En la Comisión de Constitución del Senado, el congresista Richard Astocuri, de Partido Cívico Obras, votó a favor de los 20 puntos del dictamen aprobado en Diputados y de los siete adicionales que propuso la propia Comisión. Con ese respaldo, el texto que delega facultades para gobernar por decreto tiene los votos para avanzar al pleno, donde el oficialismo cuenta con mayoría suficiente para convertirlo en ley.

La bancada de Obras en la Cámara Baja había sostenido una postura diferente. La de Astocuri invirtió esa postura sin consulta, sin mandato interno y sin que sus votantes lo hubieran elegido para ese giro. Las decisiones en un cargo representativo tienen ese peso particular. Las toma uno, pero las cargan todos.

El texto que llega al pleno tampoco replica lo que aprobó esa cámara. La Comisión de Constitución añadió siete puntos que la Cámara Baja nunca debatió ni votó. El diseño bicameral supone que ambos cuerpos legislan con igual peso sobre la misma materia. Lo que ocurrió convierte a los diputados en el primer escalón de un proceso que la Cámara Alta amplía sin rendirles cuentas.

El esquema no es nuevo. El bloque gobernante ha obtenido avances similares otras veces a través de representantes que se separan de sus agrupaciones en el instante oportuno. La oposición peruana se sostiene sobre acuerdos de personas, y el grupo que tiene la mayoría tiene también la paciencia de esperar el momento en que uno de esos acuerdos se disuelve.

Las facultades delegadas al Ejecutivo tienen un contenido concreto. Su aprobación le transferirá al gobierno de la presidenta Fujimori la potestad de legislar por decreto en materias que el Congreso no ha definido con precisión. Astocuri hizo posible ese desenlace. Sus electores en Obras merecen una explicación que, hasta ahora, no ha llegado.

La mayoría de las encuestas previas a esos comicios dan por ganador al Partido Popular (PP) y pronostican que VOX, ese ruidoso frente ultramontano, va a subir como la espuma. Es lo probable dados los casos de corrupción que han rodeado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sin embargo, ¿está realmente desahuciado políticamente Sánchez?

Es demasiado hábil para dejarse arrinconar sin gloria, por lo que es probable que busque un cable de salvación en medio de la tormenta, que lo mantenga a flote, o al menos que lo haga perder de la manera más dulce posible. Uno de ellos, el principal, es ponerse del lado de los manifestantes que luchan para que tener dónde vivir en España no sea un calvario sin redención.

La dolorosa muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue sacada de su morada en una camilla —en una escena que retrató los extremos a los que puede llegar el sistema cuando no prevé crisis sociales—, ha sido un parteaguas. No se puede entender ahora la atmósfera política española sin ese trance, que juntó en un haz el hartazgo, la injusticia y la soledad.

Las derechas se presentan hoy como respetuosas de ese triste momento crucial, pero al momento de mostrar gestos de humanidad —como guardar un minuto de silencio por el deceso de Maricarmen en algunos parlamentos— no participaron. Arrancarle a la política los afectos, la compasión, es algo que una parte de los ciudadanos españoles no les van a perdonar.

Al otro lado están el PSOE, sumido en sus chanchullos, y sus socios de la izquierda variopinta peleándose por minucias electorales. No hay forma de no sudar frío ante la próxima cita en las urnas. Pero lo más preocupante es la fuerza que va adquiriendo VOX, el grupo heredero del franquismo, ese frente que acaso no tendría problema en desalojar a varias Maricarmen más.

La propuesta de la presidenta Fujimori de "limpiar de ideologías" los textos escolares tiene la forma de una iniciativa pedagógica y el fondo de una operación política. Es la continuación de un esquema que ya conocemos en el Senado, el JNE y el TC.

El educador León Thatemberg, una de las voces más respetadas del magisterio peruano, señaló que la iniciativa erosiona la autonomía de directores y maestros para tomar decisiones sin tutela de la administración, y apunta, sobre todo, contra el cultivo del pensamiento crítico, la herramienta con la que una sociedad distingue el abuso cuando ocurre y encuentra las palabras para nombrarlo.

La pretensión de neutralidad en los libros escolares es ya una postura ideológica, la más efectiva porque se niega a reconocerse como tal. "Limpiar" los textos tiene un contenido concreto: retirar la memoria de los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori y eliminar la educación sexual integral del currículo. Lo que entra al aula y lo que queda fuera de ella es ya una decisión de poder. La omisión ya es una toma de partido.

La resistencia viene de donde siempre ha venido. Los educadores que sostienen el aula como espacio libre, los directores que defienden su potestad de decidir sin rendir cuentas al gobierno de turno, las familias que eligen escuelas donde los alumnos aprenden a preguntar antes que a repetir.

El sistema educativo peruano reconoció la autonomía del docente frente a las presiones de los padres de familia como un principio recientemente. La incoherencia es que ese mismo Estado amenace ahora con sancionar a quien enseñe una historia documentada por organismos internacionales y negada solo por quienes tienen razones propias para negarla. Esa trama existe, es amplia, y es exactamente lo que el esquema de captura institucional necesita desactivar antes de que se consolide.

El pensamiento crítico es un valor ciudadano, no partidario. Es lo que permite que la resistencia que hemos visto en el Senado y en el JNE no sea solo institucional sino también colectiva. Un gobierno que captura árbitros puede sobrevivir a la oposición. La riesgo para ese esquema es una ciudadanía que aprende a identificarlo.

De Homero hasta Allan Poe

En su amplia discografía, la Antigüedad clásica aparece varias veces reinterpretada. El mito de Ícaro, relatado por Ovidio en Las metamorfosis, se convierte en “Flight of Icarus”, un canto a la rebeldía juvenil; mientras que la peripecia de Ulises, de La Odisea homérica, inspiró la canción “Ghost of the Navigator”.

La ciencia ficción también ocupa un lugar destacado. La fascinación por la saga Dune, de Frank Herbert, llevó a Harris a componer “To Tame a Land”, un tema que condensa la atmósfera mesiánica y política del planeta Arrakis. Asimismo, “Brave New World” toma elementos de la célebre novela de Aldous Huxley para cuestionar el control social y la fe ciega en la tecnología. Por otro lado, “Out of the Silent Planet” (inspirada en la novela de C. S. Lewis), “Childhood's End” (influencia de Arthur C. Clarke) y “Stranger in a Strange Land” (que hace referencia a la obra de Robert Heinlein) abordan la evolución humana, la mirada extraterrestre y el aislamiento individual.

La canción que asume con mayor intensidad esta asociación entre literatura y metal es “Rime of the Ancient Mariner”, adaptación del poema de Samuel Taylor Coleridge. La canción narra con fidelidad la desgracia de un marinero castigado por la culpa tras matar a un albatros. Al incorporar incluso fragmentos del texto original, Harris dio nueva vida al Romanticismo inglés ante las multitudes que abarrotan los estadios en cada gira.

En el ámbito poético, “The Charge of the Light Brigade”, del poeta inglés Alfred Lord Tennyson, dio origen al tema “The Trooper”, transmitiendo con fuerza el caos heroico y desgarrador de la Guerra de Crimea (1854). El folclore y el misticismo alcanzaron una de sus cumbres en el álbum conceptual Seventh Son of a Seventh Son (1988), inspirado en la novela Seventh Son, de Orson Scott Card. Sobre la estética visual de este trabajo, Bruce Dickinson explicaría que la influencia de La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y los grabados de Gustave Doré fueron fundamentales.

El terror gótico y el misterio han dejado huella en la banda desde sus comienzos. Así, la canción “The Phantom of the Opera” recrea la obsesión que el francés Gaston Leroux plasmó en su novela de 1910. Por su parte, “Murders in the Rue Morgue” captura la atmósfera detectivesca y analítica del célebre relato de Edgar Allan Poe. Finalmente, el tema “Transylvania” rinde homenaje a la atmósfera vampírica de Drácula, de Bram Stoker.

Siguiendo esta pesquisa literaria, la vertiente más reflexiva de la banda se adentra en las sombras de la condición humana: la barbarie tribal de “Lord of the Flies”, basada en la novela de William Golding, y la crueldad del colonialismo retratada en Heart of Darkness, del polaco-británico Joseph Conrad, se hacen sentir especialmente en la canción “The Edge of Darkness”.

Finalmente, las visiones aterradoras de “The Number of the Beast y Revelations” toman imágenes del Apocalipsis bíblico, enriquecidas por las alusiones demoníacas del poema “Tam O' Shanter”, del inglés Robert Burns, y el esoterismo de “Moonchild”, inspirado en la novela ocultista homónima escrita por Aleister Crowley en 1917.

Encore

La obra de Iron Maiden es más amplia y demuestra que el heavy metal y la literatura nunca han sido opuestos, sino complementarios. Medio siglo después, la banda nacida en Leyton, al este de Londres, ha demostrado que el estruendo de las guitarras puede convertirse también en una brillante invitación a descubrir algunas de las joyas de la literatura universal.

Diferentes episodios que responden a un mismo patrón: masculinidades tóxicas que se construyen desde la infancia, cuando a los niños se les dice que “los hombres no lloran” porque deben ser fuertes yresponder a la violencia con más violencia.

La pregunta dolorosa es qué pasó con esos niños que querían llorar y no los dejaron, que fueron agredidos sexualmente y el miedo a que los consideraran menos hombres los hizo callar, que sufrieron bullying en el colegio y no recibieron el abrazo del padre sino el regaño por su debilidad.

Quizás van por la vida agrediendo homosexuales para distinguirse de ellos. Quizás violando a otros hombres, no por placer sino para feminizarlos. Quizás agrediendo a las mujeres que se atreven a actuar como los hombres que pueden correr a cualquier hora y con cualquier ropa. Quizás aplauden estas acciones en redes para sentirse validados. Quizás se exaltan ante la palabra “miedo” y tienen que demostrar que los hombres no se asustan.

El mandato de masculinidad tóxica está a la base de estas conductas y no se logrará cambiarlo mientras se siga reivindicando discursos autoritarios y roles tradicionales de “pelo cortito y faldas de medida adecuada”. Lo que urge es cambiar esos patrones tandañinos que están a la base de estas conductas tan dolorosas como violentas.

El punto de partida merece atención y respaldo: liberar a todos los presos políticos, reparar a las víctimas, restablecer los servicios esenciales, reconstruir las instituciones y abrir un camino de reconciliación que no excluya a millones de venezolanos por su identidad política. La transición no puede convertirse en una revancha. Pero tampoco puede edificarse sobre una ficción: como asumir que una resolución de la Asamblea General de la OEA bastaría para instalar una Junta de Gobierno con «plenos poderes», llevar a cabo elecciones democráticas y desplegar una misión policial-militar internacional.

La OEA no es un gobierno supranacional de las Américas. Su Carta y la Carta Democrática Interamericana le permiten actuar colectivamente en defensa de la democracia, promover gestiones diplomáticas y adoptar decisiones políticas dentro de sus competencias. Pero, por sí solas, no le otorgan la facultad de sustituir las funciones de las autoridades de un Estado ni de crear un poder constituyente delegado. Confundir respaldo internacional con potestad de gobierno sería ofrecer a los adversarios de la transición un argumento formidable: denunciarla como una imposición externa.

Más inquietante todavía es la propuesta —que ha circulado— de una Junta investida de «plenos poderes». ¿Quién designaría a sus integrantes? ¿Ante quién responderían? ¿Qué tribunal podría controlar sus actos? ¿Qué papel tendrían la Asamblea Nacional, la sociedad civil y las organizaciones políticas? La promesa de actuar conforme a la Constitución de 1999 no resuelve esas preguntas. Una autoridad sin controles no se vuelve democrática por proclamar que lo es. El remedio no debe reproducir la enfermedad.

También se propone una misión conjunta OEA-ONU con tropas, policías y especialistas en derechos humanos. La presencia de la cooperación internacional puede ser decisiva. Una operación armada, en cambio, requiere una base jurídica precisa, acuerdos legítimos sobre su presencia y, según su naturaleza, decisiones de los órganos competentes de Naciones Unidas. Ni la Asamblea General de la OEA puede ordenar, por sí misma, una operación de paz de la ONU, ni basta invocar buenas intenciones para definir quién manda, quién financia, qué reglas rigen el uso de la fuerza y cómo se responde por los abusos.

La exitosa experiencia salvadoreña

La experiencia salvadoreña enseña algo importante. Naciones Unidas desempeñó allí un papel extraordinario en la verificación de los acuerdos de paz, la vigencia de los derechos humanos, la reforma policial y la consolidación de la paz. Pero no “gobernó” El Salvador durante siete años. Hubo activa y eficaz negociación, compromisos internos y acompañamiento internacional.

Venezuela necesitará algo más: una reconstrucción de largo aliento. Que no es lo mismo que confundir los plazos de la reforma institucional con la duración de un gobierno provisional. La legitimidad electoral debe recuperarse cuanto antes, con garantías verificables, no aplazarse por un septenio prorrogable. Eso no puede esperar.

La justicia transicional constituye otra prueba crucial de seriedad. Una comisión de la verdad, las reparaciones y las garantías de no repetición son indispensables. Pero el perdón político no puede convertirse en una patente de impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad, torturas o desapariciones forzadas. Las obligaciones internacionales del Estado y los derechos de las víctimas no desaparecen por conveniencia diplomática. Habrá que diseñar incentivos para la cooperación y fórmulas de reintegración compatibles con la justicia, basadas en la verdad; no negociar una amnesia oficial.

La dimensión económica exige igual prudencia. Recuperar agua, electricidad, hospitales, escuelas y abastecimiento es prioridad inmediata. La ayuda externa, la inversión y el apoyo de instituciones financieras pueden contribuir enormemente. Pero un programa con el FMI no sustituye un pacto social venezolano, ni la llegada de contratistas extranjeros reemplaza las capacidades locales. Las cifras multimillonarias propuestas para una misión internacional necesitan presupuestos, fuentes de financiamiento y controles públicos, no aproximaciones lanzadas al aire.

Acuerdo político

¿Qué hacer, entonces? Cinco cosas al menos. Primero, construir un acuerdo político venezolano amplio, con compromisos verificables de liberación de detenidos, protección de libertades, seguridad para quienes discrepan y garantías para la participación política. Segundo, pactar una autoridad transitoria de competencias estrictamente delimitadas, duración breve y fiscalización efectiva, sobre una base constitucional defendible. Tercero, acordar un calendario electoral creíble, con registro actualizado, voto de la diáspora, observación internacional independiente y autoridades electorales confiables. Cuarto, desplegar asistencia internacional civil y técnica, ampliable únicamente mediante mandatos y consentimientos jurídicamente válidos. Y quinto, establecer, desde el inicio, un sistema de verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales.

Y todo en una perspectiva no solo de verdad, sino de reconciliación: nadie debe ser expulsado o marginado de la comunidad nacional por haber sido chavista. La reconciliación exige reconocer que todos siguen siendo venezolanos, incluso quienes sostienen proyectos políticos enfrentados. Pero reconciliar no equivale a borrar responsabilidades; significa sustituir el miedo por derechos y la arbitrariedad por reglas comunes.

Venezuela no necesita una democracia administrada desde el exterior ni una excepcionalidad sin fecha de caducidad. Necesita soberanía popular, instituciones serias y transparentes, justicia para las víctimas y cooperación internacional que acompañe, sin usurpar, las decisiones de sus ciudadanos. La urgencia de salir del autoritarismo no autoriza a improvisar otro poder sin límites. Precisamente porque la oportunidad puede ser histórica, hay que protegerla de los atajos que podrían frustrarla.

¡Vamos a eso! De eso hay que hablar en los órganos de la ONU y en una Asamblea General extraordinaria de la OEA, teniendo como marco conceptual la Carta Democrática Interamericana.“democratización”.

La política económica no se decide en el vacío. Su alcance y eficacia depende de la calidad de las instituciones, de la estructura productiva, de la inserción internacional y la capacidad de construir acuerdos. En el Perú, las restricciones se acumulan: dependemos de volátiles precios de los minerales, existe una informalidad laboral masiva, enfrentamos un comercio mundial condicionado por la geopolítica y estamos expuestos a desastres climáticos y sísmicos. A ello se suma la fragmentación política e instituciones débiles. Históricamente, el resultado ha sido inestabilidad macroeconómica con impactos desiguales sobre la población.  

En 2025, los productos mineros representaron el 66,7% de las exportaciones totales del Perú. La elevada concentración minera nos expone a las fluctuaciones de los precios internacionales, generando choques negativos (y positivos) que zarandean la economía nacional. Podemos producir más cobre, oro o zinc, pero no fijar sus cotizaciones ni controlar el crecimiento de China, o los conflictos internacionales. En los últimos 25 años, el precio de nuestras exportaciones ha variado de un año al otro en un rango de +38.3% y -15.3%. El alza del precio de los combustibles desde febrero hasta la fecha (+51.9% en petróleo Brent, casi duplicados para la gasolina y el diésel) nos impacta negativamente en la medida que solo producimos el 20% de lo que necesitamos.

El auge de los precios de minerales aumenta el valor de las exportaciones, las divisas y la recaudación; una caída puede frenar la inversión, el consumo y los ingresos fiscales. El alza de los combustibles se propaga en la economía induciendo presiones inflacionarias, caída de los ingresos reales, de la demanda y mayor pobreza. Los ciclos económicos en los últimos 75 años han estado correlacionados con la evolución de los términos de intercambio (precios de exportaciones relativo al de las importaciones).

El BCR dispone de instrumentos monetarios y cambiarios (compra/venta de dólares, tasas de interés, encaje bancario, entre otros), que, manejados con criterio técnico, permiten afrontar turbulencias externas. El BCR puede modificar su tasa de referencia y gestionar la liquidez para controlar la inflación y moderar los ciclos económicos, pero al mismo tiempo las decisiones de la Reserva Federal estadounidense sobre las tasas de interés de los bonos americanos le imponen límites. Además, una reducción de las tasas nacionales puede estimular el crédito, el consumo y la inversión, pero sus efectos dependen de las expectativas y del acceso al sistema financiero. El MEF por su parte cuenta con el Fondo de Estabilización Fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), ambosdestinados a atenuar los choques adversos.

La capacidad de respuesta también depende de ahorrar durante las bonanzas, preservar la sostenibilidad fiscal e invertir en infraestructura, educación, salud y tecnología. Gastar los ingresos extraordinarios como si fueran permanentes puede convertir una bonanza temporal en un problema fiscal futuro. Las reservas internacionales, sin embargo, no son fondos disponibles para financiar el gasto público, compran tiempo; diversificar la producción reduce la vulnerabilidad.

La informalidad limita el alcance de las políticas públicas y reduce la base tributaria, estrechando el margen para financiar servicios públicos. Las políticas salariales tienen un alcance reducido y desigual en una economía donde el 65% de los trabajadores urbanos son informales, con ingresos más inestables y acceso incompleto a la protección social.

Aranceles, subsidios, restricciones tecnológicas y controles sobre cadenas estratégicas se utilizan cada vez más como instrumentos de poder. La rivalidad entre potencias desplaza criterios de eficiencia económica, mientras la Organización Mundial del Comercio no logra contener medidas unilaterales y garantizar reglas previsibles. Para el Perú, estas disputas pueden elevar la demanda de minerales estratégicos, pero también generar restricciones comerciales y presiones diplomáticas. Nuestra respuesta debe ser diversificar mercados y productos, aprovechar los acuerdos comerciales y mejorar la logística y las capacidades tecnológicas. Exportar minerales es una ventaja; depender excesivamente de ellos, una vulnerabilidad.

Inundaciones, sequías, huaicos, eventos asociados a El Niño y terremotos pueden destruir infraestructura, interrumpir el transporte, afectar cosechas y reducir los ingresos familiares. Sus efectos van más allá de la emergencia: golpean la producción, el empleo, los precios y la recaudación. La falta de prevención no elimina el gasto; lo traslada al momento más costoso.

La presión tributaria peruana ronda el 15% del PBI, por debajo de países de la región con igual o menor PBI, lo que restringe los recursos para financiar prevención, reconstrucción y protección social sin recortar otras inversiones o aumentar la deuda. Mejorar la recaudación con mayor eficacia y equidad es, por tanto, indispensable para ampliar la capacidad de respuesta del Estado. La responsabilidad fiscal no consiste solo en contener el gasto, sino también en recaudar mejor y anticipar obligaciones que, de otro modo, llegarán en forma de emergencias.

Existen instrumentos para amortiguar estos impactos. El FEPCpuede moderar las variaciones internacionales, aunque debe evitar subsidios generalizados y obligaciones fiscales difíciles de controlar. Los fondos de contingencia permiten responder a emergencias si cuentan con recursos y reglas claras. El aseguramiento agrícola protege frente a pérdidas de cosechas, mientras las transferencias focalizadas —Juntos, Pensión 65 y Contigo— y el apoyo a comedores populares y ollas comunes ayudan a sostener a los hogares vulnerables. Estos mecanismos necesitan mayor cobertura, coordinación y capacidad de ejecución. La prevención, la infraestructura resiliente y la atención oportuna deben ser prioridades, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

El Perú no puede controlar los precios internacionales ni evitar todos los desastres. Sí puede reducir su exposición, potenciar los Fondos de Estabilización y contingencia y así atenuar el impacto de los shocks y suavizar las fluctuaciones económicas. Todo ello exige acuerdos políticos que sostengan las prioridades de largo plazo. La verdadera autonomía económica consiste en disponer de los instrumentos, los recursos y las instituciones para que aquello que no controlamos no termine decidiendo nuestro futuro.