El Perú votará en el peor escenario luego de soportar los primeros 10 años de una profunda crisis. El relato principal de la campaña para la segunda vuelta pretende que las dos opciones son antagónicas e iguales y dibuja una disputa convencional: una opción de derecha y la otra de izquierda, una que representa al sistema y la otra al antisistema, y una que garantiza la estabilidad y la otra inestabilidad.

Demasiado fácil, demasiado simple. El Perú de 2026 no es el de 2006, 2011 o 2016. Ni siquiera el de 2021. La que experimenta el Perú es una polarización desigual, entre un régimen autoritario que pretende consolidarse si gana la elección, y su oposición, aun considerando que quien lo lidera presenta credenciales con varios agujeros.

La negación del autoritarismo actual es explicable en la derecha radical y las familias políticas y empresariales cómodas con lo conseguido hasta ahora de un régimen que sustrajo las reglas democráticas básicas y depreda los bienes públicos. No es explicable, sin embargo, en quienes individual y colectivamente se han enfrentado a las arbitrariedades de este régimen y alertan sobre el riesgo de su prolongación.

¿Qué se juega en la segunda vuelta? Precisamente la temida continuidad del poder instalado luego del fallido golpe de Castillo —su necio legado— y que solo pudo consolidarse a costa de una feroz represión de los territorios del sur del país. Si se hace a un lado la cuestión democrática, no hay voto democrático.

¿Deberíamos esperar otro momento, un momento ideal, para respaldar a un candidato que merezca nuestro voto? No sé si ese momento aparecerá en el mediano plazo. Tomando en cuenta que el trasfondo de esta crisis es el histórico veto de las demandas de igualdad, justicia y desarrollo para todos, quizás deberíamos esperar un plazo más largo. Y bueno, Keynes nos recordó que a largo plazo todos estaremos muertos.

Tres grandes resultados del 12 de abril desdicen la negación autoritaria involuntaria; son decisivos para el futuro más allá de las elecciones, inclusive. El primero es la resistencia del Perú antielectoral que —como en Guatemala de 2023— bloqueó la política de hechos consumados del poder que creía que podía llevarse fácil las elecciones. El país resistente se negó a respaldar alguna candidatura con antelación en un alto porcentaje (43%, según IEP) y decidió su voto pocos días antes del 12 de abril. En este cuadro, sin adherir al discurso que sobredimensiona la demora en la instalación de mesas de sufragio, que uno de cada cuatro ciudadanos se abstuviese de votar optimiza la importancia del país antielectoral.

Este comportamiento, lo más cercano a un voto estratégico, que llevó a buena parte de ciudadanos a “probar” candidatos, consumó la remodelación y simplificación del arco político. Si el corte se realiza desde la democracia, se tienen dos identidades: dos partidos a favor del régimen híbrido y cuatro contra este. Si el corte se realiza desde lo ideológico, se tienen dos partidos de derecha radical, dos de un centro “nuevo” y todavía difuso, y dos de izquierda, una más populista que la otra.

El segundo resultado grande es la derrota del pacto parlamentario que, a pesar de manejar los hilos del poder y dotarse de leyes para aprovecharlas electoralmente, obtuvo bajas votaciones. Dos de sus partidos —Fuerza Popular y Renovación Popular— superaron la valla electoral, pero los otros cinco fueron pulverizados. La estrategia que pretendió que la primera vuelta gire sobre los ejes caviar/anticaviar y sistema/antisistema fracasó. El eje decisivo fue pacto/antipacto.

El efecto agregado de ambos resultados proyecta de modo ineludible el castigo ciudadano a los grupos que capturaron el Estado y acallaron la demanda de adelanto electoral entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En conjunto, las siete candidaturas del pacto obtuvieron 29% de votos emitidos, en tanto las trece candidaturas antipacto el 48%.

Un tercer resultado significativo es la reiteración de la doble fragmentación territorial del voto que indica que en los territorios no hay nada definitivo en la pugna por la vigencia de la democracia y los derechos. La incomprensión de estos fenómenos conduce a la imagen equívoca de un mapa político repartido en tres o cuatro colores y a la percepción igualmente errada de la idea que las urnas transmiten sobre el poder.

En la primera fragmentación territorial, de corte nacional, se tiene que la costa entre Tumbes e Ica es un corredor relativamente inclinado a la opción radical de derecha y tolerante con la capital. Sucede lo mismo con una parte de la Amazonía —Loreto, Ucayali y San Martín— aunque esta adhesión es al mismo tiempo crítica del centralismo. En cambio, la sierra peruana, del norte, centro y sur, incluido el Altiplano, en varios tonos y matices es adversaria de la opción radical de derecha y, al mismo tiempo, fuertemente anticentralista, con una presencia populista matizada por las votaciones significativas para el nuevo centro que emergió en la primera vuelta.

En la segunda fragmentación territorial, la de corte regional, se tiene un voto contramayoritario que no pretende concentrar el poder sino diluirlo en varias opciones, aunque el sistema electoral diseñado por el pacto parlamentario permitió que la derecha extrema se encuentre en mejores posibilidades de controlar el Senado a pesar de las bajas votaciones.

La revisión de los porcentajes obtenidos por los seis partidos que superaron la valla electoral en 10 plazas con mayor volumen electoral —considerando los votos válidos que habilitan la asignación de escaños— proyecta un cuadro de adhesión limitada que relativiza el concepto de mayoría. Solo en La Libertad, Piura y Loreto, los dos grupos de la derecha radical —Fuerza Popular y Renovación Popular— superan juntos el tercio de votos. Suman menos votos en Áncash (24%), Ica (30%) y Junín (25%), y bajos registros en Cusco (10%), Ayacucho (11%), Cajamarca (17%) y Puno (5%).

Por su parte, la izquierda —JPP y Ahora Nación— supera el tercio de votos en Cusco (34%), Ayacucho (46%), Cajamarca (46%) y Puno (35%). Se acerca a la derecha en Áncash (23%) y Junín (23%), y registra bajas votaciones en Lambayeque (15%), Piura (16%), Ica (14%) y Loreto (14%).

El nuevo centro alcanza votaciones significativas en Lambayeque (18%), Piura (16%), Áncash (17%), Junín (19%) y Cajamarca (15%), y registros inesperados en Ica (20%), Cusco (22%), Ayacucho (20%) y Puno (22%), una performance pareja a excepción de Loreto (8%).

Lima Metropolitana sigue siendo especial en varios sentidos. Los dos grupos de la derecha que superan la valla electoral alcanzan 38.2%, las dos izquierdas 9.5% y los dos grupos de centro 24.5%. En esta plaza son significativos los porcentajes obtenidos por Álvarez (8.8%), Pérez Tello (4.3%) y Espá (3.9%). En la capital, la fragmentación es menor, pero debe ser registrada. Los voluminosos resultados de la derecha en los distritos mesocráticos disminuyen notablemente en la periferia limeña.

El 7 de junio, mirados los resultados del 12 de abril, nada está perdido para el voto democrático.

La lista, lo anticipo, puede parecer abrumadora. Pero hay eventos que bastan para mostrar el sentido de estos últimos estertores de desmontaje: está la insistencia de la mayoría en el Congreso por forzar un punto final para los casos pendientes en DD. HH.; está la arremetida de la Junta Nacional contra los jueces no alineados con las preferencias de la coalición; está la desestimación de casos emblemáticos como el de los albergues de niñas violadas convertidas en madres; están las inhabilitaciones duplicadas impuestas a la señora Espinoza; y está la intención de derogar las normas sobre el feminicidio y sancionar a las mujeres que piden protección por actos de violencia directa.

A esta compleja escena se ha agregado esta semana el cierre del caso Valkiria. Esta es la historia de esta entrega.

En noviembre de 2023, la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado allanaron tres inmuebles sobre la base de una delación que describió la forma en que se habían estado canjeando investigaciones penales con votos parlamentarios. Estos votos estuvieron primero dirigidos a separar de las fiscalías a la señora Zoraida Ávalos y luego a intervenir a la anterior Junta Nacional de Justicia. La causa: proteger a la hermana de Patricia Benavides, Enma Benavides, una jueza superior de larga trayectoria que arrastraba una pesada investigación sobre sobornos en casos de narcotráfico que fue registrada a finales de 2018. Patricia Benavides, para entonces fiscal de la Nación, había adquirido un importante capital político propio impulsando las primeras investigaciones contra Pedro Castillo. Pero quería archivar el caso de su hermana como diera lugar. Y en el camino había dejado documentos, vestigios de reuniones y testimonios que confirmaban cuáles eran sus intenciones.

Las secuelas de esta historia son agotadoras. Patricia Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 y destituida en mayo de 2024, pero la actual Junta Nacional ordenó su reposición en junio de 2025. En el marco de esta guerra, Delia Espinoza, la fiscal que la reemplazó en el cargo y que alentó las investigaciones, ha sido suspendida, inhabilitada, destituida, insultada en público y nuevamente inhabilitada en un proceso inacabable que aún no ha terminado.

Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo, había sido destituido en el marco de un caso semejante al caso Valkiria, el de los llamados “Cuellos Blancos del Puerto”. Él fue repuesto en el cargo en junio de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución que lo separó del cargo. Gálvez ha tomado el mando de la Fiscalía de la Nación desde que la señora Espinoza fue suspendida. Y prácticamente abrió su gestión anunciando que, mientras él estuviera en el cargo, las fiscalías no promoverían casos que involucren a quienes representan fuerzas políticas o ejercen altos cargos públicos.

Valkiria es, por supuesto, el principal entre esos casos. No es el único. Compite en importancia con las secuelas del caso de los “Cuellos Blancos del Puerto” y con el llamado caso “Cócteles”, sobre los fondos de la campaña de la señora Fujimori de los años 2011 y 2016. Pero frente a estos casos Valkiria tiene una particularidad: su historia no se explica solo por los allanamientos de noviembre de 2023 y los vestigios de corrupción que produjo. Valkiria gira alrededor del encubrimiento del caso de la señora Enma Benavides, la hermana de la fiscal que lo ha protagonizado. La historia de ese caso incluye la fuga del país de Edison Ruiz Martínez, un narcotraficante que fue detenido en Colombia en mayo de 2022, en el marco de las investigaciones seguidas por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Y se organiza alrededor de una lista confirmada de más de una decena de libertades sin justificación otorgadas por la Sala Penal que ella integró a favor de personas detenidas por narcotráfico.

El caso Benavides (Enma) es uno permanentemente incompleto. Ocho años después de la primera denuncia, cuatro desde la detención de Ruiz Martínez en Colombia, no existen registros públicos que permitan establecer su destino final. En un caso de este tipo, el protocolo estándar de una fiscalía habría exigido establecer si era o no posible llegar a acuerdos de delación eficientes con quienes fugaron en el marco de los sobornos que han sido denunciados. Es un caso que funciona, o habría funcionado, utilizando a tiempo los canales de la cooperación internacional. Un crimen como el perpetrado contra Marcelo Pecci habría facilitado que se abran todas las puertas para estas indagaciones. Sin embargo, el silencio de la fiscalía sobre el resultado de esta investigación ha sido lapidario.

Que no nos sorprenda entonces que la noticia que sigue sea la desestimación de este caso, ni que esa decisión sea registrada sin ningún esfuerzo serio por establecer lo que pasó.

Para entender el sentido de las cosas es imprescindible leer estas dos historias juntas: la del caso Valkiria y la del caso contra la jueza Benavides. Cuando se las pone en relación aparece un mecanismo: entre nosotros, la basura se esconde debajo de una alfombra. Esa alfombra se teje con hebras que se forman por el paso del tiempo. Y tiene la forma de un sinnúmero de cortinas de humo que se acumulan una sobre otra hasta hacernos olvidar el origen del tejido.

Un sistema institucional depredado y de escaso valor ofrece poca resistencia al desarrollo de estos mecanismos. Y llega exhausto al momento en que se proclaman los resultados finales de todo el montaje.

Ese es nuestro dilema existencial, por lo menos desde que Keiko Fujimori salió, hace 15 años, a tratar de convencernos de que ella es el mal menor de la política chola (salvo en el 2016, cuando no había duda posible). Pero, en cada ocasión, el cáncer y el sida traen comorbilidades capaces de comprometer, si no de aniquilar, el débil sistema inmunológico de este organismo llamado Perú.

Si Ollanta Humala o Pedro Castillo representaban al sida —el fujimorismo es, sin duda, nuestro cáncer metastásico desde hace décadas—, Roberto Sánchez es una versión empeorada y aumentada de sus predecesores, algo que ya se veía en su gesto de adoptar el sombrero como símbolo de su partido, cuando jamás ha vivido en el campo. Se trataba de oportunismo puro y duro, con el fin de aprovechar la popularidad de Castillo en el Perú rural después de haberlo abandonado —Sánchez, no el Perú— en su peor momento.

Pero ¿es Castillo solo un activo para Sánchez? Pues no. Todos recordamos que, más allá del controvertido autogolpe que terminó con su vacancia, estaba envuelto en corruptelas desde el inicio mismo de su gestión y eso es algo que su pupilo también tendrá que asumir, del mismo modo que lo hace Keiko Fujimori con su propio activo político: su padre.

El parecido no termina allí. Mientras Sánchez tiene a un radical Antauro que se complace enumerando a los políticos a los que fusilaría si llegara al poder (incluyendo a su hermano), Keiko Fujimori tiene a Fernando Rospigliosi, defensor impenitente de militares violadores de derechos humanos. También comparten un desprecio absoluto por la Constitución de 1993. Keiko, a través del Congreso que ha manejado todos estos años, cambió de un sopapo tres cuartas partes de ella. Él, por su parte, insiste en el cambio constitucional vía referéndum.

Sin embargo, por mucho cuestionamiento que se pueda hacer a Sánchez, nada es comparable con el amplísimo currículum de su rival, responsable de los desmanes de su bancada congresal que aprobó todas las leyes procrimen, eliminó las PASO, impuso una bicameralidad trucha, tomó la Sunedu, blindó a Dina Boluarte y José Jerí, y asaltó el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales y la Defensoría del Pueblo. Eso, sin contar su peor hazaña: haber destrozado la estabilidad política por el berrinche rencoroso del 2016.

Pero el dilema sigue y, para muchos, el voto en blanco aparece como la opción menos contaminante. También hay quienes quieren que Roberto Sánchez firme una hoja de ruta al estilo Ollanta Humala —que se “deshumalizó” en el 2011 y desató los odios de su hermano Antauro—, prometiendo no “venezuelizar” la economía nacional, aunque, valgan verdades, el cuco Venezuela pesa cada vez menos, sobre todo desde que Donald Trump se ha declarado presidente de ese país.

De otro lado, hay quienes, más desconfiados, piensan que la hoja de ruta debe más bien ser un compromiso de no aliarse con el pacto mafioso si las cosas se le ponen feas. Total, ya se conocen muy bien y han cogobernado en el Congreso, tanto que Sánchez puso su firma en más de una de las leyes procrimen.

Entonces, ¿por qué sí votar por él? Particularmente, solo hay un argumento plausible y no es la monserga manipuladora que están soltando sus allegados de que a él sí será fácil vacarlo. No lo será tanto, pues la ultraderecha tiene una mayoría ajustada en el Senado y, al frente, están los otros partidos de izquierda y la centroderecha de Jorge Nieto, que difícilmente se prestará a sus trapacerías.

El verdadero argumento a favor del voto a Sánchez es que ya Keiko Fujimori, en este mismo momento, tiene todo el poder: un Tribunal Constitucional hecho a su medida, una Junta Nacional de Justicia a su servicio, un defensor del pueblo acomedido, mayoría en el Senado (porque Renovación seguirá gobernando con ella, no lo duden), mandos militares agradecidos por leyes de amnistía, dobles sueldos y otros “favorcillos” y, por si fuera poco, un empresariado mercantilista y voraz al que el libre mercado y la democracia le interesan un reverendo pepino.

Entonces, darle la presidencia sería entregarle el poder absoluto y definitivo del que, vistos sus antecedentes, ya nadie podrá sacarla. No es gratuito que haya dicho que, si gana, gobernará como su padre, el mismo caballero que dio un autogolpe y que, si no fuera por muchos factores aleatorios, planeaba quedarse 20 años en el mando.

Hoy es más imprescindible que nunca ponerle un contrapeso, un freno, un check and balance, como dicen los gringos. Keiko Fujimori ya ha dado muestras de su aversión por la separación de poderes. ¡Los quiere todos! Y, si juzgamos solo por lo ocurrido en estos últimos años, el abuso de ese poder es su hobby favorito. Si no la paramos en esta, ¡ay, mamita!, Godzilla a su lado será una hermanita de la caridad.

Lo primero que se ha puesto en movimiento es la prensa. El Grupo El Comercio y Perú21, que cultivan con esmero la apariencia de ecuanimidad y seriedad periodística, han vuelto a hacer lo que hacen en tiempo electoral: ponerse la camiseta. Y, para sorpresa de nadie, es la camiseta naranja. Las coberturas, los énfasis, los silencios: el manual es conocido, y su repetición en este ciclo confirma que poco ha cambiado en los grandes medios de comunicación limeños cuando se trata de proteger determinados intereses políticos y económicos.

Mientras tanto, el Congreso saliente afronta su propio impulso final. Con los días contados, la mayoría conservadora y fujimorista refuerza su agenda antiderechos en lo que parece una carrera desesperada por dejar la cancha sembrada antes de entregar el mando. Dos ejemplos suficientemente ilustrativos: el proyecto aprobado que establece ciertos requisitos para tipificar delitos de lesa humanidad, que debilita la persecución de graves crímenes; además, está el proyecto que busca eliminar el feminicidio de nuestra legislación. El patrón es claro: legislar a toda velocidad para consolidar una arquitectura de poder que han venido construyendo durante cinco años.

Hay, sin embargo, señales de vida en las calles. Estudiantes en Quillabamba, en la avenida Universitaria, en distintos campus: la juventud universitaria ha comenzado a movilizarse exigiendo precios razonables en la PUCP, la no reelección en la UNMSM y mejores condiciones en la UNIQ. Son protestas del movimiento estudiantil, por ahora, pero coinciden con las primeras activaciones de espacios antifujimoristas que buscan encender un proceso que todavía no termina de calentarse. Si esta energía se articula o se dispersa es, quizás, la pregunta más importante de las próximas semanas.

¿Las encuestas? Aún no llegan, o no las publican. Habrá que esperar para ver cómo se distribuyen las preferencias en un electorado que, aunque hastiado, sabe perfectamente lo que está en juego el 12 de junio.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

El informe de la red Voces del Sur muestra que la libertad de prensa ha retrocedido tanto en dictaduras abiertas como en supuestas democracias formalmente vigentes. En Cuba, Nicaragua y Venezuela persisten formas tradicionales de represión: detenciones arbitrarias, exilio forzado, censura y persecución directa. Allí, el silenciamiento ocurre desde el control explícito del Estado.

Pero el verdadero desafío de nuestros días aparece en otro terreno: democracias donde el autoritarismo ya no necesita golpes militares para avanzar. El editorialista de The New York Times, Will Freeman, observaba recientemente que las democracias modernas ya no suelen morir derrocando presidentes, sino capturando gradualmente instituciones desde mayorías parlamentarias y abusando de las propias reglas democráticas para vaciarlas en favor de sus intereses particulares.

Ese fenómeno describe al Perú actual. El llamado pacto corrupto ha entendido que controlar el Congreso permite avanzar sobre fiscales, jueces, organismos autónomos y marcos legales sin necesidad de romper formalmente el orden democrático. Por eso, preocupa la amenaza de quienes anuncian “control” desde la siguiente legislatura.

En ese contexto, el periodismo se convierte en uno de los últimos espacios capaces de fiscalizar redes de corrupción vinculadas a economías ilegales y abusos estatales. Por eso, aumenta el hostigamiento.

El problema resulta aún más grave fuera de Lima. Los periodistas asesinados en el Perú durante 2025 trabajaban en espacios locales y regiones donde el Estado es muy débil y convive con actividades ilícitas e instituciones capturadas.

Algo similar ocurre con los defensores ambientales en la Amazonía. Son ciudadanos que, ante la ausencia estatal, terminan por exponer redes ilegales y apelan a la promesa de institucionalidad democrática para buscar protección. Pero esta suele llegar tarde o nunca llega. El resultado termina siendo el mismo: la muerte.

Sin embargo, la raíz del problema no reside únicamente en la falta de fuerza estatal. También aparece en el abuso de esa fuerza para capturar instituciones y en la utilización del poder para blindarse. Solucionar esto empezará con el voto crítico ante las opciones que el balotaje ha determinado y continuará con la observación participante de lo que realice el próximo Congreso bicameral.

La negativa a fiscalizar políticamente a los responsables se inscribe en una ofensiva mucho más amplia orientada a consolidar nuevas barreras de protección jurídica para agentes estatales involucrados en graves violaciones de derechos humanos.

Hace apenas unos días, la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi aprobó un predictamen que pretende modificar el tratamiento penal de los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal ha advertido que su verdadero propósito consiste en restringir la aplicación de esta figura penal y abrir nuevos márgenes de impunidad.

La congresista Ruth Luque ha denunciado que estas pretensiones de reformas normativas buscan restringir supuestos de aplicación reconocidos por el derecho internacional y podrían extender protección incluso sobre casos recientes, incluyendo violaciones ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

En ese contexto, lo ocurrido con Huancavelica adquiere una dimensión que los ciudadanos deben observar con claridad. El rechazo a interpelar al ministro de Defensa confirma que el Congreso no solo legisla para debilitar la persecución penal, sino que además se niega a ejercer control político frente a denuncias que comprometen la actuación letal del aparato estatal. Es el mismo parlamento que votó por blindar a Boluarte, a Merino y lo seguirá haciendo a quiénes les hayan servido con sometimiento a sus intereses particulares contrarios a los del pueblo.

El país ya conoce este libreto. Durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la subordinación mutua entre poder político y sectores militares encontró expresión en pactos de silencio y protección recíproca. El llamado "Acta de Sujeción" sintetizó ese modelo autoritario.

Hoy el Perú observa señales inquietantemente similares. Huancavelica exige justicia. El Congreso ha decidido, otra vez, ponerse del lado contrario. Sin embargo, se equivocan, nuevamente, en que la historia y la justicia los juzgarán más temprano que tarde.

Cincuenta años después de sus inicios en el mar, Bruno Portuguez resulta un gran pintor del Perú. El 14 de mayo inauguró Perú al pie del orbe, una exposición que va a ser histórica. Se está presentando en el Centro Cultural de Jesús María (av. Horacio Urteaga 535).

Tal como lo dice él, la muestra mencionada “es el resultado, cabal y contundente, de un largo y tenaz proceso por abrir, desarrollar y elevar un camino personal y decisivo en el espacio de la plástica peruana”.

Y, ¿quiénes son los personajes de esa exposición?

“Campesinos y campesinas, pescadores, mujeres, niños, ancianos, comuneras, mineros, músicos callejeros…, todos personajes anónimos, sin protagonismo alguno, llevando sobre sus espaldas nuestro quehacer cultural, sus ansias, sus sueños y sus luchas diarias. Ellos siempre han sido y son el centro de mi universo pictórico, de mi trabajo como pintor y espero estar a la altura de su presencia y de su perspectiva histórica”.

Más allá de lo que el pintor declara, los críticos y admiradores de su obra lo consideramos como un pintor prehispánico, un paracas o un mochica, tal vez. Aquellos fueron artistas que expresaron su cosmovisión, la religión y la vida cotidiana en murales, cerámica y tejidos, desesperados por dejar al futuro un mensaje de su tiempo.

La obra de aquellos no legó individualidades, sino un estilo colectivo que declara hasta nuestros días la razón de ser de la vieja patria.

La exposición que Bruno Portuguez presenta hoy tiene ese mismo espíritu. Lo pensaba yo, mientras admiraba sus cuadros y se me ocurrió preguntarle la relación entre su tarea artística y sus comienzos como pescador.

Ese fue el momento en que me reveló su secreto. Miró hacia todos los lados como para evitar que nos estuvieran observando y me contó las trazas de su iniciación en Paracas.

Por propia experiencia sé que los pescadores son las personas más pacientes y mentirosas del mundo. Sin embargo, debo aceptar como real y cierta la historia que me contó.

Cuando el joven cumplió doce años de edad, viajó con su progenitor a la bahía de Paracas. Allí consiguieron la lancha de un pescador amigo y se dirigieron hacia la cadena de islotes de las Islas Ballestas. La embarcación ancló en medio de centenares de lobos marinos. Allí escucharía la canción de aquellos como la más sublime melodía que habría de escuchar en toda su vida.

No sabía lo que ese grupo de extraños tenores, todos vestidos de frac, cantaban, pero se le ocurrió que declamaban una historia y que acaso lo hacían para él. Tal vez le estaban encomendando el destino de artista y la misión que aquello conlleva en el Perú.

Pensó que, terminado el acto, se iban a marchar, pero no fue así. El padre detuvo la lancha por una hora que él sintió como años y, mientras tanto, con ellos como espectadores invisibles, pasaron otras embarcaciones. Una de ellas traía entre los turistas a un hombre que le pareció ser un escritor y a una mujer que hablaba o cantaba con voz española.

No hubo un súbito rayo ni otro sonido sobrenatural, pero Bruno consideró que aquella había sido su ceremonia de iniciación.

Poco después, Bruno volvería al colegio. Luego, se concretaría el milagro… Superados los problemas de su pobreza familiar, Bruno pudo estudiar y graduarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estaba satisfecho, pero no del todo. “Quiero pintar el alma”, se dijo, y derivó hacia el retrato.

Según declara, “el retrato es lo más difícil de desarrolla en la pintura, pero es, a su vez, lo más elevado e intenso”. Muchas de las colecciones que ha pintado lo convierten en uno de los retratistas contemporáneos más importantes de nuestra América.

Más allá de eso, tal vez el pintor se ha acercado a lo que intentaba desde su niñez, ser una voz que proclame a los tiempos la alegría, el dolor y el sueño que nos ha animado a ser peruanos. Tal vez su pincel intenta hacer eterna nuestra esperanza.

Así es hoy y así fue el último día de 1889”.

Nos lo relata el escritor Luis José Cassaró en El Lurifico, un conjunto de leyendas que se difunden hoy por el norte del Perú.

-Esta leyenda tiene un origen- nos explica sobre el texto recientemente aparecido en la Feria Internacional del Libro de Trujillo.

Y agrega:

-Se trata más bien de los semiesclavos culíes chinos, quienes vinieron para reemplazar a los africanos en las tareas agrícolas cuando la esclavitud fue abolida por Ramón Castilla.

Como sabemos, un sistema de contrataciones con trampa hizo que miles de asiáticos subieran a barcos en su lejano país y se dirigieran al nuestro hacia mitad del siglo XIX. Se les prometía trabajos espléndidos y propiedades ni siquiera imaginadas.

Cuando el embaucado decía que no tenía dinero para pagar el pasaje, se le aseguraba que eso no era problema y que más bien lo pagaría en poco tiempo con su trabajo en el Perú.

Aquello nunca fue cierto. Los viajeros pasaron, sin mucho intermedio, de la esperanza ilimitada a una realidad que parecía una maldición. Aparte, la diferencia de idiomas les impedía hacerse entender y protestar ante el nuevo patrón. Más todavía, aquel les prohibió hablar entre ellos durante las malditas diez horas de trabajo.

Y, peor que todo, Juan Siete, el personaje de este relato, lleva ese nombre para sufrir mayor humillación. Su verdadero nombre es Lo Pan, pero los hacendados han decidido llamar a los chinos con el nombre de Juan y añadirle a este los números que fueran necesarios.

Así, en la obra de Cassaró, Lo Pan -o Juan Siete- soporta en silencio la “conversación” con Ernesto Ruiz Gonzales, el hijo del patrón, quien está allí para suceder a su padre e informarse de la realidad de la hacienda Lurifico.

-Recuerda que tú y tu mujer son míos. Me pertenecen -le advierte con severidad.

Sin embargo, hay cosas que los patrones no saben.

“Ese murmullo que trae el viento y esas voces que todos escuchan en los sueños, son el anuncio de que algo va a ocurrir el 31 de diciembre de 1889”.

La verdad es que Lo Pan es un sacerdote chino quien, enterado de los sufrimientos de su pueblo, ha traído al Perú los huevos de un dragón y los ha dejado calentar bajo la chimenea de la hacienda Lurifico.

Según calcula, uno de los huevos va a romperse esa noche y de ahí emergerá volando el ave mitológica que traerá la venganza y el honor a los desposeídos chinos contra la perversidad de los hacendados.

Lo curioso es que las historias de dragones se repiten en todas las culturas del mundo. En el mundo andino, la serpiente que vuela es el Amaru. Entre sus atributos también se halla el del justiciero que viene a cambiar el sistema áspero en que viven sus hijos.

Jorge Valcárcel Sáenz me trae al recuerdo un cuento de Luis Eduardo Valcárcel, su abuelo, publicado en los años 50 del siglo pasado.

“El matador de la serpiente voladora” es su título y recuerda la historia del príncipe inca Mayta Cápac, quien salió del Cusco y se internó en la selva para derrotar a un amaru negro, una serpiente voladora que dominaba los valles amazónicos y llenaba de dolor y espanto a sus habitantes.

Con la cabeza del dragón cortada, el joven príncipe se bañará en sangre y luego se convertirá en el emperador del ahora inmenso Tawantinsuyo.

Como se puede recordar, esta leyenda andina se parece enormemente, con baño de sangre incluido, a la historia inglesa de San Jorge haciéndole frente al dragón mitológico que despuebla Europa.

Durante todo el siglo XX se repitieron esas historias en Chepén. Se las asoció incluso con el dragón africano que, en 1720 asoló Zaña y convirtió la ciudad que iba a ser la capital del virreinato, en el conjunto de ruinas coloniales que ahora vemos.

Mucha gente sigue hablando de la posibilidad de que el dragón regrese y hay un extraño rumor que viene desde los cerros. Por si acaso, este cronista se encomendó al recuerdo del santo sacerdote Fernando y tomó pronto su vuelo de regreso a Lima.

En el imaginario colectivo de nuestra sociedad, muchas veces se piensa que los establecimientos penitenciarios son espacios de castigo, idea que suele imponerse sobre cualquier otra reflexión. No obstante, pocas veces nos preguntamos: ¿qué pasa después de culminada la condena? Dado que la mayoría de las personas privadas de libertad debe volver a la sociedad, surge una pregunta inevitable: ¿cómo nos gustaría que regresen? Claramente, la idea no es que vuelvan del encierro para cometer nuevos delitos.

En ese sentido, no basta con encerrar personas con la pena máxima y esperar a que regeneren su vida y comportamiento, sino que debemos empezar a hablar de resocialización. Es importante señalar que hablar de resocialización no significa minimizar ni perdonar el daño causado por el delito; al contrario, significa entender que una sociedad más segura también se construye evitando que una persona vuelva a delinquir. Para ello, el trabajo, la capacitación y la apertura de oportunidades cumplen un rol fundamental.

Ese es justamente el propósito del programa de Cárceles Productivas, una intervención del Instituto Nacional Penitenciario que transforma el tiempo de reclusión en una oportunidad para aprender un oficio, desarrollar disciplina y construir herramientas reales para volver a empezar. Detrás de cada producto elaborado dentro de un establecimiento penitenciario hay mucho más que una pieza artesanal o un emprendimiento. Hay historias de personas que decidieron utilizar ese tiempo para reconstruirse, a pesar de las condiciones de violencia y exclusión que muchas veces suelen atravesar. Son personas que aprendieron carpintería, costura, tejido, panadería, metalmecánica y muchos otros oficios que hoy les permiten sostener una actividad económica lícita y productiva. Y lo más importante es que muchos de esos artículos no tienen nada que envidiar a los del mercado tradicional, dado que son de gran calidad, con identidad propia, marcas registradas y una dedicación que muchas veces sorprende a quienes los conocen por primera vez.

Personalmente, he podido recorrer ferias y espacios donde mujeres y hombres, antes privados de libertad, sostienen emprendimientos gracias a lo aprendido en un penal. Algunos venden fuera del país y otros incluyen a sus familias, que comercializan sus productos mientras ellos cumplen su condena. Allí también ocurre la reinserción: en el vínculo que se reconstruye y en la confianza que vuelve a familias que se ven afectadas cuando un familiar comete un delito. Pero el mayor reto está fuera de esa burbuja: vencer el prejuicio y abrir oportunidades reales. Porque el trabajo devuelve dignidad, propósito y responsabilidad, y una segunda oportunidad puede hacer posible un futuro distinto.

Es importante creer en un país donde las segundas oportunidades sean posibles; un país donde corregir un error signifique más que cumplir una condena, y donde también implique retomar vínculos sociales, construir identidad y ser ciudadanos capaces de aportar a un futuro mejor para su entorno. Por ello, considero importante invitarlos a visitar la tienda de Cárceles Productivas, ubicada en el jirón Ica 197 - Cercado de Lima, donde podrán acercarse a las historias de hombres y mujeres que buscan ganarse esa segunda oportunidad a través del esfuerzo y la esperanza en un futuro mejor.

Las recientes elecciones en el Perú no solo dejaron un país fragmentado políticamente. También volvieron a mostrar una peligrosa normalización de algo que viene creciendo silenciosamente desde hace años: la manipulación digital como herramienta de poder y su financiación oculta. Terminada la jornada electoral, el ruido empezó antes que los resultados oficiales.

Denuncias sin pruebas, acusaciones de fraude, dinero a cambio de información, ataques a organismos electorales y llamados a desconocer los resultados comenzaron a circular con rapidez en redes sociales y plataformas digitales. Otra vez. Como si el país estuviera condenado a repetir el mismo libreto electoral.

Y quizás ese es el verdadero problema: que ya nos parece normal.

La democracia no se debilita únicamente cuando se roba dinero público o se negocian favores bajo la mesa. También se erosiona cuando se destruye deliberadamente la confianza ciudadana en las instituciones. Ahí aparece lo que podría llamarse una 'corrupción digital': una forma menos tangible, pero igual de peligrosa, de manipular el sistema democrático.

La corrupción digital no deja necesariamente contratos irregulares ni cuentas bancarias sospechosas. Deja algo más difícil de medir: desinformación, miedo, polarización y ciudadanos incapaces de distinguir entre hechos y propaganda. Opera desde redes sociales, campañas coordinadas, cuentas anónimas y discursos políticos que buscan desacreditar cualquier resultado que no les favorezca.

En el contexto electoral peruano, esta dinámica se ha vuelto especialmente preocupante. Algunos candidatos parecen haber entendido que desconocer resultados puede ser políticamente rentable. Instalar sospechas sin pruebas, hablar de fraude antes de que termine el conteo o convertir a las autoridades electorales en enemigos públicos ya no provoca el rechazo que debería suscitar en cualquier democracia sana.

Por el contrario, muchas veces genera aplausos, viralización y seguidores. Las redes sociales han cambiado las reglas de la política. Hoy una mentira emocional puede circular más rápido que una explicación técnica de la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones. Y mientras las instituciones intentan comunicar con formalidad, los algoritmos premian el escándalo, la indignación y el miedo.

No es casualidad que durante esta campaña electoral hayan proliferado videos manipulados, titulares engañosos y contenidos diseñados para alimentar la confrontación. La desinformación ya no es un fenómeno marginal; forma parte del ecosistema político contemporáneo.

Lo más grave es que muchas de estas narrativas no buscan necesariamente demostrar algo, sino sembrar dudas permanentes. Porque cuando un sector de la población deja de confiar en las elecciones, en los medios y en las instituciones, la democracia entra en una crisis mucho más profunda que cualquier resultado electoral. Y, en medio de ese escenario, las amenazas y ataques contra autoridades electorales, periodistas y actores públicos se han vuelto cada vez más frecuentes. El problema es que gran parte de esta violencia digital ocurre prácticamente sin consecuencias. La impunidad también se ha digitalizado.

Durante años, el Perú discutió la corrupción casi exclusivamente en términos económicos: sobornos, licitaciones, lavado de activos. Pero quizás ha llegado el momento de entender que también existe una corrupción que opera sobre la verdad, que manipula emociones, distorsiona hechos y convierte la mentira en estrategia política. Porque cuando la política deja de competir con propuestas y empieza a competir con teorías conspirativas, el daño no termina el día de las elecciones. El daño permanece en una sociedad cansada, polarizada y cada vez más desconfiada de todo lo que la rodea.