En este reparto de competencias, los jueces de primera instancia son los que mayor responsabilidad y cobertura tienen. No sólo porque en ellos recae el contacto más directo con la ciudadanía que busca protección frente a una detención arbitraria, un despido inconstitucional, la contaminación de cuencas y manantiales o, en el caso de las comunidades indígenas, el atropello de sus territorios, su cultura o sus formas de vida. Su actuación lleva implícita la defensa de la Constitución en todos los procesos que conocen.

No estoy hablando de los procesos rotulados como «procesos constitucionales», como el amparo o el hábeas corpus. Hablo de cualquier proceso: uno por alimentos, uno penal por cualquier delito, uno laboral o uno contencioso contra la administración. En todos ellos corresponde a los jueces decidir tomando como fuente principal la Constitución.

La relevancia del control difuso

Aquí radica también la relevancia de lo que coloquialmente los abogados denominamos «control difuso», porque los jueces deben motivar sus sentencias conforme a la Constitución y eso supone, en algunos casos, prescindir de la propia ley. Se suele atribuir a Napoleón la frase «hay veces que para retornar al Derecho hace falta salirnos de la ley» o, como escribió Cicerón, «summum ius, summa iniuria» (la aplicación extremadamente rígida de la ley puede conducir a verdaderas injusticias). En tiempos del Estado constitucional, corresponde a los jueces expurgar las injusticias de la ley a través del control difuso.

El control constitucional de la ley es un recurso extraordinario en esta tarea; siendo excepcional, es sin embargo un deber irrenunciable que los jueces deben ejercer con prudencia, pero también con firmeza y valentía. Más todavía en los tiempos que vivimos, en los que la negación de la memoria histórica, la impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos o los intereses de grupos de poder pretenden imponerse mediante leyes tramitadas en Parlamentos que no siempre representan el genuino interés de las mayorías y, menos aún, de las minorías en situación de vulnerabilidad.

La autonomía del Poder Judicial en el control constitucional de la ley es un bien republicano valioso. Como escribió Hamilton, es el poder «menos peligroso» para encargarle la protección de nuestras libertades fundamentales. De ahí la importancia de que los jueces defiendan con convicción su independencia y su autonomía como poder de contrapeso, sin dejarse amilanar, incluso o precisamente cuando el acoso y las amenazas provengan de quienes detentan el poder político. En un Estado de Derecho, los poderes de la política son temporales, mientras que el poder de la Constitución es perdurable, a condición de que haya jueces que lo sepan defender.

Cuando el parámetro del control constitucional es el derecho internacional

La constitución de los derechos humanos no se agota en el texto formal de la Constitución. Los derechos humanos, en cuanto consensos universales, están recogidos en tratados internacionales, y corresponde a los jueces de cada Estado su defensa y garantía última. La Corte Interamericana se ha referido a los jueces nacionales como «jueces interamericanos» que forman parte del sistema de protección judicial que los Estados deben garantizar a sus ciudadanos.

Aquí radica otro punto de tensiones y desacuerdos. Se suele sostener que el tribunal de cierre en el control constitucional corresponde indefectiblemente al Tribunal Constitucional, de modo que cuando este órgano se pronuncia, por ejemplo validando una ley que viola los derechos humanos, los jueces del Poder Judicial ya no tendrían nada más que decir.

Discrepo de esta comprensión del modelo constitucional. La razón es que los derechos humanos no son patrimonio de las jerarquías judiciales, y los tratados internacionales establecen con bastante claridad que un Estado no puede alegar sus normas ni su organización interna para dejar de cumplir el derecho internacional.

De modo que volvemos al punto de inicio: los jueces del Poder Judicial tienen, en el marco de su autonomía constitucional, un papel relevante en el control de los actos del poder, incluidos los de la legislación. Incluso cuando el TC se pronuncia sobre la validez de una ley, si tal pronunciamiento viola los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, los jueces tienen todavía la posibilidad de ejercer un control excepcional, precisamente en defensa de la palabra empeñada por el Estado. Así lo ratificó el propio Tribunal Constitucional en tiempos de mayor reflexión y lucidez de su jurisprudencia, cuando tuvo que declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía de la década del 90, leyes que ya habían pasado antes el filtro del propio TC (STC 0275-2005-PH/TC). Es verdad que el Código Procesal establece que «los jueces no pueden dejar de aplicar una norma que haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad»; pero también lo es que el texto constitucional ordena a los jueces preferir siempre la Constitución a la ley (arts. 138 y 51). Por ello, ante las exigencias de la justicia y ante leyes que no lograron en el TC los consensos para ser expulsadas del orden jurídico, los jueces no pueden ser limitados por una ley en el ejercicio de una competencia que la Constitución les confiere sin limitación.

Quizá, antes de confrontar las competencias que la Constitución confiere tanto al Poder Judicial como al TC para limitar el poder y garantizar los derechos de los ciudadanos, debiéramos pensar en cómo fortalecer el modelo de control constitucional para defender la democracia y el equilibrio de poderes en un momento de crisis institucional generalizada.

Anoche estaba escuchando esta canción de Michael Jackson y preferí salir de Spotify. Elegí un libro. Me capturó entonces releer El mundo de ayer de Stefan Zweig. Sin embargo, tampoco pude continuar. Tan solo llegué a la frase “Ahora mismo, el mundo se está acabando”.

La verdad es que yo estaba recordando los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. En esa época, residía en Estados Unidos. Muy temprano en Salem, Oregon, me enteré de que ese día, en el año uno del milenio, el mundo había comenzado a derribarse.

Tres días antes, en el jardín de mi casa, había encontrado una brillante y motorizada cortadora de césped, de esas que usan los jardineros profesionales o los más avezados amos de casa.

¡Qué extraño! No era mía, pero tampoco de mis vecinos. Los llamé y ninguno dijo ser su dueño. Se me ocurrió que, tal vez, era un truco de venta y que, al día siguiente, un amable comerciante tocaría mi puerta y me ofrecería la cortadora por una módica suma mensual.

No fue así. Y por eso debo contarles la historia de otra persona, Thiago Joseph Miranda de Melo, el jardinero brasilero que me hacía servicio y que insistía todo el tiempo en que yo mismo debía cortar mi césped.

En vez de su nombre larguísimo, prefería llamarlo Pepe o simplemente amigo. Lo hacía pensando en Pepe Carioca y en la inagotable simpatía de mis amigos del Brasil.

Como todo jardinero, Pepe Carioca era un filósofo y su conversación estaba colmada de frases sabias.

Inmigrante pobre y casi analfabeto, Thiago había hecho muchos progresos y tenía una empresa propia, pero nunca abandonó los proverbios que había aprendido en lo que él llamaba “la universidad de la vida y del jardín”: “El invierno llega rápido a los jardineros perezosos”. “La confianza es una planta de crecimiento lento”. “Las manzanas ajenas son las más dulces”. “La fe nos hace sembrar, no la vista”. “Las hojas llegan antes que la tormenta, pero la tormenta se lleva las hojas”.

Nuestro aprecio era mutuo porque, en una ocasión, yo había escrito una carta de recomendación para que su hijo Thiago pudiera ingresar a una universidad en Nueva York, y era justamente allí donde Pepe Carioca se encontraba en esos días.

En agosto de ese año, al cumplir los 70, Thiago Miranda se jubiló y decidió que su vida se repartiría cada año en visitar a su hija Karina, abogada de inmigración en Miami, a Thiago que pronto terminaría sus estudios de ingeniería, y por fin a María Elena, que ejercía la medicina en Oregon.

Sería la primera vez que tendría vacaciones “porque las plantas no las tienen”, y también la primera vez que haría tantos viajes, ya que solamente se había subido en un avión tres o cuatro veces en toda su existencia porque, según él, “los árboles no se mueven y las hojas no viajan en avión”.

¿Qué andaba haciendo Thiago allá en la isla de Manhattan? ¿Y de quién sería la podadora de césped?

El 11 de septiembre, muy temprano, Thiago y su hijo salieron de Queens y fueron al centro de la isla, a las Torres Gemelas, porque el muchacho quería invitarle un desayuno y hacerle conocer uno de esos edificios en los que trabajaba para financiar sus estudios universitarios.

Ese mismo 11 de septiembre, en vano trataba yo de comunicarme con mi amigo Isaac Goldemberg en Nueva York. Su teléfono parecía apagado. Tampoco tenía forma de ubicar a mis hijos Eduardo y Anabelí, estudiantes universitarios en la Gran Manzana. Lo que ocurría era que el servicio telefónico de Nueva York había colapsado.

Varios días después, María Elena, la hija de Thiago, me llamó para decirme que el aparato que brillaba en mi jardín era mío. Al jubilarse su padre, vendió la maquinaria, pero reservó algunas de las herramientas para obsequiarlas a los clientes que más estimaba.

Iba a decírmelo a su regreso de Nueva York, pero de allí nunca volvería porque “las hojas no viajan en aviones”, y porque Thiago y su hijo nunca salieron de la cafetería en una de las torres el 11 de septiembre del 2001. Se transformaron en hojas y en recuerdos que darán vueltas, vueltas y vueltas por el universo, y tan solo habrán de regresar cuando la muerte sea derrotada y otra vez esté aquí la primavera.

La razón es que varias sociedades latinoamericanas habían vivido durante décadas las consecuencias de dictaduras. Es especialmente destacable porque la iniciativa fue propuesta de forma primigenia por el estado peruano. Y esto ocurre porque fue una decisión de esa naturaleza de Estado no de gobierno. Se empezó en el gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua, tras el impulso del entonces premier y exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. De forma ininterrumpida, el proceso siguió y fue firmada por el expresidente Alejandro Toledo, bajo el liderazgo de su canciller -hoy columnista de esta casa editorial- Diego García-Sayán.

Sin embargo, vale la pena recordar que el origen fue motivado tras el fraude electoral del exdictador Alberto Fujimori cometido en el año 2000. Ese lamentable episodio desnudó la fragilidad de los mecanismos regionales para defender la democracia frente a un gobierno que la vaciaba desde adentro. Los peruanos lo habían sufrido en carne propia.

Y por eso el valor de la Carta representa más allá de su naturaleza jurídica. Se trata del eslabón más ambicioso de un esfuerzo colectivo que la región venía construyendo desde 1948 en el cual estados de tradiciones políticas distintas, incluso con historias de conflicto entre ellos, decidieron comprometerse públicamente con la democracia como forma irrenunciable de convivencia, proclamando por primera vez que los pueblos tienen derecho a ella y los gobiernos la obligación de defenderla. Ese consenso fue posible porque hubo una generación de líderes que entendió que ese precio no podía volver a pagarse.

A 25 años de su adopción, la Carta sigue siendo el instrumento más claro que tiene el hemisferio para defender la democracia como forma de convivencia colectiva. Si bien en la actualidad las amenazas que la motivaron adquirieron nuevas formas para someter a los pueblos, como sigue ocurriendo en Venezuela, incluso tras la intervención ordenada por el presidente Donald Trump, y en contra de la sociedad nicaragüense, el compromiso que la sostiene debe seguir permaneciendo. El estado peruano que tiene la responsabilidad histórica de seguir siendo fiel a ese legado.

El desplazamiento del centro de gravedad económico mundial desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico abre nuevas oportunidades para el Perú. Y es aquí donde el puerto de Chancay puede jugar un papel fundamental.

Su inauguración ha permitido reducir en aproximadamente 15 días el tiempo de tránsito marítimo de carga entre el Perú y Asia. Además, en su primer año operativo se han superado las expectativas iniciales, llegando a movilizar más de 286.000 TEU y generando más de 939 millones de soles en ingresos fiscales por aduana. No obstante, las consideraciones económicas no son las únicas que han rodeado al nuevo puerto.

El hecho de que la empresa estatal china COSCO Shipping Ports tenga un 60% de la participación (la empresa peruana Volcan posee el otro 40%) también ha dado lugar a consideraciones de carácter geopolítico. Al fin y al cabo, como empresa estatal, COSCO no sólo obedece a una racionalidad económica, sino también política, y además tiene vínculos con el ejército chino. ¿Cómo puede esto afectar al Perú?

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Un argumento frecuente radica en su posible uso militar por parte de China, ya que reúne las condiciones para recibir a los buques más grandes de su Armada. En caso de que así sucediera en un eventual conflicto entre China y Estados Unidos, las consecuencias podrían ser graves para el Perú, pudiendo incluso convertirlo en estado contendiente. Sin embargo, hay factores que alejan esta posibilidad. Más allá de la necesaria autorización del Congreso de la República para recibir tropas extranjeras, a lo cual podría negarse, el puerto tendría utilidad estratégica limitada en caso de conflicto, dada su distancia con el teatro de operaciones (presumiblemente en torno al estrecho de Taiwán) y la facilidad con la que podría ser destruido.

A nivel comercial, el puerto tiene el potencial de convertir al Perú en un hub logístico regional. De hecho, casi la mitad de la carga movilizada durante su primer año es de transbordo con países vecinos. Por otro lado, Chancay puede estrechar todavía más la relación económica del Perú con China, país que concentra ya el 38.5% del valor de las exportaciones peruanas. Esta situación aporta nuevas oportunidades económicas al país, aunque también aumenta su exposición ante vaivenes en la economía de China y podría reducir su margen de maniobra en caso de desacuerdos.

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Por último, el puerto de Chancay, como primer puerto inteligente de Sudamérica, puede fortalecer en el Perú la narrativa china de cooperación, modernización y beneficio mutuo. El contraste con Estados Unidos, que durante el último año y medio ha venido imponiendo aranceles al país —al igual que a otras economías— a pesar de tener un Tratado de Libre Comercio firmado, resulta evidente. A su vez, no son descartables futuras represalias estadounidenses hacia el Perú por haber permitido que COSCO tenga el control mayoritario del puerto.

La situación que este escenario abriría para el Perú es altamente compleja. Ceder ante eventuales presiones estadounidenses podría dañar su relación con China, mientras que no hacerlo implicaría un riesgo de represalias desde Washington. Así, la forma que el Perú tiene para proteger mejor sus intereses radica en mantener una relación política y económica positiva con las dos grandes potencias. Esto implicaría rechazar la idea de elegir un bando o alinearse completamente con alguna de ellas y, en cambio, cooperar con ambas en función de los intereses del Perú y del asunto en cuestión. La idea es no renunciar a las oportunidades y beneficios que supone mantener relaciones económicas abiertas con todos.

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La nueva situación internacional requerirá buenas dosis de habilidad y astucia política. El desafío para el Perú será transformar su posición entre las dos grandes potencias en una fuente de oportunidades, evitando que esta se convierta, al mismo tiempo, en una vulnerabilidad.

Ahora suponga que, acabados los cinco años, usted, que tenía alguna experiencia y conocimiento del rubro, recibe el encargo de tomar el mando de la empresa. ¡Vaya que será un reto! Tiene que hacer frente al desastre que dejó el antiguo encargado: se fueron ocho de los trabajadores más competentes y fueron reemplazados por dieciséis nuevos sin calificación alguna, pero recomendados por el antiguo encargado; las máquinas que funcionan están oxidadas por falta de mantenimiento; casi no hay caja ni insumos adecuados para operar; y la reputación de la empresa con proveedores y clientes está por los suelos. ¿Qué hacer?

Incluso si usted es un trabajador decidido a sacar a la empresa adelante y cuenta con la buena fe de los antiguos trabajadores, le va a costar mucho esfuerzo y tiempo volver a la empresa a aproximadamente su situación inicial. ¿Cuánto tiempo para que esté operando de manera razonable? ¿Cuánto tiempo para por lo menos tener la caja suficiente para reemplazar o hacer mantenimiento a la maquinaria, o para tener insumos adecuados? ¿Cuánto tiempo para reemplazar o reentrenar a los dieciséis trabajadores sin experiencia que heredó? ¿Cuánto tiempo para recuperar la confianza perdida entre clientes y proveedores? La respuesta variará, pero difícilmente será menor a un año y probablemente tomará más.

Una situación semejante, pero en organizaciones más complejas, es la que en general enfrenta incluso la más bien intencionada y competente de las administradoras del nuevo Gobierno. Y ojo, no creemos que sean todas así, al igual que no suponemos que la situación inicial de la organización haya sido muy buena para comenzar. Pero lo que sí es cierto es que, en general, ha habido un fuerte deterioro a través del aparato estatal y que tomará mucho tiempo poder regresar a donde estábamos. Encontrar a las personas adecuadas para ocupar cargos hoy desprestigiados por años de mal gobierno va a ser una tarea muy difícil.

Una empresa pública que recientemente ha llamado la atención del público y del nuevo Gobierno es Sedapal, la empresa de saneamiento de Lima. Los problemas de Sedapal son comunes a muchas otras organizaciones públicas y por eso es un buen ejemplo para discutir, uno cuyo accionar afecta profundamente a millones de usuarios.

El primer problema común es que nadie parece estar realmente a cargo de la empresa. En los últimos cinco años, Sedapal ha tenido 12 gerentes generales, que en promedio han durado cinco meses. No han tenido tiempo ni siquiera para familiarizarse con el trabajo. También ha tenido 8 presidentes del directorio y, desde el 4 de junio último, no cuenta con uno. ¿Cómo cumple objetivos una empresa que ni siquiera sabe cuáles son? La dirección de Sedapal, como muchas organizaciones públicas, era ya inestable en los quince años anteriores, pero estos duraban más del triple que en los últimos cinco años. A eso es a lo que me refiero cuando digo que la situación ha empeorado mucho.

Otra estadística que es chocante es comparar el costo y el consumo de agua de un hogar con acceso a la red pública y otro sin acceso. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el hogar sin conexión a la red pública paga siete veces más por el agua que consume, a pesar de consumir menos de la mitad del agua que el hogar típico con conexión. Además, aunque existen relativamente pocos usuarios sin conexión, esto no quiere decir que tener una conexión es equivalente a recibir el servicio continuamente, como lo saben los sufridos usuarios.

¿Por qué es que la cobertura no es de buena calidad, durante las 24 horas y (casi) universal? Pues porque cuesta caro atender a los nuevos usuarios, se necesitan los escasos recursos para evitar que las antiguas redes de agua colapsen, un tercio del servicio de agua no es facturado y, además, a Sedapal le limitan cualquier aumento tarifario necesario para invertir. Esto viene siendo cierto hace muchos años, ¿se imaginan lo que pasa cuando la situación se deteriora severamente?

Además, Sedapal sufre del tremendo costo de la falta de planificación urbana. El Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado el costo de ampliar el suministro de agua en distintas zonas de Lima y las cifras son aleccionadoras. Cuesta 25 veces más ampliar el suministro en Santa Rosa, en Ancón, que el costo de ampliar el suministro en Lima en promedio. La cifra comparable para el servicio en Nueva Rinconada, en Lima Sur, es 14 veces y es 9 veces para Jerusalén, en Puente Piedra. Sedapal se ve continuamente forzado a atender demanda por agua que es producto de invasiones que a menudo responden a dónde los traficantes de terreno obtienen más utilidad.

¿Cuál es la conclusión que se puede obtener de este ejemplo de Sedapal? Como dije, los problemas son comunes a la mayoría de las instituciones públicas. Solo recuperar sus operaciones a lo que eran antes del desastre de los últimos cinco años costará bastante esfuerzo y demandará tiempo. Pedir resultados al Gobierno luego de solo un mes es tan absurdo como creer que ello significa concederle un cheque en blanco. En Sedapal, por ejemplo, no podemos esperar que súbitamente aparezcan nuevas redes, desaparezca el agua sin facturar o se resuelva el crecimiento desordenado de Lima. Sin embargo, sí podemos exigir algo bastante más elemental: que se nombre a personas competentes, que permanezcan el tiempo suficiente para hacer su trabajo, que las decisiones de inversión respondan a criterios técnicos y que la empresa deje de utilizarse como botín político.

Lo mismo vale para buena parte del Estado. Destruir instituciones puede tomar apenas unos cuantos nombramientos, pero reconstruir capacidades toma tiempo, necesariamente. Por eso, durante por lo menos los primeros seis meses del Gobierno, lo que demandamos debería pasar de cuántos problemas ya resolvió a si está reconstruyendo la institucionalidad que algún día podrá resolverlos. Si dentro de un año en Sedapal continúan rotando gerentes, postergando decisiones necesarias y administrándose con criterios políticos, ya no podremos culpar únicamente al desastre heredado.

En agosto del año pasado, una niña de 13 años del caserío de Piruro, en Huánuco, murió dos horas después de dar a luz. En julio de este año, llegaba la noticia de una niña awajun en estado crítico, víctima de violación sexual por parte de su padrastro. En agosto, una menor indígena de 10 años fue rescatada mientras la trasladaban a Ecuador para “contraer matrimonio” con un hombre de 50 años. Hace unos días, Betsy Mallma, presidenta de una olla común en San Juan de Miraflores, fue acribillada por unos sujetos. Mientras tanto, un diputado del partido de Renovación Popular intervino y “fiscalizó” el proceso de un aborto terapéutico a una paciente en Abancay, para después declarar que “enhorabuena se ha salvado una vida” —y no lo decía por la gestante.

Hoy, la violencia contra las niñas y mujeres peruanas se libra en sus propios cuerpos. Ese espacio personal e íntimo que es nuestro y sobre el cual debemos tener completa autonomía está en manos de los agresores, de las redes criminales y de políticos que se sienten con el derecho y la superioridad moral de decidir por nosotras.

Nos hemos cansado de repetir que estas violencias son estructurales. Es decir, hay un sistema que las sostiene, hay condiciones que las reproducen y hay una sociedad que las normaliza. La vulnerabilidad de las niñas y mujeres se agudiza cuando aparecen factores como las distancias geográficas, la falta de conectividad, la falta de acceso a educación, la dependencia económica o las barreras lingüísticas. Ya en la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES 2024) se muestra que el 56,5% de los hombres de 18 años a más justifican la violación sexual, y el 75,7% de hombres y mujeres toleran algún tipo de violencia contra la mujer.

¿Nos quieren decir que ya ni siquiera las mujeres pueden tener derecho a acceder a un aborto terapéutico, que es legal hace más de cien años, sin ser estigmatizadas y acosadas? ¿Nos quieren decir que, al dolor físico y al shock emocional, las mujeres tienen que soportar la exposición de nuestros datos privados y la fiscalización política de grupos conservadores sobre nuestros cuerpos?

Esta ola de violencias sobre los cuerpos de las niñas y las mujeres más vulnerables y pobres del país debe interpelarnos. Pero no hay respuestas, y mucho menos decisiones políticas. Estamos solas.

La policía del general Arriola no ha cambiado en nada. Más bien parece haber empeorado, lo que se traduce en el abandono de los ciudadanos a su suerte. En una entrevista concedida a La República, el politólogo Alberto Vergara explica que esta es la policía que el Gobierno quiere. No para restablecer el orden, sino para usarla como arma represiva cuando la situación, como seguramente ocurrirá en algún momento, se ponga tensa por las protestas y la desesperación de las personas abandonadas en manos de los extorsionadores y otros delincuentes.

Situación que es aprovechada por otro que se está saltando la Constitución a la garrocha: el candidato a regidor por Renovación Nacional, a quien el JNE le acaba de dar su beneplácito para que sea reelegido como alcalde en lo que solo se puede describir como una pendejada. Contraviniendo no solo lo estipulado por la Carta Magna, sino los fallos de los jurados electorales regionales. La ley del más vivo oleada y sacramentada, para decirlo en los términos que podría usar el candidato del Opus Dei. Una vez consumada la violación de la ley gracias a la bendición otorgada por Burneo, López Aliaga “tranquiliza” a los limeños diciéndoles que, cuando él sea alcalde por segunda vez consecutiva, quien sea extorsionado solo tiene que llamar a Carlos Álvarez para que le solucione el problema. Al desprecio por las leyes se añade el delirio como promesa de gobierno municipal. Los payasos son los llamados a resolver la violencia generalizada, sufrida cada día por las personas más desprotegidas y angustiadas.

Quienes temíamos un Gobierno amenazador y brutalmente autoritario nos hemos estrellado contra una realidad que, por lo menos este psicoanalista, nunca previó. El mensaje parece ser: dejemos las cosas como están y la economía resolverá todo. Como dicen los argentinos: arroja los melones en la carreta y se acomodarán solos.

Mientras tanto, van apareciendo una serie de nombramientos en puestos claves para representar al Perú en el ámbito internacional, que parecen obedecer a una lógica de favores, con total desdén por la importancia del ámbito internacional. Poner al almirante Tubino de embajador en Argentina me exime de mayor explicación. El servicio diplomático tiene un prestigio y profesionalismo que permitiría colocar embajadores en puestos clave. Pero desde hace años viene siendo maltratado por esta nefasta tradición de utilizar las embajadas como recompensa por los servicios prestados, olvidando que los peruanos tenemos derecho a ser representados digna y profesionalmente. En los años que viví en París pude observar de cerca el trabajo del embajador Arias-Scheiber, uno de los artífices de la línea demarcatoria de 200 millas intangibles (algo que hoy parece haber sido olvidado).

La sensación que prevalece es la de una apuesta, como dice Vergara, por el statu quo. O, como diría el Gatopardo de Lampedusa: que todo cambie para que nada cambie. Es una decisión peligrosa, por decir lo menos. Los peruanos eligieron este Gobierno para que los libere de esta situación de precariedad existencial. Tanto en lo que respecta a su seguridad como en asuntos esenciales de la vida cotidiana: salud, educación, transporte, etcétera. La expectativa implícita era la del pacto de la ciudadanía con el padre de la Presidenta: renunciamos a nuestros derechos a condición de que imponga orden, en todas las acepciones de la palabra.

Pero tal parece que esta vez será diferente. Como han señalado diversos observadores, en realidad lo único novedoso es el Gabinete de ministros, que no parece estar muy alineado por lo demás. Porque, en la práctica, el pacto congresal gobernaba al país desde el ridículo golpe de Castillo. Visto así, era en efecto iluso esperar que las cosas cambiaran radicalmente. Era como las promesas de López Aliaga: cháchara vacía y groserías destinadas a complacer al lado más lumpen de cualquiera de nosotros.

Porque es importante reconocerlo: en todas las personas —no solo los peruanos— hay una franja incivilizada que engancha con las bromas soeces, el racismo, el machismo o el clasismo.

En esas condiciones, toca ponerse a pensar en cómo resistir estos años difíciles que no se avizoran, sino continúan. Acabo de participar en un Congreso de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que fue un rotundo éxito. Su título: “Un psicoanálisis mestizo: Raíces y travesías”. En una de las mesas, el artista Gabriel Alayza propuso una idea tan simple como genial. Ante el avance de la inteligencia artificial, mascarón de proa del tecno-fascismo (los riquísimos propietarios de Silicon Valley), acaso la mejor resistencia sea volver a los actos más elementales: coger un lápiz y ponerse a dibujar.

Como no todos somos artistas, pues será el desafío de quien pueda hacerlo encontrar su propia manera de resistir, preservando de esta manera su capacidad de pensar, simbolizar, reconocer al otro.

Este dato es la o las fuerzas que mantienen la división en muros infranqueables. En suma, no estamos divididos por factores ajenos a nuestra voluntad. Por el contrario, hay una voluntad de mantenernos desvinculados. Permítanme poner un ejemplo de algo que me ocurrió esta semana. Estaba ingresando a la puerta de mi casa con mi llave. Coincidí con una señora que estaba al lado, con quien solemos saludarnos cordialmente. Esta amable persona es trabajadora del hogar que colinda con mi vivienda. Al ver que tocaba el timbre de la casa, le dije en tono de broma, pensando que había olvidado su llave: “¿No tiene llave de la casa?”. Ella, sin dejar de sonreír, me respondió: “No me dan llave”. Luego agregó, acaso al advertir mi expresión de perplejidad: “Hace veinte años que trabajo acá y no me dan llave”.

Me limité a responderle que me parecía muy mal que no le dieran llave, sabiendo que esa respuesta no hacía nada para resolver la humillación que suponía tratarla como una extraña en una casa en la que trabaja hace dos décadas. Mientras entraba a mi domicilio, supe que eso era algo sobre lo que tenía que pensar y acaso, como lo estoy haciendo, compartirlo con los lectores de La República (aclaro que he modificado algunos puntos del episodio para no causarle problemas a la persona que me confió lo que le sucedía).

Las fuerzas desvinculantes, en la jerga psicoanalítica, se desprenden del narcisismo y la pulsión de muerte. Son, pues, lo contrario de las eróticas (no solo en el sentido sexual), que tienden a crear vínculos y reconocer al otro. El término que usamos para esto es objetalización. Lo cual no implica convertir al otro en un objeto en el sentido, por ejemplo, de la mujer-objeto, sino reconocerlo como otro significativo. Mientras las pulsiones vinculantes humanizan, las desvinculantes deshumanizan. La racialización, por ejemplo, suele hacerlo recurriendo a metáforas animales: “¿Cómo van a votar por el TLC llamas y alpacas?”, dijo el presidente en la época en que se acudiría a un referéndum acerca de esos tratados de libre comercio. O, como se ve en las redes sociales, se suele agredir a los peruanos afrodescendientes tratándolos como simios. Incluso lo he visto en programas filmados, utilizando la risa para encubrir el delito de discriminación.

La señora a la que no le dan la llave de la casa en la que trabaja hace tanto tiempo está siendo tratada como una persona indigna de confianza, a quien hay que mantener en “su lugar” de inferioridad. Esta no es, pues, una fragmentación geográfica o de identidad nacional: es una discriminación de clase y no perpetrada contra una persona desconocida. Se trata de una persona con la que conviven desde hace mucho tiempo y a la que hacen sentir, a diario, como alguien que pertenece a un estrato social inferior.

Nos es más fácil reconocer las divisiones, como ocurrió en las últimas elecciones, entre Lima y las regiones, el norte y el sur, los centros urbanos y el campo, etcétera. Pero la realidad no se deja circunscribir por esas coordenadas cartográficas. En el seno de nuestra convivencia, en nosotros mismos, existe esa pugna entre las fuerzas vinculantes y las desvinculantes. Por supuesto, sería un grosero error pretender homologar lo que sucede en la intimidad de cada cual, o el hogar, con la inmensidad del territorio peruano.

El caso del LUM es otro ejemplo de la acción de las fuerzas desvinculantes. Pretender que ese lugar de memoria desune a los peruanos demuestra que lo que se pretende en realidad es lo contrario. Cualquiera que haya visitado el museo se topará con la descripción objetiva del informe de la CVR, en donde Sendero Luminoso fue el grupo armado que cometió la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad. Está en la primera página del informe mencionado y en la entrada del LUM. Pretender negar esa evidencia y el reconocimiento que se hace no solo de los crímenes también cometidos por las FFAA, así como su heroicidad en muchos casos, es el perfecto ejemplo del trabajo de la desvinculación. De la voluntad de no saber e imponer una narrativa infantilizante de un ejército y una policía intachables, frente a unos terroristas que deben ser los únicos responsables de las masacres.

Esa manipulación grosera de la verdad es el resultado de las pulsiones tanáticas, desvinculantes, desobjetalizantes. Es una deformación grosera de la historia, que solo puede llevar a que, cada vez que se considere oportuno, se terruquee, animalice y acaso extermine a quien se considere enemigo del régimen. Por eso lo del LUM es parte de una ofensiva ideológica en pro del pensamiento único. Es una de las señales de los gobiernos autoritarios: apoderarse de la verdad y manipularla en función de sus intereses. Es lo mismo que no darle la llave de la casa a una persona que trabaja hace mucho tiempo ahí: recordarle que su pertenencia al hogar es un favor que puede terminar, en cualquier momento, en una desvinculación.

Varios medios han reportado que Cerimedo estuvo en Lima el 27 y 28 de julio, y su expareja ha declarado que se reunió con una persona del equipo de Fujimori. A ello se suman las fotografías publicadas por este diario, tomadas en una cena de gala ofrecida por Donald Trump, donde se ve a Cerimedo y a Keiko Fujimori juntos, conversando. Sobre ese encuentro no hubo una sola línea de cobertura por parte del equipo naranja. La respuesta de la presidenta ha sido el silencio administrado en dos frases: "No tengo relación ni personal ni laboral, no la he tenido, ni la tengo"; "Seguramente lo habré saludado en algún sitio".

Saturar el entorno con información falsa hasta fabricar una sensación de realidad —ideas torcidas que terminan pasando por sentido común— no es una práctica nueva. El totalitarismo nazi la elevó a método de Estado: no se trataba de convencer con argumentos, sino de repetir hasta que la mentira adquiriera la sensación de ser real, de ser evidente. Los medios se han sofisticado con el tiempo, pero el objetivo es el mismo: copar la esfera pública de mentiras para sembrar odio y así dominarla.

Jürgen Habermas describió la esfera pública como ese espacio —ni el Estado ni el mercado— donde la ciudadanía delibera como iguales, y donde la única fuerza legítima es la del mejor argumento. Lo que hace una granja de bots es pervertir esa lógica desde la raíz. No introduce un argumento malo que podríamos rebatir con uno mejor: introduce hablantes que no existen, y por tanto repiten incansablemente. Falsea el centro de la conversación. Cuando decenas de cuentas automatizadas simulan una corriente de opinión, el ciudadano real ya no delibera con sus pares, sino con fantasmas pagados que fingen serlo. Y no hay deliberación posible si del otro lado no hay nadie.

Porque así se instalan los discursos de eso que llamaron "la batalla cultural": no como un choque de ideas, sino como una operación pagada que simula ser convicción espontánea. Una patraña con presupuesto amplio y de origen externo.

No existe el contrafactual. Nadie puede afirmar con seriedad cómo habría votado el país sin esas cuentas operando durante meses —simulando, mintiendo, difamando—, y por eso no vamos a discutir la legalidad del resultado. Pero la legitimidad es otra cosa, y este escándalo la deja más golpeada. No hace falta creer en conspiraciones para exigir respuestas: el modo en que se gana una elección deja una marca en el régimen que nace de ella, y anticipa cómo habrá de gobernar. Poner luz sobre lo que ocurrió no es revanchismo, es una necesidad de profilaxis democrática. Una comisión investigadora seria es un camino que se debería seguir.

Pero, ¿entiende realmente la gente común la gravedad de lo que, más allá de los titulares amarillos, representaba Cerimedo en la política latinoamericana? Porque este no es un escandalete más, sino la prueba palpable de que los electores en nuestros países han sido tratados como bichos manipulables, borregos desprovistos de agencia propia, incautos a los que se podía “conducir” hacia determinadas decisiones políticas a punta de desinformación, granjas de bots y campañas de odio.

Lo confesó el propio Cerimedo, en 2023, al periodista Hugo Alconada, de La Nación de Argentina, cuando le preguntó si manejaba trolls: “Sí, un montón”, respondió. “Los generamos con máquinas, con inteligencia artificial. Contamos con operadores que dan las instrucciones y las variables para crearlos, y después dejamos pasar tres, cuatro meses, para que el algoritmo, al peinar la red, no los detecte”.

En otras palabras, es muy probable que ese sujeto gritón, identificado con un seudónimo y una foto trucha, que se mete a opinar con insultos, groserías y calumnias hacia los opositores de la ultraderecha —y a quien usted responde como si de un verdadero ser humano se tratara— sea un troll que solo existe en una de las muchas pantallitas que se encontraron en la granja de Cerimedo en Bolivia.

El único antecedente de una estrategia así de masiva y maquiavélica es el de Cambridge Analytica, la consultora británica que obtuvo datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin su permiso para diseñar anuncios personalizados que los hicieron cambiar de opinión, tanto en las elecciones norteamericanas de 2016 —que ganó Donald Trump—, como en el Brexit del mismo año en Reino Unido.

Pero, ¿qué ha hecho Cerimedo para que la ultraderecha gane elecciones más allá de sus estrategias de desinformación y manipulación en redes? Lo descubierto es solo la punta del iceberg, pues falta documentar los pactos indecentes que tuvieron que celebrarse con los candidatos y sus entornos, las financiaciones de campaña que involucrarían narcotráfico y minería ilegal, así como los nexos precisos con el movimiento MAGA, secta de un Donald Trump interesadísimo en apropiarse del poder en su patio trasero.

Lo de la granja de bots no es sino la confirmación de la manera descarada en la que se ha influido en el debate político en nuestros países: “engañando” a los algoritmos de redes sociales para hacer creer a la gente que el alcance de sus mensajes, candidatos o agendas era real, colocándolos a la fuerza y sin escrúpulos en el debate público. Es decir, una estafa a gran escala de la que ya no hay retorno posible, pues los gobiernos que se beneficiaron de esa asquerosa estrategia ya se encuentran bien instalados en sus puestos.

«Si hablo, caen ocho gobiernos», habría dicho Cerimedo tras su detención en el penal de Palmasola y, quienes conocen su trayectoria, dicen que se refiere específicamente a Argentina, Chile, Honduras, Colombia, El Salvador, Perú, Bolivia y Paraguay, donde candidatos de extrema derecha han ganado recientemente. De todos, el más comprometido —después, obviamente, del presidente Rodrigo Paz, de Bolivia— parece ser Javier Milei, a quien, en la ya mencionada entrevista con Alconada, Cerimedo describió como “Dócil”.

Otro que aún no ha ganado la elección —y que probablemente no la ganará después del escándalo en el que se encuentra enfangado hasta los muslos— es Flavio Bolsonaro, cuyo hermano Eduardo, en una gala en Mar-a-Lago en la que se premiaba a Cerimedo como gran estratega político (gala en la que, ¡oh coincidencia!, habría estado Keiko Fujimori), le agradeció todo lo que había hecho por la candidatura familiar.

En esa ocasión, Cerimedo estaba tan emocionado que se fue de lengua, pues se largó a hablar de la “guerra cultural” (el eje ideológico del movimiento MAGA) y su objetivo prioritario: que la izquierda nunca más vuelva al poder en América Latina, para lo cual no solo había que ayudar a los candidatos de ultraderecha a ganar elecciones, sino a gobernar. ¿Y la voluntad popular? Un insignificante asunto que se puede manipular o “dirigir” con engaños, mentiras y campañas sucias.

¿Qué dirán ahora los votantes de la ultraderecha latinoamericana? ¿No se sentirán un poco ridículos después de haber acusado a la izquierda (que tiene lo suyo, no nos hagamos) de lavar el cerebro de los jóvenes, para luego resultar ellos los manipulados como borreguitos descerebrados? ¿No habrá por ahí algún “facho pobre” (un trabajador mal pagado que defiende a los ricos) que, al enterarse de los métodos de Cerimedo, se haya sentido un tonto útil? Es probable. Aunque, claro, el mayor logro de esta gentuza es que sus propias víctimas terminen aplaudiéndolos.

La primera refleja la informalidad que penetra —desde la economía y la gestión empresarial hasta la administración pública y las relaciones entre ciudadanos— y ha roto la institucionalidad, haciéndola añicos ante la mirada cómplice de las autoridades. A esta dinámica destructiva se ha sumado la pandemia del cupo, consecuencia directa de la extorsión, que se extiende desde las más altas esferas del gobierno hasta el ciudadano más humilde. En la cúpula, vemos a congresistas que “mocha sueldos”, malos magistrados que dictan sentencias a cambio de prebendas, o el cobro del diezmo que desvía las obras públicas. En la población, el cupo lo exigen los delincuentes a empresarios, a pequeños comerciantes de mercados, a transportistas y mototaxistas; incluso, hasta a quienes venden productos en los semáforos.

El extorsionador se ha convertido en un virus mortal, similar al covid-19: no sabemos dónde se oculta. Puede pertenecer a una banda criminal, ser un amigo cercano, un vecino o incluso un familiar. Por eso, no exagero al calificarlo como una pandemia criminal.

Para enfrentar con éxito esta pandemia, se requiere una inteligencia ultra profesional, con capacidad operativa y uso intensivo de la tecnología digital. Es imperativo reorganizar la Policía Nacional, seguir la ruta del dinero y de las comunicaciones telefónicas, establecer un ecosistema legal que permita juicios sumarios, y aislar en los penales a los delincuentes de alta peligrosidad.

Para implementar estas acciones se requiere de un líder con honestidad comprobada, que esté comprometido con la población, y responda exclusivamente a los intereses de la nación.

-Quiero ser alcaldesa de Lima en primer lugar porque soy una profesional capacitada, preparada en el Perú y en ciudades de Europa, para luchar contra el principal mal que afecta a todos los peruanos, que es la corrupción. Desde los inicios de mi vida profesional he cerrado las puertas a los corruptos y estoy preparada además para acabar con la criminalidad organizada en el país. Si me enfrenté a los más grandes corruptos del país, me siento con la capacidad de enfrentarme a las organizaciones criminales. Además de ser una profesional experta en contrataciones del Estado, he sido presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero soy, fundamentalmente, como muchas madres que me escuchan, una madre que quiere hacer de Lima un lugar seguro y ordenado para nuestros hijos. Esa es mi principal motivación. Podría quedarme con todos los conocimientos en mi casa y en mi oficina, pero creo que ahora es momento de ordenar Lima, y esa es mi misión.

-Usted tiene experiencia en contrataciones. ¿Cómo va a manejar los contratos no reconocidos que deja esta alcaldía, como en el caso de los peajes o de los trenes?

- Lo primero que tengo que hacer es ordenar las cuentas y ordenar la casa. En el caso de las cuentas, es necesario saber exactamente cuánto recibe la próxima gestión municipal y qué se ha hecho con el dinero que recibió la gestión del 2022 al 2026. Donde haya indicios de actos de corrupción, comunicarlo a la Contraloría para que ella determine si hubo o no responsabilidad. Y, como alcaldesa de Lima, debo ordenar aquellos contratos para los cuales no se cumplió con los requisitos previos establecidos en las normas del sector público. Es obvio, pero no se hace: para ejecutar una obra primero tiene que aprobarse un expediente técnico. Estamos viendo que la verdadera razón por la que no funciona, por ejemplo, el tren Lima-Chosica es que no había un expediente técnico previamente aprobado. Es necesario que el próximo alcalde o alcaldesa conozca realmente las normas del sector público y cómo se debe gestionar la ciudad, que es justamente lo que nos falta hoy.

-Otro problema es la inseguridad. ¿Qué propone para combatirla, sobre todo en los sectores más vulnerables?

-Como alcaldesa de Lima, entre el 2027 y el 2030 voy a entregar a los limeños una ciudad segura, estoy preparada para ello. Pero para solucionar el problema hay que conocerlo, y veo que el tema de la inseguridad se está mirando desde un solo punto de vista. Tenemos, en primer lugar, la delincuencia común, que hay que atacar, por ejemplo, iluminando más las calles de Lima. La oscuridad en el Rímac, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, en los alrededores del Centro Histórico, en Villa El Salvador y en Lurín es una de las aliadas de los delincuentes comunes.

En el tema de la criminalidad organizada, lo que estoy proponiendo y difundiendo en todos los medios es que el gobierno central compre el sistema Pegaso, un sistema de inteligencia electrónica que se complementa con el que actualmente tenemos, llamado Constelación, obsequiado por Estados Unidos en 2007. Pegaso permite no solo interceptar las llamadas que hacen entre sí secuestradores, sicarios, cobradores de cupos y quienes se dedican a la pornografía infantil, sino también interceptar comunicaciones por aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal, y acceder a mensajes de chat, incluso los borrados. El Perú todavía no lo adquiere porque los corruptos, que temen ser detectados con este sistema, no lo permiten. Ya lo compraron Colombia, Brasil y Ecuador; funciona en Alemania y en las principales ciudades del mundo. Aquí, donde la criminalidad va viento en popa, no se compra.

- ¿Esa es responsabilidad del Ministerio del Interior?

- La compra es responsabilidad del Ministerio del Interior, porque maneja el presupuesto. Pero es responsabilidad del alcalde de Lima, como presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, planificar cómo va a funcionar el sistema de seguridad en la ciudad, y por eso debería presidir ese consejo, cosa que los actuales alcaldes no hacen. Allí participan el Ministerio Público, el Poder Judicial y los jefes de la Policía Nacional del Perú, y es donde se planifica cómo atacar la delincuencia. Eso no se está haciendo. Como alcaldesa no puedo quedarme esperando que el gobierno central haga esa compra; tengo que exigirlo, porque seré la representante de los vecinos.

Y hay algo que no quiero dejar de lado: los crímenes que suceden dentro del hogar. Todas las semanas tenemos noticias muy tristes de mujeres e hijos asesinados por algún miembro de la familia, muchas veces el padre. Sobre esto ningún candidato está hablando. El tema de la violencia contra la mujer ha sido abandonado por la gestión municipal y por el gobierno en general. El primer vecino, el que debería acudir en defensa de las mujeres o de cualquier miembro de la familia atacado, debería ser el alcalde, y yo, como alcaldesa, lo haré.

Para eso hay que implementar módulos únicos de atención que funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana, en los 43 distritos de las cinco Limas. Allí debe confluir de inmediato, para la mujer atacada o amenazada, un integrante especializado de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, el médico legista y el psicólogo, es decir, quien pueda brindarle protección en ese momento. Hace poco más de una semana vimos cómo un hombre asesinaba a su esposa y a su hijo de 22 años, mientras su hija de 17 pedía ayuda a la comisaría. Nadie la ayudó. Ese hombre terminó con esa familia y ningún funcionario público se acercó a prevenirlo, pese a que ya se conocían atentados anteriores contra esa familia. La alcaldesa no puede hacerse la de la vista gorda. Como madre de familia y como mujer, quiero implementar ese sistema de ayuda oportuna, rápida y preventiva para las mujeres y para todos los miembros de la familia amenazados.

- Esas asambleas de seguridad suelen quedar en la foto, sin seguimiento de los acuerdos. ¿Cómo va a garantizar que se cumplan?

-La situación es más preocupante de lo que describe. Son públicas las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana. Entre 2022 y 2025, cuando ejerció formalmente como alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima convocó a 22 sesiones de ese Consejo, que él debía presidir. ¿A cuántas asistió? Solo a ocho. Eso demuestra que el abandono de la Municipalidad hacia los vecinos de Lima ocurre porque los vecinos son lo último que le interesa a López Aliaga. Asistió a la sesión de instalación y a una segunda, en la que el jefe de la Policía Nacional debía informarle sobre los asesinatos del año 2022; a la sesión en la que debía recibir esa información completa, ya no asistió. No es solo que no cumplen los acuerdos, es que no asisten a las sesiones porque no les interesan. Estamos hablando de la falta de planificación de un sistema real de seguridad ciudadana para los limeños.

- ¿Cuál es su postura sobre las postulaciones encubiertas, como el caso de López Aliaga?

-La Constitución es clara: la reelección al cargo de alcalde no está permitida. Si una persona fue elegida alcalde en 2022, no puede ser reelegida como alcalde en 2026. Ahí hablamos de una reelección encubierta. En una reunión que tuvimos los representantes de los partidos políticos hace aproximadamente tres días, el representante del APRA, Alejandro Pimentel, dejó marcada una posición a la que se adhirieron 16 partidos: que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, en el plazo de tres días que está por vencer, sobre qué va a pasar con las listas en las que el candidato a alcalde renunció y en teoría correspondería entregar la credencial a alguno de los regidores. Si el primer regidor ya fue alcalde, no se le podría entregar esa credencial; tendría que ser al regidor número dos. Se está pidiendo al pleno del JNE que se sincere con la población y diga, antes incluso del debate, si esa credencial de alcalde va a corresponder al candidato a primer regidor o al segundo, a quien tal vez nadie conoce. Eso debe transparentarse ante la ciudadanía.

-Hablemos de transporte. Trasladarse entre extremos de Lima puede tomar hasta cuatro horas diarias. ¿Cómo plantea atacar ese problema?

-Voy a entregar a los limeños una red de transporte urbano masivo, integrado y de largo plazo. Actualmente el dolor de cabeza es el tráfico, porque todos los alcaldes hacen obras para inaugurarlas dentro de cuatro años, pequeñas obras como curitas en lugar de una cirugía a un problema grande. Por eso no tenemos una red realmente integrada: una persona que toma el Metropolitano y baja en el paradero tiene que caminar dos cuadras para subir, por ejemplo, a la estación del tren eléctrico. Quienes somos jóvenes podemos hacerlo, pero no se está pensando en las personas de la tercera edad, con alguna discapacidad o con alguna condición neurodivergente. No hay una integración real de las distintas modalidades de transporte, y no se está incluyendo a todos los limeños.

En 2008, el segundo gobierno aprista dejó construida, en solo tres años, la Línea 1 del tren eléctrico, que ayuda a quienes viajamos entre Villa El Salvador y Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, por un sol con cincuenta, tarifa que se mantiene. Yo la uso: en media hora llego desde la estación La Cultura hasta el Parque Industrial. Pero ese gobierno aprista dejó diseñadas cinco líneas más que hasta ahora no terminan de construirse, y en el caso de las líneas 3, 4, 5 y 6 ni siquiera se ha iniciado la construcción. Eso significa que muchos limeños siguen excluidos de mejores oportunidades de trabajo, empleo y de hacer empresa.

- ¿Cómo trabajaría eso con el actual gobierno central?

-Muy bien. El presupuesto lo tiene el gobierno central, pero la Municipalidad de Lima participa en el directorio de la Autoridad de Transporte Urbano, donde se planifica el sistema de transporte. La oferta de la presidenta Keiko Fujimori de construir las cinco líneas restantes del tren eléctrico tiene que ser apoyada técnicamente por la Municipalidad de Lima a través de esa Autoridad, y ahí entra toda mi experiencia en ejecución de obras públicas. Nadie desde la Alcaldía de Lima podría ayudar mejor a que esas líneas se hagan realidad, integrando además a la población de Jicamarca ampliando la Línea 1, a Lurín y Pachacamac, ampliando el diseño de la Línea 2 pasando por Ñaña, Santa Clara y Huaycán hasta Chosica, y ampliando el diseño de la Línea 3 para que no llegue solo hasta Comas, sino que pase por Puente Piedra hasta Ancón. Qué lindo sería que funcione también la Línea 4, que llevaría a tantos jóvenes que buscan empleo y a tantos empresarios que necesitan trasladarse por toda la Javier Prado. Necesitamos una red integrada que piense en todos los vecinos de Lima, no un conjunto de obras aisladas de cada alcalde que quiere inaugurarlas en cuatro años. Tiene que ser una red de transporte masivo, más económica y más rápida, que nos dure al menos los próximos 50 años.

-Se nos ha acabado el tiempo.

-Uy, tenemos muchas cosas por hablar. Hay temas de los que los candidatos no están hablando, como la salud mental. Yo soy una persona enemiga del maltrato animal, y una de sus formas es torturar a los toros en eventos que tienen una parte cultural, una parte tradicional y una parte linda de fiesta, pero que no puede terminar en la tortura de un animal. Quiero dejar sentada esa posición, que seguramente causará controversia, porque me parece que, por salud mental y para que los candidatos a alcalde revelemos quiénes somos realmente y cuánta sensibilidad hay en nosotros, que es el primer requisito de un político, debe saberse qué pensamos y sentimos frente a situaciones como la tortura animal.

- ¿Y con la plaza de toros de Acho?

-En el caso de Acho, permitiré toda la fiesta. Lo que no permitiré es que se torture a un ser indefenso, como un animal que bien podría ser una de nuestras mascotas.

Hay muchas más propuestas. Me preocupa el tema de las ollas comunes: cómo es posible que reciban raciones de dos soles con veinte céntimos, y que la gestión de López Aliaga, en 2024 y 2025, no haya puesto ni un sol a esas raciones, siendo todo lo recibido del Midis. De esa ración comen dos personas en los lugares más vulnerables, para el almuerzo y para la cena. Hay muchas cosas más por hablar: el fenómeno de El Niño, los traficantes de terrenos, que tienen como principales aliados a alcaldes que ubican a la población en las quebradas y en las riberas de los ríos, y hasta les ofrecen titulación con fines electorales. Por eso creo que las organizaciones criminales también están integradas por alcaldes. Los mismos alcaldes participan en el cobro de cupos, por ejemplo en el mercado de frutas de La Victoria, cuyo alcalde es de Renovación Popular, y me parece imposible que esa situación la hayan desconocido el actual y el anterior alcalde de Lima.

¿No era ella la que abogaba por la intervención norteamericana, y la que hasta le regaló la medalla de su Premio Nobel de la Paz a quien, justamente, sostiene hoy a ese régimen? ¿No era la que creyó, casi con convicción férrea, que era la elegida para la transición de la dictadura de Nicolás Maduro a una democracia posible y ahora es penosamente ninguneada?

Es increíble cómo, a pesar de las señales coloniales que lanza la Casa Blanca, hay quienes creen que estamos en tiempos normales. En Argentina, Javier Milei ha hecho una proclama inflamada sobre las islas Malvinas, luego de enterarse que se preparan inversiones petroleras en ese territorio que el Reino Unido controla, sólo porque Trump dio un confuso guiño sobre el tema.

“Siempre reviso todas las posiciones, esta es una de muchas”, le dijo el mandatario norteamericano a un periodista, algo que al parecer fue interpretado por el presidente sureño como un apoyo resuelto. Es posible que el líder republicano luego se olvide del asunto, o incluso que, en efecto, cambie su posición, como lo ha hecho decenas de veces respecto de Irán.

Se entiende que los políticos de derecha, por su estirpe ideológica, no quieran pelearse con el “gran país del norte”. Pero de allí a aceptar maltratos y bailar al son que les ponen sin vergüenza política y deportiva, hay una distancia sideral. A Argentina, a pesar de la devoción casi febril que tiene Milei por Trump, Washington no tuvo reparos en ponerle aranceles del 10%.

Se supone que estábamos en tiempos poscoloniales, en los cuales las estructuras del poder colonial seguían actuando, aunque más sutilmente. Trump está logrando el peligroso milagro de hacer que el hoy tenga un aire abiertamente colonial. Ha hecho que, por ejemplo, Venezuela sea una república banano-petrolera, a la que le dicen hasta cuándo debe tener sus elecciones.

La atmósfera de sumisión se extiende de manera preocupante. Por Panamá, por Ecuador, por Colombia, por Bolivia, por Paraguay, por el Perú inclusive. Como si no hubiera otra alternativa. Como si la única negociación, o actuación, diplomática a la que tuviéramos derecho fuera alinearnos sin reclamo, sin agencia, sin visión estratégica. Como hace varias décadas, o siglos.

Un ciudadano que comprende lo que lee, que razona con datos y que puede analizar la información que recibe es más capaz de exigir rendición de cuentas, de resistir la manipulación y de construir instituciones democráticas más sólidas. Por eso, los países que invierten en educación de calidad producen al mismo tiempo mejores economías y sociedades más equitativas.

La educación es una política de Estado que trasciende cualquier gobierno de turno.

Los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE, merecen leerse con atención. El Perú obtuvo 382 puntos en Matemáticas, nueve menos que en 2022 y 81 por debajo del promedio del organismo. Solo el 30% de los escolares de 15 años alcanzó el nivel básico en esa materia. En Lectura, el puntaje bajó de 408 a 390, un retroceso estadísticamente significativo. En Ciencias obtuvo 406, dos menos que en 2022, quedando séptimo en América Latina.

En resumen, lo que estas cifras confirman es que el Perú está lejos del estándar internacional y se viene alejando.

Hay un antecedente histórico que el debate educativo peruano debe tener presente. Entre 2012 y 2018, el Perú fue el país que más avanzó en las evaluaciones PISA a nivel mundial. Ese progreso ocurrió bajo un modelo de reforma que priorizó la formación docente, el ingreso meritocrático al magisterio y la medición del desempeño. El ministro Javier Saavedra, hoy en el Banco Mundial, condujo ese proceso hasta que el Congreso de mayoría fujimorista lo retiró por interpelación en 2016. Desde entonces, la educación peruana perdió ese impulso. Por supuesto, la pandemia agravó un deterioro que ya venía instalado.

La rotación ministerial de los últimos años también es parte estructural del problema. Entre 2016 y 2026, el Perú tuvo más de diez titulares en el sector Educación. Sostener una reforma educativa exige continuidad, visión de largo plazo y políticas que trasciendan los cambios de gobierno.

Los datos publicados son la primera evaluación que ese despacho recibe. El país espera una agenda educativa concreta a la altura del desafío que es de Estado.

Otras cinco pantallas-ojo se abren cuando alguien está al frente. El dispositivo observa y nos observa. Sensores registran el pulso de quienes se aproximan y convierten al espectador en una variable corporal dentro del circuito. Y de esa manera la instalación deja de ser objeto contemplado y adquiere fisiología. Escucha, mide, procesa, responde. La tecnología transformándose en anatomía política.

Raspberry Pi, Arduino R4, placas tipo ESP32 y sensores componen una arquitectura computacional por donde entra el mundo como señal. La señal se transforma en imagen, la imagen retorna al cuerpo. Una civilización entera aparece reducida a un circuito que registra sus propias heridas. La pantalla climática mide el entorno, otra cartografía guerras, protestas y desplazamientos. Otra contabiliza los avances de las promesas planetarias. Y entonces aparece el reloj.

El tiempo restante para cumplir la Agenda 2030 se convierte en una cifra que desciende segundo a segundo. El futuro adquiere la forma de un deadline. La vieja escatología religiosa encuentra una versión tecnocrática de salvación mediante indicadores, redención mediante porcentajes y esperanza administrada por una cuenta regresiva.

Günther Anders habría reconocido en esta escena la brecha prometeica, nuestra capacidad técnica para producir y medir ha crecido mucho más rápido que nuestra capacidad moral para asumir las consecuencias. Paul Virilio habría encontrado la guerra convertida en velocidad e imagen instantánea. Foucault, un panóptico disperso entre ojos electrónicos y sensores. Haraway, la disolución del límite entre organismo y máquina. Adorno, finalmente, habría reconocido el viejo mito ilustrado del progreso enfrentado a su propia sombra.

Pero Tierra prometida posee la genealogía de una artista peruana que aprendió a trabajar en las zonas donde una sociedad preferiría bajar la mirada. Desde La Wawa hasta La migración de los santos y sus Gallinazos, Cristina Planas ha convertido la incomodidad en método y memoria. La generación marcada por la violencia política peruana encontró en ella una escultora capaz de abrir las heridas exactamente donde el discurso público intentaba cicatrizarlas. Ahora la herida cambia de escala.

El Perú queda incorporado a una pregunta planetaria. El niño, una escultura de su hijo, representa una infancia amenazada y también eso que todavía llamamos futuro. Sobre su cuerpo recaen decisiones tomadas antes de que pudiera pronunciarlas. La guerra, el calentamiento, la migración y la vigilancia es la herencia que le estamos dejando. Por eso el título adquiere una ironía bíblica: la tierra prometida somos nosotros ofrendando.

El niño espera. La máquina registra. El reloj desciende. Y en ese intervalo mínimo entre el dato y la decisión, entre la promesa y su cumplimiento, Cristina Planas abre una nueva herida, la del futuro convertido en testigo de nuestro presente. Tierra prometida deja al espectador frente a una pregunta cuya violencia reside precisamente en su escalofriante sencillez: ¿qué mundo estamos prometiendo a quienes todavía no pueden cobrarnos la deuda?

…

Datos:

Instalación: Tierra prometida

Lugar: Socorro Polivalente

Dirección: Jr. Santa Rosa 348, Barranco

Fechas: Hasta el 10 de setiembre de 2026