Sin embargo, cuando esa representación falla, ocurren crisis políticas, caracterizadas por constantes episodios de inestabilidad institucional y que redundan en el aumento sostenido de la desconfianza en el Estado. Y lo medular es que todos esos problemas persistentes en el Perú tienen su raíz en ese mismo quiebre.

El Latinobarómetro 2025/2026 acaba de publicar que el 90 % de los peruanos no se siente representado por su Congreso. Es el porcentaje más alto de toda América Latina, catorce puntos por encima del promedio regional.

Solo el 9 % de los ciudadanos siente que el Parlamento los representa. Se trata del veredicto acumulado de una ciudadanía que lleva años observando cómo sus autoridades toman decisiones que no tienen nada que ver con sus necesidades.

Vale recordar que cuando el fujimorismo obtuvo más de 70 congresistas en 2016, millones de peruanos depositaron en esa bancada la esperanza de que alguien los escuchara. Lo que ocurrió después es lo que ese 90 % está midiendo. Lo mismo puede decirse de los parlamentarios de Perú Libre que, en lugar de representar con fidelidad a las regiones que los eligieron, prefirieron pactar con el fujimorismo para repartirse espacios de poder.

Contra quienes justifican esa infidelidad al voto soberano, es pertinente afirmar que la negociación política es legítima y los espacios de diálogo también son necesarios en una sociedad que aspira a ser democrática. Lo que resulta inaceptable es que ese diálogo sirva para traicionar a quienes pusieron a cada parlamentario en su curul.

En ese sentido, esta casa editorial recuerda que la herramienta más poderosa de una democracia reside en quien elige y no en quien es elegido. Exigir rendición de cuentas a los representantes, fiscalizar sus decisiones y castigar con el voto a quienes se dedican a disputas que no solucionan la vida de la gente es exactamente el ejercicio democrático que ese 90 % reclama. Ad portas de los comicios subnacionales, vale la pena no perder de vista ese derecho sustancial sin el que la democracia existe.

Permanece 18 años en Europa, visita Suiza y España y regresa al Perú en 1918; ya tenía 35 años. Apenas llega, practica en la Quinta Heeren como aprendiz por tres meses, en el taller de Teófilo Castillo. Ingresa en 1919 a Bellas Artes siendo alumna fundadora en una época en la que el alumnado femenino superaba al masculino. Las mujeres recibían clases en talleres separados y solo podían trabajar desnudo femenino; se veían restricciones. 

Era la época del segundo gobierno de José Pardo; el descontento popular y la carestía de la vida provocan intensas protestas. Paradójicamente, se aprueban normas protectoras para el trabajo de mujeres y menores de edad y se modifica la Constitución para permitir la libertad religiosa. También se declara oficial la jornada de ocho horas de trabajo. El 4 de julio de 1919, un golpe de Estado liderado por Augusto B. Leguía termina con el gobierno de Pardo, instaurando una nueva dictadura. Se promulga la Constitución de 1920, dándole reconocimiento legal a las comunidades indígenas. Leguía impone la Conscripción Vial (el trabajo obligatorio gratuito en las carreteras para los campesinos). En este ambiente de ebullición política, reformas y protestas, se genera en la cultura peruana un compromiso político que se manifiesta en todos los ámbitos culturales, con la participación de una nueva generación intelectual comprometida y que defiende un renovado interés por el conocimiento del país.

Codesido se une a las protestas con su trabajo, de alguna manera contestatario, enfatizando la despreciada belleza de los patrones genéticos indígenas y la importancia que se debe dar al llamado “arte popular” andino, divulgándolo y dándole mayor cobertura. Incluyendo en sus representaciones objetos artesanales producidos en distintos puntos del país (adonde viaja). Objetos percibidos por ella y sus colegas artistas como expresiones de un arte auténticamente peruano, desarrollándose una cultura visual “mestiza” patrocinada por intelectuales del momento como Sabogal, Camino Brendt, Arguedas, Teresa Carvallo, Camilo Blas, Elena Izcue y la misma Julia Codesido, entre otros.

Para estos momentos, Codesido practica en el taller de Daniel Hernández, pero su inquietud artística la lleva a solicitar su traslado al taller del profesor auxiliar José Sabogal (1922), en donde encuentra una estética más acorde con la suya. En esa época había una gran efervescencia política y José Sabogal defiende, frente a sus alumnos, la reivindicación y defensa del indígena y de la cultura andina, fundando el grupo conocido como movimiento indigenista.

Dentro de este grupo destaca José Carlos Mariátegui, quien en 1926 funda la revista Amauta, para difundir el pensamiento socialista y las ideas de vanguardia. Julia Codesido pasa rápidamente a ser colaboradora de esta revista y del movimiento que se le desprende, entrando en contacto con corrientes intelectuales contemporáneas para promocionar ese nuevo movimiento conocido ya como indigenismo.

Hacia 1935 parte a México, adonde regresa para exponer en 1960 en la galería de la Sala de Exposiciones del Palacio de Bellas Artes, presentada por David Alfaro Siqueiros. Luego es recomendada por José Clemente Orozco para una exhibición en la galería Delphic Studios en Nueva York, muestra que pasa al Museo de Arte Moderno de San Francisco, California, institución que en 1937 adquiere una de sus obras para su colección. En 1939 expone en la galería Barreiro en París, recomendada por René Hugues, conservador del Museo del Louvre, y la Municipalidad de París adquiere su obra “Indias Huancas” para la colección del Museo de Arte Moderno.

El 8 de mayo de 1979 muere una mujer sin edad. Muy moderna para su época, caminando siempre en mocasines y con una boina en la cabeza, recorriendo el Perú en buses y camiones. Siendo una de las máximas representantes de la pintura indigenista peruana.

En 1977 se le otorga el Premio Nacional de Cultura.

Sin embargo, el Senado, cuyo reglamento le permite aprobar, modificar o rechazar lo que la Cámara de Diputados decide, no tiene definido con precisión hasta dónde puede llegar esa modificación. Y sin esa definición, cualquier decisión que tome sobre las facultades delegadas puede ser una reescritura completa de lo que la Cámara Baja decidió, sin posibilidad de revisión posterior.

El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, ha planteado cinco preguntas que la Comisión de Constitución del Senado debe responder antes de revisar las facultades delegadas: qué significa desnaturalizar una propuesta, si los límites alcanzan a los textos sustitutorios y a los cambios hechos en el Pleno, qué criterios deben aplicar la Comisión y el Pleno y qué consecuencia procede si se exceden esos límites. Son preguntas que cualquier sistema bicameral serio debería tener respondidas desde el primer día. No obstante, el hecho de que no lo estén no solo es un descuido sino el resultado del diseño que el Congreso anterior aprobó.

Ese diseño tiene un problema estructural que este diario advirtió en su momento. La Constitución modificada por la mayoría parlamentaria del pacto de cogobierno pasado, bajo liderazgo fujimorista, le otorgó al Senado la última palabra sobre cualquier propuesta legislativa que venga de Diputados, con envío directo al Ejecutivo sin retorno a la Cámara Baja.

En los modelos bicamerales que funcionan bien, como el español, el alemán o el chileno, las modificaciones sustanciales de la Cámara Alta deben regresar a la cámara de origen para su refrendo. En el diseño peruano actual eso no ocurre. Y esa asimetría favorece exactamente a quien diseñó el sistema.

La Comisión de Constitución del Senado puede y debe establecer una regla de conexidad que impida incorporar materias ajenas al texto aprobado por Diputados y que obligue a consultar con la cámara de origen cuando los cambios sean sustanciales.

Un poder sin límites claros no es democrático sino un instrumento de abuso. Y el Perú ya conoce bien cómo termina esa historia.