Dos años después, las bandas seguían operando, los trabajadores mineros seguían siendo masacrados. Esta casa editorial recuerda el pedido del alcalde de la provincia, Aldo Carlos Mariños, quien lloraba en cámara pidiendo que el Estado no los abandonara. “Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. Le aportamos todo el oro y solo queremos que nos devuelvan en desarrollo”, suplicó. Desde 2020, bandas como Los Pulpos, Los Buitres de Pataz y La Jauría han realizado más de 628 incursiones contra instalaciones mineras formales, dejando 18 empleados asesinados y millones en oro robado.

Lo más grave no es solo que el estado de emergencia no funcione. Es que el gobierno de Keiko Fujimori lo sabe y lo mantiene de todas formas. Boluarte lo decretó con la promesa de recuperar el control de Pataz, con el apoyo de Fuerza Popular y Renovación Popular en ese entonces. El resultado fue el mismo de siempre: visibilidad política sin transformación estructural.Lo primero que hizo la presidenta en materia de seguridad fue insistir en las mismas medidas que ya demostraron su ineficacia.

El resultado de esa continuidad del fracaso lo resume el asesinato del hermano del alcalde distrital de Pataz, acribillado con seis disparos a la salida de un restaurante en la urbanización California de Trujillo. El crimen ocurre una semana después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla en la misma ciudad, donde cuatro acompañantes fueron asesinados y alguien, cuya identidad aún se desconoce, pagó rescate para su liberación.

Trujillo y Pataz concentran una escalada de violencia vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado que ningún estado de emergencia ha logrado frenar porque ningún estado de emergencia está diseñado para desmantelar redes criminales. Está diseñado para mostrar que el gobierno hace algo. Sin embargo, el desgobierno que comenzó con Boluarte no terminó con el cambio de mando. Simplemente cambió de firma.

Y mientras el gobierno intenta demostrar que hace algo, el crimen organizado sigue haciendo lo que siempre ha hecho. El país necesita que esto cambie. Pronto.

Otras cinco pantallas-ojo se abren cuando alguien está al frente. El dispositivo observa y nos observa. Sensores registran el pulso de quienes se aproximan y convierten al espectador en una variable corporal dentro del circuito. Y de esa manera la instalación deja de ser objeto contemplado y adquiere fisiología. Escucha, mide, procesa, responde. La tecnología transformándose en anatomía política.

Raspberry Pi, Arduino R4, placas tipo ESP32 y sensores componen una arquitectura computacional por donde entra el mundo como señal. La señal se transforma en imagen, la imagen retorna al cuerpo. Una civilización entera aparece reducida a un circuito que registra sus propias heridas. La pantalla climática mide el entorno, otra cartografía guerras, protestas y desplazamientos. Otra contabiliza los avances de las promesas planetarias. Y entonces aparece el reloj.

El tiempo restante para cumplir la Agenda 2030 se convierte en una cifra que desciende segundo a segundo. El futuro adquiere la forma de un deadline. La vieja escatología religiosa encuentra una versión tecnocrática de salvación mediante indicadores, redención mediante porcentajes y esperanza administrada por una cuenta regresiva.

Günther Anders habría reconocido en esta escena la brecha prometeica, nuestra capacidad técnica para producir y medir ha crecido mucho más rápido que nuestra capacidad moral para asumir las consecuencias. Paul Virilio habría encontrado la guerra convertida en velocidad e imagen instantánea. Foucault, un panóptico disperso entre ojos electrónicos y sensores. Haraway, la disolución del límite entre organismo y máquina. Adorno, finalmente, habría reconocido el viejo mito ilustrado del progreso enfrentado a su propia sombra.

Pero Tierra prometida posee la genealogía de una artista peruana que aprendió a trabajar en las zonas donde una sociedad preferiría bajar la mirada. Desde La Wawa hasta La migración de los santos y sus Gallinazos, Cristina Planas ha convertido la incomodidad en método y memoria. La generación marcada por la violencia política peruana encontró en ella una escultora capaz de abrir las heridas exactamente donde el discurso público intentaba cicatrizarlas. Ahora la herida cambia de escala.

El Perú queda incorporado a una pregunta planetaria. El niño, una escultura de su hijo, representa una infancia amenazada y también eso que todavía llamamos futuro. Sobre su cuerpo recaen decisiones tomadas antes de que pudiera pronunciarlas. La guerra, el calentamiento, la migración y la vigilancia es la herencia que le estamos dejando. Por eso el título adquiere una ironía bíblica: la tierra prometida somos nosotros ofrendando.

El niño espera. La máquina registra. El reloj desciende. Y en ese intervalo mínimo entre el dato y la decisión, entre la promesa y su cumplimiento, Cristina Planas abre una nueva herida, la del futuro convertido en testigo de nuestro presente. Tierra prometida deja al espectador frente a una pregunta cuya violencia reside precisamente en su escalofriante sencillez: ¿qué mundo estamos prometiendo a quienes todavía no pueden cobrarnos la deuda?

…

Datos:

Instalación: Tierra prometida

Lugar: Socorro Polivalente

Dirección: Jr. Santa Rosa 348, Barranco

Fechas: Hasta el 10 de setiembre de 2026

Políticos y oportunistas en campaña conocen tu reflejo condicionado: te venden militares en la calle, fuerza, orden, y aprueban leyes a la medida para garantizar impunidad ante cualquier exceso policial. Te dan circo punitivo porque sale barato. Pero cuando se encienden los reflectores sobre el verdadero motor del crimen organizado, la bravata de tus caudillos se evapora y, también, observo, tu furia justiciera misteriosamente se apaga.

Es sabido que el mayor poder del hampa nacional ya no es el narcotráfico tradicional ni se dirige desde una celda común: opera a vista y paciencia de todos en los socavones de la minería ilegal. Es una industria criminal multimillonaria que dinamita torres de alta tensión, acopia arsenales de guerra, secuestra, corrompe autoridades, somete regiones enteras a la trata, financia ejércitos de sicarios y bandas de malandros.

Frente a esos poderes fácticos y armados, la mano dura que tanto vitoreas arruga de inmediato: se convierte en su mejor aliada burocrática. Poner a un pelotón de soldados a pedir documentos en una avenida de clase media es teatro para el noticiero del mediodía; interdictar de verdad —ingresar a las cuencas tomadas, dinamitar dragas, incautar maquinaria pesada, dinamita, explosivos, reventar plantas clandestinas y cortar el suministro de combustible y cianuro— exige quebrar el capital del negocio y arriesgar el pellejo frente a columnas con fusiles de asalto. Ahí nadie se atreve. Con el oro sobre la mesa, no.

Fuerza Popular y casi todo el arco parlamentario —incluyendo, por supuesto, a la izquierda de Juntos por el Perú— prefieren engreír a las mafias, prorrogarles indefinidamente el REINFO y atar de manos a fiscales y policías para impedir cualquier interdicción real. El fusil y el discurso del orden se guardan en el cajón apenas asoman el financiamiento de campañas, el lavado de dinero, los votos de gremios informales y el chantaje de paralizar las carreteras y las calles por gente a la que no pueden terruquear. Todo un tinglado disfrazado de problema social.

Y tú, que te desgañitas pidiendo plomo en redes sociales, guardas silencio. Clamas por el ojo por ojo para celebrar la humillación del choro de celular, el raquetero, o el sicario de barrio, pero te tragas entero el sapo de quienes blindan al gran crimen financiero. Me temo que si exiges paredón para el eslabón más miserable de la cadena, pero toleras que los capos del oro ensangrentado manejen las leyes y el país a su antojo, lo tuyo no es anhelo de justicia: es cobardía moral.

Sin embargo, la crisis del covid-19 reveló la existencia de una amplia población vulnerable, no pobre pero susceptible de caer en la pobreza ante un choque adverso, que había permanecido fuera del radar de las políticas públicas. Un hogar puede dejar de ser pobre porque aumentaron temporalmente sus ingresos, sin haber adquirido las capacidades, activos, empleo estable, educación, salud o protección necesarios para mantener ese nivel de bienestar. De allí que la evidencia internacional haya ampliado el análisis desde la pobreza hacia conceptos como vulnerabilidad, resiliencia y movilidad económica.

Según la ENAHO, entre 2004 y 2016 el número de pobres se redujo en casi 10 millones de personas, mientras que el de vulnerables aumentó en algo más de 5 millones. Es decir, más de la mitad de quienes dejaron de ser pobres pasó a formar parte de la población vulnerable. En el periodo siguiente, marcado por un bajo crecimiento (2016-2025), pobreza y vulnerabilidad aumentaron simultáneamente, en alrededor de 2 millones y 452 mil personas, respectivamente.

A pesar de contar con un indicador oficial que permite identificar a la población vulnerable a la pobreza, las políticas sociales siguen llegando después de la batalla, atendiendo a los muertos y heridos de la economía de mercado. Si el Estado solo identifica a los pobres y concentra en ellos sus programas, puede llegar tarde: cuando el hogar ya perdió el empleo, agotó sus ahorros, vendió sus activos o sufrió un shock de salud. No parece haberse aprendido la lección. Ante la amenaza de un fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria, siguen brillando por su ausencia políticas preventivas capaces de reducir la exposición y vulnerabilidad de los hogares frente a choques adversos de gran magnitud.

Pero no basta con mitigar los efectos de la pobreza ni con prevenir las caídas en ella. Las políticas deberían también aprender de quienes consiguieron salir y, sobre todo, de los factores que les permitieron hacerlo de manera sostenible. La pregunta no debería ser únicamente cómo sacar a los hogares de la pobreza, sino qué condiciones permiten consolidar esa salida y evitar que vuelvan a caer.

Ello supone estudiar no solo las características de quienes son pobres, sino también las trayectorias de quienes dejaron de serlo. Es pasar de preguntarse «¿por qué los hogares son pobres?» a preguntar también «¿qué hicieron y qué condiciones encontraron los hogares que consiguieron salir de la pobreza?». Sus trayectorias contienen información valiosa sobre los factores que hacen posible superar la pobreza y mantener esa mejora en el tiempo.

La pobreza, en efecto, es un fenómeno dinámico. Cada año algunos hogares salen de ella mientras otros caen en ella. Las salidas son generalmente de corto alcance: permiten superar la línea de pobreza, pero no la condición de vulnerabilidad. Otras son de mayor alcance y permiten reducir sustancialmente el riesgo de volver a caer. Gracias a que la ENAHO realiza un seguimiento de las condiciones de vida durante varios años, es posible observar estas trayectorias.

Los datos más recientes son ilustrativos. Entre 2024 y 2025, cuatro de cada diez personas salieron de la pobreza, pero tres de ellas permanecieron en situación de vulnerabilidad y, por tanto, con un alto riesgo de volver a caer. Entre las personas vulnerables, casi un tercio (29,1%) logró ascender a una situación de no vulnerabilidad y consolidarse como parte de lo que podríamos llamar clase media, una proporción superior a la registrada entre 2023 y 2024 (24,9%). Para quienes se encuentran en pobreza extrema, en cambio, escapar tanto de la pobreza como de la vulnerabilidad sigue siendo una posibilidad muy remota: en el último quinquenio nunca superó el 5% y apenas llegó a 2,6% entre 2024 y 2025.

¿Qué nos enseñan estas trayectorias? Los estudios disponibles muestran patrones bastante consistentes. La educación es uno de los factores más frecuentemente asociados a la salida de la pobreza: un mayor nivel educativo favorece la movilidad ascendente y reduce el riesgo de recaer. También importan los activos, la calidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos. La calidad de la inserción y la posición en el mercado laboral es igualmente decisiva. El trabajo no agrícola, el empleo asalariado y la diversificación de actividades se asocian repetidamente con la movilidad ascendente.

Por el contrario, una agricultura ocasional, informal o de baja productividad está vinculada con la persistencia de la pobreza o con la movilidad descendente. La protección social también contribuye, aunque sus efectos dependen del monto de las transferencias, su cobertura y previsibilidad, así como de su articulación con servicios públicos y medios de subsistencia. Las transferencias en efectivo pueden mejorar la seguridad alimentaria, facilitar el ahorro y el pago de deudas, aumentar la tenencia de ganado y favorecer decisiones productivas, contribuyendo así a la salida de la pobreza.

La lección más consistente es, por tanto, que protección y construcción de capacidades deben ir de la mano. Las transferencias y redes de seguridad reducen el impacto de los shocks, pero la estabilidad de largo plazo aparece cuando se combinan con activos, habilidades, acceso a mercados, riego, extensión agrícola, infraestructura y oportunidades no agrícolas adaptadas a cada contexto. Esto también obliga a evitar políticas uniformes. Los factores que permiten «despegar», «aguantar» o recaer no son necesariamente los mismos según el territorio, la edad, el género, la dotación inicial de tierra o el perfil productivo del hogar. Las trayectorias exitosas deben entenderse como secuencias de procesos y apoyos que pueden adaptarse a distintos contextos, no como recetas únicas.

La evidencia disponible tiene, sin embargo, importantes vacíos. Está muy concentrada en hogares rurales y en sus estrategias de medios de vida, mientras existe mucha menos evidencia sobre las trayectorias de pobreza urbana. También falta comprender mejor cómo se articulan vulnerabilidad y resiliencia a lo largo de una misma trayectoria. Sabemos bastante sobre los factores que se correlacionan con la salida de la pobreza, pero mucho menos sobre qué secuencia de apoyos convierte una mejora inicial en una salida duradera en distintos territorios y para diferentes tipos de hogar.

Ese debería ser uno de los desafíos de las políticas de lucha contra la pobreza: aprovechar las lecciones que ofrecen los hogares que lograron salir. Conocer qué factores —educación, empleo, activos, diversificación, acceso a servicios y protección frente a shocks— hicieron posible esas salidas permite orientar las políticas para potenciar y acompañar esos procesos, en lugar de limitarse a atender sus consecuencias. En definitiva, necesitamos pasar de una fotografía de la pobreza a una película de las trayectorias de bienestar y, sobre todo, aprender de quienes lograron recorrer con éxito ese camino.

Lo estamos aprendiendo de nuevo con el enfrentamiento entre Washington y Teherán en el Golfo Pérsico. La restricción al paso de buques en el Estrecho de Ormuz ha generado que el valor del crudo suba en los mercados internacionales y esa escalada llega hasta los mercados peruanos.

En otras palabras, las decisiones del presidente Donald Trump sí tienen consecuencias para los peruanos.

El conflicto lleva seis meses desde que los bombardeos estadounidenses e israelíes llevaron a Teherán a cerrar parcialmente ese paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Según reportes, el valor del crudo se incrementó más del 32% respecto al año anterior y llegó a casi 94 dólares por barril en agosto.

El tema es que cuando el precios del hidrocarburo sube en los mercados globales, el diésel que usan los camiones peruanos para transportar alimentos desde las regiones productoras hasta Lima se encarece también. Y cuando el flete sube, el precio de la papa, el tomate y el choclo en los mercados mayoristas sube con él.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Agricultura la canasta representativa de productos básicos registró un incremento del 32% en los mercados mayoristas de Lima entre junio y agosto de 2026.

Por ello resulta urgente que el Estado proteja a los ciudadanos más vulnerables ante las consecuencias de estos shocks externos negativos. Una familia que destina la mayor parte de su ingreso a alimentarse no tiene cómo absorber un alza del 32% en los víveres básicos, y esto puede empeorar la calidad de vida de los peruanos con menos recursos.

Esta presidencia les permite tener una barrera constitucional. El diseño bicameral vigente impide cualquier cambio normativo sin el visto bueno del Senado, con lo que este voto dirimente durante este periodo legislativo les otorga poder de veto. Solo lo que plazca al fujimorismo o que sea parte de una negociación preferente pasará.

Pero el fujimorismo tiene un plan restaurador, que va más allá del solo mantenimiento del statu quo. Se pretende retroceder en los avances regulatorios del Estado sobre el mercado, así como reducir los derechos conquistados en este periodo de democracia, por más precaria que haya sido. Para lograrlo necesita el poder de aprobar, además del de vetar, nuevas normas.

Durante los años del llamado “pacto mafioso” en el Congreso, el fujimorismo logró un marco de impunidad importante, con normas que limitan la acción de la justicia frente a casos de violaciones a derechos humanos, así como reducir la capacidad fiscal de investigar potenciales casos de corrupción. Este manto de impunidad es valioso para ellos y lo quieren mantener. Pero no es suficiente, el fujimorismo y sobre todo los intereses a los que representa quieren más.

La importancia de la delegación de competencias

La oposición sí logró mantener la conducción de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, además de mostrar públicamente que como bloque son claramente mayoritarios. Es decir, no se ganó por un voto, sino por 14. Esto permite, hasta cierto punto, asumir que el bloque opositor puede ejercer control político sobre el Ejecutivo, algo no solo legal sino absolutamente necesario en el actual contexto.

Es clave recordar que la señora Keiko Fujimori y su organización política no son un partido más. Que desde que se recuperó la democracia tras la caída del dictador Fujimori, su hija y su organización han intentado recuperar el poder. El país en tres oportunidades logró organizar una oposición electoral que les frenó el paso. Pero esta vez lograron hacerse del sillón presidencial.

Sin embargo, la ciudadanía no les ha otorgado el control hegemónico del Poder Legislativo. Por el contrario, la suma de votos de partidos que abiertamente expresaron su oposición al fujimorismo es mucho mayor. Es fundamental que quienes resultaron electos y electas recuerden que su rol, además de legislar, es precisamente representar ese sentir de defensa de la democracia contra la pretensión restauradora del fujimorismo, que se combina precisamente con su rol de fiscalización del régimen. Es en ese sentido que la Cámara de Diputados debe valorar con mucho detenimiento su comportamiento frente al pedido de delegación de competencias.

La propuesta presentada por el gabinete Galarreta es muy amplia. No se restringe a temas de seguridad ciudadana o de prevención de desastres ante el fenómeno El Niño (FEN). Por el contrario, incluye materias laborales, ambientales, administrativas generales, de inversión pública y privada, tributarias, de derechos de Comunidades Campesinas y de Pueblos Indígenas, urbanas y de inteligencia nacional. Es decir, el fujimorismo pretende legislar directamente en todas las áreas antes señaladas sin tener que pasar por el proceso democrático de deliberación parlamentaria, de escrutinio público de esa deliberación y de aprobación en el Legislativo.

De aceptarse este pedido, la oposición democrática mayoritaria en la Cámara de Diputados haría una abdicación del poder obtenido en las urnas, lo que sería además una traición a la confianza depositada por sus electores. Pero enfrenta un dilema complejo, pues la presión que se ejerce sobre ellas y ellos, usando la verdadera demanda de acción ante el incremento de la criminalidad y la inminencia del FEN, puede llevarlos a una aprobación parcial del pedido, lo que significaría un gran riesgo.

Dado el diseño bicameral, la Cámara de Senadores debe revisar el dictamen que apruebe la Cámara de Diputados. Esta revisión, como señalan algunos, puede suponer una reconfiguración de las competencias finalmente delegadas. Si bien el reglamento vigente señala que no debiera ampliarlas, una interpretación constitucional laxa sí lo permitiría, pues no es una restricción expresada en la Constitución sino en un reglamento de menor jerarquía.

Dado el comportamiento previo del fujimorismo, no solo en los años anteriores, sino en su manera de hacerse con la conducción de la Mesa Directiva del Senado en este periodo, no se puede confiar, bajo ningún precepto, en sus “modales democráticos”. Este es el momento que tiene la oposición en la Cámara de Diputados para demostrar su habilidad política para poner en agenda los temas verdaderamente urgentes, sea planteando sesiones permanentes de comisiones dictaminadoras para ver los proyectos de ley puntuales y aprobarlos de manera célere, o por el contrario para enviar al Ejecutivo una comunicación señalando las materias expresas en las que sí otorgarían competencias para exigirle al gabinete Galarreta que presente un nuevo proyecto donde solo se incluyan esas, evitando así la tentación de la Cámara de Senadores de ampliarla en base al pedido original.

Quienes las y los elegimos para que sean oposición estamos vigilantes. Asuman su rol y atrévanse a ser oposición democrática e inteligente. Que no les marquen la cancha.

-En este segundo volumen, me acerqué a lo gastronómico, para mostrar —me interesaba— el fenómeno recientísimo, pero profundo, de cómo la comida ha pasado a ser la dimensión simbólica por la cual los peruanos encuentran ahí la principal forma de reconocerse en tanto peruanos.Eso es súper reciente: hace treinta años no hubiera sido así. La gente hubiera dicho el huayno, Vallejo, Machu Picchu, los incas; hubiera encontrado una serie de símbolos, pero no hubiera acudido a la comida. Hoy, tanto en el interior del Perú como en el extranjero, el reconocimiento nacional pasa por esa dimensión culinaria.

Es un proceso muy reciente, pero sobre todo muy global, porque analizo tanto el fenómeno gastronómico —vamos a decir, "por arriba", la gran gastronomía— como "por abajo", la comida popular: la aparición de una cantidad de platos que tiene que ver con esta construcción nacional, con influencias de todas partes

- Anotas el éxito del “mostrito” y el “pollo a la brasa”en esa construcción. Que no provienen de élites.

- Y que no son por antonomasia peruanos. Es la llegada al Perú de formas europeas de cocinar el pollo. O, en el caso del mostrito, que es con arroz chaufa, tiene influencia china. Y entonces puedes encontrar cómo esa dimensión tan fundamental de la construcción nacional de los últimos años, en realidad, es una forma nacional de procesar algo que hace muy poco hubiera podido ser leído como algo ajeno.

- Hasta el papa León XIV contrató a una cocinera peruana al Vaticano, y tras su elección las redes explotaron con memes de comida.

- Sí, y que ahora el agua bendita iba a ser Inca Kola y la hostia unos chifles (risas) O sea, mi punto es que hace treinta años graficar la peruanidad del papa no hubiera pasado por la comida.

- Al final de tu texto también destacas que nuestro desafío principal no es la lealtad nacional como la que puede generar un ceviche, sino la injusticia y la indolencia ante la pobreza. Y estamos como estamos. En la actualidad hay algunos peruanos que siguen esperando que Keiko Fujimori gobierne como su padre. ¿Existen realmente similitudes entre Alberto y Keiko?

- Yo creo que, en lo fundamental, no. Yo creo que Keiko Fujimori es más hija de los últimos diez años que de su padre. Es decir, tal vez el padre es una buena forma de llegar al gobierno, de plantear la diferencia. El padre supuso una gran ruptura en el Perú. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que si de algo estamos claros es que el gobierno de Alberto Fujimori supone la ruptura de un statu quo que prevalecía en el país. Es decir, en un montón de ámbitos, Alberto Fujimori resetea el país de unas maneras, con unas consecuencias, que pocos gobiernos en la historia del Perú han tenido.

Es decir, tú puedes decir que, en el plano estatal, la derrota de Sendero Luminoso y de los grupos subversivos es la readquisición de las funciones básicas de un Estado, de la estatalidad, del monopolio de la violencia. En términos políticos, el autogolpe y toda una serie de prácticas que él impone —el desprecio a la deliberación, a la partidocracia, al Congreso— es la llegada del mundo del independiente, del outsider, del tránsfuga. Resetea la política también y, además, resetea la economía: rearticula, renueva la relación entre economía, Estado y sociedad en el Perú, cosa que queda sellada y sacramentada en la Constitución del 93.

Entonces es alguien, diría, transformador, un modernizador —con corrupción, con violaciones a los derechos humanos, con autoritarismo—, pero no es un agente del statu quo; es un agente del cambio.

- ¿Estás diciendo que ella no cambiará nada?

- Estoy diciendo que ella es lo opuesto. El padre encarna un momento de transformaciones; ella encarna el statu quo, y por lo menos en este mes en el Ejecutivo deja ver que es también un agente —creo que en la campaña se notó— cuya inclinación es a reproducir el statu quo, no a transformarlo. Entonces, en ese sentido fundamental, de lectura con distancia histórica, más allá de los detalles, ella es, digamos, lo contrario del padre: es una fuerza del statu quo y no de su transformación.

- ¿Y si la comparas con Pedro Castillo?

- Por lo que hemos visto en este mes, que el peligro mayor en el Perú sigue siendo el desorden antes que la tiranía. Es más peligrosa la mediocridad que te lleve al desgobierno que la producción de un régimen autoritario, totalitario. Yo creo que ni la izquierda ni la derecha estaban en capacidad de producir realmente eso. Uno podría decir, como Mafalda, que esto no es el “acabose” sino el "continuose". Y, la verdad, la veo perdida, en el sentido de que en ella me parece un problema más grave que en otros, porque ella ha vendido la idea de que con ella llega el orden. Pensemos en la inseguridad y muchas otras incertidumbres que aquejan a los peruanos. No tiene el poder ni siquiera para dar un indicador de que está pensando cómo transforma eso; peor aún, ni siquiera da la imagen de tener poder, autoridad, control sobre su gobierno.

- ¿Manda poco porque tiene poco poder, o manda poco por incompetente?

- A mí me da la impresión de que, en realidad, la incapacidad para gobernar proviene, en primer lugar, de la incompetencia, y, en segundo lugar, porque tiene unos incentivos perversos, me parece, para sostener el statu quoque produce el desorden en el país.

- ¿Incentivos perversos?

- Por ejemplo, en Trujillo. ¿Cuál ha sido el interés fundamental del gobierno? ¿Ha sido resolver el crimen, capturar a los malhechores, hacer una investigación seria para entender qué ha ocurrido? ¿O estaban realmente desesperados por hacer control de daños mediático ante lo que ocurría? Además, un control de daños mediático realmente malo: unos aprendices de brujo, mentirosos amateurs del asunto.

Ella y su gente necesitan una policía poco profesional,precarizada, corrupta, que pueda funcionar en los márgenes o por fuera de la ley, porque, eventualmente, cuando haya que reprimir, cuando haya algún problema que los involucre, los necesita en esa condición de poco profesional. Pero esa misma condición de policía —del sector del Interior— poco profesional, sin reforma, es lo mismo que hace imposible que tú puedas solucionar la situación de inseguridad y criminalidad del país.

Entonces, por eso digo que están los incentivos: no lo tienen. Por eso es que, a esa misma policía, que todo el mundo sabe que en Trujillo hace años está involucrada, de una u otra manera, con la corrupción y con el crimen. Pero, en realidad, es a esa policía a la que hay que destacar, premiar, amnistiar, llenar de loas, porque saben que eventualmente la van a necesitar: son un roto para un descosido. Por eso creo que ese es un ejemplo, en donde el incentivo del gobierno, lamentablemente, no está en poder hacer un buen gobierno.

- Déjame hacer un poco de abogado del diablo: dicen que es muy poco tiempo para evaluar al gobierno. Comparado con los primeros días de gobiernos de la última década, ¿cómo observas este primer mes frente a ese riesgo de anarquía que mencionas?

- Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que una cosa que podemos decir de positivo es que, primero, a diferencia, como dices, de lo que hemos visto en los últimos años, apareció un gabinete de ministros. Ahora, por lo menos, hay un gabinete más visible. Más visible no quiere decir que sea más efectivo, porque no necesariamente es un buen gabinete —más allá de que creo que hay un par de ministros que pueden serlo, que lo son—.

Pero, efectivamente, volvió un gabinete, y creo que, en algún sentido, en el país vuelve un poquito, al menos, la política. Es decir, nos acostumbramos, los últimos años, a que había una aplanadora permanente de nada más que impunidad y microchoreo. Creo que ahora aparecen ciertos debates: la Cámara de Diputados le dice que no a esto, el Ejecutivo tiene que explicar. Hay como la reaparición de un poquito de política, que me parece saludable.

Pero, del otro lado, está —insisto, lo principal, me parece— que volvemos a lo de la continuidad: la incompetencia, la mediocridad. Me parece que eso es lo que hereda, esencialmente, de los últimos diez años. Los últimos diez años son lo que ha sido la verdadera escuela política de Keiko Fujimori: ese mundo detrás, en el Congreso, organizando el toma y daca de las leyes que dan impunidad, prebendas, que clientelizan.

- De hostigar al opositor.

-De hostigar al opositor, por supuesto. Pero de gobernar, nada. Es ese mercado persa, el mundo del toma y daca, en el cual todo tiene su precio. Y ese mundo no te prepara para gobernar, no te prepara para el mundo del Ejecutivo. Más bien, creo que se acostumbraron a ese espacio de politiquería, y por eso no tienen planes, no tienen iniciativas, no tienen cuadros, no tienen la competencia.

-Vinculando esto con el plano global: el Perú se abre a las iniciativas del gobierno de Trump y hace unos días rompió relaciones con Irán. Pareciera que se está administrando para el gobierno de Trump y no para el país.

- Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, sí, y no es la única. Creo que hay un alineamiento decidido de muchos de los gobiernos de la región con Estados Unidos, y el nuestro no es la excepción. Digamos que, el caso del canciller Espá, o es una imposición de los Estados Unidos, o les pareció que era una forma de quedar muy bien con ellos poniendo a alguien que haya sido funcionario de ellos por muchosaños. Entonces, creo que eso es algo que está ocurriendo. De hecho, habrá que ver: Marco Rubio llega al Perú la próxima semana, así que habrá que ver cómo se sigue desarrollando esa relación y qué impacto tiene para nosotros, sobre todo en la relación con China. El Perúdebería cuidar su relación con ambos países. Pero vamos a ver si tenemos la capacidad y la voluntad de poder hacerlo.

- Pero Trump está a punto de perder terreno en el parlamento en los comicios de medio término de EEUU. ¿Estamos llegando a la cúspide de esta anarquía libertaria?

- Yo creo que sí. Me da la impresión, por una serie de dimensiones, de que nadie tiene hoy mucha capacidad en América Latina de llevar a cabo, realmente, gobiernos decididamente exitosos. La capacidad estatal no te alcanza, la economía política de los países tampoco te da para redistribuir, el crecimiento económico es mucho menor del que debería ser, la criminalidad y la inseguridad avanzan, y al mismo tiempo tienes sociedades mucho más impacientes, por no decir neurotizadas por el teléfono y su avalancha incontenible de videos y malas noticias. En ese contexto, no es tan fácil construir, a partir del mandato que se recibe en las elecciones, un gobierno efectivo. Creo que no es fácil hoy y no lo está siendo para muchos de esos gobiernos, ¿no?

Uno podría decir que Noboa, en Ecuador, a pesar de todo el performance bukelista, la verdad es que no consigue reducir de manera importante la tasa de homicidios en Ecuador; de hecho, perdió un referéndum importante hace unos meses. Creo que es más fácil tener una retórica inflamada para excitar a los propios y enervar a los contrarios que tener, realmente, la capacidad de construir gobiernos eficaces. Y me temo que el fujimorismo pasaráun poco por ahí también. Curiosamente, me parece que, en lo que hemos visto en los últimos años y en este mes en el Ejecutivo, no encaja en esa derecha radical nueva: la de Bukele, la de Milei, la de Bolsonaro. No tiene ese ánimo, no tiene ese afán polarizante, no tiene esa relectura de la historia del país, no se ve como un punto de quiebre; no hay una lectura, no hay batalla cultural.

- ¿Cómo que no? ¿Y el LUM?

- El LUM me parece que es una controversia de este momento en la que ni siquiera están de acuerdo; fíjate que no se ponen de acuerdo: el ministro de Justicia se lo quiere llevar, el ministro de Cultura dice que no, que el LUM se queda ahí. Me parece que eso es, nuevamente, mediocridad: ni siquiera tienen un discurso establecido sobre qué quieren hacer con el LUM. Es decir, si sabemos lo que quisieran es que no exista nada, ¿no? Pero, ni siquiera a ese nivel tienes un desarrollo ideológico, programático, un discurso sobre el asunto; es más bien un rechazo visceral, identitario, digamos. Es una derecha que ni siquiera cumple con esas características. Y tampoco, obviamente, es ya una derecha neoliberal: me parece que está claro, desde hace años, que el fujimorismo erosiona el orden macroeconómico cada vez que puede, que es un actor principal del debilitamiento tecnocrático del país, que ha apoyado todas las normas que el Consejo Fiscal dice que están haciendo un boquete en la economía peruana. Entonces, tampoco es una derecha neoliberal: es una derecha del patrimonialismo.

Como todos recuerdan, las elecciones en primera vuelta no se realizaron en un conjunto de colegios de Lima, por falta de despliegue de material. Pospuestas hasta el día siguiente, la propuesta pública de Rafael López Aliaga fue declarar la nulidad del proceso. Desde las primeras horas del domingo 12 de abril, alegó fraude. Varias cosas se han sabido después. La primera es que el despliegue de ese material (el que no llegó y el que llegó tarde) correspondía a locales de votación muy cercanos al almacén de la ONPE. No había ninguna razón logística para la tardanza, cuando el material se había desplegado con éxito en puntos remotísimos de todo el Perú. Lo segundo, el JNE lo sabía. El sábado 11 sus fiscalizadores concurrieron a los locales a verificar y reportaron que el material no había llegado. Esa noche todos los reportes habían llegado. Nunca llamó a la ONPE a reportar.

Luego vino la persecución a Corvetto. Y aquí el relato de Gálvez es una pieza nueva del rompecabezas. Las faltas eran administrativas, pero no penales. Sin embargo, el procurador del JNE fue instruido por el presidente de la institución para que ese mismo lunes 13 lo denunciara, junto a otros funcionarios, por delitos contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Según el fiscal de la Nación, Arriola lo increpó, exigiéndole capturas en flagrancia. Evidentemente, era arbitrario. Los actos imputados, de ser ciertos, habían concluido el lunes 13 en la noche. Arriola le indicó que sus fiscales no eran “machos”. La narración textual de Gálvez es: “Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos”.

¿Qué significaba detener en flagrancia por estos supuestos delitos electorales? Dejemos que lo explique el mismo fiscal: “Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”. Ni Arriola, ni Gálvez son ingenuos. ¿Por qué Arriola buscaba la nulidad del proceso? ¿El JNE buscaba lo mismo? ¿Por eso se necesitaba “valor”?

La hipótesis de un sabotaje interno contra Corvetto para declarar nulo el proceso adquiere una nueva dimensión con esta información, aunque faltan más piezas. ¿Por qué no lo lograron? Posiblemente porque no contaron con la respuesta de Gálvez, ni con un hecho ilegal y, por ello, probablemente descartado por los conspiradores: Corvetto renunció. Al aceptarse su renuncia y al no haber ningún delito probado (al no haber flagrancia, pasa a investigación) no hay nada que anular. Ante estos hechos se puede apreciar mejor la desesperación de López Aliaga (todos conocíamos las encuestas no publicadas en las que él no ganaba) amenazando con sodomizar al presidente del JNE si no declaraba nulas las elecciones.

Un detalle más, uno de esos extraños momentos que no significan nada si no se tiene contexto. Tengo a la vista un oficio del 11 de abril dirigido al entonces secretario general de la ONPE. Se lo envía el secretario general del Ministerio del Interior. En este documento se le pide que se incorpore a Oscar Arriola el domingo 12 de abril en el Centro de Soporte (Sede principal de la ONPE). ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? También tengo la respuesta de la ONPE. Le dijeron que no, porque ahí solo podía estar un oficial de enlace que ya había sido designado, con su adjunto. ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? ¿Qué michi le tocaba hacer en el Centro de Soporte? ¿Por qué este apresurado pedido un día antes de las elecciones, cuando ya los fiscalizadores del JNE sabían e informaban que el material no había llegado?

Esta historia continuará, no hay duda. Dos asuntos más sobre la lucha contra el crimen. Luego del desastre de Trujillo, queda claro que por arrebatarle la investigación a la Fiscalía y entregársela a la Policía, ninguna de las dos instituciones está funcionando bien. La Policía no hace bien actuando sin consultar. Cuando lo hace, presenta presuntos delincuentes enanos o le hace una galería de fotos a un ministro de Defensa que nada tiene que hacer interrogando (“conversando”) con delincuentes, con el riesgo de contaminar todo el proceso. Con la cantidad de abogados que hay en el gabinete, ¿no hay uno que por piedad le pueda explicar al ingeniero Belaunde todo lo que hizo mal? Está bien no saber, pero se pregunta. ¿O Arriola tampoco sabía?

Un asunto final para el ministro de Defensa y la presidenta. No necesitan facultades para vencer al delito. El que les vendió el cuento de declarar “hostiles” a organizaciones criminales los ha engañado y mal. El decreto legislativo 1095, artículo 3, inciso f, tiene una definición acotada de qué cosa es un grupo hostil. El requisito esencial (que no tienen Los Pulpos, la Jauría o el Tren de Arawa) es que se alzan contra el Estado, de forma prolongada con armas de fuego. Eso fueron Sendero Luminoso o el MRTA. No los chalecos de la minería ilegal. Tampoco sirve para sacar una ametralladora y disparar contra población civil. No se hagan ilusiones.

La definición se ajusta a los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. Supongo que sus asesores los han informado sobre su vigencia, ¿verdad? Y supongo que no pretenden modificar un tratado internacional con facultades legislativas. Espero no equivocarme. Aunque con Fernando Rospigliosi, violar tratados internacionales ya es cosa conocida.