Esta bala lleva tu nombre. Genealogía de la extorsión en Trujillo y el Perú (1993-2014) ha sido publicado por dos editoriales independientes (Reino de Almagro y Punto Cardinal). Su autor, Jorge Nureña, escribió una primera versión para su tesis de historia en la Universidad Nacional de Trujillo. Su estudio encaja en lo que conocemos como 'historia reciente', pero más aún, responde a una preocupación al ver cómo su ciudad se ha convertido en un espacio de criminalidad en las últimas tres décadas. Una de las ventajas del análisis histórico, que Nureña aplica muy bien, es el de brindar una visión panorámica de un proceso, estableciendo cronologías, actores y quiebres.

Así, el texto aprovecha los numerosos estudios y reportajes sobre el tema, que no obstante brindaban visiones muy específicas y que impedían ver la transformación de Trujillo. A pesar de su importancia, el libro llevaba varios años agotado y circulando de manera limitada solo en el norte del país, de apenas doscientos ejemplares. Cien de estos se vendieron y los otros cien (por esas ironías de la vida) fueron robados. Esta reedición hace del libro una lectura urgente, en un momento en el cual en estos últimos seis meses se han registrado más de doce mil denuncias; es decir, tres denuncias por hora.

Para el autor, la extorsión no surgió de un día a otro. Hay dos etapas muy marcadas en su aparición. La primera (1993-2014), donde el declive de la violencia política deja en evidencia la existencia de crímenes y robos que, si bien pueden considerarse menores, permitieron la formación de pandillas. Estas fueron el germen de las futuras bandas criminales como Los Pulpos, que rápidamente (desde 2005) desarrollaron formas más sofisticadas de crímenes a partir del establecimiento de territorios y la influencia de bandas como Los Maras Salvatruchas y, posteriormente, de El Tren de Aragua.

De igual modo, Nureña establece tres factores que favorecieron esta evolución. En primer lugar, la migración desde el interior hacia el área urbana de Trujillo, que creó dos espacios muy marcados: las viviendas construidas y ya existentes, si bien saturadas; y los nuevos distritos que surgieron de estos desplazamientos, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. La ausencia de planes gubernamentales permitió que el incremento poblacional agravara las desigualdades en las nuevas generaciones de trujillanos. Deserción escolar, desempleo y crisis hicieron el resto, permitiendo que los delitos comunes dieran paso a otros más violentos.

En segundo lugar, el sistema penitenciario y otras instituciones relacionadas con la justicia favorecieron la reproducción y ampliación del crimen en Trujillo y luego a nivel nacional. La ausencia de centros penitenciarios adecuados, el endurecimiento de las leyes que hacían que los presos pasaran más tiempo encerrados y las condiciones lamentables en las que el personal desarrollaba su tarea se tradujeron en hacinamiento, descontrol y corrupción. En 2011, el penal El Milagro contaba con un guardia de seguridad por cada 200 internos. Las fugas, el fracaso de las requisas y la venganza contra las autoridades de los penales (como el asesinato de uno de sus directores) formaban parte del trajín diario.

Si la calle era la escuela del crimen, la cárcel era el equivalente de la universidad. Las pandillas que se fueron formando desde los años noventa se hicieron más organizadas. Algunas tenían orígenes familiares y, a medida que se hacían más complejas, también lo eran sus fuentes de financiamiento. Los cupos a transportistas y luego a compañías de transporte a cambio de seguridad se hicieron más frecuentes. Pasar de delincuentes comunes a pandillas significa además más poder de fuego, como quedó demostrado con la matanza de ocho civiles en La Esperanza en 2005, y que trajo una reconfiguración del poder delincuencial en la región.

Al entregar esta visión panorámica de la delincuencia en Trujillo y su transformación en un sistema criminal de cobro de cupos, el libro responde varias interrogantes sobre la naturaleza de este fenómeno y brinda las herramientas a las autoridades y especialistas para desarrollar aproximaciones más específicas de políticas públicas. El autor utiliza diversas fuentes, desde documentación judicial hasta la prensa y entrevistas, lo cual contribuye a un análisis sólido y original.

Hay preguntas que considero pueden ser mejor desarrolladas en una próxima edición. Por ejemplo: ¿por qué Trujillo dio lugar a un fenómeno delincuencial así considerando que muchas otras ciudades atravesaron por problemas similares de migración, corrupción e ineficiencia de la justicia? ¿En qué consiste (de manera más amplia) el “método” que Trujillo exportó al resto del país? ¿Cómo se articuló este “método” con las bandas extranjeras que llegaron al país? Considero también que reformular algunas secciones respecto de su formato original de tesis podría ayudar a explicar puntos importantes de manera más solvente.

Esta bala lleva tu nombre es un libro que debe motivar nuevas investigaciones sobre cómo la extorsión constituye uno de los problemas más urgentes para la población civil y cómo las instituciones encargadas de prevenirlo y contenerlo fracasaron en diversos espacios y momentos. Para los escépticos que repiten que las Humanidades y las Ciencias Sociales no tienen impacto, les invito a leer este estudio y a preguntarse cómo podemos presionar a las autoridades para que detengan esta hemorragia, antes de que las balas enviadas por los extorsionadores lleven nuestros nombres.

Solo por presión pública, Juntos por el Perú pasó de afirmar que evaluarían sanciones a anunciar, cinco días después, que suspenderán a Julián Pérez.

El primer congresista condenado por violación sexual fue Leoncio Torres Ccalla. Después de larga batalla judicial por tentativa de violación sexual contra una menor de 16 años traída desde Puno para trabajar en su despacho congresal, el congresista de Perú Posible fue condenado a 8 años de prisión. Meses después rebajaron su condena a 6 años. Inicialmente, el Congreso optó por suspenderlo 120 días, no por levantarle la inmunidad, como correspondía. Solo se la quitaron cuando el Poder Judicial lo pidió.

Durante todo el segundo semestre del 2022, el Congreso blindó a Freddy Díaz, congresista que, según constató la sentencia judicial en 2024, drogó y violó a una de las trabajadoras de su despacho. Recién en enero de 2023, el Congreso lo inhabilitó por diez años. El Poder Judicial lo condenó a purgar prisión por 13 años y luego elevó la pena a 20 años.

Fue a raíz de este caso que el abogado de la víctima, José Ugaz, acuñó el término “delito de poder”.

Y nada más cierto: aunque todos los delitos de agresión contra las mujeres y de violación sexual son terribles, la particularidad de estas agresiones es que se cometen al amparo del poder. Los agresores se escudan tras el poder que les da ser congresistas frente a la justicia. Amparados, también, por sus colegas. O por un porcentaje importante de ellos. Encubrimiento corporativo.

El poder usado para protegerse de la sanción por los delitos cometidos acaba así convirtiéndose en escudo frente a la justicia. Y así se configura otro delito, el delito de poder contra las mujeres.

Por Mabel Barreto Quineche. Periodista. Consultora en prensa y comunicación social.

En un sistema bicameral como el que el Perú estrena, las comisiones del Senado tienen además una función específica que consiste en revisar y corregir lo que la Cámara de Diputados aprueba. Quien las preside decide qué se discute, cuándo y con qué urgencia. Por eso la distribución de presidencias es un acto político de primer orden. Y lo que ocurrió en el Senado merece leerse con atención.

Fuerza Popular se quedó con cuatro presidencias de comisión. La de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, por donde pasan todas las reformas constitucionales, quedó en manos de la bancada que en su último acto desde la presidencia del Congreso saliente promulgó la ley del fuero militar y que denunció ante la JNJ a la fiscal especializada en Derechos Humanos.

El fujimorismo también se quedó con Inteligencia, con Presupuesto Bicameral y con Control Político sobre los Actos Normativos del Ejecutivo. Esta última es la que más llama la atención ya que la comisión diseñada para fiscalizar al Ejecutivo la preside el mismo partido que gobierna ese Ejecutivo. Eso es un conflicto de interés estructural el cual, con miras a un primer momento de gobernabilidad del gobierno de Keiko Fujimori, la ciudadanía espera que se maneje con transparencia y responsabilidad institucional, cosa que si bien sería novedad, también es una urgencia institucional que necesita el país y por ende una demanda mínima vigente.

Por otro lado, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que amenazó durante el último proceso electoral con desaparecer al JNE y que respaldó las leyes procrimen, presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es una paradoja que el propio Congreso debería explicarle al país en su labor parlamentaria.

No obstante, la oposición logró presidencias importantes. Juntos por el Perú conducirá Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. Buen Gobierno presidirá Salud, Educación y Cultura. Ahora Nación presidirá Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Son espacios con capacidad de fiscalización y el Consenso por la Democracia tiene ahí una oportunidad concreta de demostrar que esta legislatura funciona distinto a la anterior, que piensa en la gobernabilidad y en representar adecuadamente las demandas de los peruanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Estado peruano por la ausencia de medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres lideresas indígenas que defienden sus territorios en la Amazonía. La denuncia llegó de las propias lideresas. El Estado, hasta el momento, ha respondido con silencio.

La realidad es que los defensores enfrentan una situación que combina varios tipos de violencia al mismo tiempo. La que proviene de las empresas extractivas que avanzan sobre sus territorios sin consulta previa. La que proviene de las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Y la que proviene de la propia inacción del Estado, que no garantiza ni su seguridad física ni el reconocimiento legal de sus territorios.

La Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad de los territorios comunales. De la misma manera, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú como estado no como una medida temporal de un gobierno, establece obligaciones específicas de protección. Y la CIDH acaba de recordar que esas obligaciones no se están cumpliendo.

El gobierno de la señora presidenta Keiko Fujimori tiene en este cuestionamiento una agenda concreta que parte de la implementación de un mecanismo de protección para defensores y lideresas indígenas, y con ello, la ratificación del Acuerdo de Escazú la cual su bancada en su momento se dedicó a desprestigiar sin sustento técnico real. Con ello resuelto, será posible la aplicación de políticas de Estado que aceleren de una vez por todas la titulación de territorios comunales pendientes y la garantía de que la consulta previa sea un proceso real.

En general, esta mentalidad desdeñosa de quienes defendemos el sistema democrático es escuchada como un agravio que echa más sal sobre la herida, a la par que consolida el abuso cometido, dándolo por hecho. En efecto, esta respuesta suele generar disgusto, irritación o incluso agresividad. ¿Pero qué pasa si nos detenemos a considerarlo con tranquilidad y detenimiento?

Permítanme darme una vuelta por el consultorio del psicoanalista, para intentar explicar lo que estoy intentando yo mismo descifrar. Alguna vez un joven paciente diagnosticado con una psicosis leve me hizo la siguiente pregunta: "¿Por qué mi mamá siempre me dice que no hay que llorar sobre la leche derramada?". Si no fuera un chico joven (casi un adolescente) con un diagnóstico como el suyo, le podría haber preguntado cómo entendía eso él. Pero había tal ansiedad en su rostro que me sentí inclinado a explicarle lo que su madre podía tener en mente.

Le dije entonces que, ante los hechos consumados, como mencioné antes, no tenía sentido quejarse y, más bien, había que encontrar la manera de seguir adelante. Pero advertí que, lejos de tranquilizarlo, esta explicación somera le causaba más desazón. Su cara era de mayor perplejidad y frustración. En ese momento recordé algo que me enseñaron en mis cursos de psiquiatría, en alguno de los hospitales —me parece que fue en el Dos de Mayo— en donde hacíamos prácticas los estudiantes de psicología. Los casos limítrofes o los pertenecientes a la constelación de las psicosis podían tener dificultades de comprensión con las metáforas.

Entonces varié mi estrategia y le dije: "Imagínate que tenemos aquí, en el consultorio, una jarra de leche. ¿Qué pasa si la leche cae al piso? ¿Podemos volver a ponerla en la jarra?" Los músculos de su cara se relajaron poco a poco. Me di cuenta de que estaba considerando lo que le había dicho y, esta vez, el que estaba ansioso por escuchar su siguiente intervención era yo. Lo que me dijo a continuación me dejó una gran lección.

"¡Ah, ya! Entonces lo que mi mamá quiso decirme es que si me botaron del trabajo —era un empleo precario como vendedor en un establecimiento comercial—, no sirve de nada lamentarme y tengo que ponerme a buscar otra chamba".

Extrapolemos esta breve viñeta clínica —que he alterado para preservar la identidad del paciente— a lo que mencionábamos al inicio de esta nota. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿qué sucede si tomamos de manera literal la frase autoritaria de mandarnos a llorar al río? ¿Si en vez de insistir con lo evidente, es decir, que los representantes de las corrientes autocráticas y represivas pretenden seguir destruyendo la democracia, nos preguntamos si no hay una verdad en esa variante del refrán sobre la leche derramada? De ser cierto esto, ¿cuál podría ser esa verdad?

Tomemos el ejemplo de la candidatura, a todas luces tramposa, de López Aliaga a la alcaldía de Lima. Para mayor abundamiento, la congresista Norma Yarrow, del partido Renovación Popular, ha dicho con absoluto desparpajo que el JNE “se dejó sacar la vuelta”. Es interesante, dicho sea de paso, que una mujer recurra a una imagen cuyo uso común es para designar la infidelidad, para referirse a una institución que ha sido burlada por una triquiñuela (la palabra “trampa”, por lo demás, también se usa en ese contexto de la infidelidad).

Pese a toda esta evidencia de mañosería —sigamos en ese ámbito del paralelismo entre la política y las relaciones de pareja—, en la última encuesta de Ipsos el candidato Rafael López Aliaga va primero. Y la presidenta Keiko Fujimori, sin mover un dedo —por ejemplo, con el escandaloso caso del vía crucis que significa sacar un pasaporte—, tiene 60% de aprobación.

Adonde intento llegar es a preguntarnos si no hay en estas tendencias mundiales hacia el autoritarismo un mensaje claro para las fuerzas democráticas: nuestras condiciones de vida han empeorado; tenemos hambre, tenemos inseguridad, no tenemos atención de salud, etcétera. La explicación esgrimida de que todo esto es producto del Gobierno parlamentario de quien hoy preside los destinos del país no ha funcionado. Por el contrario: parece haber una decisión de una gran cantidad de peruanos desesperados de ponerse en manos de quien no se va a detener ante “obstáculos burocráticos” como la Constitución, para hacer lo que sea necesario.

Esta es una falacia, por supuesto. Basta ver la composición del gabinete para darse cuenta de que estamos muy lejos de tener un Gobierno de los más capaces. Salvo el ministro de Economía, todos los demás carecen de la idoneidad para sus cargos, así como para nombrar a los equipos que podrían enrumbar al Perú hacia una era de seguridad y atención a los más vulnerables. Lo mismo sucede con el representante de Renovación Popular. El incumplimiento de los contratos, ¿le preocupa a una población con un 75% de informalidad? No parece ser así. Ya que no podemos regresar la leche a su envase, busquemos otro camino para resolver el enigma que nos plantea la realidad.

Tal club de los países, al que recién se integraría -acaso con entusiasmo naranja- el nuevo gobierno, en alguna medida, es una consecuencia de lo que Estados Unidos propone en su Estrategia de Seguridad Nacional, dada a conocer en noviembre de 2025. Ese documento en el cual le dice al mundo, y a América Latina, lo que quiere, lo que no le gusta y lo que le asusta.

Hay una parte en la que habla, literal y a la vez algo nebulosamente, de alianzas políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros. Léase China. Como Trump se ha dado cuenta de que la República Popular le pisa los talones, y ya la sobrepasó en África y en esta región, la idea parece ser voltear el partido, cambiar las coordenadas, incluso defenderse.

De allí que la idea de escudo no habría que entenderla solo como una suerte de falange para atacar la criminalidad. También debe verse como una forma de contener la influencia de competidores no hemisféricos que le quitan piso a Washington. Y que, según señala la Estrategia, atraen a nuestros países porque ofrecen hacer negocios a bajos costos.

A propósito de esto último, ¿cuáles van a ser los costos de sumarnos a ese grupo de gobiernos caracterizados por estar, felices, en la derecha del espectro político y muy cerca de Trump? Uno es que tendríamos que ser anuentes, por ejemplo, con los ataques a las lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe, un acto claramente contrario al Derecho Internacional.

Otro es que sumarse a esta cofradía no garantiza que nos bajen los aranceles, tal como le ocurrió a Javier Milei, el más trumpiano de los mandatarios del barrio, a cuyo país de todas maneras le cayó el castigo arancelario. ¿Cuán factible es subirse a ese coche teniendo en cuenta estos factores? A menos que se le consulte al Congreso y, sobre todo, a los diplomáticos más duchos.

Las empresas han ido incorporando una gama de responsabilidades y obligaciones (legales), en especial en materia de protección de datos personales y de ciberseguridad, en la medida que se han ido digitalizando y se han transformado digitalmente. 

Y no se debe a la ausencia regulatoria general, sino a la no comprensión por parte de la alta dirección de las empresas en la necesidad del cumplimiento de las mismas para tener ventajas en la competitividad empresarial, frente a otras entidades que no cumplen dichas normativas. En general, mientras los temas de protección de datos personales han ido acompañado de regulaciones duras y de cumplimiento forzoso pero no interiorizado, los estándares en materia de ciberseguridad se han manejado desde lo técnico / tecnológico antes que desde lo estratégico.  Y tomando en cuenta lo expresado por el WEF, el aumento de conectividad y el rápido ritmo de la innovación tendrán en la ciberseguridad uno de sus mayores retos.

Los temas de regulación en materia de protección de datos personales y ciberseguridad se encuentran en plena investigación a nivel internacional, siendo además que la perspectiva es mayoritariamente desde el área técnica y no desde la toma de decisión de la alta gerencia, aunque las normas han asignado cada vez mayor responsabilidades a la alta dirección y al directorio, llegando aún a las responsabilidades penales en algunos casos. Si bien los esfuerzos por tratar de desarrollar un set de herramientas mínimos para los directorios en materia de ciberresiliencia o manuales para que sepan desde los boards como supervisar los riesgos en materia de ciberseguridad, proceso de transformación digital no ha calado profundamente en la estructura empresarial, relegando estos temas como técnicos y no como estratégicos o de continuidad de negocios. 

Los ejercicios de prevención sirven para evitar una diversidad de ataques, el desplegar políticas de mitigación de riesgo, establecimiento de políticas y cumplimiento de estándares, añaden capas de menor inseguridad, pero como bien dijo alguna vez un buen amigo: no hay seguridad, lo que hay son menores niveles de inseguridad.

Y si esto es un tema tan grave, que ataca desde los móviles que tienes en tu casa (y que no guardan más que tu propia información) hasta los activos críticos nacionales (como los recientes ataques al sistema de oleoducto en USA), ¿por qué no se toma la conciencia debida sobre esta problemática?

Resulta aún difícil de entender que no se reporten las brechas que se producen (mismas que ya de por sí demuestran que existen dichas brechas pero que pudieran ayudar a otros a mejorar sus procesos y evitarlas); la mayoría de las organizaciones no denuncian por temor al riesgo reputacional, por el posible impacto en su valor de empresa, en las sanciones que pudieran recibir por no haber cumplido las normativas vigentes. Pero también esta falta de información hace creer que no está ocurriendo nada, o que la situación no es tan grave como parece. 

Cientos de compañías alrededor del mundo son afectadas diariamente con diversos tipos de incidentes informáticos, desde desactualizaciones de software que abren brechas hasta ataques con fuerza bruta, pasando por ataques desde dentro de las organizaciones hasta ransomware. Miles de dólares en rescate que al final termina en chantaje. Miles de dólares en inversión para evitar dichos ataques; miles en inversión para desplegar políticas de ciberseguridad. Es cierto que esta temática ha generado una gama de nuevos empleos (que aún falta mucho por desarrollar en Perú y requiere de la cooperación de expertos y empresas que vienen de otros países porque no nos damos abasto).

Y las preguntas son ¿Y la alta dirección cómo se está involucrando?, ¿cuántas organizaciones tienen en su directorio una persona que ve estos temas?, que ya es normal por ejemplo en la banca; ¿cuántas organizaciones dependen de sistemas informáticos propios (o de terceros) para la continuidad de su negocio y no invierten en ciberseguridad?; ¿cuántas organizaciones consideran el tema de ciberseguridad como un mero adjunto a la unidad de tecnología?; ¿cuántos prefieren pagar un rescate por no tener adecuadas políticas de ciberseguridad a invertir para evitar estas acciones?; y si miramos al Estado, que tiene como obligatorio primero la ISO 17799 y luego el 27000 sobre ciberseguridad, en efecto ¿Cuántas cumplen realmente estas medidas mínimas para resguardar la información de la ciudadanía que tienen en su custodia o para resguardar la información que sirve para sus funciones?.

La verdad es que los datos que podemos encontrar no nos ayudan. No se puede comprender cómo la alta dirección de las organizaciones no afronta esta problemática, pero peor aún, no lo entenderán hasta que les ocurra.