Cada vez que el fenómeno de El Niño provoca inundaciones, sequías o interrupciones en el abastecimiento de agua, solemos hablar de una emergencia extraordinaria. Sin embargo, las evidencias acumuladas durante las últimas cuatro décadas muestran algo distinto: el territorio peruano viene transformándose de manera sostenida. El Niño no está ocurriendo sobre el mismo país de hace cuarenta años. Está actuando sobre un sistema hídrico que ha perdido parte de su capacidad natural para regular el agua y enfrentar los extremos climáticos.

Esa es quizá la principal conclusión que dejan los nuevos mapas anuales de la superficie de agua del país desde 1985 hasta 2025 de la Colección 4 de la red MapBiomas Perú, una iniciativa liderada por el Instituto del Bien Común, en alianza con UTEC. El problema ya no consiste únicamente en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, sino en que estos impactan un territorio cuya dinámica hídrica ha cambiado profundamente.

Si queremos reducir nuestra vulnerabilidad frente a El Niño y al cambio climático, necesitamos dejar de gestionar el agua desde la reacción y comenzar a hacerlo desde la evidencia científica que hoy ya está disponible.

Los datos muestran que el Perú ha perdido más de 111 mil hectáreas de superficie glaciar entre 1985 y 2025, una reducción superior al 54%. Esta pérdida no significa únicamente menos hielo en las montañas. Significa el deterioro progresivo de una de las principales infraestructuras naturales que regulan el agua en los Andes. Los glaciares almacenan agua y la liberan gradualmente durante las épocas secas, sosteniendo ríos, agricultura, ciudades, generación hidroeléctrica y ecosistemas. Al mismo tiempo, la superficie de lagunas de origen glaciar aumentó un 52%, una señal del acelerado deshielo y de una reorganización del almacenamiento del agua en formas más inestables y vulnerables.

Los cambios no se limitan a las zonas altoandinas. En 2024, la Amazonía registró la menor superficie de agua (991 mil hectáreas) de las últimas cuatro décadas, afectando el transporte fluvial, los productos forestales y la vida de numerosas comunidades. A ello se suma una tendencia igualmente preocupante: disminuye la superficie de agua permanente y aumenta la de agua intermitente, es decir, cuerpos de agua que aparecen y desaparecen según la temporada. La diferencia entre los extremos estacionales pasó de 105 mil hectáreas en 1985 a 350 mil hectáreas en 2025, reflejando una hidrología mucho más variable en el país. Más del 40% de las cuencas del país presentan reducciones en su disponibilidad hídrica respecto de sus promedios históricos, mientras que la cuenca del lago Titicaca registra la mayor pérdida observada.

Estos cambios ayudan a comprender por qué fenómenos como El Niño producen hoy impactos tan complejos. En la costa, donde millones de personas dependen del agua que nace en los Andes, las lluvias extremas alternan con períodos de escasez cada vez más severos. Lima, por ejemplo, depende críticamente de cuencas cuya capacidad de regulación natural está disminuyendo. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en responder a la próxima emergencia, sino en reconocer que la base física sobre la cual se organiza la gestión del agua está cambiando.

La buena noticia es que el país ya no enfrenta un problema de falta de información. Hoy dispone de series históricas de largo plazo, imágenes satelitales y plataformas abiertas que permiten observar cómo evolucionan los glaciares, los ríos, las lagunas y las cuencas. El reto consiste en incorporar esa evidencia en la planificación territorial, la gestión del riesgo, las inversiones públicas y privadas y las políticas de adaptación al cambio climático. La brecha ya no es científica; es institucional y está en sus acciones.

En un contexto en el que los eventos asociados a El Niño pueden ser más frecuentes e intensos, las decisiones que tomemos serán tan importantes como los propios fenómenos climáticos. El futuro del agua en el Perú dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para convertir el conocimiento en acción. Porque los mapas no cambian el territorio. Pero sí pueden cambiar la manera en que decidimos protegerlo.

Las brechas son distintas. En Europa, la especulación financiera ha convertido el alquiler en algo inalcanzable para quienes tienen ingresos fijos. En América Latina, la informalidad de la posesión deja a familias enteras sin titularidad sobre el techo que levantaron con sus propias manos. Formas distintas del mismo problema: un derecho que el Estado proclama, pero que no siempre está en condiciones de garantizar.

En medio de estas realidades apareció Maricarmen Abascal, sin buscar ser un referente. Era una mujer de 87 años con problemas de movilidad que habitó el mismo apartamento del distrito de Retiro, en Madrid, durante más de siete décadas, hasta que un fondo de inversión elevó su alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales.

Su caso movilizó a España de una manera que pocas demandas sociales lo habían logrado en años. El impacto fue de tal magnitud que llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas y produjo el llamado decreto Maricarmen sobre acceso a la vivienda. Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que un hospital público estuvo con ella hasta el final y que la solución al problema de la vivienda pasa por generar más oferta y no por intervenir directamente el mercado. Ese debate, con evidentes posiciones encontradas, será uno de los ejes centrales de la campaña electoral que se abre en España.

El Perú conoce ese problema con otros nombres y otras circunstancias. Decenas de miles de compatriotas construyeron sus viviendas durante décadas en asentamientos humanos y, sin embargo, siguen siendo solo posesionarios de esas tierras. Y sobre esa precariedad se instala, además, la criminalidad organizada del tráfico de terrenos, que aprovecha la ausencia del Estado para ocupar, lotizar y vender tierras que no les pertenecen a familias que no tienen otra opción.

Por eso, el drama de Maricarmen no es solo español ni europeo. Es universal. Y es una búsqueda que debería mover a la civilización a tomar cartas en el asunto.

La versión que circula es que luego de esta victoria lo espera la Presidencia de la República en el 2031. Pero ya van dos veces que no la alcanza, y este apretado triunfo, un reflejo de la opinión pública sobre su gestión, no lo va a ayudar mucho. Pero hay que reconocerle que es empeñoso y recursero como el que más.

La idea habitual de la presidencia también tiene que ver con una presencia nacional, que López Aliaga no ha alcanzado con las elecciones de este domingo. En eso, sin embargo, empata con los fujimoristas y con todo el mundo. Ni la izquierda ha logrado imponerse a los movimientos locales, una situación frecuente en ese tipo de elecciones.

¿Habrá un choque con el JNE? Corre la idea de que López Aliaga ya los tiene 100% amedrentados en el Campo de Marte y que sus credenciales aparecerán a paso de polka. Para él estos serán años de acusaciones, juicios, denuncias y cosas parecidas. Sobre todo, años de estrechez financiera en el municipio y, en esa medida, de dependencia del MEF.

Pudiendo haber planteado una alianza con FP desde el Senado, ha preferido lanzar una amenaza. Pero si FP necesita sus votos, la municipalidad de Lima va a necesitar recursos financieros e influencia en el sistema judicial. Notable ver cómo Francis Allison ya está llevando agua para el molino del municipio de Magdalena.

¿Hay alguna forma de aprendizaje político en el aire? Esperemos que sí. Aunque eso suelen producirlo las lecciones duras, y López Aliaga todavía no ha probado una este año. Quizás más adelante, cuando realmente necesite ayuda de donde venga. En cualquier caso, va a ser un personaje de primera fila en el 2027.

Tenía 87 años y se apagó en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde estaba ingresada desde el día del desalojo. El Sindicato de Inquilinas, que la acompañó hasta el final, dio la noticia con un mensaje que termina con la promesa de seguir luchando por ella.

Setenta años en la misma casa

Maricarmen Abascal llegó a la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, en 1956. Ahí hizo su vida. En 2018 una sociedad llamada Urbagestión compró el edificio, sostuvo que su contrato ya había vencido y le planteó una salida imposible. Comprar el piso por unos 250.000 euros o pagar una renta de 1.650 euros al mes con una pensión que rondaba los 1.400.

Ella nunca fingió que podía. Lo dijo con su propia voz hace un par de años, "no tenía ese capital ni loca", y a su edad ningún banco iba a prestarle. Siguió pagando los 450 euros de siempre.

La Justicia le dio la razón solo al principio. Un juzgado de Madrid rechazó la demanda, pero la Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo respaldaron a la empresa. El desahucio, de hecho, era legal. Cuatro intentos después, la ONU pidió frenarlo y nadie lo frenó.

El día en que la sacaron en camilla

El 23 de septiembre la puerta del edificio cedió ante un ariete. Dentro quedaban familiares y cuatro integrantes del Sindicato. Maricarmen salió en camilla y terminó en el hospital. La foto recorrió el país antes de que anocheciera.

La protesta llegó antes que la noticia en los telediarios. Esa misma tarde el Sindicato convocó concentraciones urgentes en doce ciudades. En Madrid más de diez mil personas se plantaron frente al ático de Isabel Díaz Ayuso, y la Policía cargó contra un grupo. Al día siguiente se sumaron dieciséis ciudades más. El fin de semana trajo más de cincuenta movilizaciones bajo un lema que ya miraba lejos, "Hacia la huelga general". En la Puerta del Sol se instaló una acampada que sigue en pie.

"No he logrado defender mi casa"

Dos días después, el Sindicato difundió un vídeo en el que Maricarmen habla desde el Gregorio Marañón. Agradeció a quienes fueron a su desahucio, entre ellos a los niños, y sobre su derrota lamentó la situación en la que estaba: "No he logrado defender mi casa”, sentenció.

Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. "Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar." https://t.co/jjFLmrIshx

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 7, 2026

"El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar”, adivrtió Sánchez

El presidente del Gobierno habló desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. Dijo que las competencias en vivienda son de ayuntamientos y comunidades, y acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de estar más pendientes de comprar y vender áticos. Sobre el desahucio fue categórico y sostuvo que "el desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar".

También afirmó que, si el Parlamento hubiera convalidado antes del verano su decreto de vivienda, Maricarmen seguiría en su casa.

Cuatro días después, en un mitin en Getafe, cambió el tono y le habló directamente. Había visto el vídeo en el que ella le pedía un decreto para aliviar la emergencia habitacional. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti", dijo, y pidió a los grupos un último esfuerzo para aprobar la norma por ella y por los millones de españoles que sufren por la vivienda.

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar. Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. https://t.co/MfaY4ALDow

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

"Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra”, la derecha responde

Al otro lado, las reacciones fueron más frías. Ayuso defendió el desahucio ante el Círculo de Empresarios, un día después de que ocurriera y aseveró que se había cumplido una ley que el Gobierno y sus socios tuvieron ocho años para cambiar, llamó "algaradas" a las protestas y acusó al Sindicato de acosarla. "Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra", agregó.

Alberto Núñez Feijóo tardó dos días en hablar. Calificó el caso de "descorazonador", dijo que no usaría a Maricarmen para hacer política y atribuyó al Gobierno la responsabilidad de agitar el tema. Cuca Gamarra, del PP, coincidió con Ayuso en que Maricarmen era uno más de los más de 25.000 desahucios anuales y defendió que Ayuntamiento y Comunidad no habían mirado hacia otro lado. Según el Ayuntamiento, a ella se le ofreció una plaza en una residencia pública que rechazó porque prefería alojarse con sus familiares.

Vox fue por otro carril. El perfil oficial del partido en la red X sugirió que ella tendría casa si fuera inmigrante. Santiago Abascal, su líder, trasladó el debate a la inmigración, acusó al Gobierno de dar "prioridad extranjera" en la vivienda social y definió así a quienes acampan en Sol.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida llegó después, con otra lectura. Presumió de la mediación del Ayuntamiento y aseguró que hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda. Exigió también el levantamiento inmediato de la acampada.

Un acuerdo que no vino de un juez

Ningún juez ordenó devolverle la casa. Lo que la haría volver fue una negociación. Cinco días de protestas y la presión de un Congreso a punto de votar un nuevo decreto movieron a la empresa inmobiliaria Urbagestión, que había rechazado ofertas hasta entonces, a sentarse en una mediación con la empresa municipal de vivienda. El acuerdo le permitía volver como inquilina y pagar como máximo el 30 por ciento de sus ingresos.

Su abogada fue clara sobre lo que cambió. La empresa, dijo, no quiso negociar hasta el día anterior, y atribuyó el giro a la presión popular. Maricarmen lo aceptó y el Sindicato lo llamó un acuerdo histórico. Sin embargo, la octogenaria murió sin poder usarlo.

El contragolpe que llegó al Congreso

La calle presionó y el Parlamento respondió con un portazo. El viernes 2 de octubre las derechas, incluido el PP, tumbaron los dos decretos de vivienda del Gobierno. El lunes 5, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Las urnas estaban previstas para 2027.

Hay quien lee en esa jugada política una salida de emergencia. Sostienen que el presidente se adelantó a una moción de censura que ya tenía los números. Es una hipótesis que circula varios días en redes, pero aún no es un hecho confirmado. Lo que sí está claro es que la convocatoria le devolvió la iniciativa, y que el martes el Gobierno volvió a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros.

🔴 La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a los grupos para el respaldo a las medidas de los decretos 🗣️ "El desahucio de Maricarmen ha agilizado acercar posturas. Hoy espero de este Parlamento que haya acuerdo para que no vuelva a haber un desahucio más en España" 🔊 En DIRECTO https://t.co/cgnoH15zBH

— Radio 5 (@radio5_rne) October 2, 2026

"No vamos a permitir ni un desahucio más como el de Maricarmen", una campaña con nombre propio

La vivienda será el gran tema hasta el día de los comicios adelantados el próximo 29 de noviembre. Las encuestas ponen al PP por delante del PSOE y Sánchez entra a la contienda con una causa social de enorme fuerza simbólica.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Maricarmen se convirtió, sin quererlo, en el rostro de esa causa. Su caso movió la agenda, empujó al Gobierno y cambió el calendario electoral. El presidente puede presentarse como quien escuchó el reclamo. La derecha, en cambio, tendrá que explicar por qué tumbó los decretos y qué propone para que no haya otra Maricarmen.

El Sindicato le reprochó al Gobierno central que no frenara el desahucio. Hay una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Al despedirla, el colectivo calificó de "demasiado tarde" el acuerdo que habría permitido que volviera a su casa, y aseguró que las movilizaciones seguirán.

Hace algunas semanas, las críticas al Lugar de la Memoria (LUM) se intensificaron desde sectores cercanos al oficialismo. Entre quienes cuestionaron este espacio se encuentran el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; así como las dirigentes de Fuerza Popular Martha Chávez y Rosangella Barbarán. En conjunto, han sostenido que el LUM no presenta adecuadamente lo ocurrido en el Perú durante el periodo de violencia política comprendido entre 1980 y 2000.

Más recientemente, la polémica continuó en torno a los textos escolares de Historia. Algunos periodistas han acusado al currículo y a los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación de minimizar el terrorismo o presentar una visión parcial de la violencia política. Sin embargo, una revisión de los textos muestra que sí abordan el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, los atentados terroristas, las masacres contra comunidades campesinas, el sufrimiento de las víctimas y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión. También relatan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

La pregunta, entonces, no es si debemos abordar estos temas en los colegios, porque resulta evidente que debemos hacerlo. Incluso dejarse arrastrar por la discusión acerca de si se trató o no de un conflicto armado interno termina distrayendo el debate público. La verdadera interrogante es por qué, periódicamente, se instala la idea de que la escuela no aborda este tema o lo hace desde una perspectiva ideologizada. Detrás de estas controversias existe una disputa más amplia sobre el país que queremos construir y los valores que deben promover las escuelas, frente a los apetitos políticos de los gobernantes de turno.

El miedo al enfoque de género

Algo similar ocurre con el enfoque de género. Durante años se ha difundido la falsa idea de que busca modificar la identidad de los estudiantes o imponer determinadas orientaciones sexuales. No se trata de una crítica nueva ni espontánea: ha sido promovida de manera recurrente por determinados sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el enfoque de género tiene un propósito mucho más concreto y necesario: identificar situaciones de desigualdad, cuestionar estereotipos discriminatorios y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de dignidad.

La pertinencia de este enfoque se vuelve evidente cuando enfrentamos problemas como el acoso escolar, la violencia contra las mujeres, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y otras formas de violencia simbólica y física. Estos fenómenos no desaparecen por ignorarlos. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad de brindar herramientas que permitan comprenderlos y prevenirlos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desaparecerlo?

Repensar el currículo implica conocerlo

En medio de estos debates, José Antonio Chang, actual ministro de Educación del Perú, ha anunciado una revisión del currículo escolar y la reformulación de algunos contenidos pedagógicos en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031.

La educadora peruana Lilia Calmet Böhme hace poco hizo referencia a Teresa Grasa, Gabriela Lafuente, Marta López Cebollada y Francisco Royo, destacando una idea fundamental: convivir implica reconocer que la dignidad del otro es igual a la propia. Este principio sigue siendo una de las tareas esenciales de la educación en nuestro país y que, al parecer, cuesta tomar en cuenta.

Por ello, el debate sobre el currículo no debería centrarse solo en eliminar contenidos incómodos para determinados grupos políticos o religiosos, sino en fortalecer sus contenidos y herramientas que permitan a las nuevas generaciones comprender su historia, respetar la diversidad y rechazar cualquier forma de violencia. Para ello es fundamental conocer este documento y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.

En última instancia, es claro que los intentos por censurar contenidos pedagógicos no fortalecen la formación ciudadana ni promueven una sociedad más justa. Por el contrario, favorecen que la intolerancia, la discriminación y distintas formas de violencia encuentren nuevamente espacio en la vida pública, algo que, lamentablemente, ya podemos percibir en nuestro país.

¿Le hubiera ido mejor a FP con otro candidato? Es obvio que no estaban interesados en poner la cosa a prueba, es decir, con una suerte de candidatura plebiscitaria. Pero el efecto de toda esa cautela ha sido desaparecer a FP de este cuarto trimestre político del año. No ganaron, no perdieron, simplemente inexistieron.

Hay una crisis de FP. La idea de la pobreza de Keiko Fujimori como presidenta no es una conspiración caviar, sino una realidad constatable. La chambonada de las facultades delegadas es otro caso. Pero lo más serio es el poco sutil sometimiento a los embates de Rafael López Aliaga, que ahora se van a poner más fuertes.

Es sabido que Rafael Rey no renunció al MTC por motivos de salud, sino porque Fujimori tomó partido por Rafael López Aliaga en el entredicho de los trenes californianos supuestamente donados al municipio de Lima. Suponemos que ese ha sido un adelanto de lo que viene: alcalde bocón más ocho senadores manejando el Ejecutivo.

De otra parte, la derrota de FP en las elecciones del interior es casi natural en un partido de gobierno. Pero, al igual que en Lima, también parece producto de una enorme falta de ganas electorales. Aunque también podría hablarse de una suerte de desprecio por el poder local, al que se ve sobre todo como un pediche presupuestal.

Toda esta lista de tristezas va a ser aprovechada por López Aliaga, por supuesto. Ya comenzó amedrentando al JNE y a su lamentable presidente. También ha empezado a usar sus ocho votos senatoriales como cachiporra, o recordándole a Fujimori que él fue clave para su victoria en la segunda vuelta.

Todo eso será usado para hacerse el loco frente a la deuda gigante del municipio y el alto de promesas incumplidas.

El libro forma parte de la colección “Historias Mínimas”, donde se ofrece una síntesis de gobiernos específicos que han destacado (no siempre por sus virtudes) en nuestra accidentada historia republicana. En casi trescientas páginas, Asensio traza las directrices principales de uno de los gobiernos más fascinantes y menos conocidos, que recibió el nombre de Ochenio. Dictadura militar por donde se le mire, Odría se adelantó en cuarenta años al fujimorismo al tratar de hacer que las elecciones le brinden cierta legitimidad. Es necesario matizar el Ochenio, y es una de las virtudes del libro, que se mueve en las zonas grises creadas por el mismo Odría en sus muchos intentos por llegar, mantenerse y salir del poder de la manera más conveniente posible para él y sus allegados.

Si bien el formato de bolsillo puede sugerir que el libro es un resumen de los ocho años del odriísmo, el autor entendió que no podía quedarse en solo una síntesis y aprovechó el formato para combinar un excelente contenido con imágenes, varias de ellas inéditas. El Ochenio es un periodo poco conocido en comparación con otras coyunturas y gobiernos, lo cual le significó la doble responsabilidad de introducir dicho periodo a los lectores y, además, ofrecer ángulos novedosos que permitieran comprender la complejidad de Odría y la sociedad peruana en un momento clave del siglo XX: la Guerra Fría.

La capacidad para maniobrar satisfactoriamente estas demandas es resultado de la experiencia del autor, que en los últimos años ha venido realizando diversos trabajos donde balancea las escalas regionales con el contexto global, como en su libro sobre el terremoto del Cusco en 1950 y la cooperación internacional para reconstruir la ciudad. De igual modo, su interés por las regiones se pone de manifiesto en este libro, lo cual permite un saludable escape de la, a veces, asfixiante historia capitalina.

Además del plano espacial, el libro integra aspectos económicos y culturales. El constante dilema entre los booms exportadores y los años de vacas flacas no solo tiene consecuencias en las arcas fiscales, sino también en los proyectos que el Ochenio buscó desarrollar para escapar de las clases dirigentes y crear bolsones clientelares entre los sectores populares y la clase media. La explotación de la anchoveta y el surgimiento del narcotráfico se cuentan entre estos momentos de crecimiento económico efímero que poco ayudaron al desarrollo en el mediano plazo.

Una clase media siempre asustada con caer en la pobreza y perder estatus y sectores campesinos que buscaban ser despolitizados desde el gobierno generaron los imaginarios nacionales más importantes de esos años. Desde las novelas de Vargas Llosa, los cuentos de Ribeyro y los trabajos de Arguedas, se presentaron diversas tensiones que los escritores lograron captar. Así, las obras literarias contribuyeron a una esfera pública crítica que continuó durante los años setenta y ochenta, exponiendo los problemas del país y la naturaleza de los gobiernos de turno.

Pero el carácter pragmático y oportunista del régimen es lo que termina destacando en el análisis del libro. Antes que reducirlo a la etiqueta del autoritarismo, el autor explica con mucha solvencia las distintas estrategias que Odría y sus allegados intentaron realizar para navegar en la temprana Guerra Fría y con la hegemonía norteamericana en alza. Las actas de los Consejo de Ministros, una fuente documental que ha demostrado ser muy útil en los últimos años, registran las preocupaciones y expectativas del gabinete a medida que los desafíos internos y externos hacían tambalear a los uniformados. En realidad, el régimen disfrutó de pocos momentos de tranquilidad, que no supo aprovechar al entender su relación con la sociedad como de subordinación.

Odría no tuvo ningún problema en hacerse de nuevos aliados y luego abandonarlos si esto le permitía mantenerse en Palacio de Gobierno. Como lo señala muy bien el libro, el suyo fue un gobierno con más palo que zanahoria, y donde tranquilamente enviaba a la policía a reprimir a manifestantes mientras tanteaba por debajo de la mesa el posible apoyo de los apristas. No dudó tampoco en dar el voto a las mujeres, calculando que votarían por él en caso de presentarse a un nuevo periodo. Y, por supuesto, agasajó en cuanto pudo a los migrantes recién llegados cuando se dio cuenta de que eran más útiles como votos que como encarcelados por invadir terrenos para levantar sus casas.

El libro consigue reposicionar a un actor como Odría y un régimen como el suyo, con todas las oportunidades y limitaciones que tuvo. Esto debería servir como incentivo para que otros investigadores/as puedan expandir los argumentos iniciales de “Los años de Odría” y continuar trabajando el siglo XX, un periodo que —a diferencia de lo que opinan muchos de mis colegas— necesita aún más visiones regionales y comparativas dentro del escenario internacional.

El día de ayer, un exalcalde que ha estado vinculado a varias organizaciones políticas, entre ellas Renovación Popular, Rafael Santos, afirmó que los ciudadanos del Cusco “no han podido pensar de manera coherente” debido a la menor cantidad de oxígeno en esa región andina y que “la falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa.” Ambas declaraciones apuntan en la misma dirección: descalificar la decisión electoral de una región entera en lugar de revisar las propias propuestas.

Ante los flagrantes actos de violencia verbal, el Colegio de Abogados del Cusco presentó una denuncia penal contra Santos por discriminación agravada y la diputada Ruth Luque anunció una segunda. Al respecto, vale recordar que el artículo 323 del Código Penal sanciona la discriminación con hasta tres años de prisión, con agravante cuando se comete a través de medios de comunicación.

Por ello, este diario recuerda que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar estas declaraciones con la misma diligencia con que el ordenamiento jurídico protege el derecho a la no discriminación de todos los ciudadanos. Como entidad del Estado, es la principal responsable.

Este diario recuerda que quienes descalifican el voto de las regiones, aunque lo quieran negar, reproducen una actitud que estanca al país en el subdesarrollo porque impide incorporar las demandas legítimas de representación de sectores históricamente excluidos en el proyecto nacional y, así, avanzar a una sociedad moderna. Los cusqueños, como cualquier otro peruano de la costa, sierra o selva, merecen que quienes aspiran a representarlos escuchen sus demandas y, sobre todo, que otros compatriotas respeten su decisión como ellos también merecen que se respete la suya.

El lunes, los habitantes de Lima Metropolitana, al igual que los de muchos distritos en todo el país, amanecimos sin saber quién sería nuestro alcalde por dos razones: silencio electoral y silencio electoral.

El primero ha sido el del Jurado Nacional de Elecciones, que no se ha manifestado con respecto a qué sucede en el caso de López Aliaga y otros postulantes que no pueden ocupar la alcaldía porque sería una reelección expresamente prohibida en nuestra Constitución. Pero hay otro silencio electoral que crea desinformación: la prohibición de difundir encuestas en la última semana.

En Lima, muy pocos sabían que el candidato que iba segundo estaba a muy corta distancia del que figuraba como ganador indiscutible en todas las encuestas anteriores. Es muy posible que, de haberse conocido la realidad, muchos electores hubieran cambiado su voto a favor del segundo, pero no lo hicieron porque creyeron que era imposible ganarle al favorito.

Esta situación no solo privilegia a quienes tienen acceso a la información, sino que produce confusión, desinformación y especulación. Las redes sociales difunden noticias falsas y nadie sabe a quién creerle.

¿Qué las encuestas dirigen el voto de la gente? Sí, lo dirigen hacia un voto estratégico. No solo deberíamos tener el derecho a votar a favor de quien uno quiera, sino también a hacerlo contra quien queramos. Así, un candidato con un rechazo de 70% puede ganar una elección por falta de información a los votantes.

Hemos visto la misma situación repetidas veces. Hace poco, en las elecciones nacionales, la diferencia entre el segundo y el tercero para ir a la segunda vuelta fue muy corta. Si ello se hubiera sabido, probablemente hoy tendríamos otro gobierno.

Es urgente, además de una reforma integral, derogar la absurda ley del silencio electoral, que en estos tiempos no solo es anacrónica, sino que daña la democracia.