La reaparición en la escena de Luis Carranza, anunciado como asesor del gobierno, de Elmer Cuba como posible encargado del MEF y la renovación del mandato de Julio Velarde al frente del BCR, son señales que indican que el aseguramiento del equilibrio fiscal y la administración prudente de las reservas están en el listado de tareas del próximo gobierno. Suma en la misma dirección la rectificación o, si se prefiere, el “ajuste” de la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en la generación del gasto público que el Congreso jamás debió invadir. 

En la vereda de enfrente, en cuerdas que se pretende mantener separadas, está la insistencia en instalar un “orden” que aún no tiene una forma específica, pero que sugiere su contenido a través de la última arremetida del señor Rospigliosi, que acaba de promulgar, él mismo, la ley que reimplanta la competencia de los tribunales policial y militar sobre casos de violencia con víctimas civiles. El señor Balcázar no observó la ley, pero se negó a promulgarla. Esto sugiere que podría ser el propio gobierno quien demande su inconstitucionalidad, acaso muy pronto, en un contexto en el que no acaba de decidir si liberará o no a Pedro Castillo.

Entre las cuerdas de este lado está la JNJ, empeñada en separar de su cargo a cuanto magistrado contradiga al señor Rospigliosi. La JNJ ha quedado sobreexpuesta al retirar de la judicatura al juez Ordóñez por razones vinculadas a sus opiniones sobre asuntos de relevancia institucional. A esto hay que agregar que ha suspendido a los jueces Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho por discrepancias sobre el contenido de algunas de sus decisiones. Y ha anunciado su intención de intervenir una Sala completa de la Corte Suprema por la forma en que resolvieron, hace cuatro años, un asunto vinculado a la imprescriptibilidad del caso sobre esterilizaciones forzadas de los años 90. Todo este paquete de asuntos, al que deben agregarse las inhabilitaciones y la destitución de la señora Espinoza, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, va a llegar al Tribunal Constitucional en el proceso que se inicia en julio. Con el primero que llegue podremos saber si esa capacidad de rectificación o “ajuste” de líneas de jurisprudencia que la mayoría del Tribunal ha mostrado en el caso sobre el gasto público y el parlamento puede ampliarse a otros asuntos que se inscriben más en la vereda propiamente institucional que en la directamente económica.

El Congreso bicameral, en proceso de instalación, enfrenta como primer desafío la conformación de las dos primeras mesas directivas de este ciclo. Las matemáticas de la política anuncian que la tensión de las negociaciones que se ha hecho evidente en estos días no va a bajar, y que los resultados, que se verán en breve, representarán una evidencia clara de la forma específica que adquirirá el escenario político del primer año del nuevo ciclo. Saliendo de esa coyuntura viene otra fundamental: el debate sobre el presupuesto de la República, del que debe resultar un mensaje claro sobre el respaldo con que contarán dos entidades decisivas para el funcionamiento del sistema legal: las fiscalías y el Poder Judicial, acechado permanentemente en el último tramo del periodo de demolición por el señor Rospigliosi. En mayo del 2027 vencerá el mandato de seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado, que para tomar una decisión en esta materia debe ser capaz de reunir 40 votos, puede optar entre elegir seis reemplazantes o limitarse a elegir solo un número menor, tres por ejemplo, con lo que podría modificar en los hechos el procedimiento de nombramiento para avanzar hacia un régimen de renovaciones parciales.

El régimen que se instala en julio arrastra deudas que no deben ser olvidadas con las víctimas de la represión de las protestas que comenzaron en diciembre de 2022. A ellas es necesario agregar a las familias de Inti y Bryan, Trucko y a los deudos de las violaciones a los derechos humanos de los años 80 y los primeros 90. A ellos es imprescindible agregar ahora a los jóvenes asesinados en Colcabamba, al adolescente muerto en Manchay (imposible suicidarse dentro de una comisaría) y a un niño que acaba de morir en medio de una balacera en Huacho. Pretender que el Estado se puede manejar por cuerdas separadas supone algo tan absurdo como pretender que podemos justificar la riqueza y la crueldad al mismo tiempo, en un entorno en que ambas cuerdas anudan a las personas de manera desigual. 

El modelo de los años 90 falló cuando Alberto Fujimori, en medio de la legitimidad que le dio ser el único presidente que ganó una elección con mayoría absoluta, equivocó la ruta, y en lugar de institucionalizar un país que aún no terminaba de ensamblarse, acabó entregándose a la enorme frivolidad de un orden definido como control vertical sin equilibrio y sin institucionalidad.

La señora Fujimori ganó las elecciones convocadas después de un intenso ciclo de desmontaje institucional. El siguiente movimiento está en sus manos.  

Las justicias paralelas, diseñadas para que ciertos grupos sean juzgados por sus propios pares, son instrumentos históricos de impunidad, y el Perú los conoce bien desde los años en que los tribunales militares sin rostro garantizaban que los crímenes del Estado quedaran sin condena.

Junior tenía ocho años. El sábado por la noche viajaba con su madre en una mototaxi en la avenida Mercedes Indacochea de Huacho cuando un altercado entre el conductor y dos policías terminó con un disparo que le impactó en la cabeza. El domingo murió en el Hospital del Niño en Lima. El lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley que permite que policías y militares investigados por delitos cometidos en funciones sean procesados en el fuero castrense y no en la justicia ordinaria. La secuencia no debe pasar desapercibida.

La Defensoría de la Policía confirmó que el suboficial Luis Nazario Chumbes no respetó el protocolo que dispone que el arma de fuego debe usarse únicamente como último recurso cuando la vida del agente o de terceros esté en peligro inminente. La madre de Junior lo dijo con palabras que el país debería recordar: era innecesario sacar el arma, ellas no eran una banda criminal, eran mujeres sin armas.

Al respecto, la Fiscalía de Huaura actuó con celeridad y solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial. Eso es exactamente lo que la justicia ordinaria puede hacer cuando hay un crimen evidente.

Pero Junior no es el único caso. El 25 de abril, en Colcabamba, cinco jóvenes murieron baleados por la PNP cuando regresaban de un partido de fútbol. El fiscal especializado en Derechos Humanos imputó a los efectivos homicidio calificado por empleo arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal. Ese caso también está en el Poder Judicial y la nueva ley ordena archivar los procesos ordinarios cuando exista una investigación paralela en el fuero castrense.

Como era de esperarse, Balcázar dejó pasar el plazo constitucional sin observar la autógrafa y Rospigliosi la promulgó el lunes. Asociaciones multilaterales como

Human Rights Watch advirtieron que la ley equivale a un cheque en blanco para que miembros de la Policía cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno y sobre todo el nuevo parlamento tiene la responsabilidad de impulsar su derogación. Por el bien de la justicia en el Perú.

Representación y realidad: emoción, ver­dad, acuerdo. (Re)construcción de la experien­cia pictórica personal y su relación con la pin­tura de historia y las imágenes de los media en la contemporaneidad es el título del proyecto de tesis doctoral con el que presenta una inte­rrogante sobre el lugar que ocupa la pintura de “historia contemporánea” en un espacio en el que las imágenes que representan nuestro diario vivir y quehaceres domésticos están siendo acaparadas por el cine, por internet y las nuevas plataformas, posicionándolas de tal manera que casi no nos permiten pensar o ac­ceder a espacios más personales para observar nuestras inquietudes visuales cotidianas. Y él, insistiendo en lo suyo, nos propone series que trabajan el resultado de su observación. Recu­perando imágenes que nos invaden, siendo nuestro lenguaje más contemporáneo. Frases visuales que nos tratan de “vender” diversas actividades, realidades específicas y su con­secuente consumo con fórmulas publicitarias que lo inquietan, y nos lo comenta. Vemos a un observador minucioso que se pregunta sobre ese sistema que todo lo abarca y, quizá, repite sus metodologías, pero paradójicamente las moldea con el sable de la crítica sutil. Presen­tando opciones de conquistas visuales en ese mercado de imágenes de una manera sugestiva o misteriosa y con clara sencillez. Con frases visuales que subrayan manipulaciones e im­posiciones con las que estas cotidianidades nos vienen manejando.

Miguel Aguirre es el ejemplo de aquel artista que trabaja sobre lo que le preocupa, que cues­tiona sus entornos y los subraya. En el catálogo de su muestra más reciente en el ICPNA, nos comenta que durante su carrera ha realizado algunos retratos por encargo, pero considera que estas piezas se salen de su trayectoria por­que lo que él normalmente hace es hablarnos de lo que le preocupa, de aquello que le llama la atención en esa inmensa variedad de imáge­nes que a diario nos invaden para vendernos las realidades más felices, esas a las que nunca llegamos y que difícilmente existen.

Y otros artistas también son distraídos con esas arbitrarias exigencias para satisfacer inquietudes más comerciales, para hacerles ganar a quienes se las proponen ese sencillito de comisiones, disimuladas en caminos retor­cidos y claramente manipulados con los que los tuercen y a los que por necesidades de las más domésticas acceden, desviándose de sus verdaderas trayectorias. Por acceder a trofeos pecuniarios e inmediatos que, además, difí­cilmente llegan, saliéndose de sus cuestiona­mientos, de sus frases de protesta, olvidándose de sus inquietudes y verdaderas propuestas por buscarse el qué comer.

Y es responsabilidad de todos aquellos que organizan y comercializan con el arte, quienes con las excusas más inverosímiles y triviales como la de recostarse en la beneficencia ajena, caprichosa manipulación, van embaucando a quienes tendrían que ocuparse de asuntos más comprometidos, desviándolos hacia la búsqueda de esas banales y pequeñas recom­pensas económicas a las que quieren acostum­brarlos porque saben que, tanto como ellos, también las necesitan. Y los tratan de dirigir.

Porque es la nueva consigna, di­rigir y ordenar. Manipular las libertades para poder utilizar claridades ajenas como si fue­ran las propias, aquellas que transitan por caminos limpios, descubiertos por quienes se ocupan del desarrollo íntimo de sus intelectos manejando opciones más ho­nestas y rigurosas al avanzar: hacia su solitaria tranquilidad, hacia las respuestas visuales más personales y mejor logradas, hacia un nuevo orden del universo artístico.

Y sin que la manipulación de quienes traba­jan en “difundir” el arte sea suficiente, el Con­greso de la República ha dictado la Ley 32654. Una ley del artista que criminaliza el arte po­pular y viola la libertad de expresión exigiendo inmensos absurdos como el de necesitar una colegiatura para el ejercicio artístico formal, reconociendo como artistas únicamente a quienes cuenten con este título profesional.

Ya no son artistas Jean-Michel Basquiat, Eric Clapton, Max Ernst, Dizzie Gillespie, Jimi Hendrix, Frida Kahlo, Yves Klein (estu­dió para ser judoka), Vincent van Gogh, Yoko Ono, Henri Rousseau, Leonardo da Vinci, to­dos autodidactas…

¿Cuántos de los congresistas, quienes ahora y tan arbitrariamente quieren dirigir el camino de nuestras libertades, son colegia­dos? Colegiaturas que sí deberían tener pues nuestros destinos dependen de sus correctas deliberaciones…

Zapatero a tus zapatos.

Paralela a esa versión hay otra, según la cual EEUU estaría evaluando aplicar aranceles de 12,5% a las exportaciones de Perú, Chile y otros países que importen productos elaborados con trabajos forzosos. Vemos, entonces, que podríamos estar avanzando hacia el epicentro de la sinofobia del gobierno de los EEUU.

En el caso de Perú, la discordia es por el megapuerto de Chancay, considerado un peligro por los militares estadounidenses. En el caso de Chile, se trata de un rechazo por los cables submarinos de alta tecnología que nuestro vecino viene tendiendo por el océano Pacífico. Más los trabajos forzosos, claro.

¿A dónde puede llegar todo esto? Lo de Chancay se calmó un poco con compras militares de Lima a Washington, en la forma de aviones F-16 y de elementos para una modernización de la base militar del Callao. También se habla de una instalación aeroespacial al norte de Lima, es decir, en Chancay, y de la concesión de algunos puertos del sur.

Volviendo a los Institutos Confucio, estos son centros de estudios de la cultura china, cuyo funcionamiento Beijing financia por todo el mundo con el propósito de divulgar su cultura. Hay cientos de ellos, y no hemos escuchado sobre otros pedidos diplomáticos de clausura. Ningún país desarrollado tiene menos de diez, y muchos tienen veinte.

Hay en el Perú centros similares, privados o gubernamentales, de los principales países del mundo, pero en ningún caso se ha hablado sobre una posible clausura. El asunto parece una iniciativa del embajador estadounidense buscando ganar puntos en Washington (Pentágono o Departamento de Estado) a expensas de Torre Tagle.

Vemos, pues, que el próximo canciller no ha sido nombrado, pero ya podría estar metido en problemas con China hasta el pescuezo. ¿Las versiones que comentamos buscan influir en ese nombramiento? Lo más probable es que el Perú busque mantenerse en una posición intermedia entre las dos potencias en pugna, como se ha hecho hasta ahora.

Más fácil sería pedir un cambio de embajador estadounidense que inclinar nuestra política exterior hacia Donald Trump.

Estados como el alemán, el de Singapur o el chileno, tienen burocracias que atraen talento precisamente porque el Estado ofrece estabilidad y una remuneración que compite con el sector privado en condiciones transparentes. En el Perú la cosa, muy a pesar de los peruanos, es distinta.

Aquí el servicio público mejor remunerado no es necesariamente el más eficiente ni el más meritocrático. A veces es simplemente el que tiene más poder para fijarse sus propios beneficios sin que nadie se lo impida.

Un reportaje reveló que en cinco años, el gasto en planillas del Parlamento pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025. Un incremento del 125% que duplica el presupuesto de personal sin que la institución haya explicado públicamente los criterios que lo justifican. Todo esto mientras aprobaba leyes procrimen y firmaba convenios con el fuero militar.

La trayectoria de esto merece leerse con atención. El convenio colectivo que disparó estos beneficios fue suscrito durante la gestión del ahora senador electo fujimorista Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso y abarca el periodo 2026-2027.

El mismo parlamentario que presidió las leyes más cuestionadas de la legislatura saliente también firmó el acuerdo que el nuevo Congreso bicameral ya heredó.

Con 190 congresistas en lugar de 130 y siete asesores de confianza por cada uno, el costo del nuevo Parlamento puede superar con creces los S/906 millones del año pasado. El primer acto de responsabilidad fiscal del nuevo Congreso debería ser revisar ese convenio. Lo mínimo que le debe al país que, al final de cuentas, lo paga.