En un sistema bicameral como el que el Perú estrena, las comisiones del Senado tienen además una función específica que consiste en revisar y corregir lo que la Cámara de Diputados aprueba. Quien las preside decide qué se discute, cuándo y con qué urgencia. Por eso la distribución de presidencias es un acto político de primer orden. Y lo que ocurrió en el Senado merece leerse con atención.

Fuerza Popular se quedó con cuatro presidencias de comisión. La de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, por donde pasan todas las reformas constitucionales, quedó en manos de la bancada que en su último acto desde la presidencia del Congreso saliente promulgó la ley del fuero militar y que denunció ante la JNJ a la fiscal especializada en Derechos Humanos.

El fujimorismo también se quedó con Inteligencia, con Presupuesto Bicameral y con Control Político sobre los Actos Normativos del Ejecutivo. Esta última es la que más llama la atención ya que la comisión diseñada para fiscalizar al Ejecutivo la preside el mismo partido que gobierna ese Ejecutivo. Eso es un conflicto de interés estructural el cual, con miras a un primer momento de gobernabilidad del gobierno de Keiko Fujimori, la ciudadanía espera que se maneje con transparencia y responsabilidad institucional, cosa que si bien sería novedad, también es una urgencia institucional que necesita el país y por ende una demanda mínima vigente.

Por otro lado, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que amenazó durante el último proceso electoral con desaparecer al JNE y que respaldó las leyes procrimen, presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es una paradoja que el propio Congreso debería explicarle al país en su labor parlamentaria.

No obstante, la oposición logró presidencias importantes. Juntos por el Perú conducirá Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. Buen Gobierno presidirá Salud, Educación y Cultura. Ahora Nación presidirá Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Son espacios con capacidad de fiscalización y el Consenso por la Democracia tiene ahí una oportunidad concreta de demostrar que esta legislatura funciona distinto a la anterior, que piensa en la gobernabilidad y en representar adecuadamente las demandas de los peruanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Estado peruano por la ausencia de medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres lideresas indígenas que defienden sus territorios en la Amazonía. La denuncia llegó de las propias lideresas. El Estado, hasta el momento, ha respondido con silencio.

La realidad es que los defensores enfrentan una situación que combina varios tipos de violencia al mismo tiempo. La que proviene de las empresas extractivas que avanzan sobre sus territorios sin consulta previa. La que proviene de las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Y la que proviene de la propia inacción del Estado, que no garantiza ni su seguridad física ni el reconocimiento legal de sus territorios.

La Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad de los territorios comunales. De la misma manera, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú como estado no como una medida temporal de un gobierno, establece obligaciones específicas de protección. Y la CIDH acaba de recordar que esas obligaciones no se están cumpliendo.

El gobierno de la señora presidenta Keiko Fujimori tiene en este cuestionamiento una agenda concreta que parte de la implementación de un mecanismo de protección para defensores y lideresas indígenas, y con ello, la ratificación del Acuerdo de Escazú la cual su bancada en su momento se dedicó a desprestigiar sin sustento técnico real. Con ello resuelto, será posible la aplicación de políticas de Estado que aceleren de una vez por todas la titulación de territorios comunales pendientes y la garantía de que la consulta previa sea un proceso real.

En general, esta mentalidad desdeñosa de quienes defendemos el sistema democrático es escuchada como un agravio que echa más sal sobre la herida, a la par que consolida el abuso cometido, dándolo por hecho. En efecto, esta respuesta suele generar disgusto, irritación o incluso agresividad. ¿Pero qué pasa si nos detenemos a considerarlo con tranquilidad y detenimiento?

Permítanme darme una vuelta por el consultorio del psicoanalista, para intentar explicar lo que estoy intentando yo mismo descifrar. Alguna vez un joven paciente diagnosticado con una psicosis leve me hizo la siguiente pregunta: "¿Por qué mi mamá siempre me dice que no hay que llorar sobre la leche derramada?". Si no fuera un chico joven (casi un adolescente) con un diagnóstico como el suyo, le podría haber preguntado cómo entendía eso él. Pero había tal ansiedad en su rostro que me sentí inclinado a explicarle lo que su madre podía tener en mente.

Le dije entonces que, ante los hechos consumados, como mencioné antes, no tenía sentido quejarse y, más bien, había que encontrar la manera de seguir adelante. Pero advertí que, lejos de tranquilizarlo, esta explicación somera le causaba más desazón. Su cara era de mayor perplejidad y frustración. En ese momento recordé algo que me enseñaron en mis cursos de psiquiatría, en alguno de los hospitales —me parece que fue en el Dos de Mayo— en donde hacíamos prácticas los estudiantes de psicología. Los casos limítrofes o los pertenecientes a la constelación de las psicosis podían tener dificultades de comprensión con las metáforas.

Entonces varié mi estrategia y le dije: "Imagínate que tenemos aquí, en el consultorio, una jarra de leche. ¿Qué pasa si la leche cae al piso? ¿Podemos volver a ponerla en la jarra?" Los músculos de su cara se relajaron poco a poco. Me di cuenta de que estaba considerando lo que le había dicho y, esta vez, el que estaba ansioso por escuchar su siguiente intervención era yo. Lo que me dijo a continuación me dejó una gran lección.

"¡Ah, ya! Entonces lo que mi mamá quiso decirme es que si me botaron del trabajo —era un empleo precario como vendedor en un establecimiento comercial—, no sirve de nada lamentarme y tengo que ponerme a buscar otra chamba".

Extrapolemos esta breve viñeta clínica —que he alterado para preservar la identidad del paciente— a lo que mencionábamos al inicio de esta nota. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿qué sucede si tomamos de manera literal la frase autoritaria de mandarnos a llorar al río? ¿Si en vez de insistir con lo evidente, es decir, que los representantes de las corrientes autocráticas y represivas pretenden seguir destruyendo la democracia, nos preguntamos si no hay una verdad en esa variante del refrán sobre la leche derramada? De ser cierto esto, ¿cuál podría ser esa verdad?

Tomemos el ejemplo de la candidatura, a todas luces tramposa, de López Aliaga a la alcaldía de Lima. Para mayor abundamiento, la congresista Norma Yarrow, del partido Renovación Popular, ha dicho con absoluto desparpajo que el JNE “se dejó sacar la vuelta”. Es interesante, dicho sea de paso, que una mujer recurra a una imagen cuyo uso común es para designar la infidelidad, para referirse a una institución que ha sido burlada por una triquiñuela (la palabra “trampa”, por lo demás, también se usa en ese contexto de la infidelidad).

Pese a toda esta evidencia de mañosería —sigamos en ese ámbito del paralelismo entre la política y las relaciones de pareja—, en la última encuesta de Ipsos el candidato Rafael López Aliaga va primero. Y la presidenta Keiko Fujimori, sin mover un dedo —por ejemplo, con el escandaloso caso del vía crucis que significa sacar un pasaporte—, tiene 60% de aprobación.

Adonde intento llegar es a preguntarnos si no hay en estas tendencias mundiales hacia el autoritarismo un mensaje claro para las fuerzas democráticas: nuestras condiciones de vida han empeorado; tenemos hambre, tenemos inseguridad, no tenemos atención de salud, etcétera. La explicación esgrimida de que todo esto es producto del Gobierno parlamentario de quien hoy preside los destinos del país no ha funcionado. Por el contrario: parece haber una decisión de una gran cantidad de peruanos desesperados de ponerse en manos de quien no se va a detener ante “obstáculos burocráticos” como la Constitución, para hacer lo que sea necesario.

Esta es una falacia, por supuesto. Basta ver la composición del gabinete para darse cuenta de que estamos muy lejos de tener un Gobierno de los más capaces. Salvo el ministro de Economía, todos los demás carecen de la idoneidad para sus cargos, así como para nombrar a los equipos que podrían enrumbar al Perú hacia una era de seguridad y atención a los más vulnerables. Lo mismo sucede con el representante de Renovación Popular. El incumplimiento de los contratos, ¿le preocupa a una población con un 75% de informalidad? No parece ser así. Ya que no podemos regresar la leche a su envase, busquemos otro camino para resolver el enigma que nos plantea la realidad.

Tal club de los países, al que recién se integraría -acaso con entusiasmo naranja- el nuevo gobierno, en alguna medida, es una consecuencia de lo que Estados Unidos propone en su Estrategia de Seguridad Nacional, dada a conocer en noviembre de 2025. Ese documento en el cual le dice al mundo, y a América Latina, lo que quiere, lo que no le gusta y lo que le asusta.

Hay una parte en la que habla, literal y a la vez algo nebulosamente, de alianzas políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros. Léase China. Como Trump se ha dado cuenta de que la República Popular le pisa los talones, y ya la sobrepasó en África y en esta región, la idea parece ser voltear el partido, cambiar las coordenadas, incluso defenderse.

De allí que la idea de escudo no habría que entenderla solo como una suerte de falange para atacar la criminalidad. También debe verse como una forma de contener la influencia de competidores no hemisféricos que le quitan piso a Washington. Y que, según señala la Estrategia, atraen a nuestros países porque ofrecen hacer negocios a bajos costos.

A propósito de esto último, ¿cuáles van a ser los costos de sumarnos a ese grupo de gobiernos caracterizados por estar, felices, en la derecha del espectro político y muy cerca de Trump? Uno es que tendríamos que ser anuentes, por ejemplo, con los ataques a las lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, un acto claramente contrario al Derecho Internacional.

Otro es que sumarse a esta cofradía no garantiza que nos bajen los aranceles, tal como le ocurrió a Javier Milei, el más trumpiano de los mandatarios del barrio, a cuyo país de todas maneras le cayó el castigo arancelario. ¿Cuán factible es subirse a ese coche teniendo en cuenta estos factores? A menos que se le consulte al Congreso y, sobre todo, a los diplomáticos más duchos.

Las empresas han ido incorporando una gama de responsabilidades y obligaciones (legales), en especial en materia de protección de datos personales y de ciberseguridad, en la medida que se han ido digitalizando y se han transformado digitalmente. 

Y no se debe a la ausencia regulatoria general, sino a la no comprensión por parte de la alta dirección de las empresas en la necesidad del cumplimiento de las mismas para tener ventajas en la competitividad empresarial, frente a otras entidades que no cumplen dichas normativas. En general, mientras los temas de protección de datos personales han ido acompañado de regulaciones duras y de cumplimiento forzoso pero no interiorizado, los estándares en materia de ciberseguridad se han manejado desde lo técnico / tecnológico antes que desde lo estratégico.  Y tomando en cuenta lo expresado por el WEF, el aumento de conectividad y el rápido ritmo de la innovación tendrán en la ciberseguridad uno de sus mayores retos.

Los temas de regulación en materia de protección de datos personales y ciberseguridad se encuentran en plena investigación a nivel internacional, siendo además que la perspectiva es mayoritariamente desde el área técnica y no desde la toma de decisión de la alta gerencia, aunque las normas han asignado cada vez mayor responsabilidades a la alta dirección y al directorio, llegando aún a las responsabilidades penales en algunos casos. Si bien los esfuerzos por tratar de desarrollar un set de herramientas mínimos para los directorios en materia de ciberresiliencia o manuales para que sepan desde los boards como supervisar los riesgos en materia de ciberseguridad, proceso de transformación digital no ha calado profundamente en la estructura empresarial, relegando estos temas como técnicos y no como estratégicos o de continuidad de negocios. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar una diversidad de ataques, el desplegar políticas de mitigación de riesgo, establecimiento de políticas y cumplimiento de estándares, añaden capas de menor inseguridad, pero como bien dijo alguna vez un buen amigo: no hay seguridad, lo que hay son menores niveles de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca desde los móviles que tienes en tu casa (y que no guardan más que tu propia información) hasta los activos críticos nacionales (como los recientes ataques al sistema de oleoducto en USA), ¿por qué no se toma la conciencia debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se reporten las brechas que se producen (mismas que ya de por sí demuestran que existen dichas brechas pero que pudieran ayudar a otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la mayoría de las organizaciones no denuncian por temor al riesgo reputacional, por el posible impacto en su valor de empresa, en las sanciones que pudieran recibir por no haber cumplido las normativas vigentes. Pero también esta falta de información hace creer que no está ocurriendo nada, o que la situación no es tan grave como parece. 

Cientos de compañías alrededor del mundo son afectadas diariamente con diversos tipos de incidentes informáticos, desde desactualizaciones de software que abren brechas hasta ataques con fuerza bruta, pasando por ataques desde dentro de las organizaciones hasta ransomware. Miles de dólares en rescate que al final termina en chantaje. Miles de dólares en inversión para evitar dichos ataques; miles en inversión para desplegar políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta temática ha generado una gama de nuevos empleos (que aún falta mucho por desarrollar en Perú y requiere de la cooperación de expertos y empresas que vienen de otros países porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección cómo se está involucrando?, ¿cuántas organizaciones tienen en su directorio una persona que ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo en la banca; ¿cuántas organizaciones dependen de sistemas informáticos propios (o de terceros) para la continuidad de su negocio y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuántas organizaciones consideran el tema de ciberseguridad como un mero adjunto a la unidad de tecnología?; ¿cuántos prefieren pagar un rescate por no tener adecuadas políticas de ciberseguridad a invertir para evitar estas acciones?; y si miramos al Estado, que tiene como obligatorio primero la ISO 17799 y luego el 27000 sobre ciberseguridad, en efecto ¿Cuántas cumplen realmente estas medidas mínimas para resguardar la información de la ciudadanía que tienen en su custodia o para resguardar la información que sirve para sus funciones?.

La verdad es que los datos que podemos encontrar no nos ayudan. No se puede comprender cómo la alta dirección de las organizaciones no afronta esta problemática, pero peor aún, no lo entenderán hasta que les ocurra.

Además, no se ha precisado la oportunidad en que se realizará dicho incremento ni se ha hecho referencia a la necesaria institucionalización del mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima del CNT vía una norma del Ejecutivo que lo convierta en vinculante y elimine cualquier manejo arbitrario del referido instrumento.

Adicionalmente al anuncio del incremento de la remuneración mínima, el gobierno viene elaborando un proyecto normativo de solicitud de delegación de facultades para legislar en diversas materias, cuya versión preliminar se ha hecho pública.

Lamentablemente, el proyecto de ley en mención contiene un conjunto de medidas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, como veremos a continuación.

Nuevo régimen laboral general con derechos recortados

El proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, etc.) en función del nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

De esta manera, los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo y absurdo.

En la práctica, esto implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa a segmentos de mayores dimensiones.

Retorno de la ley Pulpín

El proyecto de ley de solicitud de facultades para legislar también propone dictar medidas en relación con los mecanismos de contratación laboral y régimen de beneficios laborales de la población juvenil, dada la supuesta existencia de sobre costos laborales, las cuales irían en la línea de recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario, como sucedió en el 2014 con la derogada Ley 30288, conocida popularmente como la ley Pulpín.

Se insiste en recortar beneficios laborales como un supuesto incentivo a la generación de empleo formal, a pesar del fracaso de dicho enfoque en los últimos 36 años.

Enfoque orientador de la inspección laboral

El gobierno también plantea acceder a facultades legislativas que le permitan establecer que la SUNAFIL siga un enfoque preventivo y orientador, lo cual podría implicar descuidar su rol central de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, sobre todo en un contexto de escasez presupuestal.

Flexibilización del despido

El Poder Ejecutivo busca flexibilizar los despidos por causas objetivas (económicas, tecnológicas, estructurales, etc.), reduciendo el requisito mínimo de 10% de trabajadores afectados para poder realizar ceses colectivos e incluso permitiendo ceses individuales.

Ello desequilibraría aún más el poder de negociación en favor de los empleadores y generaría mayor precariedad laboral en los empleos formales, sobre todo si no viene acompañado de medidas que limiten la contratación temporal y la tercerización laboral, que promuevan la contratación estable, así como el ejercicio de la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros.

Flexibilización de beneficios laborales

El gobierno pretende flexibilizar la normativa sobre beneficios laborales (vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones, CTS, etc.) permitiendo acuerdos sobre su aplicación entre trabajadores y empleadores a nivel individual o por negociación colectiva.

Evidentemente, en un país con solo un cinco% de afiliación sindical en el sector privado formal, los supuestos acuerdos básicamente se darían a nivel individual, siendo bastante sencillo para los empleadores terminar imponiendo sus posiciones, dado su mayor poder de negociación.

Bonos por productividad

El gobierno fujimorista también busca promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo, lo cual implicaría que dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, perjudicando claramente a los trabajadores.

Desprotección de trabajadores de dirección y confianza

El Poder Ejecutivo plantea eliminar el derecho a la indemnización por despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección o confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Reducción de feriados

El actual gobierno también pretende modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de reducir su número bajo un supuesto criterio de racionalización.

Lo que en realidad se buscaría con esta medida es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Cabe agregar que es falso que Perú sea el país con mayor cantidad de feriados no laborables en Latinoamérica o con más días de vacaciones (considerando los días hábiles).

Despidos masivos en el Estado

Otro aspecto que el fujimorismo busca aprobar vía facultades legislativas delegadas es tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida “voluntaria” de trabajadores públicos, lo cual muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño si lo comparamos con el estándar de los países desarrollados.

Necesitamos implementar la reforma del servicio civil normada por la Ley 30057 para comenzar a mejorar las condiciones laborales en el Estado y la calidad de los servicios públicos, no despedir masivamente y arbitrariamente a los trabajadores estatales.

Epílogo

Del análisis realizado se desprende claramente que el nuevo gobierno plantea aplicar una reforma laboral para seguir recortando derechos laborales, desproteger aún más a los trabajadores, abaratar la mano de obra, empoderar más a los empleadores, precarizar el empleo formal y reducir el tamaño del Estado. Se trata de una continuación de la nefasta reforma laboral implementada en la década del noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La bancada de oposición, que cuenta con mayoría y dirige la Cámara de diputados, no puede otorgar al gobierno fujimorista facultades para legislar contra el interés y bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, solo en aspectos laborales, sino también tributarios, ambientales, de orden interno, etc.

Lo que ha pasado con esta niña no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión y vulneración sistémica a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui. Algunos datos. Las niñas son violentadas por personas de su entorno más cercano: principalmente docentes y familiares. También se enfrentan a un sistema de justicia que responde con encubrimientos, demoras e impunidad para los responsables. Las víctimas y familiares muchas veces no pueden acceder a un servicio de salud de calidad: ni en lo físico ni en lo emocional. Y a ello agreguemos la distancia geográfica, la lengua, las características culturales, y la pobreza que atraviesan las comunidades. Hablamos, por lo tanto, de una población altamente vulnerable y de un Estado históricamente ausente. Mientras esto pasa, el Congreso de la República, liderado por la bancada de Renovación Popular y por la congresista Milagros Jauregui, eliminó la Educación Sexual Integral y el enfoque de género (Ley 32535), herramientas fundamentales para que las niñas, los niños y la comunidad educativa identifiquen situaciones de violencia y puedan prevenirlas y denunciarlas.

Pero en medio de la tragedia, este caso nos deja algunas lecciones que salvan vidas. La más importante es el rol de las mujeres indígenas organizadas, que hicieron eco para que un hecho de abuso dentro del entorno familiar no quede en el silencio y tenga un alcance nacional. Fue el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) el que informó y denunció este abuso en redes sociales, logrando una respuesta rápida de las autoridades. En estos tiempos, donde la sociedad civil es estigmatizada, las voces organizadas de las mujeres siguen siendo clave. En muchas zonas, sobre todo rurales, las organizaciones de base, las rondas campesinas o los frentes de defensa son la primera línea de atención frente a los casos de violencia. Necesitan capacitación, herramientas, recursos y coordinación permanente con la justicia ordinaria para un trabajo articulado, con enfoque intercultural y de derechos humanos.

El caso de esta niña no ha pasado al olvido gracias a la acción ciudadana y comunitaria. Pero hay cientos de casos más esperando por justicia. No puede haber democracia en un país que abandona y vulnera a sus infancias.

A estas alturas Porky no está solo. Una piara de docenas de candidatos bamba ocupa buena parte del país electoral, haciendo de la viveza una vanguardia del pensamiento político peruano. ¿Todos ellos encabezan las encuestas? En provincias casi no hay encuestas dignas de ese nombre, pero alguno habrá que lleve la delantera.

López Aliaga encabeza la encuesta Ipsos en Lima, con una cifra modesta pero real. Ha relegado a Carlos Bruce al segundo lugar con 13%, y a los demás al dígito único. El 20% cree que la candidatura es legal, 28% cree que es ilegal y 40% la considera poco seria. Aun si gana, nadie la va a considerar una victoria limpia. Pero en el chiquero esas consideraciones no cuentan.

Lo sorprendente con este primer lugar en la encuesta es que el candidato abandonó la alcaldía por otra candidatura, la dejó profundamente endeudada, con mentirosas promesas incumplidas y un reemplazo que se manejó mucho mejor que él. Es como para creerle a los promotores de la teoría del electorado idiota.

¿Y del complaciente JNE qué sabemos? ¿La burla que ha sufrido, y sigue sufriendo, es una sarna con gusto? ¿Es producto de un acuerdo pre-segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga? Si los miembros del JNE piensan igual es porque, como dijo alguien, tampoco allí nadie está pensando demasiado.

No queremos creer que el tal Roberto Burneo, presidente del JNE, vaya a derivar del truchazo un beneficio personal. Porque lo que pierde con este caso, y las protestas que va a causar por todo el país, supera cualquier beneficio inmediato. Nadie lo va a premiar, muchos van a intentar cobrarle el mal paso.

¿Puede esta situación de viveza cambiar en pocas semanas? Los demás candidatos no van a invertir en una batalla legal con pocas posibilidades. El Estado ya está mirando en otra dirección. Pronto los ganadores truchos serán un lobby con capacidad de impedir que cambien las cosas, hasta inventar la próxima viveza. ¿Alcaldía automática para el primo?

Su paso por el Perú en 1960 fue un empujón de modernidad y afecto. La modernidad llegó con sus obras, rápidamente traducidas y publicadas aquí. El afecto fue para Martín Adán, en quien entonces Ginsberg reconoció a un colega de igual nivel y drama, y al que dedicó tres poemas perdurables (traducidos por Antonio Cisneros para la revista 'Amaru' N.° 7).

Se habían conocido en el café Cordano, frente a Desamparados, en los bajos del Hotel Comercio, donde los presentó Jorge Capriata. En su crónica de 'Hueso húmero' N.° 32 Capriata describe un encuentro complicado, pero el mutuo recuerdo poético de ambos es entusiasta; más el de Ginsberg que el de Adán, que se limita a hacer alusiones que son reconocimientos.

Los títulos de los tres poemas son elocuentes: 'A un viejo poeta en el Perú', 'Muere en su soledad con grandeza', 'La inteligencia deslumbrante'. Con ellos el cosmopolita Ginsberg nos dejó su recuerdo. Hasta su muerte en 1997 lo seguimos desde aquí en su trayectoria de poeta nacional de la oposición radical gringa.

En medio de la excelencia de su trato con el inglés, fue un poeta político y un eficaz activista. Muchos lo consideran un maestro de Bob Dylan, con quien realizó mucha obra al alimón. Estuvo presente en las más importantes movilizaciones sociales de su siglo. Sus poemas fueron best sellers entre los jóvenes, desde el primer día, y siguen circulando.

Los poemas sobre Adán, la traducción de Cisneros y su comentario a su paso por el Perú, la edición del poema 'América' por Javier Sologuren en 'La Rama Florida', más el texto de Capriata, y otros que se nos pasan darían una estupenda plaqueta, que podría incluir poemas escritos entonces en otros países de la región.

Desde esa visita ayahuasquera de 1960 muchos hemos intentado ser poetas beatnik criollos. ¿Cuántos lo han logrado? Nadie fue tan descarado como Ginsberg y sus amigos, y para el caso, casi nadie ha sido tan peligrosamente sincero como Adán. Ese es el misterio de lo barroco en el Perú.

Que León XIV, de trayectoria, empatía y nacionalidad peruanas llegue en un contexto de devastación, particularmente en la zona donde realizó la mayor parte de su trabajo, tiene algo de parábola religiosa. Los más creyentes esperarán soluciones. Pero esos mensajes no pueden ir más allá de la solidaridad con los más necesitados.

En el juego más amplio del pulseo en el Vaticano, incluir a Perú en esta gira quizás ha sido una forma de recordarle a la cristiandad su triunfo sobre el Sodalicio, y por extensión sobre la extrema derecha de la Iglesia Católica local. Es obvio que será atacado por la prensa ligada a esos sectores. El precio de toda victoria.

Para los políticos locales la presencia papal se va a traducir en una carrera hacia las cámaras fotográficas. La ventaja será del oficialismo, pero es probable que algunos de los progresistas prominentes también sean tomados en cuenta para saludos y fotos. Reuniones reducidas o amplias, según la importancia de los convocados.

Toda la visita se va a articular en torno a un mensaje central, necesariamente crítico, en cuanto este papado se ubica en la perspectiva de la defensa eclesial de los pobres, percibidos como víctimas de un poder desconsiderado. Las palabras de monseñor Carlos Castillo en el pasado Te Deum pueden ser vistas como un adelanto en ese sentido.

Si Castillo se lanzó contra quienes utilizan a la Iglesia Católica para perseguir objetivos personales, debemos suponer que parecidas críticas recibirán los políticos que se proclaman católicos sin serlo en el fondo de su alma, y se les nota. Habrá palabras sobre corrupción, inseguridad y masacres de ciudadanos.

La atmósfera podrá estar cargada, pero será una ocasión feliz. El papado es inmensamente popular en el Perú, y las reuniones masivas lo han demostrado. Es poco probable que en Argentina o Uruguay se vean similares muestras de afecto popular.

Carlos Espá. Es el nombramiento más misterioso de la baraja. Su historia laboral en la US Embassy no es el problema. Más bien hay una cuestión de domicilio político. ¿Es un liberal recomendado por Álvaro Vargas Llosa, como dice Fernando Vivas? ¿O es el duro de derecha que va a reemplazar a Fernando Rospigliosi en la corte?

Keiko Fujimori. Negociando el voto de confianza. Problemas ideológicos con su gabinete, y también políticos con algunos. La relativa discreción de la presidenta está siendo interpretada como luz verde para despacharse desde el Ejecutivo. A algún ministro le gustaría mudarse a Palacio en lugar de ella. ¿Habrá salvoconducto para Betsy Chávez?

Rafael López Aliaga. Líder en el más reciente chanchullo electoral, que muchos ya practican: la reelección con renuncia. Dice que es infame preguntar por qué renunció el N.° 1 de la lista de RN a la alcaldía de Lima. Pero ese señor Rubio, el de traje blanco en las fotos, nos debe una explicación. ¿Tiene RN chances de ganar Lima en octubre? No parece.

Jorge Nieto. Se siente más cómodo cerca de la izquierda, pero quizás no va a pasar mucho tiempo antes de que la deje. Su presencia en la bancada opositora complica las cosas para Sánchez. El centro político e ir actuando cuestión por cuestión siguen siendo sus dos mejores opciones. Si le interesa el 2031, tiene que ir actuando fuera del Congreso.

Rafael Rey. Viene tratando su importante ministerio como un programa de TV. Decir que la tragedia de Nasca es un accidente es no decir realmente nada, y lo mismo decir que seguimos una reglamentación aerocomercial rígida. La noticia dio la vuelta al mundo.

Roberto Sánchez. ¿Qué está liderando? El bloque opositor en el Congreso no parece tan de izquierda como él plantea. Todavía no ha aparecido el tema que los obligue a ponerse de acuerdo. Más bien flotan en el aire los elementos de un choque con el Ejecutivo. El castillismo no quiere a Sánchez, por obvios motivos.

A JPP en ningún momento le preocupó el prontuario de Pérez, pues era, y es, amigote de personajes como Guillermo Bermejo o Guido Bellido o Pedro Castillo. El fondo de la cuestión: el ayacuchano reconvertido en candidato cusqueño ha sido un significativo acopiador de votos cocaleros, y por lo tanto un bolo fijo en las listas.

El electorado sabía muy bien por quién estaba votando, básicamente un defensor de intereses cocaleros. Habría que revisar la hoja de vida con que se presentó, y que evidentemente no conmovió a nadie. No era mejor ni peor que otros tantos sujetos que prueban suerte en la aproximación a la caja fiscal.

Pérez ha logrado dividir desde muy temprano a gobierno y oposición. JPP quiere que pase piola, con los más especiosos argumentos. FP sostiene que la paliza aplicada por el diputado es un delito común al que no corresponde la inmunidad de un diputado. Mientras tanto sus abogados hablan las habituales sandeces.

¿Qué va a pasar? Podemos imaginar que Pérez se vuelva tema de un canje que lo deje limpio de toda culpa. O bien, ya que la presidenta es mujer, Pérez sí será sancionado, con uno de esos castigos bastante ridículos que les caen a los parlamentarios. ¿Alguna mujer querrá trabajar con él en alguna comisión del Congreso?

Tiene razón Keiko Fujimori cuando lamenta que una persona así sea diputado. El diputado Pérez lamenta que su caso afecte el prestigio del Congreso. Su abogado acusó a los policías de San Miguel por dejar solos al pegalón cocalero y a su víctima. Ahora Pérez quiere que le retiren la denuncia. Sería un error garrafal.

El maltrato a las mujeres, incluido por cierto el feminicidio, es un fuerte problema social en el país, sobre todo en algunas zonas alejadas, pero no solo. Hacer del lamentable sujeto Pérez un ejemplo ayudaría mucho frente a la campaña que quiere invisibilizar ese problema. ¿Cómo está la cosa en los archivos del Poder Judicial?

Su única promesa respecto a la docencia fue imprecisa: fortalecer su formación. No especificó si impulsará la urgente reforma de la formación docente inicial, si restituirá el acompañamiento pedagógico, si los librará de la carga administrativa que los agobia o mejorará los incentivos para docentes de zonas rurales, de frontera y EIB.

El discurso también mencionó la brecha educativa y dio cifras sobre calidad de los aprendizajes, desnutrición infantil y embarazo adolescente. Buena señal. Pero la respuesta no puede limitarse a kits escolares, mochilas y chompas. Se necesita una propuesta educativa diferente, que priorice a quienes están más excluidos del sistema. La educación pública será una verdadera herramienta de igualdad cuando logremos que el lugar donde nace un niño no determine las oportunidades que tendrá durante su vida.

Ambos desafíos nos llevan a uno que los atraviesa: la gobernanza. Necesitamos fortalecer la descentralización, revisar qué funciones corresponden realmente al Minedu, a los gobiernos regionales y a las UGEL, y trasladar capacidades profesionales hacia donde se necesitan. También debemos fortalecer el liderazgo y la autonomía de las escuelas, reducir la carga burocrática y utilizar la información no solo para medir, sino para tomar decisiones y rendir cuentas por resultados.

Nada de esto se resolverá en cinco años. El nuevo gobierno tiene una oportunidad mayor: construir una agenda educativa de largo plazo, con metas verificables y políticas capaces de trascender gobiernos. No necesitamos empezar otra vez. Necesitamos acordar un rumbo, sostenerlo y tener la capacidad institucional para llegar a destino.

Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)