Y se toma sus tiempos, dadas las complicaciones que se presentan en los costos, métodos de investigación, búsqueda de financiación y captura de las situaciones o emociones que involucra, avanzando muchas veces con sus propios recursos. Situación que hace que sus películas se desarrollen a lo largo de varios años y casi al ritmo de la vida misma, caminando con ella. Recorriendo esos espacios paralelos, registrándolos, documentándolos, siendo un testigo vivo de las transformaciones accidentales o provocadas que suceden en los casos que capta o denuncia. Nos muestra su versión vivida del periodismo, ese que habla sobre los sucesos sociales del momento o que se involucra en situaciones de conflicto y en historias personales más radicales, insistiendo en eso de que no se puede abandonar una historia cuando el camino se vuelve duro y difícil.

Y así es el cine en el Perú; requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Más aún en el documental independiente, en donde el interés no está ligado a los éxitos o a las ganancias, sino a evidenciar espacios y tiempos que son importantes para los conflictos que conllevan las subsistencias. Así trabaja Delia, subrayando temas que nos son vitales, que hablan sobre crecimientos culturales, fenómenos adversos, la comunicación o lo que fuera necesario y capte su aguda atención. Visita, investiga y observa (tanto en nuestras zonas urbanas como en las rurales), cómo en este país vivimos apoyándonos permanentemente en nuestros esfuerzos por la supervivencia. Porque en el Perú la supervivencia es un tema de esfuerzos, y las realidades nos son hostiles.

Y lo evidencia y manifiesta con una vocación intensa, larga y firme en sus posiciones. En películas como El Señor de Pachacamac, que marcó su camino como documentalista. Alas de Vida, Madre Mar, Esas voces que curan y El Rey del desierto se está muriendo. Luego vino Volviendo a la luz, que le tomó cuatro años y en donde desarrolla un tema que la perturbó desde niña, el Holocausto. Aquí se compromete con sus emociones más perturbadoras y entrevista a sobrevivientes judíos que han escapado del horror vivido en carne propia, reconstruyendo sus vidas en el Perú. Un trabajo muy intenso y emocional para ella, en donde muchas veces apaga la cámara para llorar y abrazarse con sus entrevistados.

Y es así como se compromete en reflexiones, denuncias o simplemente subrayando realidades que considera importantes, y lo son. Ahora, involucrada en la decisión de abogar por nuestra naturaleza con El Llamado de la Llama, un documental en proceso que tiene a este animal como protagonista y cuenta con 5000 años de historia andina. El trabajo analiza el drama de las llamas, las familias llameras y las razones que empujan su dramático declive. Es una obra de gran relevancia que apoya el llamado por la supervivencia de sus protagonistas, no solo en el Perú, sino en las comunidades pastoriles de todo el mundo, las cuales en sus memorables luchas eventualmente se debilitan y flaquean. Y eso es lo que observa y divulga, porque su mirada es vasta, profunda y trae consecuencias; tiene memoria.

Tomemos, por ejemplo, el tema de los feriados. El ministro de Economía tenía una posición a favor de la revisión, bien sustentada en su proyecto. La presidenta lo desautorizó y Galarreta ni lo mencionó. ¿Aumento del sueldo mínimo? Lo anuncia la presidenta, el ministro lo parte en dos, y lo posterga; y Galarreta ni lo recuerda. ¿Obra pública? Fujimori se quedó sola. Ni Cuba, ni Galarreta han hablado de las obras que ella ofreció el 28 de julio. Y así podríamos seguir.

La inconsistencia no está en las tres distintas manos que escribieron tres distintos textos. El problema es que el trío mas poderoso el Perú no esta alineado. Obviamente, hay consenso (hasta con la oposición) en lo que es inminente. Nadie se opone a reducir la delincuencia o la anemia infantil, y todos queremos que los niños entiendan lo que leen. Pero, en asuntos que pueden ser impopulares, Fujimori y Galarreta corren y Cuba (que es el único que puede defender técnicamente sus reformas) se está quedando solo. Hasta la solicitud de facultades legislativas, parece que ya solo será para revisar tributación de pymes.

Pero, además de la incoherencia interna, hay otro problema. Las normas que el fujimorismo promovió, para el enemigo, son las normas con las que tiene que gobernar. El primer obstáculo, ya superado, es la iniciativa de gasto del Congreso, pero el daño causado aún no ha sido remediado y en esto se juega todo, en solitario, el ministro de Economía. Va a tener que enfrentar a maestros que creían que volvía la cédula viva (un régimen pensionario impagable), a militares que iban por lo mismo y a trabajadores CAS que cobrarían como personal nombrado. Su única esperanza es el Tribunal Constitucional, que no es precisamente, un templo del liberalismo económico. Sobre el déficit fiscal ni una palabra de Galarreta o Fujimori. Tal vez, porque saben que es ridículo culpar a gobiernos anteriores como en pleno debate lo hizo el ahora diputado de Fuerza Popular, José Arista. ¿El exviceministro de Hacienda de Alan García, exgobernador, exministro de Economía de Manuel Merino y de Dina Boluarte, reclama por la mala gestión de gobiernos anteriores?

Keiko Fujimori se especializó en fastidiar a los ministros de Kuczynski con citaciones, interpelaciones y censuras. Con Pedro Castillo no tenía una bancada tan grande, pero construyó una alianza para lo mismo. Uno de los objetivos fue controlar todas las contrataciones de personal de alto nivel en el Ejecutivo, bajo la premisa de no permitir que los incompetentes amigos de Castillo entren al poder. Se impusieron normas tan rígidas que hoy Galarreta se queja de la imposibilidad de atraer al Ejecutivo a personal calificado o de confianza.

El peor ejemplo de este control sobre el Ejecutivo es el caso de Óscar Arriola, comandante general de la Policía. El ministro del Interior ha reconocido que no puede sustituirlo porque la Ley 31570 (aprobada con entusiasmo por las hoy bancadas de gobierno) lo prohíbe. Dijo Astudillo ante el Congreso: “¿Por qué pasó? Ya no es materia de análisis”. Pues yo sí creo que debemos recordar. Pedro Castillo había cambiado cinco comandantes generales de Policía en 13 meses de gobierno. Con razón o sin ella, era una prerrogativa del presidente de la República. Como tantas otras cosas que le quitaron a la institución presidencial en el quinquenio pasado, obligaron a que se dé estabilidad de dos años a quien fuera nombrado. 82 votos a favor tuvieron para aprobar la norma, votos de muchos de los reelegidos hoy de Fuerza Popular y Renovación Popular. Por supuesto, ahora el ministro del Interior pide que deroguen la norma. ¿Por qué la van a derogar los mismos que la aprobaron? ¿No está la demostración más evidente de que Fuerza Popular ha mal gobernado el país por años?

Al margen de la ley, poca vergüenza puede tener un funcionario para no renunciar cuando el ministro dice que solo lo mantiene porque está impedido de removerlo. Pero eso de la vergüenza parece ser un valor olvidado en la Policía Nacional. Restarle 500 muertos a la estadística embrujada de asesinatos da cuenta de cómo va la moral interna. ¿Así creen que van a vencer al crimen? ¿Con un líder descalificado por el propio gobierno?

Dos asuntos son la primera y más urgente preocupación del país y ambos están en el discurso de Galarreta. El primero es la seguridad. El segundo, el clima. El problema más grave es que en ambos hay un conjunto de medidas sueltas, pero ningún plan. ¿Las medidas pueden ser positivas? Sin duda. Hacer control migratorio y regular el uso de motocicletas son acciones deseables, pero ¿son las fundamentales? Usar cuarteles en desuso como cárceles es una medida transitoria, pero no eficiente a largo plazo. El ahora diputado Harvey Colchado (que conoce del tema) ha propuesto un par de medidas legislativas bastante más eficaces y sensatas para acabar con la extorsión. Y todo pasa por dinero invertido en la Policía. Solo así se hace inteligencia. Rodear a los penales de soldados no va a reducir ni el sicariato ni la extorsión.

Para desgracia del país, el domingo pasado, mientras Keiko influencer hablaba de maquillaje, una lluvia histórica anegó el sur de Lima. siete milímetros son nada en una ciudad con drenaje y extensas áreas verdes. Lima no tiene ninguna de las dos. Más al sur, afectando Arequipa, Moquegua y Tacna, varias quebradas secas se activaron, interrumpiendo la Panamericana Sur. En el Perú las carreteras son las arterias de la economía. Si se cortan, el país se infarta. Dos escenarios, urbano y carreteras, que son solo un pequeño anticipo de lo que nos espera con un Fenómeno del Niño bautizado por la prensa como 'Godzilla'. Algunos modelos pronostican que puede ser el peor de los que se tenga registro.

¿Estuvo a la altura el gobierno? Seis días para abrir pase en la Panamericana (sigue restringido mientras escribo) y un pésimo manejo de la comunicación por parte del ministro de Economía es el saldo de esta primera semana. Falta de todo. Motobombas, helicópteros, puentes Bailey, batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas, lugares de refugio, centros hospitalarios designados como a prueba de inundaciones. Es decir, un inventario es urgente y no lo conocemos. ¿Lo conoce el Ejecutivo?

Keiko Fujimori se convirtió en congresista en 2006. Los veinte años siguientes se preparó para ser presidenta. Este es el examen final. Ser oposición, en mayoría, es fácil. Se hace daño y no respondes por este. Ser gobernante es otra cosa y las respuestas al país no van a llegar desde la frivolidad.

En 2015, el Congreso aprobó la Ley N° 30305, que modificó la Constitución para prohibir que los alcaldes se reelijan de manera inmediata. La idea era que ningún burgomaestre pueda perpetuarse en el sillón en que los ciudadanos tengan garantizada la posibilidad de elegir algo distinto si así lo deciden. Esa norma sigue vigente. Lo que también sigue vigente es la creatividad de quienes no quieren dejar el poder.

Al respecto, lo que ocurrió antes del 5 de agosto, fecha límite para renuncias de candidatos, merece recordarse. 135 alcaldes elegidos en 2022 se inscribieron como primeros regidores en las listas de sus propios distritos, poniendo a otra persona como candidato a la alcaldía. En la mayoría de casos, el candidato a la alcaldía es alguien de la misma gestión, un funcionario de confianza, un colaborador cercano o un familiar directo. El caso más conocido es el del alcalde que dimitió a su gestión a Lima, Rafael López Aliaga, pero el fenómeno se extiende por Arequipa, Ucayali, La Libertad y decenas de distritos en todo el territorio.

En varios de ellos, el renunciante es un familiar directo de la autoridad actual. Somos Perú lidera el patrón con 12 casos, seguido por Alianza para el Progreso con 10 y Renovación Popular con 6. Es un modus operandi y tiene un solo propósito: garantizar que la misma gestión continúe independientemente de quién figure en la papeleta como candidato principal.

El problema que esto le genera al votante es concreto. Quien vota creyendo elegir algo distinto puede estar eligiendo exactamente lo mismo que ya tiene. Y si la gestión actual es deficiente, con obras paralizadas, servicios deteriorados o denuncias sin resolver, ese sufragio termina siendo una prórroga involuntaria de lo que precisamente quería cambiar.

Por eso, es fundamental, en aras del mejoramiento de la democracia -esto es, de la calidad de los servidores públicos que se eligen para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía-, preguntarse quién figura como teniente alcalde de la organización política por la que se opte y si ese nombre coincide con la autoridad actual del distrito. A partir de ese discernimiento, cada votante decidirá si premia la gestión o la castiga optando por otro candidato.

El voto ciudadano consciente es el único mecanismo disponible para reconocer las buenas obras u optar por opciones diferentes. El siguiente depende del Congreso, que debería impulsar un debate para determinar si se habilita la reelección en comicios subnacionales.

El Perú conoce eso como muchos países de la región. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó decenas de miles de fallecidos y personas desaparecidas. Esos afectados tienen rostros distintos y victimarios distintos.

Pero esa es una tarea pendiente. De acuerdo con el propio presidente de la CVR, Salomón Lerner, dicho informe nunca fue presentado como un punto final sino como una base para profundizar la búsqueda de la verdad. Veintitrés años después, esa tarea sigue abierta.

Están los campesinos quechuahablantes del sur andino masacrados por Sendero Luminoso, los policías y militares asesinados en emboscadas, los huérfanos que crecieron sin padre ni madre, así como aquellas víctimas ultimadas por agentes del Estado y actuaron fuera de todo marco legal. Todas esas familias, todas víctimas, merecen el mismo reconocimiento, la misma verdad y la misma reparación. La distinción del perpetrador no puede ser razón para que las instituciones atiendan a unas y abandonen a otras.

Lo que el nuevo gobierno ha hecho en sus primeras semanas apunta en una dirección que preocupa. El titular del Minjus propuso trasladar el LUM a su cartera. Esto mientras los aliados del Ejecutivo en el Congreso impulsaron la Ley 32107 para prescribir los crímenes del conflicto y una tipificación de lesa humanidad más restrictiva que el propio Estatuto de Roma.

En la misma línea, el presupuesto para las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos sigue siendo insuficiente y nada en el pedido de facultades delegadas sugiere que esa situación vaya a revertirse.

No obstante, resultan destacables iniciativas cívicas como las de la diputada del partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, quien ha propuesto convocar a la ciudadanía a visitas guiadas en el LUM, con expertos. Es fundamental que los peruanos puedan dar fe de la importancia de estos espacios para la convivencia pacífica. Solo lo que se conoce puede defenderse.

Por lo tanto, en el día internacional de las víctimas del terrorismo este diario recuerda que la reconciliación que el Perú necesita pasa primero por la verdad y la justicia. La preservación de la memoria son mandatos del Estado frente a sus propios ciudadanos y frente a la comunidad internacional, como garantía de civismo. En esa línea, ningún gobierno ni parlamento debería desmontarlas ni siquiera intentarlo.