Esta semana, el Ejecutivo ha informado la reducción en la tasa de homicidios diarios, que habrían bajado de 7.5 a 6.5. Sin embargo, esos números no coinciden con la información pública. Hasta el momento, no cuentan con respaldo verificable.

El SINADEF consigna una trayectoria distinta. Octubre ha sido, en lo que va del mandato de la presidenta Fujimori, el mes con la mayor cantidad de muertes violentas, con un incremento de 5% sobre agosto y de 18% sobre septiembre. Dentro del año en curso, ese mes figura además como el tercero con mayor número de homicidios, con datos aún en proceso de actualización.

Para pesar de los peruanos, este desfase sorpresivo cuenta con antecedente reciente. La División de Investigación Criminal de la Policía Nacional reportó, durante el primer semestre de 2025, cifras de homicidios que investigaciones periodísticas identificaron como producto de una manipulación de registros. Esto bajo el gobierno de Dina Boluarte.

La falta de diligencia del poder Ejecutivo sobre esta información pública no solo atenta contra las leyes de transparencia pública sino que representa la incoherencia inaceptable entre su combate contra la criminalidad versus lo que en verdad sucede: redadas editadas, viajes inútiles a El Salvador y promesas incumplidas.

En ese vacío, la labor de quienes desde la academia y el compromiso cívico persisten en el seguimiento transparente de los datos oficiales adquiere un valor que destaca en el proceso de construir una república superior. Esa persistencia es, en sí misma, el ejercicio de una ciudadanía que justamente permite exigir derechos. Gracias a la labor cotidiana del ingeniero peruano Juan Carbajal y tantos otros peruanos, esta rendición de cuentas es posible para muchos compatriotas.

En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

Fachapobres es un término obviamente ofensivo del cual la propia izquierda debería hacerse cargo porque es obvio que a los menos favorecidos no les gusta que les recuerden su condición. Y, por el contrario, existe un elemento aspiracional junto con el sueño de que el orden, por sí mismo, puede contribuir a mejorar la situación personal.

Y, bajo este razonamiento, las opciones derechistas que están en control de la fuerza pública y gran parte de los medios de comunicación son las que mejor encarnan esos ideales.

La palabra señalada ha empezado a entrar en el lenguaje común, ha invadido las redes sociales y ya se estudia en las universidades, obviamente en respuesta a la ola fascistoide que parece haber tomado el mundo por asalto, aunque, en la práctica, sus opciones de supervivencia son relativamente limitadas.

No es, sin embargo, algo tan nuevo en las ciencias políticas. Siempre se ha estudiado, por ejemplo, cómo los obreros italianos eran el principal soporte de Mussolini. Y es muy antigua la frase de Simone de Beauvoir: «El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos».

En el Perú, el tema está presente aunque, a decir verdad, se limita a Lima, donde se registra algún grado de complicidad con el opresor. Eso indican los resultados de la primera vuelta electoral del último abril.

Pero lo importante es que se ha tomado conciencia del asunto y así como se sataniza con algún éxito a las ideas progresistas, acusándolas de ser desde caviares hasta comunistas y terroristas, hoy se da una reacción en favor de las grandes metas colectivas capaces de rescatar el valor de la justicia social de las manos de quienes pretenden utilizar a los pobres para su propio beneficio.

Ante las comisiones de Cultura y de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales, afirmó que los huacos dañan a los niños y “les despiertan a una sexualidad para la que no están neurológicamente preparados”. Además, aseguró que ha realizado mesas de trabajo con psiquiatras y psicólogos que avalaron su tesis; sin embargo, no hizo públicos sus nombres. Pero, además, si revisamos el proyecto de ley original, PL 3383/2022-CR, presentado por Jáuregui hace cuatro años, el único sustento de la supuesta afectación psicológica es la opinión del Dr. Gabriel Flores Ciani, psicólogo argentino conocido por asesorar a organizaciones de ultraderecha, evangélicas y provida, quien afirma que las imágenes eróticas generan alteraciones en las emociones de los menores, con posibles consecuencias en sus vidas.

Presentar proyectos de ley sin sustento o basados en datos y fuentes no rigurosas es la nueva normalidad. Todo vale: me invento un daño que la comunidad científica no sostiene, refiero fuentes no reconocidas por ningún órgano internacional y utilizo “expertos” que acaban resultando correligionarios solapados. En este caso, los dos puntos fundamentales que deben probarse son: la relación huaco erótico-daño psicológico al menor y la relación huaco erótico-incitación a una sexualidad temprana. De lo primero, no hay evidencia y así lo han manifestado varios psicólogos y organizaciones civiles que señalan que no existe ningún estudio que atribuya secuelas neurológicas o psicológicas a la observación de piezas arqueológicas o culturales, mientras que el verdadero factor de riesgo es el consumo prematuro de pornografía en internet. Expertos como el Dr. Gary Manuel Rivera Molina, psicólogo clínico del Ministerio de Salud del Perú y miembro de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual, sostiene que la curiosidad de los niños frente a estas imágenes debe abordarse mediante una comunicación natural y sencilla por parte de los padres, adaptada a su etapa de desarrollo.

Ante la evidente avalancha de indignación de algunos y burlas de otros, la diputada Paola Martínez, de Renovación Popular, salió a echar una mano a su colega Jáuregui y dijo en RPP TV que tenemos una cultura hipersexualizada y que “existen informes de las UGEL y de las DREL que indican que los niños se están iniciando tempranamente dentro de las unidades educativas”. No he encontrado rastro de tales informes, por lo que he realizado un pedido al Minedu solicitándolos. Mientras tanto, la evidencia consta en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), que realiza el INEI cada año. La última publicada, referida a datos de 2025, refleja que la edad media de la primera relación sexual de las mujeres que hoy tienen entre 25 y 49 años —a los hombres ni les preguntan— fue de 18,2 años, dato que no ha tenido variación significativa en los últimos cinco años. Por regiones, la selva es la de inicio más precoz, con 16,8 años, y la costa y la sierra empatan con 18,5 años. Por etnias, las mujeres que se autoidentifican como blancas son las de más temprano inicio —a los 17,8 años en promedio— y las mestizas, las más tardías, con 18,4. No parecería, entonces, que la edad sea tanto el problema, sino otros factores: de un lado, las relaciones sexuales forzadas, es decir, la violencia; y, del otro, el desconocimiento sobre la protección frente a enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado.

Los abanderados de la infancia deberían preguntarse a qué se debe que la encuesta demográfica más importante del país no aplique un cuestionario de salud sexual y reproductiva a los hombres y dejar de despilfarrar nuestros impuestos en proyectos de ley absurdos e inconducentes. Y, sobre todo, están a tiempo de restituir la educación sexual en las escuelas, pues cuatro de cada diez mujeres encuestadas no utilizaron preservativo en su primera relación sexual, el 17,3 % desconocía que el preservativo es la forma de evitar el VIH y la mitad de las que utilizaban la abstinencia periódica como método anticonceptivo ni siquiera conocía su período fértil.

*Profesora de la Pacífico Business School

El paro de 24 horas convocado en la capital regional ha expresado el rechazo unificado de organizaciones vecinales a la permanencia del Organismo Técnico de Administración del Servicio de Saneamiento. Este ente del gobierno central facultado para intervenir en empresas municipales de agua, hace ya varias semanas, no ha solucionado la falta del líquido elemento en muchas zonas de esa región. Los manifestantes exigen la destitución de los funcionarios responsables y una declaratoria de emergencia del servicio.

En pocas palabras, piden que la administración de la presidenta Keiko Fujimori disponga las capacidades técnicas de su gobierno para solucionar esto más pronto que tarde. Que una ciudad se vea en la necesidad de detener su vida para pedir agua en pleno año 2026 es algo más que tendría que suscitar una discusión de Estado que apunte a reducir este deuda vital.

Los peruanos, desde hace varios años, ha sido testigo que todavía hay quienes se ven obligados a tener que protestar para exigir condiciones básicas para si quiera subsistir. Por un lado, los transportistas públicos y muchos empresarios que demandan seguridad para poder trabajar sin el temor diario a ser asesinados a balazos víctimas de la extorsión y el sicariato en Lima. Y, por otro, compatriotas huanuqueños luchando por que se garantice su derecho a este recurso natural elemental.

La garantía de este acceso requiere de un Estado que trabaja en dotar a las alcaldías de los instrumentos técnicos necesarios para que la ejecución de presupuesto en las prioridades ciudadanas se dé de forma eficaz. Y, por supuesto, del compromiso de las autoridades locales en asumir cargos y asumir el compromiso de administrar los recursos públicos. En el caso del distrito de Huánuco, según el portal Transparencia al cierre de la presente edición, no superaba en 10% de nivel de ejecución presupuestal anual para saneamiento urbano. La falta de agua es su consecuencia.

Hay una oportunidad que no podemos desperdiciar: la confianza que conserva el sector productivo. Puede convertirse en inversión, empleo y crecimiento. Pero hace falta un norte. El gran ausente de estos cien días ha sido el rumbo. Un país que no sabe hacia dónde va difícilmente avanza.

También hay señales que preocupan. Es importante fortalecer nuestras relaciones con todos los países, especialmente con las principales potencias económicas. Pero cooperación no significa sumisión ni puede implicar renunciar a nuestra soberanía. El Perú debe relacionarse con el mundo desde sus propios intereses, con dignidad y autonomía.

Tampoco podemos normalizar los retrocesos en derechos humanos ni abrir paso a la impunidad. Las propuestas de amnistía que busquen impedir la investigación, el procesamiento y la sanción, cuando corresponda, son inadmisibles, vengan de donde vengan. Contravienen las obligaciones internacionales del Perú y debilitan la lucha por la verdad y la justicia.

El equilibrio de poderes es indispensable para la democracia. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar y el Legislativo de legislar, fiscalizar y ejercer sus atribuciones. Pero preocupa que estemos entrando en un juego perverso, más parecido a una campaña electoral permanente que al ejercicio de las responsabilidades de gobierno y a una oposición constructiva, pero firme.

La delegación de facultades no puede convertirse en una excusa para no avanzar. La Constitución contempla distintas herramientas para legislar y dar prioridad a las iniciativas urgentes del Ejecutivo. Cuando hay claridad sobre lo que se necesita y voluntad de construir acuerdos, siempre hay caminos. La Cámara de Diputados no puede convertirse en una mesa de partes donde se decide qué ingresa, pero se pierde la capacidad de deliberar e incidir en lo que finalmente se aprueba.

En seguridad no bastan operativos, anuncios ni visitas a los penales. Se necesita una política pública sostenida, inteligencia para desarticular redes criminales y decisiones firmes que se cumplan. No se debe concentrar a los cabecillas en un mismo penal: podrían coordinar sus redes desde allí.

El sistema penitenciario exige firmeza y visión de futuro. En febrero de 2026, el INPE registraba 104.555 personas en los penales: 38.485 procesadas y 66.070 sentenciadas. El 95% de quienes hoy están presos volverán a la sociedad. Mi apuesta es la resocialización. La cárcel no puede ser una escuela del delito ni un centro de extorsión.

Eso exige control, tecnología, tratamiento y deshacinamiento. Y enfrentar la corrupción. Ningún plan funciona si la corrupción lo captura. Hay que controlar los recursos y asegurar que las decisiones se cumplan. La inteligencia debe servir para anticipar delitos, nunca para perseguir opositores.

Pero tampoco se trata de inventar soluciones simples para problemas complejos. Nada bueno es fácil. Se necesita capacidad, perseverancia y políticas públicas que pongan a las personas en el centro. No podemos perder de vista a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad: los pueblos indígenas, los niños y niñas, las mujeres y tantas personas que viven sin acceso efectivo a sus derechos y oportunidades. Gobernar también es mirar donde el Estado todavía no llega, escuchar, proteger y generar condiciones para que las personas puedan salir adelante. Necesitamos solidaridad, empatía y compromiso.

También debemos prepararnos para enfrentar los efectos de las lluvias y del fenómeno El Niño. No es momento de buscar a quién echarle la culpa por lo que no se hizo, sino de sumar capacidades y trabajar juntos para hacer, desde ahora, todo lo que esté a nuestro alcance.

No voy a fingir una confianza que todavía no existe. La confianza se construye cada día, con resultados. El país tiene oportunidades; necesitamos un gobierno que las convierta en seguridad, trabajo y esperanza.