Junto con sus murales coloridos, Pancho pinta retratos. No los elige al azar. Los estudia. Se adentra en la vida detrás de un rostro, se documenta, busca ingresar en las profundidades de lo que sus personajes vieron y sintieron.

Pancho es, indudablemente, uno de los pintores más conocidos en nuestra América contemporánea. Se me ocurre preguntarle de qué forma llegan los colores y la vida a su paleta. Se lo pregunté.

Me respondió que trabaja y me ofreció un ejemplo: Ramón Castilla, a quien ambos admiramos. Pancho estaba cansado de los retratos que nos ofrecen un Castilla apagado y viejo. Se le ocurrió entonces buscar otra etapa de su vida y recurrió a una novela loca que relata el tiempo en que Castilla caminó desde Río de Janeiro hasta Lima cuando tenía 20 años. En el mismo rostro dibujó unos ojos más aguerridos y se le ocurrió que su cielo sería como el de Van Gogh.

Se estaba refiriendo a mi libro El largo viaje de Castilla. Lo menciono porque es un honor que nos hace el artista. Le interesó particularmente una escena de Castilla prisionero en un quilombo del Brasil.

Dos hombres son los carceleros. Uno dice:

“-A mí me vendieron junto con otros quince. El patrón nos puso unas cadenas que nos juntaban a todos. Así trabajábamos. Así comíamos. No había forma de que conversáramos porque hablábamos diferentes lenguas de cada lugar donde nos habían cazado en África. Y ya saben ustedes, África es muy grande, y nos habían traído de los lugares más apartados unos de otros.

El hombre caminaba mientras hablaba. Daba vueltas por la sala y, de rato en rato, se detenía a perorar detrás de Fernando y Ramón que estaban atados a unas sillas.

-Un día, un hombre que estaba encadenado conmigo no despertó. Al otro día, cuatro más murieron. Patrones y caporales discutieron delante de mí lo que iban a hacer con el resto. No sabían si continuar con nosotros o sencillamente eliminarnos. Negro muerto trae mala suerte, decían.

El hombre se quedó pensando como si no recordara lo que entonces había ocurrido.

-Nos conservaron y nos quitaron las cadenas porque se dieron cuenta de que ya no eran necesarias. No teníamos dónde ir y tal vez ya nos habíamos acostumbrado a vivir como animales.

El hombre de la barba blanca se puso detrás de Castilla y Cacho, y permaneció allí para evitar que le vieran el rostro. De todas formas, los sollozos que alguna vez emitía revelaban que estaba llorando.

-He sido vendido tres veces. La última lo fui en una plantación donde catorce negros se habían escapado. Los llamaban cimarrones.

Ya no lloraba.

-Atraparon a dos cimarrones y los castraron delante de todos.

El hombre de barba blanca se colocó delante de Castilla y Cacho, a quienes custodiaba, y les preguntó:

-Bueno. ¿Ya han decidido quién de ustedes muere primero?”.

Pancho leyó varias veces este fragmento. Se imaginó cómo era un quilombo. Se le ocurrió medir la extensión del campamento donde los esclavos fugitivos habían logrado establecer una comunidad libre.

Allí, además de la población de negros insubordinados, se le ocurrió pensar cómo eran los dos soldados del rey de España a quienes los rebeldes habían capturado. Se trataba del teniente español Cacho y del peruano Ramón Castilla. Recordó que aquel, muchos años después, había firmado la abolición de la esclavitud en el Perú.

En ese momento, a Pancho se le ocurrió describir cómo era físicamente el joven Castilla que, a los 20 años había emprendido esa caminata desde Río de Janeiro hasta Lima. En ese tiempo, el joven Castilla pertenecía todavía el ejército del rey. Más tarde, al llegar a su destino para juntarse con las tropas españolas, se dio cuenta de que ya era otro. Ya era peruano. Entonces, se marchó al cuartel de San Martín para integrar las filas de los patriotas insurrectos.

Ese era el Ramón Castilla que Pancho vio. Y, por eso, a pesar de todos los retratos que de Castilla se exhiben, Guerra García inventó el suyo propio y lo hizo real. Es el que se exhibe en esta página.

Los bomberos peruanos que aterrizaron para ayudar descubrieron que Venezuela no tiene un sistema normativo de ingeniería sismorresistente. Léase: sin controles técnicos ni supervisión. En tales circunstancias, la catástrofe no tiene mucho de natural. O, más bien, es natural que tantas edificaciones hayan colapsado.

Los impulsos de los países que envían ayuda son, en esencia, humanitarios. No hay catástrofe sin responsabilidad, como se vio en Haití y, hace poco, en Gaza. Pero lo del chavismo gobernante es algo especial. Nadaban en petróleo y lograron empobrecer a la población, que quiere decir privarla de los más básicos servicios.

Lanzaron a sus compatriotas al exilio latinoamericano con la mano extendida y a los que permanecieron los sometieron al más descarado régimen de inseguridad. Hoy se ve que eso incluía edificaciones sin la debida ingeniería sísmica, como las de La Guaira. Esa ingeniería se fue entre los millones de exiliados.

Alguien nos dirá que, en algunos aspectos, no podemos lanzar la primera piedra. Nuestro vergonzoso récord de fallecimientos a causa del COVID-19 se debió a un sistema de salud pública indiferente a las necesidades de la población en ese rubro. Son frecuentes los llamados de atención acerca de los peligros existentes en muchas construcciones peruanas.

Hay grados, desde Chile o Japón, que construyen sus estructuras con excelencia científica para evitar mayores daños en sus terremotos, hasta —precisamente— países como la Venezuela chavista, indiferente al peligro que afrontan sus habitantes. Poner a un sujeto como Diosdado Cabello a cargo de la emergencia es una mala broma.

Todo el mundo es precavido después de una catástrofe. Pocos se preparan para ella. El terremoto de Venezuela es una historia de supino desinterés de los gobernantes. ¿El Washington trumpiano seguirá manteniendo a esa banda a cambio del petróleo que ha empezado a chorrear? Parece que mucho más barato les resulta mandar ayuda, las veces y en los casos que sea necesario.

Los casos más reveladores hablan por sí solos. Shirley Montenegro, señalada por el equipo especial Lava Jato como la persona que habría incinerado pruebas de lavado de activos vinculadas a la propia Keiko Fujimori, integra el equipo de transferencia de la PCM junto con Giuliana Loza, abogada personal de la presidenta electa en el caso Cócteles.

Por otro lado, José Luis Tantaleán Alatrista, ex edecán de Alberto Fujimori que según archivos de la Procuraduría participó en el operativo que culminó en el robo de los Vladivideos, la primera sentencia judicial firme contra el padre de Keiko, revisa hoy nada menos que la información del Ministerio de Defensa.

Asimismo, Iván Pereira Villanueva, despedido del Ministerio de Salud de Boluarte por tres presuntos casos de corrupción, está a cargo de la transferencia de la cartera de Cultura.

Pero lo que aún no tiene respuesta clara es que el jefe de todo el proceso no está exento de cuestionamientos. Marco Vinelli, coordinador general del equipo de transferencia, enfrenta una demanda civil del Midagri por S/244 mil por presuntas irregularidades en AgroRural y tiene una acusación fiscal pendiente por delitos contra la administración pública.

Al cierre de esta edición, Vinelli no respondió llamadas ni mensajes de este diario al ser consultado.

Y así las cosas, al menos 17 funcionarios de los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcázar que, en suma cuenta son el mismo gobierno del pacto corrupto liderado siempre por el fujimorismo, completan la lista de un equipo que incluye además a Juan Carlos González Hidalgo, cuñado político de César Acuña con un pedido fiscal de nueve años en su contra, en el equipo de Salud.

Quienes defienden que Keiko es nueva y no tiene vinculación con lo que ocurrió en los últimos años tendrán que explicar por qué su equipo de transferencia parece diseñado para demostrar lo contrario.

Una presidenta que promete diálogo y renovación pero construye su transición con los mismos operadores de siempre no está transfiriendo el gobierno. Al contrario, lo único que hace es confirmar que el cogobierno entre esas fuerzas no terminó con las elecciones. Solo se transparentó.

Diversos estudios muestran que existen múltiples barreras para que estudiantes rurales, especialmente niñas, desarrollen sus trayectorias educativas: barreras geográficas, porque los colegios son escasos y están alejados, y las adolescentes deben caminar largos trechos o migrar temporalmente a otros pueblos y ciudades, lejos de sus familias. Sostener los gastos que ello implica responde a barreras económicas. Más aún, muchas familias temen por la seguridad de sus hijas. La violencia sexual contra las adolescentes, incluso en las instituciones educativas o en el camino hacia ellas, así como la falta de facilidades adecuadas para residir en el lugar mientras estudian, se ha reportado con frecuencia en el país. Otro factor que interrumpe las trayectorias educativas de las adolescentes es el embarazo temprano. Contenidos curriculares alejados de sus necesidades y características, en otra lengua y desde otra cultura, también dificultan su aprendizaje.

Es urgente implementar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias educativas de niñas y adolescentes peruanas. Ello implica una mayor y mejor oferta de educación secundaria; un currículo culturalmente pertinente, que expanda la educación bilingüe intercultural a este nivel e incorpore educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados y violencia sexual; así como residencias estudiantiles seguras y becas para quienes deben desplazarse de sus comunidades con el fin de continuar sus estudios.

El derecho a la educación no termina en la primaria. Si el Perú quiere cerrar brechas de género y avanzar hacia un desarrollo más inclusivo, el nuevo gobierno debe convertir este desafío en una prioridad de política pública. Para ello, es indispensable garantizar que todas las niñas y adolescentes, especialmente las que viven en zonas rurales, cuenten con las condiciones necesarias para culminar la secundaria y ejercer plenamente su derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

Colabora Patricia Ames. Profesora principal e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En Ucayali, esos canales fallaron. Los estudiantes llevan desde mayo denunciando presuntos actos de corrupción y sobrevaloración de servicios en la universidad nacional, sin que ninguna autoridad competente haya respondido con una comisión investigadora ni con una salida institucional al conflicto. Lo que encontraron, en cambio, fue una sesión del Consejo Universitario que el propio vicerrector académico calificó de ilegal y, la noche de este lunes 6 de julio, perdigones dentro de su propio campus.

Resultaron heridos al menos 10 universitarios, algunos con impactos en la zona abdominal. Una madre llamó desesperada desde las afueras y dijo que su hija no podía respirar.

El rector Edgardo Braul escapó bajo custodia policial, presuntamente usando un uniforme de la PNP y, posteriormente, las puertas del campus fueron soldadas para impedir el reingreso de los estudiantes. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos condenó la represión. La FEU denunció el uso desmedido de la fuerza dentro de la casa de estudios.

Ese contexto importa por una razón que va más allá del caso puntual. La ley del fuero militar policial, aprobada por el Congreso hace menos de un mes, transfiere al fuero castrense los delitos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones, incluidos los actos de orden público. Si esa ley se promulga, los efectivos que dispararon perdigones contra estudiantes universitarios quedarían procesados en el fuero militar, no en el Poder Judicial. Esto, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional ya estableció que los delitos contra la vida y la integridad física no pueden juzgarse en esa jurisdicción. La nueva ley busca exactamente lo contrario.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Fiscalía tienen la responsabilidad de actuar en Ucayali. El gobierno actual tiene la responsabilidad de observar la ley del fuero militar antes de que se promulgue. Los estudiantes que protestaron por corrupción en su universidad ejercieron un derecho constitucional. Recibieron perdigones en el abdomen. Esa es la cara concreta de las leyes del fujimorismo que se aprueban al caballazo sin que nadie responda por ellas.

En muchos colegios, el deporte se enseña bajo la misma lógica que otras prácticas tradicionales: disciplina estricta, órdenes irrefutables y escaso margen para la autonomía. El resultado es previsible: alumnos que ejecutan, bien o mal, pero que no piensan ni deciden, asumiendo que la rigidez es parte del juego. Así, el fútbol pierde su potencial formativo y se reduce a un ejercicio de control, o a un espacio que se utiliza para “llenar” el tiempo cuando pareciera no haber nada más que enseñar.

A esto se suma un problema aún más profundo: el fútbol sigue representando un machismo estructural que valora la fuerza por sobre cualquier otra cualidad. La agresividad se celebra como virtud, mientras que la sensibilidad o la cooperación son relegadas, e incluso descalificadas como “femeninas”. Se masculiniza el contacto brusco y se feminiza la debilidad, consolidando un imaginario empobrecedor desde el punto de vista pedagógico.

Expresiones como “no seas niña”, “actúa como hombre”, “deporte de machos” o “el fútbol no es para mujeres” no son inofensivas, son manifestaciones cotidianas de un sistema patriarcal que ha convertido este deporte en uno de sus principales bastiones, reproduciendo estereotipos y excluyendo otras formas de participación.

El problema central no es cómo se juega, sino qué se aprende mientras se juega. Cuando se premian la intimidación o la dureza excesiva, se está enseñando que dominar al otro es legítimo si el objetivo es ganar. Cuando lo único que importa es el resultado, el deporte deja de ser una instancia formativa para convertirse en una herramienta para “alcanzar” el éxito.

Las consecuencias son evidentes: estudiantes ridiculizados por su rendimiento, compañeros excluidos y equipos donde los físicamente dominantes se constituyen en una suerte de élite. En ese microcosmos, la cancha reproduce lo peor de las jerarquías sociales: concentración de poder, reconocimiento desigual y silencios cómplices frente a la humillación. Y, aun así, muchos seguirán insistiendo en que “solo es un juego”.

Aquí emerge el dilema ético central: la escuela, que debería promover igualdad y respeto, termina reforzando lógicas de exclusión mediante la repetición de la rudeza como lenguaje dominante. Se valora más el rendimiento que a la persona, instalando la peligrosa idea de que todo vale si conduce a la victoria.

No sorprende entonces que insultos, simulaciones o agresiones sean tolerados en nombre de la competencia. La violencia deja de ser una falta para convertirse en estrategia. El rival deja de ser un otro legítimo y pasa a ser un obstáculo que hay que superar, así se le dañe, perdiéndose el sentido más elemental del deporte: aprender con otros, no contra otros.

Frente a este escenario, el silencio adulto resulta especialmente nocivo. Cuando docentes o entrenadores no intervienen —o legitiman estas conductas— están educando en la violencia y justificando la segregación. Están transmitiendo una determinada idea de éxito y de moral que deja huella para el resto de la vida.

El desafío, entonces, es profundo. Implica repensar el lugar del deporte en la escuela y recuperar su dimensión ética. Volver a una idea simple pero fundamental: competir no es abatir al otro, sino crecer con él. Ganar no puede justificar cualquier medio, y el verdadero aprendizaje no está en el marcador, sino en cómo se alcanzan los objetivos de manera colectiva, respetuosa y consciente.

Si la escuela pretende formar ciudadanos y no solo competidores, debe comenzar por revisar qué está enseñando en sus propias canchas. Porque, al final, el fútbol escolar no solo forma jugadores: forma, sobre todo, personas. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.

Hoy teje: Natalia Manso Álvarez, experta en responsabilidad social, profesora y empresaria.