ayuda directa del INDECI, obras por impuestos para desastres y bonos de vivienda para damnificados, tres asuntos que deberían haberse destrabado del paquete para tramitarse con verdadera urgencia. Si los tres asuntos necesitan respaldo legal, bien podrían haber sido propuestos usando el procedimiento especial para leyes de aprobación urgente, que también existe y es mucho más viable y menos problemático que el pedido de facultades delegadas.

Sobre seguridad, el paquete incluye pocas cosas útiles y casi ninguna que requiera una ley. Menos una ley urgente. Sobre minería ilegal, el gobierno pide facultades para legislar sobre la trazabilidad de los minerales que circulan en el país, pero se mantiene en relativo silencio sobre las condiciones que podrían evitar la prórroga del REINFO, el registro que hace posible circular esos metales sin trazabilidad alguna.

Volviendo al paquete, el mayor volumen de contenido aparece en la parte económica. Pero esta es, al mismo tiempo, la parte menos urgente de la solicitud. Ahí está el difícil debate sobre los topes a las tasas de la Ley 31143, las reformas al Código Tributario y los regímenes simplificados, la formalización laboral, el factoring para Mypes y la reforma del servicio civil. En esta parte, Moreyra reconoce asuntos que deberían haber sido tramitados por el procedimiento regular de iniciativas legislativas del gobierno: hidrocarburos, electricidad, turismo, asociaciones público-privadas, finanzas abiertas, feriados, colegiatura de los artistas. Y reconoce, además, un grupo de asuntos que ni siquiera requieren una ley para reformarse: estandarizar trámites, cobrar derechos según costos reales, reformar las reglas sobre la vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones, dar un enfoque preventivo a la inspección laboral y reformar el procedimiento registral para vivienda social.

El paquete estuvo sobrecargado desde el origen. Y el gobierno no lo ha gestionado más allá de blandirlo como si fuera un estandarte de guerra. Defendido con una lógica bastante infantil, un “quiero, entonces denme”, el pedido parece haber terminado siendo más un pretexto para instalar un dispositivo de beligerancia entre diputados y gobierno que para construir herramientas de salida a la crisis en que estamos. Y claro, en un ambiente cargado por la polarización, una reacción como la de Diputados, del tipo “exiges, entonces niego todo”, no hace más que convertir la secuencia en una profecía autocumplida.

Un gobierno que no parece interesado en crear un espacio de negociación con la mayoría de Diputados. Una mayoría en Diputados que no logra pasar por el Pleno una sola propuesta legislativa en sesenta días. Una mayoría a la que tampoco parece importarle construir escenarios que tiendan a abrir la negociación como procedimiento político. Si no cambiamos la ruta, podemos terminar en un proceso sostenido de desgaste en las relaciones entre el gobierno y la Cámara Baja. Uno que cancelaría la acción política institucional: un gobernar sin nuevas leyes que use al Senado como plataforma destinada a mantener a raya a Diputados. Poco menos que un país paralizado institucionalmente que confía en que el auge de los precios del oro se encargará automáticamente de mantener los números grandes de la economía en azul, y que con eso basta.

O Diputados aprende a legislar y el gobierno a hacer política, o la pasividad de ambos va a congelarnos.

Día sesenta. Donde debió haber un ejercicio de articulación institucional, hemos tenido una escena que simplemente reproduce un ciclo de polarización del que deberíamos estar saliendo.

Esto no parece estar asumido del todo por el premier Luis Galarreta quien dijo, en plena ceremonia de firma del decreto del aumento de salario mínimo, que el Ejecutivo ha mantenido “paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”. Como si la paciencia fuera un recurso finito que el gobierno administra con generosidad y que en algún punto podría retirar.

Keiko Fujimori lo respaldó horas después. “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, advirtió. Y su presidente del Consejo de Ministros había agregado antes que los congresistas que fiscalizan “ya deberían superar la elección” y que esperaba que no “abusen del poder” que les otorga la Constitución. Tres frases que apuntan en la misma dirección: la fiscalización parlamentaria es un exceso que el Ejecutivo está tolerando con benevolencia.

Al respecto, la Constitución le da al Congreso exactamente esas atribuciones: interpelar, censurar, acotar facultades. Un parlamentario que las ejerce usa el poder. Y un gobierno que interpreta ese ejercicio como una prueba de paciencia confunde el rol del Ejecutivo con el de un árbitro que decide cuándo el partido se juega y cuándo se suspende. Distinto fue, vale recordar, el abuso legislativo que cometió la mayoría parlamentaria fujimorista contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, apelando a hipótesis y no a evidencia, como sí lo están haciendo muchos de los diputados que hoy plantean rechazar el pedido de facultades que contiene normas que no son ciertamente prioridad para el país.

La tolerancia política es reconocer que quien piensa distinto tiene el mismo derecho a ejercer sus funciones que quien gobierna. El consenso democrático nace de la capacidad de disentir con evidencia, negociar con transparencia y construir acuerdos sin convertir la “paciencia” en moneda de cambio. El Perú ya vivió en los años noventa lo que ocurre cuando un gobierno decide que su tolerancia tiene un límite. Lo viven actualmente diversas dictaduras enquistadas en el poder en el mundo. Por eso vale la pena cuestionar estas frases antes de que se normalicen.