Las formas fueron las de una presidenta que entiende que ganó con el 71% del territorio en contra y que necesita gobernar para todos. El problema es que esas formas contrastan de manera notable con el comportamiento que su bancada ha tenido en las últimas semanas.

La misma Fuerza Popular que respalda a Keiko es la que en las últimas sesiones de la legislatura saliente aprobó la ley del fuero militar, la ley de lesa humanidad con estándares más restrictivos que el Estatuto de Roma y la Ley 32107. Es la misma que, a través del senador Fernando Rospigliosi, denunció ante la JNJ a una fiscal de derechos humanos el mismo día en que recibía su credencial.

Es la misma fuerza política que en el primer acto del bicameralismo intentó impedir el acceso de periodistas al hemiciclo y amenazó con acusaciones constitucionales a parlamentarios que mostraran su voto.

Sin embargo, los anuncios del discurso tienen relevancia. El plan de contingencia frente a El Niño, la asistencia a agricultores, el bono a microempresas y las facultades delegadas que solicitará al Congreso son compromisos concretos que el país esperará ver cumplidos. No obstante, lo que el discurso no mencionó es igualmente significativo.

No hubo referencia a la independencia judicial, al proceso disciplinario de la JNJ contra los jueces que aplican el derecho internacional, ni a las leyes procrimen que su propia bancada aprobó.

En ese sentido, la pregunta que el Perú se hace es cuál de las dos Fuerza Popular gobernará. La de una presidenta que prometió diálogo y pluralidad en el hemiciclo, o la del bloque parlamentario que en sus primeras horas de vida demostró que opera exactamente igual que siempre. Esa distancia, si persiste, no es una señal de pluralismo. Es una señal de que la moderación fue para el discurso y la agenda real está en otro lado, como lamentablemente lo hemos verificado en los últimos 10 años de poder fujimorista en el Estado peruano.

Hoy asume la presidencia Keiko Fujimori, hija de un exdictador, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo hace con el voto nacional en contra, habiendo perdido en el 71% del territorio departamental, y llega a un Palacio que su bancada contribuyó a preparar durante 10 años de hegemonía parlamentaria.

Lo hará con instituciones que recibe debilitadas, en parte, por las mismas manos que hoy las van a administrar, las de su organización política. Eso es parte de la realidad y nombrarla es un acto de honestidad, no de pesimismo.

Pero el Perú que no se rinde no es el de los discursos ni el de las banderas que ondean en los balcones. Es el de las madres de familia que sostienen el hogar, la educación de los hijos y la economía del barrio con una resiliencia que ningún indicador logra medir del todo. El de los microempresarios y emprendedores que construyen empleo y riqueza a pesar de la extorsión, la informalidad y un Estado que pocas veces llega a tiempo para protegerlos. El de los jueces que se negaron a aplicar leyes de impunidad y pagaron con procesos disciplinarios. El de los fiscales que siguen investigando cuando lo más fácil era dejar de hacerlo. El de los ciudadanos del sur que salieron a las calles a decir que sus muertos importan. El de los periodistas que documentaron lo que otros prefirieron ignorar. El de las comunidades indígenas que defienden su territorio y su lengua frente a un Estado que lamentablemente las ignora. Ese Perú no termina hoy. Ese Perú sigue.

La república que el solitario de Sayán, don José Faustino Sánchez Carrión imaginó en contraposición al ideal monárquico no era un simple destino sino una dirección. Una sociedad donde la ley vale igual para todos, donde las instituciones sirven a los ciudadanos y no al poder de turno, donde la memoria de las víctimas no se negocia y donde el que protesta tiene los mismos derechos que el que gobierna.

Ese proyecto no está cumplido. Pero tampoco está abandonado. Y mientras haya peruanos dispuestos a defenderlo, el 28 de julio seguirá siendo una fecha que vale la pena celebrar. ¡Felices Fiestas Patrias a ese Perú que no se rinde!

La instalación del nuevo Congreso bicameral, el pasado viernes, nos devolvió la imagen de una práctica a la que no siempre prestamos atención: el juramento de los congresistas como acto ceremonial antes de asumir el cargo. El rito es tan habitual e incluso aburrido que apenas prestamos atención. ¿Qué valor tienen, jurídico o moral, tales declaraciones públicas? ¿De dónde viene esta práctica que antecede a nuestras constituciones y que todas ellas, sin embargo, han preservado?

El juramento es más antiguo que el Estado. Antes de que existieran constituciones o parlamentos, las comunidades políticas se sostenían sobre la palabra empeñada ante algo que trascendía a quien la pronunciaba. Se cuenta que en el año 330 antes de Cristo, el orador Licurgo recordó a los jueces atenienses que lo que mantiene unida a la democracia es el juramento. Los ciudadanos juraban defender la ciudad y sus leyes, y los jueces juraban antes de juzgar. Para Cicerón, el juramento era una afirmación religiosa, una declaración que toma a los dioses por testigos. Lo que parece expresar el juramento, incluso en nuestros días, es que los cargos públicos no agotan toda su legitimidad en lo que los procedimientos legales establecen.

Quizá por ello el constitucionalismo moderno no eliminó el juramento, más bien lo transformó. La Constitución de Estados Unidos de 1787, por ejemplo, incluyó en su propio texto la fórmula que el presidente debe pronunciar al asumir el cargo. Pero al mismo tiempo dispuso que ninguna confesión religiosa podría exigirse como condición para ocupar un cargo público, y permitió a quien tuviera reparos en jurar reemplazar el juramento por una promesa solemne. De este modo, llevó el rito a la Constitución aunque desvinculándolo de la religión. Esa operación fue posible porque, como ha mostrado Giorgio Agamben en su Arqueología del juramento, la invocación de Dios o de los dioses nunca fue el núcleo de la institución, sino un refuerzo para asegurar su cumplimiento. Según sostuvo este autor, la cuestión central en el juramento es el compromiso de veracidad, el acto por el cual una persona responde con su conducta de lo que ha dicho, más allá de las obligaciones que impone la ley.

En algunos ordenamientos, el juramento es constitutivo del cargo. El presidente norteamericano no asume sin antes jurar el cargo. Por ello, en 2009, cuando el presidente de la Corte Suprema alteró las palabras del juramento de Barack Obama, la ceremonia tuvo que repetirse al día siguiente. Entre nosotros, la Constitución solo dispone que el presidente "presta juramento de ley" (artículo 116), sin fijar fórmula; el juramento parlamentario proviene del Reglamento del Congreso, que establece que ningún miembro puede asumir sus funciones sin haber antes jurado. Jurar es, pues, también aquí, condición para ejercer el cargo. Incluso hace algún tiempo, circuló un proyecto de ley que proponía una fórmula de juramento obligado que incluía a Dios, la patria, la defensa de 'La Carta Magna, la soberanía e integridad de la República' (Proyecto n.° 4540/2022-CR)

¿A qué se compromete, entonces, quien juramenta, hoy en día? El jurista español Alfonso Ruiz Miguel, en un notable estudio sobre el juramento parlamentario, propone distinguir entre el juramento de lealtad, que reclama una adhesión interna a una persona o a un régimen, y el juramento de acatamiento, que solo compromete respeto y obediencia al orden jurídico mientras no se lo cambie por las vías previstas. Lo primero pertenece a las monarquías y a los regímenes autoritarios, y ningún Estado democrático puede exigirlo, porque la adhesión íntima no se ordena desde fuera. Lo segundo es perfectamente compatible con la libertad de conciencia: en democracia, también el crítico de la Constitución puede jurarla, precisamente porque acatar no es adherir, sino aceptar las reglas del juego. Por eso Ruiz Miguel describe el juramento del representante como un compromiso de juego limpio democrático. Así, quien quiere participar en la formación de las leyes declara públicamente que respetará las reglas que hacen posible esa participación.

Esta parece ser la clave para comprender la función del juramento en las actuales democracias. El juramento permite vincular el compromiso público con las convicciones personales de quien lo presta. Esa es su fuerza y también su tradición. Pero de esa vinculación no se sigue lo que a veces se pretende. Es decir, que las convicciones privadas del representante puedan gobernar o incluso supeditar el encargo que recibió en las urnas. Ocurre más bien lo contrario. Incluso cuando los ciudadanos votan esperando que sus creencias o sus opciones, cualesquiera que estas fueran, sean privilegiadas por su representante, el ejercicio del cargo queda siempre supeditado al orden constitucional, no a la conciencia de sus electores o del propio representante. El juramento no reemplaza a la Constitución ni a la ley. Quien jura por Dios, por su familia o por su tierra, expresa lo que ama, y nada hay que objetar a ello; pero no adquiere con ello un título para actuar en la vida pública como quien cumple un mandamiento religioso o el programa de una facción moral de la sociedad. Al contrario, lo que el juramento hace es poner esas convicciones al servicio de un compromiso que es superior, el de ejercer una función que no le pertenece a quien la ocupa.

Si esto es así, parece que los antiguos tenían razón. También en los tiempos actuales, el juramento todavía puede cumplir un papel relevante. No porque las palabras tengan poderes mágicos, sino porque la república se sostiene, en última instancia, con personas capaces de obligarse públicamente a través de la palabra. Quienes juraron el viernes, al margen de lo que hayan invocado en cada juramento, si lo han hecho con veracidad, asumieron ese compromiso: el de defender una Constitución que está por encima de sus propias convicciones cuando se trata del servicio público.