Sin embargo, lo que resulta particularmente curioso es la puntualidad con el cual ese patrón aparece en Perú estos días.

Desde que se supo que Keiko Fujimori sería la próxima presidenta, los argumentos que buscan desacreditar a la CVR han ganado espacio en el debate público. Y ante ello es un deber ético afirmar que la coincidencia no es casual.

La CVR entregó su informe en agosto de 2003 tras dos años de trabajo y más de 16,000 testimonios. Como parte de su tarea de Estado identificó 4,664 fosas clandestinas de las cuales solo se conocían 50 antes del informe, y estimó 69,280 víctimas fatales, la cifra más alta de muertes violentas en la historia republicana del Perú.

Las victimas eran 79% de zonas rurales y el 75% tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

La propia CVR señaló a Sendero como responsable del 54% de esas muertes y reconoció también el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en determinados momentos, una realidad que este diario también suscribe.

Por eso mismo, quienes afirman que la comisión ignoró la responsabilidad de Sendero sencillamente no leyeron el informe.

El debate académico sobre las metodologías de la CVR por supuesto es legítimo. Lo que resulta inaceptable es confundirlo con una campaña para desactivar la justicia pendiente. A la fecha, más de 19,000 peruanos siguen desaparecidos y sus familias llevan décadas buscando sus restos. Ante ello, el Congreso saliente intentó archivar cientos de casos con la Ley 32107 y la JNJ copada por el poder que ocupa palacio desde 2022 procesó disciplinariamente a las magistradas que se negaron a aplicarla.

Además, la nueva ley -inconstitucional- de lesa humanidad añade requisitos que el Estatuto de Roma no contempla y cada una de esas piezas encaja con la misma lógica que los argumentos que circulan ahora contra la CVR.

Las acciones forman parte de un todo que no es casualidad sino, a leguas, es una estrategia.

Por eso el Congreso actual se apresura en dejar todo listo para que el Ejecutivo que nos gobernará a partir del 28 de julio tenga todo preparado para posicionarse sin que los peruanos podamos defendernos de sus abusos. Las leyes procrimen son la prueba más flagrante de ese régimen de manos libres. Libres para reprimir sin freno a quienquiera ose criticarlos, protestar u oponerse. Cualquier similitud con una dictadura es cualquier cosa menos casualidad. Ya lo ha dicho la futura presidenta: voy a seguir los pasos de mi padre. No añadió que también los de Vladimiro Montesinos, porque ese individuo es designado, en la novela familiar de los Fujimori, como el verdadero perpetrador de los crímenes por los que fue acusado y sentenciado su socio, Alberto Fujimori.

En alguno de sus editoriales, César Hildebrandt lo dijo más o menos así: es como si los españoles eligieran a la hija de Franco o los chilenos a la de Pinochet. Pudo agregar —no recuerdo si lo hizo— a la de Stalin o Hitler en Rusia y Alemania, respectivamente. A quienes votaron por Keiko Fujimori, por miedo al comunismo y el terrorismo que imaginaban vendría con el triunfo de Sánchez, habrá que recordarles que no le dieron carta blanca a la futura presidenta. Y que, si se descuidan, ellos también podrán ser víctimas de los innumerables abusos de poder que se pueden vislumbrar desde ya. Puede ser mediante esas leyes que dan rienda suelta a las pulsiones tanáticas de las fuerzas del orden —como si no lo vinieran demostrando— o mediante cualquiera de los organismos garantes de la convivencia social, que están bajo su control. A saber: prácticamente todos.

Esto es especialmente relevante para los grandes grupos de poder formal del país. El tener la mirada puesta únicamente en el crecimiento económico, como la panacea para resolver la desastrosa situación de tantos peruanos, sin importar sus derechos fundamentales, es de una ceguera angustiante. El Consejo Fiscal ha dado un gran contraejemplo, alertando contra la violenta irresponsabilidad en el gasto público. Las primeras medidas que se anuncian para combatir el cáncer de las extorsiones, por ejemplo, son una garantía de fracaso. Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle nunca ha servido para enfrentar lo que corresponde al trabajo de inteligencia, exactamente ese que permitió capturar a Abimael Guzmán y acabar con Sendero Luminoso.

No es, pues, vulnerando la Constitución que se combate al mal. Lejos de ser un obstáculo, es nuestra guía grupal para conducirnos como una comunidad ligada por el bien común. Suena utópico, pero no lo es: todos los países desarrollados lo han logrado por ese medio. El bien común es diametralmente opuesto al mal uso de los recursos públicos o la libre disponibilidad de los mismos, sin cortapisa alguna. No nos cansaremos de repetirlo: la mitad del país no votó por esto. Y la otra mitad, la que votó por la opción ganadora, tampoco. No hay que mancillar el miedo con promesas falsas de mano dura, cuyos resultados nos hunden más en el abismo en el cual nos encontramos.

Esta no es una invocación, sobra decirlo, a quienes apuestan por un quinquenio autoritario. Es una llamada a todos los que prefieren vivir al amparo de la ley y no fuera de ella. Si piensan que nunca los afectará, más allá de que esta es una opción tan egoísta como cortoplacista, habrá que recordarles que los gobiernos autoritarios pueden ensañarse con cualquiera que se les antoje. Sin necesidad de haber cometido delito o incluso falta alguna. Te cruzaste en el camino de una autoridad corrupta, pequeña o grande, y no tendrás quién te proteja.

De esta situación de sumisión tenemos que defendernos unidos. En situaciones como esta, es indispensable iniciar de inmediato la resistencia, desde la tribuna, grande o pequeña, de cada cual. Recordemos que Sendero pudo avanzar durante una década, entre otras razones, por la indiferencia de los sectores urbanos más modernos de la costa. Como si las masacres que cometían tirios y troyanos, senderistas y miembros de las Fuerzas Armadas, en los Andes centrales, no nos concernieran o afectaran. Esa indiferencia, combinada con negación, es el terreno fértil para el crecimiento de violaciones indescriptibles de los derechos de las personas, en particular las más vulnerables.

Solo unirnos en búsqueda del bien común permitirá que el mal no siga avanzando como lo está haciendo, sin encontrar, por ahora, más que obstáculos aislados que no parecen afectarle. El gobierno de Fujimori y Montesinos se veía gobernando para siempre. Sabían que era eso, la cárcel o el destierro. Todos recordamos cómo terminaron. Esa es la historia que nos prometen, ignorando el final que conocemos.

Esta decisión preocupa, dado que se prevén obligaciones significativas, básicamente en remuneraciones y pensiones derivadas de la legislación reciente, sin una definición clara sobre su financiamiento. Cabe referir que los mayores ingresos fiscales actuales son temporales. No es una buena idea financiar gasto permanente con ingresos temporales, peor aún cuando se prevé el fenómeno de El Niño, sobre todo con efectos adversos a partir de octubre, que destruirá no solo parte de la producción actual, la agrícola, por ejemplo, sino también parte de la capacidad de producción potencial futura, porque destruirá parte de la infraestructura.

Todos estos efectos adversos del fenómeno de El Niño ya deberían estar incluidos en el próximo Marco Macroeconómico Multianual, que se presentará en agosto por parte del Poder Ejecutivo, el cual, si se trata de recuperar la credibilidad fiscal, debería comenzar por presentar las correspondientes demandas de inconstitucionalidad contra leyes promulgadas por el Congreso, sin financiamiento y sin iniciativa legal de gasto, si realmente importa preservar la estabilidad macrofiscal.

En suma, una indispensable sostenibilidad fiscal pasa por una importante proactividad de la administración entrante desde las primeras semanas, en línea con lo sugerido, más aún cuando a finales de agosto se presentan los proyectos relacionados con Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento 2027, junto con el actualizado Marco Macroeconómico Multianual.

Dice Zygmunt Bauman que vivimos bajo las reglas de la “modernidad líquida”, caracterizada por la inestabilidad, la falta de cohesión y la ausencia de formas definidas, a diferencia de la “modernidad sólida”, en la que se desarrollaron nuestros padres y abuelos, caracterizada por el orden, lo predecible y lo estable. ¿Qué provocó ese cambio? a) las empresas, que tienen más poder que los propios gobiernos y cambian leyes de forma rápida en respuesta al mercado; b) la tecnología y, sobre todo, internet, que hace que las formas de trabajar, transportarnos y relacionarnos cambien a una velocidad impresionante; y c) la migración humana, que también genera cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Esto, ¿qué significa? Que, bajo esta modernidad líquida, la identidad es cambiante y nunca terminamos de definir nuestra religión ni nuestras creencias políticas. Hay inestabilidad y falta de solidez en las estructuras. Si esto lo trasladamos al ejercicio político, ello hace que la composición de los congresos no sea estable. Los grupos entran con promesas, luego se adaptan a las circunstancias y eso genera desconfianza en la ciudadanía. La sociedad líquida desestabiliza esas representaciones políticas; de ahí que la foto de la composición congresal no será la misma en 2031. Hay que mirarla bajo el escenario del juego político en el que se moverán.

El ajedrez político

En el ajedrez, se requiere tener claro, quien es quien, en ese tablero, para no confundir las jugadas y los movimientos inesperados.  El Rey, es la pieza más valiosa del tablero, yen el caso peruano, está representado por el poder económico.

Los peones son las piezas más numerosas, avanzan poco a poco, y pueden llegar al otro extremo del tablero y convertirse en una pieza más fuerte. Aunque no tengan poder inmediato, su acumulación y organización a largo plazo, puede cambiar el juego. Instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos, se posicionan como peones en el tablero. Es un escenario donde su rol queda reducido a seguir las directrices, sin autonomía real.

En la posición de alfil ubicamos a la Presidencia de la República, al igual que al Congreso. Ambos representan el poder, mas no lo detentan. El alfil se mueve en diagonal, así que su alcance es más limitado y, de hecho, actúa como un símbolo. Es decir, no tiene tanta fuerza directa como la reina o las torres, pero representa la institucionalidad, el rostro simbólico de la nación.

Las congregaciones religiosas también deben ser visibilizadas en este ejercicio político; podrían ser ubicadas como alfiles porque tienen una influencia simbólica fuerte, aunque no siempre directa. Se mueven de manera diagonal, como en espacios morales y de valores, y a veces pueden ser catalizadoras del cambio social. Su rol es estratégico, pero no siempre visible en el tablero. De igual forma, ocurre con los medios de comunicación. Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder.

Los partidos políticos podrían ser posicionados como las torres. Son piezas fuertes, estructuradas, se mueven en línea recta y tienen una gran capacidad de control territorial. A través de ellas, se organizan las fuerzas políticas, se proyectan hacia el futuro y buscan influir en las reglas del juego; sin embargo, ante la ausencia de partidos sólidos, las torres estarían apuntaladas por las fuerzas militares y policiales. Estas tienen una presencia estable y pueden marcar el equilibrio del poder, a veces fuera de las reglas formales.

El caballo en ajedrez se mueve en forma de "L". Es la única pieza que puede saltar sobre otras. Pueden ser actores menos visibles, pero estratégicos: por ejemplo, ciertos grupos empresariales medianos, gremios profesionales o incluso algunos sectores regionales que, aunque no sean el foco del poder, tienen la capacidad de saltar barreras, conectar intereses y, a veces, desestabilizar las lógicas más tradicionales. Podemos ubicar aquí a la minería informal e ilegal y a las redes de narcotráfico. Esos actores suelen moverse por fuera del juego formal, pero tienen una enorme capacidad de influir, presionar y desestabilizar, aunque no aparezcan entre las piezas tradicionales.

En cambio, la reina es la pieza más poderosa, porque se puede mover a cualquier número de casillas en línea recta, ya sea horizontal, vertical o diagonal. En esta dinámica, se podría ubicar como la reina al sistema judicial, porque tiene un poder amplio cuando es independiente. Se mueve en todas las direcciones, puede frenar abusos y equilibrar fuerzas, siempre que conserve su autonomía. Si está capturada por el poder económico o político, pierde su fuerza. Pero, en su mejor versión, es la que realmente puede hacerle jaque al poder, si se mantiene firme.

Si el sistema judicial es realmente autónomo, puede ser un freno al poder desmedido. Es la pieza que, al moverse en cualquier dirección, tiene la capacidad de poner límites, hacer valer derechos y actuar como un verdadero contrapeso, siempre que conserve esa autonomía e independencia en su labor.

En el tablero del ajedrez político, el rey estaría representado por el poder económico. No perdamos de vista ello: una cosa es detentar el poder y otra ser representante de ese poder, como ocurre con el ejercicio de la Presidencia de la República o la representación congresal. Así que, en este esquema, cada pieza tiene su peso, que permitirá sostener el poder del Rey, o el juego terminará con un jaque mate al rey.

Los ciudadanos

Frente a estas piezas, en el tablero del ajedrez político, ¿dónde está el poder de los ciudadanos? Nos encontramos fuera de ese juego y nos convertimos en meros espectadores, invitados a cambiar periódicamente las piezas. Es una especie de participación simbólica, pero no transformadora. Y ahí es donde se genera esa frustración.

Yo creo que no hay un jaque mate fácil, porque esos actores que mueven las piezas del ajedrez suelen operar al margen de las reglas. Pero, quizás, si se fortalecen la transparencia, la participación ciudadana real, la organización de colectivos sociales y el ataque a las estructuras de impunidad, ahí se podría empezar a reducir su poder. Es un proceso largo, pero es la única manera de cambiar las cosas.

El poder de los ciudadanos está en la capacidad de moverse colectivamente, como peones con potencial. Reitero, colectivamente. Es un símbolo, que, aunque se empiece pequeño, cuando se organizan, cuando se articulan, pueden cambiar las reglas del juego.

Si son independientes, pueden moverse con claridad, marcar la agenda y generar cambios. Pero, si están controlados, pueden quedar reducidos a peones, seguir órdenes y reproducir las narrativas del poder, algo de lo que ya tenemos en demasía en nuestro escenario nacional.

Vichy nació de la derrota militar de 1940 y de una revancha ideológica. Pétain se presentó como salvador y obtuvo plenos poderes en julio de aquel año. La Asamblea liquidó así la Tercera República y la reemplazó por el Estado francés, que persiguió opositores y censuró la prensa.

Vichy conservó instituciones y policía propias, y las puso al servicio de la colaboración con Alemania. El apretón de manos entre Pétain y Hitler, en octubre de 1940, simbolizó esa alianza. La producción francesa sirvió al Reich, mientras la policía francesa reprimió a resistentes y judíos por decisión propia.

El primer Estatuto de los Judíos, de octubre de 1940, fue iniciativa francesa. Excluyó a los judíos de la función pública y numerosas profesiones. La redada del Velódromo de Invierno, en julio de 1942, mostró esa colaboración. Policías franceses arrestaron a más de 13.000 judíos, entre ellos miles de niños, deportados hacia Auschwitz.

Frente a esa Francia oficial resistió otra Francia. El llamado de Charles de Gaulle desde Londres, en junio de 1940, sostuvo que la lucha continuaba. Jean Moulin, torturado por la Gestapo, murió sin traicionar a sus compañeros.

La Liberación de 1944 trajo juicios y condenas. Pétain fue sentenciado a muerte por traición, pena luego conmutada. Jacques Chirac reconoció en 1995 la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos, reafirmada por Macron en 2017.

Vichy demuestra que la legalidad formal sirve al crimen cuando se destruyen la democracia y la independencia institucional. Pétain simboliza la claudicación política. La Francia que honra hoy su historia es la que resistió y combatió por la libertad.

En tal sentido, podemos apreciar que las mejoras en las remuneraciones reales promedio en el sector privado formal suelen ubicarse por debajo de aquellas correspondientes a la productividad media laboral del país (la cual incluye tanto al sector formal como al informal).

¿A qué se debe dicha situación?

Fundamentalmente, a dos factores: el exceso de oferta de mano de obra en relación con la demanda de trabajo por parte de las empresas y el escaso nivel de afiliación sindical.

El primero de ellos implica la abundancia de personas que ofrecen sus servicios en el mercado laboral en relación con los puestos de trabajo disponibles, sobre todo en el sector formal, lo cual genera presión para que las remuneraciones no mejoren significativamente o incluso disminuyan.

Dicha abundancia de mano de obra se explica por la expansión demográfica registrada en las últimas décadas, la migración del ámbito rural al urbano (además de la más reciente desde el extranjero), así como por el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo, fenómenos que han aumentado la búsqueda de empleo asalariado.

No obstante, ello no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la demanda de trabajo por parte de las empresas, debido a factores estructurales, como la escasa diversificación productiva e industrialización, así como a los numerosos periodos de crisis y desaceleración registrados en la economía nacional en las últimas décadas.

De otro lado, respecto del escaso nivel de afiliación sindical, debemos señalar que solo el 5% de los trabajadores del sector privado formal está sindicalizado y, por tanto, tiene la posibilidad de acceder a la negociación colectiva, que es el principal mecanismo con que cuentan los trabajadores para transformar las mejoras de su productividad en mayores remuneraciones.

La baja afiliación a organizaciones sindicales se explica principalmente por el uso intensivo y desnaturalizado, para actividades permanentes, de los contratos temporales, considerando que dos de cada tres trabajadores formales del sector privado están contratados bajo alguna modalidad a plazo fijo, es decir, sin estabilidad en sus puestos de trabajo, lo cual desincentiva la sindicalización y la negociación colectiva, ante el temor de que el empleador no les renueve el contrato.

Además del desincentivo al ejercicio de dichos derechos laborales colectivos generado por el uso intensivo y desnaturalizado de la contratación temporal, existen otros factores que lo limitan, como el elevado número mínimo de trabajadores necesarios para formar un sindicato de empresa (veinte) en un país donde predominan las micro y pequeñas empresas (MYPE); las restricciones normativas a la negociación colectiva por rama de actividad y supraempresarial, en general, que permitirían una mayor cobertura de dicho mecanismo; el uso desnaturalizado de la intermediación y la tercerización laboral con destaque de personal, que atomizan la actividad empresarial; las restricciones administrativas y barreras burocráticas impuestas arbitrariamente por la Autoridad Administrativa de Trabajo, sobre todo para el ejercicio del derecho a la huelga; la debilidad de la fiscalización laboral, entre otros.

Lo descrito ha llevado a una gran inequidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo, considerando que solo el 28% de la renta generada anualmente queda en manos de los trabajadores vía remuneraciones, mientras que el 64% se concentra en la renta empresarial después de impuestos, lo cual nos coloca en la cola de la región latinoamericana y en una situación opuesta a la que se observa en el mundo desarrollado. El exceso de mano de obra disponible, así como la debilidad y escasa cobertura de las organizaciones sindicales, por las razones ya explicadas, han impedido que las mejoras de la productividad observadas desde el 2002 se trasladen significativamente a los trabajadores vía mayores remuneraciones.

Para comenzar a solucionar la problemática analizada, resulta fundamental iniciar un proceso de diversificación productiva, el cual requiere planificar, estructurar e implementar un conjunto de incentivos económicos (que no impliquen el recorte de derechos laborales y tampoco promuevan la subdivisión empresarial) para contribuir al desarrollo de sectores con potencial de generación masiva de empleo asalariado formal, tales como la agroindustria, textiles y confecciones, metalmecánica, turismo y sus ramas vinculadas (alojamiento, restaurantes, servicios recreativos y transporte), industria minera, etc., de tal forma que se pueda ir absorbiendo el exceso de mano de obra disponible en el mercado laboral.

También es clave implementar una reforma laboral integral que genere equilibrio en las relaciones laborales y promueva el empleo formal, estable, productivo y mejor remunerado. Implica aprobar, vía el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y el Congreso, una nueva Ley General de Trabajo, que limite la contratación temporal y tercerización laboral con destaque de personal (además del necesario fortalecimiento de la fiscalización de su buen uso), vincule el despido a causas objetivas con un procedimiento adecuado, fomente el ejercicio de derechos colectivos como la sindicalización y la negociación colectiva (para que los trabajadores estén en capacidad de convertir el crecimiento económico y los incrementos de su productividad en mayores remuneraciones y mejores condiciones laborales), etc.

De otro lado, dada la significativa participación de los trabajadores beneficiados por los incrementos de la remuneración mínima en el sector privado formal y su incidencia en otros ámbitos, es fundamental institucionalizar un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima vía una norma del Poder Ejecutivo, previo paso por el CNTPE. Dicho mecanismo debe ser aplicado anualmente de manera vinculante.

Sin perjuicio de lo señalado, no debemos perder de vista que, si queremos lograr mayores mejoras en las remuneraciones de los trabajadores, también resulta imprescindible retomar las tasas de crecimiento de la productividad laboral promedio registradas durante el periodo 2002-2013, por encima del 4% anual, las cuales sufrieron una desaceleración del 2014 en adelante.

En esa línea, para fomentar el crecimiento de la productividad, se requiere diseñar un conjunto de mecanismos articulados para el acceso masivo de las MYPE a crédito barato, capacitación laboral, innovaciones, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva, simplificación administrativa, medidas tributarias promocionales, etc.

Ello, además de la necesaria aceleración de la inversión pública, sobre todo en infraestructura productiva, salud y educación, así como de la promoción de la inversión privada alineada al desarrollo del país.

Sin embargo, la presidenta electa anunció ayer que, para luchar contra la criminalidad organizada, su gobierno desplegará a las Fuerzas Armadas en rastrillajes conjuntos con la Policía, tomará el control de las cárceles con apoyo militar y modificará el Código Penal. Son tres medidas que el Perú ya conoce.

De hecho, Dina Boluarte las aplicó sistemáticamente entre 2023 y 2025, con estados de emergencia en La Libertad, Callao y otras regiones. Hicieron lo propio los encargados de Palacio que le sucedieron temporalmente. No obstante, los homicidios continuaron subiendo. Las extorsiones superaron las 27,000 denuncias en 2025.

El problema de fondo tiene nombre propio: el crimen organizado no se derrota con presencia visible sino con inteligencia criminal sostenida. Las organizaciones que hoy extorsionan mercados, controlan rutas del narcotráfico y minería ilegal y operan desde las cárceles saben cuándo llegan los soldados, adaptan sus operaciones y siguen. Lo que sí las desorganiza es la infiltración, el rastreo financiero, la cooperación internacional y la persecución penal efectiva.

Al respecto, hay además una paradoja que este diario ya documentó. La ley del fuero militar aprobada por el Congreso con el respaldo del fujimorismo traslada al fuero castrense los delitos cometidos por militares y policías en funciones. Keiko Fujimori propone ahora darle más poder y presencia en las calles a una institución que su propio partido acaba de blindar de la justicia ordinaria. Si un soldado abusa en un rastrillaje, comoo ya se ha visto en Pataz y en otras jurisdicciones, la ley que el fujimorismo aprobó garantiza que ese caso no llegará a un juez civil.

Sin duda alguna, la inseguridad es el problema más urgente que hereda el nuevo gobierno. Merece una respuesta a su altura, con inteligencia, tecnología, reforma policial y penitenciaria real y coordinación internacional. Los rastrillajes militares son la respuesta más fácil de anunciar y la menos efectiva de ejecutar y el Perú ya sabe cómo se ve esa pantomima.

El nuevo Gobierno asumirá en medio de urgencias conocidas: bajo crecimiento, inseguridad, brechas educativas, presión sobre la salud pública e infraestructura pendiente. Pero, junto a esos desafíos inmediatos, enfrentará una transformación menos visible y decisiva: el empleo está cambiando en sus competencias, formas de organización y exigencias productivas. El Perú no parte de cero, pero tampoco llega suficientemente preparado al periodo 2026-2031. La Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo proyectó para 2025 unos 470 mil nuevos puestos en el sector empresarial formal; aunque el dato corresponde al año previo al cambio de Gobierno, marca una tendencia clara: más de la mitad requería competencias digitales. La señal es estructural y confirma que el país no necesitará solo más empleo, sino talento preparado para entornos cada vez más digitalizados.

El desafío es más transversal que especializado: usar herramientas digitales, manejar información, operar plataformas, comunicarse en entornos virtuales, trabajar con datos y, cada vez más, interactuar con soluciones de inteligencia artificial. En la misma línea, el World Economic Forum advierte que hacia 2030 crecerá la demanda de habilidades vinculadas con inteligencia artificial, big data, alfabetización tecnológica, pensamiento analítico, resiliencia y aprendizaje permanente.

El Perú tiene talento, creatividad y capacidad de adaptación, pero todavía no convierte suficientemente esas fortalezas en empleabilidad pertinente, formal y productiva. ManpowerGroup ha reportado que el 70% de empleadores peruanos tiene dificultades para encontrar los perfiles que necesita. A su vez, el Global Talent Competitiveness Index 2025 ubica al Perú en el puesto 73 de 135 países y en el puesto 8 de 18 en América Latina y el Caribe. No estamos en el sótano regional, pero tampoco entre los líderes. Somos un país de potencial acumulado y conversión insuficiente.

Crear empleo será insuficiente si la fuerza laboral no está preparada para exigencias cada vez más técnicas, digitales y humanas: análisis de datos, comunicación, responsabilidad, pensamiento crítico, integridad, adaptabilidad y aprendizaje continuo. La IA no reemplazará automáticamente profesiones completas, pero sí modificará tareas, procesos y criterios de productividad. Los más expuestos serán quienes no logren actualizarse.

La sostenibilidad también ocupará un lugar decisivo en esta discusión. Huella de carbono, economía circular, eficiencia energética, trazabilidad y cumplimiento ambiental dejarán de ser asuntos exclusivos de especialistas y entrarán en la gestión diaria de operaciones, logística, compras, finanzas, recursos humanos, minería, agroindustria, comercio y servicios. El empleo que viene será más digital, pero también más exigente en términos ambientales, éticos y organizacionales.

Por eso, el próximo Gobierno debería abordar la política laboral desde la productividad y el desarrollo de capacidades. Los sectores trabajo, educación, producción, economía y ambiente, junto con los Gobiernos regionales, tendrán que conversar mejor. Formación técnica, reconversión laboral, certificación de competencias, formalización y articulación empresa-academia deberían ocupar un lugar central.

El Perú tiene demasiadas urgencias como para añadir una más sin estrategia. Pero esta no es una urgencia cualquiera. Si no formamos talento pertinente para las nuevas exigencias, el crecimiento será insuficiente, la informalidad persistirá y la tecnología ampliará brechas en lugar de cerrarlas. En materia laboral, atender la crisis presente y preparar el futuro ya son la misma tarea.

Esto favorece, sobra decirlo, a quienes están convirtiendo al Perú en un país gobernado por mafias, tanto ilegales como legales, por así decirlo. Todos los avances que habíamos logrado como comunidad nacional han sido progresivamente desmantelados, fomentando un entorno en donde retornan las universidades estafa, la minería ilegal, prolifera el narcotráfico y los extorsionadores que siguen asesinando conductores y cobradores de transporte público que no paguen sus cupos. Añádase el gasto público que se han atribuido los congresistas, generando un despilfarro descomunal del dinero de todos en beneficio de esos indignos representantes.

Cierto, estamos en un compás de espera, durante el cual la flamante presidenta deberá anunciar su gabinete y, el 28 de julio, las medidas que tomará para enfrentar los desafíos mencionados, en gran parte creados o agravados por su bancada y los demás miembros del pacto congresal. No hay, sin embargo, por lo menos en la mitad del país que no votó por ella, expectativas de un cambio de rumbo, ahora que ya logró su objetivo a la cuarta intentona.

Pero, desde el punto de vista de mi profesión, el tedio es un aliado poderoso de los regímenes autocráticos. La resignación que lo acompaña permite avasallar a la población, debilitando el vínculo social. Lo que estos gobiernos valoran es la sumisión, del mismo modo que temen —y por eso reprimen— las manifestaciones de protesta. El mensaje implícito es: dejen todo en nuestras manos, ustedes dedíquense a lo suyo. Esta infantilización de las personas viene aparejada con una orden —implícita— de no pensar. De ahí que requieran el control de todas las organizaciones encargadas de contener y sancionar el abuso de las autoridades. Como todos sabemos, ya lo tienen.

Este es un hecho inédito en nuestra historia. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos obraron en la sombra, con rumas de billetes de por medio, durante buena parte de la década de los noventa, para lograrlo. La hija del dictador se sentará en el sillón presidencial con el trabajo sucio terminado, o casi. No le hará falta la salita del SIN. Esto es lo que Orwell, en '1984', denominó la policía del pensamiento. Es por eso que los magistrados que aún persisten en respetar y hacer valer la Constitución deben ser “barridos”. No barrer la corrupción, sino a quienes pretenden atajarla.

En su 'Libro del desasosiego', el inmenso poeta portugués Fernando Pessoa lo describe así: “Sí, el tedio es eso: la pérdida, por parte del alma, de su capacidad de ilusionarse, la ausencia, en el pensamiento, de la escalera inexistente que le permite subir sólido hasta la verdad”. Este párrafo nos advierte que ese tedio trae aparejada la renuncia a pensar, a la búsqueda de la verdad. De ahí que la proliferación de falsedades y posverdades sea un instrumento de este progresivo desarme de nuestras capacidades mentales.

El deprimente panorama esbozado incluye, sin embargo, su antídoto. Si somos capaces de resistir a esa aplanadora del pensamiento y la verdad, rebelándonos, vinculándonos, simbolizando, pensando, mantendremos viva la esperanza de construir una comunidad nacional más justa y respetuosa de los derechos de todos, sobre todo de quienes piensan diferente. No olvidemos que los resultados electorales indican con claridad que quien ha ganado es, sobre todo, el miedo. La mitad del país, es evidente, no es fujimorista. Ni siquiera las tres cuartas partes, por lo demás.

Pero sí es un grupo enorme de gente asustada por lo que imaginaban sería la inminencia del comunismo, además de la continuación de la inestabilidad que ha caracterizado estos años… debido a la alianza de congresistas de todo pelaje. Hay, entre quienes votaron por ese miedo, un legítimo anhelo de seguridad económica y estabilidad política. Estos grupos de personas están dispuestos a renunciar a sus derechos con tal de sentirse protegidos. Cualquier semejanza con los métodos extorsivos no es coincidencia.

Como siempre ocurre en el Perú cuando las tensiones internas son afiebradas, irrumpen el racismo y el clasismo. Con estos antiguos flagelos de nuestra escindida sociedad, reaparecen los velados fantasmas de excluir a quienes son considerados incapaces de elegir bien. Esas divisiones infectadas serán otro gran reto para el nuevo gobierno. Hasta ahora no han mostrado esa capacidad de escucha y diálogo, indispensable para entender y procurar achicar esas brechas ancestrales, que se vieron reflejadas en los mapas de los resultados electorales. Baste recordar que los votos que le permitieron, finalmente, ganarle al “panetón” fueron, para Keiko Fujimori, los de los peruanos en el extranjero.

El desaliento provocado por este resultado en la mitad del país es lo que Pessoa describía así: “Hay un aislamiento de nosotros en nosotros mismos, pero un aislamiento donde lo que separa está estancado como nosotros mismos, agua sucia rodeando nuestro desentendimiento”. También a ese estancamiento nos enfrentamos.

Decía entonces que la historia nos enseñaba algo muy claro: que en los 20 años entre 1996 y 2016 el Perú más que duplicó su producto por habitante. Eso contrastaba con los 20 años anteriores, cuando el producto por habitante había caído en un quinto. Podía entonces plantearse dos preguntas retóricas. ¿Quiere que sus hijos vivan más del doble de bien que usted? ¿O prefiere que sean un quinto más pobres?  

Nos sorprendía mucho que hubiera quienes quisieran volver las cosas a cómo eran antes de la transformación de la economía peruana en la década de los noventa. Por supuesto que siempre hay espacio para mejoras, pero, vista en su conjunto, la nueva economía funcionó significativamente mejor, sobre todo si se recuerda lo malos que fueron los años anteriores. Que alguien hubiera preferido el pasado fracasado se explica en buena parte por el tiempo transcurrido. El tiempo abre las puertas a la mala memoria, el desconocimiento de los (no tan) jóvenes y, por supuesto, a la narrativa que niega los magníficos logros alcanzados. Esa negación es falsa de cabo a rabo.

Dicha narrativa es falsa porque no solo aumentó el producto por habitante, sino que todas las medidas de progreso económico mostraron un avance notable. La pobreza y la pobreza extrema se redujeron dramáticamente, más que en cualquier país del mundo y, por primera vez, la clase media se volvió la principal en el Perú. La narrativa falsa también dice que la desigualdad aumentó cuando, en realidad, esta disminuyó significativamente en todo el país. A raíz de estos logros nos sucedió algo inesperado: al pasar de ser un país pobre a uno de ingresos medios, la ayuda de entidades internacionales para el Perú se contrajo fuertemente. Esos son los costos del éxito.

La explicación de por qué salió todo tan bien en términos económicos entre 1996 y 2016 es bastante sencilla. Primero, se creó un entorno mucho más favorable para hacer negocios como producto de la liberalización del mercado, lo que atrajo una gran cantidad de inversiones. Esas inversiones crearon muchos nuevos puestos de trabajo con mejores remuneraciones. El aumento de ingresos por más y mejor empleo explicó casi el 90% de la disminución de la pobreza en el Perú. En otras palabras: la inversión genera empleos de calidad; el empleo genera ingresos; y los ingresos disminuyen la pobreza.

Hace más de dos años, cuando escribía sobre este tema, solo podía hablar del pasado porque hasta entonces no habíamos tenido un crecimiento significativo de la inversión privada desde el 2013 (salvo por el rebote post pandemia). La situación empezó a cambiar en el cuarto trimestre del 2024, cuando la inversión privada creció 6%, y desde entonces ha tenido un ritmo cada vez mayor, hasta alcanzar aproximadamente 15% en el segundo trimestre del 2026. ¡En total siete trimestres continuos con tasas de inversión privada significativas! La última vez que esto ocurrió, como dijimos, fue en el junio del 2013. Esto significa que por primera vez en más de diez años vamos a ver lo que sucede cuando la inversión privada crece de manera sostenida.

El resultado, como era de esperar, es que el empleo formal a nivel nacional ha estado creciendo a un ritmo muy superior al aumento de la fuerza laboral. Así, durante estos siete trimestres, el número de empleados formales ha crecido, en promedio, 280.000 al año. La fuerza laboral en este mismo periodo aumentó en un promedio de 150.000 anuales. Es decir, se han creado casi el doble de empleos formales que los que se necesitarían para darle trabajo a todos los que ingresan al mercado laboral. ¡Ya en Lima se ha alcanzado la tasa de desempleo más baja desde que se tiene registro hace 25 años!

Pero se pone mejor. Como los salarios en el sector formal más que duplican a los del sector informal, la mayor creación de puestos formales indica un fuerte aumento en los ingresos por trabajo. Además, los trabajadores empiezan a escasear en algunos sectores y este es otro factor que impulsa los salarios. Este doble efecto de aumento en empleo y aumento en ingresos explica gran parte de la reciente reducción de la pobreza en 2025: casi dos puntos. Y lo más importante es que recién se ha empezado a notar, porque las cifras del 2026 son bastante mejores que las del 2025. La tendencia actual es muy favorable.

Entonces, ¿estamos ya para coser y cantarle a nuestro éxito? En realidad, no, si bien se ha comenzado a mejorar mucho. Esta mejora no se debe, por supuesto, a este desastroso gobierno de Perú Libre. Se debe a la extraordinariamente favorable situación de los precios mundiales de nuestros productos de exportación. Al valer mucho más, los productos que exportamos generan más ingresos para las empresas y sus trabajadores, más impuestos, mayores compras a terceros y, así, un círculo virtuoso. El mayor gasto se va extendiendo por los canales que conectan al aparato productivo del Perú con su sector minero, lo cual es otra cosa que la falsa narrativa niega. Para muestra, basta notar que Apurímac, que hace menos de 15 años era la segunda región más pobre del Perú, hoy tiene menos pobreza que la ciudad de Lima. Todo gracias a la puesta en marcha del proyecto minero Las Bambas.

Pero este bienestar depende hoy, en gran parte, de los precios de nuestros minerales, sobre los cuales no tenemos ningún control. Cuando los precios detengan su tendencia alcista, que esperemos no sea en el futuro cercano, debemos asegurarnos de que ya no dependamos principalmente de ellos.

¿Cómo lograrlo? Creando nuevas oportunidades de inversión además de la minería. El agro moderno, por ejemplo, tiene la ventaja de generar abundante empleo directo cuando invierte y de contar con muchos proyectos casi listos para desarrollar. Y así existen muchísimas oportunidades, algunas absolutamente desconocidas, esperando a un emprendedor que las descubra.

El nuevo gobierno tendrá retos inmediatos, como El Niño y la seguridad pública. Pero para la posteridad será el crecimiento económico lo que hará que su gestión sea considerada un éxito o un fracaso. Afortunadamente, tiene una actitud favorable a la inversión, y eso cuenta por mucho.

Su labor será dejar que el pueblo peruano pueda poner todo su esfuerzo en la construcción de un futuro mejor, algo que el gobierno de los últimos años le negó. No le resultará nada difícil superar la valla dejada por el gobierno saliente, profundamente incompetente y que brilla por su ausencia. La oportunidad existe. Esperemos que el nuevo gobierno pueda aprovechar la mayor ventaja que tiene el Perú, su gente trabajadora, y nos deje a los peruanos, ahora sí, trabajar.