Ahora todo ha comenzado a cambiar. Un susurro que proviene del fondo de la casa anuncia al narrador y a Irene, su hermana, que algo va a apoderarse de su vivienda, que nada volverá a ser como antes y que el espacio poco a poco dejará de pertenecerles para serle entregado a una fuerza misteriosa.

Lo contó el escritor Julio Cortázar en un relato publicado en 1946 que se llama “Casa tomada”.

Casi ancianos, los últimos miembros de la familia llevan una vida rutinaria y tranquila, como si se estuvieran preparando para la muerte. Él visita librerías francesas mientras que Irene teje y, al parecer, desteje la misma campera. Sin embargo, algo les anuncia que el mundo va a cambiar.

Es ficción y no lo es. En Madrid, la historia se ha hecho real. Maricarmen Abascal, de 87 años, habitaba desde 1956 el mismo piso de la calle Sainz de Baranda. Pagaba 450 euros que restaba este año de una pensión de 1400. Sin embargo, todo cambió de pronto, pero no fue una fuerza misteriosa ni un desconocido maligno. Tampoco Satanás la espiaba detrás de un viejo cuadro. Fue una empresa llamada URBAGESTIÓN.

Aquella sociedad inmobiliaria compró la casa y le exigió una suma muy diferente. En vez de los 450 euros (1,700 soles) que abonaba, le exigieron pagar 2650 euros (o sea, 10 mil soles) al mes, aunque su pensión fuera inferior al monto de ese alquiler. En el caso de que aquello le pareciera un mal negocio, la empresa le sugería comprar el piso por unos 250 mil euros. Eso equivaldría, más o menos, a un millón de soles.

Maricarmen dijo siempre la verdad. No tenía esa cantidad ni banco alguno iba a prestarle ese dinero a una persona de 87 años. Ella siguió pagando los razonables 450 euros, pero URBAGESTIÓN era un monstruo con hambre.

No se trata de un invento literario. A estas alturas, en otras calles, otras ciudades y otros países, miles de personas como Maricarmen están sufriendo el mismo acoso judicial.

En la lógica de este sistema, los dueños del capital tienen la razón. Quieren sacar todos los dividendos que puedan de su inversión. Y eso es legal, pero no es justo ni humano. Tampoco es cristiano.  Es diabólico, pero es lícito.

Maricarmen estaba enferma. El 23 de septiembre se produjo el desahucio y, aunque el mundo se opusiera, un poderoso vehículo embistió la puerta. A la anciana la hicieron salir en camilla y terminó en un hospital.

Madrid es una ciudad turística y los empresarios lo saben. Por esa razón, han decidido comprarse, una por una, todas las casas y luego alquilarlas o venderlas a precios multiplicados. Eso ocurre en toda España, y alcanza también a los sobrinos y nietos de Maricarmen. Un joven de 18 años puede ingresar a la universidad, pero le resulta imposible pagar una habitación.

Eso ha empujado a centenares de miles de personas a protestar en las calles y acampar en plazas centrales de la capital española y de otras importantes ciudades. Tanto la lideresa Ayuso como los partidos ultraderechistas vienen sosteniendo el encargo y la defensa de URBAGESTIÓN y aducen que el capital es positivo y tiene todos los derechos. Incluso a cometer crímenes como este. Efectivamente, así es, dentro de un sistema perverso que antepone los intereses del capital sobre los derechos de los ciudadanos.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre, un par de semanas después de que la echaran de su casa. Sus últimas palabras fueron de gratitud para los españoles que la defendieron y de llamados a continuar una lucha por el derecho a la vivienda que pronto asumirá los caracteres de huelga general.

Cuando los personajes de la obra de Cortázar han sido empujados por la fuerza misteriosa hasta el fondo de la casa, toman un corredor que los conduce a la puerta. Son las once de la noche y el narrador se dice: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.

El Perú está atravesando esa prueba. A finales del año pasado, según Ipsos, el 64% de los jóvenes de entre 18 y 25 años emigraría si pudiera. Uno de cada dos peruanos comparte esa aspiración. La cifra refleja una evaluación sobre lo que el país ofrece y lo que no.

La inestabilidad política tiene costos concretos. La incapacidad de conducir el Estado ha alimentado una inseguridad que avanza sin contención y ha erosionado las condiciones económicas básicas para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida dentro del país. Y la cosecha concreta es que las faltas de esas condiciones son la consecuencia directa de años de gobernabilidad fallida.

Casi un año después de esa medición, el caso de Eduardo “Trvko” Ruiz Sanz, cuya muerte cumplió ayer un año, ilustra ese quiebre. La Inspectoría de la Policía Nacional absolvió al efectivo que le disparó.

Paralelamente, la Fiscalía mantiene un pedido de diez años contra el mismo hombre. La misma suerte atraviesan los deudos de los jóvenes asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Y lo mismo ocurrió con los responsables de Inti y Brayan. No hubo justicia.

Esa señal de desprotección no pasa desapercibida para una generación que ha crecido observando cómo la inestabilidad política intenta ser normalizada y la rendición de cuentas es casi inexistente. La oleada de erosión democrática que ha atravesado la región tiene en el Perú una expresión propia: un desgaste acumulado de la confianza institucional. Y los jóvenes, que tienen más años por vivir dentro de ese sistema, son quienes más sienten el peso de ese deterioro.

Los congresistas que representan a las regiones con mayor intención de emigración —el Sur con 58%, Lima con 59%— no han convertido esa cifra en agenda legislativa. La distancia entre lo que los jóvenes declaran querer y lo que sus representantes priorizan es, en sí misma, una medida del déficit democrático.

Retener a la siguiente generación no es una tarea de propaganda ni de incentivos temporales. Es, antes que cualquier otra cosa, una tarea institucional, de Estado: que el futuro dentro del país tenga al menos la misma densidad de posibilidades que el que se imagina afuera.

Tras años de investigar el gobierno metropolitano, concluí que la ciudad podrá construir vías rápidas, llenarse de baipases, instalar cientos de pantallas led y armar a su serenazgo hasta los dientes, pero no prosperará mientras no se fortalezca su componente político-institucional.

Para ello**,** se debe comprender que el alcalde de Lima es un alcalde metropolitano, el único que existe en la legislación actual. La Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que Lima, por su condición de capital y por sus funciones de gobierno regional, tiene un régimen especial que demanda competencias diferenciadas de las de una provincia regular y una configuración sui generis de sus relaciones con el gobierno nacional y con los cuarenta y dos distritos que la integran. Es, en términos teóricos, un alcalde “fuerte”, con deberes distintos de los de cualquier alcalde provincial y que exigen un conocimiento exhaustivo de la ley y la Constitución.

Lo peor que le podría pasar a la ciudad es que ocupe el sillón municipal alguien que no dialoga, que se impone frente al resto de autoridades y que, rodeado de tinterillos que le venden sebo de culebra, lee a su antojo la Ley Orgánica de Municipalidades para volver a un sillón que la Constitución le cierra.

El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Aun así, en estas elecciones se ensayó una forma de sortearlo. El alcalde metropolitano saliente, que dejó el cargo para postular a la Presidencia, se inscribió como primer regidor de su lista, el candidato a alcalde renunció y la lista llegó a la votación encabezada por quien la Constitución prohíbe reelegir. Se invoca el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, según el cual el teniente alcalde reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia, y una supuesta “jurisprudencia”. Ambos argumentos son falsos. El artículo 24 presupone un alcalde electo al que haya que reemplazar, y cuando gana una lista sin candidato a la alcaldía no hay a quién reemplazar. Los precedentes se refieren a regidores que asumieron cuando faltó el alcalde electo, nunca a un exalcalde del periodo inmediato anterior.

Por el contrario, en Nuevo Progreso**,** un primer regidor encabezó en 2022 una lista sin candidato a alcalde, ganó y fue proclamado alcalde. Cuando quiso postular nuevamente este año, el JNE se lo impidió por unanimidad. Las listas son cerradas y bloqueadas, y quien las encabeza es, en los hechos, elegido alcalde. Leerlo de otro modo, dijo la Resolución N.° 3126-2026-JNE, vaciaría de contenido el artículo 194. La apelante que perdió fue, curiosamente, el partido del exalcalde metropolitano. Proclamar alcalde a quien encabeza una lista sin candidato a la alcaldía, habiendo sido alcalde en el periodo anterior, es reelegirlo.

Esto se llama fraude a la ley. La doctrina lo describe como una conducta amparada en apariencia por una norma de cobertura que produce un resultado contrario a la norma defraudada. Aquí, la cobertura es la regla de proclamación, la norma defraudada es el artículo 194 y el resultado es una reelección encubierta.

¿Qué debe hacer el JNE en Lima? Proclamar al exalcalde solo como regidor, entregar la alcaldía al siguiente integrante de la lista que no tenga impedimento y dejar zanjado que aquel no podrá asumirla por reemplazo durante los próximos cuatro años.

La reforma de 2015 quiso impedir que un alcalde use su gestión como plataforma para quedarse. El Tribunal Constitucional, lamentablemente, la convalidó en 2018 (Exp. N.° 0008-2018-PI/TC) y concluyó que no existe un derecho fundamental a la reelección. Mientras esté vigente, corresponde respetarla. Si esta operación se convalida, las prohibiciones constitucionales serán opcionales para quien tenga un candidato dispuesto a renunciar. ¿Qué Estado de Derecho sería ese?

Es cierto que el JNE dejó correr la candidatura y que casi un tercio del electorado confió en ella. ¿Impedir su proclamación no sustituiría la voluntad popular por la de un tribunal?

La objeción no es trivial, pero no justifica una violación flagrante de la Constitución. La democracia constitucional es el gobierno de las mayorías dentro de un marco que la comunidad se dio a sí misma. Como enseñó Ferrajoli, hay una esfera de lo indecidible que ninguna mayoría ordinaria puede alterar. El voto es un derecho fundamental, pero su objeto es elegir entre opciones constitucionalmente válidas. El voto no crea elegibilidad donde la Constitución la niega.

Tampoco hay confianza legítima que proteger. El JNE nunca prometió convalidar un resultado inconstitucional. Si los electores votaron por él para que sea alcalde, lo eligieron alcalde, y eso es una reelección prohibida. Si votaron por una lista, entregar la alcaldía al siguiente integrante no defrauda a nadie, pues la lista conserva su victoria y su mayoría en el concejo.

Si algún vecino se siente defraudado, la frustración no puede venir del juez obligado a aplicar la Constitución, sino de quien le ofreció una opción constitucionalmente comprometida. Quien inventa interpretaciones para rodear la Constitución antes de llegar al sillón municipal difícilmente la respetará una vez sentado en él. El supuesto “buen vecino” no está a la altura del encargo.

…si aquí en mi corazón,
todas las noches
se desbordan los ríos

Juan Gonzalo Rose, «Carta a María Teresa»

Rose, poeta de la Generación del 50, pedía en ese poema: «Devolvedme mi patria». Lo leo y me pregunto en qué momento dejamos de sentir que este país nos cuida.

Si hubiera que escribir la agenda urgente del país, serían dos temas: la criminalidad y El Niño. En ambas hay vidas en juego y en ambas el discurso corre más rápido que los resultados.

Para el 97 % de los encuestados en la Encuesta del Poder 2026, Keiko Fujimori es la persona más poderosa del país. Keiko dice, Keiko promete, Keiko visita. Pero la inseguridad sigue condicionando nuestras vidas. Y en el acto del Comando Unificado, tras el altercado entre el ministro Astudillo y el senador Maraví, ella afirmó: «Los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando». ¿Avanzando hacia dónde, si el miedo sigue en la calle?

Con El Niño pasa igual. El 17 de agosto, en Villa El Salvador, Fujimori advirtió: «Si esto pasa con una llovizna, imagínense lo que pasará cuando lleguen las lluvias». Hay una herencia: en julio, casi 8 de cada 10 intervenciones previstas en ríos y quebradas no registraban inicio de ejecución. La herencia explica el punto de partida, no el rumbo: desde el 28 de julio, lo que se haga o se deje de hacer ante El Niño es responsabilidad plena de este Gobierno. En septiembre, la Autoridad Nacional del Agua informó que se intervenía en solo 17 de sus 70 puntos críticos.

Por eso, el discurso y la promesa deben ir de la mano de acciones concretas. Una foto junto a maquinaria no descolmata un río ni una puesta en escena da tranquilidad. «Devolvedme mi patria». El reclamo de Rose recupera hoy el sentido de urgencia: poder reconocernos en un país donde nuestras vidas merezcan cuidado y el poder actúe para protegerlas, y no para mirarse a sí mismo mientras la patria clama.

Keiko Fujimori. Nunca se sospechó que la mano dura terminaría siendo para los escolares de colegios públicos. Toda la libertad para los colegios privados. Las nuevas medidas no son propiamente educativas, sino estrictamente disciplinarias. Por ese camino, el tándem FFAA-PNP puede terminar disparando contra estudiantes, antes que contra criminales. Otrosí: ¿auditoría para el presupuesto educativo?

Pedro Pablo Kuczynski. Su permiso para salir del país cierra la historia de unas acusaciones mala leche. ¡Una banda criminal formada por él, su secretaria y su chofer! ¿Qué les pasó a los fiscales? Las víctimas de los fiscales ya podrían ir formando un estudio de abogados propio. ¿Fujimori y Humala abrirán juicio? ¿Qué pasa con las acusaciones exprés a Martín Vizcarra?

León XIV. Es muy de esperar que la cirugía al pulmón no cancele su llegada al Perú, pero podría afectarla. Podría demorarla o, una vez aquí, limitar su recorrido. La versión sobre los efectos médicos todavía no aparece. Si nada cambia, el nódulo pulmonar habrá sido mucho más leve de lo supuesto. Si posterga el viaje, eso producirá cambios políticos entre nosotros.

Rafael López Aliaga. Sus procaces amenazas han paralizado a todo el sistema de autoridades electorales. Aun así, su derecho a ocupar la alcaldía no está resuelto, y eso demora las cosas. Quizás es más fácil decirle NO a López Aliaga desde el JNE con el papa de visita en el Perú. Tal vez sus insólitos ataques a la ONPE son adelantos de una futura gritería sobre fraude.

Verónika Mendoza. ¿Por qué sus buenos resultados electorales en el Cusco están conmocionando tanto a la derecha? La sensación es que la región está recuperando la primacía política que tuvo tiempo atrás, comenzando por la del sur andino, y que una buena gestión de Mendoza proyectaría mucho a esta dirigente política hacia el 2031.

Sin embargo, lo que revela es, al mismo tiempo, un diagnóstico severo: el país promedia 60.2 puntos sobre 100, y solo el 7% de sus jurisdicciones alcanza el nivel esperado para 2030.

Dentro de todo ese universo, la región Loreto obtiene 11.7 puntos sobre 100 en el objetivo de educación de calidad. Es decir, la región más extensa del territorio nacional recibe en el indicador una nota que en cualquier colegio significaría repetir el año. Lamentablemente, es el resultado de la acumulación visible de años en que las políticas necesarias no llegaron a ejecutarse por la inestabilidad política y la corrupción.

Asimismo, es necesario remarcar que ninguno de los tres objetivos en situación crítica —educación, infraestructura y empleo digno— se resuelven en un solo periodo de gobierno. Se requieren, además de la continuidad de equipos profesionales en base al orden de méritos, acumular decisiones que trasciendan una gestión, una visión de Estado. El Perú ha tenido en la última década más ministros de educación que reformas educativas completadas.

Los seis territorios con peor desempeño, como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Amazonas y Puno, son también los más alejados del centro del poder. Y es tan tangible como la brecha de casi treinta puntos entre Moquegua, que encabeza el ranking con 71.7, y Loreto, que lo cierra con 42.6, habla por sí sola.

Vale recordar que la Agenda 2030 vence en cuatro años. Ante ello, lo que el índice entrega a los ciudadanos amazónicos es algo más que un diagnóstico. Les da la evidencia para exigir a sus representantes en el Congreso y los gobiernos locales, regionales y nacionales trabajar por ello. En eso consiste ejercer una ciudadanía activa.

¿Qué hace una embajadora de Palestina en el Perú en un contexto tan complejo como el que se vive en los territorios palestinos?

Primero quiero aclarar que lo que está pasando ahora en Palestina es mucho más que un conflicto, porque la terminología también es muy importante. Palestina está bajo ocupación hace décadas, es una historia larga de ocupación y ahora está definida como una ocupación ilegal. La Corte Internacional de Justicia ha dicho claramente que es una ocupación ilegal.

Con todo lo que está pasando, con el genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, puede parecer al público peruano que Perú tiene poco que ver, porque la distancia es muy larga. Pero en realidad sí hay mucha conexión, porque lo que está pasando en Palestina afecta a todo el mundo. Las consecuencias de la ocupación y del genocidio son globales, y lo que pasó en Gaza en estos casi tres años lo demostró más claro que nunca.

Lo que estamos haciendo en Perú es fortalecer esta relación. Perú reconoció a Palestina en 2011 y ha tenido una posición muy consistente en el multilateralismo. En las Naciones Unidas siempre votó a favor, siempre apoyó a Palestina y la solución de los dos estados, una solución pacífica y justa. Pero eso no es suficiente. Hay una sede de la OLP desde 1979 en Perú, así que es una relación muy larga. Aquí viene el papel de conectar las posiciones del multilateralismo con el trabajo bilateral, porque no basta con tener posiciones favorables en Naciones Unidas o votar a favor de resoluciones que exigen medidas concretas para acabar con esta ocupación. Hace falta tomar medidas e implementar estas posiciones, porque ahora las cosas están muy separadas.

¿Cuáles son los últimos reportes que tiene de Gaza? Las noticias vienen de todos lados y unas desmienten a otras.

Otra vez, lo que está pasando en Gaza es un genocidio, y no son palabras ni acusaciones. Hay investigaciones. La Comisión Internacional ha dicho el año pasado, en un informe muy detallado con información creíble, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

También es importante recordar que lo que ha pasado en estos tres años no surge de la nada. Son consecuencias de décadas de impunidad, de no rendir cuentas, de dejar que Israel haga lo que quiera sin consecuencias, y no solo sin consecuencias sino con apoyo en todos los ámbitos, diplomático, político y militar. Siguen los bloqueos y las restricciones. La población de Gaza depende por décadas de la ayuda humanitaria, que antes del genocidio no entraba tan bien como debería, y ahora la situación es mucho más grave.

A pesar del alto el fuego, que lo llaman alto el fuego pero no lo hay, más de 1300 personas fueron asesinadas desde octubre del 2025. El número total de muertos en Gaza es más de 70.000 personas, una cifra que tampoco creemos que sea correcta, porque hay muchos cuerpos que no se pudieron identificar. Hay hambruna, el sistema de agua no llega, solo hay seis litros de agua que pueden llegar. Los niños están sufriendo lo más. Hay un ataque deliberado a los niños, que también fue confirmado por la Comisión Internacional de la ONU en un informe detallado de 100 páginas sobre el asesinato deliberado de niños.

El diario israelí Haaretz titula en su editorial “Netanyahu sabía”, sobre los ataques del 7 de octubre. ¿Ven esperanzas en las próximas elecciones israelíes de un paso hacia la pacificación?

Para ser sincera, este Gobierno fue el más radical. Sus intenciones fueron muy claras, no las escondían. Sin vergüenza para nada han declarado la intención de exterminar a toda la población, y siguen haciéndolo. Los palestinos y el Gobierno palestino hemos sacrificado mucho solo por el objetivo de tener paz. Hemos usado todas las herramientas pacíficas que podemos para alcanzar este objetivo, pero el obstáculo siempre fue Israel. Distintos gobiernos lo venden de distintas maneras, pero estas medidas siempre fueron así. Creo que esta vez es más grave, está escalando a un nivel que nunca hemos visto.

Esperamos que en los próximos años haya elecciones israelíes y salga un gobierno con el que podamos trabajar y alcanzar la paz. Pero esto también requiere la voluntad política de la comunidad internacional de poner fin a todo esto y de que se rindan cuentas por todo lo que pasó.

La voluntad política internacional parece mayor que hace tres años hacia una solución de dos estados, como muestran las reacciones del Gobierno español y otros. Pero existe el factor Trump. ¿Puede haber un cambio con las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre?

Esperamos que haya conversaciones con Estados Unidos para intentar detener esto. Ya hubo la última resolución del Consejo de Seguridad. Pero otra vez no hay voluntad política, porque todo son declaraciones. Hay un contexto del que no se habla. No podemos alcanzar la paz ni poner fin a la situación sin hablar de la raíz del problema, y la raíz del problema es la ocupación ilegal. No podemos alcanzar una solución pacífica y justa para los palestinos si no se habla de la raíz del problema.

Sí hay más apoyo internacional en los últimos tres años. España, por ejemplo, fue la más consistente. Pero lamentablemente no son medidas colectivas de la comunidad internacional. Y no se pueden tener solo declaraciones sin medidas concretas. Ayer hubo una declaración de los países europeos y Canadá de poner fin al comercio con los asentamientos. Es una etapa en la dirección correcta, pero no es suficiente, porque si se hubiera hecho hace 30 o 40 años, o incluso antes, no estaríamos en esta situación. Es bienvenida esta decisión, pero falta mucho, mucho, mucho más para alcanzar el objetivo.

Quienes defienden al Gobierno de Netanyahu piden a la parte palestina crear condiciones institucionales que garanticen la seguridad de Israel, y afirman que la Autoridad Nacional Palestina tiene vínculos con el régimen iraní y que existe radicalismo de ese lado. ¿Cómo lo aclara?

Es muy importante aclarar esto. No vamos a negar que hay problemas, pero también son culpa de Israel y de la ocupación. Meter las cosas en este sentido da la imagen de un conflicto entre dos bandos, de dos países independientes en guerra, y esa no es la situación. Hay un pueblo bajo ocupación, un Estado bajo ocupación, y otro que está ocupando y violando todas las normas del derecho internacional. No creo que haya ninguna norma que no sea violada por Israel en derecho internacional. Hay que haber cambios y hay un compromiso de tener cambios, de tener elecciones.

¿Van a tener elecciones pronto?

Sí. El presidente ha declarado que habrá primero elecciones legislativas en octubre, y estamos preparándonos con un compromiso grande de tenerlas. Pero esto también depende de la ocupación de Israel, porque si no podemos tener elecciones en toda Palestina, en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén, no podemos avanzar. El problema esencial es la ocupación.

El tipo de gobierno y de gobernanza que los palestinos van a tener es parte de la autodeterminación del pueblo, y es el pueblo el que decide. No podemos distraer al público haciéndole creer que el problema está en los palestinos. No es el caso. Hay una historia muy larga de proceso de paz y de negociación, y el obstáculo siempre fue Israel, porque nunca tuvo interés. Eso fue muy claro desde antes de 1948. El público puede buscar y encontrar material sobre el objetivo de Israel, que es un proyecto colonial en Palestina. Es muy importante destacar y aclarar esto.

¿Cómo es la relación con las instituciones peruanas? Hay una liga peruano-palestina que se impulsa desde el Congreso.

Con el nuevo Gobierno estamos intentando seguir fortaleciendo la relación, porque ya existía. Esperamos que sea consistente con su posición sobre Palestina. He tenido varias reuniones en la Cancillería, pero no con el canciller. Me reuní con el vicecanciller y varias veces con el departamento de Medio Oriente. También tuve varias reuniones en el Congreso. Estamos intentando tener una reunión con el nuevo canciller y todavía no la hemos conseguido, lamentablemente. En esas reuniones reiteramos nuestra posición y que su posición bilateral tiene que ser consistente con la multilateral, de tomar más medidas concretas contra Israel, lo que va con la posición histórica del Perú.

¿Han solicitado formalmente esa audiencia con el canciller?

Sí, varias veces, incluso una solicitud de llamada telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores de Palestina. La respuesta es que la agenda del canciller es muy llena y la visita del papa.

 ¿Qué mensaje deja al ciudadano peruano que recibe noticias sobre Gaza y Cisjordania, para que tenga una perspectiva más amplia? La ONU lo ha calificado de genocidio. ¿Cómo recomienda acercarse a esa realidad?

Al genocidio y también a la limpieza étnica, porque en Cisjordania la situación también es grave. El terrorismo de colonos continúa y el avance de los asentamientos continúa. Lo importante es acercarse de manera objetiva, leer más, conocer más, ir más atrás en la historia de Palestina. ¿Qué es Palestina? ¿Qué es esta tierra? Porque lo que está pasando ahora tiene su origen en esa historia.

Es una tierra que siempre tuvo conflictos, hace 4.000 o 5.000 años, y es importante conocer el contexto y tener la curiosidad de saber más. Nosotros siempre estamos abiertos a responder cualquier pregunta, y hay muchos libros y mucho material que podemos recomendar.

Pero el problema no es solo de temperamentos. En esta columna ya nos hemos referido a los problemas de diseño de origen. Las reglas constitutivas de la bicameralidad muestran serios inconvenientes y preocupantes silencios en cuestiones clave para el funcionamiento pacífico y eficiente de ambas cámaras.

Una imagen elocuente de esa precariedad regulativa se hizo visible cuando legisladores de por lo menos cuatro bancadas pidieron que, antes de discutir el proyecto de delegación de facultades enviado por la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución del Senado respondiera a una solicitud de interpretación sobre los límites del Senado en su función revisora. Es también la cuestión que dicha Comisión ha consultado a algunos miembros de su Consejo Consultivo.

En términos prácticos, el temor de los diputados a que el Senado disponga sin límites del proyecto aprobado por su Pleno solo puede leerse como falta de garantías para el funcionamiento de la bicameralidad. Si la cámara a la que la Constitución confiere la iniciativa de ley solicita al Senado que aclare sus propios límites, lo que tenemos delante es una regulación insuficiente o imprecisa que genera incertidumbre y tensiones.

Conviene entonces acudir a la propia Constitución. Tres cuestiones me parecen relevantes. La primera es que los límites ya están ahí y valen para las dos cámaras. Diputados tiene la iniciativa (artículo 107) y el Senado aprueba, modifica o rechaza lo que aquella le remite (artículo 102-A). Lo que aprueba el Senado va directamente a promulgación y no retorna a la cámara de origen. Ese diseño cruzado obliga a ambas cámaras a una convivencia cooperativa para no cancelarse mutuamente. La propuesta de Diputados no es definitiva, pues la Constitución autoriza expresamente al Senado a modificarla. Pero no fija límites, y eso alimenta la desconfianza. Aun así, modificar no es empezar de nuevo. Si el Senado pudiera reescribir libremente el proyecto, haría por la vía de la revisión lo que la Constitución le prohíbe por la vía de la iniciativa, y encima tendría la última palabra, pues lo que apruebe ya no vuelve a Diputados. El límite, entonces, está en la identidad de la propuesta. El Senado puede mejorar una iniciativa que pertenece íntegramente a Diputados y, si de verdad no hay acuerdo posible, archivarla como ultima ratio. Pero antes podría negociar con los grupos políticos, que también tienen representación en Diputados. Esa es otra forma de diálogo entre cámaras.

La segunda es que los reglamentos no pueden leerse sino desde la Constitución. El Reglamento del Senado prohíbe que sus modificaciones desnaturalicen la propuesta de Diputados. Hay quienes ven en esa regla un exceso, pues suponen que impone un límite que no está en la Constitución. Otros, por el contrario, creen que basta con modificar el reglamento para que el límite desaparezca. Ambas lecturas, por maximalistas, se alejan de la Constitución. El límite está en la reserva de iniciativa que la Constitución otorga a los diputados, y el reglamento solo lo hace explícito. Por la misma razón, el reglamento tampoco podría impedir que el Senado modifique la iniciativa para mejorarla. Leído así, el reglamento deja de ser un campo de batalla y se convierte en una garantía.

La tercera cuestión merece destacarse. Una ley de delegación de facultades no es una ley cualquiera. Su contenido no es una materia puntual, sino una decisión institucional que traslada temporalmente al Ejecutivo la potestad de legislar en materias delimitadas. En el modelo bicameral, esa potestad la ejercen ambas cámaras. Por eso la Constitución dice que es el Congreso, y no una de sus cámaras, quien delega (artículo 104). Y precisamente porque se trata de decisiones del Congreso en su conjunto, la Constitución ubica a las leyes autoritativas junto a la Ley de Presupuesto, la aprobación de tratados o la reforma constitucional, como decisiones que no pueden encargarse a la Comisión Permanente (artículo 101). Para tales decisiones, la reforma de 2024 previó la concurrencia de ambas cámaras. El presupuesto lo dictamina una comisión bicameral paritaria y lo votan ambas cámaras reunidas en Congreso, y la reforma constitucional exige la aprobación de cada cámara.

Al Senado le corresponde ahora hacer el esfuerzo por salvar el trámite del proyecto de delegación sin desconocer la iniciativa aprobada en Diputados. En ese esfuerzo, no estaría de más explorar la posibilidad de homologar el trámite previsto, por ejemplo, para la Ley de Presupuesto, en lo que se refiere a la intervención de ambas cámaras (art. 78). Para que ello ocurra bastaría con que el Senado, mediante un informe de su Comisión de Constitución aprobado por el Pleno, proponga un mecanismo de diálogo entre ambas cámaras. Si el Senado quisiera ampliar lo aprobado, devolviendo materias que Diputados no concedió o alargando el plazo, debería buscar antes un acuerdo en dichacomisión bicameral. Sin acuerdo, la decisión de la Cámara de Diputados no podría alterarse.

La fórmula no le resta poder al Senado; al contrario, le confiere una legitimidad que hoy resulta crucial. Disiparía el temor de los diputados, abriría paso al debate de fondo sobre la delegación y dejaría un precedente útil para lo que vendrá. El Senado está dando sus primeros pasos. Aun si fuera cierto que tiene más poder que Diputados, conviene que lo use con prudencia y lealtad constitucional. Si salva el procedimiento de la delegación mediante el diálogo, el Senado podría estar salvando su propia legitimidad.