El fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre Rafael López Aliaga es un ejemplo de ese comportamiento centralista, que se condice con las resistencias regionales. Los Jurados Electorales Especiales de diversas provincias, con menos recursos y menos exposición pública, aplicaron el espíritu de la Constitución con más valentía que el máximo organismo electoral del país.

Esta casa editorial ha destacado, por ejemplo, la valiente decisión del JEE de Morropón que excluyó a un alcalde por la misma maniobra que López Aliaga ejecuta en Lima, con el mismo argumento constitucional y el mismo razonamiento jurídico. Sin embargo, el JNE, presidido por Roberto Burneo, decidió ir en sentido contrario.

Pero, destaquemos las resistencias democráticas. El magistrado Gonzalo González Barrón emitió un voto en minoría advirtiendo que hay una incompatibilidad legal y constitucional evidente, que se trata de una reelección encubierta y que la nulidad de la candidatura podría declararse de oficio ante la flagrante violación de la Constitución. Es decir, el propio JNE tuvo adentro el argumento correcto y la mayoría eligió, con un criterio lejano al jurídico, no aplicarlo.

Esa decisión tiene consecuencias que van más allá del caso López Aliaga. Al validar la maniobra más visible y más documentada del proceso electoral, el JNE estableció jurisprudencia permisiva para los otros 62 casos de reelección encubierta identificados en todo el país.

Lo que acaba de permitir Burneo y los firmantes de esta resolución es que cualquier candidato encubierto del país puede ahora invocar el precedente del JNE para sostener sus candidaturas. En pocas palabras, el máximo organismo electoral le abrió la puerta a la arbitrariedad en todo el territorio nacional.

Finalmente, la permisividad del JNE no cancela el derecho ciudadano a elegir. Lo que sí cancela es la posibilidad de que ese derecho se ejerza con plena información sobre quién está realmente detrás de cada lista. Y esa evidencia, con la acción contraria a las reglas democráticas del JNE en favor de López Aliaga, ya la tiene el elector.

Cuando la prensa interpela a la presidenta o a cualquiera de sus ministros y legisladores de su bancada, la respuesta es que “es muy pronto” y que “esperan” que el Congreso no dilate el otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad.

Pero omiten un gran detalle: los instrumentos para actuar existen. Los decretos de urgencia que habrían permitido actuar con celeridad sin pasar por el Parlamento siguen sin emitirse. Lo que falta es la decisión política de usarlos.

El caso del comandante general Óscar Arriola ilustra esa carencia gubernamental. El ministro del Interior, César Astudillo, dijo públicamente que no pueden removerlo por la Ley 31570. Lo usó de argumento de defensa, omitiendo que esa norma fue aprobada con respaldo fujimorista en el Congreso anterior.

Los decretos prometidos en el discurso inaugural no requieren aprobación del Congreso. Son potestad exclusiva del Ejecutivo. Pedir facultades al Parlamento para lo que ya puede hacer con instrumentos propios no es una estrategia de seguridad. Es una forma de trasladar la responsabilidad cuando los resultados no llegan.

151 homicidios en el primer mes de gobierno, 75,5 % con arma de fuego, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. El general Arriola sigue en su cargo. Los decretos de urgencia siguen sin emitirse. Y el país sigue esperando que el Gobierno use las herramientas que ya tiene antes de pedir las que todavía no le han dado.

Mientras tanto, las leyes procrimen que el Congreso saliente aprobó siguen vigentes y nadie en el Gobierno las menciona. Menos mal existen iniciativas parlamentarias que ya están proponiendo derogaciones que medirán la responsabilidad del Gobierno desde su representación en el Senado.