El fútbol es una pasión mundial y la FIFA se aprovecha de ella. Incluida la final de hoy, se batieron los récords de asistencia a los estadios y de precio de las entradas. Un Gianni Infantino, exultante, se dibuja como el rey de las finanzas que cualquier gobierno contrataría.

Sin embargo, todo tiene su contraparte. La de Infantino es la vieja tensión entre eficiencia y equidad que el economista Arthur Okun resumió con la imagen del balde agujereado: un mercado que gana en recaudación lo que pierde en justicia por el camino. Cuanto más eficientes son la asistencia a los estadios y la recaudación, menos equitativo es el acceso a ellos. Ahí está el hincha que cada semana estira el sueldo del mes para alentar a su equipo y que, en este Mundial, aunque viva en cualquiera de las sedes, no pudo pagar una entrada.

Infantino justificó los precios con la oferta y la demanda. La FIFA compite, según él, en el entretenimiento más desarrollado del mundo y, por eso, "tiene que aplicar las tarifas de mercado".

La frase suena a una ley económica inapelable. Pero el mercado que invoca lo construyó la propia FIFA. Implementó por primera vez en la historia un sistema de precios dinámicos, similar al de las aerolíneas, y abrió su propia plataforma de reventa con una comisión del 15 por ciento para el comprador y el vendedor. Así, le dio nombre oficial al mercado negro, le compite al verdadero y, cuanto más suben los precios, más gana. Es un círculo vicioso que ella misma alimenta.

Aplica la oferta y la demanda cuando le conviene, pero ignora que ese mismo mercado, cuando se vuelve abusivo, debería tener un límite regulatorio. A diferencia de un concierto o incluso de un partido dominguero, un Mundial es un bien escaso. Se juega cada cuatro años, en un tiempo reducido, y se compite por una identidad colectiva, no por entretenimiento, como dice Infantino. Frente a esa escasez, varios países y estados sancionan el alza abusiva de precios durante emergencias declaradas, desde Estados Unidos hasta Australia y la Unión Europea, una lógica que, aunque pensada para el agua embotellada o el alojamiento, bien podría inspirar un límite similar para un bien tan escaso y disputado como una entrada al Mundial.

Michael Sandel, profesor de filosofía política en Harvard, advierte que ciertos bienes se corrompen cuando se les pone precio a aquello que no nació para venderse. El precio deja de medir su valor y pasa a determinar quién entra y quién queda afuera. El fútbol es uno de esos bienes. El comprador de una entrada no tiene mucho poder de elección entre un precio u otro; paga sin alternativa, lo que se parece más a un abuso de posición dominante que al libre mercado.

Ese mismo principio de equidad debería justificar un tope de precio para las entradas. La objeción clásica es que un techo de precios no borra la escasez, sino que solo cambia quién la administra. Pero esa objeción, lejos de tumbar la idea, señala el camino del Comité Olímpico Internacional, que publica sus precios por categoría sin dejarlos flotar con la demanda, bajo el argumento de que un evento pierde legitimidad si se convierte en un club exclusivo.

La FIFA descarta esa posición, y los números parecen darle la razón. Los 950 millones de dólares recaudados por entradas en Qatar saltan a 3.000 millones en este Mundial, incluido un "paquete de lujo" de hasta 73.200 dólares que hoy garantiza asiento, comida y bebida ilimitados, como si la fortuna necesitara además hot dogs gratis.

Infantino excusa el robo por el precio de las entradas como si el fin justificara los medios. La recaudación, dice, financia el desarrollo del fútbol en las federaciones más pobres. Como entidad privada, la FIFA es libre de gastar su dinero como quiera. El problema no es el destino, sino el origen. Consigue ese dinero como un monopolio cuya única competencia es el mercado negro que ella misma creó.

El extinto filósofo de Harvard Robert Nozick sostenía que un fin bueno no vuelve justo un medio injusto: tomar dinero sin consentimiento sigue siendo apropiación, aunque el propósito sea noble. Frente a ese monopolio, el hincha paga entre dos, tres, siete o diez mil dólares, sin otra alternativa.

La FIFA puede alimentar su generosidad con sus patrocinadores, con sus crecientes contratos por derechos televisivos o, de ahora en más, con ADI Predictstreet, la plataforma de pronósticos con la que acaba de firmar su primera alianza de este tipo y que vuelve aún más sucio el negocio del fútbol (tema para otra columna). Pero no debe hacerlo a costa del bolsillo de los hinchas.

El economista y sociólogo noruego-estadounidense Thorstein Veblen definió en 1899 el "bien de Veblen", un producto que, cuanto más caro, más se desea, porque el precio mismo se convierte en un símbolo de estatus, como estamos viendo en este Mundial. Eso es hoy la pasión por el fútbol en manos de la FIFA: un bien de Veblen del que nadie puede escapar.

Es verdad que la especulación de la gente común también maltrata al fútbol, aquellos que compran entradas para revender hasta el último momento. Pero ese precio no lo impone el mercado, sino la FIFA. Antes de lanzar esta columna, a pocas horas de la final, el precio promedio de una entrada era de 18.822 dólares, el más alto jamás pagado por un evento deportivo, con un rango de 10.000 a 60.000 dólares.

La FIFA terminó por vender el corazón del fútbol al cálculo frío del mercado.

¿Por qué los Ramones fueron tan venerados en Argentina? ¿Por qué existen personajes tan enigmáticos para nosotros como el Indio Solari? ¿Por qué son tan buenos en el fútbol y, en general, en los deportes en equipo? ¿Por qué son tan fanáticos? ¿Por qué lograron exportar su cultura al resto del mundo, regalándonos, de paso, personajes entrañables y panamericanos? ¿Por qué son tan buenos en el rock? ¿Por qué parecen alzaditos? ¿Por qué cada vez que viajaba por estudios o por chamba, las delegaciones argentinas eran las más unidas, cooperativas y argolleras? ¿Por qué Buenos Aires tiene tantos psicoanalistas? Las preguntas sobre lo argento abundan.

Para calibrar la mística de estos once tipos que se matan en la cancha como espartanos, o el orgullo casi disruptor de cualquier argentino en el extranjero, hay que meter las narices en el origen de todo esto, en cómo empezó. Más o menos, guardando las enormes distancias con un ensayo académico —esto es solo una columna de opinión—, la cosa es así:

A diferencia de naciones vecinas con pasados prehispánicos gloriosos y dominantes o aristocracias criollas que perpetuaron castas coloniales, la Argentina no tenía mucho ni de lo uno ni de lo otro. Y lo poco que tenía, tanto lo virreinal como las raíces originarias (tema de intenso debate), se trató de diluir con la masiva fuerza de las migraciones.

En suma, como país, no tenía mucho pasado, mucha mochila irresuelta. La entonces despoblada Argentina construyó la mayor parte de su presente desde un piso parejo, o desde lo más parecido a ello entre los países de la región. Gracias a las políticas migratorias del proyecto de país y a las guerras en Europa, el grueso de su población bajó literalmente de los barcos entre los siglos XIX y XX. Italianos, españoles, alemanes, también armenios, judíos, eslavos, etc., llegaron a la Argentina sin nada, a hacer la América, y compartieron un espacio crucial en esta historia: el conventillo. Casonas coloniales abandonadas donde docenas de familias inmigrantes alquilaban una habitación y compartían un único patio. En ese hacinamiento, en esa incertidumbre, en esa necesidad, el desarraigo se vio obligado a mezclarse bajo casi idénticas condiciones.

La mayor parte de la intelectualidad argentina le atribuye al educador y presidente por seis años (1868-1874), Domingo Faustino Sarmiento, y a toda la Generación del 80 (sus sucesores), el haber sentado las bases para convertir ese laboratorio humano en una patria a través de la educación pública, laica y obligatoria. La escuela que se promovió fue la gran fábrica de ciudadanos argentinos. Décadas más tarde, sentando al hijo del sastre genovés junto al del comerciante gallego bajo un mismo guardapolvo blanco —diseñado precisamente para borrar las diferencias de ingresos—, el Estado cultivó la argentinidad por encima de la nostalgia de los padres que, aunque se mantuvo, terminó rindiéndose ante lo platense. El sueño sarmientino no fue comunismo ni colectivismo diluyente; fue un proyecto liberal de asimilación cultural que buscaba crear ciudadanos productivos e iguales ante la ley. A diferencia de Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, otros países con fuerte migración donde la gente formaba guetos aislados, en Argentina el conventillo y el aula los fusionaron en lo gaucho, en el lunfardo, en el tango, en el mate, en el asado y en el fútbol. En la pampa, plana e interminable. La educación pública los cohesionó.

Esta descomunal fuerza centrípeta es tan potente que se mantiene intacta hasta hoy, a pesar de las crisis. En las últimas décadas, el flujo migratorio cambió de rumbo y Argentina recibió oleadas de ciudadanos de países vecinos. Sin embargo, el sistema no se atomizó: los hijos de esta migración limítrofe reciente entran a la misma escuela pública y asimilan el mismo relato con idéntica intensidad orillera.

Esa transversalidad se traduce de manera brutal en su producción cultural, que desborda los nichos internos a través de un ecosistema interconectado. Son los reyes del rock en español porque exportan una actitud existencial ante las crisis, y sus fenómenos musicales —desde el tango clásico hasta la cumbia villera o el trap actual— no quedan segregados; permean las capas sociales y unifican a la sociedad en una misma identidad estética. Tienen códigos comunes que todos entienden, consumen y defienden con el mismo orgullo con el que se alienta a la selección. El asado y el mate operan ahí como rituales democráticos que se consumen igual en una villa que en Recoleta. A esto se sumó, en su momento, el peronismo que, al margen de ideologías, inoculó un profundo orgullo plebeyo y consolidó una inmensa clase media con gran sentido de pertenencia y comunidad. De ahí, se dice, nace esa seguridad ciudadana tan incomprendida afuera. Cuando un argentino protesta en las calles, no lo hace desde la sumisión, sino desde la horizontalidad. Un mozo, un gerente, un colectivero, un músico se hablan de igual a igual porque su mitología fundacional le enseñó, de arranque, que nadie es más que nadie y que todos son argentinos. La cohesión funcionó porque, como sucedió en los conventillos y en la escuela, los hechos respaldaron el discurso. Son una nación en toda regla. Por eso Messi nunca osó hablar con acento ibérico, a pesar de sus años en España; por eso Milei tuvo que tragar saliva frente al fervor transversal por las Malvinas en la cancha, por citar solo los ejemplos más coyunturales.

Por supuesto, este modelo arrastra sus propios fantasmas y oscuridades. Desde el exterior, naciones mucho más atormentadas los acusan siempre de "creerse blancos". Es cierto, e innegable, que persiste un sesgo eurocentrista, parte del relato unificador, que aún intenta invisibilizar las raíces mestizas de sangre africana e indígena, así como la realidad de las provincias del interior, donde la Argentina profunda late a un ritmo distinto al de Buenos Aires. No obstante, la diferencia con países vecinos como el Perú es abismal. Aquí, entre nosotros, los relatos históricos se enfrentan y las heridas del pasado —como la colonia, la guerra con Chile o las muertes que produjo el terrorismo— tienen una naturaleza groseramente dividida por la etnia, la clase y la distancia geográfica entre la sierra y la capital. En Argentina, en cambio, hasta los traumas son, digamos, mucho más unificados. La inmigración, las dictaduras, los desaparecidos de los setenta y la tragedia de la Guerra de Malvinas no quedaron segregados como dolores de un solo sector. El luto por los conscriptos que murieron en las islas es un dogma transversal; atraviesa clases sociales, ideologías y provincias. Sus tragedias, al igual que sus éxitos, se procesan como un solo cuerpo social. Lo que logra su nacionalismo, pienso, es disociar la política de la patria. Cuando el Estado les falla, les queda esa memoria compartida y esa identidad como salvavidas colectivo.

Lo que vemos en el fútbol es el resultado de este proceso, el premio. El éxito en equipo exige un código común y la capacidad de subordinar el ego al grupo. En sociedades separadas por castas, los triunfos suelen ser individuales. En Argentina, el triunfo es estrictamente tribal. Cuando la pelota rueda, esos jugadores no solo representan a una federación; son el espejo de una nación que se resolvió hace más de un siglo en los patios de las escuelas públicas. Podrá crujir la economía, pero la fe en esa patria civil permanece intacta. Gane o pierda, Argentina ya triunfó en el partido más difícil: el de saber, con absoluta certeza, quiénes son.

Las cifras de nuestra farsa institucional son implacables. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la informalidad laboral se mantiene estancada entre el 71% y el 73% de la Población Económicamente Activa (PEA). Más de 13 millones de peruanos operan hoy expulsados de la legalidad. Al mirar el vecindario, la anomalía es obscena: mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa el promedio regional en 45%, y economías como Chile o Uruguay operan cerca del 30%, el Perú juega en la liga de los coleros de la precariedad junto a Bolivia.

Esta intemperie laboral se replica en el techo que nos cobija. La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que entre el 70% y el 80% de las viviendas a nivel nacional son informales, levantadas a base de autoconstrucción, sin ingenieros ni licencias, sin planificación y, en muchas partes, sin servicios básicos como agua y energía. En la Lima más urbana, crecemos de forma caníbal hacia el cielo, mientras abajo Sedapal parchea de emergencia redes viales e hidráulicas obsoletas, diseñadas hace medio siglo. El relato oficial y empresarial romantizó el "recurseo" y el "peruanismo emprendedor", transformando una condena por falta de Estado en una supuesta virtud poética. El resultado es una sociedad profundamente individualista donde el concepto de bien común fue exterminado.

Sobre este sálvese quien pueda opera una perversa paradoja tributaria que alimenta el resentimiento. El discurso político criminaliza al informal llamándolo "evasor", ignorando que al comprar combustible, ropa o un saco de cemento, ese ciudadano paga el 18% del IGV, financiando de manera invisible las planillas del ineficiente y corrupto aparato estatal. Por su parte, el ciudadano formal es un rehén fiscal al que la Sunat caza en el zoológico, obligado a pagar impuestos por servicios públicos deplorables, para luego verse forzado a duplicar su gasto contratando seguridad, clínicas y colegios privados. En esta ficción, muchos pagan, pero nadie recibe.

La informalidad en el Perú es un equilibrio perverso. Es un pésimo negocio ser formal ante una burocracia punitiva, pero, además, es la válvula de escape que la clase política bendice en secreto, porque regala una paz social barata que maquilla su incompetencia para generar empleo, seguridad, salud y vivienda. Ese vacío estatal ya fue colonizado por corporaciones de la ilegalidad —mafias del transporte, del suelo y de la minería— que hoy financian campañas, dictan leyes y hasta se extorsionan entre ellas en el día a día.

Desconectados de la idea de nación, sin reconocer al prójimo como un igual con deberes, sino como un competidor en la arena, elegimos gobernantes que son el espejo fiel de nuestra fragmentación y cinismo. Para un presidente, presidir esta ficción es gestionar a una platea fantasma desde una escenografía lejana. Administrar un país de papel mientras la realidad se desborda por los márgenes no es gobernar; es, simplemente, prolongar la puesta en escena de una República que no existe. Que el dólar no suba y que nadie nos joda es nuestra máxima aspiración.

Lo que hizo el gobierno de Dina Boluarte con el Decreto Legislativo 1589, firmado el 4 de diciembre de 2023 con Alberto Otárola como premier, fue exactamente eso. El decreto llegó a pocos meses de las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando la Policía mató a decenas de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta en el sur del país, la mayoría en Puno.

En lugar de investigar esas muertes, el gobierno criminalizó las protestas que las denunciaban, usando facultades delegadas por el Congreso de mayoría conservadora, con la anuencia fujimorista. Los artículos 283-A y 315-B que incorporó en ese momento al Código Penal sancionaban con hasta seis años de cárcel a quien proveyera cualquier bien o recurso a personas que protestaran. En ese sentido, llevar agua a un manifestante podía constituir delito.

Ante ese atropello, el Colegio de Abogados de Puno demandó al Poder Ejecutivo ante el TC y esta semana les dieron la razón a través de la Sentencia 167/2026, adoptada por unanimidad. Los artículos en mención fueron declarados inconstitucionales. La resolución afirma que el derecho a la protesta asiste a toda persona sin distinción de su origen, edad u opinión, y frente al cual el Estado también tiene deberes como el respeto, la facilitación para la protesta y la protección de la vida.

Por ello, vale afirmar que la victoria es de Puno, la región que más muertos tuvo durante la actuación estatal durante los primeros días del gobierno de Boluarte.

La sentencia llega en un momento que no es neutral. El nuevo gobierno propone militarizar la seguridad ciudadana y la ley del fuero militar promulgada por Rospigliosi blindaría de la justicia ordinaria a los policías que intervengan en protestas. El TC acaba de decirle al país que protestar es un derecho y que el Estado debe protegerlo.

Un académico brasileño simuló un asalto y le disparó a su esposa mientras dormía. Cuando ella volvió a casa, parapléjica, intentó matarla otra vez. Brasil tardó veinte años en encarcelarlo y necesitó una condena internacional para reconocer su tolerancia con la violencia doméstica. El caso dio lugar a la Ley Maria da Penha. En Argentina, un juez liberó a un sentenciado por violaciones sexuales pese a informes técnicos desfavorables. Meses después, violó y mató a la joven Micaela García. La conmoción por el caso propició la Ley Micaela y obligó al Estado a revisar la formación de sus servidores públicos.

Pero en el Perú los nombres se nos acumulan y nada pasa: Sheyla Cóndor, Eyvi Ágreda, Solsiret Rodríguez, Ruth Thalía Sayas. También los videos, las desapariciones y territorios como Condorcanqui, con cientos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes, muchas contra docentes. No nos falta evidencia, nos falta subvertir las lógicas que sostienen esta normalidad. El profesor universitario, el juez, el docente o el policía ocupan lugares respetables en instituciones con mandatos de proteger. Quizás por eso nuestro punto ciego sea ver la reputación como presunción de inocencia. A más idealización, más confundimos autoridad y prestigio con inocencia.

En Brasil un eslogan de la ley Maria da Penha causó impacto. Traducido libremente sería “Entre marido y mujer el Estado se debe meter”. La discusión nunca fue sobre el matrimonio. Era sobre el derecho a interrumpir el abuso que puede instalarse en una relación de poder.

En la casa, la escuela, la comunidad, la empresa, la ONG o el partido político se decide qué puede discutirse, quién puede hacerlo y si existirá un contrapeso, un tercero que mire, escuche y sea voz crítica sin que su intervención se juzgue como deslealtad o traición. Pero sabemos que en nombre del interés de las instituciones, las corporaciones o la familia algunas personas o prácticas se vuelven intocables. En democracia, ningún poder debe quedarse a solas consigo mismo.

Hoy llega una ola distinta. Ya no se trata solo de una IA que responde, sino de una IA agéntica: sistemas capaces de actuar con autonomía. El OECD, en su Digital Education Outlook 2026, reconoce a la vez sus oportunidades y sus riesgos. Y el que advirtió Papert regresa amplificado: si usamos la IA para parchar la vieja escuela, automatizamos justo lo que el estudiante debería hacer para aprender, y alimentamos la pereza cognitiva.

En el Perú, la IA ya entró a las aulas, pero de forma desigual: llega primero donde hay conectividad, equipos y adultos que saben orientarla. La brecha, otra vez, no es solo de acceso: es de criterio. Quién aprende a usarla para pensar más y quién solo para copiar más rápido.

Por eso la pregunta debe anteceder a la herramienta. Antes de cómo adoptar la IA, debemos preguntarnos para qué existe la escuela. El Proyecto Educativo Nacional al 2036 ya respondió: formar ciudadanía plena, personas que se conocen, cuidan de los demás y conviven. La IA sirve a ese fin si forma estudiantes curiosos y críticos que hacen el esfuerzo de pensar; lo traiciona si los vuelve consumidores pasivos.

Esto exige decisiones, no entusiasmo. A las puertas de un cambio de gobierno, el Perú necesita una política nacional que defina primero el propósito de la escuela y ponga la IA a su servicio, no al revés; formación docente para usarla como recurso pedagógico y no como atajo; y la equidad como condición no negociable, para que llegue a todos los territorios en condiciones justas. Dejar que la IA se domestique a la vieja escuela —o que alcance solo a algunos— no es un problema de gestión: es renunciar a la justicia educativa que el Estado debe garantizar.

Roberto Barrientos Mollo, Universidad Marcelino Champagnat

La reaparición en la escena de Luis Carranza, anunciado como asesor del gobierno, de Elmer Cuba como posible encargado del MEF y la renovación del mandato de Julio Velarde al frente del BCR, son señales que indican que el aseguramiento del equilibrio fiscal y la administración prudente de las reservas están en el listado de tareas del próximo gobierno. Suma en la misma dirección la rectificación o, si se prefiere, el “ajuste” de la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en la generación del gasto público que el Congreso jamás debió invadir. 

En la vereda de enfrente, en cuerdas que se pretende mantener separadas, está la insistencia en instalar un “orden” que aún no tiene una forma específica, pero que sugiere su contenido a través de la última arremetida del señor Rospigliosi, que acaba de promulgar, él mismo, la ley que reimplanta la competencia de los tribunales policial y militar sobre casos de violencia con víctimas civiles. El señor Balcázar no observó la ley, pero se negó a promulgarla. Esto sugiere que podría ser el propio gobierno quien demande su inconstitucionalidad, acaso muy pronto, en un contexto en el que no acaba de decidir si liberará o no a Pedro Castillo.

Entre las cuerdas de este lado está la JNJ, empeñada en separar de su cargo a cuanto magistrado contradiga al señor Rospigliosi. La JNJ ha quedado sobreexpuesta al retirar de la judicatura al juez Ordóñez por razones vinculadas a sus opiniones sobre asuntos de relevancia institucional. A esto hay que agregar que ha suspendido a los jueces Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho por discrepancias sobre el contenido de algunas de sus decisiones. Y ha anunciado su intención de intervenir una Sala completa de la Corte Suprema por la forma en que resolvieron, hace cuatro años, un asunto vinculado a la imprescriptibilidad del caso sobre esterilizaciones forzadas de los años 90. Todo este paquete de asuntos, al que deben agregarse las inhabilitaciones y la destitución de la señora Espinoza, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, va a llegar al Tribunal Constitucional en el proceso que se inicia en julio. Con el primero que llegue podremos saber si esa capacidad de rectificación o “ajuste” de líneas de jurisprudencia que la mayoría del Tribunal ha mostrado en el caso sobre el gasto público y el parlamento puede ampliarse a otros asuntos que se inscriben más en la vereda propiamente institucional que en la directamente económica.

El Congreso bicameral, en proceso de instalación, enfrenta como primer desafío la conformación de las dos primeras mesas directivas de este ciclo. Las matemáticas de la política anuncian que la tensión de las negociaciones que se ha hecho evidente en estos días no va a bajar, y que los resultados, que se verán en breve, representarán una evidencia clara de la forma específica que adquirirá el escenario político del primer año del nuevo ciclo. Saliendo de esa coyuntura viene otra fundamental: el debate sobre el presupuesto de la República, del que debe resultar un mensaje claro sobre el respaldo con que contarán dos entidades decisivas para el funcionamiento del sistema legal: las fiscalías y el Poder Judicial, acechado permanentemente en el último tramo del periodo de demolición por el señor Rospigliosi. En mayo del 2027 vencerá el mandato de seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado, que para tomar una decisión en esta materia debe ser capaz de reunir 40 votos, puede optar entre elegir seis reemplazantes o limitarse a elegir solo un número menor, tres por ejemplo, con lo que podría modificar en los hechos el procedimiento de nombramiento para avanzar hacia un régimen de renovaciones parciales.

El régimen que se instala en julio arrastra deudas que no deben ser olvidadas con las víctimas de la represión de las protestas que comenzaron en diciembre de 2022. A ellas es necesario agregar a las familias de Inti y Bryan, Trucko y a los deudos de las violaciones a los derechos humanos de los años 80 y los primeros 90. A ellos es imprescindible agregar ahora a los jóvenes asesinados en Colcabamba, al adolescente muerto en Manchay (imposible suicidarse dentro de una comisaría) y a un niño que acaba de morir en medio de una balacera en Huacho. Pretender que el Estado se puede manejar por cuerdas separadas supone algo tan absurdo como pretender que podemos justificar la riqueza y la crueldad al mismo tiempo, en un entorno en que ambas cuerdas anudan a las personas de manera desigual. 

El modelo de los años 90 falló cuando Alberto Fujimori, en medio de la legitimidad que le dio ser el único presidente que ganó una elección con mayoría absoluta, equivocó la ruta, y en lugar de institucionalizar un país que aún no terminaba de ensamblarse, acabó entregándose a la enorme frivolidad de un orden definido como control vertical sin equilibrio y sin institucionalidad.

La señora Fujimori ganó las elecciones convocadas después de un intenso ciclo de desmontaje institucional. El siguiente movimiento está en sus manos.  

Las justicias paralelas, diseñadas para que ciertos grupos sean juzgados por sus propios pares, son instrumentos históricos de impunidad, y el Perú los conoce bien desde los años en que los tribunales militares sin rostro garantizaban que los crímenes del Estado quedaran sin condena.

Junior tenía ocho años. El sábado por la noche viajaba con su madre en una mototaxi en la avenida Mercedes Indacochea de Huacho cuando un altercado entre el conductor y dos policías terminó con un disparo que le impactó en la cabeza. El domingo murió en el Hospital del Niño en Lima. El lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que permite que policías y militares investigados por delitos cometidos en funciones sean procesados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria. La secuencia no debe pasar desapercibida.

La Defensoría de la Policía confirmó que el suboficial Luis Nazario Chumbes no respetó el protocolo que dispone que el arma de fuego debe usarse únicamente como último recurso cuando la vida del agente o de terceros esté en peligro inminente. La madre de Junior lo dijo con palabras que el país debería recordar: era innecesario sacar el arma, ellas no eran una banda criminal, eran mujeres sin armas.

Al respecto, la Fiscalía de Huaura actuó con celeridad y solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial. Eso es exactamente lo que la justicia ordinaria puede hacer cuando hay un crimen evidente.

Pero Junior no es el único caso. El 25 de abril, en Colcabamba, cinco jóvenes murieron baleados por la PNP cuando regresaban de un partido de fútbol. El fiscal especializado en Derechos Humanos imputó a los efectivos homicidio calificado por empleo arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal. Ese caso también está en el Poder Judicial y la nueva ley ordena archivar los procesos ordinarios cuando exista una investigación paralela en el fuero castrense.

Como era de esperarse, Balcázar dejó pasar el plazo constitucional sin observar la autógrafa y Rospigliosi la promulgó el lunes. Asociaciones multilaterales como

Human Rights Watch advirtieron que la ley equivale a un cheque en blanco para que miembros de la Policía cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno y sobre todo el nuevo parlamento tiene la responsabilidad de impulsar su derogación. Por el bien de la justicia en el Perú.