El Congreso del pacto aprobó con 83 votos el Proyecto de Ley 13830, impulsado por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que incorpora dos vías alternativas para obtener el título de especialista sin pasar por ese proceso.

Ante ello, el Colegio Médico del Perú protestó el 30 de junio frente al Ministerio de Salud junto con sociedades médicas y médicos residentes. De hecho, el mismo Ministerio de Salud también emitió una opinión negativa. Sin embargo, el pleno del Parlamento, que terminó funciones la semana pasada, la aprobó de todas formas.

El decano del CMP, Pedro Riega, señaló a La República el riesgo central. La norma abre la posibilidad de otorgar el título de especialista a médicos que no se han formado en un programa que garantice la adquisición de competencias mediante la experiencia práctica que establece el residentado como estándar mínimo. En ese sentido, la especialidad por competencias podría reconocer a médicos con 10 años de experiencia laboral mediante un portafolio y exámenes, sin entrenamiento supervisado. Riega agregó, además, una denuncia: que la norma beneficia negocios en el campo de la educación universitaria nacional e internacional.

No obstante, los defensores de la iniciativa también tienen un argumento real. Hay médicos peruanos con formación presencial rigurosa en el extranjero a quienes el CMP no reconoce el título porque los programas son más cortos que el residentado local. Ese vacío existe y merece una solución a partir de una homologación que no elimine fases fundamentales de la formación médica. El problema es que la ley resuelve ese caso junto con otros de estándares mucho más bajos, sin distinguir entre ambos.

El Gobierno de transición de Balcázar tiene la autógrafa en su escritorio, y el nuevo Congreso bicameral puede reformar la norma desde el 28 de julio. La salida pasa por lo que el CMP viene pidiendo: una mesa técnica con el gremio, el Ministerio de Salud y las universidades públicas y privadas para construir una reforma que cierre la brecha de 16.000 especialistas que demanda el sistema de salud peruano, sin sacrificar los estándares que protegen a los pacientes, que son, al fin y al cabo, la razón final de la salud.

De hecho, se calcula que en ese momento nueve de cada 10 peruanos eran analfabetos. Por ello, inspirados en los valores de la Ilustración, la escuela pública era la única manera de cambiar eso.

Hoy, más de dos siglos después, ese maestro sigue siendo la columna vertebral de la educación en el país.

De acuerdo con datos del Escale del Ministerio de Educación (2025), siete de cada 10 estudiantes de educación básica en el Perú asisten a un colegio público. Sin embargo, en regiones como la Amazonía, esa cifra supera el 95%.

Y ese maestro, el que enseña en los lugares más alejados, trabaja en condiciones muy distintas a las de un docente en Lima. En muchas escuelas rurales, enseña a varios grados al mismo tiempo en una sola aula. Todo ello lo hace con materiales insuficientes y sin conexión a internet.

Ante esta realidad, el sindicato de maestros (Sutep) lleva décadas pidiendo que el Estado destine el 6% del PBI a educación. El gobierno anterior prometió llegar al 5,1%. Lamentablemente, ese compromiso sigue pendiente.

José Antonio Encinas, el gran pedagogo puneño que dedicó su vida a la educación del indígena y llegó a ser rector de la decana de América, la Universidad de San Marcos, y Juana Alarco de Dammert, que fundó escuelas para los niños más pobres en una época en que nadie lo hacía, entendieron hace más de un siglo que educar es un acto de justicia. Y esa apelación sigue resonando en nuestros días.

El nuevo gobierno que asume el 28 de julio llega con recursos económicos excepcionalmente favorables. La decisión de usarlos para dignificar al maestro que sostiene la educación de la mayoría de los peruanos depende de la voluntad política de quien conduzca el Minedu. 204 años después de San Martín, esa sigue siendo la materia pendiente.

En muchos colegios, el deporte se enseña bajo la misma lógica que otras prácticas tradicionales: disciplina estricta, órdenes irrefutables y escaso margen para la autonomía. El resultado es previsible: alumnos que ejecutan, bien o mal, pero que no piensan ni deciden, asumiendo que la rigidez es parte del juego. Así, el fútbol pierde su potencial formativo y se reduce a un ejercicio de control, o a un espacio que se utiliza para “llenar” el tiempo cuando pareciera no haber nada más que enseñar.

A esto se suma un problema aún más profundo: el fútbol sigue representando un machismo estructural que valora la fuerza por sobre cualquier otra cualidad. La agresividad se celebra como virtud, mientras que la sensibilidad o la cooperación son relegadas, e incluso descalificadas como “femeninas”. Se masculiniza el contacto brusco y se feminiza la debilidad, consolidando un imaginario empobrecedor desde el punto de vista pedagógico.

Expresiones como “no seas niña”, “actúa como hombre”, “deporte de machos” o “el fútbol no es para mujeres” no son inofensivas, son manifestaciones cotidianas de un sistema patriarcal que ha convertido este deporte en uno de sus principales bastiones, reproduciendo estereotipos y excluyendo otras formas de participación.

El problema central no es cómo se juega, sino qué se aprende mientras se juega. Cuando se premian la intimidación o la dureza excesiva, se está enseñando que dominar al otro es legítimo si el objetivo es ganar. Cuando lo único que importa es el resultado, el deporte deja de ser una instancia formativa para convertirse en una herramienta para “alcanzar” el éxito.

Las consecuencias son evidentes: estudiantes ridiculizados por su rendimiento, compañeros excluidos y equipos donde los físicamente dominantes se constituyen en una suerte de élite. En ese microcosmos, la cancha reproduce lo peor de las jerarquías sociales: concentración de poder, reconocimiento desigual y silencios cómplices frente a la humillación. Y, aun así, muchos seguirán insistiendo en que “solo es un juego”.

Aquí emerge el dilema ético central: la escuela, que debería promover igualdad y respeto, termina reforzando lógicas de exclusión mediante la repetición de la rudeza como lenguaje dominante. Se valora más el rendimiento que a la persona, instalando la peligrosa idea de que todo vale si conduce a la victoria.

No sorprende entonces que insultos, simulaciones o agresiones sean tolerados en nombre de la competencia. La violencia deja de ser una falta para convertirse en estrategia. El rival deja de ser un otro legítimo y pasa a ser un obstáculo que hay que superar, así se le dañe, perdiéndose el sentido más elemental del deporte: aprender con otros, no contra otros.

Frente a este escenario, el silencio adulto resulta especialmente nocivo. Cuando docentes o entrenadores no intervienen —o legitiman estas conductas— están educando en la violencia y justificando la segregación. Están transmitiendo una determinada idea de éxito y de moral que deja huella para el resto de la vida.

El desafío, entonces, es profundo. Implica repensar el lugar del deporte en la escuela y recuperar su dimensión ética. Volver a una idea simple pero fundamental: competir no es abatir al otro, sino crecer con él. Ganar no puede justificar cualquier medio, y el verdadero aprendizaje no está en el marcador, sino en cómo se alcanzan los objetivos de manera colectiva, respetuosa y consciente.

Si la escuela pretende formar ciudadanos y no solo competidores, debe comenzar por revisar qué está enseñando en sus propias canchas. Porque, al final, el fútbol escolar no solo forma jugadores: forma, sobre todo, personas. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.

En el Perú, como en la mayoría de los países, la pobreza monetaria se define como el porcentaje de personas que viven en hogares cuyos gastos son insuficientes para adquirir la canasta básica de consumo. Es una medida objetiva, basada en el consumo efectivo de los hogares y no en la percepción que estos tienen sobre sus condiciones de vida. Es por ello que constituye una herramienta indispensable para diseñar, monitorear y evaluar las políticas de lucha contra la pobreza. Precisemos que el hecho de que la pobreza se mida en términos monetarios no significa que pueda resolverse únicamente mediante transferencias de dinero. Su reducción sostenida exige generar empleos de calidad, de mayor productividad e ingresos estables. El crecimiento económico es una condición necesaria para lograrlo, pero no suficiente.

Pero el bienestar depende de mucho más que del ingreso. La calidad de la educación y la salud, el acceso al agua segura, la conectividad, la infraestructura y la seguridad ciudadana también forman parte de las condiciones de vida. Estas dependen crucialmente de la acción del Estado y pueden ampliarse con inversión pública, inversión privada o asociaciones público-privadas, sin esperar a que el crecimiento económico por sí solo beneficie a toda la población. Esta idea ha sido ampliamente documentada. En El gran escape, Angus Deaton, premio Nobel de Economía, muestra que, en numerosos países, los avances sanitarios precedieron al crecimiento económico gracias a políticas públicas como las campañas de vacunación, el acceso al agua segura, la electrificación y la educación gratuita. Muchas mejoras del bienestar pueden alcanzarse antes de que aumenten los ingresos de los hogares. Estas políticas no sustituyen al crecimiento, pero amplían las oportunidades, atienden las urgencias y reducen las desigualdades mientras este llega.

Por ello, aunque la pobreza monetaria siga siendo el principal indicador de privación económica, no agota el concepto de bienestar. Una sociedad progresa no solo cuando aumentan los ingresos, sino también cuando mejoran la salud, la educación, la seguridad, la calidad del empleo y el funcionamiento de sus instituciones. Afortunadamente, contamos con un sistema estadístico que permite observar esa realidad desde múltiples dimensiones y perspectivas. Además de la pobreza monetaria, el INEI mide la vulnerabilidad —es decir, el riesgo de caer en pobreza ante un evento adverso: pérdida del empleo, enfermedad o desastre natural— y las necesidades básicas insatisfechas, considerando la calidad de la vivienda, el hacinamiento, la asistencia escolar y la dependencia económica.

A ello se suman indicadores provenientes de otras encuestas, como la ENDES y la ENAPRES, sobre anemia y desnutrición infantil, seguridad ciudadana y calidad de los servicios públicos, así como módulos especializados de la ENAHO sobre empleo, discriminación, asistencia escolar, confianza en las instituciones y otros aspectos del bienestar. Ninguno reemplaza a los demás. Juntos ofrecen una visión mucho más completa de las condiciones de vida de la población que la que podría proporcionar una sola cifra.

A estas mediciones objetivas se suman las subjetivas, basadas en la percepción que tienen los propios hogares sobre su situación económica. La ENAHO pregunta si el nivel de vida ha mejorado o empeorado, si los ingresos son suficientes para cubrir las necesidades del hogar, si estos son estables o si, por su situación económica, el hogar se ve obligado a recurrir a sus ahorros o endeudarse. También consulta cuál consideran que es el ingreso mínimo mensual necesario para vivir adecuadamente. Cuando los ingresos se sitúan por debajo de ese umbral, puede hablarse de pobreza monetaria subjetiva.

Lejos de sustituir a las mediciones objetivas, estos indicadores permiten saber cómo experimentan las personas su situación económica y cuáles son sus expectativas. El bienestar no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también de la estabilidad de los ingresos, de la incertidumbre y de las oportunidades que las personas perciben para mejorar sus condiciones de vida.

Lo notable es que ambos tipos de indicadores han evolucionado de manera muy similar. Entre 2007 y 2019, cuando la pobreza monetaria cayó de 42.4% a 20.2%, también disminuyeron el estrés financiero (de 32.5% a 21.9%), la proporción de hogares que declara vivir mal o muy mal con sus ingresos (de 40.8% a 22.5%), la percepción de inestabilidad de estos (de 42.2% a 23.2%) y el porcentaje que considera que su nivel de vida había empeorado (de 22.3% a 12.3%). La desaceleración económica frenó esa mejora y la pandemia provocó un deterioro generalizado. Entre 2024 y 2025, el estrés financiero se redujo (de 21.0% a 18.7%), al igual que la inestabilidad de los ingresos (de 32.5% a 29.6%), así como la proporción de quienes consideran que viven mal o muy mal (de 25.9% a 23.6%) o que su nivel de vida empeoró (de 24.7% a 17.4%). En el primer trimestre de 2026, comparados con el mismo periodo de 2025, todos los indicadores subjetivos de peores condiciones se desaceleraron significativamente, aunque no tanto como para compensar los años perdidos.

Existe, sin embargo, una diferencia interesante. La pobreza monetaria subjetiva suele disminuir más lentamente que la pobreza monetaria objetiva durante las fases de crecimiento económico. La explicación es conocida como la paradoja de Easterlin o el fenómeno de las preferencias adaptativas: a medida que aumentan los ingresos, también aumentan las aspiraciones y el nivel de vida que las personas consideran aceptable. En consecuencia, la percepción de suficiencia económica mejora con mayor lentitud que los ingresos efectivos.

Precisamente por ello, la discusión no debería centrarse en cuál indicador es "mejor". Cada uno responde a una pregunta distinta. La pobreza monetaria cuantifica las privaciones económicas de manera objetiva y comparable en el tiempo; los indicadores no monetarios muestran dimensiones específicas del bienestar que el ingreso no alcanza a reflejar; y los indicadores subjetivos revelan cómo las personas perciben su situación y enfrentan el futuro. Utilizados conjuntamente, ofrecen una visión mucho más rica y útil para la formulación de políticas públicas.

No necesitamos reemplazar el indicador de pobreza monetaria ni buscar una cifra única capaz de resumir una realidad compleja. Lo que se necesita para comprender cómo evolucionan las distintas dimensiones del bienestar y orientar con mayor eficacia las políticas públicas es aprovechar mejor la información que ya produce el sistema estadístico. La pobreza monetaria seguirá siendo el principal termómetro de las privaciones económicas. Pero ningún médico diagnostica el estado de salud de un paciente observando únicamente su temperatura y sin preguntarle cómo se siente. Del mismo modo, ninguna sociedad puede evaluar su bienestar mirando una sola cifra. Medir la pobreza monetaria es indispensable, pero solo adquiere todo su significado cuando se interpreta junto con los demás indicadores que describen las múltiples dimensiones del desarrollo humano.

Entre los brotes de desinhibida imaginación que nos regaló la segunda vuelta electoral, destaca la idea –medio en broma, medio en serio– de que el país debería dividirse en un Perú del Norte y un Perú del Sur. '¿Y si hacemos como en Corea?', le pregunta una mujer a su audiencia de Instagram, y no habla de K-pop sino de la división de ese país asiático, a mitad del siglo pasado, tras una guerra civil que mató a 3.5 millones de personas. En este presente apresurado, sobra tiempo para postear, pero no para entender cómo suceden las cosas. '¿Crees que Perú estaría mejor dividido?', concluye el post con frescura, invitando a la sana reflexión.

Comentada por muchos en las redes, la hipotética separación geopolítica del Perú en dos Estados es una respuesta a la aparente separación ideológica del electorado en ritmo de Guerra Fría: el del norte del Perú sería capitalista; el del sur, comunista. ¿Por qué no formalizarlo?

En ese futuro posible, dicen los comentarios, el Perú del Norte podría perfectamente ser un paraíso artificial, a lo Dubai; lo gobernaría gente bella, a lo Dinamarca; y los indios y cholos y negros y todo tipo de diversidades (menos las demoníacas LGTBIQ+, obvio) acatarían dócilmente su lugar: trabajarían felices 16 horas al día, aplaudirían las leyes procrimen y no tendrían necesidad de votar porque sabrían que es más productivo delegar este tipo de decisiones al Congreso.

Como comentó otra persona en redes, el Perú del Norte se convertiría en un hub continental de tecnología y agricultura sofisticada, una potencia mundial tipo California. La bandera de este estado bebé combinaría el naranja con celeste, pero no por alusiones partidarias sino como oda cromática a la competencia capitalista. Obvio, este Perú sí iría al próximo Mundial porque ¿acaso no has visto que los futbolistas profesionales son de derecha?

El Perú del Sur, por el contrario, perdería todos sus partidos de fútbol por goleada, en estadios vacíos que naturalmente se caerán a pedazos. En su territorio gris y estéril, se aglutinarían los desadaptados que siempre van a la contra: los indios terroristas, los izquierdistas que viven del Estado, las ONG, el LUM, la universidad de San Marcos, las facultades de Letras y Sociales de la PUCP. Allí serían debidamente deportados todos los caviares junto con los enemigos y traidores de clase, empezando por rojos y pelirrojos como Jaime Ferraro.

Básicamente, el Perú del Sur sería un gran campo de concentración y, debido a su alta peligrosidad, requeriría el debido bloqueo internacional para que sus fronteras no supuren subdesarrollo, solo 'quinoa', lana de vicuña y oro ilegal previamente legalizado. El idioma oficial de este país sería el quechua, y de consuelo se podrían quedar con el himno, la bandera rojiblanca y todos aquellos símbolos que producen complejo de inferioridad desde las escuelas. Lamentablemente, Machu Picchu seguiría aquí, pero bajo un modelo de administración externo y para uso exclusivo de extranjeros.

La idea central de este proyecto es que, separando aquí, mutilando allá, bloqueando más allá, menos Perú del Sur es más Perú del Norte. Como seguidor de la literatura peruana contemporánea, me sorprende que estas ideas, que combinan las ansiedades criollas con el delirio neoliberal, no hayan inspirado la imaginación novelística de forma más intensa. ¡Qué hermosas intrigas, distopías, horrores, fantasías, zombis, androides y otras atrocidades podrían nacer de este momento histórico e histérico! 

Sin ir tan lejos, en la Bolivia de los años de Evo Morales, el escritor Maximiliano Barrientos capturó las ansiedades de las clases criollas locales en su novela En el cuerpo una voz. En ella, tras la llegada al poder de un presidente indio, Bolivia se parte en dos: una criolla y otra india. La separación ocurre mediante una guerra y, en el proceso de masacrarse mutuamente en defensa de un ideal inútil, algunas personas del lado criollo aprenden a comerse a sus enemigos indios y –si no recuerdo mal– lo disfrutan.

Algo así podría perfectamente ocurrir en el hipotético Perú del Norte, considerando que ese nuevo país, debido a su potencial creativo, tendría que ser la incuestionable capital gastronómica del continente.

Las posibilidades de la ficción son infinitas. Sin embargo, es importante recordar que la idea de que el Perú es la unión forzada de dos países enemigos no es solo una tendencia efímera de las redes sociales. Se trata, más bien, del permanente estado mental de un tipo de sujeto criollo: aquellas personas 'decentes' que se sienten atrapadas en un inmenso país de bárbaros, y al que, trágicamente, están condenadas a mandar. Es un horror atávico, como el del gamonal que teme que al menor descuido los indios lo lincharán. Esta ansiedad no es un secreto. Por el contrario, aflora todo el tiempo de la boca de políticos, empresarios, operadores, pero también de gran parte de la población que se educa (nos educamos) en esas ideas.

El caso más patético es el del almirante Montoya, ese congresista que creía que las protestas de 2022-2023 estaban compuestas por indios que bajaban de los cerros a saquear la Lima de los Reyes. Desde ese estado de horror, la respuesta estatal lógica debía ser la defensa a balazos del último bastión.

Personas un tanto más articuladas que Montoya llevan la ansiedad criolla al punto de desear abiertamente la guerra civil, como niños que quieren que se apure la Navidad. 'Keiko debe rescatar la soberanía nacional interviniendo militarmente Puno y la macrorregión sur', escribe el periodista Hugo Guerra, quien parece atrapado poéticamente en el siglo XVIII, y no en el lado rebelde sino en el de los súbditos del virrey. 'Lean la historia y busquen las revoluciones sangrientas de Túpac Amaru y Katari (sic) en 1780; algo similar se está cocinando en la misma zona la pretendida supremacía aimara. En esa época, la pacificación costó más de cien mil muertos; hoy la tragedia podría ser mayor'. Frente a la magnitud gore de este delirio, las inocentes historias de Instagram parecen de pronto comentarios mesurados.

Finalmente, una pregunta. Si de verdad el Perú se dividiera, ¿en cuál de los dos quisieras vivir? Iba a cerrar este texto con esa interrogante, quizá ideal para pasar el rato en Facebook o en la sobremesa familiar. Pero, a pocos días del inicio del nuevo fujimorato, y leyendo las invocaciones de Guerra, la realidad pide otro tipo de respuesta. Acaso un llamado a la alerta máxima, ahora que las ansiedades criollas más violentas vuelven a sentirse cada vez más cerca del fusil.