El documento lleva decenas de rúbricas de cortes de Lima, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Puno, Huánuco y otras regiones del país. Es la señal más amplia y más contundente que la judicatura ha emitido en años sobre su disposición a mantenerse firme frente al asedio.

Lo que ese pronunciamiento afirma merece leerse con detenimiento. El artículo 139 inciso 2 de la Constitución prohíbe que cualquier autoridad o actor político interfiera en el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. La Ley de la Carrera Judicial y el Código de Ética son igualmente categóricos al afirmar que ningún magistrado puede ser objeto de sanción o amedrentamiento en razón del sentido de sus resoluciones. Quien discrepa de una decisión tiene el camino de los recursos procesales y las instancias de apelación. Eso es lo que el Estado de derecho establece y lo que algunos operadores políticos han preferido soslayar.

El contexto que rodea este pronunciamiento es el que este diario ha venido documentando. La JNJ procesó disciplinariamente a los integrantes de la Sala Penal Transitoria por aplicar tratados internacionales de derechos humanos. Al respecto, el senador Rospigliosi, de Fuerza Popular, denunció ante ese mismo organismo a la fiscal especializada en Derechos Humanos por investigar a un sentenciado por crímenes del Grupo Colina. Y el capitán implicado en el caso Colcabamba presentó una queja contra el magistrado que dictó su prisión preventiva. La lógica es instrumentalizar los mecanismos de control para intimidar a quienes cumplen su labor.

Los jueces peruanos acaban de dejar constancia con sus firmas de que esa lógica tiene un límite. La administración de justicia responde a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales, y a ningún otro interés. Esa afirmación, avalada por las cortes de todo el territorio, merece el respaldo de cada ciudadano que comprenda que la autonomía judicial es una garantía colectiva. Mientras la resistencia continúa, estas páginas editoriales se suman a ese compromiso republicano.

Perú acaba de atravesar un proceso electoral que volvió a poner frente a nosotros lo diversa que es nuestra sociedad, así como lo profundamente dividida que se encuentra. Tenemos distintas ideas sobre el país que queremos, distintas maneras de entender la política, la sociedad, la fe y el futuro. Sin embargo, el problema no se encuentra en nuestras diferencias, sino cuando dejamos de verlas como una oportunidad para comprendernos.

Una democracia saludable no necesita que pensemos igual. Necesita que aprendamos a escuchar y valorar a quien piensa distinto. Aunque parezca una contradicción, nuestras convicciones pueden verse fortalecidas al encontrarse con aquello que las cuestiona. Estoy seguro de que una mirada diferente podría ayudarnos a descubrir por qué creemos en lo que creemos, identificar aquello que debemos revisar y encontrar nuevas razones para defender nuestros valores.

Esta fue una de las reflexiones que dejó el Simposio Internacional de Libertad Religiosa, realizado recientemente en Lima, donde representantes de distintas tradiciones religiosas y expertos de nueve países dialogaron sobre los desafíos de la libertad de religión y de creencias en sociedades cada vez más polarizadas.

Quienes vivimos una experiencia de fe sabemos que nuestras creencias forman parte profunda de nuestra identidad. Pero también entendemos que nadie posee toda la verdad sobre la experiencia humana. Escuchar al otro no significa abandonar nuestra fe ni relativizar nuestras convicciones. Más bien, significa reconocer que podemos aprender incluso de quien no las comparte.

Cuando escuchamos abiertamente a quien piensa distinto, descubrimos, muchas veces, que detrás de una posición que nos resulta difícil de comprender existen experiencias, preocupaciones y valores que no habíamos considerado y que son similares a las nuestras.

En tiempos de polarización, debemos cuidarnos para no convertir la discrepancia en amenaza. Si alguien piensa distinto, no debemos asumir que está en contra nuestra; si cuestiona nuestras ideas, no sintamos que cuestiona nuestra identidad. Así dejamos de escuchar y comenzamos a buscar argumentos para derrotar al otro, cuando lo que necesitamos es encontrar razones para comprenderlo.

Por eso, es urgente recuperar una cultura del diálogo. Esto implica reconocer los puntos comunes y centrales o más importantes de la discusión y trabajar sobre ellos con el fin de encontrar soluciones de gran impacto social.

La defensa de la libertad religiosa en el Perú no es una tarea de algunas organizaciones de fe, es una tarea generosa y de confianza. Es la noble tarea de defender la libertad del otro.

Defender la libertad religiosa no significa únicamente reclamar el derecho a vivir y expresar nuestra propia fe, sino reconocer ese mismo derecho en quienes creen de otra manera o no creen en divinidad alguna. La defensa de la libertad adquiere su verdadero valor cuando estamos dispuestos a cuidarla incluso para quien piensa de manera muy distinta a nosotros.

Quizá allí encontremos una oportunidad que hemos perdido de vista en medio de tanta confrontación: el otro no tiene que pensar como yo para merecer todo mi respeto y admiración.

El estar abierto al diálogo significa tener la madurez y firmeza suficientes para escuchar sin miedo. Una democracia madura no es aquella en la que desaparecen las diferencias, sino aquella en la que podemos encontrarnos a pesar de ellas. La libertad de expresión, de religión y de culto son medidores de cómo estamos en el respeto del derecho más básico y fundamental de todos los derechos, la dignidad humana.  Y es ese derecho innato y su respeto irrestricto el que tiene que hacernos reflexionar sobre el tipo de personas y de país que queremos llegar a ser.

El problema surge cuando intentamos aplicar este enfoque en Estados atrapados en estructuras rígidas.

Hoy, una niña rural en Puno expuesta a desnutrición/anemia (ámbito Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Salud) es la misma que enfrentará en su adolescencia los riesgos de violencia de género (ámbito Ministerio de la Mujer) y la que, años más tarde, podría terminar en la informalidad laboral sin seguro ni pensión (ámbito Ministerio de Trabajo), o la que tendrá que arriesgar la posibilidad de estudiar (ámbito Ministerio de Educación) por los cuidados de la familia sin retribución económica, sin autonomía financiera y siempre parada en el precipicio de la desprotección cuando lleguen enfermedades suyas o de su familia cuyos tratamientos —ante la ineficacia de la salud pública— la lleven a gastar de su bolsillo, vender sus pertenencias y a la pobreza. Si el Estado la atiende con intervenciones inconexas, duplica padrones, gasta mal y se desconecta de las trayectorias reales, siempre multisectoriales, de las personas.

¿Cómo pretender protección social cuando la administración pública está dividida en parcelas? ¿Cuántos ministerios se necesitarían para lograr, finalmente, una orquesta institucional al servicio del bienestar? El Perú necesita transitar a un sistema de protección social.

No estoy proponiendo crear instituciones nuevas. Y tampoco propongo amputarlas. Es lograr que las que existen funcionen generándose valor entre ellas por fuera de los bordes de sus cuadriculados organigramas. El problema de fondo no es que sobre un ministerio, sino que funcionen como un sistema. Un sistema capaz de responder con estrategias y servicios a la generación de capacidades en los ciudadanos cada vez que entren en riesgo de vulnerabilidad, exclusión o pobreza.

Por definición, la protección social busca prevenir y proteger a las personas contra las desventajas y las adversidades a lo largo de todo su ciclo de vida. Es una arquitectura integral que combina un componente no contributivo (transferencias monetarias y programas de solidaridad para quienes viven en pobreza o extrema vulnerabilidad) con un componente contributivo y laboral (seguros de desempleo, salud, pensiones y protección de derechos que aseguran calidad de vida en etapas activas e inactivas).

En la vida real, esto no funciona por parcelas ni pliegos presupuestales. La protección acompaña la trayectoria humana: inicia con intervenciones tempranas; continúa en la adolescencia rescatando educativamente a jóvenes en extraedad o NiNis mediante la educación alternativa, la educación para el trabajo y la inclusión laboral; las becas y apoyos financieros para solventar las carencias producto de circunstancias adversas; acompaña sistemas y economías del cuidado; garantizando empleo digno y formalización; y a los adultos mayores, calidad de vida y pensiones dignas.

América Latina ofrece lecciones valiosas sobre cómo articular esta matriz sin destruir institucionalidad. Países como Chile, a través de la Ley de Protección Social y el programa Chile Crece Contigo, o Uruguay, con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, no necesitaron borrar ministerios del organigrama. Lo que hicieron fue crear una gobernanza vinculante. Establecieron por ley que la coordinación entre género, niñez, desarrollo social y trabajo no es una "invitación a colaborar", sino una obligación con presupuestos cruzados e indicadores compartidos.

Ahí radica la verdadera reforma que el Perú necesita. Un sistema de protección social donde los asientos sectoriales no sean para apoyar, sino para rendir cuentas, responsabilizarse, supervisar y garantizar recursos.

La verdadera optimización de la protección social exige que el sistema de focalización de hogares, los sistemas de información y los programas presupuestales orientados por resultados obliguen a todos los sectores a responder juntos por los hitos del ciclo de vida: alimentación, protección a la infancia, cuidados, empleabilidad juvenil y protección de la vejez.

¿Con quiénes podemos hacerlo? Tres pasos: Primero, con ministerios más robustos en su rol rector, sin la grasa de las operaciones y de la sobrepoblación que eso supone, y que es competencia de otras instituciones en los territorios, eso sí es una respuesta moderna y una condición previa a la gobernanza multisectorial. Hagamos que los ministerios sean del tamaño y la especialización que amerita la conducción de las políticas, no ejecutores elefantiásicos.

Segundo, pasar a esa forma articulada de decisiones necesita un círculo virtuoso entre el MIDIS, el MIMP, el MTPE y los ministerios de los sectores sociales. Recuperar la plataforma de decisión de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) representa una oportunidad de oro para el gobierno. La CIAS no solo permitiría sentar a estos sectores clave en una misma mesa, sino también devolverle al Ejecutivo la capacidad de orquestar políticas sociales integrales que transformen vidas en lugar de acumular parches burocráticos.

Tercero, aterrizar la política en actores locales que a nivel del territorio puedan nuclear intervenciones para los ciudadanos, para entregarlas de forma complementaria, y no bajo carteles de cada uno de los 19 ministerios. Sumar a espacios de decisión colegiada como las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza, organizaciones de base y otros colectivos multiactorales.

Porque dejar todo a nivel de rediseños ministeriales no basta. Y si se plantea hacerlo, cualquiera de esos intentos de reorganización, optimización o fusión debe dejar de entenderse como un acto administrativo aislado, un cálculo de ahorro o una imposición desde el escritorio. Una reforma de esta magnitud tiene que ser una reforma de la gobernanza y demostrar que tiene la expresión material de una política pública renovada, y no un antojo soberano. Su solidez debe construirse sobre la base de la legitimidad, la deliberación amplia y la participación activa de los grupos de interés y las poblaciones involucradas. El diseño institucional no es el punto de partida; es el punto de llegada de una discusión democrática que plasma una verdadera visión política de país.

Luego de ser proclamada presidenta, el 15 de julio, Keiko Fujimori utilizó las redes sociales para presentar a los equipos de transferencia y adelantar algunos balances y propuestas. Luego vino, casi en un solo acto, el nombramiento del gabinete, el discurso presidencial y la difusión de un borrador de pedido de facultades legislativas. El gabinete fue un mensaje a quienes votaron por ella en la segunda vuelta. El ofrecimiento de una suerte de frente amplio de derecha en el Ejecutivo (y, eventualmente, un intento de recuperar un liderazgo mellado en ese sector). El discurso en el Congreso estuvo dirigido a todos, los que votaron y los que no lo hicieron por ella, ofreciendo muchas cosas (aumento del sueldo mínimo y Pensión 65, entre otros). Pero, sobre los temas anunciados, solo se ven avances en la salida de las FF. AA. para patrullajes (cosa ya conocida y ejecutada por gobiernos recientes). En otros asuntos, se ha cambiado de posición en pocos días o prima el silencio. El borrador del pedido de facultades da toda la impresión de haber sido un ejercicio para ver reacciones iniciales y/o un intento de presionar por una agenda que claramente no tenía el respaldo del conjunto del gabinete. Considerando las fechas del trabajo de campo, el impacto de la faceta de “influencer” presidencial no se ha registrado en la encuesta.

Lo que se ha visto, por parte de la candidata que afirmó que orden y reconciliación son compatibles, es un cierto desorden y poca reconciliación. Desorden porque una cosa fue el discurso presidencial y otra el borrador de pedido de facultades legislativas. Desorden porque se ofrecieron aumentos de remuneración del sueldo mínimo y de Pensión 65 que ahora no está claro cuándo serán. Desorden, o incoherencia, mejor dicho, porque se anunció un gobierno que contaría los días de gestión (1826) y ahora dice que, por favor, le tengan un poco de paciencia porque “no podemos dar resultados en 15 días”. Se suponía que era un equipo muy preparado.

Se podría pensar que parte de estas demoras tienen que ver con el cuidado del impacto político que puedan tener las medidas solicitadas en un país donde la mitad no votó por ellos (más allá de las discusiones y debates en el Parlamento), pero no estoy tan seguro. Y esto tiene que ver con el interés por la reconciliación. Es cierto que en el mensaje presidencial habló de un Estado al servicio del ciudadano y que, en general, se busca un Estado que funcione. Hace pocos días ha anunciado que viajará al sur para recuperar la confianza de ese sector del electorado, pero la reconciliación no pasa por ahí. O no solo por ahí. El ministro de Justicia pide ahora que el Lugar de la Memoria (LUM) debe estar en el sector Justicia y Fernando Rospigliosi sigue en su cruzada (con el apoyo de la Junta Nacional de Justicia) para que los jueces actúen según su parecer. Difícil reconciliarse en esos términos. Hay que ser coherente entre lo que se dice y hace.

El 60% de aprobación está dentro del rango de nivel de aprobación de los presidentes elegidos por la población del 2001 en adelante. Ni más ni menos. Pero hay que destacar el nivel de aprobación mostrado entre los jóvenes (71%). Es algo que otras encuestas ya habían mostrado durante el proceso electoral y que vale la pena monitorear. El grueso de este segmento, que nació luego de los diez años de gobierno fujimorista, ha votado por primera vez y lo ha hecho respaldando a una candidata que algo expresa o representa para ellos. ¿El agotamiento de la izquierda? ¿La mala experiencia con Castillo en particular? Un tema para profundizar.

La cifra se diferencia de la mala evaluación inicial de Pedro Castillo (39%) porque el candidato de Perú Libre asumió luego de una intensa campaña de fraude (promovida por Fuerza Popular), una mala relación con los medios y una fragilidad política que se expresó en tensiones con su misma agrupación y un gabinete muy cuestionado. La situación acá es diferente. Si bien en la segunda vuelta Juntos por el Perú habló de fraude y en el sur se escucharon comentarios similares, ese discurso no fue respaldado ni siquiera por sus actuales aliados en el Congreso. La relación con la prensa es más amable e incluso una parte de ella ha actuado casi como vocero partidario. Y, finalmente, Fuerza Popular es un partido más estructurado y con más experiencia en el manejo del poder que Perú Libre. Ya hemos visto cómo han logrado mover varias fichas a su favor en el estratégico Senado.

Lo que se ha destacado poco es que, también en términos comparativos, sin tomar en cuenta el frágil gobierno de Castillo, este es el que tiene el mayor nivel de desaprobación inicial (24%) en comparación con los gobiernos del 2001 en adelante. El fujimorismo está en plan de recuperar confianza por parte de la derecha y del país en su conjunto. Todavía tiene varios temas que resolver en su mismo gabinete. La encuesta de Datum indica que las mayores expectativas están en la reactivación económica y en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La presencia de las elecciones municipales y regionales puede que le dé al gobierno algún respiro, pero las demandas en estos dos temas serán importantes en las futuras evaluaciones.

Este 12 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Juventudes y, para mí, este año tiene un significado especial. Hoy me toca representar a las juventudes como la diputada más joven de la República para el periodo 2026-2031 y formar parte de uno de los espacios más importantes de toma de decisiones del país. Es una enorme oportunidad, pero, sobre todo, una gran responsabilidad: llevar nuestras voces, preocupaciones y propuestas a donde se construyen las decisiones que marcarán nuestro presente y futuro.

En el Perú hay talento de sobra; lo que faltan son oportunidades. Somos cerca de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, casi una cuarta parte de la población. Sin embargo, solo 3 de cada 10 logran transitar de la secundaria a la educación superior y cerca del 70% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Hay, además, 1,4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, una realidad que afecta especialmente a las mujeres.

Las brechas también se sienten en nuestra salud, seguridad y relación con la democracia. El 86% de jóvenes considera importante la democracia, pero solo el 32% cree que funciona bien o muy bien. Lamentablemente, apenas el 6% participa en alguna organización juvenil. Y un rotundo 86% teme ser víctima de un delito.

Estos datos deberían preocuparnos, pero también impulsarnos a actuar. Desde mi labor parlamentaria, quiero que escuchar a las juventudes se traduzca en decisiones concretas. Por eso, en mi agenda legislativa tengo como prioridades iniciales: fortalecer Beca 18, para que más jóvenes puedan acceder, permanecer y culminar una educación superior de calidad; impulsar el derecho al cuidado, para reducir las brechas que afectan especialmente a las mujeres; ampliar progresivamente el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH y, además, prevenir y enfrentar la violencia digital.

Pero esta agenda no puede construirse desde un escritorio. Las políticas para las juventudes deben construirse con las juventudes. Necesitamos educación, empleo digno, salud integral, seguridad, acceso a tecnología y espacios reales de participación.

Las juventudes no somos el futuro, somos el presente. Y desde el Congreso asumo el compromiso de convertir nuestro talento, nuestras ideas y nuestras demandas en oportunidades reales para construir el Perú que queremos.

*El miércoles 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Juventudes, organicé el Foro Juventud: Oportunidades y Futuro y agradezco la valiosa participación de Senaju, PNUD, la Delegación Joven de Perú Naciones Unidas, a los representantes universitarios de la Promesa Peruana de la Universidad San Martín de Porres, Universidad del Pacífico, PUCP, Universidad Científica del Sur, así como de las organizaciones WILA – Women in Law; Centro Juvenil Futuro de INPPARES; Foro Mundial de la Alimentación en Perú; Colectivo Aspirantes a Beca Bicentenario; Movimiento Manuela Ramos; Policy Lab; Red IPE+; Grupo Impulsor del Grupo de Trabajo Nacional de Juventudes de la MCLCP; Juventud, Política y Desarrollo; Redpublica, Youngers in Action y Artchange Makers.

Las distintas caras de la informalidad

Por un lado, tenemos a los trabajadores en pequeños emprendimientos individuales o en empresas de hogares no registradas ante la SUNAT. Allí coexisten empleos de sobrevivencia con emprendimientos que luchan por desarrollarse o sobrevivir, cosa que pocos logran (en promedio no sobrepasa los cinco años de existencia). Este es el segmento de negocios informales en el que muchos analistas han cifrado las esperanzas de desarrollo sobre la base de un “capitalismo popular”.

Por otro lado, tenemos el empleo informal asalariado en empresas formales, constituido por trabajadores sin contratos y sin beneficios sociales (vacaciones, seguro de salud, gratificaciones, CTS). Esta categoría ha sido generalmente puesta en el mismo saco que los informales en empresas informales, atribuyéndoles las mismas motivaciones. Un grupo importante se encuentra en la administración y en las empresas públicas. En este caso, reducir la informalidad no requiere de complicados mecanismos de incentivos, sino simplemente regularizar la situación de dichos trabajadores. Ello, evidentemente, tendrá un costo importante para el presupuesto público. La figura de los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), creada en 2008, intentó responder a dicho objetivo. Actualmente, los 376 mil trabajadores CAS representan el 23,7% del total de trabajadores del Estado, según Servir.

El 65,3% de los trabajadores urbanos son informales. Desglosar esta cifra es crucial, pues revela las distintas categorías. Casi un tercio (30,3%) son trabajadores independientes que crearon su propio empleo a través de pequeños negocios y 11,6% son asalariados de empresas informales. En suma, 41,9% son informales en negocios y empresas informales. Los informales en empresas formales representan el 15,1% del total de informales, mientras que 2% se encuentran en el sector público. Los trabajadores familiares, que tampoco gozan de contratos o protección social (5,5% del total), completan el cuadro.

¿Qué perfil tienen los informales?

En 2025, según la EPEN, la informalidad urbana es mayor entre las mujeres que entre los hombres (67,2% frente a 62,3%). Más significativo aún es que ellas se concentran en el segmento más precario, en donde los ingresos son 28,4% inferiores a los de los asalariados informales en las empresas informales. Esto se traduce en que el 48,4% de dichos trabajadores son pobres, casi el doble que los trabajadores asalariados informales (28,4%). La movilidad residencial también juega un papel en el aprovechamiento de las oportunidades laborales: una mayor proporción de los informales en empresas formales, respecto de los informales en emprendimientos y negocios informales, ha migrado en los últimos cinco años, ya sea desde otro departamento o desde otra provincia. El bajo nivel educativo caracteriza trabajadores en negocios informales en mayor medida que los informales en empresa formales (38.8% y 17.9%).

Informalidad: ¿elección voluntaria o exclusión?

Las políticas de formalización de los negocios familiares informales se han centrado en la idea, a priori, de que son informales debido a los altos costos y engorrosos trámites para formalizarse. El Registro Único Simplificado (RUS) y otras medidas similares han sido implementados sin mayor éxito. Ello se explica porque, para más de la mitad (57,5%) de quienes emprendieron un negocio informal, la razón de su creación fue involuntaria: dado su nivel de calificación, no pudieron encontrar un trabajo asalariado y lo hicieron por necesidad económica. En otras palabras, tuvieron que crear su propio empleo porque fueron excluidos del acceso a un empleo formal.

El resto creó su negocio porque obtiene mayores ingresos, por tradición familiar o por querer ser independiente; es decir, por razones voluntarias. En cuanto a las razones de no haberse formalizado, más de la mitad no lo considera necesario; 28,3% señala que su negocio es pequeño y produce poca cantidad, mientras que 9,8% señala que se trata de un empleo eventual. Una proporción muy pequeña (5,1%) no se ha registrado por la complejidad de los trámites, el tiempo requerido o falta de información. Tan solo 1,3% declara que no se registró pues “no podría asumir la carga de impuestos” si se “registra”. La voluntad de evadir impuestos como causa de la informalidad de los independientes y emprendedores no encuentra sustento en los datos.

La informalidad está estrechamente ligada a la productividad del negocio, a su inserción en el tejido económico y a la escala de su producción. Ello depende, a su vez, de factores interrelacionados: nivel de calificación, capacitación empresarial y acceso al crédito formal. Un negocio que innova, encuentra un nicho de mercado y logra vender a empresas formales o exportar necesitará emitir facturas y, para seguir creciendo, deberá formalizarse. Es el desarrollo de la empresa informal lo que conduce a la formalidad, no la imposición de obligaciones administrativas a todas las pequeñas empresas, tanto las de sobrevivencia como las que tienen potencial de crecimiento. Se requiere una política de acompañamiento antes que una de represión y de imposición vertical.

Una política de formalización para realidades distintas

Hay una informalidad que nace de la exclusión laboral, otra que refleja bajos niveles de productividad, otra que responde a incumplimientos empresariales y otra que se mantiene dentro del propio Estado. Meterlas a todas en el mismo saco conduce inevitablemente a políticas equivocadas.

No se puede combatir la informalidad con una sola política. Para los trabajadores independientes y los negocios de subsistencia, la prioridad debe ser elevar la productividad y las capacidades mediante capacitación, acceso al crédito y vinculación con mercados y empresas formales. Para los emprendimientos con potencial de crecimiento, se requiere acompañar su tránsito hacia la formalidad, utilizando el acceso a crédito, mercados y cadenas de proveedores como incentivos para crecer y formalizarse. En el caso de los asalariados informales de empresas formales, la prioridad debe ser hacer fortalecer la fiscalización. En el sector público, corresponde regularizar progresivamente a los trabajadores que realizan funciones permanentes. Allí donde predominan la exclusión y la baja productividad, el objetivo es ampliar las oportunidades de acceder a empleos productivos, estables y protegidos mediante una política de acompañamiento y desarrollo de capacidades.

Al terminar la clase y después de haber concluido la difícil lección del «doble armado», me encaminé por el jirón Junín hacia Torre Tagle. No se me iba de la cabeza la funcionalidad y utilidad de la maquinita, ese color plomo de su cubierta de acero que la hacía tan fría y austera. También la convicción con la que el profesor se había referido a la garantía de su fabricación suiza. Sí, pues, Suiza era confiable. Por la seriedad y responsabilidad de su gente y por su historia de neutralidad en las guerras mundiales. Habían creado la Cruz Roja. Me quedó dando vueltas la idea de que de esa máquina, aparentemente tan sencilla, podía depender la seguridad nacional en la paz y en la guerra. Y, sin llegar a esos extremos, el secreto y la confidencialidad de las comunicaciones entre las cancillerías y las embajadas.

Ya al llegar a Torre Tagle, un compañero de estudios, muy ofuscado, me alcanzó corriendo y me dijo con sorpresa y alarma: ¡Golpe en Chile! ¡Murió Allende! ¡Miles de detenidos! Cientos de chilenos y peruanos buscaban refugio en la embajada peruana.

El embajador Arturo García y García, con dignidad hecha conducta y en ejercicio severo y responsable de sus obligaciones diplomáticas, dirigió y coordinó personalmente la concesión de refugios y asilos. Los cables secretos iban y venían de Santiago a Lima, sin horario. Y la CX 52 cumplía su papel con implacable eficiencia.

En esa época, alternaba las clases en la Academia Diplomática con el dictado de un curso de Historia del pensamiento político peruano en la Facultad de Sociología de la Universidad San Martín de Porres. Las noticias sobre Chile eran cada día más alarmantes. En clase, al analizar el pensamiento de González Prada sobre la segunda guerra con Chile (1879), volvió a mi memoria la CX 52. Pensé que las comunicaciones cifradas y secretas debieron de haber sido decisivas en el conflicto y en la negociación de la paz en 1883, aunque usando, en lugar de medios mecánicos, los voluminosos diccionarios de cifra.

Comprendí que mis ideas sobre la diplomacia democrática y abierta, contraria al secretismo, no podían ser absolutas. Que los intereses de la nación, de la población, debían necesariamente tener —en las dinámicas del conflicto y la cooperación— procesos, hechos y decisiones necesariamente secretos o reservados. Aunque, por supuesto, luego de un tiempo prudencial deberían desclasificarse. No puede haber secretos para la historia.

Decidí investigar algo sobre la historia de la criptografía en la diplomacia peruana. Lo hice en la histórica biblioteca de Torre Tagle. Santuario de la vida diplomática del Perú que, lamentablemente, ya no existe. Encontré el número 23-24 de la Revista de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y allí, un artículo de Juan Miguel Bákula, escrito en 1947, titulado 'Apuntes de historia, criptografía y diplomacia de la emancipación'. El hallazgo me hizo feliz.

Descubrí que Bernardo Monteagudo, ministro de Guerra, Marina y Relaciones Exteriores en el protectorado de San Martín, era, además de patriota emancipador, un talento para el cifrado y descifrado de mensajes. Quizá por su pertenencia a la logia masónica Lautaro de Buenos Aires. Monteagudo había sido el autor de las claves secretas que utilizaron Juan García del Río y Diego Paroissien, los primeros embajadores de la República, en su misión al Viejo Mundo (1822) para buscar un príncipe europeo que gobernase el Perú independiente. Las claves de García del Río y Paroissien consistían en una sustitución simple de letras por números y un código de 409 palabras.

Entre 1819 y 1826, los mensajes cifrados fueron de extrema utilidad a las fuerzas revolucionarias emancipadoras. San Martín, Sucre, Bolívar y Santander usaron sus propias claves personales. Códigos y claves volvieron a ser parte vital de la defensa nacional en las guerras y negociaciones de nuestra historia diplomática.

Hasta mediados del siglo XX se utilizaron distintos métodos para poner a salvo los secretos militares y diplomáticos. La tinta invisible (procedimiento químico), la cifra basada en un diccionario de correspondencia de grafías, signos y palabras, el método de la rejilla simple (cifrado por transposición de unidades de texto) y las claves de sustitución simple de un alfabeto.

Estos procedimientos manuales se utilizaron hasta los años sesenta y setenta. Por esa época se pasó en América Latina y el Perú a la cifra mecánica. Había llegado la modernidad. Con su mejor exponente, la célebre CX 52, una máquina de tecnología de vanguardia. Confiable y segura. En principio, las claves solo podían romperse si se tenía acceso a los códigos de armado. Muy improbable.

La CX 52 pasó a ser el sistema de cifrado de la mayor parte de los países de América Latina y del mundo. La utilizaron los servicios diplomáticos y las fuerzas armadas. Su reinado duró toda la Guerra Fría. La sepultó la era digital de las computadoras y el cifrado basado en algoritmos matemáticos complejos. Pero en nuestra memoria siguió siendo el símbolo del secreto de la identidad nacional. Que la operaran directamente los diplomáticos estableció una relación de estos con la seguridad nacional y con la CX 52. Cotidiana. Con las nuevas tecnologías, todo quedó atrás y el cifrado se volvió impersonal, ajeno a la vida cotidiana del diplomático.

Ese recuerdo y esa convicción sobre el papel que jugó la CX 52 preservando el secreto de la diplomacia y la defensa nacional estallaron y se hicieron añicos el 11 de febrero de 2022. The Washington Post reveló, con todas las pruebas pertinentes, que Crypto AG, la fabricante suiza de la CX 52, habría hecho un temprano acuerdo, irónicamente secreto, con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y el Servicio Federal de Inteligencia (BND) de Alemania, para que estas agencias pudieran descifrar y leer los mensajes procesados con las máquinas vendidas a más de 120 países. Entre ellos, ciertamente, Perú, Chile, Brasil, México, Venezuela, Uruguay y Colombia.

Por supuesto, la URSS y China nunca compraron ni usaron la CX 52. La deslealtad suprema no se utilizó contra adversarios, sino contra aliados. La propia CIA calificó el evento como «el golpe de inteligencia del siglo». Un caso de espionaje tan masivo y sistemático no se recuerda en la historia moderna. Las novelas de espionaje de John le Carré jamás lo hubieran imaginado. Queda la certeza de que la única que sale sin responsabilidad de este embrollo es la CX 52. Ella no podía evitar que la voluntad humana violase su estructura mecánica de alta y confiable seguridad.

En el mundo de nuestros días, más allá de los cambios tecnológicos, en nuestros días el cifrado es digital; el secreto, la reserva y la confidencialidad son más que nunca requisitos de la acción diplomática, pero también lo es el acceso a la información como valor de una sociedad democrática. La Ley 27.806 de Transparencia y Acceso es insuficiente en la clasificación de la información y excesivamente restrictiva en su acceso. Se requiere una regulación específica de las relaciones exteriores.

En nuestro país, el engaño para el consumo de productos envenenados es más real de lo que se espera. Se consume un producto con la creencia de que es inocuo; esto es, que no causará daño al consumidor cuando se ingiere o se prepara, pero esto no es cierto.

El Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia N.° 1111/2026, en la que ha confirmado la peligrosidad de cinco sustancias: clorpirifos, metamidofos, paration, triclorfon y carbofurano, encontrados en diferentes productos alimenticios, en diversas regiones del país. Estas sustancias tienen efectos neurotóxicos, que impactan en el desarrollo humano y conllevan un alto riesgo para la biodiversidad. Según el monitoreo de Senasa, los productos afectados por los plaguicidas fueron ají paprika, pimiento, apio, tomate, melocotón, fresa, espinaca y brócoli.

Incluso la gravedad de la contaminación alimentaria se refleja en la cantidad de plaguicidas detectados en un solo producto: se encontraron hasta nueve plaguicidas diferentes en una sola muestra de un producto (ff. 207 al 212). Asimismo, el chlorpyrifos, compuesto cuyo uso se encuentra proscrito, fue ubicado en los alimentos analizados.

La sentencia del TC (ff. 266-269) cita el informe de la revista Nature Health (2026) sobre la situación del Perú frente a la exposición a pesticidas. Concluye que, por el entorno ambiental en el que se produce la contaminación, existe un alto riesgo de contraer cáncer.

Aún más, los informes de Senasa muestran que la contaminación química, debido al uso de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal, ha mostrado una preocupante tendencia al alza a lo largo de los años.

El doble estándar

No toda la ciudadanía tiene el mismo valor. Cuando se trata de productos destinados al mercado extranjero, los productores y exportadores nacionales sí cumplen y aseguran la calidad e inocuidad de los alimentos destinados a la exportación. Para ello, la institución estatal —SENASA— sí aplica los controles correspondientes. Sin embargo, cuando se trata de alimentos destinados al consumo interno, el nivel de vigilancia sanitaria es inferior al exigido para la exportación.

La desigualdad no solo es material; también existe respecto de quién tiene mayor capacidad para producir, controlar y manejar la información técnica. Se trata de un poder económico e institucional frente a quien tiene un poder limitado y local, como es el consumidor.

Ulrich Beck, en su teoría del riesgo, sostiene que las sociedades modernas producen riesgos derivados de su propio desarrollo científico, tecnológico e industrial. La capacidad de producir riesgos crece más rápidamente que la capacidad institucional para controlarlos; además, los riesgos no necesariamente se distribuyen de manera igualitaria. Los agricultores y consumidores están más expuestos que otros sectores sociales. Hay una ciudadanía desigual. No todos los ciudadanos recibimos el mismo nivel de protección frente a los riesgos producidos por el mercado.

Sentencias estructurales

La falta de fiscalización y prohibición por parte de organismos estatales constituye una omisión estatal grave que expone a los agricultores y consumidores a riesgos severos y permanentes para la salud. El TC, al advertir la gravedad de la situación, dictó una sentencia estructural para remover la inercia del Estado.

El poder burocrático deja de ser legítimo si la administración no consigue proteger eficazmente a la población, diría Max Weber; por su parte, Durkheim miraría la problemática desde la solidaridad social. Si el alimento es un bien que conecta a toda la sociedad —agricultor, productor, comerciante, consumidor y Estado—, cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad alimentaria se produce una ruptura de la confianza que sostiene la cooperación social.

No es común que el TC emita estas sentencias, pero la gravedad de la situación lo justifica. Desde la creación del TC se han dictado algo más de 20 sentencias estructurales. Sin embargo, no solo se trata de dictarlas, sino de velar por su cumplimiento.

Las sentencias no son fetiches jurídicos que recobran vida a partir de su aprobación; no tienen poderes mágicos para cambiar la realidad con su sola declaración, como si fueran parte de un cuento de hadas. Por ello, se debe buscar transformar la situación nociva para proteger los derechos fundamentales con efectividad.

El TC, en el periodo 2020-2021, dio un paso importante en favor de la ejecución de las sentencias estructurales. Incorporó el mecanismo de “supervisión del cumplimiento de sentencias estructurales”, a fin de verificar desde el propio TC el cumplimiento de sus mandatos.

La reciente sentencia del TC ha ordenado la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de los productos fitosanitarios que contengan como sustancias activas clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, cuando se destinen a la producción de alimentos de origen vegetal para el consumo interno. ¿Cómo y quién controlará su adecuado cumplimiento?

El TC ha ordenado una serie de acciones a diferentes organismos estatales; la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo y quién supervisará su cumplimiento? Lamentablemente, este mecanismo de supervisión se ha dejado sin efecto.

Felizmente, el nuevo Congreso ha decidido abordar este tema. El grupo parlamentario Ahora Nación acaba de presentar un proyecto de ley para fortalecer el sistema de control y vigilancia sanitaria, propuesta que toma como insumo el contenido de la sentencia del TC N.° 1111/2026.

El Estado y el mercado

El caso que desarrolla la citada sentencia se vincula con el uso de los plaguicidas y puede ser leído como un conflicto entre producción económica, desigualdad social, riesgo, capacidad institucional y derechos fundamentales, variables que requieren transformarse.

Los plaguicidas evidencian la tensión entre la lógica del mercado y las exigencias del Estado social. El mercado es necesario, pero sus resultados no pueden aceptarse cuando producen desigualdades o riesgos incompatibles con los derechos fundamentales de las personas.

El Estado social no elimina el mercado. Lo socializa, regula y limita cuando resulta necesario para proteger a la persona. Por ello, el artículo 65 de la Constitución dice: "El Estado tiene un deber especial de protección del consumidor, incluyendo garantizar información y velar por su salud y seguridad".

Mientras una lógica liberal tiende a considerar la utilización de insumos agrícolas dentro del ámbito de la libertad económica y la responsabilidad de los agentes del mercado, el Estado social exige que dicha libertad sea compatible con la protección efectiva de la salud, el ambiente y los derechos de los consumidores.

El problema surge cuando los riesgos derivados de la actividad económica se distribuyen de manera desigual entre los distintos actores sociales, particularmente cuando agricultores y consumidores carecen de los mismos recursos económicos, técnicos e informativos para prevenir o enfrentar dichos riesgos.

La sentencia del TC relata un escenario crudo, real, dramático, peligroso e indignante, que requiere hacer realidad sus mandatos para promover un cambio que supere o corrija las anomalías que advierte la sentencia.

No se trata de mantener a Blanca Nieves bajo el sueño profundo, sino de hacerla despertar y transformar esa situación anómala. Para ello, se requiere construir una administración estatal fuerte, eficiente y altamente profesionalizada. No se puede seguir tolerando una intervención estatal débil, desarticulada e ineficiente.

Que se parecen mucho a la chatarra es un decir, pues en verdad son chatarra. De otro modo, esas unidades no serían donadas. El negocio de los chatarreros es regalar los vehículos y luego mantenerlos abastecidos de los ingentes stocks de repuestos que van a necesitar. Habitualmente, estas provisiones de repuestos son monopólicas.

La oferta de Rafael López Aliaga fue demasiado buena para ser cierta, y así es, en efecto: la Municipalidad de Lima obtiene un tren donado, o casi, que llega hasta los rieles y empieza a transportar a la sufrida población ubicada entre Callao y Chosica. Al poco tiempo, intentaba fletarle el tren al MTC, con quien hoy polemiza.

Cuando el ministro Rafael Rey cuestiona que los vagones de Caltrain hayan sido un donativo, está cuestionando el sentido de toda la operación y negándose a avalar una promesa trucha del exalcalde. Ahora López Aliaga hace una campaña, obviamente electoral, contra Rey entre los engañados de Ate, Chaclacayo y Chosica.

Porky ha intentado asordinar el problema en que se ha metido con la amenaza de un “grave incidente diplomático”, pues los papeles del tren fueron firmados por un tal Anthony Blinken, entonces secretario de Estado de los EE.UU. Pero cada día aparecen más pagos por la famosa donación, creciente sugerencia de una compra.

Adonde voltea López Aliaga encuentra un desmentido de su plan ferroviario y, mientras tanto, la chatarra californiana se va deteriorando cada vez más (más repuestos). Tal vez el MTC debería mover una parte de su investigación hacia el Estado de California, donde debe estar esperando importante información legal.

¿Todo esto afecta las posibilidades de López Aliaga en octubre? Lo entenderemos mejor con la próxima encuesta. Pero a la población le gustan los vivarachos, los pendexos, los engañadores. Así es como se van formando Congresos y municipios. Un país donde lo deshonesto suele reclamar el primer puesto.

Hoy, la historia parece repetirse con la persecución que a diario sufren los jueces y juezas que deciden inaplicar “el marco normativo de la impunidad” que incluye -por ahora- la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía para violadores de derechos humanos y la ley que amplía la noción de delito de función para que el fuero militar policial asuma competencia ante posibles violaciones de derechos humanos.

 Correctamente, el Poder Judicial está aplicando la doctrina del control de convencionalidad establecida en la jurisprudencia interamericana, la cual fue empleada en 1995 por la jueza Antonia Saquicuray para impedir la aplicación de las leyes de amnistía que el Congreso aprobó para proteger a los violadores de derechos humanos. En la sentencia Barrios Altos vs. Perú (2001), la Corte IDH le dio la razón a la valiente jueza.

 Por ello, es muy importante que la Dra. Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, haya reiterado que la destitución de los jueces porque una autoridad discrepa de sus decisiones y su criterio jurisdiccional, eliminaría la independencia judicial, poniendo en riesgo la democracia y la Constitución.

 Hoy numerosos jueces y juezas ponen su carrera en riesgo para cumplir con su rol, en un acto de dignidad y decencia encomiable, algo difícil de comprender para quienes, hace tiempo, decidieron subordinar los principios a sus intereses y acomodos políticos.

¿Es una mala idea? Puede ser debatido. ¿Se puede cambiar? Sin duda. ¿Se puede cambiar para las elecciones del 4 de octubre? No. Esa inmutabilidad también es sencilla de entender. La prohibición de reelección de alcaldes y gobernadores se aprobó por la vía de la reforma constitucional, en dos legislaturas con más de dos tercios de votos en el Congreso. ¿La razón? La enorme corrupción en reelecciones donde quien estaba en el poder no respetaba la neutralidad electoral. Experiencias, tuvimos y de las peores. La reforma constitucional tarda tiempo y logra consensos amplios. Hoy, con un sistema bicameral, necesitas dos votaciones en cada cámara. Un proceso mucho más largo. Eso no va a cambiar pronto.

Si la Constitución es tan clara y toda ley se subordina a la Constitución, ¿por qué tenemos un conjunto de alcaldes esmerándose en violarla? Porque han decidido hacer trampa. Los alcaldes no postulan a la alcaldía (eso ya sería mucho), pero postulan como primer regidor, lo cual no está prohibido. Luego, hacen renunciar al candidato a alcalde. Para cualquier ciudadano, eso significa que si la lista gana, ese primer regidor asume la alcaldía. Pero el alcalde no es cualquiera. Obviamente está exceptuado aquel que cae en la prohibición constitucional de reelección. Ese nunca podrá ser alcalde. ¿O eso creíamos?

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Para hacer trampa se necesitan dos. El que la hace y el que se lo permite. El JNE tenía que decir, con toda claridad, que en el caso de una lista en la que gane un regidor constitucionalmente impedido, asume la alcaldía el siguiente regidor. ¿Ha dicho eso el señor Burneo, presidente del JNE? No. Ha escrito una columna para debatir el cambio de la norma constitucional. La trampa de Rafael López Aliaga y unos cincuenta más a nivel nacional está bendecida desde el poder electoral. Esperemos que a la hora de las impugnaciones veamos en sus resoluciones cómo votan los 5 miembros del JNE. Ojalá que no se repita el penoso caso de diciembre de 1999.

Esto ya no es una reelección encubierta como la de ser primer regidor, con otro candidato a alcalde sin impedimento o dejar de candidato a la esposa, la hija, el hermano. De esto hay por montones. El nepotismo y el clan familiar, sustituyendo al partido, ya es algo endémico en la política peruana. Pero esto (la renuncia del candidato a alcalde para colocar al impedido) es el descaro absoluto y total. ¿Le importa al elector? Al renunciar Luis Rubio a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga se coloca como candidato a alcalde (así, sin maquillaje) en las encuestas y estas le han sido muy favorables.

Cierto es que el JNE, por mayoría, ya había trazado una línea de beneficios para López Aliaga. De nuevo, la Constitución es absolutamente clara: “el mandato legislativo de senador es irrenunciable”. Pues para López Aliaga, sí es renunciable. ¿Por qué? Les reto a leer la resolución que le permite renunciar y que encuentren un solo argumento jurídico que justifique tremenda violación a la Constitución. No lo hay. El mandato de senador nace de la votación del 12 de abril. De ahí en adelante, es irrenunciable. Cualquier galimatías de doctor Truquini no puede superar esa verdad.

Cierto es que el JNE no es el único organismo que desconoce la Constitución en estos días. Hace pocas semanas comentábamos cómo el Tribunal Constitucional, violando el texto expreso de la Constitución, había concedido al Congreso facultades del Poder Ejecutivo, autorizándolos a tener iniciativa de gasto. El daño político y fiscal ha sido de tal magnitud que, en menos de cuatro años, y días antes de la juramentación de 28 de julio, resolvieron que “variaban su criterio jurisprudencial” antes de que el Parlamento termine de quebrar la caja fiscal y a Fujimori le fuera imposible conseguir un ministro de Economía que acepte jurar el cargo sosteniendo esa monstruosidad.

La falta de respeto al orden legal de López Aliaga tampoco es novedad. Su no reconocimiento de contratos le va a costar millones a los peruanos. Rutas de Lima ya ganó dos laudos y va a ganar todos los demás. No reconoce propiedad privada, confiscando terrenos sin pago de justiprecio en efectivo (como también manda la Constitución) para hacer obras incompletas. Sus víctimas tienen que litigar en el Poder Judicial para que se les reconozca algo, tan elemental en una democracia, como el derecho de propiedad. Sus respuestas son violentas y agresivas, incluso con la autoridad que hoy lo beneficia. Nadie puede olvidar que se inventó un fraude en abril y amenazó con sodomizar con una tortuga (disculpen la vulgaridad) al presidente del JNE, hoy su benefactor.

Esa falta de respeto a la ley ha sido recordada esta semana por el ministro de Transportes, Rafael Rey (al que no acusarán de comunista, caviar o agente de Soros), cuando volvió a señalar lo que siempre dijo y muchos señalamos: la Municipalidad de Lima pagó un precio de venta a Caltrain por los trenes. ¿Por qué esto desata la ira de López Aliaga? Primero, porque es verdad y, segundo, porque si es verdad, la MML estaba impedida legalmente de hacer esa compra. En el colmo de la desesperación ante la inminencia de las denuncias penales, la MML ha informado que “el JNE los autorizó”. ¿Qué tiene que ver el JNE, un tribunal electoral, en la compra de unos trenes? Nada. Tan grotesco es el argumento que los amigos del JNE ya le pusieron el pare con una breve respuesta en X al candidato Allison: “El JNE no determinó que la operación de Caltrain fue una donación ni definió su naturaleza jurídica. La resolución 0647-2025- JNE resolvió únicamente el pedido de vacancia de 21 regidores y concluyó que no se configuraban las causales invocadas”. Mentira, sobre mentira.

¿Qué hacemos si los llamados a defender la Constitución no la defienden? ¿Si nuestras autoridades no respetan las reglas básicas del equilibrio de poderes? Solo nos queda el voto. Es la última línea de defensa contra la trampa. El pasado 12 de abril los peruanos rechazaron a 7 de los 10 partidos que estaban en el Congreso con el lema #PorEstosNo en castigo al abuso de poder. Este 4 de octubre, renovemos la política otra vez, con el lema #PorEstosTrampososNo.

La cuestión adquiere especial gravedad en un contexto internacional en el que se multiplican las tendencias autoritarias, las redes transnacionales de crimen organizado y los mecanismos de captura o debilitamiento de las instituciones. Una justicia sometida “es lo que toca” en esos casos. Por eso, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces: es una garantía. Un derecho fundamental de los ciudadanos. Sin jueces independientes, los derechos pueden seguir existiendo en el papel, pero quedan sin un tercero imparcial capaz de hacerlos valer frente al poder.

Tello ha insistido en esa idea durante su gestión. En julio de 2026 señaló que la independencia judicial y la separación de poderes son asuntos absolutamente vigentes, y el propio Poder Judicial dedicó parte de las actividades por el Día del Juez y la Jueza a la defensa de ella frente al crimen organizado, a la reforma judicial y al examen de los estándares de la Comisión de Venecia. No es, pues, una reacción episódica. Es la respuesta institucional a un problema que se ha vuelto persistente.

En el Perú, una de las expresiones más preocupantes de ese problema han sido los ataques reiterados de Fernando Rospigliosi, como presidente del Congreso, contra magistrados que han adoptado decisiones que él considera contrarias a leyes aprobadas por el Parlamento. El problema no es que un congresista critique una sentencia. En democracia, las resoluciones judiciales pueden y deben ser discutidas. El límite se cruza cuando desde la cúspide de otro poder del Estado se descalifica personalmente a los jueces y, sobre todo, se anuncian procedimientos disciplinarios, denuncias penales o destituciones como consecuencia del contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

Las “perlas” de una ofensiva

“Barrer” el sistema judicial. Ese ha sido el ostensible y sostenido objetivo del locuaz —y hasta ahora impune— Rospigliosi. El 30 de enero de 2026, después de que magistrados decidieran no aplicar la Ley 32107 en el caso Cayara, Rospigliosi sostuvo que no bastaba con reformar el sistema judicial y que había que “barrerlo”, reclamando “soluciones radicales”. La expresión no cuestiona una resolución determinada: proyecta la descalificación sobre el sistema de justicia en su conjunto.

Amenaza de sanción y denuncia por prevaricato. El 8 de enero de 2026, al defender la aplicación obligatoria de la Ley 32107 luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Rospigliosi advirtió que el juez que no la aplicara podría ser sancionado y denunciado por prevaricato. Una cosa es sostener jurídicamente que una ley debe aplicarse; otra, muy distinta, convertir la discrepancia interpretativa de un juez en anuncio anticipado de castigo. Es una grosera amenaza desde el poder político.

“Politizados” y “prevaricadores”. La reiteración de esos calificativos contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a la posición política de ese vocinglero congresista transforma la crítica en estigmatización. Un juez puede equivocarse y su decisión puede ser revocada, pero solo mediante los recursos previstos por el ordenamiento. Lo que corresponde es procesar esas discrepancias por las vías institucionales, no sustituirlas por la intimidación pública.

Destitución por ejercer control jurisdiccional. El 26 de agosto de 2025, Rospigliosi anunció, en su desbordante incontinencia, que había solicitado a la Junta Nacional de Justicia la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusó de prevaricato por inaplicar la Ley 32107. Sostuvo, además, que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso”. La gravedad institucional reside precisamente en que la reacción política no se limitó a cuestionar el razonamiento del juez, sino que buscó su separación del cargo.

“Magistrados ‘politizados’ que se niegan a cumplir” las leyes. El 3 de febrero de 2026, ya como circunstancial presidente encargado del Congreso, Rospigliosi afirmó que seguiría defendiendo las leyes aprobadas por el Parlamento frente a magistrados a los que calificó de “politizados”. En la misma línea, sostuvo que el Poder Judicial debe aplicar las leyes y calificó la conducta contraria como un desacato. Esa formulación omite un dato decisivo: en un Estado constitucional, la función judicial no consiste en una obediencia mecánica al legislador.

El punto jurídico medular: el juez no es un autómata

La Constitución peruana no diseñó jueces convertidos en simples ejecutores de la voluntad parlamentaria. Por el contrario, les reconoce capacidad de razonamiento y análisis.

El artículo 138 establece que, cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Ese es el llamado control difuso de constitucionalidad: una herramienta esencial del Estado constitucional, no una extravagancia ni un acto de “rebelión” frente al Congreso.

A ello se añade el artículo 55 de la Constitución: los tratados celebrados por el Estado y en vigor “forman parte del derecho nacional”. En materia de derechos humanos, esto obliga a que la interpretación judicial incorpore y dialogue también con las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana forman parte de ese marco que los órganos jurisdiccionales no pueden simplemente ignorar.

Precisión importante. Que el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional una ley es un dato jurídico de enorme relevancia y vincula en los términos que establece el ordenamiento. Pero ello no convierte al juez en un funcionario sometido a instrucciones políticas sobre cómo resolver cada proceso concreto. Tampoco habilita a otro poder del Estado para anticiparle sanciones por el contenido de una resolución. Los desacuerdos jurídicos se procesan con recursos, precedentes, control constitucional y argumentación; no mediante amenazas.

El control de convencionalidad refuerza esta idea. Los jueces nacionales, dentro de sus competencias y de las reglas procesales correspondientes, deben interpretar y aplicar el derecho interno teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado. Esto es especialmente relevante cuando están en discusión graves violaciones de derechos humanos, prescripción, amnistías o reglas que puedan producir impunidad. El Estado peruano no deja de estar obligado internacionalmente porque una mayoría parlamentaria o un locuaz cabecilla aprueben una ley.

Por eso es institucionalmente delicado —y democráticamente peligroso— que desde la Presidencia del Congreso se anuncien destituciones o denuncias penales contra jueces precisamente a raíz del contenido de decisiones adoptadas en procesos concretos. El mensaje no llega solamente al magistrado amenazado. Llega a todos: "si resuelven de esta manera, puede haber consecuencias personales". Ese efecto intimidatorio es incompatible con la independencia que debe acompañar a la función jurisdiccional.

Independencia no significa impunidad judicial

Defender la independencia judicial no significa sostener que los jueces sean infalibles ni que estén exentos de responsabilidad. Deben motivar sus decisiones, respetar el debido proceso y responder disciplinaria o penalmente cuando incurran realmente en faltas o delitos. Pero existe una diferencia decisiva entre sancionar una conducta ilícita y castigar —o amenazar— a un juez por la interpretación jurídica que adopta de buena fe en un caso sometido a su conocimiento.

Si cada decisión incómoda para la mayoría política pudiera desencadenar una amenaza de destitución o una denuncia penal desde el Congreso, el control judicial del poder perdería sentido. La separación de poderes no exige poderes mudos; exige poderes que respeten las competencias de los otros. El Congreso legisla. Los jueces juzgan. Y cuando juzgan deben hacerlo libres de presiones externas, incluso —y especialmente— cuando la controversia enfrenta al ciudadano con el poder del Estado.

De allí la importancia de la posición expresada por Janet Tello. La presidenta del Poder Judicial no está defendiendo a una persona o una sentencia particular. Está defendiendo una frontera constitucional. La justicia no puede convertirse en prolongación del gobierno, del Congreso, de un partido político ni de ninguna mayoría circunstancial.

Una frontera que el Congreso debe respetar

Fernando Rospigliosi tiene todo el derecho a discrepar de una resolución judicial y a defender las leyes que el Congreso aprueba. Lo que no puede hacer —ni él ni ningún presidente del Congreso— es considerar que tiene potestad para convertir esa discrepancia en una campaña de intimidación contra quienes administran justicia. Mucho menos para presentar la destitución o el proceso penal como respuesta normal frente al juez que interpreta el derecho de manera diferente.

El deterioro democrático rara vez comienza con la desaparición formal de los tribunales. Suele empezar antes: cuando se desacredita sistemáticamente a los jueces, se les divide entre “buenos” y “politizados” según el sentido de sus decisiones y se les hace saber que su estabilidad profesional puede depender de no incomodar al poder. Allí empieza la justicia condicionada y sometida.

Por eso la defensa formulada por Janet Tello merece respaldo. No porque los jueces deban quedar al margen de la crítica, sino precisamente porque la democracia necesita jueces capaces de soportar la crítica sin tener que temer represalias. Esa es la diferencia entre control democrático e intimidación.

En eso estamos.

Y corresponde también al propio Congreso decidir si tolerará que su Presidencia utilice el peso institucional del cargo para hostilizar a magistrados por el contenido de sus decisiones. Defender la Constitución no consiste solamente en citarla. Consiste, sobre todo, en aceptar los límites que ella impone al poder propio.

La independencia judicial no es desacato. Es exactamente lo contrario: es obediencia a la Constitución y al Estado de derecho. Y cuando un juez, dentro de sus competencias, controla la compatibilidad de una norma con la Constitución y con las obligaciones internacionales del Perú, no está usurpando la función legislativa. Está cumpliendo la suya.

EE.UU. amenazó a Panamá con recuperar por la fuerza el Canal por el supuesto control que China tenía sobre el mismo. Al poco tiempo, el gobierno de Panamá, irónicamente un aliado cercano de Washington, no solo utilizó canales judiciales para cancelar la concesión que una empresa china tenía de los puertos de Balboa y Cristóbal, sino que también se retiró de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la cual se había incorporado el año 2017.

Tratándose de Venezuela, el gobierno de EE.UU. violentó su soberanía para secuestrar a su presidente Nicolás Maduro. A pesar de la crítica inicial de Caracas, Trump ha logrado que el gobierno de dicho país se convierta en un aliado en lo que más le interesaba: que China no se siga beneficiando del petróleo venezolano. Su prioridad no estaba en defender la democracia o los derechos humanos en el país caribeño, sino en evitar que China acceda a un importante recurso energético. En la actualidad, EE.UU. controla el negocio del petróleo en Venezuela.

Según el Pew Research Center, EE.UU. genera cada vez mayor desconfianza en el mundo (y en América Latina). No obstante, Trump ha logrado que en la región sean electos políticos que mantienen vínculos ideológicos con su gobierno. El discurso del orden y la seguridad, tan presente en la narrativa de Trump, ha calado bastante hondo en las sociedades de los países latinoamericanos. Su apoyo (directo o indirecto) ha posibilitado recientemente la llegada al poder de políticos como Abelardo de la Espriella (Colombia) o Keiko Fujimori (Perú). Aunque en otros casos, tal como sucedió en Honduras, tuvo que intervenir burdamente en el proceso electoral mismo para lograr la victoria de Nasry Asfura.

Trump no diferencia entre amigos y enemigos; puede perjudicar (como sucede con los aranceles que impone) incluso a países aliados de EE.UU. Violenta el derecho internacional y principios que nos ha costado tanto defender, como la no intervención en los asuntos internos. Pero igual, por miedo o convicción, la región se acerca cada vez más a la potencia mundial.

La evolución de la centroizquierda hacia el neoliberalismo en la década del noventa, la llamada “tercera vía”, tuvo consecuencias terribles para los partidos socialdemócratas, progresistas y afines. Perdieron identidad y dejaron de diferenciarse de la centroderecha. En Europa y América Latina fueron absorbidos por el sistema, desapareciendo del mapa político. Incluso en EE.UU. resulta increíble creer que Estados tradicionalmente obreros del gran cinturón industrial voten por Donald Trump. ¿En qué momento el Partido Demócrata se olvidó de los trabajadores? El discurso anticapitalista y antiglobalización parece funcionar con Trump, pero no funciona en la izquierda, ¿eso es lo que nos quieren decir?

Ello ha generado una respuesta desde la izquierda, llevándolos a levantar aquellas banderas que la caracterizaron por mucho tiempo. Algunas veces pueden radicalizar su discurso, pero saben negociar y moderar su narrativa en aras de incorporar a otros grupos sociales. En Perú vimos cómo Pedro Castillo y, en su momento, Ollanta Humala, pudieron derrotar a la derecha. Pasó lo mismo con Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

También es cierto que el mundo tiende hacia mayores niveles de fragmentación política. Una elección siempre genera diferencias que expresan cierta fractura, pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos es cómo los extremos comienzan a ganar el espacio político que el centro comienza a dejar. EE.UU. no parece ser la excepción. En ese sentido, el enfrentamiento de los sectores más radicales de los dos partidos tradicionales puede generar un nuevo escenario en el aburrido bipartidismo estadounidense que transforme las dinámicas políticas que hoy conocemos.

Pero, ¿Trump tiene asegurada la victoria? Estoy seguro de que en 2021 la derecha peruana celebró tener a un candidato como Pedro Castillo y el resultado ya lo conocemos. Más aún, en un país que tiende al equilibrio político, nada asegura la victoria del Partido Republicano, menos uno dominado por el trumpismo.

En esa situación, la politóloga, la analista, la columnista quedó en segundo plano, mientras la ciudadana procesaba los resultados electorales de forma mucho más emocional, teniendo que reconocer la nueva situación en la cual el cordón sanitario que tendimos durante décadas y que, pese a todo, parecía difícil de vencer, había caído.

Esa ciudadana que, como he contado antes en esta misma columna, con apenas 6 años votó contra la Constitución del 92 en una cédula dibujada por mamá, ha estado en duelo.

Y sé que no soy la única. Cuando he sido capaz de verbalizar que esa era la situación que estaba viviendo, muchos amigos y amigas me dijeron que es así como se sienten. Quienes somos demócratas sabemos que aceptar la derrota es parte de las reglas, pero eso no significa que podamos hacerlo siempre sin que ello duela.

Reconocer que este ha sido un proceso no solo político sino emocional me ha permitido mirar con otra perspectiva lo que se viene y empezar a analizarlo desde otra perspectiva. La asepsia nunca ha sido parte de mi forma de ver y vivir el país.

Según la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, el proceso de duelo atraviesa cinco etapas. La primera es la negación o el shock inicial. Me reconozco más en esta segunda emoción. Porque, como politóloga y una persona que trata de analizar los datos desapasionadamente, ya desde los resultados de primera vuelta intuía que esta vez la contienda iba a ser más difícil y las posibilidades de vencer significativamente menores.

Sin embargo, el que la mayoría de los partidos de oposición fueran capaces de unirse en un frente común generó expectativa. Un querido colega pasó días haciendo cálculos esperanzados, aunque no rigurosos. Esa fue su forma de afrontar la negación, su 'Matemáticamente posible'. El día que llegó y no me dijo “he estado mirando las actas anoche”, no pude sino sentir su dolor como mío.

La segunda etapa es la de la rabia, sentimientos de frustración y de impotencia al no poder modificar las consecuencias de la pérdida. El enojo con uno mismo, la frustración. ¿Pudimos hacer más? ¿Otros pudieron hacer más?

En esa etapa volví sobre la pregunta que he planteado antes en esta misma columna: ¿qué responderemos cuando nos pregunten dónde estábamos cuando permitimos que terminaran de tomar el Estado? Cuando al fin lograron pasar del poder en la sombra a la primera línea.

La tercera etapa del duelo es la de la negociación, en la cual se guarda la esperanza de que nada cambie o de que pueda influir de algún modo en la situación. Esta no soy capaz de reconocerla en mí o en otras personas cercanas; conocemos demasiado bien la forma en que los cabos se han ido atando a lo largo de estos años, los negociados, los ajustes constitucionales y los antecedentes de esta fuerza política como para pensar que es posible neutralizarlos.

Esto no niega, sin embargo, la existencia de ciertos signos de esperanza. Cuando he tenido oportunidad (y ánimos) para compartir mi análisis sobre los resultados electorales, he dicho que es positivo que, de todos los socios del pacto que sostuvo a Boluarte, Jerí y Balcázar en el poder, solo queden dos con representación parlamentaria. Alianza Por el Progreso, Avanza País, Podemos Perú y Perú Libre —los socios menos programáticos del pacto— tuvieron que asumir los costos de sus años robando las arcas del Estado y legislando bajo intereses personalísimos.

La cuarta etapa es la depresión. La tristeza profunda y el vacío al conectar más explícitamente con la pérdida. Luego de años peleando por el mantenimiento de la democracia y los derechos ciudadanos —estos últimos años además desde un lugar mucho más intenso—, denunciando los abusos de poder, el asesinato de ciudadanos y ciudadanas, la deformación de las leyes y los retrocesos autoritarios, durante algunas semanas sentí que no tenía fuerzas para más.

El profundo amor de mi familia (a pesar de la distancia física, Belén y yo nos abrazamos virtualmente cuando los resultados fueron irreversibles), la catarsis con las amigas poderosas que me reinician siempre, la certeza de que aún hay personas con las que vale la pena luchar codo a codo, la ternura de mi hija al lamentarse de que ganara 'La señora que no nos representa' y un loop de 'El necio' en los audífonos me sostuvieron.

Y así llegamos a la quinta y última etapa: la aceptación. Asumir la nueva realidad, seguir adelante. Volver.

Porque no es verdad, no lo han tomado todo. Porque una oposición medianamente articulada va tomando forma en el Parlamento; porque los números no les dan para volver a nombrar antojadizamente a los miembros del Tribunal Constitucional o volver a elegir a un Defensor del Pueblo de la calaña del actual. Porque el Estado tiene como punto de partida a la ciudadanía antes incluso que las instituciones.

Y porque este año tenemos en octubre una nueva oportunidad: la de las Elecciones Regionales y Municipales, y tras ella quienes gobiernan nuestro territorio más cercano, nuestros alcaldes, alcaldesas y gobernadores o gobernadoras regionales, podrían ser quienes articulen con el Ejecutivo nacional y, al mismo tiempo, quienes sean piedra de tope de los abusos que este pueda pretender cometer en el futuro.

Así, superado el duelo —que cada una llevará a cabo en el tiempo que necesite—, volvemos a trabajar por hacer de este un país más justo y más vivible. Quizás, como decía Eliazer Budasoff, esta sea “una promesa de futuro extraña”, basada en la terquedad antes que el optimismo.

Lo que ocurre allí no es una emergencia circunstancial: es el resumen de las desigualdades del país concentradas en un solo ubigeo. Servicios de salud que no llegan o no hablan la lengua de quien los necesita. Residencias estudiantiles que, creadas para acercar la educación, terminaron exponiendo a las estudiantes que debían proteger. Defensoras comunitarias que sostienen con su trabajo voluntario y precario lo que le corresponde al Estado. Y, encima, minería ilegal, narcotráfico y trata operando donde la institucionalidad se ausenta. Una niña que nace en Condorcanqui no debería cargar en su partida de nacimiento una condena; pero hoy su ubigeo predice, con una precisión que avergüenza, qué servicios no tendrá, en qué lengua no será atendida y ante qué violencias quedará sola. Esa predictibilidad no es destino ni geografía: es una decisión política sostenida en el tiempo.

El nuevo gobierno tiene, formalmente, quince días. Pero la bancada que hoy asume el Ejecutivo no llega de un país que no gobernaba: desde diciembre de 2022, Fuerza Popular ha legislado, sostenido gestiones, colocado y blindado funcionarios y definido prioridades presupuestales. Tuvo la mayoría y con ella el poder de mirar hacia Condorcanqui. No lo hizo. No puede ahora reclamar la inocencia del recién llegado sobre un territorio que llevaba años en su campo de visión. Los quince días de cortesía no borran los años de omisión.

Hay además una razón que va más allá de la urgencia: el Estado tiene que funcionar de forma sistémica. La protección de las niñeces, las adolescencias y los pueblos indígenas no se logra con intervenciones aisladas de un ministerio que llega, hace su parte y se va. Cuando salud, educación, justicia, cultura y los tres niveles de gobierno actúan por separado, el impacto se diluye, los plazos se alargan y cada intervención cuesta más de lo que costaría articulada. Lo aislado no solo es insuficiente: es más caro, más lento y, al final, más injusto.

Ver el bosque no exime de atender el árbol. Se puede —se debe— pensar la reforma del Estado en su conjunto y, a la vez, reconocer que hay deudas que no resisten cronogramas extensos. Condorcanqui es una de ellas, y cada día de demora tiene nombre: es una niña más atendida tarde, trasladada tarde, escuchada tarde o nunca. El silencio y la demora también producen impunidad. Frente a eso, la única respuesta digna de una república es dejar de pedir plazos y empezar a rendir cuentas.

Sin embargo, parece que la aparición del gran estilo presidencial 2026 está siendo movida para más adelante. Mientras tanto, el estilo Fujimori se viene concretando en una imagen doméstica (en casa, no en Palacio) y de intensa presencia al lado de los militares en las situaciones de emergencia lejos de Lima.

Para ponerlo en otras palabras, la presidenta no parece muy contenta con su nuevo cargo, que tanto persiguió. Está haciendo esfuerzos por lograr una imagen más cercana al pueblo, un clásico consejo de algún asesor venido de fuera. Los periodistas no la escudriñaban tanto cuando era candidata presidencial.

En términos generales, los mensajes hablados de Fujimori son formalmente correctos, pero no entusiasman a nadie. Tampoco ella exuda mucho entusiasmo al lanzarlos. Es mucho mejor ejerciendo un poder silencioso, casi secreto, a través de la estructura personal-partidaria que la rodea. Como una eminencia gris de sí misma.

Sobre el 60% de aprobación en Datum. La cifra es simpática, pero es probable que empiece a bajar con el obvio desgaste de la gestión. A eso habrá que restarle la performance de los candidatos de Fuerza Popular en octubre. Luego están las quejas de la población en las zonas damnificadas por el Niño Godzilla.

Lo que puede mantener ese 60% en su sitio, o casi, es un populismo suave, como el aumento del salario mínimo. Pero al otro lado de la balanza va a haber —ya se sabe— medidas liberales de austeridad. Si ella quiere una buena aprobación, la va a tener que trabajar.

Pero ya sabemos que nada desgasta a un gobierno tanto como la imposibilidad de reducir las cifras de criminalidad en el país. A los presidentes y parlamentarios de 2021-2026 ese factor les tiró al piso la popularidad. A los altos mandos policiales los llenó de vergüenza y eso se contagió a sus jefes políticos.

Pero aun así, da para sentirnos nerviosos en esta temporada. Si la contigüidad no es el tema, sí lo son la posibilidad y la probabilidad. Los sismólogos afirman que en muchas zonas del Perú hay largos silencios sísmicos que no auguran nada bueno, y que conviene estar preparados y tener construcciones antisísmicas.

En la visión simplista según la cual hay un gran sismo que avanza, país por país, desde Caracas hasta aquí, primero tendríamos que verlo manifestarse en territorio ecuatoriano. Pero en verdad lo que hay, si uno mira la letra chica de los mapas sísmicos que se actualizan, es una simultaneidad en torno de las mismas capas geológicas.

Hay la fuerte impresión de que parte de la letalidad de los terremotos tiene que ver con la calidad de lo construido y el entrenamiento de una población habituada. Así, la vulnerabilidad humana en Japón o Chile, ambos países muy sísmicos, es sumamente baja, mientras que en el Perú es intermedia.

Para los países costeros de la región es difícil no pensar, para este año o el próximo, en una fatídica coincidencia entre un terremoto y los efectos del Niño fuerte en su máxima potencia, un caso de llovido sobre mojado. En este sentido, nuestro organismo público más importante es, sin duda, el INDECI, es decir, el Instituto de Defensa Civil.

La campaña para una población preparada en el Perú es permanente, más intensa que la de los huaicos, por ejemplo. Pero los ingenieros estructurales saben de muchos edificios, no necesariamente tan antiguos, que sobreviven en serio peligro, y eso vale también para sus habitantes. Son las construcciones que salen en las fotos.

Revisar viviendas pobres con el ojo puesto en su fragilidad frente a un sismo fuerte sería de la máxima utilidad previsora, pero políticamente espinoso. ¿Quién pagaría las reparaciones? ¿El Estado se haría responsable? Las casas sin papeles en orden no desean ser estructuralmente rehabilitadas. Sucedió en Pisco en el 2007, sucede por todas partes.

Lugares donde lo anterior se ha manifestado: las primarias del Senado de Michigan, en el partido de Nueva York, y en el crecimiento de la capacidad de movilización electoral de los medios alternativos. Todos fenómenos respaldados por prominentes senadores demócratas progresistas como Bernie Sanders o Elizabeth Warren.

Lo que está creciendo es la capacidad de los radicales para ganar elecciones primarias dentro del Partido Demócrata. No es un fenómeno nacional, sino transversal, que a los conservadores del partido les preocupa más que el propio Trump. No se habla de socialismo, sino de derechos dentro de un capitalismo moderno. The Economist lo pone así:

"Abul El-Sayed (que ganó Michigan) no pertenece a Democratic Socialists of America, DSA, pero toma su fuerza de ese sector. ¿Podría un candidato similar ganar la nominación demócrata en 2028? Que esta sea una pregunta verosímil marca una evolución notable en un grupo con algunas posiciones profundamente impopulares".

La cosa comenzó cuando Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York, el primer día de este año. Desde entonces se ha ido estrechando el círculo sobre los demócratas moderados. Un argumento fuerte es que los moderados, en ambos partidos, no han podido frenar las políticas de Trump y, en los hechos, terminan asociados a ellas.

Los temas que impulsan la posición: acceso a vivienda y control de alquileres, mejor salario mínimo, impuestos a los muy ricos, menos dinero privado en la política, salud para todos. Es importante también una política exterior más crítica frente a Israel. No es Rusia en 1917, pero sí son reclamos populares importantes.

La reacción de Trump a los nuevos acontecimientos ha sido moderada. Saludó a Mamdani por teléfono tras su victoria. Dice que el radicalismo ayudará a los republicanos en noviembre. Lo único que lo irrita es que los radicales lo acusen de querer robarse esas elecciones sin el menor pudor; pero sus primeros intentos son notorios.

Las cosas se convierten en sus contrarios. El trumpismo ha generado una socialdemocracia dura. La derechización del sur continental americano ahora coincide con una incipiente izquierdización del norte. Nadie sabe para quién trabaja.

El libro más reciente, Inmaculada concepción (Huacho, Qwerty, 2026), trae poemas, humor y también una estupenda retórica neobarroca; en eso busca (encuentra) lo eclesial purificador. La concepción del caso es la percepción poética de la realidad, al menos así explica Santiváñez a quienes le preguntan.

Sus pecados están en Piura, vienen de Piura, y malgré su título y su carátula que mueven a confusión, no pensamos que ofendería a un papa visitante, menos a este. La obra entera por momentos tiene una arrechura de monaguillo piurano, trenzada con una notable calidad poética y, hay que decirlo, una obvia preocupación religiosa.

El poeta tiene devoción por las palabras y las formas del Siglo de Oro, la misma que tuvo el laico Carlos Germán Belli. Al igual que Belli luego de su libro Poemas (1958), no es moderno, ni quiere serlo. Pero es evidente que va muy adelante en la procesión. Por momentos, un eclesiástico sexualizado; en otros, un neobarroco sexy.

No es una aproximación a lo religioso como las de César Vallejo o Antonio Cisneros, cabales y de una pieza. La de Santiváñez es una poesía trufada de contradicciones, pero que no molestan, como las del romántico Ricardo Palma en sus versos. Pero todo se ha ido decantando, dejando un sedimento de fe en la estética de lo religioso.

Cuando presentó Symbol en el centro de Lima parecía listo para la extremaunción de los malogrados. Lo salvó al final viajar a Filadelfia (allí vive) y encontrar una pareja adecuada, instalado junto al río Cooper, cada día más parecido al Jordán. Ahora quiere recuperar su época recia con memorias; no lo está logrando.

Por el camino aparecen libros y poemas memorables. Prefiero Santa Rosa de Lima, poema sacro en 31 silvas (Lima, Hipocampo, 2022). Una estrofa: «Lejos de toda idolatría / & del azufre rondando / Su básica pastrula / Supiste realizar el / consistorio con angélica / Dedicación exclusiva / Brindando en las viñas / Del Señor vino y agua de la vera / Que riega el Rímac sonoroso».

El ministro de Justicia Ernesto Álvarez, expremier del gobierno de José Jerí, propuso esta semana trasladar el LUM al sector que él conduce. Si el fujimorismo quiere incidir genuinamente en el Lugar de la Memoria, el camino correcto pasa primero por participar de los procesos de verdad y reconciliación con académicos de reconocimiento independiente, nuevamente, sin ser juez y parte. Ese camino estuvo siempre disponible. Alberto Fujimori lo rechazó en 2002 cuando se negó a recibir a Salomón Lerner, presidente de la CVR, que quería entrevistarlo para el proceso de verdad. Ante ello, el contraste con el expresidente Francisco Morales Bermúdez es revelador: el exdictador militar bajo cuyo gobierno también ocurrieron graves violaciones de derechos humanos sí participó del proceso. El propio Lerner documentó en 2024 que desde el fujimorismo se construyó en cambio una historia paralela que ocultó crímenes de Estado.

Ahora bien, el LUM ya depende del Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura, lo que lo hace vulnerable a cualquier gobierno de turno. La reforma que el país le debe al LUM es un directorio independiente con miembros de reconocimiento académico de consenso, en especial con todas las víctimas, financiamiento garantizado por ley y mecanismos que garanticen su continuidad más allá de los ciclos políticos. Eso es lo que el gobierno debe impulsar en lugar de un traslado que convertiría al Estado en árbitro de su propia memoria.

En ese sentido, vale repetir aclaraciones que el propio Lerner sostuvo hace poco en una entrevista para esta casa editorial. El informe de la CVR nunca fue presentado como un punto final sino como una base para profundizar en la búsqueda de la verdad. A 23 años de su publicación, ese proceso sigue abierto y sigue siendo necesario. El fujimorismo que eligió construir una historia paralela tiene ahora la oportunidad, sin duda histórica, de sumarse al proceso real. Empezaría por respetar la autonomía del espacio que lo preserva.

Máximo Torero: Sí, mira, un gusto estar con ustedes. Un poco lo que hay que entender es que, como tú bien decías, hay dos problemas grandes. No es solo El Niño. Hay un problema que estamos arrastrando ya hace más de cien días, que es el problema del estrecho de Ormuz. Lo que ha hecho el estrecho de Ormuz es sacar de la oferta de insumos agrícolas entre el 20 y el 30% de los principales insumos, es decir, el petróleo que utilizamos para poder producir en la parte de procesamiento, transporte y bombeo de agua, que mayormente se hace con petróleo. Luego el gas natural, que se utiliza para producir nitrógeno, central en la urea y en los fertilizantes en general. El azufre, que se utiliza para generar fosfatos, también ha desaparecido. Y las semillas, porque las semillas híbridas, sobre todo de cereales, requieren mucha urea. Ese contexto ya ha llevado a que los precios de esos insumos sean muy altos, y por lo tanto los productores han tenido que decidir producir con menos insumos o cambiar a productos que utilizan menos urea, por ejemplo moverse de cereales a soja, o vender a biocombustibles en los países donde los hay.

Tenemos menos oferta de alimentos a nivel mundial y precios que están empezando a subir. Los principales commodities afectados ahora son el arroz, el trigo duro, que es para la pasta, y poco a poco el maíz y el trigo para el pan también están empezando a subir lentamente. Hemos tenido suerte, por otro lado, a nivel mundial, porque ha habido una buena cosecha de trigo para pan y de maíz, lo cual nos ha ayudado a compensar un poco la situación. Pero en ese contexto tenemos además ahora el Niño, y es un fenómeno que va a afectar a muchos países del mundo, no solo a Latinoamérica. Eso se puede ver históricamente. Pero además, lo que está diciendo la NOAA y lo que está diciendo la Organización Meteorológica Mundial es que este va a ser un Niño muy especial y muy fuerte. No necesariamente esperan que el impacto sea igual que antes en términos históricos, pero sí esperan que sea muy fuerte.

Entonces, en esas condiciones, con pocos insumos, El Niño va a afectar más, simplemente porque nuestros suelos van a estar en mayor estrés respecto a la situación actual. Si venimos al caso del Perú, el país históricamente se ha visto afectado por El Niño. Hemos perdido alrededor del 10% del PBI, entre 3 mil y 3.500 millones de dólares o más, en pérdidas por este fenómeno, y mayormente no hemos estado bien preparados. Hemos esperado a que pase para recién reaccionar y tratar de recuperar la situación.

Eso no lo podemos permitir esta vez. ¿Qué es lo urgente? Lo más urgente, y lo que hay que entender, es que El Niño va a ser heterogéneo: va a haber inundaciones en la costa y escasez de agua en la sierra. Entonces hay que hacer una estrategia que tome en cuenta esas características. Tenemos que evaluar lo que ha pasado históricamente en el caso del Perú y empezar a dar soluciones. Nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. El primero es la prevención. Eso implica sistemas de alerta temprana, que ya existen y están avanzando, pero hay que mejorarlos. Implica tener seguros, en la medida de lo posible, que nos permitan protegernos. Implica estar preparados para lo que va a pasar en términos de enfermedades de animales y plantas, y estar listos para los choques que ya conocíamos históricamente.

Pero el segundo componente, tal vez el más importante, es la capacidad de absorción. ¿Cómo hacemos para que nuestros productores puedan absorber este choque? Ya estamos viendo cambios en la costa, en la producción de agroexportación. Se está tratando de adelantar la cosecha. Se está tratando de cambiar a productos que puedan resistir más humedad, como moverse hacia la sandía, por ejemplo. Se está viendo cómo proteger, a través de mecanismos de irrigación, lo que ya se ha plantado. En la sierra todavía no hemos visto mucho avance ni mucho cambio. Ahí hay que pensar en pequeños reservorios que permitan acumular agua para cuando falte, y así poder irrigar esa parte del país. También sabemos que la infraestructura se ve afectada, sobre todo los caminos. Podemos ver en la historia cuáles son los tramos que normalmente se ven afectados por El Niño. Entonces, ¿cómo encontramos rutas alternativas? ¿Cómo posicionamos infraestructura, tractores y maquinaria que nos permitan resolver ese problema más rápido? ¿Cómo limpiamos el cauce de los ríos, donde ya sabemos que eso ocurre? ¿Y los puentes que siempre suelen caerse? ¿Cómo los reforzamos para que no se caigan? Hay un montón de medidas de infraestructura y productivas que nos pueden ayudar a minimizar esa pérdida, esos tres mil millones que siempre perdemos, y a tener mayor capacidad de absorción y prevención a la vez.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuánto le va a costar esto a la canasta familiar?

Máximo Torero: Es muy difícil saber ahora cuál sería el impacto. Sabemos que el impacto en la economía es de alrededor del 10% del PBI. Eso es lo que se busca minimizar, llevarlo al 5 o al 3%. Ese es el rol del gobierno. Y además debe haber un programa de protección social muy bien focalizado.

Alejandro Céspedes García: ¿Con qué ministerios debería reunirse la FAO ya mismo?

Máximo Torero: Eso es algo que el gobierno tiene que hacer de arranque. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es un panel de control. Esto tiene que ser descentralizado, pero a la vez centralizado. Tiene que haber un panel de control que permita ver qué es prioritario: estas son las inversiones de infraestructura que hay que hacer rápido, estas son las inversiones de posicionamiento de activos para minimizar riesgos, estas son las inversiones de tecnología y transferencia tecnológica, y en qué parte del país. La información que tenemos hoy en día es muy grande. Tenemos información satelital, sabemos el nivel de estrés de las siembras. Si utilizamos esa información espacial, que hoy tiene una resolución muy alta, junto con la historia de lo que ha pasado en años anteriores, ese panel de control puede ser una herramienta muy útil para priorizar.

Entre las instituciones clave, lo más vulnerable, la cola de la distribución, corresponde al MIDIS, con sus programas de transferencias condicionadas, que deben estar focalizados en los sectores con mayor probabilidad de ser afectados por El Niño. No a todo el mundo, tienen que estar focalizados.

Alejandro Céspedes García: ¿Y Agricultura?

Máximo Torero: El Ministerio de Agricultura tiene que asegurarse de que los productores cuenten con semillas más resistentes a la sequía, en el caso de la sierra, y semillas más resistentes al exceso de agua, en el caso de la costa. Tiene que dar apoyo tecnificado y ver cómo trabajar con la inversión regional en pequeños reservorios, en el caso de la sierra, y cómo limpiar el cauce de los ríos. También está toda la operación de limpieza de ríos e infraestructura de mayor escala.

Alejandro Céspedes García: ¿A qué regiones va a llegar la FAO primero?

Máximo Torero: Mira, la FAO es una entidad de asistencia técnica calificada. Lo que tiene que ayudar a armar es ese centro, ese dashboard, ese panel de control, utilizando toda la información que manejamos, y trabajar con el gobierno central y con los gobiernos regionales. No puede estar desvinculado. Las regiones más afectadas son toda la costa norte, y en la sierra, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y sobre todo Puno, que también se va a ver afectada. Toda esa parte de la sierra centro sur tenemos que verla. Y también partes de la selva.

Pero además, la pesca también se va a ver afectada. La anchoveta va a ir más al fondo porque busca temperaturas más bajas. Eso va a afectar a toda la pesca artesanal, así que también tenemos que tener una estrategia para ese sector. Y una estrategia, sobre todo en la sierra, para el alimento de los animales, porque si no hay buenas cosechas, no va a haber alimento para el ganado. Tenemos que estar preparados para eso.

Alejandro Céspedes García: ¿Y la ganadería? De eso se habla poco.

Máximo Torero: Exacto, es lo que te estoy diciendo. Hay que tener el forraje reservado y ver la forma de hacer las compras necesarias para que la ganadería no se vea impactada. Eso también va a ser muy importante.

Alejandro Céspedes García: El INEI cambió su metodología para medir el hambre, y en el Perú los números no mejoraron como en el resto de la región. ¿Qué está pasando?

Máximo Torero: Mira, lo que encontramos en el Perú es que la tasa de hambre o desnutrición crónica en los últimos tres años está alrededor de 5,7%. Históricamente ha bajado, pero podría estar mucho más baja. Creemos que una meta de este gobierno debería ser hambre cero, lo que acaba de lograr República Dominicana. Por ejemplo, el año pasado salió el mapa del hambre y también apareció Brasil.

Pero además tenemos otra medida que ya implementó el INEI, la acaba de lanzar hace pocos meses: el FIES, en inglés Food Insecurity Experience Scale, la escala de inseguridad alimentaria. Esta escala tiene dos componentes: la severa, equivalente a la desnutrición, y la moderada, que corresponde a la sobrenutrición. Estamos en 30,5%, y eso es lo que hay que bajar. Está atado no solo a la desnutrición, sino también a la sobrealimentación, es decir, a las dietas saludables. Y el costo de las dietas saludables en América Latina es el más alto del mundo, incluido el Perú.

Ahí hay que ver qué está pasando con los mercados locales, con esa diversidad de alimentos que se requiere para bajar el costo de la dieta saludable. Que nos hayamos dedicado a la agroexportación es algo muy bueno, porque genera ingresos y ayuda a incrementar mercados para nuestros productores. Pero también tenemos que empezar a preocuparnos por el mercado local. Hay que trabajar con ambas estrategias. Hemos sido muy exitosos en la agroexportación. Tenemos que empujar mucho más nuestro mercado local.

Alejandro Céspedes García: El programa de alimentación escolar ha cambiado de nombre varias veces, de Qali Warma a Wasi Mikuna y ahora al PAE. ¿Qué evaluación tiene la FAO de eso?

Máximo Torero: Mira, nosotros tenemos una red latinoamericana basada en la experiencia brasileña, de la que casi toda Latinoamérica forma parte: la RAES. Esa red ha acumulado el aprendizaje de las mejores prácticas. Uno no puede pensar que el sistema de alimentación escolar de Brasil fue exitoso desde el primer día, tuvo muchos problemas. Pero de esos problemas se puede aprender y se pueden saltar etapas.

Lo que hemos hecho con la FAO, con la oficina regional y la oficina de país, es sistematizar toda esa información. ¿Qué implica eso? Que no solo estamos hablando de calorías, sino de dietas saludables. ¿Cómo podemos hacer un programa de alimentación escolar que incluya dietas saludables? En el Perú es inadmisible que tengamos los niveles de anemia que tenemos, y eso se puede solucionar con un sistema de dietas saludables, desayunos y meriendas escolares.

¿Qué estamos haciendo además? Estamos midiendo los desperdicios en las dietas saludables en República Dominicana, porque si un niño deja de comer algo y lo bota, quiere decir que no le gusta, y ahí hay que cambiar el menú. No es que el programa esté mal, es simplemente que no se está adaptando a las necesidades del niño. Que sea saludable no quiere decir que no sea delicioso. Se quiere que sea delicioso, para que el niño lo consuma. En República Dominicana hemos hecho eso para aprender. Tenemos una aplicación que se llama OptiWaste, que mide eso, es muy fácil de usar y además ayuda a cambiar el comportamiento de los niños.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se usa en el Perú?

Máximo Torero: No, todavía no, y queremos aplicarlo, pero tenemos que empezar poco a poco.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué le dirías a un padre o una madre que no sabe cómo alimentar mejor a sus hijos con lo poco que tiene?

Máximo Torero: Mira, hay que entender un poco nuestra realidad. Si ves en el mundo a los países que han logrado salir o bajar sustancialmente su hambre, y salir de un mapa de hambre, son países que han tenido dos enfoques grandes. Uno es la protección social, no solo transferencias sino también meriendas escolares, y el otro es la mejora de la producción y la productividad de forma sostenible. Ese es el caso de Brasil, el caso de Chile, y ahora el caso de República Dominicana.

Alejandro Céspedes García: ¿Productividad de qué, del trabajo?

Máximo Torero: No, estamos hablando de productividad en términos de las semillas, del producto que rinden. Por supuesto que también se incluye la productividad laboral.

Esos son los dos mecanismos. Ahora, hablando de la merienda escolar, la realidad peruana es bastante compleja. Hay escuelas donde los niños caminan tres horas para llegar y tres horas para regresar. En algunas no es así, pero mayormente tenemos un problema de movilidad enorme, sobre todo en la sierra. Ahora las zonas más vulnerables están en el sur y en la Amazonía, donde la situación es todavía mucho más compleja. En esa realidad tenemos que adaptarnos y vivir en ella. Un niño que camina seis horas al día va a tener una sola merienda al día, y si esa merienda no es adecuada, se le está haciendo un daño que va a afectar su futuro. Por eso es tan importante, dentro de los programas sociales, el componente de la merienda escolar. El Perú tiene que ponerle mucho énfasis a mejorarla.

El primer objetivo de la merienda escolar es alimentar bien al niño, con dietas saludables. Una vez logrado eso, la siguiente etapa es hacer compras locales para promover también la agricultura. Pero el primer objetivo es que el niño tenga buena alimentación, porque eso beneficia hoy y mañana. La segunda etapa es ver qué se puede comprar localmente, y ahí hay que avanzar cuidando la salubridad alimentaria, porque lo último que se quiere es que un niño se enferme por la comida que come. Ahí hay que poner estándares de salubridad muy altos. Y luego se puede empezar a ver cuestiones de agricultura sostenible o regenerativa. Pero hay que ir en secuencia, no se pueden saltar etapas. El primer objetivo es alimentarlo bien, y creo que el Perú lo puede lograr. Es cuestión de armar la institucionalidad y los estándares de salubridad que se requieren para que esos niños puedan alimentarse mejor.

El juicio estatal por asesinato en segundo grado, previsto para el próximo mes, queda ahora en una posición incierta, y ese detalle procesal convierte este caso en algo más que una nota de tribunales.

La reacción dividida frente al juzgado retrata el fenómeno que rodea a Mangione desde el primer día. Mientras la familia de Thompson pedía en un comunicado que la sentencia refleje la gravedad del crimen, una voz entre el público gritó que el país ama a Luigi. Esa tensión entre el dolor de una familia y la simpatía pública hacia un homicida convicto es el eje central del debate que este caso instaló en Estados Unidos.

Dos lecturas de un mismo símbolo

Fiscales federales sostuvieron en un escrito judicial que Mangione representa un peligro futuro porque expresó la intención de atacar a toda una industria y movilizar oposición política y social contra ella mediante un acto de violencia letal. Bajo esa lectura, el caso constituye ante todo un delito planificado contra una persona, y la simpatía pública hacia el acusado normaliza la violencia como forma de protesta política.

Otros sectores enfatizan la dimensión simbólica que adquirió el caso desde el arresto de Mangione. Medios como Associated Press y PBS documentaron que una parte del público lo convirtió en un caso célebre para quienes están frustrados con la industria del seguro médico, y que las palabras halladas en los casquillos de bala en la escena del crimen remitían a tácticas que algunos atribuyen a las aseguradoras para evitar pagar reclamos.

En esa misma línea, Andrew Witty, director ejecutivo de UnitedHealth Group, reconoció en una columna de opinión en The New York Times poco después del asesinato que comprendía la frustración pública frente a lo que calificó como un sistema de salud fallado.

Una batalla legal apenas comienza

La audiencia de este viernes dejó un dato adicional para el seguimiento del caso. La defensa de Mangione presentó una moción ante la corte estatal invocando doble incriminación, argumento que buscará blindarlo del juicio por asesinato previsto en setiembre. La fiscalía de Manhattan ya advirtió en julio que se opondría a cualquier maniobra federal que busque frustrar el proceso estatal. Ese pulso legal definirá si la confesión de hoy cierra el caso o abre un capítulo constitucional inédito.

La sentencia federal quedó fijada para el 18 de diciembre. Hasta entonces, el expediente de Mangione seguirá funcionando como espejo de una sociedad dividida entre la compasión por una víctima real y la identificación con un victimario convertido, para muchos, en vocero involuntario de una furia contenida durante años.

Aparecía cada día a la hora del desayuno y nos colmaba de noticias y artículos para discutirlos en las horas de almuerzo y cena. Como todo periódico que se precia de serlo, era actual, casi actualísimo, y se imprimía con los métodos más modernos de entonces.

Su estructura respondía a lo más avanzado del momento y tanto sus noticias como sus columnas de opinión abarcaban el mundo. En resumen, era la expresión escrita ideal para una ciudad con fama de conventual y conservadora.

De todo eso se ha hablado en estos días, pero no de sus antecedentes. No se ha dicho que fue originado por Primavera (1880-2026), una publicación que se dedicaba a la información, el comentario y la mitad de sus páginas, a la poesía con inigualable ímpetu.

Raúl Edmundo Haya y Cárdenas la había fundado y estaba al frente de un conjunto admirable de jóvenes que habían decidido cambiar el mundo con el arma de la poesía.

Primavera, nacida en 1880, alcanzó periodicidad diaria y duró quince años. Acaso su mayor impulso lo dio predicar resistencia y después recuperación de los territorios perdidos frente a la ocupación y la derrota de la guerra con Chile.

Eduardo Lamuhnay era el seudónimo del director Raúl Edmundo Haya y Cárdenas y Eduardo Zelaznog, su mano derecha, era también el que más poemas aportaba, y su verdadero nombre era Eduardo González Alvarado, mi abuelo.

Entre sus redactores se encontraban Enrique Marquina, Gerardo Chávez, Julia Pacheco Rebaza de Acosta, Miguel Ángel del Corral, Manuel Cardoso, María Tránsito Muga. A ellos se sumaría Zoila Victoria de la Torre y Cárdenas.

El fundador de Primavera era más bien un narrador. Contaba historias de paz y de guerra, en las cuales una y otra vez se recuerda la invasión chilena y la valentía de los vencidos, así como el saqueo y los horrores que se dieron también en Trujillo.

Dice Eduardo González Alvarado (1862-1956):

“Ya no contemplo en tus labios / fascinadora sonrisa / ni la luz que me magnetiza de tu largo mirar.

Es verdad que te adoro con locura / con esa fe que te juré sincera / y que anhelante en mi ilusión primera / te di mi corazón”.

Decenas de rimas como estas están dedicadas a damas cuyos nombres son también diferentes. Aparentemente, mi abuelo paterno era un hombre serio y circunspecto… pero no tanto.

Celso Santelices, por su parte, rendía homenaje a la patria:

“Mansión feliz de mis primeros años, donde se abrieron a la luz mis ojos”.

A la esposa del fundador, Zoila Victoria de la Torre de Cárdenas, Primavera la tuvo entre sus colaboradoras más cercanas. Los valores humanos eran exaltados por ella todo el tiempo.

“Caminando por las nubes / de blancas azucenas, / violetas y azahar…”, comienza Julia Pacheco Rebaza un poema tan bello como interminable.

A ella, el historiador Blasco Bazán Vela la llama la primera poeta de Trujillo, y sus colaboraciones con la revista fueron múltiples y muy generosas.

Como podemos notar, el número de mujeres colaboradoras es bastante amplio y muestra una proyección mayor que la observada mucho después y de manera general en nuestro país, y doy de ello un ejemplo:

Cuando en 1965 se publicó el primer libro de Mercedes Ibáñez Rossaza, La Industria le dedicó un espacio en la primera página. El titular de la noticia era: “Mujer edita libro”.

Aquello resultaba tan insólito y tan impensable como si la noticia fuera: “Gata pare perritos”.

No, no y no. La Industria no era un periódico necesariamente machista. La época sí lo era y el periódico de Trujillo de vez en cuando reflejaba exactamente lo que pensaba la mayoría de sus lectores.

La otra gran creación de Raúl Edmundo y de Zoila Victoria fue el nacimiento de su hijo Víctor Raúl Haya de la Torre en 1895, al igual que su periódico. Esa es ya otra historia.

De todas formas, Haya y Cárdenas pasó de la poesía al periodismo. Lo hizo. Más de un siglo vivió con nosotros la estrella que lanzó al aire. Eso nos hace recordar que la poesía es siempre tumba y origen, y para siempre poesía.