-En este segundo volumen, me acerqué a lo gastronómico, para mostrar —me interesaba— el fenómeno recientísimo, pero profundo, de cómo la comida ha pasado a ser la dimensión simbólica por la cual los peruanos encuentran ahí la principal forma de reconocerse en tanto peruanos.Eso es súper reciente: hace treinta años no hubiera sido así. La gente hubiera dicho el huayno, Vallejo, Machu Picchu, los incas; hubiera encontrado una serie de símbolos, pero no hubiera acudido a la comida. Hoy, tanto en el interior del Perú como en el extranjero, el reconocimiento nacional pasa por esa dimensión culinaria.

Es un proceso muy reciente, pero sobre todo muy global, porque analizo tanto el fenómeno gastronómico —vamos a decir, "por arriba", la gran gastronomía— como "por abajo", la comida popular: la aparición de una cantidad de platos que tiene que ver con esta construcción nacional, con influencias de todas partes

- Anotas el éxito del “mostrito” y el “pollo a la brasa”en esa construcción. Que no provienen de élites.

- Y que no son por antonomasia peruanos. Es la llegada al Perú de formas europeas de cocinar el pollo. O, en el caso del mostrito, que es con arroz chaufa, tiene influencia china. Y entonces puedes encontrar cómo esa dimensión tan fundamental de la construcción nacional de los últimos años, en realidad, es una forma nacional de procesar algo que hace muy poco hubiera podido ser leído como algo ajeno.

- Hasta el papa León XIV contrató a una cocinera peruana al Vaticano, y tras su elección las redes explotaron con memes de comida.

- Sí, y que ahora el agua bendita iba a ser Inca Kola y la hostia unos chifles (risas) O sea, mi punto es que hace treinta años graficar la peruanidad del papa no hubiera pasado por la comida.

- Al final de tu texto también destacas que nuestro desafío principal no es la lealtad nacional como la que puede generar un ceviche, sino la injusticia y la indolencia ante la pobreza. Y estamos como estamos. En la actualidad hay algunos peruanos que siguen esperando que Keiko Fujimori gobierne como su padre. ¿Existen realmente similitudes entre Alberto y Keiko?

- Yo creo que, en lo fundamental, no. Yo creo que Keiko Fujimori es más hija de los últimos diez años que de su padre. Es decir, tal vez el padre es una buena forma de llegar al gobierno, de plantear la diferencia. El padre supuso una gran ruptura en el Perú. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que si de algo estamos claros es que el gobierno de Alberto Fujimori supone la ruptura de un statu quo que prevalecía en el país. Es decir, en un montón de ámbitos, Alberto Fujimori resetea el país de unas maneras, con unas consecuencias, que pocos gobiernos en la historia del Perú han tenido.

Es decir, tú puedes decir que, en el plano estatal, la derrota de Sendero Luminoso y de los grupos subversivos es la readquisición de las funciones básicas de un Estado, de la estatalidad, del monopolio de la violencia. En términos políticos, el autogolpe y toda una serie de prácticas que él impone —el desprecio a la deliberación, a la partidocracia, al Congreso— es la llegada del mundo del independiente, del outsider, del tránsfuga. Resetea la política también y, además, resetea la economía: rearticula, renueva la relación entre economía, Estado y sociedad en el Perú, cosa que queda sellada y sacramentada en la Constitución del 93.

Entonces es alguien, diría, transformador, un modernizador —con corrupción, con violaciones a los derechos humanos, con autoritarismo—, pero no es un agente del statu quo; es un agente del cambio.

- ¿Estás diciendo que ella no cambiará nada?

- Estoy diciendo que ella es lo opuesto. El padre encarna un momento de transformaciones; ella encarna el statu quo, y por lo menos en este mes en el Ejecutivo deja ver que es también un agente —creo que en la campaña se notó— cuya inclinación es a reproducir el statu quo, no a transformarlo. Entonces, en ese sentido fundamental, de lectura con distancia histórica, más allá de los detalles, ella es, digamos, lo contrario del padre: es una fuerza del statu quo y no de su transformación.

- ¿Y si la comparas con Pedro Castillo?

- Por lo que hemos visto en este mes, que el peligro mayor en el Perú sigue siendo el desorden antes que la tiranía. Es más peligrosa la mediocridad que te lleve al desgobierno que la producción de un régimen autoritario, totalitario. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha estaban en capacidad de producir realmente eso. Uno podría decir, como Mafalda, que esto no es el “acabose” sino el "continuose". Y, la verdad, la veo perdida, en el sentido de que en ella me parece un problema más grave que en otros, porque ella ha vendido la idea de que con ella llega el orden. Pensemos en la inseguridad y muchas otras incertidumbres que aquejan a los peruanos. No tiene el poder ni siquiera para dar un indicador de que está pensando cómo transforma eso; peor aún, ni siquiera da la imagen de tener poder, autoridad, control sobre su gobierno.

- ¿Manda poco porque tiene poco poder, o manda poco por incompetente?

- A mí me da la impresión de que, en realidad, la incapacidad para gobernar proviene, en primer lugar, de la incompetencia, y, en segundo lugar, porque tiene unos incentivos perversos, me parece, para sostener el statu quoque produce el desorden en el país.

- ¿Incentivos perversos?

- Por ejemplo, en Trujillo. ¿Cuál ha sido el interés fundamental del gobierno? ¿Ha sido resolver el crimen, capturar a los malhechores, hacer una investigación seria para entender qué ha ocurrido? ¿O estaban realmente desesperados por hacer control de daños mediático ante lo que ocurría? Además, un control de daños mediático realmente malo: unos aprendices de brujo, mentirosos amateurs del asunto.

Ella y su gente necesitan una policía poco profesional,precarizada, corrupta, que pueda funcionar en los márgenes o por fuera de la ley, porque, eventualmente, cuando haya que reprimir, cuando haya algún problema que los involucre, los necesita en esa condición de poco profesional. Pero esa misma condición de policía —del sector del Interior— poco profesional, sin reforma, es lo mismo que hace imposible que tú puedas solucionar la situación de inseguridad y criminalidad del país.

Entonces, por eso digo que están los incentivos: no lo tienen. Por eso es que, a esa misma policía, que todo el mundo sabe que en Trujillo hace años está involucrada, de una u otra manera, con la corrupción y con el crimen. Pero, en realidad, es a esa policía a la que hay que destacar, premiar, amnistiar, llenar de loas, porque saben que eventualmente la van a necesitar: son un roto para un descosido. Por eso creo que ese es un ejemplo, en donde el incentivo del gobierno, lamentablemente, no está en poder hacer un buen gobierno.

- Déjame hacer un poco de abogado del diablo: dicen que es muy poco tiempo para evaluar al gobierno. Comparado con los primeros días de gobiernos de la última década, ¿cómo observas este primer mes frente a ese riesgo de anarquía que mencionas?

- Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que una cosa que podemos decir de positivo es que, primero, a diferencia, como dices, de lo que hemos visto en los últimos años, apareció un gabinete de ministros. Ahora, por lo menos, hay un gabinete más visible. Más visible no quiere decir que sea más efectivo, porque no necesariamente es un buen gabinete —más allá de que creo que hay un par de ministros que pueden serlo, que lo son—.

Pero, efectivamente, volvió un gabinete, y creo que, en algún sentido, en el país vuelve un poquito, al menos, la política. Es decir, nos acostumbramos, los últimos años, a que había una aplanadora permanente de nada más que impunidad y microchoreo. Creo que ahora aparecen ciertos debates: la Cámara de Diputados le dice que no a esto, el Ejecutivo tiene que explicar. Hay como la reaparición de un poquito de política, que me parece saludable.

Pero, del otro lado, está —insisto, lo principal, me parece— que volvemos a lo de la continuidad: la incompetencia, la mediocridad. Me parece que eso es lo que hereda, esencialmente, de los últimos diez años. Los últimos diez años son lo que ha sido la verdadera escuela política de Keiko Fujimori: ese mundo detrás, en el Congreso, organizando el toma y daca de las leyes que dan impunidad, prebendas, que clientelizan.

- De hostigar al opositor.

-De hostigar al opositor, por supuesto. Pero de gobernar, nada. Es ese mercado persa, el mundo del toma y daca, en el cual todo tiene su precio. Y ese mundo no te prepara para gobernar, no te prepara para el mundo del Ejecutivo. Más bien, creo que se acostumbraron a ese espacio de politiquería, y por eso no tienen planes, no tienen iniciativas, no tienen cuadros, no tienen la competencia.

-Vinculando esto con el plano global: el Perú se abre a las iniciativas del gobierno de Trump y hace unos días rompió relaciones con Irán. Pareciera que se está administrando para el gobierno de Trump y no para el país.

- Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, sí, y no es la única. Creo que hay un alineamiento decidido de muchos de los gobiernos de la región con Estados Unidos, y el nuestro no es la excepción. Digamos que, el caso del canciller Espá, o es una imposición de los Estados Unidos, o les pareció que era una forma de quedar muy bien con ellos poniendo a alguien que haya sido funcionario de ellos por muchosaños. Entonces, creo que eso es algo que está ocurriendo. De hecho, habrá que ver: Marco Rubio llega al Perú la próxima semana, así que habrá que ver cómo se sigue desarrollando esa relación y qué impacto tiene para nosotros, sobre todo en la relación con China. El Perúdebería cuidar su relación con ambos países. Pero vamos a ver si tenemos la capacidad y la voluntad de poder hacerlo.

- Pero Trump está a punto de perder terreno en el parlamento en los comicios de medio término de EEUU. ¿Estamos llegando a la cúspide de esta anarquía libertaria?

- Yo creo que sí. Me da la impresión, por una serie de dimensiones, de que nadie tiene hoy mucha capacidad en América Latina de llevar a cabo, realmente, gobiernos decididamente exitosos. La capacidad estatal no te alcanza, la economía política de los países tampoco te da para redistribuir, el crecimiento económico es mucho menor del que debería ser, la criminalidad y la inseguridad avanzan, y al mismo tiempo tienes sociedades mucho más impacientes, por no decir neurotizadas por el teléfono y su avalancha incontenible de videos y malas noticias. En ese contexto, no es tan fácil construir, a partir del mandato que se recibe en las elecciones, un gobierno efectivo. Creo que no es fácil hoy y no lo está siendo para muchos de esos gobiernos, ¿no?

Uno podría decir que Noboa, en Ecuador, a pesar de todo el performance bukelista, la verdad es que no consigue reducir de manera importante la tasa de homicidios en Ecuador; de hecho, perdió un referéndum importante hace unos meses. Creo que es más fácil tener una retórica inflamada para excitar a los propios y enervar a los contrarios que tener, realmente, la capacidad de construir gobiernos eficaces. Y me temo que el fujimorismo pasaráun poco por ahí también. Curiosamente, me parece que, en lo que hemos visto en los últimos años y en este mes en el Ejecutivo, no encaja en esa derecha radical nueva: la de Bukele, la de Milei, la de Bolsonaro. No tiene ese ánimo, no tiene ese afán polarizante, no tiene esa relectura de la historia del país, no se ve como un punto de quiebre; no hay una lectura, no hay batalla cultural.

- ¿Cómo que no? ¿Y el LUM?

- El LUM me parece que es una controversia de este momento en la que ni siquiera están de acuerdo; fíjate que no se ponen de acuerdo: el ministro de Justicia se lo quiere llevar, el ministro de Cultura dice que no, que el LUM se queda ahí. Me parece que eso es, nuevamente, mediocridad: ni siquiera tienen un discurso establecido sobre qué quieren hacer con el LUM. Es decir, si sabemos lo que quisieran es que no exista nada, ¿no? Pero, ni siquiera a ese nivel tienes un desarrollo ideológico, programático, un discurso sobre el asunto; es más bien un rechazo visceral, identitario, digamos. Es una derecha que ni siquiera cumple con esas características. Y tampoco, obviamente, es ya una derecha neoliberal: me parece que está claro, desde hace años, que el fujimorismo erosiona el orden macroeconómico cada vez que puede, que es un actor principal del debilitamiento tecnocrático del país, que ha apoyado todas las normas que el Consejo Fiscal dice que están haciendo un boquete en la economía peruana. Entonces, tampoco es una derecha neoliberal: es una derecha del patrimonialismo.

Como todos recuerdan, las elecciones en primera vuelta no se realizaron en un conjunto de colegios de Lima, por falta de despliegue de material. Pospuestas hasta el día siguiente, la propuesta pública de Rafael López Aliaga fue declarar la nulidad del proceso. Desde las primeras horas del domingo 12 de abril, alegó fraude. Varias cosas se han sabido después. La primera es que el despliegue de ese material (el que no llegó y el que llegó tarde) correspondía a locales de votación muy cercanos al almacén de la ONPE. No había ninguna razón logística para la tardanza, cuando el material se había desplegado con éxito en puntos remotísimos de todo el Perú. Lo segundo, el JNE lo sabía. El sábado 11 sus fiscalizadores concurrieron a los locales a verificar y reportaron que el material no había llegado. Esa noche todos los reportes habían llegado. Nunca llamó a la ONPE a reportar.

Luego vino la persecución a Corvetto. Y aquí el relato de Gálvez es una pieza nueva del rompecabezas. Las faltas eran administrativas, pero no penales. Sin embargo, el procurador del JNE fue instruido por el presidente de la institución para que ese mismo lunes 13 lo denunciara, junto a otros funcionarios, por delitos contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Según el fiscal de la Nación, Arriola lo increpó, exigiéndole capturas en flagrancia. Evidentemente, era arbitrario. Los actos imputados, de ser ciertos, habían concluido el lunes 13 en la noche. Arriola le indicó que sus fiscales no eran “machos”. La narración textual de Gálvez es: “Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos”.

¿Qué significaba detener en flagrancia por estos supuestos delitos electorales? Dejemos que lo explique el mismo fiscal: “Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”. Ni Arriola, ni Gálvez son ingenuos. ¿Por qué Arriola buscaba la nulidad del proceso? ¿El JNE buscaba lo mismo? ¿Por eso se necesitaba “valor”?

La hipótesis de un sabotaje interno contra Corvetto para declarar nulo el proceso adquiere una nueva dimensión con esta información, aunque faltan más piezas. ¿Por qué no lo lograron? Posiblemente porque no contaron con la respuesta de Gálvez, ni con un hecho ilegal y, por ello, probablemente descartado por los conspiradores: Corvetto renunció. Al aceptarse su renuncia y al no haber ningún delito probado (al no haber flagrancia, pasa a investigación) no hay nada que anular. Ante estos hechos se puede apreciar mejor la desesperación de López Aliaga (todos conocíamos las encuestas no publicadas en las que él no ganaba) amenazando con sodomizar al presidente del JNE si no declaraba nulas las elecciones.

Un detalle más, uno de esos extraños momentos que no significan nada si no se tiene contexto. Tengo a la vista un oficio del 11 de abril dirigido al entonces secretario general de la ONPE. Se lo envía el secretario general del Ministerio del Interior. En este documento se le pide que se incorpore a Oscar Arriola el domingo 12 de abril en el Centro de Soporte (Sede principal de la ONPE). ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? También tengo la respuesta de la ONPE. Le dijeron que no, porque ahí solo podía estar un oficial de enlace que ya había sido designado, con su adjunto. ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? ¿Qué michi le tocaba hacer en el Centro de Soporte? ¿Por qué este apresurado pedido un día antes de las elecciones, cuando ya los fiscalizadores del JNE sabían e informaban que el material no había llegado?

Esta historia continuará, no hay duda. Dos asuntos más sobre la lucha contra el crimen. Luego del desastre de Trujillo, queda claro que por arrebatarle la investigación a la Fiscalía y entregársela a la Policía, ninguna de las dos instituciones está funcionando bien. La Policía no hace bien actuando sin consultar. Cuando lo hace, presenta presuntos delincuentes enanos o le hace una galería de fotos a un ministro de Defensa que nada tiene que hacer interrogando (“conversando”) con delincuentes, con el riesgo de contaminar todo el proceso. Con la cantidad de abogados que hay en el gabinete, ¿no hay uno que por piedad le pueda explicar al ingeniero Belaunde todo lo que hizo mal? Está bien no saber, pero se pregunta. ¿O Arriola tampoco sabía?

Un asunto final para el ministro de Defensa y la presidenta. No necesitan facultades para vencer al delito. El que les vendió el cuento de declarar “hostiles” a organizaciones criminales los ha engañado y mal. El decreto legislativo 1095, artículo 3, inciso f, tiene una definición acotada de qué cosa es un grupo hostil. El requisito esencial (que no tienen Los Pulpos, la Jauría o el Tren de Arawa) es que se alzan contra el Estado, de forma prolongada con armas de fuego. Eso fueron Sendero Luminoso o el MRTA. No los chalecos de la minería ilegal. Tampoco sirve para sacar una ametralladora y disparar contra población civil. No se hagan ilusiones.

La definición se ajusta a los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. Supongo que sus asesores los han informado sobre su vigencia, ¿verdad? Y supongo que no pretenden modificar un tratado internacional con facultades legislativas. Espero no equivocarme. Aunque con Fernando Rospigliosi, violar tratados internacionales ya es cosa conocida.

El fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre Rafael López Aliaga es un ejemplo de ese comportamiento centralista, que se condice con las resistencias regionales. Los Jurados Electorales Especiales de diversas provincias, con menos recursos y menos exposición pública, aplicaron el espíritu de la Constitución con más valentía que el máximo organismo electoral del país.

Esta casa editorial ha destacado, por ejemplo, la valiente decisión del JEE de Morropón que excluyó a un alcalde por la misma maniobra que López Aliaga ejecuta en Lima, con el mismo argumento constitucional y el mismo razonamiento jurídico. Sin embargo, el JNE, presidido por Roberto Burneo, decidió ir en sentido contrario.

Pero, destaquemos las resistencias democráticas. El magistrado Gonzalo González Barrón emitió un voto en minoría advirtiendo que hay una incompatibilidad legal y constitucional evidente, que se trata de una reelección encubierta y que la nulidad de la candidatura podría declararse de oficio ante la flagrante violación de la Constitución. Es decir, el propio JNE tuvo adentro el argumento correcto y la mayoría eligió, con un criterio lejano al jurídico, no aplicarlo.

Esa decisión tiene consecuencias que van más allá del caso López Aliaga. Al validar la maniobra más visible y más documentada del proceso electoral, el JNE estableció jurisprudencia permisiva para los otros 62 casos de reelección encubierta identificados en todo el país.

Lo que acaba de permitir Burneo y los firmantes de esta resolución es que cualquier candidato encubierto del país puede ahora invocar el precedente del JNE para sostener sus candidaturas. En pocas palabras, el máximo organismo electoral le abrió la puerta a la arbitrariedad en todo el territorio nacional.

Finalmente, la permisividad del JNE no cancela el derecho ciudadano a elegir. Lo que sí cancela es la posibilidad de que ese derecho se ejerza con plena información sobre quién está realmente detrás de cada lista. Y esa evidencia, con la acción contraria a las reglas democráticas del JNE en favor de López Aliaga, ya la tiene el elector.

Cuando la prensa interpela a la presidenta o a cualquiera de sus ministros y legisladores de su bancada, la respuesta es que “es muy pronto” y que “esperan” que el Congreso no dilate el otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad.

Pero omiten un gran detalle: los instrumentos para actuar existen. Los decretos de urgencia que habrían permitido actuar con celeridad sin pasar por el Parlamento siguen sin emitirse. Lo que falta es la decisión política de usarlos.

El caso del comandante general Óscar Arriola ilustra esa carencia gubernamental. El ministro del Interior, César Astudillo, dijo públicamente que no pueden removerlo por la Ley 31570. Lo usó de argumento de defensa, omitiendo que esa norma fue aprobada con respaldo fujimorista en el Congreso anterior.

Los decretos prometidos en el discurso inaugural no requieren aprobación del Congreso. Son potestad exclusiva del Ejecutivo. Pedir facultades al Parlamento para lo que ya puede hacer con instrumentos propios no es una estrategia de seguridad. Es una forma de trasladar la responsabilidad cuando los resultados no llegan.

151 homicidios en el primer mes de gobierno, 75,5 % con arma de fuego, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. El general Arriola sigue en su cargo. Los decretos de urgencia siguen sin emitirse. Y el país sigue esperando que el Gobierno use las herramientas que ya tiene antes de pedir las que todavía no le han dado.

Mientras tanto, las leyes procrimen que el Congreso saliente aprobó siguen vigentes y nadie en el Gobierno las menciona. Menos mal existen iniciativas parlamentarias que ya están proponiendo derogaciones que medirán la responsabilidad del Gobierno desde su representación en el Senado.