De Homero hasta Allan Poe

En su amplia discografía, la Antigüedad clásica aparece varias veces reinterpretada. El mito de Ícaro, relatado por Ovidio en Las metamorfosis, se convierte en “Flight of Icarus”, un canto a la rebeldía juvenil; mientras que la peripecia de Ulises, de La Odisea homérica, inspiró la canción “Ghost of the Navigator”.

La ciencia ficción también ocupa un lugar destacado. La fascinación por la saga Dune, de Frank Herbert, llevó a Harris a componer “To Tame a Land”, un tema que condensa la atmósfera mesiánica y política del planeta Arrakis. Asimismo, “Brave New World” toma elementos de la célebre novela de Aldous Huxley para cuestionar el control social y la fe ciega en la tecnología. Por otro lado, “Out of the Silent Planet” (inspirada en la novela de C. S. Lewis), “Childhood's End” (influencia de Arthur C. Clarke) y “Stranger in a Strange Land” (que hace referencia a la obra de Robert Heinlein) abordan la evolución humana, la mirada extraterrestre y el aislamiento individual.

La canción que asume con mayor intensidad esta asociación entre literatura y metal es “Rime of the Ancient Mariner”, adaptación del poema de Samuel Taylor Coleridge. La canción narra con fidelidad la desgracia de un marinero castigado por la culpa tras matar a un albatros. Al incorporar incluso fragmentos del texto original, Harris dio nueva vida al Romanticismo inglés ante las multitudes que abarrotan los estadios en cada gira.

En el ámbito poético, “The Charge of the Light Brigade”, del poeta inglés Alfred Lord Tennyson, dio origen al tema “The Trooper”, transmitiendo con fuerza el caos heroico y desgarrador de la Guerra de Crimea (1854). El folclore y el misticismo alcanzaron una de sus cumbres en el álbum conceptual Seventh Son of a Seventh Son (1988), inspirado en la novela Seventh Son, de Orson Scott Card. Sobre la estética visual de este trabajo, Bruce Dickinson explicaría que la influencia de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y los grabados de Gustave Doré fueron fundamentales.

El terror gótico y el misterio han dejado huella en la banda desde sus comienzos. Así, la canción “The Phantom of the Opera” recrea la obsesión que el francés Gaston Leroux plasmó en su novela de 1910. Por su parte, “Murders in the Rue Morgue” captura la atmósfera detectivesca y analítica del célebre relato de Edgar Allan Poe. Finalmente, el tema “Transylvania” rinde homenaje a la atmósfera vampírica de Drácula, de Bram Stoker.

Siguiendo esta pesquisa literaria, la vertiente más reflexiva de la banda se adentra en las sombras de la condición humana: la barbarie tribal de “Lord of the Flies”, basada en la novela de William Golding, y la crueldad del colonialismo retratada en Heart of Darkness, del polaco-británico Joseph Conrad, se hacen sentir especialmente en la canción “The Edge of Darkness”.

Finalmente, las visiones aterradoras de “The Number of the Beast y Revelations” toman imágenes del Apocalipsis bíblico, enriquecidas por las alusiones demoníacas del poema “Tam O' Shanter”, del inglés Robert Burns, y el esoterismo de “Moonchild”, inspirado en la novela ocultista homónima escrita por Aleister Crowley en 1917.

Encore

La obra de Iron Maiden es más amplia y demuestra que el heavy metal y la literatura nunca han sido opuestos, sino complementarios. Medio siglo después, la banda nacida en Leyton, al este de Londres, ha demostrado que el estruendo de las guitarras puede convertirse también en una brillante invitación a descubrir algunas de las joyas de la literatura universal.

El Perú construyó una posición de Estado frente a Venezuela. El Grupo de Lima, constituido en 2017 con el país a la cabeza a través del entonces canciller Ricardo Luna, fue su expresión más visible: exigir elecciones libres y liberación de presos políticos al régimen de Nicolás Maduro. Fujimorismo hizo de ese argumento algo más: una herramienta electoral de primer orden. El chavismo fue la amenaza que movilizó votos, contra Humala, contra Castillo, contra cualquier adversario al que se pudiera trazar una línea hacia Caracas.

La llamada de la mandataria con Delcy Rodríguez, a quien su propio tuit denomina presidenta de Venezuela, para coordinar la expulsión de ciudadanos venezolanos y apoyar el Plan Vuelta a la Patria, pone fin a esa narrativa. No porque el madurismo haya mutado sino porque Delcy sigue al frente del mismo esquema de poder continuado por Maduro. Lo único que no ha variado es que el discurso ya no sirve para los comicios.

La cúpula chavista, pese a las presiones internacionales que enfrentaba, se mantiene enquistada sin que exista claridad sobre el futuro democrático de ese país.

María Corina Machado, figura respaldada por la mayoría de venezolanos que la eligieron como mandataria, ha intentado ingresar a Venezuela en más de siete ocasiones sin lograrlo. La cancillería peruana, bajo la actual administración, no ha tomado ninguna acción diplomática al respecto. El contraste habla por sí solo.

Esto es un sinceramiento. Las convicciones democráticas que la agrupación enarboló por décadas nunca existieron como mandato institucional sino como coartada. Ya que a una coartada no se renuncia por ideales, sino que se abandona cuando deja de ser útil.

El costo no lo paga solo el Ejecutivo. Lo paga el Estado peruano, que construyó durante años una plataforma de credibilidad basada en el rechazo a sistemas políticos que violan los derechos de sus ciudadanos.

Ese capital solo se recupera con coherencia. Y la coherencia, por ahora, no aparece en la agenda.

De dicho total, como figura en el gráfico, el 41% (741 mil) forma parte de las carreras especiales (integradas principalmente por profesores, profesionales de la salud, policías y militares); el 20% (368 mil) está bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS); el 15% (274 mil) corresponde al régimen de la carrera administrativa regulada por el D. Leg. 276; el 13% (227 mil) son locadores de servicios (supuestos consultores o terceros); el 11% (205 mil) está sujeto al régimen privado regulado por el D. Leg. N.º 728; y el 0,2% (4 mil) se encuentra bajo el régimen del servicio civil (Ley 30057).

Como se desprende de lo señalado, conviven distintos regímenes de contratación en el Estado, con diversas reglas y beneficios laborales, lo cual complica notablemente la gestión de los recursos humanos y divide a los trabajadores.

Aunque parezca increíble, hay cerca de un 13% de informalidad laboral en el sector público (cifra superior al 8% registrado en la gran empresa privada), constituida por trabajadores que son contratados como locadores de servicios, a pesar de que en la práctica realizan labores subordinadas y, por tanto, deberían estar declarados en planilla bajo el régimen laboral que les corresponda.

La referida tasa de informalidad laboral en el Estado ha crecido cerca de 5 puntos porcentuales en los últimos 13 años, lo cual resulta especialmente preocupante, al ser el Estado el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el sector privado y, por tanto, debería ser ejemplo.

Por otro lado, la tasa de afiliación sindical estatal se ha incrementado en 8 puntos porcentuales desde la restauración de la negociación colectiva de materias económicas y el establecimiento de la estabilidad laboral para un grupo significativo de CAS en 2021 (lo cual es una excelente noticia). Actualmente, asciende al 23% y alcanza a 364 mil trabajadores, superando así largamente el escaso 5% de sindicalización (211 mil trabajadores) registrado en el sector privado formal.

A pesar de las mejoras remunerativas alcanzadas por los trabajadores vía la negociación colectiva estatal centralizada desde 2022, según información del INEI, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio en el sector público aún se encuentra cerca de un 2% por debajo del nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia generada por el COVID-19.

Contra lo que se viene señalando falazmente, lo cierto es que la remuneración promedio en el Estado es prácticamente la misma que la registrada en el sector privado formal (S/2.900), siguiendo una trayectoria convergente desde 2014.

En cuanto al costo de la planilla pública, según información del MEF, si bien se ha incrementado en términos nominales, superando los S/ 85 mil millones anuales, se ha mantenido en torno al 7% del PBI en los últimos 12 años (con excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19), lo cual indica que el referido crecimiento ha ido de la mano con el desempeño económico del país y, por tanto, no debería afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En esa misma línea, el costo de la planilla estatal se ha ubicado alrededor de la tercera parte del gasto público total desde 2016, por lo que no es verdad que haya crecido su incidencia en el presupuesto público en términos relativos.

Lo señalado hasta el momento es congruente con la escasa dimensión del Estado peruano en comparación con lo observado en los países del mundo desarrollado e incluso en nuestros pares latinoamericanos, dada la paupérrima recaudación tributaria en relación con el PBI de nuestro país (15%), respecto al promedio registrado en los países que integran la OCDE (34%) y en la región latinoamericana (21%), lo cual limita la cobertura y calidad de los servicios y las políticas públicas.

¿Qué se debería hacer?

La problemática identificada no se soluciona reduciendo más el tamaño del Estado ni precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores, sino, principalmente, acelerando la implementación de la reforma del servicio civil (Ley 30057), para lo cual se requiere destinar los recursos públicos correspondientes.

Dicha reforma establecería un régimen meritocrático y la posibilidad de una carrera en el Estado, brindaría estabilidad a los trabajadores (vinculada a su buen desempeño), mejoraría sus condiciones laborales, permitiría acceder a mejor capacitación y simplificaría la gestión del empleo público con reglas uniformes.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) estimó un costo anual de implementación de la mencionada reforma de S/8 mil millones en lo que respecta al Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, en los últimos años, el Congreso ha preferido seguir regalándole miles de millones de soles vía recortes tributarios a empresas que no los necesitan, como es el caso de las grandes agroexportadoras, con la anuencia del Poder Ejecutivo.

Debido a esa falta de voluntad política, apenas algo más de 4 mil trabajadores públicos han transitado al nuevo régimen del servicio civil desde su creación en 2013, siendo este un resultado paupérrimo y lamentable.

En la línea de lo señalado, es necesario un relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; actualizando las escalas remunerativas; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del MEF para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; e incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para todos los regímenes laborales, entre otras medidas.

Ello permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

Por otro lado, para mantener el orden en la gestión de las remuneraciones en el sector público, resulta fundamental que las mejoras salariales se realicen exclusivamente a través de la negociación colectiva, en el marco de la capacidad financiera del Estado peruano.

El Congreso debe abstenerse de aprobar incrementos remunerativos que no hayan sido acordados en el marco de los procesos de negociación colectiva estatal.

Nuestro país necesita más y mejor Estado, que busque el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Ahora todo ha comenzado a cambiar. Un susurro que proviene del fondo de la casa anuncia al narrador y a Irene, su hermana, que algo va a apoderarse de su vivienda, que nada volverá a ser como antes y que el espacio poco a poco dejará de pertenecerles para serle entregado a una fuerza misteriosa.

Lo contó el escritor Julio Cortázar en un relato publicado en 1946 que se llama “Casa tomada”.

Casi ancianos, los últimos miembros de la familia llevan una vida rutinaria y tranquila, como si se estuvieran preparando para la muerte. Él visita librerías francesas mientras que Irene teje y, al parecer, desteje la misma campera. Sin embargo, algo les anuncia que el mundo va a cambiar.

Es ficción y no lo es. En Madrid, la historia se ha hecho real. Maricarmen Abascal, de 87 años, habitaba desde 1956 el mismo piso de la calle Sainz de Baranda. Pagaba 450 euros que restaba este año de una pensión de 1400. Sin embargo, todo cambió de pronto, pero no fue una fuerza misteriosa ni un desconocido maligno. Tampoco Satanás la espiaba detrás de un viejo cuadro. Fue una empresa llamada URBAGESTIÓN.

Aquella sociedad inmobiliaria compró la casa y le exigió una suma muy diferente. En vez de los 450 euros (1,700 soles) que abonaba, le exigieron pagar 2650 euros (o sea, 10 mil soles) al mes, aunque su pensión fuera inferior al monto de ese alquiler. En el caso de que aquello le pareciera un mal negocio, la empresa le sugería comprar el piso por unos 250 mil euros. Eso equivaldría, más o menos, a un millón de soles.

Maricarmen dijo siempre la verdad. No tenía esa cantidad ni banco alguno iba a prestarle ese dinero a una persona de 87 años. Ella siguió pagando los razonables 450 euros, pero URBAGESTIÓN era un monstruo con hambre.

No se trata de un invento literario. A estas alturas, en otras calles, otras ciudades y otros países, miles de personas como Maricarmen están sufriendo el mismo acoso judicial.

En la lógica de este sistema, los dueños del capital tienen la razón. Quieren sacar todos los dividendos que puedan de su inversión. Y eso es legal, pero no es justo ni humano. Tampoco es cristiano.  Es diabólico, pero es lícito.

Maricarmen estaba enferma. El 23 de septiembre se produjo el desahucio y, aunque el mundo se opusiera, un poderoso vehículo embistió la puerta. A la anciana la hicieron salir en camilla y terminó en un hospital.

Madrid es una ciudad turística y los empresarios lo saben. Por esa razón, han decidido comprarse, una por una, todas las casas y luego alquilarlas o venderlas a precios multiplicados. Eso ocurre en toda España, y alcanza también a los sobrinos y nietos de Maricarmen. Un joven de 18 años puede ingresar a la universidad, pero le resulta imposible pagar una habitación.

Eso ha empujado a centenares de miles de personas a protestar en las calles y acampar en plazas centrales de la capital española y de otras importantes ciudades. Tanto la lideresa Ayuso como los partidos ultraderechistas vienen sosteniendo el encargo y la defensa de URBAGESTIÓN y aducen que el capital es positivo y tiene todos los derechos. Incluso a cometer crímenes como este. Efectivamente, así es, dentro de un sistema perverso que antepone los intereses del capital sobre los derechos de los ciudadanos.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre, un par de semanas después de que la echaran de su casa. Sus últimas palabras fueron de gratitud para los españoles que la defendieron y de llamados a continuar una lucha por el derecho a la vivienda que pronto asumirá los caracteres de huelga general.

Cuando los personajes de la obra de Cortázar han sido empujados por la fuerza misteriosa hasta el fondo de la casa, toman un corredor que los conduce a la puerta. Son las once de la noche y el narrador se dice: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.

El Perú está atravesando esa prueba. A finales del año pasado, según Ipsos, el 64% de los jóvenes de entre 18 y 25 años emigraría si pudiera. Uno de cada dos peruanos comparte esa aspiración. La cifra refleja una evaluación sobre lo que el país ofrece y lo que no.

La inestabilidad política tiene costos concretos. La incapacidad de conducir el Estado ha alimentado una inseguridad que avanza sin contención y ha erosionado las condiciones económicas básicas para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida dentro del país. Y la cosecha concreta es que las faltas de esas condiciones son la consecuencia directa de años de gobernabilidad fallida.

Casi un año después de esa medición, el caso de Eduardo “Trvko” Ruiz Sanz, cuya muerte cumplió ayer un año, ilustra ese quiebre. La Inspectoría de la Policía Nacional absolvió al efectivo que le disparó.

Paralelamente, la Fiscalía mantiene un pedido de diez años contra el mismo hombre. La misma suerte atraviesan los deudos de los jóvenes asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Y lo mismo ocurrió con los responsables de Inti y Brayan. No hubo justicia.

Esa señal de desprotección no pasa desapercibida para una generación que ha crecido observando cómo la inestabilidad política intenta ser normalizada y la rendición de cuentas es casi inexistente. La oleada de erosión democrática que ha atravesado la región tiene en el Perú una expresión propia: un desgaste acumulado de la confianza institucional. Y los jóvenes, que tienen más años por vivir dentro de ese sistema, son quienes más sienten el peso de ese deterioro.

Los congresistas que representan a las regiones con mayor intención de emigración —el Sur con 58%, Lima con 59%— no han convertido esa cifra en agenda legislativa. La distancia entre lo que los jóvenes declaran querer y lo que sus representantes priorizan es, en sí misma, una medida del déficit democrático.

Retener a la siguiente generación no es una tarea de propaganda ni de incentivos temporales. Es, antes que cualquier otra cosa, una tarea institucional, de Estado: que el futuro dentro del país tenga al menos la misma densidad de posibilidades que el que se imagina afuera.