La libertad de expresión y de prensa tienen dos reglas claras: a) no hay censura previa y b) una vez emitido el contenido, este se encuentra sujeto a la legislación vigente, la cual debe respetarse.

Es decir, nadie ni nada (mucho menos el Estado) puede impedir que alguien se exprese. Esto abre una larga discusión sobre cómo actuar frente a quienes hacen un mal uso de dicha libertad (generan desinformación, difunden noticias falsas, utilizan la libertad para emitir mentiras o contenidos que afectan a terceros, por citar algunos ejemplos). Es importante señalar que la libertad de expresión es para todas las personas, todo el tiempo; en efecto, puede utilizarse indebidamente, pero precisamente porque ello constituye la excepción y no la regla, no pueden establecerse mecanismos de censura previa. Es allí donde entra en juego la segunda regla: si se hace un mal uso de esa libertad, existen consecuencias que deben estar claramente establecidas en la ley.

Pero ¿qué implica para la democracia el respeto de estas libertades?

Implica que son libertades para todos, todo el tiempo, sin importar la opinión que se exprese; no son derechos reservados para algunos, algunas veces y únicamente cuando dicen aquello que a otros les agrada. Este es uno de los dilemas básicos de la democracia: cómo defender la libertad de todos y, al mismo tiempo, comprender que su mal uso no puede justificar mecanismos de control o censura previa.

Un derivado de la libertad de expresión, y quizá el que tiene mayor despliegue, es la libertad de prensa. Se trata ya no solo de la posibilidad de expresarse, sino de la labor desarrollada por instituciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los medios de comunicación para informar, investigar, producir contenidos basados en hechos comprobados y establecer líneas editoriales desde las cuales opinar sobre la realidad social. Aquí confluyen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos; pero también el derecho a la libre empresa de las organizaciones periodísticas, el derecho al trabajo de los periodistas, el respeto a la privacidad y al honor de las personas, así como el derecho de acceso a la información pública para ejercer vigilancia ciudadana e investigar la actuación de las entidades y los funcionarios públicos en el ejercicio cotidiano del poder.

Resulta, por tanto, contrario a los principios democráticos hostigar a la prensa desde posiciones de poder político o económico, acusándola de actuar con ensañamiento o por intereses particulares cuando ejerce legítimamente su función informativa y fiscalizadora. También lo es promover acciones prejudiciales o judiciales destinadas a impedir que continúe informando, o utilizar el poder para restringir el acceso de la ciudadanía a la información pública, desconociendo la jurisprudencia nacional e internacional sobre estas libertades.

La Declaración de Chapultepec y las Declaraciones de Salta I y II, referidas a la libertad de expresión y a los entornos digitales, respectivamente, son instrumentos elaborados colectivamente por la Sociedad Interamericana de Prensa y han sido suscritos durante las últimas dos décadas por diversos Estados y gobernantes como una manifestación de compromiso con la libertad de expresión y de prensa. Constituye un gesto importante adherirse a estos instrumentos; sin embargo, ello no equivale a un cheque en blanco. La labor de la sociedad civil y, de manera especial, de la prensa para impedir la creación de mecanismos que vulneren estas libertades resulta fundamental para la vida democrática.

Por ello, resulta preocupante leer en el plan de gobierno de Juntos por el Perú la siguiente propuesta: 'Se crearán veedurías ciudadanas sobre los medios de comunicación, cuya función principal será la emisión de alertas sobre aquellos contenidos dirigidos a generar bloqueos informativos en perjuicio de la ciudadanía u otros que fomenten la violencia y la discriminación'. ¿Se está planteando alguna forma de control de contenidos o algún mecanismo de direccionamiento de la información en los medios de comunicación y en los entornos digitales?

Por otro lado, el plan de Fuerza Popular no contiene mayores referencias a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa; en cambio, sí hace reiteradas alusiones al concepto de 'orden'. Resulta tan preocupante una propuesta de control de contenidos como la planteada por Juntos por el Perú como un programa político que omite referencias explícitas al respeto de las libertades fundamentales que sostienen nuestra democracia.

Nos encontramos en un momento crítico en el que resulta necesario que ambos candidatos que disputan la segunda vuelta expresen su adhesión a las Declaraciones de Chapultepec y de Salta como un mínimo compromiso con la protección de la libertad de expresión y de prensa, así como una declaración explícita de respeto a estos derechos durante un eventual gobierno.

Un gobierno que busca controlar a la población restringe su libertad de expresión en cualquier plataforma, especialmente en los entornos digitales, y procura también controlar los contenidos de la prensa. La democracia se nutre de la libertad de expresión; constituye, en efecto, uno de sus pilares fundamentales.

El asunto es que el lobo siempre estuvo ahí, agazapado. La fractura, el abismo social de Jorge Basadre, era más hondo que nunca. Lo que Carlos Iván Degregori denominó los hondos y mortales desencuentros. Los años perdidos por la irresponsabilidad del Gobierno congresal, de un lado, y la lista asombrosa de presidentes que caían, uno tras otro, agravaron lo que ya era una situación insostenible. Pedro Castillo, en un arrebato desesperado, intentó dar el golpe más idiota del que se tenga memoria. Pero lo que pocos, desde la Lima desconectada de la realidad, previeron es que su popularidad fue en aumento gracias a la prisión. Como lo saben los integrantes del hoy irrelevante y casi extinto Partido Aprista Peruano, la cárcel es un arma de doble filo. Acarrea sufrimiento, pero premia con el martirologio. Los ejemplos son innumerables alrededor del mundo y de la historia.

Lo cierto es que, pese a los delirios tragicómicos de Rafael López Aliaga y Renovación Popular, quienes exigen la nulidad del anuncio de los dos contendores a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez la disputarán. “That’s all, folks” era el anuncio del final de los dibujos animados de otrora. Ese es el lugar en el que quedaron extraviados Porky y sus seguidores fanáticos religiosos y, como tales, violentos y elitistas. Lo cual no significa que nos hayamos librado de lo peor. Los dos candidatos restantes han demostrado, votando juntos en el Congreso y blindándose en diversos sentidos, su ausencia de talante democrático.

El caso del fujimorismo es de sobra conocido y, por si no fuera evidente, la hija del dictador, pensando que el tiempo transcurrido desde fines del siglo pasado ha ocultado los crímenes y el pisoteo de la democracia efectuados por su padre y Vladimiro Montesinos, lo reivindica abiertamente. Sánchez, por si alguien no lo tuviera claro, se puso el sombrero y propuso un debate en Chota. La influencia del castillismo en su candidatura es oportunista, pero también política. El expresidente, hoy encerrado en el Fundo Barbadillo, tiene una llegada a los sectores populares de la que él carece por completo. Todo indica que deberá hacer malabares para retener ese apoyo sin alienarse por completo a Castillo y Vladimir Cerrón. Deshacerse de Antauro Humala es más fácil, pero no lo es borrar la memoria del asesinato de policías en Andahuaylas y su presencia en la primera vuelta.

Somos muchos los que pensamos que la frontera entre el mal menor y el mayor es tan, pero tan tenue, que acaso la verdad monda y lironda es que no existe. Nos pretenden obligar a elegir entre dos candidaturas irredimibles. Esto es fuente de ansiedad, frustración y un profundo desaliento por el futuro del Perú. A lo cual se añade la presión de quienes, desde ambos bandos, nos exigen definirnos por su opción preferencial.

Es imperativo recordar que, pese a las maniobras retóricas que ensayan desde una u otra esquina, es legítimo negarse a votar por alguien que no solo no nos representa. Es peor aún: es votar por quien nos lleva, directo y sin escalas, a una situación aún más catastrófica. Lo cual, lejos de beneficiar a quienes claman desesperados desde el abismo de la carencia y el abandono, va a empeorar su situación. A mi modo de ver, se requiere entereza y fuerza de carácter para plantarse y negarse a elegir a quien sabemos que nos hundirá aún más en una sociedad desalmada. Es fácil escribirlo, lo sé bien. Es legítimo el temor que ambas candidaturas despiertan en millones de electores. Esto es algo que debe ser escuchado, respetado y, de ser posible, comprendido.

Cuando, en el ámbito del consultorio, una persona nos pide que la ayudemos a tomar una decisión con graves consecuencias en cualquiera de las alternativas, el trabajo del psicoanalista no consiste en elegir por el paciente. La escucha empática, el espacio de reflexión, la intervención oportuna pero respetuosa, orientada a conectar al paciente con su deseo, es lo mejor que podemos hacer para ayudarlo.

Sé bien que no es lo mismo trabajar en la consulta, en donde no nos corresponde elegir sino, por el contrario, evitar hacerlo por el paciente. Pero sí es pertinente pensar que hay situaciones en donde no hay una opción mejor o peor que la otra. Este es el caso. Las dos alternativas son peores. Por eso existe en nuestra legislación el voto en blanco, nulo o viciado. Es un derecho y, desde mi punto de vista, es lo que me permite preservar mi capacidad de pensar críticamente.

La combinación entre una sociedad que abandona a su suerte a los más desposeídos, que son mayoría, y unos políticos que se comportan, salvo honrosas excepciones, como los miembros de una hermandad mafiosa sin distingos ideológicos, es letal. Ese es el cambio que el Perú exige a gritos. Ese es el rugido que asciende desde el abismo. Si no somos capaces de escucharlo y obrar en consecuencia, estamos condenados a repetir estas distorsiones en donde los candidatos son elegidos con porcentajes ínfimos. Es triste, es doloroso, pero es lo que hay.

Pese a estos elementos de riqueza territorial y económica, la región alcanzó el 41% de pobreza monetaria a nivel nacional y, aunque se redujo en cuatro puntos porcentuales respecto a 2024, representa el nivel de pobreza más alto, por encima de Loreto, Puno, Pasco y Huánuco. También lidera, junto con Loreto y Puno, el grupo con la tasa de pobreza extrema más alta, con niveles entre el 11% y el 15,1%.

Lo más grave es la ausencia de reacciones frente a estos resultados. Se respira cierta normalización de la pobreza entre las instituciones y la sociedad civil. La falta de liderazgos regionales, así como la ausencia de espacios de diálogo multiactor que abran un debate profundo entre los actores y sectores involucrados, impide que se tomen las decisiones técnicas y políticas que la región necesita.

Otro aspecto es cómo se está entendiendo la pobreza en Cajamarca. Si bien la información que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática es fundamental para generar conocimiento y repensar mejores políticas públicas, el enfoque monetario no es suficiente. Hace falta una mirada multidimensional de la pobreza y del desarrollo humano, y en Cajamarca esto pasa por entender las dinámicas económicas y sociales entre lo urbano y lo rural; la migración de la gente joven del campo a la ciudad; el acceso a agua segura; los conflictos socioambientales; las brechas en infraestructura vial; la seguridad alimentaria; la informalidad; el nivel de ejecución de la inversión pública; el analfabetismo, o la dependencia económica de las mujeres en situación de vulnerabilidad como una forma de violencia.

Es necesario generar un acuerdo regional para llegar a consensos mínimos de priorización de la inversión, que apunte a cerrar brechas históricas, a promover la innovación y a generar economías sostenibles e inclusivas. Si Cajamarca sigue siendo pobre, es también por voluntad política, y las responsabilidades son plenamente compartidas.

Siempre se habla de subidas y bajadas cuando los cálculos no sostienen esa afirmación. La diferencia entre Fujimori y Sánchez en la encuesta de mayo está dentro del margen de error. A nivel nacional, siguen empatados. ¿Hay subidas o bajadas de los candidatos entre abril y mayo a nivel nacional? No. Cuando se comparan los resultados de encuestas de diferentes meses, hay que considerar que son muestras independientes (los encuestados de abril no son los mismos que los de mayo). Por lo tanto, se debe estimar el error estándar de la diferencia entre una muestra y la otra. Ese cálculo indica que tampoco hay una variación estadísticamente significativa entre los postulantes.

Sin embargo, los resultados de Lima indicarían un posible movimiento de personas que pensaban votar blanco o viciado y que ahora se estarían inclinando hacia la candidata de Fuerza Popular, pero solo sería una tendencia por confirmar. En otras macrozonas, el partido naranja no se mueve. En el caso de Juntos por el Perú, la probabilidad de cambio sería mayor por movimientos en la intención de voto al interior de las macrozonas. Eso se analizará más adelante.

A nivel nacional, lo que sí muestra una diferencia estadísticamente significativa entre abril y mayo es el aumento de 7% a 12% entre las personas que en la encuesta figuran como 'No precisa'. Estos son quienes no definen su respuesta o dicen que lo están pensando. Estas diferencias a nivel nacional se explican por cambios significativos en las macrozonas norte y sur. En la macrozona norte ha disminuido significativamente el voto a favor de Sánchez y ha aumentado significativamente el 'No precisa'. En la macrozona sur disminuyen los blancos y nulos y aumenta significativamente el 'No precisa'. Por lo tanto, a nivel nacional no hay cambios en la intención de voto de los candidatos, pero sí un aumento de quienes dicen que van a pensarlo. Y esto vendría, sobre todo, de un descenso de la intención de voto a favor de Sánchez en el norte y un aumento de los que dudan en el sur. ¿Cómo se pueden interpretar estas cifras?

Respondería a una combinación de factores: a lo que cada candidato ha venido desarrollando, a una cobertura mediática más centrada en ambos —que ha permitido conocer más a Sánchez—, a la reacción de quienes no votaron por ninguno de los dos en primera vuelta y al efecto de las denuncias sobre fraude por parte de Rafael López Aliaga.

La semana previa a la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fueron días de transición en los que las acusaciones de fraude seguían presentes, pero disminuían en frecuencia. Si bien el objeto principal de las críticas por parte de López Aliaga y sus seguidores fue la ONPE y el JNE, se puede asumir que, en esa narrativa, Roberto Sánchez formaba parte de las fuerzas oscuras.

Además, diversos medios han pasado a concentrar su cobertura en los dos candidatos, ya no en la historia del fraude. El aumento del conocimiento sobre los contrincantes de segunda vuelta, al menos en esta etapa, no ha beneficiado a Sánchez. Con relación a Keiko Fujimori, se sabe casi todo; sobre Sánchez había menos información, como muestran las encuestas de Ipsos. A comienzos de abril, muchos no sabían quién era Sánchez (30% no lo conocía). A fines de abril, esa cifra disminuyó a 5%, pero aumentó la de quienes dicen que definitivamente no votarían por él (¿efecto Antauro Humala?). Además, Fujimori ha visitado diferentes regiones, en particular las del norte del Perú. En ellas, fuera de Fujimori y Sánchez, los votos fueron a favor de Nieto, Álvarez y López Aliaga. La disminución del voto por Juntos por el Perú, para incrementar el 'No precisa' en esa zona, podría ser el efecto combinado de estos movimientos.

En el sur, donde quienes votaron por Belmont, López Chau, Nieto o incluso Lescano se quedaron sin candidato, podrían haber pasado de querer votar en blanco o nulo a pensarlo. Al revés de lo ocurrido en el norte, sería una tendencia que podría resolverse a favor de Sánchez.

Fuerza Popular ha mostrado tener una estrategia planificada para este escenario: no polarizar, buscar contacto directo con la población para recordar el trabajo que hacía Alberto Fujimori y actuar como si su actual bancada no fuera parte de su futuro gobierno. Sánchez ha estado menos activo y, aparentemente, evalúa cómo captar el voto del centro o incluso de la centroizquierda sin perder su voto duro. Parece que no habrá hoja de ruta, pero sí gestos y personas que irán matizando el discurso radical de la primera vuelta. Más Pedro Francke y menos Antauro Humala. Juntos por el Perú tiene más cartas que mostrar, aunque muchos duden de la jugada.

Todo se puede mover porque en la segunda vuelta de 2021 un 25% decidió su voto en la última semana. ¿Los debates influirán? Según datos del IEP de 2021, los debates en primera vuelta influyeron en la decisión del 65%. No hay datos precisos sobre la segunda vuelta. Sin embargo, hay estudios que plantean que, en general, los debates presidenciales, si bien son una performance mediática, movilizan opiniones. Por ejemplo, Pinedo (2017) encontró que luego de los debates se incrementaba la discusión política interpersonal. Macassi (2022) identificó que los medios dan más espacio al contenido temático después de los debates. La segunda vuelta será corta, pero recién empieza.

Pero la historia no empieza en este período. Es desde Fuerza Popular que se gobierna el Perú de facto desde 2016, cuando esa bancada no reconoció su derrota electoral y tumbó a Pedro Pablo Kuczynski. Lo que vino después —la obstrucción sistemática, la producción legislativa al servicio del crimen organizado, la captura del sistema de justicia— es la continuación de un proyecto, no un accidente.

No hay arrepentimiento. No lo hubo por los crímenes de los noventa —los asesinatos, las esterilizaciones forzadas, la tortura— y no lo hay ahora. Sus viejas glorias vuelven al Congreso como plana de honor: negacionistas, terruqueadores y figuras como Cecilia Chacón, quien usó su curul para agredir y contribuir a la salida del sector Educación del Dr. Jaime Saavedra, ministro que hoy es referencia internacional en política educativa. ¿Los resultados de esas acciones? Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA), aproximadamente nueve de cada 10 estudiantes de quinto de secundaria no alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora. Palmas protocolares.

Ante esto, el debate sobre el voto viciado merece ser tomado en serio y también cuestionado con seriedad. Votar viciado es una opción legítima. En esa lógica, no ir a votar también lo es. Pero una campaña organizada cuyo objetivo declarado es la nulidad de un proceso electoral tiene un problema estructural: comparte la lógica de deslegitimar el procedimiento democrático. Cuando la impugnación electoral reemplaza a la disputa dentro de ese procedimiento, estamos ante una postura que, independientemente de sus intenciones, converge con quienes sostienen el falso fraude en su premisa central.

No sorprende que varios de los promotores más vocales del voto nulo sean los mismos que se plegaron a la extrema derecha en las campañas prematuras de vacancia en 2021.

Defender al país de la captura del Estado es el rol central de la ciudadanía organizada. La realidad es terca y las alternativas son solo dos. Nos guste o no, una sola persona ocupará la Presidencia.

Finalmente, Lasso exhibe cierta ignorancia sobre el proceso político cuando, sin advertir la forma en que han sido lastradas las instituciones jurídicas del Perú (Fiscalía de la Nación, Defensoría, Procuraduría General, etc.) desde el Congreso (dominado por el fujimorismo), entiende que este representa la “convicción democrática” y el regreso a la “estabilidad”. Es al revés. Son dos cosas que han brillado por su ausencia todos estos años, en los que cada opositor ha sido perseguido e inhabilitado (pienso en Martín Vizcarra; otros esperan un salvoconducto tras haber sido ya asilados) y en los que hasta los funcionarios judiciales, que gozan de protección reforzada, han sido desplazados de sus cargos (fiscales, jueces, etc.) por el solo hecho de no “acordar” por debajo de la mesa. Es decir, por ser “independientes”, fueron removidos. Segunda contradicción “institucional”. Ordoñez y Espinosa son dos ejemplos. Pero hay otros.

Finalmente, pero no menos importante, vale la pena insistir en que la vacancia de Pedro Castillo, con prescindencia de nuestra opinión política sobre él y su famoso discurso, se llevó adelante contraviniendo la matemática. Violando el reglamento del Congreso. Hacían falta 104 votos para que el “acuerdo inmediato” fuera válido. Pero solo se obtuvieron 101 votos para una vacancia “exprés”. Eso está constitucionalmente prohibido, aunque a algunas congresistas, como Adriana Tudela, de Avanza País, todavía les cueste entenderlo tres años más tarde. Con 101 votos no se puede vacar a nadie de forma “inmediata”, como hicieron aquel día con Pedro Castillo. Parece un vicio menor. Un vicio de “procedimiento”. Pero no lo es. Porque cada voto cuenta (“El congreso funciona con votos”, se escuda Norma Yarrow, congresista, senadora electa de un Senado curioso, que había sido rechazado en referéndum, con votos también de la ciudadanía, cuando ya amenaza con vacar a Roberto Sánchez, que todavía no ganó: se escuda en que es legítimo hacerlo desde el Congreso “con votos”, y tiene razón: si están los votos…). Por eso se exige un número determinado (104) y no otro. Porque el Congreso funciona “con votos”, como dice Yarrow, y el número que se precisa es representativo de un cálculo democrático, y no de un capricho formal con la matemática. Es un piso mínimo que se fija por algo. No se puede vacar a nadie con menos que el mínimo. Sería bueno que Lasso (que es banquero) y Duque, que hablan de “estabilidad” desde Colombia, de “convicción democrática” y demás, se informaran un poco mejor. Conocieran los reglamentos y las leyes del hermano país. En el caso de Tudela es aún peor: desconoce abiertamente el reglamento del órgano que integra.

Ahora el sistema de Justicia de los EE. UU. ha abierto causas a un grupo de prominentes personajes del gobierno cubano, entre los que destaca Raúl Castro, de 94 años. En opinión de The Economist, con esto la ofensiva de presiones sobre Cuba empieza a parecerse cada día más a la estrategia que derrocó a Nicolás Maduro.

Pero es verdad sostenida que, mientras los EE. UU. acosan y consideran enjuiciar al provecto Raúl por crímenes de tiempos del castrismo olímpico, llevan adelante discretas negociaciones con jerarcas cubanos, entre los que está un nieto del mismo Raúl. En estos días las reuniones son con emisarios de la CIA.

Es obvio que el bloqueo petrolero es una maniobra de tipo militar, que viene manteniendo a raya incluso a Rusia, el antiguo amigo de la familia Castro. En un inicio se consideró que La Habana tendría alguna capacidad de respuesta, pero no ha sido así. Una vez neutralizada la retórica asistencialista de Claudia Sheinbaum, todo quedó listo para lo que estamos viendo ahora.

¿Qué estamos viendo? Probablemente una carrera contra el tiempo. Si la cúpula cubana logra hacer concesiones capaces de tranquilizar a Washington el tiempo suficiente, entonces podrá sobrevivir la etapa más agresiva de Donald Trump y seguir administrando la miseria de las calles y los hogares de la isla.

Para los EE. UU. no hay mucho que ganar en la caída del gobierno cubano. Allá no hay petróleo como en Venezuela. ¿Reconstruir una viabilidad capitalista con base en el turismo y la música resultaría largo, costoso e incierto en el presente escenario mundial? Además, si se desarticula la empresa de compinches militares GAESA, tardará mucho en aparecer un equipo de gobierno equivalente.

No descartemos, entonces, que Washington simplemente mantenga la presión lo suficiente para que Cuba siga siendo una penosa vitrina del autoritarismo caribeño. En esa estrategia, parafraseando el poema de Lola Rodríguez, Cuba y Venezuela serán de un pájaro las dos alas.

¿Funciona el debate como momento de decisión electoral? Fernando Tuesta dice que sí influye en el voto que viene a continuación. ¿Cómo lo haría? ¿Contrastando inteligencias? ¿Comparando simpatías? ¿Yuxtaponiendo el atractivo de cada ramillete de ofertas? Pero entre ganar el debate y ganar la elección hay una diferencia que nunca ha sido entendida del todo.

Por ejemplo, ¿Pedro Castillo ganó los debates de 2021? Si recordamos bien, lo suyo no fue un despliegue de argumentos, sino una coreografía concebida para hacer del candidato un hombre andino hecho de lugares comunes: el sombrerazo, la ubicación en el paisaje rural, la queja por la conquista, la colonia, la independencia y lo que venga, más cierto gusto por el autoritario incanato.

Frente al colorido despliegue de furias que presentó Castillo, la oferta de Keiko Fujimori (más o menos la misma que ahora) parecía encarnar un orden establecido que no llegaba a definir del todo. Más que un debate, en el sentido de diálogo, lo que se vio entonces fue un choque de imágenes más o menos automáticas, mitad espontáneas, mitad calculadas.

El frustrado intento de llevar el debate electoral a Chota, la Roma del castillismo, puso en evidencia que lo más importante no es debatir, sino proyectar imágenes para consumo popular. Roberto Sánchez terminó ubicado entre Huaral y San Borja. El festival de Chota seguirá esperando su segunda oportunidad. Pero, si de guerra de imágenes se trata, Sánchez tiene una ventaja.

La imagen del candidato de JPP, en cierto modo, recoge los esfuerzos por la constitución de una totalidad popular, con sus altos y sus bajos. En cambio, la imagen de Fujimori recoge la saga de su familia, algo así como una marca registrada de la política peruana. ¿Qué se van a decir estas dos imágenes? Muy poco que no sea la puya, la descalificación y la denuncia.

Al presentar al correcto Francke a su MEF expectaticio, el candidato Roberto Sánchez quiere enviar un mensaje de izquierda responsable, eficiente y honesta. Pero se equivoca, pues con esa figura hace pensar en todo lo que vino después, cuando Francke ya se había ido. Es decir, un despelote de quitarse el sombrero, con todo lo que sabemos: desde la ridiculez hasta la fuga y el intento de golpe.

Lo que demuestra Sánchez con este anuncio de reclutamiento es la pobreza de sus recursos. No porque Francke sea una opción pobre, sino porque repetir a Castillo desde tan temprano es de una penosa elocuencia y una tácita amenaza sobre lo que viene después, cuando el verdadero sanchismo sea subido al carro del gobierno.

No olvidemos que Sánchez es todavía uno de los 130 parlamentarios cuya presencia el país ha lamentado en todo momento, y lo ha expresado con ínfimas cifras de aprobación. No es mucha suspicacia suponer que es de allí que Sánchez —si llegara a ganar— va a sacar a buena parte de su Ejecutivo en esta democracia de compinches. Se menciona a Francke para ocultar a los demás.

El economista no ha dicho mucho, casi nada. Suponemos que está de acuerdo en darle una segunda oportunidad a la izquierda y que eso incluye no interferir con la estrategia de segunda vuelta del candidato. Pero, a la vez, parece que Francke está esperando a ver con qué se despacha Sánchez más allá del salario mínimo de S/ 1.500.

Aun antes de jurar, el próximo ministro de Economía y Finanzas, con Keiko Fujimori o con Sánchez, tiene algunas serias pretareas en su agenda: zanjar el asunto de Petroperú, atajar el gasto desmedido de los congresistas que ya se van, poner en marcha una necesaria austeridad de cara al déficit fiscal. Pedro Francke nos podría ir hablando sobre todas esas cosas desde ahora.

El 19 de noviembre de 2025, 68 congresistas votaron a favor de la Ley 32535. Fuerza Popular, acompañados de las bancadas del pacto corrupto, pusieron los votos. Pero la génesis fue Renovación Popular, que puso a la autora. Fernando Rospigliosi puso la firma. El presidente de turno sometido a quienes en verdad gobiernan guardó silencio.

La consecuencia es que el Ministerio de Educación haya derogado los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) y los haya reemplazado por un documento que tanto la ONU, como la UNESCO, UNFPA y OPS rechazaron y se negaron a avalar.

Todo esto ocurre en el país donde, según los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, entre enero y setiembre de 2025 se registraron 16,120 ataques sexuales contra menores de edad, siendo aproximadamente el 90% de ellas, niñas. Ese dato es justamente la razón por la que la ESI se concibió.

Esta herencia del pacto es una educación sexual que puede mencionar el abuso pero ha perdido el lenguaje para explicar las estructuras que lo producen. En pocas palabras, es una supuesta protección que está vaciada de su capacidad de prevenir.

Pero lo más grave es que el programa continúa. El congresista Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, está impulsando un proyecto que propone cárcel de tres a seis años para quienes denuncien violencia familiar y obtengan un archivo del caso por insuficiencia de pruebas. La comisión que lo debate la preside nada menos que Milagros Jáuregui, la misma autora que eliminó la ESI.

La evidencia debería hablar por sí sola. El Programa Warmi Ñan del MIMP documentó que en solo los primeros cuatro meses de 2025, seis mujeres asesinadas habían presentado denuncias previas contra sus agresores. En ese mismo año, el país cerró con 133 feminicidios. La respuesta de esta mayoría congresal es agregar el miedo a la cárcel al miedo al agresor.

Cada uno de estos movimientos forman un programa que consiste en eliminar el marco educativo que nombra las violencias de género, instalar el riesgo penal para quien las denuncie y desfinanciar las instituciones que las investigan. Los peruanos deben identificar a quienes sostienen esos actos y preguntarse a qué intereses sirven.

Lo que vemos a mediados del siglo XIX da la apariencia de ser duelos de aristócratas. Burócratas, agricultores, militares y hasta comerciantes se volvieron el grupo social en competencia por el poder electoral. Por los oropeles de Palacio, claro. Todo estaba más controlado y, por tanto, parecía más calmado.

Más calmado: todo tenía la forma de una argolla, y era clave el silencio de los excluidos. Mujeres, analfabetos, no inscritos o, más bien, no convocados. Visto desde aquí, el poder del Estado no se disputaba, sino que se turnaba; participar se limitaba a presenciar la puerta giratoria que era la política.

¿Qué le fue dando a las elecciones la forma que conocemos hoy? Evidentemente, la inclusión de nuevos participantes, es decir, el cambio en la composición del electorado. El clasismo y el racismo pasaron de tácitos a explícitos. Lo cual afectó la naturaleza del discurso, marginó las ideas y le abrió paso al auge del argumento ad hominem que vendría después.

Otros afirman que los verdaderos cambios llegaron con los partidos políticos y su formación como grupos de interés dentro del cuerpo social. Con eso, la plutocracia se retiró de la política directa y pasó a actuar, digamos, a través de la interpósita persona colectiva en que se volvió el partido. Los enemigos del partido han sostenido que este defiende un interés contrario al de la sociedad entera.

La última etapa, la que vivimos hoy, es la conversión del partido de instrumento político en instrumento comercial. Esto se vuelve posible precisamente por la intensa inclusión que se dio en anteriores decenios: el habitante convertido en ciudadano pasa a convertirse en mercancía. Las elecciones de hoy están mediadas por las redes y la prensa.

El partido fue la gran posibilidad de darle poder al hombre de la calle para influir en su destino. Su destrucción nos dejó sin instrumento de defensa, en un juego en el que no podemos creer y en el que ya nadie cree.

¿Qué nos dice Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio?

El libro de Fernando Rojas Morey (1934-2023), párroco de Chepén, plantea que hay que anunciar la existencia de Dios a partir de los hechos concretos de la vida y de las experiencias humanas más intensas, sobre todo en las profundidades del hombre mismo. Dios no desea ser encontrado en las nubes.

Y eso me hace recordar que, en agonía, mi abuela Filomena musitó al oído del padre Fernando, quien la asistía:

—Padre, padre. ¿Ve a esa señora que está en la sala? Es la Muerte. Ofrézcale un refresco o sírvale un traguito, de esos que están guardados para mi velorio…

Fernando miró hacia la sala y no vio a nadie. Sin embargo, para no contrariar los deseos de la anciana, llenó un vaso con limonada, caminó, dejó la bebida sobre la mesa de centro y fingió un diálogo en voz alta con la dama que a todos nos ha de visitar algún día. Cuando volvió al cuarto, su feligresa dormía, agradecida y apacible.

Santo y rebelde, comprometido con los pobres, el cura de Chepén entendió siempre que la pobreza es un mal diabólico y, además, el resultado de la opresión de algunos individuos sobre otros. Por eso, muchas veces le oímos decir que trabajar para abolir la pobreza es trabajar por el Reino de Dios.

Chepén es la ciudad más grande del valle del río Jequetepeque, en el norte del país. A pesar de que la región abastecía tradicionalmente de arroz a todo el Perú, nueve de cada diez jóvenes estaban entonces condenados, por sus carencias económicas, a quedarse en la educación primaria, trabajar en los meses de siembra y cosecha y vagabundear todo el resto del año.

Con ellos a su lado, fundó el Instituto San Juan Bosco que, además de centro de estudios, también era de trabajo y producción, porque llevaba a sus alumnos desde las primeras clases hasta diversas especialidades técnicas.

¿Se detendría en el terreno de la educación? ¡No, de ninguna manera! Tenía que hacer algo por los campesinos sin tierras. Durante casi un año, el cura de Chepén recorrió una y otra vez los terrenos del desierto próximos al valle. Por fin encontró uno, sin rocas y fácil de nivelar. Allí fundó la cooperativa agraria Tahuantinsuyo.

¿Y el agua? Esas tierras no tenían dueño porque carecían de riego. ¿Qué iba a hacer para obtenerla?

Con el auxilio de parroquias luteranas y su empeño formidable, llegó el día en que el viento hizo girar las astas de los molinos que le habían donado en Alemania y el agua comenzó a fluir hasta la superficie.

Fernando entregó luego las tierras a sus amados campesinos pobres.

¿Qué pasó después? El comando Rodrigo Franco llegó de noche a Chepén y se apostó en las inmediaciones de la iglesia. En las primeras horas de la madrugada, rodearon la parroquia con potentes cargas de dinamita. A las 2.00 a. m., la casa donde dormía el sacerdote voló por los aires. ¿Y el padre Fernando?…

Cuando faltaban cinco minutos para esa hora, había salido a toda prisa, por otra puerta, para atender a un moribundo que reclamaba sus últimos auxilios.

Y no cuento más.

No murió ese día mi abuelita. Tardó un par de semanas más antes de volar hacia el cielo y, durante ese tiempo, tuvimos ella y yo la oportunidad de reírnos un poco.

—¡Se la hice! —me contó—. El padre Fernando es un inocente. —añadió— ¡Imagínate que fue a la sala para ofrecerle una limonada a la Muerte! No se dio cuenta de que yo le estaba haciendo una broma.

Reímos un buen rato y, luego, mi abuelita insistió:

—Inocente… como deben ser los santos y los rebeldes.

Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio nos invita a hacer una correcta lectura de los signos de los tiempos. A mí me hace recordar al generoso padre Fernando y ahora solo espero encontrar a un sacerdote sordo para que escuche mis pecados.

Por limitado que esté un gobierno por el Congreso, el poder del Ejecutivo para actuar es enorme y lo ilustraré de manera convincente más adelante. Pero antes de hacerlo, es necesario que nos demos cuenta de que la experiencia reciente de gobierno corresponde a uno totalmente incompetente; que no hizo nada no porque el Congreso se lo impidiera, sino porque nunca atinó a hacer nada. O, lo que sería peor aún, porque no le interesaba nada más que ver de qué manera se podía beneficiar de su poder. Veamos.

El gobierno de Pedro Castillo se caracterizó en sus más altas esferas por estar compuesto básicamente por personas o tremendamente mal preparadas o profundamente corruptas, o las dos cosas a la vez. El gobierno se llenó la boca de frases vacías como "no más pobres en un país de ricos", que denotan la falta de objetivos concretos en bien de la población. Reto a quien quiera a que me diga un solo objetivo medible del gobierno en favor de los ciudadanos que haya sido planteado. Y, si alguna vez un alto funcionario hubiera tenido un día en mente un objetivo, la alta y absurda rotación de cargos no le hubiera dado tiempo ni de plantearlo.

El fracaso por la incompetencia generalizada del gobierno de Castillo ocurrió sin que el Congreso influyera de manera notable. La incompetencia fue autogenerada por las malas decisiones del gobierno, en las cuales participó plenamente el entonces ministro y hoy candidato, con sombrero incluido, Roberto Sánchez. De hecho, Sánchez fue el único ministro que acompañó a Castillo durante todo su mandato. En breve, es un mito eso de que a Pedro Castillo el Congreso no lo dejó gobernar. Lo sostienen solo quienes no quieren que se les asocie con tremendo fracaso.

Dicho esto, pasemos a ver el enorme grado de poder que tienen un presidente y su gobierno. Solo enumeraremos una lista de las cosas que puede hacer un presidente, independientemente del Congreso.

Designa y remueve altos funcionarios y define las políticas del servicio civil. Nombra ministros, directores y jefes de organismos como Essalud, Petroperú, Sunat e Indecopi.

Fija las prioridades de la política de salud y educación, lo cual incluye modificar el currículo educativo, rediseñar o suspender evaluaciones a docentes y lanzar programas de becas. También define la atención primaria en salud, decide sobre la ejecución de campañas de vacunación, define el esfuerzo de prevención de la anemia y decide sobre las compras de medicamentos.

Define la política social, expandiendo, rediseñando o eliminando programas como Juntos, Pensión 65 y Qali Warma.

Ejecuta políticas nacionales de seguridad ciudadana y orden interno. Reordena las prioridades operativas de la Policía y el Ejército, designa a sus comandantes, define las acciones de inteligencia e implementa acciones de prevención del delito.

Define la política tributaria y los objetivos de recaudación. Intensifica la fiscalización y el control de la Sunat, modifica el impuesto selectivo al consumo, cambia parámetros que afectan multas y deducciones, e impacta directamente en la carga tributaria efectiva. Define la política de cobranza y gestión de la deuda tributaria.

Simplifica o endurece trámites administrativos. Define cómo aplica las leyes mediante reglamentos y allí define requisitos, plazos y tasas, determinando el grado de las barreras administrativas. Decide qué trámite digitaliza y si crea ventanillas únicas.

Decide cómo se ejecuta y prioriza el presupuesto, y es responsable de la sostenibilidad fiscal. Eso le permite, por ejemplo, acelerar o no la inversión pública en hospitales, colegios, agua y saneamiento, transporte, y reforzar la seguridad ciudadana y el combate a las economías ilegales. Define el uso del Fondo de Estabilización Fiscal, propone el presupuesto y la estrategia de endeudamiento.

Promueve la inversión privada y define sus condiciones operativas. Diseña proyectos y evalúa las iniciativas privadas, impulsa mecanismos como las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, aprueba estándares ambientales y gestiona la conflictividad social relacionada con estos proyectos, define la regulación de tarifas mediante organismos regulatorios como Osinergmin y de la competencia a través de Indecopi.

Define la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas y prioridades comerciales. Puede denunciar tratados, ajustar aranceles, fortalecer el control aduanero y endurecer los controles migratorios.

Este es solo un listado parcial de los poderes que detenta un presidente. Como podrá apreciar el lector, estos son amplios. Necesitará del apoyo del Congreso principalmente para la aprobación de reformas a la legislación establecida, para que no le vayan a censurar a sus ministros y para que no lo vaquen. El apoyo para estos casos es ciertamente muy importante, pero su poder en un sinnúmero de casos es enorme.  

Una comparación ilustrativa es el caso del director de un hospital o de un colegio. Independientemente de si cuenta con los medios necesarios, un buen director sabrá cómo sacar lo mejor de su organización poniendo a las personas idóneas a cargo de los distintos puestos, trazando objetivos claros y coherentes y liderando con el ejemplo. ¡Esto es  lo opuesto a lo que ocurrió durante el gobierno de Perú Libre!

La nueva conformación bicameral del Congreso, además, fortalece la posición de la Presidencia de la República. A partir de ahora, será necesario pasar dos veces por el filtro de dos tercios de congresistas para gatillar una vacancia por incapacidad moral permanente. Es argüible que un Congreso dividido, como el que resultó de las últimas elecciones, contribuye a la posición del Ejecutivo. Recordemos, si no, lo difícil que fue para el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski lidiar con un Legislativo con mayoría de oposición.

El presidente, por último, tiene un atributo intangible adicional: en un país presidencialista como lo es el Perú, representa a la Nación. Esto podría parecer abstracto o inmaterial, pero no lo es. Independientemente de los nombramientos que haga, la figura del jefe de Estado marca el tono del ambiente político, define cómo se percibe el país y, en buena parte, define las expectativas de los ciudadanos e inversionistas sobre lo que pueden o no esperar del Estado.

Por eso, la elección del 7 de junio debe ser tratada con suma responsabilidad. Votar en blanco o viciado —es decir, permitir que otros decidan por uno— no debería ser una alternativa. Nuestra figura presidencial —hoy tan venida a menos, es cierto— aún necesita cuidado y mucha atención. Nos jugamos, de nuevo, todo.     

 Es una decisión sobre qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja sin nombre. Los números que el propio sistema produce son conocidos —y no admiten lectura cómoda. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de violencia sexual escolar desde que existe el SíseVe: casi 4.000 reportes anuales, más de la mitad cometidos por personal docente y administrativo. Los adolescentes de 12 a 17 años concentran entre el 42% y el 50% de todos los casos de violencia sexual registrados en los CEM, y sus denuncias se duplicaron entre 2018 y 2022. En 2022, el 9,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o estaba embarazada, según la ENDES del INEI. En ese contexto, la norma construida en 2021 —con equipos técnicos, evidencia internacional y un marco de derechos que tuve el privilegio de acompañar como ministro— no era ideología. Era respuesta a un diagnóstico.

 La nueva norma no surge de una evaluación de esa respuesta. Surge de un mandato político: la Ley 32535, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral. El resultado es una denominación sin antecedente internacional: "Educación Sexual con base científica, biológica y ética". Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo. Como advirtió Nani Pease al momento de aprobarse la ley, en este diario: "el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores que ha puesto al Estado peruano en jaque", anteponiendo intereses políticos por encima de la evidencia pedagógica y de salud pública.

 La nueva norma cita datos recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina el enfoque de igualdad de género como eje transversal, la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género —que afecta al 70% de estudiantes LGBTI, quienes se sienten inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, según el Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex—, y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes.

 Promsex ha documentado que más de la mitad de las violaciones en el Perú son actos repetitivos, que venían ocurriendo desde dos o tres años antes de que se evidenciaran. Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido. El silencio no es neutralidad. Es una forma de protección —pero no de las víctimas.

 Justin Parkhurst, investigador de la London School of Economics, ha descrito con precisión el mecanismo que opera aquí: en política pública, el uso estratégico de la evidencia consiste en seleccionar los datos que legitiman una decisión ya tomada —lo que él llama cherry-picking (seleccionar lo que más conviene)— mientras se omiten los marcos interpretativos que esa misma evidencia recomienda. La nueva norma es un ejemplo preciso de ese mecanismo: toma los 59 casos diarios de violencia sexual para justificar que actúa, pero descarta el enfoque de género que la evidencia internacional señala como condición para abordarlos. Usa el diagnóstico para legitimar la cirugía, y en la cirugía extirpa el instrumental. No es casual: las propias organizaciones de derechos humanos han documentado ante instancias internacionales que la falta de acceso a la educación sexual integral es una de las principales barreras para la prevención e identificación de la violación sexual, especialmente en zonas rurales y periféricas donde se concentran los casos más graves.

 La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos. Y las que pagan el costo son las mismas que el Estado ya no logra atender: las 76 de cada 100 víctimas de violación a quienes nunca les llegó el kit de emergencia.

La cita incluida en el título es una frase que nos remite de inmediato a los resultados de la primera vuelta de las elecciones en el Perú en 2021 y 2026. En este año, pareciera que el binarismo se da en su máxima expresión, con la participación de dos candidatos tan disímiles como Keiko Fujimori (KF) y Roberto Sánchez (RS), pero que, a su vez, tienen un punto en común: cuentan con los votos de un mismo segmento poblacional correspondiente al 25,7% de pobres en el Perú, universo en el que uno de cada dos peruanos puede salir de la pobreza y el otro queda entrampado en ella, y siete de cada 10 pobres viven en ciudades (Lima tiene 21,6% de pobreza).

 Cuando se comparan los mapas que muestran la votación a nivel nacional, se observa que la fragmentación entre izquierda y derecha del 2026 es casi un calco de la del 2021, aun cuando ambos candidatos solo representan el 29% de los votos válidos. KF tiene su principal caudal de votos en los sectores A, B y C, además del extranjero. RS tiene la preferencia de los sectores populares de bajos ingresos, D y E, y de ámbitos rurales dispersos. (Ver tabla adjunta)[1]. La mayoría de los electores votó igual y expresó con su voto qué desea y qué detesta. Esta vez, el sector pobre lo hizo con la participación de actores políticos de la nueva izquierda peruana (gremios, organizaciones de base de regiones, sindicatos), que desplazaron a círculos progresistas de Lima, como sucedía antes[2].

 ¿Por qué la votación fue casi igual? A. Vergara dice que “La composición social del voto es parecida, aunque las opciones ideológicas sean distintas”[3]. La razón estriba en la desigualdad. Considera que el elector necesita un Estado efectivo que le preste servicios de seguridad, salud y educación, entre otros (solo algunos tienen agua permanente o comerán todos los días), y una nación que lo reconozca como ciudadano (sin discriminación, exclusión ni privilegios). Sin embargo, establece la coexistencia de gente bajo el paradigma del Estado-nación y de otros bajo el del posestado-nación. El primero cubrirá necesidades y acceso a derechos; el segundo asegurará que los beneficios de la globalización y la modernidad continúen para quienes ya se sienten incluidos. El elector pobre votará por quien lo acerque más al paradigma del Estado-nación o Estado-Nación.

No obstante, KF y RS tienen discursos parecidos sobre el Estado-Nación, sean populistas o no. La experiencia en Brasil y Argentina[4] plantea que la principal demanda del sector pobre es moral: ser reconocido e incluido, mucho más que lo que significa la racionalidad económica. Para el caso peruano, si bien KF considera varios aspectos del concepto de Estado (cobertura de servicios), también promueve acciones políticas y económicas conservadoras que le permiten contar con el respaldo de los sectores dominantes. En paralelo, sin dejar de lado el carácter identitario de quienes votaron por RS por arrastre de Pedro Castillo, puede deducirse que la variable nación (inclusión social) en el actual discurso de RS es lo que determinará el voto del elector, al margen de que forme parte del mediocre y corrupto Congreso actual e incluso si ve pocas posibilidades en él para mejorar económicamente.

 Por consiguiente, ¿qué es necesario hacer si la democracia se ha debilitado tanto y ha sido prácticamente asaltada hasta convertirse en casi una anormalidad[5], por una “derecha convencional que se radicaliza y converge con una derecha radical cuando identifican un enemigo común en el progresismo… a través de lideres desconectados de la realidad[6]?.

 La opción es estar del lado de la población que demanda principalmente nación para constituirse realmente en ciudadanos. Hoy no lo son por el oportunismo político, la corrupción, la vulneración del Estado de derecho y la desigualdad política derivada de la falta de partidos políticos institucionales. Por ello, resulta indispensable identificar bien al “enemigo” principal en las actuales circunstancias políticas.

[1] Fuentes: medición del voto cruzado por NSE del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos (boca de urna).

[2] Paulo Vilca, IEP, 12/05/2026. Declaración periodística.

[3] Alberto Vergara, 2021. Ni amnésicos ni irracionales (p. 135).

[4] Jesse Souza, 2024. El pobre de derecha.

[5] Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, 2024. Democracia asaltada.

[6] María Claudia Augusto M. y Aarón Quiñón. ¡Comunismo o libertad! La radicalización de la derecha peruana en el siglo XXI (p. 208, 226), en “Democracia asaltada”. Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, 2024.

Dadas las noticias de los últimos días, parece ser que el Estado peruano finalmente quiere encontrar una salida al hasta ahora incontrolable desangre de Petroperú. Digo “parece” porque ya en el 2024 estuvimos en una situación parecida y, cuando ya se había decidido un plan de reestructuración —que no involucraba una privatización—, la presidenta de entonces, Dina Boluarte, se echó para atrás, forzando la renuncia del directorio de Petroperú. Lo realmente catastrófico fue que Boluarte nombró un nuevo directorio y este a un nuevo gerente general pero, ¡oh sorpresa!, se nombró a quienes participaron en causar el desastre.

¿Qué hizo la gestión apoyada por Boluarte? Primero, rápidamente desecharon el plan de reestructuración, pero sí aceptaron el salvavidas de 2.000 millones de dólares que el Estado les dio a condición de que pusieran en marcha el plan de reestructuración (ver página 4 del documento). Se encargaron de que nada cambiara y continuó la hemorragia mientras mentían descaradamente a la opinión pública, asegurando que la nueva refinería estaba operando a plena capacidad y que ahora sí daría grandes utilidades por los “altos márgenes” de la nueva unidad. Nada de esto era verdad: Petroperú perdía plata a mares y operaba muy por debajo de su capacidad. Mientras tanto, se procedió a una “reparación” hecha para “pichicatear” la refinería, lo que horrorizó a los proveedores del equipo, que pidieron que no se hiciera, tanto por el inminente riesgo para los trabajadores como por el riesgo para el equipo. Efectivamente, la refinería se incendió el 5 de noviembre del 2025 y se dañó equipo crítico, con lo cual la refinería viene operando a una capacidad aún menor.

En el tiempo de la administración desastrosa, Petroperú se ha endeudado además en por lo menos otros 1.000 millones de dólares con instituciones financieras (ver página 4 también), llegando su deuda financiera, a setiembre último, a 6.400 millones de dólares (página 1). ¿Cómo pagará esta deuda? Para que una empresa pueda pagar por lo menos los intereses de su deuda, tiene que generar ventas que sean mayores a sus costos. Pero Petroperú arrojó pérdidas operativas por 150 millones de dólares y además tenía que pagar 250 millones de dólares de intereses por su deuda (página 2) a setiembre del 2025. Anualizando estas cifras, nos da 200 millones de dólares de pérdida operativa y 330 millones de dólares de pago de intereses.

¿Adivinen quién va a cubrir esas pérdidas? ¡Los peruanos con nuestros impuestos! Y seguiremos pagando hasta que no mejore sustancialmente la situación de la empresa. ¿Cómo se gestó este desastre? Se debió básicamente a dos cosas: una muy mala inversión en una refinería nueva y muchos años de mala administración, incluyendo un trato muy favorable hacia sus trabajadores. Veamos.

Lo que comenzó como un plan de mejora de la refinería de Talara, que disminuiría el contenido de azufre —y, por lo tanto, la contaminación— del combustible y que se estimó costaría aproximadamente 1.300 millones de dólares, se fue convirtiendo en una nueva —y mal planeada— refinería que, entre torpezas y robos, llegó a 6.500 millones de dólares. Estando la empresa en una crisis en la cual la prensa reporta que Petroperú no está pagando a sus proveedores —en algunos casos hace tres o cuatro meses—, la empresa debe por lo menos hacer esfuerzos de austeridad, tales como deshacerse de los numerosos activos improductivos.

La flamante administración debe demostrar, como parece que lo está haciendo, que antes de seguir pidiendo plata para que pueda continuar operando, la empresa está haciendo los recortes de gastos cruciales para tomar una nueva y sostenible dirección. Estos esfuerzos son indispensables para que la empresa continúe, independientemente del fin que se persiga en el largo plazo. No se trata de privatizar o no, sino de convertirla en una empresa razonablemente manejada y, por lo tanto, viable.

Pienso que Petroperú en manos del Estado no es una buena idea, no por ideología, sino porque todo lo que ella hace puede ser hecho por empresas privadas, mientras que los 24.000 millones de soles que el Instituto Peruano de Economía calcula que el Estado peruano ha transferido a Petroperú en los últimos 12 años podrían tener un mucho mejor uso en salud, educación o infraestructura. Una empresa estatal, además, está siempre sujeta a presiones políticas y a favoritismos, porque cuando todos son dueños de algo, usualmente quiere decir, en la práctica, que no hay dueño. Es un argumento práctico, nada más.

En todo caso, la nueva Petroperú tiene que reducir costos y reducir su deuda. Si fuera una empresa privada sería sencillo: pasaría a una situación concursal y que los acreedores decidan si es mejor que la empresa siga operando o se liquide. Esto obviamente no es realista para Petroperú. ProInversión, que dentro del Estado peruano es la unidad más capacitada, ha recibido el encargo de diseñar una estrategia para recuperar la empresa. Esto no será sencillo y tomará algún tiempo. Hay que dejar que ProInversión, con la ayuda de especialistas, decida un tema tan complejo.

Probablemente lo mejor sea formar algunos paquetes de activos y pensar en soluciones distintas para cada uno de ellos. Pensar que la parte más importante se pueda privatizar es absurdo: nadie considerará tomar la empresa en su situación actual. En cambio, suena razonable vender los activos improductivos, lo cual será solo un gesto en vista del tamaño del problema. Pero sería una primera señal de que se está pensando en serio y en algo ayudaría.

La refinería de Talara es la parte más valiosa de Petroperú. Debemos ser capaces de encontrar la mejor manera de convertirla en una empresa bien manejada y autosostenible. Para hacerlo necesitamos de la participación de especialistas privados. Ya a la larga se podrá discutir qué destino tendrá la empresa. Hoy, con una nueva refinería que, comparada con la antigua, tiene 20 veces más reactores y columnas, 10 veces más instrumentos y consumo de energía y 5 veces más unidades procesadoras y equipo rotatorio, necesitaremos mucho trabajo y expertos para sacarle el mejor provecho posible. Ojalá así sea.

El hallazgo de los restos de nueve personas en el departamento de Junín, todas ellas asesinadas por Sendero Luminoso entre 1990 y 1993 es un logro del Estado, pero debe observarse el panorama completo. Estos restos fueron encontrados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una institución que desde el 2022 a la actualidad el pacto corrupto del Congreso busca desaparecer. La razón es que esta coalición parlamentaria antidemocrática trabaja, a la mala, para sustituir el relato histórico por una versión más conveniente para la impunidad de quienes en buena parte representan.

Conviene, entonces, ser precisos sobre lo que se halló en Mazamari: peruanos asesinados por Sendero Luminoso. El terror senderista fue real, fue brutal, y recayó sobre los más pobres del país. Reconocerlo es honestidad histórica elemental. Y esa misma exige reconocer también los crímenes cometidos por agentes del Estado contra esas mismas poblaciones. Una memoria completa incluye a todos los muertos. De lo contrario, tiene otro nombre: propaganda.

Ese logro ocurre, paradójicamente, mientras esa misma institución es asfixiada por tres frentes simultáneos. El Ministerio de Economía sometido al pacto corrupto ha propuesto recortes. El resultado es que el presupuesto del Ministerio Público cayó 9% entre 2024 y 2026, afectando peritajes, operativos y las funciones básicas que hacen posible encontrar a los muertos. El Congreso los ratifica todos apelando a su inoperancia. Ese mismo parlamento que durante ese mismo período elevó su propio presupuesto institucional en 39%.

Por lo tanto, Junín nos recuerda, treinta y tres años más tarde, lo que ya debería estar fuera de discusión: la memoria es el nombre que le damos a la dignidad mínima que les debemos a todos nuestros muertos. Mientras haya familias que llevan tres décadas señalando una parcela de tierra y esperando que alguien vaya a buscar a los suyos, el Estado peruano tiene una deuda. Y esto también es una defensa ciudadana que el próximo Congreso debe retomar.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

Cincuenta años después de sus inicios en el mar, Bruno Portuguez resulta un gran pintor del Perú. El 14 de mayo inauguró Perú al pie del orbe, una exposición que va a ser histórica. Se está presentando en el Centro Cultural de Jesús María (av. Horacio Urteaga 535).

Tal como lo dice él, la muestra mencionada “es el resultado, cabal y contundente, de un largo y tenaz proceso por abrir, desarrollar y elevar un camino personal y decisivo en el espacio de la plástica peruana”.

Y, ¿quiénes son los personajes de esa exposición?

“Campesinos y campesinas, pescadores, mujeres, niños, ancianos, comuneras, mineros, músicos callejeros…, todos personajes anónimos, sin protagonismo alguno, llevando sobre sus espaldas nuestro quehacer cultural, sus ansias, sus sueños y sus luchas diarias. Ellos siempre han sido y son el centro de mi universo pictórico, de mi trabajo como pintor y espero estar a la altura de su presencia y de su perspectiva histórica”.

Más allá de lo que el pintor declara, los críticos y admiradores de su obra lo consideramos como un pintor prehispánico, un paracas o un mochica, tal vez. Aquellos fueron artistas que expresaron su cosmovisión, la religión y la vida cotidiana en murales, cerámica y tejidos, desesperados por dejar al futuro un mensaje de su tiempo.

La obra de aquellos no legó individualidades, sino un estilo colectivo que declara hasta nuestros días la razón de ser de la vieja patria.

La exposición que Bruno Portuguez presenta hoy tiene ese mismo espíritu. Lo pensaba yo, mientras admiraba sus cuadros y se me ocurrió preguntarle la relación entre su tarea artística y sus comienzos como pescador.

Ese fue el momento en que me reveló su secreto. Miró hacia todos los lados como para evitar que nos estuvieran observando y me contó las trazas de su iniciación en Paracas.

Por propia experiencia sé que los pescadores son las personas más pacientes y mentirosas del mundo. Sin embargo, debo aceptar como real y cierta la historia que me contó.

Cuando el joven cumplió doce años de edad, viajó con su progenitor a la bahía de Paracas. Allí consiguieron la lancha de un pescador amigo y se dirigieron hacia la cadena de islotes de las Islas Ballestas. La embarcación ancló en medio de centenares de lobos marinos. Allí escucharía la canción de aquellos como la más sublime melodía que habría de escuchar en toda su vida.

No sabía lo que ese grupo de extraños tenores, todos vestidos de frac, cantaban, pero se le ocurrió que declamaban una historia y que acaso lo hacían para él. Tal vez le estaban encomendando el destino de artista y la misión que aquello conlleva en el Perú.

Pensó que, terminado el acto, se iban a marchar, pero no fue así. El padre detuvo la lancha por una hora que él sintió como años y, mientras tanto, con ellos como espectadores invisibles, pasaron otras embarcaciones. Una de ellas traía entre los turistas a un hombre que le pareció ser un escritor y a una mujer que hablaba o cantaba con voz española.

No hubo un súbito rayo ni otro sonido sobrenatural, pero Bruno consideró que aquella había sido su ceremonia de iniciación.

Poco después, Bruno volvería al colegio. Luego, se concretaría el milagro… Superados los problemas de su pobreza familiar, Bruno pudo estudiar y graduarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estaba satisfecho, pero no del todo. “Quiero pintar el alma”, se dijo, y derivó hacia el retrato.

Según declara, “el retrato es lo más difícil de desarrolla en la pintura, pero es, a su vez, lo más elevado e intenso”. Muchas de las colecciones que ha pintado lo convierten en uno de los retratistas contemporáneos más importantes de nuestra América.

Más allá de eso, tal vez el pintor se ha acercado a lo que intentaba desde su niñez, ser una voz que proclame a los tiempos la alegría, el dolor y el sueño que nos ha animado a ser peruanos. Tal vez su pincel intenta hacer eterna nuestra esperanza.