Cuando la prensa interpela a la presidenta o a cualquiera de sus ministros y legisladores de su bancada, la respuesta es que “es muy pronto” y que “esperan” que el Congreso no dilate el otorgamiento de facultades legislativas en materia de seguridad.

Pero omiten un gran detalle: los instrumentos para actuar existen. Los decretos de urgencia que habrían permitido actuar con celeridad sin pasar por el Parlamento siguen sin emitirse. Lo que falta es la decisión política de usarlos.

El caso del comandante general Óscar Arriola ilustra esa carencia gubernamental. El ministro del Interior, César Astudillo, dijo públicamente que no pueden removerlo por la Ley 31570. Lo usó de argumento de defensa, omitiendo que esa norma fue aprobada con respaldo fujimorista en el Congreso anterior.

Los decretos prometidos en el discurso inaugural no requieren aprobación del Congreso. Son potestad exclusiva del Ejecutivo. Pedir facultades al Parlamento para lo que ya puede hacer con instrumentos propios no es una estrategia de seguridad. Es una forma de trasladar la responsabilidad cuando los resultados no llegan.

151 homicidios en el primer mes de gobierno, 75,5 % con arma de fuego, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. El general Arriola sigue en su cargo. Los decretos de urgencia siguen sin emitirse. Y el país sigue esperando que el Gobierno use las herramientas que ya tiene antes de pedir las que todavía no le han dado.

Mientras tanto, las leyes procrimen que el Congreso saliente aprobó siguen vigentes y nadie en el Gobierno las menciona. Menos mal existen iniciativas parlamentarias que ya están proponiendo derogaciones que medirán la responsabilidad del Gobierno desde su representación en el Senado.

Fuentes de este diario señalaron que hasta cuatro diputados de Juntos por el Perú tienen decidido su pase a Fuerza Popular y otros dos negocian su incorporación a Renovación Popular. El contexto interno que lo explica tiene nombre: el vocero Ernesto Zunini, a quien el diputado Marlon Aguirre acusó de mantener actitudes matonescas dentro de la bancada y de autodesignarse en cargos sin someterlo a votación de sus colegas.

A pesar de que Zunini ha desmentido las acusaciones, el pronunciamiento del Comité Regional de Junín pidiendo acciones disciplinarias contra Aguirre por sus críticas públicas revela que el conflicto interno es real y que el oficialismo está aprovechando esas diferencias.

Las consecuencias aritméticas son concretas. Juntos por el Perú tiene 32 diputados. El Consenso por la Democracia, bloque de oposición que agrupa al Buen Gobierno, Ahora Nación, JP y Obras, suma 74 de 130 escaños. Si seis legisladores abandonan el bloque, la oposición baja a 68 y el fujimorismo sube de 56 a 62, acercándose a los 66 que necesitan para mayoría absoluta.

Sin embargo, hay algo más específico: JP preside actualmente la Comisión de Constitución de Diputados, por donde debe pasar el pedido de facultades delegadas del gobierno. Debilitar a JP desde adentro es debilitar el principal freno institucional que el Ejecutivo tiene en este momento.

Los ciudadanos que votaron por Juntos por el Perú lo hicieron, entre tanto, con una expectativa de que sean una opción contraria a lo que representa para muchos peruanos el retorno del fujimorismo al Ejecutivo. Al perder las elecciones presidenciales por los votos del extranjero, lo mínimo es que actuasen como elementos favorables al equilibrio de poderes frente a Fuerza Popular.

Lo concreto es que un diputado que migra al partido del gobierno, cualquiera que sea su opción política, traiciona ese mandato como quien oculta su voto en una sesión plenaria. En este caso en específico, las bancadas del Consenso por la Democracia deberían tener la responsabilidad de resolver sus conflictos internos con la misma democracia que exigen al resto. Y los diputados que evalúan cruzar de vereda deben saber que sus votantes los están mirando.