La popularidad de esta tendencia ha trascendido las redes sociales y ha dado lugar a las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que los participantes compiten por demostrar mayor presencia escénica, creatividad y capacidad de impactar al público. Estas competencias carecen de reglas estrictas: son los espectadores quienes determinan al ganador mediante sus reacciones, aplausos y expresiones de entusiasmo.

El fenómeno recuerda, en cierta medida, a las tradicionales batallas de rap o de gallos, en donde el ingenio verbal, la improvisación y la capacidad de cautivar al público, por medio del ataque, resultan decisivos para imponerse ante el adversario. Del mismo modo, las batallas de aura han encontrado espacio en plazas, parques y otros escenarios públicos donde los jóvenes buscan expresarse y compartir códigos culturales propios de su generación.

La importancia y los riesgos del “aura”

En principio, se trata de una manifestación juvenil relativamente pacífica. A diferencia de otros desafíos virales asociados a conductas riesgosas y agresivas, esta tendencia fomenta la creatividad, la improvisación, el humor y la interacción social cara a cara, una dimensión que muchas veces quedaba relegada en la cultura digital. Asimismo, ha permitido que numerosos niños y adolescentes desarrollen confianza para expresarse en público, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y su desenvolvimiento social, generando comunidad y apropiándose de espacios públicos que muchas veces les eran vetados.

Sin embargo, el fenómeno también plantea interrogantes que conviene analizar tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Entre ellos, surge la pregunta de si es conveniente someter constantemente el carisma y la imagen personal al juicio de los demás o si resulta saludable vincular la autoestima con la aprobación externa. Como sucede en las redes sociales, la sobreexposición pública del espacio personal puede pervertir el sentido de cuidado de lo privado.

Además, la lógica de “ganar” o “perder” aura puede llevar a que la identidad personal se reduzca a un conjunto de gestos, apariencias o comportamientos valorados por el público o por las redes sociales, y no necesariamente por uno mismo. El riesgo consiste en que el reconocimiento externo termine teniendo más peso que la autenticidad o el desarrollo de la autoestima: la presión de grupo muchas veces puede llevarte a tomar decisiones apresuradas. Esta situación resulta especialmente delicada durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el desarrollo personal aún se encuentra en proceso de afianzamiento.

Farmeando otras cualidades

Como toda actividad que expone a niños y adolescentes a la aprobación o desaprobación de sus pares, resulta necesaria la presencia de personas capaces de comprender estos espacios de expresión sin descalificarlos ni censurarlos, especialmente cuando involucran dinámicas competitivas. Esto implica reconocer sus aspectos positivos, pero también establecer límites frente a conductas que puedan afectar el bienestar emocional de los participantes.

La clave está en promover el diálogo, la reflexión y la autocrítica, de modo que la experiencia contribuya realmente al crecimiento personal. Por ello, padres y docentes deben conocer el fenómeno, comprender sus códigos y saber en qué momentos acompañar y orientar para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje.

Es importante entender que, más que una moda pasajera, “farmear aura” refleja la manera en que las generaciones más jóvenes trasladan al mundo real los lenguajes, dinámicas y valores presentes en internet y los videojuegos, ámbitos con los que conviven cotidianamente. Precisamente por eso, la preocupación no debería centrarse en prohibir estas prácticas, sino en procurar que favorezcan el desarrollo personal y no se conviertan en una justificación para imponer la ley del más popular o del más fuerte.

Como ocurre con tantos otros fenómenos juveniles, esta tendencia debe convertirse en una valiosa oportunidad para acercarnos a nuestros hijos y alumnos, interesarnos en su mundo y conversar con ellos desde la confianza, el respeto y la solidaridad sin miedos ni prejuicios.

Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.

Tres años después vuelve al Perú

Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.

Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.

No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.

Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.

Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.

Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.

Tras más de 36 horas en cautiverio, el empresario fue liberado. El ministro de Defensa Rafael Belaunde confirmó que se pagó dinero a los captores y que la PNP siguió la ruta del dinero. Por otro lado, el comandante general Óscar Arriola dijo que fue la presión policial la que logró la libertad del secuestrado. Dos versiones contradictorias del mismo gobierno, pronunciadas el mismo día, frente a las mismas cámaras.

El pago de rescate es exactamente lo que cualquier protocolo de negociación con secuestros desaconseja porque no solo financia a la organización criminal, sino que también refuerza su capacidad operativa e incentiva futuros plagios. La lógica es tan simple que horroriza: si pagar funciona, volverán a secuestrar y matar con impunidad.

Tristemente para los peruanos, no es la primera vez que el gobierno de Keiko cede ante la presión de actores que operan fuera de la ley. Cuando los transportistas amenazaron con un paro por la inseguridad a la que están expuestos, el ministro de Transportes Rafael Rey les regaló el 90% de las papeletas. Cuando Los Pulpos secuestraron a un empresario, se pagó.

Este tipo de gestión deficiente tiene costos que solo pagan los ciudadanos a merced del hampa.

Ante lo ocurrido en la ciudad norteña, gobernada hoy por César Acuña de Alianza para el Progreso, el ministro del Interior César Astudillo se ausentó durante toda la emergencia y Belaunde tuvo que justificarlo diciendo que tenía “otras responsabilidades vinculadas a la operación”. En el ínterin, la presidenta Keiko Fujimori felicitó a la PNP en redes sociales mientras sus propios ministros se contradicen ante los periodistas. Y sobre el trabajo de inteligencia que habría permitido identificar, infiltrar y desarticular la red criminal, no hay una sola declaración. Eso es simple de entender porque ese trabajo no ocurrió.

Lo que ocurrió fue un desembolso para su liberación. Y si bien hay que entender, cabe recordar que aquellos secuestros materiales inmediatos, no los cerebros de la organización.

Lo que el gobierno de Keiko Fujimori viene demostrando es que su única eficacia radica en hostilizar a jueces, fiscales, periodistas y cualquier opositor. Sin embargo, para combatir al crimen organizado con inteligencia, coordinación institucional y estrategia de largo plazo, la capacidad de gobierno es paupérrima.

Las políticas públicas no han resuelto problemas estructurales, como los modelos de servicios educativos desconectados del territorio y sistemas de protección fallidos que excluyen a las organizaciones indígenas. No basta con que el Estado llegue; debe organizarse en diálogo con la comunidad, cuyo conocimiento debe ser el punto de partida. Educación, bienestar y territorio no pueden ir por cuerdas separadas.

Los servicios educativos actuales se han diseñado a más de 1.000 km de distancia, sin una planificación territorial que garantice formación docente inicial en awajún y wampis, acompañamiento docente, infraestructura pertinente y una propuesta pedagógica amazónica vinculada al desarrollo territorial.

El desafío para Condorcanqui, en particular, y para la Amazonía, en general, es repensar este diseño con el protagonismo de las organizaciones indígenas, estudiantes y comunidades. La escuela no puede reducirse al aula; la comunidad debe ser un espacio de aprendizaje seguro, donde las artes, la ciencia, la literatura y la tecnología tengan lugar. Esto exige una Educación Intercultural Bilingüe fortalecida con estrategias de protección, salud y justicia territorial, junto con docentes formados y debidamente valorados.

Condorcanqui exige otra educación: una basada en la riqueza territorial que permita a su niñez, adolescencia y juventud adquirir aprendizajes para desarrollar sus proyectos de vida libres de violencia. Ese es el gran desafío.

*Este martes teje Patricia Correa Arangoitia, educadora y exministra de Educación

El análisis de la senadora Ruth Luque en La República, al evocar al personaje hipócrita del “Sinchi”, de Pantaleón y las visitadoras, apunta a otra cuestión relevante: ¿por qué determinados sectores del periodismo de opinión religioso vinculado a la extrema derecha política, como Javier Tebas-Gabriel Ariza (Infovaticana-VOX), Luciano Revoredo (La Abeja) y Giuliana Caccia-Ignacio y Sebastián Blanco (Origen Xtream), han concentrado su atención en un gesto simbólico relacionado con la Pachamama, interpretándolo como una expresión de paganismo?

PUEDES VER: Cuando la pachamama importa más que las víctimas, por Ruth Luque

Un católico puede cuestionar una práctica cultural si considera que entra en contradicción con su fe. Lo que resulta mucho más problemático es convertir automáticamente una expresión de la cosmovisión andina en un acto de adoración pagana y, a partir de esa interpretación, descalificar a quienes participan de ella.

¿Realmente alguien puede sostener seriamente que dos obispos peruanos, Mons. Estrada y Mons. Cadenas, así como Mons. Bertomeu, funcionario de la Santa Sede, acudieron a ese encuentro para adorar una deidad pagana?

Las pocas imágenes o audios del acto, más allá de mostrar una participación respetuosa en el mismo, no permiten concluir la intencionalidad que algunos, incluso maliciosamente, atribuyen a ciertos participantes.

Lo mismo ocurre con una oración de un Papa en una mezquita: no lo transforma automáticamente en adorador de Alá. O con la asistencia de un católico a una corrida de toros, vista por muchos como una exaltación del sufrimiento innecesario de los animales, con raíces cultuales precristianas. Esa asistencia tampoco se transforma automáticamente en un acto inmoral (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2418).

Según publicó la Coordinadora de Derechos Humanos, los tres eclesiásticos fueron invitados como observadores a participar en un evento laico en Cusco en favor de las víctimas de la región, introducido por un acto simbólico del universo andino.

Para interpretar lo ocurrido con un mínimo rigor, es necesario conocer ese contexto antes de emitir un juicio y, mucho más aún, una condena. Porque asistir a los toros o realizar algún gesto relacionado con la Pachamama no tiene necesariamente un único significado.

Para algunos, esta última podría representar una dimensión religiosa incompatible con su comprensión del cristianismo. Pero para muchos católicos andinos forma parte de una tradición cultural que expresa respeto por la creación, por la tierra que alimenta y sostiene la vida, por los antepasados y por la comunidad. No es extraño que una persona pueda ser profundamente católica y, al mismo tiempo, ser fiel a su identidad cultural andina.

Y aquí aparece el problema de fondo.

Mientras la discusión pública se concentre en determinar si un gesto simbólico constituye o no un acto de culto, corremos el riesgo de olvidar a las personas que deberían estar en el centro de cualquier encuentro dedicado a la dignidad y los derechos humanos: las comunidades indígenas y sus víctimas.

PUEDES VER: Beingolea´s LUM. ¿Para qué lo quiere?, por Mirko Lauer

Pobreza, discriminación cultural, exclusión, distintas formas de abuso y vulnerabilidad, falta de acceso efectivo a la justicia y desigualdad histórica son problemas concretos. No desaparecen porque discutamos durante días sobre la interpretación religiosa de un símbolo.

La evangelización y la historia del catolicismo en los Andes forman parte también de esta compleja historia de encuentro, mestizaje y resistencia cultural que atraviesa los tiempos del virreinato y llega hasta la época republicana. El catolicismo andino, les guste o no en Lima o Madrid, es también una realidad histórica y cultural propia.

Es perfectamente posible discutir sobre teología sin insultar una cultura. Es posible cuestionar una práctica sin manipular lo ocurrido o deshumanizar a quienes la realizan. Y es posible defender la ortodoxia religiosa sin convertir a los pueblos andinos en el enemigo cultural de turno, acusando a su gente de “terroristas” o “comunistas”, “chamanes”, como hizo Luciano Revoredo.

En el Perú, el gran desafío hoy es escuchar a las comunidades indígenas y, especialmente, a quienes han sufrido abusos y vulneraciones de derechos. Como está haciendo la Iglesia tras descubrir los ilícitos cometidos por el Sodalicio y su holding empresarial.

La Pachamama podría ser objeto de debate teológico. Lo que no quieren debatir los especialistas en el ninguneo es algo mucho más concreto: el derecho de los pueblos andinos a la dignidad, vulnerado una y otra vez.

Por ejemplo, lluvias frecuentes e intensas, aparte de arruinar cultivos, pueden originar destrucción de puentes y carreteras debido a los huaycos por producirse. Agravando el contexto, existen serios problemas de gestión en municipalidades y regiones.

Según la Contraloría, 317 municipalidades ejecutaron menos del 40 % del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de julio de 2026, asignado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, para afrontar efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027, y 9 gobiernos regionales presentan ejecución menor al 40 % del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, C y Tumbes.

Dados los retos mencionados, el 27 de agosto el Poder Ejecutivo presentó una solicitud de delegación de facultades legislativas al Congreso por 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas (MYPEs), promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación y simplificación administrativa. Si bien esta solicitud es un mecanismo legal y constitucional por el cual el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo a legislar mediante decretos legislativos sobre las materias ya referidas, lo nuevo es que, existiendo 2 cámaras, Diputados y Senadores, la operatividad es distinta cuando el Congreso era unicameral.

Por ello, la solicitud podría primero entrar y ser evaluada por la Cámara de Diputados —con mayoría opositora—, pasando luego al Senado —con mayoría oficialista—. Aparte de las diferencias procedimentales, estoy seguro de que Diputados le pondrá no la lupa, sino el tomógrafo a las materias solicitadas en la solicitud de delegación, por lo que creo que desde el principio será fundamental que la vocería y presentación recaiga principalmente en ministros no solo con mayores competencias técnicas y prestigio profesional, sino también con manejo político.

Al final, el camino a continuación para el Poder Ejecutivo es empinado y el ver cómo va la progresión de la solicitud será seguido muy de cerca por los agentes económicos. La gobernabilidad es importante.

Con ese panorama pendiente, Reggiardo decide salir a amenazar a los diputados que cuestionan el alcance del pedido de facultades delegadas del gobierno de Keiko Fujimori. Lo peor es que los anuncia que los responsabilizará por bloquear o dilatar el proceso. Nada más trillado.

Al respecto, vale la pena recordarle al alcalde de Lima sobre sus competencias sobre el debate legislativo nacional. Como cualquier ciudadano, tiene libertad de opinión para expresar sus ideas, pero resulta que además el tiene un mandato como autoridad edil. Su prerrogativa funcional no incluye presionar al Congreso en nombre del Ejecutivo ni calificar de bloqueo lo que es el ejercicio legítimo de la función parlamentaria.

Los diputados que debaten el alcance de las facultades delegadas están haciendo exactamente lo que su cargo les exige: fiscalizar que el Ejecutivo no reciba poderes más amplios de los que la urgencia justifica. Ese debate es parte de la democracia, y requiere una discusión técnica con perspectiva de Estado. Llamar a eso cálculo político es desconocer el principio de separación de poderes que cualquier autoridad electa debería conocer.

El episodio ocurre además en un momento en que Renovación Popular, el partido aliado del gobierno, muestra sus propias fisuras. La diputada Norma Yarrow le pidió públicamente a la presidenta más celeridad, señalando que prometió resultados en los primeros 100 días y que el ritmo actual no está a la altura de ese compromiso. La tensión interna del bloque fujimorista y sus aliados de RP, empieza a mostrar grietas.

Este diario documentó el obstruccionismo del fujimorismo y sus aliados cuando controlaban el Congreso. El blindaje sistemático a ministros cuestionados, el rechazo de interpelaciones con evidencias de mala gestión, la aprobación de leyes que beneficiaban a grupos de interés antes que al ciudadano. Todo eso fue presentado como gobernabilidad cuando en realidad era la sustitución del debate de Estado por el cálculo político de quien tenía mayoría.

Hoy, desde el Ejecutivo, el mismo bloque llama obstruccionismo tratando de equipararlo a lo que antes era su método. Y eso no es lo que los peruanos observan desde el bloque opositor que, por cierto, no es homogéneo.

En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.