Este 30% reúne a votantes diversos que analizan con atención el rumbo del país. Allí se expresan expectativas sobre seguridad, empleo, estabilidad económica y calidad institucional. Cada decisión en ese espacio refleja un proceso activo de evaluación. La campaña encuentra en este electorado su mayor oportunidad para persuadir con ideas, liderazgo y coherencia.

Las candidaturas concentran aquí su principal desafío. La claridad programática, la consistencia en el mensaje y la capacidad de conectar con las preocupaciones ciudadanas adquieren un valor decisivo. Cada intervención pública influye en un electorado que sopesa alternativas con mayor detenimiento. La calidad del debate político eleva su importancia en este tramo final.

En este contexto, el voto adquiere una dimensión estratégica adicional. La elección del Ejecutivo convive con la definición del equilibrio en el Senado, espacio clave para la gobernabilidad y la defensa del orden democrático. El respaldo a candidaturas con compromiso institucional fortalece la capacidad de construir acuerdos, sostener reformas y asegurar contrapesos efectivos. La decisión ciudadana puede así proyectarse más allá de un resultado inmediato y contribuir a un sistema político más estable y representativo.

El ecosistema informativo también cumple un rol clave. La cobertura responsable aporta contexto, ordena la discusión y facilita una comprensión más precisa del momento electoral. Una ciudadanía bien informada fortalece la deliberación y eleva el nivel del proceso democrático.

La experiencia electoral muestra que amplios segmentos indecisos inciden directamente en los resultados. Su participación define trayectorias, reconfigura tendencias y establece el desenlace. En este escenario, la elección se construye día a día a partir de decisiones que aún se encuentran en proceso.

Nada está dicho: el 30% indeciso aún puede definir la elección. En ese espacio se concentra la decisión final y la posibilidad de los peruanos para orientar el rumbo político del país que destierre a los anales de la historia el desgobierno del actual pacto corrupto liderado por el fujimorismo.

Las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, son los casos más preocupantes.

No se trata únicamente de sus ataques contra la ONPE o de las insinuaciones intimidatorias dirigidas a su jefe, Piero Corvetto. Lo verdaderamente grave es el salto cualitativo que implica descalificar a ciudadanos —a quienes aspira a gobernar— con expresiones ofensivas y denigrantes.

En Andahuaylas, el insulto directo a pobladores que ejercían su derecho a la protesta no solo revela intolerancia, sino una peligrosa concepción del poder: aquella que divide al país entre “los que valen” y “los que estorban”.

La democracia no se construye desde el desprecio. Por el contrario, exige reconocer la pluralidad, incluso —y sobre todo— cuando esta incomoda. Un candidato que no tolera la crítica en campaña difícilmente podrá gobernar en un contexto inevitablemente diverso y conflictivo.

La respuesta institucional, hasta ahora prudente, no debe confundirse con indiferencia. Defender la integridad del proceso electoral y el respeto a los ciudadanos es, en ese sentido, una obligación. En esa línea, el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos resulta pertinente al advertir sobre los riesgos de normalizar discursos que rozan la violencia y que deterioran la calidad democrática.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los actores políticos. Los hechos ocurridos en Andahuaylas, donde la indignación derivó en agresiones contra el candidato, también deben llamar a la reflexión. La violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Violencia es violencia, venga de donde venga, y su normalización —sea desde el poder o desde la ciudadanía— solo contribuye a profundizar la fractura social. La protesta es un derecho; la agresión, no.

El país enfrenta una elección decisiva. Precisamente por ello, el estándar de quienes aspiran a conducirlo debe ser más alto, no más bajo. La indignación puede ser un recurso político eficaz en el corto plazo, pero difícilmente constituye la base de un proyecto de gobierno viable. Mucho menos cuando se dirige contra los propios ciudadanos.

No se gana una elección insultando a los peruanos. Y, más importante aún, no se construye un país desde el desprecio ni desde la violencia.

Una mirada a las últimas décadas muestra algunos esfuerzos, pero fragmentados, discontinuos y sin soporte técnico ni financiero que los haga viables. En el balance sobre los avances del Proyecto Educativo Nacional al 2021 respecto a las políticas docentes, Cuenca (2019) señala: la FID quedó relegada, pese a contar con base normativa. Y el eslabón más relegado aún: el formador de futuros docentes.

Un hito fue la Ley 30512 y su Reglamento (DS 010-2017-MINEDU), que consolidaron la FID como educación superior y abrieron paso a una reforma más seria. Hubo avances en el ordenamiento de instituciones, su transición a Escuelas de Educación Superior Pedagógica mediante licenciamiento y en nuevos diseños curriculares. Sin embargo, lo clave quedó relegado: la carrera del formador. Sin criterios rigurosos de selección, formación, evaluación y condiciones laborales, cualquier reforma queda en el papel. Formar a los docentes que el país necesita exige profesionalizar a sus formadores y asegurar condiciones para una enseñanza exigente y de calidad.

Sin docentes no hay reforma posible; sin formadores de docentes, ni siquiera empieza. En este proceso electoral no basta preguntar, hay que exigir: una política nacional para profesionalizar a quienes forman, con estándares claros, carrera definida y financiamiento sostenido. Si los candidatos no pueden decir cómo lo harán —cuándo, con qué recursos y bajo qué metas—, entonces no están proponiendo una reforma, sino repitiendo una promesa vacía. Y la educación del país ya no puede darse ese lujo.

*Colabora Patricia Andrade Pacora, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu.