En cuanto al discurso, no solo no se menciona la palabra mujer ni por error, sino que en un país donde el feminicidio y la violencia sexual son patrones generalizados, el silencio sobre cómo enfrentar estos temas fue abrumador. Las niñas también se invisibilizan cuando no se menciona la gravedad del patrón de violencia sexual sistemática en Condorcanqui, por ejemplo.

En cuanto al gabinete, de un total de 19 ministerios solo se ha nombrado a dos mujeres y de ellas, una fue al Ministerio de la Mujer, cargo que ningún hombre quiere.

A ello se suma que varios de los nuevos ministros no solo no son aliados de las mujeres sino todo lo contrario: desde quien dijo que no hubo esterilizaciones contra la voluntad de las mujeres sino “sin su voluntad” hasta quienes pretenden el retiro del Sistema Interamericano, que ha fallado a favor de Celia Ramos, esterilizada forzosamente y que pronto dará la sentencia del caso Georgina Gamboa, víctima de violación múltiple en Ayacucho.

Adicionalmente, me llama la atención que las mujeres políticas de Fuerza Popular se ubiquen en el Congreso, al que llegan por decisión de la población, pero que en el Gabinete cuya conformación depende de su lideresa, no se les incluya. No es, por tanto, solo un mensaje negativo para las profesionales peruanas sino una señal directa para las mujeres de su partido: acá no tienen lugar.

Por ello, cuando algunos lanzan con oportunismo términos como “sororidad” —es decir, el apoyo entre mujeres para defender sus derechos— usándolos como justificación de su respaldo a la nueva gobernante, cabe recordarles que una mujer puede tener prácticas tan machistas como un hombre y eso no merece sororidad, sino un profundo rechazo.

Este proceso ha deteriorado significativamente la imagen internacional del país. El Democracy Index 2025, elaborado por The Economist Intelligence Unit, mantiene al Perú clasificado como un régimen híbrido, categoría que, en la metodología del índice, se sitúa entre las democracias defectuosas y los regímenes autoritarios.

El deterioro institucional también ha comprometido la observancia de los estándares establecidos por la Carta Democrática Interamericana. Sus disposiciones conciben la democracia no únicamente como la celebración periódica de elecciones libres, sino como un sistema político sustentado en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Al iniciarse un nuevo período gubernamental, cualquiera que sea la orientación política de la administración que asume el poder, resulta indispensable preservar y recuperar los elementos esenciales de una política exterior de Estado. Todo gobierno tiene el derecho de imprimir a la acción internacional los énfasis que correspondan a sus convicciones y prioridades; sin embargo, por su propia naturaleza, la política exterior debe trascender las definiciones partidarias y orientarse por objetivos nacionales permanentes básicos, sustentados en la Constitución, el derecho internacional y los consensos fundamentales de la República.

La misma exigencia se habría planteado cualquiera que hubiera sido el resultado de las elecciones. Los principios esenciales que informan una política exterior de Estado deben respetarse. Se trata de reencauzar la diplomacia nacional dentro del derecho.

Uno de los ámbitos en los que más se ha deteriorado la posición jurídica internacional del Perú y su imagen externa es el relativo al incumplimiento o desconocimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado en beneficio de sus ciudadanos. Entre ellas destaca el deber de cumplir de buena fe los compromisos internacionales y respetar el derecho internacional, cuya observancia constituye también una exigencia derivada de la propia Constitución. El Perú ha incorporado los tratados internacionales no solo como normas externas de obligatorio cumplimiento, sino también como parte integrante del derecho nacional, mediante un sistema de incorporación directa del derecho internacional al ordenamiento jurídico interno.

La Constitución, en la interrelación de su estructura normativa y en la incorporación del derecho internacional al ordenamiento jurídico nacional, reconoce como norma imperativa el cumplimiento de las obligaciones internacionales. El artículo 55 dispone que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, mientras que los artículos 56 y 57 regulan los procedimientos de aprobación, ratificación y denuncia de los tratados, confirmando que el Estado queda jurídicamente vinculado por los compromisos internacionales que asume conforme al derecho.

Esta normatividad se ve reforzada por la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que ordena interpretar las normas relativas a los derechos y libertades de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. De esta manera, la Constitución no solo incorpora esos tratados al ordenamiento interno, sino que también les reconoce una función de parámetro hermenéutico para la interpretación constitucional, lo que supone el deber de respetar y ejecutar de buena fe las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

El fundamento jurídico inmediato de esta obligación se encuentra en el principio pacta sunt servanda, que establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. En concordancia con este principio, el artículo 27 de la Convención de Viena dispone que ningún Estado puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado internacional.

En ese contexto, la negativa a otorgar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez para concretar el asilo diplomático concedido por el gobierno de México constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. México ha calificado el caso como asilo diplomático conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Establecida la calificación, el Estado territorial tiene la obligación de otorgar el salvoconducto. Esta obligación se deriva también del texto constitucional. El artículo 36 dispone que el Perú acepta y reconoce la calificación efectuada por el Estado que concede el asilo. En consecuencia, una vez reconocida esa condición, el Estado peruano debió y debe expedir el correspondiente salvoconducto, en cumplimiento tanto de la Constitución como de sus obligaciones internacionales.

La plena observancia del derecho internacional tiene un correlato político y diplomático igualmente indispensable: la normalización de las relaciones con México. La ruptura de relaciones diplomáticas subordinó el interés nacional a consideraciones coyunturales y personales ajenas a una política exterior de Estado. Cualquier diferencia con el Gobierno de México debió resolverse mediante los mecanismos ordinarios de la diplomacia y la negociación. En cambio, se optó por una política de confrontación que terminó afectando los intereses permanentes del Estado, de los empresarios, de las instituciones, de los turistas y de miles de ciudadanos de ambos países. Resulta imperativo restablecer plenamente las relaciones bilaterales.

Otro ámbito en el que se ha generado una grave tensión con las obligaciones internacionales del Estado es el relativo a la inserción del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Dina Boluarte se formularon declaraciones e iniciativas orientadas a revisar la permanencia del Perú en la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, incluyendo un eventual retiro. Aunque esas iniciativas no llegaron a traducirse en una decisión formal, proyectaron internacionalmente la posibilidad de un eventual apartamiento del Perú del sistema de protección.

Durante el gobierno de José Jerí, asimismo, se promovió una reforma de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que desnaturaliza su finalidad tutelar. Esa iniciativa consolidó la percepción de una política exterior dispuesta a relativizar obligaciones internacionales asumidas precisamente para la protección de las personas.

El equilibrio de fuerzas surgido del resultado electoral debería traducirse en decisiones orientadas a restablecer plenamente la legalidad internacional de la acción del Estado. Resulta indispensable otorgar el salvoconducto en el caso de Betsy Chávez, normalizar las relaciones diplomáticas con México y expresar un compromiso inequívoco de respeto a las normas y decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De ello dependerá, en buena medida, la recuperación de la credibilidad internacional del Perú.

El bienestar de los hogares no depende solo del crecimiento económico ni del supuesto chorreo, que en la última década ha sido más bien un goteo. También depende del acceso efectivo a servicios públicos de calidad —agua, saneamiento, electricidad, salud, educación y seguridad— que el Estado debe garantizar sin importar el lugar donde nació o vive cada peruano. Nacer en una comunidad rural o en una ciudad del interior no debería significar menos oportunidades para una vida mejor.

En las últimas dos décadas hubo avances importantes en cobertura de agua, desagüe, electricidad, educación y aseguramiento en salud. Sin embargo, el malestar ciudadano persiste porque, en muchos casos, esos accesos son incompletos o de mala calidad y todavía no llegan a todos.

Agua: cobertura no significa servicio

El agua es el recurso más esencial. Pero no basta estar conectado a la red pública; la calidad del servicio importa. De poco o nada sirve que la vivienda esté conectada a la red pública de agua si no se dispone de ese servicio todos los días y cuando hay, solo llega algunas horas al día y para colmo el agua no es apta al consumo pues contiene bacterias nocivas para la salud al no haber sido tratada (con cloro).

Según el censo 2025, una de cada cinco viviendas no está conectada a la red pública. La situación es crítica en el área rural, donde el 42,1% carece de conexión, y también en las ciudades fuera de Lima, donde la cifra alcanza el 17,8%. Uno de cada diez no dispone de agua todos los días y uno de cada cinco no la tiene las 24 horas.

Según la ENAHO 2025, seis de cada diez hogares (61,9%) consumen agua no segura porque no recibió un tratamiento adecuado. No beber agua segura es exponerse a enfermedades gastrointestinales que afectan más a los más vulnerables (niños, adultos mayores). En las zonas rurales la situación es dramática: casi toda la población rural (96,5%) bebe agua no segura mientras que ese es el caso de un poco más de la mitad (54,2%) de los urbanos. Comparada la situación de 2025 con la del año 2017, se constata que la situación solo mejoró en la capital (de un tercio de la población sin agua segura se bajó a un cuarto) y empeoró en el resto de ciudades (de 69,9% a 73,9%) y se mantuvo en un nivel muy elevado en el área rural (más del 95%).

La basura también refleja desigualdad

El Censo 2025 muestra que en el 36,3% de los hogares la municipalidad no recoge los residuos sólidos. Las familias terminan quemándolos, enterrándolos o arrojándolos al ambiente, con consecuencias negativas para la salud pública y el medio ambiente que se propagan a la comunidad entera, más allá de los hogares residentes en la zona.

La raíz del problema es institucional. El recojo de basura depende de los recursos de cada municipalidad. Los distritos más pobres disponen de menores ingresos y, por tanto, ofrecen peores servicios. El problema es más agudo en el área rural: en dos tercios de los casos la basura se quema, se entierra o se arroja al campo e incluso sirve para la alimentación animal en un 13,7% de casos. Mantener este servicio exclusivamente bajo responsabilidad de cada municipio reproduce desigualdades territoriales que terminan afectando a toda la población.

Seguridad: combatir un delito que no aparece en las estadísticas

Los estados de emergencia y la participación de las fuerzas armadas a cargo del orden público son estrategias ya probadas con reiterado y previsible fracaso. Se requiere entender las dinámicas territoriales de una delincuencia que responde a los operativos policiales. Concentrar recursos en una zona desprotege otras hacia donde los delincuentes desplazan.

Además, la planificación se basa en denuncias que reflejan solo una pequeña parte del problema. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) estima que alrededor del 85% de los delitos no se denuncian. Es decir, las autoridades diseñan sus estrategias sobre un mapa incompleto del crimen. Actualizar las encuestas de victimización e incorporar herramientas de análisis espacial permitiría orientar mejor los esfuerzos de prevención.

Programas sociales en piloto automático

El mensaje presidencial presentó cifras que reflejan un crecimiento con profundas brechas sociales, pero las propuestas no parecen responder a esa complejidad. En materia de programas sociales predomina la continuidad, cuando la pobreza ha cambiado de rostro: hoy es mayoritariamente urbana y existe además un amplio grupo de hogares vulnerables que puede volver rápidamente a la pobreza frente a cualquier choque económico o sanitario.

Ello exige rediseñar los programas sociales, incorporar nuevos instrumentos de focalización y fortalecer las capacidades del Estado, promover la meritocracia mediante equipos técnicos estables, desarrollar nuevos instrumentos de monitoreo y una gestión basada en evidencia.

El incremento de Pensión 65 era necesario, pero ampliar su cobertura resulta aún más urgente. Limitar el debate a las transferencias monetarias significa postergar la indispensable reforma previsional en un país que envejece y mantiene elevados niveles de informalidad. Un ingreso mínimo para la población adulta mayor más vulnerable merece ser considerado, pero requiere un registro social actualizado y una capacidad efectiva para identificar y atender oportunamente a sus beneficiarios.

Cerrar las brechas en los servicios básicos exige mejorar la ejecución de la inversión pública, destrabar obras paralizadas, fortalecer las contrataciones del Estado y reducir los espacios para la corrupción. Otros desafíos —como reducir la anemia, mejorar los aprendizajes, promover el empleo juvenil o disminuir la informalidad— son objetivos más complejos que requieren un enfoque verdaderamente multisectorial y adaptado a cada etapa de la vida, porque responden a múltiples causas que interactúan entre sí. Por ejemplo, en la infancia, problemas como la anemia, la desnutrición y el bajo rendimiento escolar son el resultado de múltiples factores interrelacionados —agua insegura, alimentación, salud, vivienda y calidad educativa—, por lo que solo pueden enfrentarse mediante una acción coordinada entre distintos sectores del Estado.

Todas estas políticas demandan recursos. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿de dónde saldrán si el Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas entre los países de ingreso similar? La sostenibilidad fiscal no será compatible con el cierre de brechas si no se amplía el espacio fiscal. Las alternativas son conocidas: mayor formalización, reducción de la evasión, eliminación de exoneraciones injustificadas, revisión de la tributación sobre rentas extraordinarias y, cuando corresponda, un uso prudente del endeudamiento.

Cerrar brechas no es un gasto. Es saldar una deuda social y realizar la inversión más rentable para el desarrollo futuro del país.

El pedido de facultades es otra historia. Es un big banglegislativo que pasa por el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, la Ley General de Sociedades, el Código Tributario, la Ley de Impuestos a la Renta, todas las leyes laborales, todas las leyes de recursos naturales, además de todas las leyes de organización del Ejecutivo. Todo esto con una orientación desreguladora en todos los ámbitos. Desde lo ambiental hasta lo aduanero, pasando por la tributación, la minería, la pesca, los hidrocarburos y toda actividad económica. El centro está en la largamente estudiada reforma laboral. Bajar los costos de la formalización laboral es audaz, deseable y, políticamente, siendo realistas, inviable. Desaparecer la estabilidad laboral no lo logró ni su padre, con niveles de popularidad altísimos y gobernando por decretos ley. La propuesta elaborada por Elmer Cuba puede ser técnicamente brillante, pero absolutamente impopular. Para hacerla popular tendrían que hacer una profunda docencia económica y política. Y si algo hemos aprendido del fujimorismo es que lo suyo es imponer, no convencer. Vender al país una idea cuesta mucho más que comprar votos en el Congreso.

Las elecciones para la Mesa Directiva del Senado son un pésimo comienzo para el gobierno de Keiko Fujimori. Si algo sepultó al gobierno de su padre fue ver en video cómo Montesinos le pagaba a Kouri unos miserables 15,000 dólares por cambiar de bancada. Alberto Fujimori cayó por un topo y, vaya paradoja, Keiko Fujimori llega con otro topo. ¿Qué pasaría si todo el país ve las pruebas de la compra del voto viciado de la oposición que llevó a Torres (30 a 29) a lograr la ansiada presidencia? Pruebas de lo tramposos que son: impedir la prensa en el Senado y en Diputados para que no se vea el sentido del voto en los casos de los congresistas que acordaron mostrarlo; y la diputada Chacón, mintiendo y amedrentando más de 60 veces a los diputados, amenazando con inexistentes acusaciones constitucionales. ¿Dónde está el arrepentimiento fujimorista por los errores políticos? Si comienzan en el mismo lugar donde el padre los dejó, todo mal.

Pero tal vez, donde Fujimori ha fallado con mayor profundidad es en atender las necesidades de un país que no votó por ella, que desconfía de ella y que, incluso, le teme. En todas las oportunidades de acercarse, el silencio ha sido la norma. Ni una palabra sobre las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Una herida profunda y no olvidada. El único que tuvo un gesto simbólico, pidiendo por la defensa de la vida, fue monseñor Carlos Castillo. La lectura de los nombres de las víctimas durante la plegaria eucarística en la misa de Fiestas Patrias fue el único momento de empatía con el sufrimiento ajeno. De su homilía me quedo con una frase que no nos va a abandonar los próximos cinco años: la catástrofe no consiste en mantener un país dividido, sino maltratado.

En este contexto, ¿debe la Cámara de Diputados aprobar la delegación de facultades? Si la aprueban con límites, da igual. Cualquier cosa que limite al Ejecutivo será deshecha y rehecha en el Senado. La aduana de diputados es de un solo sentido. Los proyectos no regresan. La oposición solo tiene control en Diputados con 74 votos. Si sale de ahí, perdieron. Y después de las elecciones de la Mesa Directiva del Senado, queda claro que dos veces no los van a agarrar de ingenuos. Tal como se ha diseñado la actual Constitución, es casi imposible que Diputados faculte nada. Si lo hace, su poder se reduce a cero. Esto, por supuesto, prueba el pésimo diseño que los fujimoristas hicieron de la bicameralidad.

Han salido unos doctores Truquini (algunos no son ni abogados) a decir que Fujimori puede disolver la Cámara de Diputados con dos denegatorias de confianza. Eso es, en la práctica, imposible. El fujimorismo, para impedir las cuestiones de confianza de Castillo, modificó la Constitución por ley (como lo leen), estableciendo en el Reglamento del Congreso (y ahora en el de Diputados) que las cuestiones de confianza solo proceden cuando las acepta la Mesa Directiva, actualmente en manos de la oposición. Tremenda aberración fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y este bendijo la barrabasada. Así que nadie sabe para quién trabaja. Nunca le van a aceptar una cuestión de confianza, así mande cien seguidas. Y el Senado, aquí, no juega. Algo adicional: ¿en qué cabeza cabe que Fujimori va a convocar a elecciones para una Cámara de Diputados donde tendría menos escaños?

La semana termina con un acto de justicia, largamente esperado. Ollanta Humala y sus coprocesados (básicamente, su familia política) han sido absueltos. Desde 2014, cuando todavía estaba en la presidencia, he sostenido siempre la misma tesis que el Tribunal Constitucional finalmente acogió hace meses para Keiko Fujimori y que ahora extiende a Humala. Una conducta puede ser ilegal e inmoral, pero eso no la convierte en delito. Recibir donaciones de campaña no es lavado de activos, menos aún en el caso de Humala, que alegó siempre jamás haber recibido dinero manchado por el delito.

La justicia penal debe sacar grandes lecciones de estos casos, pero me quedo con las que debe sacar la prensa. Les puedo asegurar que es profundamente impopular decir la verdad y explicarla con argumentos una y otra vez. Pero si nuestro deber es orientar a la audiencia de acuerdo con los principios más elementales de la justicia, hay que hacerlo sin miedo y sin dudas. Sumarse a un linchamiento mediático es más rendidor en audiencia inmediata, pero a la larga destruye la credibilidad del medio y la del periodista. Grandes injusticias se han cometido en nombre de la lucha anticorrupción y los medios son tan culpables como los jueces y fiscales que lo permitieron.

Sin una burocracia fortalecida, los ministerios se copan con operadores que sirven intereses partidarios antes que al ciudadano, y el Ministerio de Salud es el ejemplo más documentado de ese fracaso: llegó a la pandemia en condiciones de abandono estructural y el Perú registró 6,230 muertes por cada millón de habitantes, la tasa más alta del mundo en ese período.

El gabinete de Keiko Fujimori combina perfiles técnicos con figuras de trayectoria política. Elmer Cuba en el MEF genera consenso sobre estabilidad macroeconómica. Ernesto Álvarez Miranda, que ya fue premier de Jerí y los primeros días de Balcázar, regresa como ministro de Justicia, lo que confirma el continuismo. Lo que ninguno de esos perfiles garantiza es la calidad de la gestión pública en los niveles donde esa gestión ocurre de verdad, porque esa calidad depende de quién ocupa los cientos de cargos medios que el nuevo gobierno nombrará en las próximas semanas, y puede ser peor.

El Perú tiene un sistema de servicio civil, SERVIR, que desde 2013 intenta construir una carrera pública basada en el mérito. Más de una década después, apenas 1,800 empleados públicos, el 0.1% del total, están adscritos al nuevo régimen. Al respecto, vale recordar que en mayo de 2024, la Comisión de Trabajo del Congreso, con el respaldo del bloque de mayoría fujimorista, aprobó un dictamen para derogar esa ley. El economista Jorge Toyama lo calificó de un retroceso de al menos diez años en el intento de profesionalizar la función pública. El propio Julio Velarde, presidente del BCR, advirtió que derogarla no era la solución.

Los diputados tienen ahora la responsabilidad constitucional de fiscalizar que los cargos medios de cada ministerio se cubran con criterios de mérito y no de cuota partidaria. Y sobre ello vale anotar que dicha fiscalización al Ejecutivo no debe significar entorpecer la gestión sino exigir rendición de cuentas. El Perú ya vivió lo que ocurre cuando esa fiscalización se convierte en arbitrariedad. Los peruanos recuerdan con desdicha cómo el fujimorismo usó el Congreso para sacar a Jaime Saavedra del Ministerio de Educación, uno de los gestores más sólidos de la última década, interpelándolo por razones ideológicas cuando los indicadores educativos mejoraban. Fiscalizar con rigor sin caer en esa arbitrariedad es exactamente la diferencia que la oposición democrática debe demostrar, con algo que esta casa editorial defiende: la visión de Estado.

Lo dice Julio Arbizu González, quien es uno de los abogados más conocidos del país y, sin embargo, además de sus célebres pesquisas, recuerda más en este libro los golpes que ha recibido en mérito de esa pasión obsoleta, el racismo.

Además de obsoleta, la veleidad racista en el Perú es una pasión ilusoria y, en este mestizo rincón del mundo, no es practicada por blancos puros que aquí no existen, sino por quienes aspiran a serlo: cholos, zambos, blancoides e indioides, todos los cuales se “blanquean” choleando, provincianeando y negreando a los demás.

El racismo, en un país colonizado, es ridículo, pero a lo largo de todo el siglo XX ha mostrado su hedor, al punto de que, en los años 30, surgió un partido político subsidiario de la Alemania nazi, la Unión Revolucionaria, que proclamaba la supuesta excelsitud de la raza blanca. El líder, sin embargo, era un peruano zambo llamado Luis M. Sánchez Cerro, quien llegó al poder presidencial aupado sobre votantes afrodescendientes y la oligarquía del país.

Arbizu dice, y no le falta razón, que “en el Perú, lo blanco -más que los blancos concretos- se ha convertido en una medida abstracta, una vara invisible contra la cual se evalúan todos los cuerpos, todas las voces, todas las biografías. No importa que la mayoría del país tenga otros rostros, otros colores, otras genealogías: la norma no surge de la mayoría, sino de quien posee el poder de nombrarla”.

El autor-personaje recuerda su infancia en la que, por fortuna, su propia fuerza física le abrió camino frente a la torpeza de los racistas. Se refiere a uno de sus compañeros de clase que era el más popular porque era muy blanco y sus padres le habían puesto un nombre en idioma extranjero.

El contacto de los nudillos de su puño derecho sobre el pómulo de Gianfranco activó un movimiento inercial con el que su mano izquierda apretada fue a estrellarse contra la boca de su rival que lo estaba tratando de humillar.

Y, sin embargo, después de ganar la pelea, Julio lloró de impotencia. Sentía la injusticia de una realidad mayor que solo un puño no arreglaría, pero debía ser cambiada.

Otras anécdotas similares relatan los azares de una vida en la que su inteligencia y su fuerza moral se pusieron siempre por encima de ese sentimiento vergonzoso y caduco que aún existe en el Perú.

Debe recordarse además que su denuncia de los robos criminales de la dictadura en nuestro país le dio a su imagen el conocimiento y el respaldo que merece. Sin embargo, los partidarios del robo y el crimen creyeron fácil identificarlo como hombre a quien no se debe respetar, y todo el tiempo lo hicieron refiriéndose a particularidades de su aspecto físico.

Como procurador público, fue el terror de los corruptos y aquellos a su vez no encontraron mejor respuesta que calificativos como “terrorista” y “negro” o “cholo de mierda”, que suelen usar los casi iletrados corruptos contra los luchadores sociales.

Este libro no es un conjunto de historias personales ni tampoco un estudio sobre la discriminación racial en el Perú, pero algo de ambos tiene, pues, sobre todo, es un honesto, emotivo y a veces descarnado relato de experiencias que superan el ámbito personal y nos revelan -a veces incomodándonos- un elemento del tejido social peruano que, construido desde la Colonia, lamentablemente aún persiste entre nosotros.

Como Julio afirma, el criterio de que lo blanco es superior resulta más infame y peligroso aun cuando los que mandan “…miran con desconfianza los límites que imponen la igualdad de derechos y los pilares de una democracia liberal”.

Desde la época de la fundación de la capital del Perú, pocos escritores han trazado tan exactos retratos de Lima. Este que hace Arbizu es de los más completos y se añade al que nace del racismo peruano. Tal vez porque es un gran escritor y porque, después de dar un puñetazo, ha llorado.

La combinación de ambos, sobre un país cuya infraestructura de prevención sigue siendo insuficiente, configura la amenaza climática más seria que el Perú ha enfrentado en años recientes.

Los efectos en el campo ya son verificables. En la costa norte, donde se concentra el 50% de la producción de palta, se reporta caída de fruta inmadura. De la misma manera, la campaña de mango registró una caída del 23% en volúmenes exportados por problemas fitosanitarios vinculados a las lluvias intensas de comienzos de año.

Al respecto, el Banco Central de Reserva advierte que las anomalías térmicas reducirán la floración de cultivos a mediados de año, comprometiendo las cosechas que deberían embarcarse entre octubre y diciembre hacia sus destinos comerciales en Estados Unidos, China y Europa.

Hay además una fractura que las estadísticas de exportación no muestran. Las grandes agroexportadoras tienen recursos para adaptarse, modificar calendarios de siembra o contratar asesoría técnica. Los productores de subsistencia, el 77% de los agricultores familiares del país, carecen de esa capacidad. Para ellos, cada cosecha perdida es, ante todo, una temporada entera sin ingresos.

El nuevo gobierno tiene una ventana estrecha para actuar. La campaña agrícola entre agosto y diciembre es la más crítica debido a que las anomalías climáticas impactarán las fases de siembra y floración, y sus consecuencias se extenderán hasta 2027 con presiones sobre el precio de los alimentos.

Keiko Fujimori prometió en su discurso inaugural un plan de contingencia frente a El Niño que rompa con la lógica de la reacción tardía. La urgencia debe demostrarse, y ese momento no debería admitir mayores dilataciones.