Mientras el gobierno plantea reformas absurdas como la movilidad del Lugar de la Memoria, o incluye decisiones que ameritan debates más amplios, el crimen organizado quemó vivo dentro de su vehículo a un hombre de 35 años en Los Olivos. La razón es negarse a pagar un cupo semanal de S/40. Como consecuencia, más de 50 unidades de transporte público decidieron no salir hoy.

En paralelo a estas desgracias, el Ejecutivo fujimorista acusa a diputados de ser obstruccionistas. No obstante, ante dichas denuncias, vale la pena recordar que el paquete presentado va mucho más allá de la seguridad y El Niño que el gobierno invoca como justificación. Entre varios asuntos no prioritarios, incluye la regulación de tasas de interés bancarias y modificaciones al sistema financiero. No es exagerado sostener que dichas medidas merecen un debate de Estado amplio y serio, no una aprobación apresurada.

En ese sentido, conviene clarificar la discusión pública alrededor de esto, ya que si un gobierno que lleva dos meses sin emitir los decretos de urgencia que podía dictar por iniciativa propia no lo hace, no es porque necesita más poderes, sino porque necesita usarlos.

Por ello, el debate de hoy en la Cámara de Diputados importa. Pero importa en tanto ponga de relieve lo que ocurre en las calles y contra los ciudadanos que exigen que sus autoridades finalmente gobiernen. Eso también es democracia.

Y ante una entendible denegatoria a la solicitud de facultades, el gobierno sigue teniendo el poder y puede gobernar con lo que ya tiene. En otras palabras, demostrar que la gobernanza no depende de las facultades que el Parlamento le otorgue, sino de la voluntad política de ejercer las que ya posee.

Cada mañana a las 9.00 a. m., Ucrania se detiene.

En todas las ciudades de Ucrania, los altavoces que normalmente se utilizan para advertir sobre ataques aéreos rusos inminentes transmiten el constante tic-tac de un reloj.

Las calles de la ciudad, normalmente llenas de vida, quedan en silencio.

Los semáforos se ponen en rojo. Los automóviles se detienen.

Durante un minuto, todo un país hace una pausa.

Este es el momento diario de silencio de Ucrania, un acto nacional de conmemoración para quienes han perdido la vida en la guerra ilegal de Rusia. En lugares de trabajo, hogares, escuelas, mercados y carreteras, los ucranianos hacen una pausa para honrar a quienes dieron su vida defendiendo la soberanía y la libertad de su país, y para recordar a los miles de civiles cuyas vidas se han perdido a causa de la agresión rusa.

PUEDES VER: Ucrania registró en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia, según un informe de la ONU

Este silencio también refleja la ausencia que sienten miles de familias cuyos seres queridos aún no han regresado a casa.

Entre ellos se encuentran los miles de niños ucranianos que han sido trasladados por la fuerza y deportados ilegalmente por Rusia a lo largo de la guerra. Separados de sus familias y comunidades, muchos han sido privados de elementos fundamentales de su identidad: su idioma, su cultura e incluso sus nombres.

Otros son civiles detenidos ilegalmente en territorios temporalmente ocupados por Rusia. Muchos han sufrido represalias por enseñar su idioma, practicar su cultura, expresar su oposición a la ocupación o compartir la verdad sobre lo que han presenciado. Algunos han sido trasladados a centros de detención en Rusia, donde permanecen retenidos sin el debido proceso, privados del contacto con sus seres queridos, sin acceso adecuado a atención médica y fuera del alcance de una supervisión independiente.

Las condiciones de los prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia rusa siguen siendo igualmente preocupantes. Quienes han regresado han denunciado malos tratos, mientras que organismos independientes han documentado abusos generalizados, incluidas torturas y violencia sexual.

Estas no son consecuencias colaterales de la guerra de Rusia. Las acciones de Rusia constituyen violaciones reiteradas y ampliamente documentadas del derecho internacional, cometidas a gran escala en un intento de quebrantar la voluntad del pueblo ucraniano.

Detrás de cada caso hay una historia humana: un padre o una madre esperando a un hijo, una pareja esperando una llamada telefónica, una familia esperando que alguien regrese a casa.

Sabemos que la verdadera medida de la paz se encuentra en estas historias centradas en las personas. Se encuentra en un niño que regresa con su familia, en un civil liberado de una detención ilegal, en un prisionero de guerra reunido con sus seres queridos y en una comunidad que tiene la oportunidad de sanar y reconstruirse.

La magnitud de este desafío es inmensa, y ningún país u organización puede afrontarlo por sí solo. El éxito requiere una cooperación sostenida entre gobiernos, organizaciones internacionales, actores humanitarios y la sociedad civil.

Por esta razón, Canadá, Noruega y Ucrania reunirán a ministros de Relaciones Exteriores y socios internacionales en Toronto los días 28 y 29 de septiembre para la segunda Conferencia Internacional 'Caminos hacia la Paz: Retorno de los Niños Ucranianos, los Civiles Detenidos y los Prisioneros de Guerra'.

Basándose en los avances logrados en la conferencia ministerial sobre este mismo tema, organizada por nuestros tres países en Canadá en 2024, la conferencia reunirá a socios internacionales para apoyar los esfuerzos de Ucrania destinados al retorno, la rehabilitación y la reintegración de los niños ucranianos deportados, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra.

Su regreso es un imperativo humanitario y un elemento fundamental de cualquier proceso de paz, ya que contribuye a generar confianza y a sentar las bases de una paz justa, duradera y digna. Cada persona que regresa reúne a una familia. Cada familia reunida fortalece una comunidad. Y cada comunidad que prospera contribuye a la reconstrucción de Ucrania.

Cada mañana, millones de ucranianos hacen una pausa para recordar a quienes ya no están y a quienes aún no han regresado. En ese ejercicio de memoria, y con una valentía e ingenio extraordinarios, también reparan lo que Rusia ha destruido, se cuidan mutuamente y fortalecen las comunidades que la agresión rusa ha intentado desgarrar.

Nuestra esperanza es que Caminos hacia la Paz movilice a la comunidad internacional no solo para hacer una pausa junto a Ucrania en señal de recuerdo, sino también para actuar a su lado y ayudar a traer de regreso a cada niño deportado, cada civil detenido y cada prisionero de guerra.

Pero hay un factor que podría complicar más lo descrito y este respondería a la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva (BCRP), con la inflación anualizada a agosto en 4,44%, bastante mayor al tope de 3% establecido, y la perspectiva es que los precios suban más, dada la reducción de oferta de producto por ocurrir y la tendencia al alza del precio del petróleo. Veamos más de cerca esto.

El índice de precios internos al alza continuada podría ser una razón por la cual el BCRP pueda próximamente subir la tasa de interés de política monetaria y, con ello, un encarecimiento del crédito originar una contracción del gasto en la economía, lo cual eventualmente podría quitarle viada a la inflación, a pesar de responder esta a factores de oferta. Pero un resultado indeseado es la afectación adversa sobre la ya golpeada dinámica de la producción. El punto es que la presión para la subida de la tasa de interés no respondería solo a la incrementada inflación local, sino a lo que viene ocurriendo con la tasa de interés determinada por el banco central gringo, o sea, la Reserva Federal (Fed).

El tema local es que, si no se incrementase la tasa de interés de política monetaria por el BCRP, una tasa de rendimiento más alta de activos financieros externos podría originar una desordenada salida de capitales; una menor oferta de dólares resultante presionaría al alza del tipo de cambio, en el peor de los momentos, con precios internos al alza. Este nuevo factor externo no es poca cosa, con lo cual las próximas decisiones del BCRP serán seguidas con mucha atención.

Las fuerzas democráticas se prepararon para la reelección del régimen híbrido, cierto, pero no estaban preparadas para que la continuidad sea casi total y cubra la mayoría de espacios y quehaceres gubernamentales. Hubo poca conciencia de que la continuidad es lo único que puede producir un régimen que solo pudo quedarse en el poder a costa de decenas de muertos, que evitó agónicamente una implosión generalizada y que llegó exhausto al fin del proceso electoral.

En el mejor de los casos, hubo una visión matizada que estimó que el nuevo gobierno tenía la capacidad de innovación para producir una especie de borrón y cuenta nueva y, al mismo tiempo, dejar intacta y servirse de las estructuras del régimen que se impuso de modo cruento. El gobierno contribuyó a esta percepción con el discurso relativamente exitoso de que estaba recibiendo un país destrozado.

Nada de eso ha sucedido. La continuidad es virtualmente absoluta, y aunque existe la posibilidad de giros tecnocráticos neoliberales con distintos grados de autoritarismo, el que Fuerza Popular prometió en la campaña electoral, son cada vez menos probables esos desenlaces innovadores de lo que ahora se tiene como administración del Estado. Cualquier giro neoliberal autoritario sería gemelo del autoritarismo del periodo Boluarte y, aunque se multiplique por varias veces, no se alejaría de ese referente.

La pregunta es cómo asumir la cuestión de la gran continuidad como un hecho concluyente y cómo relacionarla con el primer dato de la realidad, de que esa continuidad sigue haciendo del régimen actual uno no democrático.

Ahí se ubican las primeras dificultades porque el trabajo realizado, especialmente de modo personal por la presidenta, hasta poco antes de su viaje a EE. UU. -por estrategia o por intuición- rebajó varios grados de radicalidad y ferocidad a la nueva administración complementado con un gabinete que expresaba una mayor amplitud de la que se presumía. También es probable que los recientes discursos de la presidenta, hasta ahora un giro narrativo, intenten ser convertidos en realidad, aunque para ello la gran continuidad tendría que asumir la fisonomía de un gran continuismo feroz.

En cualquier caso, la rebaja de radicalidad y ferocidad que se le presumía al nuevo gobierno genera un momento en el que se discute de modo intenso casi todo y muy poco la esencia antidemocrática del gobierno. Las oposiciones también se han dejado llevar por la normalización de la gran continuidad, tanto aquellas cuyo programa mínimo incluía la recuperación de la democracia como las que creen que pueden desempeñar el papel de bisagras con el Ejecutivo.

De acuerdo con lo señalado, se hace necesario no sólo revisar la naturaleza del gobierno, sino también el papel de las oposiciones. En la primera vuelta el Perú votó mayoritariamente contra el pacto parlamentario y en la segunda vuelta, en volumen de votos, la mitad del país votó por una política que pugna por superar el estado de cosas de la República Obscena: las instituciones capturadas, las reglas constitucionales autoritarias, las leyes antidemocráticas y la economía mercantilista, para instalar un régimen democrático, deliberativo e íntegro. Las oposiciones no recibieron un mandato continuista o de mejora continuista, sino de democratización.

En los 60 días de gobierno se sucedieron o agruparon por lo menos nueve pequeñas coyunturas, demasiadas en poco tiempo: el pedido de delegación de facultades, la transformación del LUM, las movilizaciones fuera de Lima por el alza de combustibles y pasajes, las amenazas de paro transportista en Lima, los sucesos de Trujillo a inicios de setiembre, el Escudo de las Américas y la visita de Rubio, los asesores ad honorem y el caso Cerimedo, la interpelación al ministro del Interior y el escalamiento del crimen, y el viaje a Nueva York.

Las oposiciones no recuperaron la palabra en todas estas coyunturas a pesar de que enviaban el aviso sobre el carácter no democrático del gobierno. La delegación de facultades y la escalada del crimen han ocupado entendiblemente la mayoría de sus actividades, y aún en esos casos las oposiciones perdieron la oportunidad de presentarle al país sus innegociables, por ejemplo incorporar en la delegación de facultades como condición indispensable la supresión de las leyes pro crimen y de impunidad.

La relación principal de las oposiciones es con el gobierno y con los grandes medios de comunicación aliados y sostén del gobierno, y solo de modo secundario con la sociedad. Le han arrebatado la agenda al gobierno y minimizado su iniciativa, cierto, pero han hecho de esa agenda un picadillo de temas y convertido en una composición temática.

En las últimas semanas las oposiciones han cedido en la agenda grande, la gran agenda política del país que es la recuperación de la democracia, una demanda presente en todas las coyunturas de los 60 días de gobierno. Salvo excepciones personales cada vez más visibles, la política democrática es mediática o principalmente mediática, de modo que los opositores caen en el juego de los grandes medios orgánicos al poder que los tildan de obstruccionistas al mismo tiempo que los insultan, se burlan de su inexperiencia -solo de la inexperiencia opositora porque la inexperiencia de la oficialismo es pasada por alto- adulan y seducen a los posibles tránsfugas, investigan los conflictos de interés de los paramentar sino de los ministros  y colocan debajo de la alfombra los temas más importantes vinculados a la democracia.

Aceptar y someterse al framing del rival ya tiene sus costos. La última encuesta de IEP deja mal parado al Parlamento que, considerando los votos en la primera y segunda vuelta, debería ser el centro de la recuperación de la democracia. En cambio, se aprecia una gradual subordinación de la agenda democrática original resultado del desplazamiento temático. En la experiencia peruana estos movimientos terminan en dos procesos, el mimetismo político o pérdida de la identidad por la que votaron los electores de los grupos que deberían honrar ese mandato desde la oposición, y la domesticación parlamentaria, un proceso al que asistimos en vivo y en directo entre 2022 y 2026 y que llevaron a la pérdida de inscripción electoral del grupo de izquierda que pactó con la ultraderecha (Perú Libre) y de los partidos del llamado centro político (APP, Somos Perú, AP, Partido Morado).

En su diversidad, la oposición tendría siempre que recuperar la palabra como un inicio de la recuperación del cambio. Además, se trata también de recuperar el país o de emprender esa tarea. De lo contrario, la gran continuidad que opera en el ámbito del gobierno también operará en el ámbito de los grupos democráticos que accedieron al ejercicio del poder parlamentario prometiendo recuperar la democracia.

Ese es el caso del gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió funciones el 28 de julio con una aprobación del 60%. Hoy, a dos meses exactos, la aprobación cayó a 42%, según Datum para América.

La organización política que prometió orden registró en su primer mes 151 homicidios, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. Todo esto mientras los decretos de urgencia prometidos el 28 de julio para combatir la inseguridad con mayor presupuesto para inteligencia en la PNP no se concretaron. Al contrario, solo repite la respuesta ineficiente de decretar estados de emergencia.

En estos dos meses, el crimen organizado ha asesinado a más de 200 personas y secuestrado a un empresario en Trujillo, liberado solo tras haberse pagado por su liberación. En paralelo, el presupuesto 2027 presentado por el gabinete Galarreta ha recortado S/ 519 millones a seguridad ciudadana, mientras ha elevado 283% el de Defensa.

La primera renuncia ministerial antes de los 100 días llegó por un conflicto interno de recursos entre carteras irresuelto, lo cual resulta ser la imagen más clara de un gabinete sin coordinación ni línea común de trabajo.

Además, el aumento anunciado en Pensión 65 fue postergado hasta 2027. Y los operadores siguen activos, ya que la JNJ destituyó al juez Concepción Carhuancho, a pesar de la alerta expresa remitida por la ONU.

Lo que estos dos meses exhiben es la distancia entre las pugnas que algunos ministros y parlamentarios eligen librar y las urgencias reales de los más vulnerables. Mientras se debate sobre ideología en las aulas o se relativiza la violencia sexual con argumentos culturales, un adolescente de 16 años falleció en Loreto por sarampión, la primera víctima mortal por esa enfermedad en décadas. El brote ya supera los 2.357 casos confirmados.

Lo que faltó fue presencia estatal en territorios donde las campañas antivacunas encontraron el espacio que el abandono institucional les dejó. Esa es la urgencia que debería estar en el centro de cualquier gestión. Y eso es lo que el 42% de desaprobación le está diciendo a la presidenta.

Esa es una pregunta importante, porque mucha gente dice "quiero al distrito" o "quiero hacer el bien" sin más. Hay que entender que la política en el Perú es dura: ser alcalde significa gastar tiempo, gastar plata, alejarte de tu familia y exponerte a denuncias, aunque no hayas hecho nada malo. Por eso siempre me pregunto por qué alguien se mete en política en el país, y creo que hay dos razones posibles: o eres un "ladrón" que busca poder o negocio, o eres de los que él llama "locos", que tienen otra motivación. Me considero dentro de esa segunda categoría.

Veo que Lurín está retrocediendo. En los cinco problemas principales del distrito —agua y desagüe, seguridad, pistas y veredas, saneamiento y ordenamiento territorial, y salud— uno esperaría que el municipio priorice sus recursos ahí. En Lurín es al revés: la ciudad sigue creciendo, no se hacen pistas, las antiguas se rompen y la seguridad está descuidada. Además, tenemos una municipalidad cada vez más agresiva, que usa fiscalización y rentas como mecanismos de presión sobre la población en lugar de apoyarla.

Hoy mismo estamos viendo amenazas por poner carteles de campaña: te dicen que eres de tal candidato y te clausuran, o retiran carteles y llaman diciendo que son de la municipalidad. Sí, creo que hay una guerra sucia en este momento.

Tengo seis generaciones en Lurín —mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo—. Me da mucha pena pensar que mi hija, el día que yo no esté, termine vendiendo todo e yéndose, como le está pasando a gran parte del distrito. Mi razón para meterme en política es parar esa desgracia.

Hablemos de uno de los principales problemas de Lurín: el ordenamiento territorial. ¿Cuál es su propuesta?

Me da mucha pena, porque Lurín era considerado el último valle verde de Lima. Machacamarca y Cieneguilla siguen siendo verdes, pero Lurín ya casi no tiene tierras agrícolas ni espacios verdes. Mucha gente ha migrado a sembrar grass, entre otras cosas por la contaminación: nadie quiere comprar un producto sembrado en Lurín y regado con desagüe.

El distrito ha crecido de forma desordenada. Hay fábricas fuera de zonificación —el plano base que define qué actividad puede darse en cada zona— porque simplemente no se respeta; se ha construido negociando con la municipalidad de maneras poco claras. A eso se suma un desorden registral que viene de la reforma agraria, donde muchas vías y caminos aún figuran a nombre de una hacienda o una comunidad que ya no existe.

¿Propone sanear los espacios públicos?

Totalmente, es uno de los capítulos centrales de mi plan de gobierno. Como geógrafo, es algo en lo que he trabajado mucho: se trata de levantar todo el distrito, jalar la información de registros públicos y sanear las titularidades, porque muchos títulos pertenecen a empresas, asociaciones o comunidades que ya no existen. Si queremos instalar agua y desagüe o hacer pistas sin ese saneamiento previo, estaríamos invirtiendo indebidamente en propiedad privada.

También tenemos mucho desarrollo inmobiliario cuyos proyectos de habilitación urbana nunca terminan de entregarse a la municipalidad —pistas, parques, áreas de salud y educación—. No es porque el empresario no quiera, sino porque la municipalidad pone trabas: así se excusa de mantener esos espacios. El saneamiento físico-legal es crítico también para definir el límite entre lo público y lo privado. Mientras eso no se haga, la gente sigue "comiéndose" la pista, como está pasando en Lurín, y eso ya está generando un caos de tránsito, porque muchas salidas hacia la Panamericana ya no se podrán abrir: se las han apropiado.

¿Qué proponen para combatir el tráfico de terrenos?

Ya tenemos identificadas a muchas de las personas involucradas. En Lurín hubo el conocido caso Orellana, que sigue en curso, con sentenciados y otras personas señaladas que tenemos ubicadas. Es esencial que la municipalidad ponga orden: no puede ser que el área de catastro no tenga un catastro real, o que en el área de rentas se permitan barbaridades como doble registro o gente tributando sobre un terreno ajeno. Eso se corrige actuando correctamente, sin permitir que alguien pague por cambiar un nombre de manera irregular.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión del alcalde actual?

La peor gestión de la historia del distrito. Es una desgracia. Tienes a toda una población pidiendo, tocando la puerta: "hazme la pista, hazme un muro de contención". Un alcalde no puede vivir de espaldas a su pueblo. Cuando uno mira la estructura de gasto del municipio, uno esperaría que se priorice el desagüe, las pistas y la seguridad por encima de una piscina temperada o un parque de diversiones. En Lurín es al revés: hemos detectado que se gastan más de 30 millones de soles al año en cosas extrañas.

Están saliendo publicaciones esta semana sobre los llamados "gastos mágicos": compras menores a 43 mil soles —por debajo de 8 UIT—, que no requieren aprobación del consejo ni licitación. Hay más de 42 mil soles en sánguches, agua y bloqueador solar, y proveedores que lo mismo te pintan un edificio que te venden alcohol. Es muy probable que ahí se esté perdiendo dinero, porque lo ejecutado en obra es mínimo frente a lo que recibe el distrito.

Siempre digo que uno reconoce la actitud de una autoridad por sus primeras acciones. La primera factura de esta gestión, el 2 de enero, fue por medallas para el alcalde y los regidores: coticé esas medallas y la más cara cuesta 186 soles. La factura fue por 20 mil soles. Ahí uno se da cuenta de que el interés no es ahorrar ni hacer las cosas bien. Si eso no es robar, no sé qué lo es.

Ha tenido una polémica reciente con la candidata Rosa Torrejón, quien lo acusa de prepotencia. ¿Qué pasó?

Vengo analizando a los candidatos desde hace tiempo y tengo información sobre esta candidata que en parte ya ha salido en noticieros. El origen del incidente fue un problema personal: en mi casa tenemos un muro de adobe de más de 60 años que constantemente sufre pintas ilegales. Un día, volviendo con mi familia, vi a un grupo pintando el muro. Bajé, les pregunté si tenían autorización, dijeron que sí pero no pudieron mostrarla —"la tiene tal persona"—. Les dije que ahí estaban pintando mi casa.

Mientras hablábamos, envié un video a gente que investiga conmigo el tema de los albergues en Lima —un asunto que ya ha cubierto La República— y me confirmaron que varias de esas personas provenían de esos albergues. Me molesté, seguían pintando sin hacerme caso, y subí el tono hasta pasarme de la raya; le pedí que le dijeran a la candidata que se fuera, porque vi su nombre en la pinta que estaban borrando —y repintando encima de una pinta nuestra—. Poco después llegó una camioneta a toda velocidad con gente en la tolva, y me preocupé por si estaban armados.

Reconozco que no debí hablar como hablé; después publiqué un video disculpándome. Pero en ese momento no tenía a quién recurrir salvo a la policía, y me sentí en la necesidad de defenderme mientras me insultaban. La candidata luego difundió un video presentándose como víctima, mostrando solo un fragmento de lo ocurrido. Además, insiste en que el muro no es mío, cuando en realidad tenemos dos: el muro de adobe original y otro que levantamos después, unos metros hacia adentro, por un tema de seguridad, para evitar los trámites que implicaba tumbar y reconstruir el primero. Negar que es nuestro muro es simplemente negar la realidad.

¿Por qué usted sería la mejor opción frente a Rosa Torrejón, que lo sigue de cerca en las encuestas del distrito?

Yo no estoy investigado por peculado, ni por organización criminal, ni por ninguna otra causa; nunca he tenido un juicio ni una denuncia archivada. Ella sí enfrenta señalamientos públicos por esos temas, y el caso de los albergues —que resultó terrible— ya demuestra una actitud.

Me considero un vecino de Lurín con mucha historia en el distrito. Además, soy geógrafo: estudiamos el territorio, las dinámicas sociales, los recursos, y cómo conjugarlos para generar una ciudad sostenible. La mayoría de los demás candidatos son abogados, y un abogado no necesariamente tiene visión de futuro sobre el desarrollo de una ciudad —no es su especialidad—. Por eso muchas campañas se limitan a listas de obras en cada pueblo, sin una visión de conjunto, y por eso la gente termina decepcionada cuando no se cumple.

¿Lurín debería industrializarse, como proponen otros candidatos y las visiones de expansión de Lima hacia el sur?

Lurín ya está industrializado. Vienen inversiones grandes —Volvo estaría evaluando una planta de ensamblaje— y Macrópolis sigue creciendo. El desarrollo es positivo siempre que sea ordenado y controlado. Hay que consolidar la zona industrial existente, zonificarla y ordenarla bien, pero ya no queda mucho espacio para expandirla: hacia el este está El Portillo Grande, uno de los botaderos de basura más grandes del país. Lo que realmente va a limitar el crecimiento del distrito es el agua y la situación municipal.

¿Qué propone respecto al agua en Lurín?

Me gusta pensar las cosas de manera sencilla. Si la municipalidad hoy invierte entre 10 y 15 millones de soles al año en obra, tenemos que multiplicar esa cifra por diez —usando mecanismos como obras por impuestos; este año había 57 millones aprobados y no se ejecutaron—. Creo que podemos llevar el presupuesto de obra a 100 millones de soles al año, y de eso, entre 40% y 50% debería destinarse a agua y desagüe.

El tema del agua potable y alcantarillado le compete a Sedapal, pero la municipalidad puede hacer convenios, entregar terrenos para cámaras de bombeo, lagunas de oxidación o plantas de tratamiento, y buscar aliados como el gobierno japonés, que financió en el pasado uno de los proyectos de tratamiento de aguas más grandes, por 500 millones de dólares. Hay que sentarse a conversar con Sedapal y, si hace falta, presionar para que cumplan con el mantenimiento de sus plantas. Agua hay —tenemos río, tenemos playa—; el problema es que las entidades no están haciendo su trabajo.

Lurín tiene dos realidades muy distintas: zonas de grandes casas y exhaciendas, y sectores mucho más precarizados y abandonados. ¿Qué les propone a estos últimos, además del agua? ¿Cómo garantizará la participación vecinal?

Mi propuesta no consiste en prometer obras, sino en generar un quiebre: que desde nuestra gestión en adelante, los siguientes alcaldes tengan que trabajar bajo otra metodología. Hoy se destina un 70% u 80% del presupuesto a planillas y un porcentaje alto a gastos poco lógicos, dejando muy poco para lo esencial. Hay que actualizar la municipalidad —que hoy opera bajo unos 11 sistemas que no se comunican entre sí, generando trabajo redundante— e impulsar un programa de "papel cero" que agilice la gestión y libere presupuesto para las prioridades: agua y desagüe, seguridad, pistas e iluminación.

Mi compromiso es asegurar que el dinero se gaste bien en lo importante, actualizando además las ordenanzas municipales, muchas de las cuales datan de hace años y hasta contravienen la ley vigente. Ya hemos comenzado a armar equipos técnicos —por ejemplo, de ingenieros que levantan información para armar expedientes—. Vamos a los pueblos, explicamos la propuesta y, si hay interés, la población se acerca y nos dice qué necesita priorizar: pistas, agua, lo que sea. A partir de ahí trabajamos juntos el expediente, y cuando llega financiamiento —obras por impuestos u otro mecanismo—, priorizamos los proyectos que primero se organizaron. Es una forma de recompensar al vecino que se involucra: el que participa, su proyecto avanza primero. Es retomar algo que existía antes en Lurín, cuando los dirigentes se organizaban con la población para gestionar sus proyectos, y que se perdió hace muchos años. Ya hemos retomado la comunicación con los dirigentes de todo el distrito.

"Muy complicada, muy difícil, perdimos compañeros, muchos quedaron con discapacidad, pérdida de miembros inferiores, pérdida de la vista, pero no me arrepiento ni un minuto de haber estado y haber luchado contra el terrorismo durante los mejores años de mi vida. Muy joven, ingresé al ejército a los 17 años, seguí la carrera militar y en el grado de capitán me dan la misión de ir a rescatar a estos 36 peruanos en Camisea que fueron secuestrados por Alipio y Gabriel, el hermano de los Quispe Palomino, y al final de la operación es donde sufrimos ese enfrentamiento, una emboscada de más de 200 metros de carga explosiva artesanal. Se lograron liberar a esos rehenes y también logramos sacar a los cuerpos de las policías, en el caso más importante la capitán Nancy Flores, heroína que fue derribada en un helicóptero, el suboficial Tamán y el suboficial Vilca. Después de 15 operaciones de alta complejidad para poder recuperar mi pierna izquierda y reconstruirme todo el cuerpo, tuvieron que amputarme la pierna izquierda. Eso no hizo que me derrote."

No se dio por vencido, y después se convirtió en atleta paralímpico.

"Son la historia de un peruano promedio, trabajador, luchador, que no se derrota. Después me metí al deporte paralímpico, participé en las paralimpiadas de Río 2016, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el próximo año hay Panamericanos en Lima. Estuve también en el Mundial Militar de China, justo antes de la pandemia del 2019, justo en Wuhan, cuando ahí es donde inicia la pandemia. Estoy contento de haber traído muchos logros al país, muchas medallas, soy medallista de mundiales militares y de muchos eventos deportivos."

¿Por qué quiere ser alcalde de Pueblo Libre?

"Dentro de nuestras propuestas principales está recuperar la paz y la tranquilidad y devolver la seguridad a nuestro distrito, con obras de infraestructura vial y mejores servicios. Me considero un patriota, una persona con mucha vocación de servicio. Ha sido una decisión muy difícil tomada en familia, pero yo creo que el país vive una inseguridad tremenda y me he preparado muchísimos años. Tengo más de 20 años de experiencia en gestión pública y privada, he trabajado en gobiernos locales y en el gobierno central, hasta hace poco en el Instituto Peruano del Deporte como director nacional de Recreación y Promoción del Deporte, y conozco la gestión pública desde adentro."

¿Cuál es su agenda priorizada para los primeros 300 días de gobierno?

"Reducir considerablemente las incidencias delictivas del distrito. Cada año se incrementa en 20% las incidencias delictivas, de acuerdo al Observatorio del Delito del Ministerio del Interior. Nosotros proponemos implementar un C4, un centro de comando, control, cómputo y comunicaciones con tecnología de primer nivel, con inteligencia artificial y analítica de video, que va a permitir acortar los tiempos de respuesta en coordinación con la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo sus capacidades y las del personal de serenazgo. El tema de la seguridad muchas veces no solo radica en la coordinación edil, sino en las trabas que existen en la coordinación con la Policía Nacional, donde se entrampa cualquier persecución de delito."

¿Cómo plantea mejorar la coordinación con la Policía Nacional?

"Soy un experto en seguridad ciudadana. La ley SINASEC viene del 2003 y el crimen organizado va migrando, va mutando, y los planes no deben ser estáticos. Se debe mejorar considerablemente esta ley para que los ciudadanos también participen con mayor actividad a través de las juntas vecinales policiales organizadas, y fortalecer la Policía Nacional a través del gobierno central, que tiene que tener esa decisión política de darle los recursos necesarios para equipar las comisarías. He recorrido todo el Perú por mi profesión militar, están sin equipamiento, sin material, en muchos casos sin papel para hacer los atestados. El gobierno local tiene que apoyar a la policía para hacer este trabajo conjunto y permitir que la población recupere esa confianza que ha perdido en las autoridades."

Hay denuncias de extorsión de comerciantes en el distrito. ¿Cómo va a enfrentar este problema?

"Nosotros proponemos trabajar con inteligencia táctica, con la Policía Nacional, con los grupos Terna, con los grupos especializados, para trabajar de la mano con la policía informática y tecnológica y poder detectar estos casos. Sabemos que las denuncias o las extorsiones vienen de los penales, de los grupos de crimen organizado, y ahí tenemos que trabajar siempre de la mano con la Policía Nacional del Perú."

Muchas zonas públicas de Pueblo Libre están deterioradas. ¿Qué propone para las áreas verdes?

"Pueblo Libre ha sido abandonado por sus autoridades por más de casi 20 años. En las últimas cuatro gestiones y un poco más se han descuidado el ornato, la infraestructura vial, las vías locales, las veredas, los parques y jardines. Pueblo Libre tiene 77 parques y más de 100 áreas verdes en todo el distrito, somos uno de los distritos con mayores áreas verdes de Lima Metropolitana, con solo 4.38 kilómetros cuadrados. Sin embargo, esas áreas verdes no son cuidadas como corresponde, por falta de voluntad, de gestión y de capacidad de las autoridades, específicamente de la actual gestión de renovación popular, que no ha sido buena en todo sentido y que ha mirado de espaldas a los vecinos. Nuestro segundo eje prioritario, después de la seguridad ciudadana, es la infraestructura vial, que incluye el ornato y el mantenimiento de pistas y veredas, que están destrozadas en muchos lugares. Pueblo Libre es, sin temor a equivocarme, el distrito de Lima Centro con las peores vías locales y metropolitanas de toda Lima Metropolitana."

Compite con Leguía, García y Costa, que en algunas encuestas distritales lo superan. ¿Por qué usted y no ellos?

"Porque nosotros somos la opción diferente. No somos el continuismo, no somos el reciclaje político, no somos las mismas caras de siempre. Esas personas ya han sido autoridades, ya han sido funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, han sido regidores, y son parte de cómo está hoy día Pueblo Libre, y no han hecho absolutamente nada. Soy un patriota, soy una persona honesta, transparente. Lo he demostrado en el campo de batalla, ofrendando mi vida al servicio del país hasta perder parte de mi cuerpo. Lo he defendido en el campo militar, en el campo deportivo, trayendo muchos logros para el país, y en el campo social, porque tengo una asociación de personas con discapacidad que promueve la actividad para personas con discapacidad. Soy un activista en los derechos de las personas con discapacidad, hace más de 10 años que adquirí la discapacidad, y vengo trabajando más de 20 años en la administración pública."

¿Qué propone para las personas con discapacidad del distrito?

"Tenemos un programa de inclusión permanente para las personas con discapacidad. Primero, fortaleciendo los talleres técnico-productivos de la SOMAPED, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, y terapias permanentes para el grupo de neurodivergencia de los chicos con espectro autista. Vamos a exigir a la empresa privada que cumpla la cuota laboral, y vamos a empezar por casa, por la municipalidad, cumpliendo la ley general de la persona con discapacidad, que exige que el 5% de todos los trabajadores de cualquier institución pública sean personas con discapacidad, y la empresa privada con más de 50 trabajadores, el 3%. Vamos a ejecutar al 100% nuestro presupuesto de inversión pública, que es un poco más de 9 millones de soles. Al final de la gestión vamos a ser el referente de una ciudad segura, una ciudad accesible para todo tipo de adultos mayores y personas con discapacidad, y una ciudad preparada ante emergencias y desastres, porque también me he preparado y he sido funcionario de defensa civil durante muchos años."

Pueblo Libre tiene una población de adultos mayores bastante alta. ¿Qué les ofrece?

"Pueblo Libre tiene aproximadamente un poco más del 30% de adultos mayores. Nosotros proponemos, primero, culminar esta gestión, que inició unas obras en abril para refaccionar, acondicionar y remodelar la Casa Integral del Adulto Mayor y que está paralizada. Nos comprometemos con los vecinos a terminar esa obra y a habilitar espacios para sus actividades recreativas y técnico-productivas, para sus emprendimientos, para el tai chi, para la recreación. También vamos a hacer espacios para la telemedicina, para el geriatra municipal, y vamos a tener el servicio de motoambulancia como primera respuesta para los adultos mayores. En los parques habrá actividades físicas totalmente gratuitas: hoy en Pueblo Libre, las personas que quieren hacer algún tipo de actividad también tienen que pagar. Vamos a contratar instructores en todas las zonas del distrito para que los adultos mayores, y toda la población en general, puedan hacer actividad física totalmente gratis, y vamos a implementar el programa Deporte para Todos en Pueblo Libre."

"No, ya he estado en otras contiendas, en otros colores partidarios, nací con Somos Perú realmente, pero mi vocación de servicio viene desde más atrás. Estuve militando como cinco años en una casa que me acogió muy bien, pero ya por diferencias tuve que apartarme de Somos Perú. Yo soy abogada, entonces hay espacios en que de repente tú no puedes pensar o accionar como te lo exigen, y yo tengo mis propios valores, mis propios principios. Digo no porque no me parece correcto y me abro."

¿Qué plantea en materia de seguridad ciudadana?

"Hasta el momento la imagen de mi querido distrito, trabajador, pujante, con gente que ha migrado para salir adelante, está caracterizada como el más peligroso. Nosotros planteamos desde Renovación Popular trabajar de la mano con la policía, porque nos falta personal policial en el distrito y también nos faltan serenazgos. Si bien el paquete integral implica la tecnología, debemos trabajar con la prevención, y la prevención viene desde casa, con las familias, con la apertura de espacios públicos para que los jóvenes hagan deporte y talleres de cultura. Es un paquete integral que se debe trabajar con la organización, con la población, de la mano con la gestión, porque la gestión de Carmen Castillo con Renovación Popular va a ser de puertas abiertas."

¿Qué significa para usted una gestión de puertas abiertas?

"Es transparencia, honestidad. Lamentablemente las gestiones que han venido pasando por nuestro distrito no usan la tecnología, la transparencia, el aplicativo para tener todo en redes, donde entras y ves el uso de nuestros recursos, de lo que nosotros pagamos. Por ello una de nuestras propuestas es la auditoría de los 23, 24 años de gestiones anteriores, la fiscalización, y eso es justamente en lo que más les ha dolido y en lo que más me han empezado a hacer una guerra sucia."

¿En qué consiste esa guerra sucia?

"Se crean cuentas falsas donde insultan, denigran, por el hecho de que uno es mujer, hacen bullying. Tampoco nos han dejado espacios para ser visibles, no podemos poner nuestras pancartas porque atemorizan al vecino, dicen que no pongas ninguna pancarta de ningún color partidario porque te cae multa. Esas cosas que han venido sucediendo en mi distrito, la verdad, es penoso."

¿Cómo va a reestructurar la municipalidad de El Agustino?

"Respetando sus derechos laborales sobre todo. Hoy en día se conoce por las mismas redes sociales el uso del poder, donde convocan a los mismos trabajadores o a organizaciones sociales a hacer caminatas, a hacer presencia, para que digan que tal gestión tiene el poder absoluto en el distrito. Nosotros, con una cara humana, no vamos a hacer ese uso. La política es para servir, no para servirse. Y si una persona, un servidor, no quiere caminar con la gestión, no se coacciona, no se amenaza."

¿Qué propone frente a la congestión vehicular cerca del mercado mayorista y la Panamericana?

"Hemos presentado un proyecto ya conocido, sobre el ferrocarril central que tenemos en el túnel de Cerenza o Puente Atarjea. Ya ha sido presentado también a la gestión, y vamos a trabajar de la mano con el señor Rafael López Aliaga para ampliar y mejorar el ferrocarril, donde va a transitar el tren que ya está aquí y que solamente tiene que ponerse operativo."

El Agustino tiene una población joven muy amplia. ¿Qué les propone?

"A los jóvenes, que ya ahorita son un 60, 70% de quienes van a participar en estas elecciones, la propuesta es generarles e impulsar trabajo. Eso es lo que va a evitar que los muchachos vayan por el mal camino, y generar educación para ellos, carreras técnicas como soldadura, carpintería. El Agustino tiene espacios, tienen sus locales comunales, se les puede dar vida para dar educación y talleres de carreras técnicas. Tenemos que crear una academia de bajo costo y darles la oportunidad de ser becados, haciendo convenios con academias o empresas educadoras."

¿Por qué un vecino de El Agustino debería votar por usted y no por sus contrincantes?

"Porque las gestiones que ya pasaron, 23 años de las cuales se va a auditar, ya tienen cansados a los vecinos, y el ping-pong ha sido así, cuatro años uno, cuatro años el otro. Ha habido conflictos de violencia entre ambos y ellos hacen que el vecino piense que son los únicos dueños del distrito. Carmen Castillo, desde Renovación Popular, con mano firme, con honestidad y con transparencia, tiene que romper esa dinastía."

Usted es abogada. ¿Qué opina sobre la reelección encubierta de alcaldes?

"Si vamos a verdades, hay vacíos legales, pero eso no te quita el derecho de participar en política. Con esos vacíos, lo que hacen muchos políticos es ampararse en la Constitución y decir que tienen derecho a participar. Es el caso de la gestión en El Agustino, donde el padre renuncia y asume el hijo como primer regidor, no como alcalde, y eso lo saben muy bien los vecinos."

¿Se refiere al caso del señor Rafael López Aliaga?

"Por supuesto, así es. En mi caso no hay ninguna sola pancarta que lo denomine alcalde, él es regidor uno, y regidor uno es su inscripción, con toda su lista. Eso lo hace cada militante, no lo hace el mismo candidato."

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Rafael López Aliaga en temas como los trenes, la inseguridad o las bombas que nunca llegaron?

"Para nosotros la llegada del tren ha sido muy importante. Que todavía no esté en funcionamiento por motivos burocráticos, eso ya escapa de las manos de los mismos vecinos, tiene que llegar a activarse, y los trenes van a ser de gran beneficio para Lima Este. Los trenes ya están aquí, la misma señora presidenta ha dicho que también se va a operar."

¿Apoyaría usted una reacción como la del señor López Aliaga en la primera vuelta, de no reconocer las elecciones?

"Cuando uno hace una denuncia pública de ciertas irregularidades, no puedes aceptar un cargo cuando van en camino ciertas denuncias. Yo no puedo aceptar un cargo cuando yo mismo estoy haciendo la denuncia."

¿Usted cree que hubo fraude en las mesas 900K?

"No hay ninguna sola denuncia sobre el tema de las mesas 900K que finalmente se ha descubierto por la ONPE y por otros organismos autónomos que era mentira. Yo me quedo con mi verdad, y la verdad es que no existieron las mesas 900K, como dicen muchos."

Para cerrar, ¿qué le diría a sus contrincantes?

"Le diría a la gestión que respete el voto ciudadano, que hagamos unas elecciones, unas fiestas democráticas, que evitemos la violencia. El día de ayer ha habido un caos terrible en El Agustino justamente por este tema de quién puede más, quién jala más para su molino. Como gestión debería dar el ejemplo y ser el primero en respetar las leyes. Y al vecino ciudadano, que me dé la oportunidad de ser la primera alcaldesa de El Agustino."

Usted es docente. ¿Por qué quiere ser alcaldesa de San Martín?

Yo soy Pilar Saavedra, soy maestra de profesión, tengo casi 38 años de servicio en el magisterio, pero además he alternado el trabajo en aula con responsabilidades de gestión en los distintos niveles de gobierno. He sido directora en el Ministerio de Educación, en varias direcciones del Ministerio de Educación, he trabajado para el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, he trabajado para Naciones Unidas con algunos proyectos para UNESCO, UNICEF. Pero fundamentalmente soy maestra de aula y creo que eso me da el cable a tierra para reconocer también los problemas que tenemos en nuestra provincia. He nacido acá en Tarapoto, he vivido acá en Tarapoto, me formé acá en Tarapoto, y la razón por la que participo de estas elecciones regionales y municipales fundamentalmente se debe también a una retribución que hay que hacer a la tierra que nos vio nacer, que nos dio lo que somos. Me he formado profesionalmente aquí y creo que tengo condiciones y capacidades, y es el momento para ponerme al servicio de la población.

Tarapoto ha crecido de forma muy desordenada. ¿Cuál es su visión de ordenamiento territorial?

Sí, Tarapoto también es un potencial gastronómico, turístico, efectivamente, pero también soporta la más alta tasa migratoria que tenemos casi a nivel país, Tarapoto distrito. La provincia tiene 10 distritos y Tarapoto es la capital de la provincia, y además es la puerta de entrada a la región, porque en Tarapoto está nuestro aeropuerto. Entonces, efectivamente, Tarapoto ha crecido de manera desordenada.

Nosotros tenemos dos instrumentos de gestión que tienen que ser aplicados, actualizados y, sobre todo, reconocidos por la población como herramientas que nos ayudan a ordenar el territorio. Tenemos un plan de desarrollo urbano que no solamente es de Tarapoto, sino que integra a cinco distritos aledaños al distrito de Tarapoto, capital de la provincia, que hace que pensemos la ciudad desde esa perspectiva más integral y además articulada a otros distritos. Y también la zonificación ecológica económica, que nos dice dónde está el recurso que hay que conservar, dónde está el recurso turístico que hay que potenciar como producto turístico, dónde están las zonas para la expansión urbana, que tiene que ser totalmente ordenada, y además poniendo también ordenanzas serias para ser implementadas con la importancia inmobiliaria que tenemos en la provincia, que además fracciona el territorio, fraccionan los lotes y se olvidan de que allí va a vivir gente que va a necesitar servicios de agua, saneamiento, escuelas, postas, calles, parques, áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un derrotero que nosotros asumimos con mucha responsabilidad.

Pero también el tráfico que tiene la ciudad. La ciudad es una de las más ruidosas que tenemos a nivel país, altamente contaminada, soportamos decibeles por encima de 80. Tenemos un parque automotor también grande, compañeros, colegas, amigos mototaxistas que viven de este servicio público, y hay que entender que es un servicio público. Entonces, lo que planteamos en la ciudad es ordenar también el tránsito, porque no tenemos transporte público urbano en Tarapoto, y tiene que ser un transporte público urbano de calidad y accesible. Estamos hablando de una troncal que venga desde Cacatachi, que es el distrito, hasta Juan Guerra, por lo que conocemos como la Fernando Belaunde Terry, y dos líneas internas urbanas. Una que sale de la universidad y regresa a la universidad, haciendo círculo por la ciudad, y otra que sale desde el aeropuerto y regresa al aeropuerto. Entonces, allí descongestionamos, evitamos contaminación acústica, contaminación por quema de combustible, devolvemos a la ciudad una condición vivible. Y los compañeros mototaxistas serían también nuestros [aliados], formalizándolos, obviamente, y señalándoles los paraderos, que ahora son totalmente informales, ocupan el espacio público, conversando con ellos para ubicar los paraderos autorizados. Pero ellos tendrán que ser los que terminen siendo los grandes alimentadores de estas unidades de tránsito urbano. Entonces, allí hay una perspectiva más integral para poder atender a la población, sentar las bases ahora para un desarrollo más sostenible y sustentable para los próximos veinte años, sentando las bases en este periodo de gobierno.

El desarrollo inmobiliario sin fiscalización pone en peligro los humedales de Ricuricocha. ¿Qué medidas tomaría?

Uno, la protección irrestricta de esa zona, porque es una belleza paisajística, es un espejo de agua, básicamente, Ricuricocha. Ahí hay visos de corrupción que ahora ya están en manos del Poder Judicial, de las autoridades que ejercen el cargo hoy. Hay una serie de pruebas que han estado señalando un compromiso de la autoridad en actos ilegales. Y las inmobiliarias tendrán que someterse a los parámetros constructivos y a lo que la propia ley y las ordenanzas establecen. Entonces, se necesita un ejercicio de poder firme, pero sobre todo éticamente solvente, para poner mano firme a una prácticamente invasión, o un querer hacer lo que se nos viene en gana porque ha habido alguna prebenda o alguna acción bajo la mesa de las propias autoridades, que han permitido que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Ricuricocha.

Felizmente, sociedad civil organizada, gente que está totalmente comprometida con los temas ambientales y con la protección de nuestros humedales, ya se apersonó. Iba a haber una audiencia justamente sobre el tema hoy y se ha postergado para diciembre. En tanto, los procesos judiciales, con la implicación de los responsables de esta situación que hoy convoca a la población a movilizarse, continúan, ¿no? De modo que hay una acción de sociedad civil importante, profesionales que se han sumado a esta causa. Nosotros también, desde sociedad civil, ahora estamos contribuyendo para que los humedales se conserven y Ricuricocha sea lo que en su naturaleza es, un espejo de agua que regula el clima. Pero también la zonificación ecológica tiene sus propias restricciones, y no se ha respetado esa herramienta de gestión, que es de uso obligatorio para todo lo que tiene que ver con catastro, el crecimiento urbano y el uso en función de la capacidad de los suelos y de nuestros recursos. De modo que eso es lo que vamos a hacer.

Muchos jóvenes votarán en estos comicios. ¿Qué les ofrece?

Sí, fíjense que nosotros estamos en constante comunicación con ellos desde la Red de Jóvenes de San Martín, desde colectivos que tienen iniciativas, por ejemplo, para arborizar, para hacer voluntariado en hospitales, etcétera, y estamos en contacto con ellos. Ellos ya nos han comentado por dónde van sus preocupaciones, fundamentalmente por el tema del empleo, por el tema de potenciar sus competencias laborales y también certificarlas. Nosotros tenemos propuestas muy claras en nuestro plan. Una de ellas es justamente tener un bono semilla, un presupuesto semilla, para impulsar bionegocios con jóvenes. Es un fondo no retornable. La única condición es que se asocien y que estos bionegocios estén orientados a los productos bandera que tenemos en San Martín, café, cacao, y además también procesos de reforestación. La cuenca requiere, la ciudad requiere procesos de arborización, tenemos un plan para ello también, y desde esa perspectiva trabajamos con los jóvenes.

Y, por otro lado, tenemos operadores de turismo que, habiendo terminado la secundaria, para vincularse al mundo del trabajo a través de algunas agencias, empresas, se necesita también capacitarlos, pero también certificar esas competencias laborales. Nosotros tenemos la ruta. Yo trabajo en SINEACE, sé que el Ministerio de Trabajo y otras entidades certifican las competencias laborales para poder cualificar también la labor que desarrollan los operadores de turismo, los que atienden en la mesa. Tarapoto tiene un potencial turístico no solamente por todos los recursos y los productos turísticos que ofrecemos, sino también por su gastronomía. Aquí se come rico, se come harto, se come siempre, y se come bien, y barato, así es.

Todas esas posibilidades tenemos con los jóvenes. Nosotros tenemos un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que es un monto pequeño que pagamos en nuestro recibo de agua, precisamente para reforzar, arborizar o reforestar las cabeceras de cuenca, mantener nuestras fuentes de agua, ¿no? Y allí también hay empleo. O sea, necesitamos jóvenes, profesionales, técnicos, que de manera permanente tendrían que participar de esta actividad, seleccionando las semillas, produciendo las semillas, sembrando, manteniendo este recurso que es tan vital en este periodo tan crítico que vivimos ahora. El cambio climático nos afecta a todos, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos, y hay maneras que hemos pensado también desde la propia experiencia como profesionales que somos, pero también desde lo que la propia tierra nos ofrece. De modo que hay muchas posibilidades para los jóvenes. Ellos van a ser también la fuente laboral que ha de dar soporte a una gestión, para brindarle energía, talento y, sobre todo, amor por la tierra, amor por nuestra provincia, por nuestro distrito.

La inseguridad amenaza ese potencial. ¿Qué propone?

Mira, y yo voy a ser, sin intención de ser dramática... Ayer hemos tenido un hecho lamentable. Un joven empresario ha sido baleado a quemarropa a plena luz del día, y a lo Fuenteovejuna casi lo linchan, o sea, toda la población. Esto ocurrió en Sauce, un distrito tan turístico, con tanto potencial, que jamás ha ocurrido. O sea, eso ocurrió hace 15, 20 años atrás, y se vuelve a repetir una escena como esta. Entonces, el sicariato, la violencia común, realmente está cundiendo no solamente en nuestra provincia, tranquila, serena siempre, sino en todo el país, y ese es un problema que nosotros vamos a afrontar.

En principio, hay que recuperar el liderazgo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El liderazgo estaba totalmente ausente. Y allí nos sentamos policía, fiscalía, rondas campesinas, comités vecinales, para definir por dónde va la estrategia y la implementación que nos compromete a todas las autoridades a trabajar en un mismo sentido. Entonces, ese es un primer aspecto de institucionalización para tomar las decisiones y legitimarlas, e identificar los focos de la delincuencia, las zonas de alto riesgo, que los tenemos bastante bien marcados, para intervenir de manera sinérgica todos los actores que estamos preocupados por este tema y que tenemos la obligación de atenderlo. Y lo otro es que tenemos que trabajar con la sociedad, con la comunidad y con los vecinos de manera organizada. Las juntas vecinales, los barrios, tienen que organizarse nuevamente, armar sus juntas, no solamente para trabajar por el tema de la seguridad, para las alertas, sino también para trabajar el entorno verde.

¿Qué garantía tienen los vecinos de que la autoridad los escuchará?

Porque esa es nuestra práctica. O sea, nosotros hemos trabajado, donde hayamos estado, con canales totalmente abiertos, dialogantes, convocantes, para tomar decisiones y legitimarlas. Eso es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer de otra manera las cosas, ¿no? Pero, además, hay que sembrar el alumbrado. El alumbrado público es precario en Tarapoto, Morales, La Banda. Por lo tanto, donde hay iluminación, eso es un elemento de disuasión. Hay que recuperar los espacios públicos también, ¿no? Hay que perseguir el delito. Vamos a instalar las cámaras, trescientas cincuenta cámaras, más o menos es el cálculo que hemos hecho, para tender por la ciudad, en constante disuasión y alerta también. Y luego la vigilancia en línea, que tiene que ser veinticuatro siete. Todo eso está relajado ahorita en la provincia. Es como que no tuviéramos autoridades, y realmente eso es lamentable.

El agua potable también es un problema.

También es un problema, sí. El tema del agua potable es un problema ya casi histórico. Estoy hablando de hace treinta años que no movemos el asunto, porque se requieren soluciones integrales. Y se está trabajando un proyecto grande, con miles de millones, que va a alimentar de agua casi todos los distritos de la provincia, hablamos de seis o siete, que es agua del río Mayo, y eso implica una inversión muy fuerte, en partes por gravedad, en partes con tecnología, para tener los reservorios, el abastecimiento, etcétera. Es lo que le llaman todos los políticos, y lo llamo yo también, un megaproyecto. Pero, en tanto eso ocurra, tenemos que atender las necesidades urgentes.

Por un lado, está esta propuesta que tenemos de extraer agua del subsuelo para que, a través de reservorios, tengamos una conexión que por lo menos incremente en tres, en cuatro horas más, ojalá más, el servicio de agua potable en la ciudad, que es precario, que es complejo y que ahorita es totalmente escaso, y es un problema muy serio. Y lo otro es todo el tema de cuidar las cuencas, que ya te comenté, con el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que también nos garantiza que los cauces de nuestras quebradas y nuestras fuentes principales de agua se mantengan, se conserven, devolviéndole al suelo, al cauce, sus mecanismos naturales de acopio y de generación de agua, que son los árboles.

¿Cómo enfrentará el tráfico?

Sí, mira, en realidad yo mencioné cómo estaríamos descongestionando, por un lado. Por el tema de la seguridad vial, Tarapoto, Morales y La Banda, siempre hay que mencionar estos tres porque estamos ya juntitos, juntitos, pero somos diez distritos que integran la provincia, son ciudades pensadas para las unidades móviles, son ciudades pensadas para el tráfico.

Para los carros.

Los carros, las motos, los mototaxis, pero no para los ciudadanos de a pie, no para los que queremos caminar. Uno, porque no hay sombra, y otro, porque está hecha para eso. Incluso ni siquiera hay señalética peatonal, los semáforos no siempre están funcionando. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que empecemos a ordenar el sentido del tránsito. Tenemos que poner la señalética. El tema de la arborización en la ciudad es también un imperativo. No solamente es fierro y cemento. Nuestras políticas tienen que estar orientadas al ciudadano, y todo tiene que estar pensado en el ciudadano, en su bienestar, en su salud mental y también, obviamente, en su salud emocional. Tarapoto parece una ciudad también bombardeada, baches por todos lados que producen accidentes, los rompemuelles no están pintados, no tienen señal. Entonces es un caos alrededor de lo que vivimos, ¿no?

Los turistas llegan y van directo a su alojamiento. Pero ellos no votan.

Pero ellos no votan, exactamente. Todos estos problemas que estamos mencionando... Nosotros tenemos una estrategia que le llamamos el 4x4. Vamos a trabajar cuatro cuadras a la redonda para ser visible, que efectivamente es posible sin mucho presupuesto. Empezar resanando las calles, parchando lo que se tenga que parchar, limpiando las cunetas para que el sistema de drenaje también tenga ruta, comunicando a la población que no tiene que botar los residuos sólidos allí, porque tenemos una pésima gestión de los residuos sólidos, que es la otra gran tarea que tenemos.

Mira, hay un montón de problemas, pero tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos condiciones, tenemos la mirada integral y específica también, tenemos equipo técnico, tenemos un poco de experiencia para poder servir al ciudadano y entregarle una ciudad que tiene que ser vivible para todos, pensando en el ser humano como sujeto de derechos. Para eso se eligen autoridades, para servir a la población, y ese es nuestro propósito. No nos anima absolutamente nada más que entregar a esta tierra bendita todo lo que nos ha dado, de la manera más ética, sirviéndola desde el ejercicio del poder que delega el pueblo a través de su voto.

Hoy, el Palais Concert de la política registra sus peores episodios en una ciudad aterrada por las extorsiones y atrapada en un tráfico sin ley, donde lo único que fluye sin interrupciones son las malas noticias. La Ciudad de los Reyes —como la huachafería de todos los tiempos gusta llamarla— ya ni siquiera distingue las estaciones del año, afectada por el cambio climático. Y en esta continuidad de un verano sin fin, languidecen la ley y la Constitución, igual que en el resto del país. En eso sí, ahora como antes, el Perú es, en efecto, Lima, sobre todo la Lima de estos días.

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En Lima, las elecciones de estos tiempos son también como en el Perú, o, mejor dicho, las elecciones del Perú han terminado pareciéndose a las de Lima. Ahora, en cada provincia, los candidatos no solo tienen su propia emisora radial y su set de televisión, también su propio periodista que los entrevista e incluso su propia encuestadora que proclama al ganador con bastante antelación. Pero en estas elecciones, en Lima hay algo más grave. La Constitución misma se ha puesto a prueba.

La Constitución a prueba

No exagero. Frente a una cadena interminable de abusos y corrupción en los gobiernos municipales, en marzo de 2015 se aprobó la Ley 30305, que reformó el artículo 194 de la Constitución para prohibir la reelección inmediata de los alcaldes. El texto no deja espacio a las dudas: “No hay reelección inmediata para los alcaldes”. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que ratificó la constitucionalidad de la reforma, sostuvo que se trata de una limitación bastante frecuente en el derecho comparado, concluyendo que “ni la República, ni la descentralización, ni la separación de poderes dependen de que se reelija inmediatamente o no a determinados funcionarios públicos como los alcaldes” (Exp. 00018-2019-PI/TC).

“In claris non fit interpretatio”, dice un viejo adagio de los abogados. Cuando la ley es clara, no hay necesidad de interpretarla. Es verdad que aquel brocardo escondía una cierta ideología sobre la interpretación, la del juez que se limita a repetir mecánicamente la ley. Pero conviene recordarlo porque defender la Constitución, en este punto, no exige grandes esfuerzos interpretativos. Lo que sí demanda, como ocurre con toda norma, es un mínimo de sentido común y compromiso con el orden constitucional.

La Constitución no protege la trapacería, ¿el JNE sí?

Es lo que esperábamos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero la máxima instancia electoral ha preferido enredarse en las cuestiones formales, los plazos y los reglamentos, sin afrontar el fondo de la cuestión. Y el fondo de esta cuestión era defender la Constitución. Frente al silencio de la autoridad, el propio candidato ha salido a los medios a explicar su particular interpretación de la Constitución. En una emisora de alcance nacional ha declarado: “Lo que dice la Constitución es, ‘prohibido candidatear […] a ser alcalde de Lima’” (RR. PP., sic). No postula para alcalde, pero ejercerá como alcalde. Y ese es, precisamente, el fraude a la Constitución que se pretende consumar el próximo domingo. En el JNE, el magistrado Gunther Gonzales Barrón tuvo un voto disidente. Sostuvo que la prohibición constitucional alcanza a todos los mecanismos, directos o indirectos, que busquen burlarla, y advirtió del riesgo de convertir a los candidatos a alcalde en simples testaferros. “La Constitución no protege la trapacería”, se lee en uno de los extremos de su voto.

Pero la trapacería ha pasado la valla del órgano que tenía la obligación de hacerle frente. El fraude a la Constitución está consumado formalmente. Las autoridades electorales han permitido que quien tiene prohibida la reelección haga campaña abierta a favor de su reelección; incluso han organizado un “debate electoral” para que los candidatos a la alcaldía presenten su propuesta. También las encuestadoras y los noticieros presentan a López Aliaga como candidato a la alcaldía. Todos han olvidado que, como él mismo afirma, solo postula para teniente alcalde. Si la máxima autoridad electoral promueve la violación de la Constitución, ¿qué les podemos pedir a los demás?

El derecho al sufragio como defensa de la Constitución

Aunque para que el fraude a la Constitución sea irreversible hace falta algo más. Hace falta que la ciudadanía también pase por encima de la Constitución este domingo. Hace falta que olvidemos que el primer derecho que la Constitución nos garantiza para reafirmar nuestra autonomía moral y política es el sufragio, precisamente. Hace falta, en suma, que a la mayoría de quienes residen en Lima les resulte irrelevante el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

Si la ciudad capital del país termina reeligiendo a su alcalde contra la prohibición constitucional, solo quedan dos explicaciones posibles. O aceptamos que el voto del domingo funcionará como un referéndum que habrá derogado el artículo 194 de la Constitución, y con ello abrimos también el camino para sustituir la Constitución, pese a que, hasta hace poco, esta era la pesadilla de un sector de la política nacional; o reconocemos que la Constitución está siendo violada de manera sistemática sin que haya autoridad que la proteja y sin que a nadie le cause mayor alarma. Ninguna de estas dos alternativas debería dejarnos tranquilos si aún nos interesa vivir bajo la protección de una Constitución a la que también la ciudadanía debiera defender.