Al respecto, vale precisar que este panorama responde a decisiones políticas concretas. Las normas vigentes han permitido la proliferación de organizaciones con débil institucionalidad y escaso arraigo. Así, el voto se reparte entre muchas alternativas, mientras quienes cuentan con estructura, recursos y experiencia logran sostener su presencia.

El actual Congreso —con una mayoría articulada en torno a Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y Podemos Perú— es el principal responsable de este despelote. En estas condiciones, la dispersión del voto favorece a los mismos actores que hoy dominan el poder parlamentario.

La reintroducción de la bicameralidad refuerza esta dinámica. Con un Congreso fragmentado, el Senado se convierte en un espacio clave de decisión, donde menos actores, mejor organizados, y con escasas o nulas credenciales democráticas concentran el poder político.

Para la ciudadanía, este momento exige claridad. Cada voto forma parte de un resultado mayor y define cómo se distribuirá el poder luego del domingo 12 de abril.

En este contexto, el voto nulo o en blanco adquiere un peso que conviene al ciudadano anotar. Como expresión de rechazo, canaliza el malestar ciudadano; pero, en un escenario de dispersión como el creado por el pacto corrupto actual, reduce el volumen de votos válidos y eleva el peso relativo de las minorías organizadas. Así, mientras más se diluye el voto efectivo, más se fortalece la capacidad de los mismos grupos para sostener su control en desmedro de los peruanos.

El país necesita representación efectiva y equilibrio institucional. A las puertas de las urnas, el mensaje es directo: dispersar el voto —o retirarlo de la contienda efectiva— ordena el poder en favor de quienes diseñaron estas reglas. En esta elección, así no lo queramos, la forma de votar también decide quién regirá la vida de todos los peruanos.

La utopía racional —o la idea de que somos menos animales de lo que somos— nos lleva a pensar que nuestras decisiones electorales son fruto de operaciones mentales nítidas y trazables: consecuencia del uso de datos que llegan a nosotros mediante el conocimiento y que podrían variar con nueva información más precisa.

Pero esa idea tiene más de aspiración que de descripción.

Cuando a los profesores de matemática se les ocurrió que era buena idea vigilar el proceso antes que premiar el resultado, más de uno quedó fuera de juego. Una cosa es pescar con el rabillo del ojo un resultado y otra reproducir las operaciones para conseguirlo. En un gesto adaptativo, había que desarrollar ingenio para explicar resultados. Pero es muy difícil explicar lo que nos resulta inexplicable.

A los investigadores científicos nos pasa algo parecido. Cuesta desmontar la conclusión cuando partimos de ella. Por eso insistimos —o deberíamos insistir— en la lógica del proceso: poner más interés en el método que en el resultado. Eso es lo que define a un investigador serio frente a un vendedor de humo.

En política, sin embargo, ocurre lo contrario: ya hemos elegido y la explicación es un esfuerzo posterior.

Cuando enfrentamos procesos electorales como el actual, aparece —sobre todo en una pequeña porción de personas informadas— la bienintencionada pero inútil idea de racionalizar el voto: entenderlo y persuadir a otros con argumentos y datos. Los argumentos ajenos pueden ayudar a definir una posición, pero solo si refuerzan lo que ya se cree.

Mi hipótesis es más incómoda: cuando uno tiene una idea clara de por quién votar, su elección se convierte en una creencia. Y las creencias no son racionales. Pueden llegar a ser fanáticas y, aunque usen datos para darse apariencia científica, no son más que una percepción a la que no entran balas de ningún calibre.

Esto tiene que ver también con cómo procesamos la información.

Poca parte de lo que incorporamos se procesa con palabras. Lo principal es menos consciente: tono, gestos, modos. Por eso, las imágenes inspiran más confianza. Ya lo señalaba Sartori: lo que no se ve, no existe.

Ese principio sostiene tanto a los medios audiovisuales como a los sociales. Para que un contenido sea pegajoso, necesita ser elemental: mientras más simple, más potente. El cerebro racional hace lo contrario; complejiza. Por eso, en lo electoral, las decisiones se parecen más a pulsiones que a proyectos racionales, aunque luego se vistan de argumentos.

Aquí entran los soportes invisibles.

Esas decisiones se convierten en contenidos mediáticos que alimentan tendencias gracias a algoritmos dispuestos a hacer llegar cada mensaje a quien ya está dispuesto a recibirlo. No amplifican la deliberación: amplifican la confirmación.

El periodista Pino Aprile sostiene que la inteligencia dejó de ser una exigencia evolutiva cuando las tecnologías permitieron tercerizar operaciones antes indispensables. Los medios digitales, sus algoritmos opacos y las plataformas de IA generativa son hoy herramientas de ese reemplazo. Ya vimos en esta campaña que una IA puede calificar o fabricar un plan de gobierno sin dificultad.

A ese ecosistema se suma otra herramienta decisiva: las encuestas. Intentos de racionalización que aportan más a la frustración que a la comprensión.

A esa suma la llamo digitocracia: un entorno donde números, imágenes y tendencias no ordenan la deliberación pública, sino que refuerzan creencias.

Los datos ayudan a dimensionarlo. El JNE ha detectado más de 700 alertas de desinformación, con TikTok como principal foco. El 73% de los jóvenes usa estas plataformas como fuente política y la mayoría reconoce no saber distinguir contenidos manipulados.

Las inteligencias artificiales multiplican contenidos de toda calaña, en un entorno saturado de voces que buscan persuadir, desmentir o mentir, cancelándose entre sí. Mientras más voces, menos se escucha ninguna. Un ecosistema que no orienta: aturde.

En este contexto, intentar desmontar una creencia —es decir, una decisión de voto— mediante argumentos racionales no solo es difícil, sino ineficaz. Cambiaría solo ante una experiencia que la contradiga en la práctica, algo casi siempre incompatible con la velocidad y la masividad del entorno digital, más aún en el contexto de elecciones.

Los dígitos de los contenidos y de las encuestas orientan, por ahora, nuestras decisiones políticas urbanas.

Siguiendo a Aprile: cuanto más nos comunicamos, menos vale lo que nos decimos. Por eso, quizá, la única salida frente al ruido no sea producir más ruido.

El silencio, en este contexto, no es resignación, sino estrategia: una forma de interrumpir la sobreproducción de mensajes que no cambian creencias, pero sí saturan el espacio público.

¿Qué pasaría si, en lugar de intentar convencer compulsivamente a otros, nos detuviéramos a pensar en las consecuencias de nuestro voto?

Mientras tanto, la digitocracia sigue haciendo su trabajo: rumorosa, anónima y eficaz.

El problema es que ese modelo no existe y que intentar replicar en el Perú lo hecho en El Salvador no solo no resolvería la criminalidad, sino que podría abrir la puerta a graves retrocesos en derechos fundamentales. Existen numerosos y sólidos análisis críticos que desmontan esta narrativa, más allá de caricaturas locales que descalifican cualquier objeción como caviar. Los hechos son contundentes, y así lo confirma incluso The Economist, poco sospechosa de sesgos ideológicos en ese sentido.

Entre los elementos más preocupantes destaca la detención de Ruth López, investigadora de Cristosal, sin acusación clara, considerada un acto de persecución política. Este caso marca un giro: de justificar restricciones en nombre de la lucha contra pandillas, el gobierno ha pasado a reprimir a críticos —periodistas, ONG y ciudadanos—, erosionando su imagen reformista y acercándose a prácticas autoritarias.

A ello se suma que, pese a su altísima popularidad —cercana al 90%, sostenida por un férreo control del debate público—, han surgido investigaciones que cuestionan su narrativa de seguridad, incluyendo presuntos pactos con pandillas para obtener apoyo electoral y reducir homicidios. Paralelamente, el gobierno ha respondido a las críticas con medidas propias de regímenes autoritarios: órdenes de detención contra periodistas, leyes que criminalizan la difusión de información vinculada a pandillas con penas de hasta 15 años y normas como la “ley de agentes extranjeros”, que permite restringir discrecionalmente a organizaciones incómodas, en una línea similar a la de países como Nicaragua o Rusia.

Como advierte The Economist, el problema de fondo es que hoy existen pocos contrapesos reales al poder de Bukele: la sociedad civil está intimidada y las instituciones debilitadas. La pregunta es inevitable: ¿ese es el modelo que algunos quieren importar al Perú?

¿No debería llamar la atención que el próximo domingo 12 de abril 10.293 candidatos disputen el sillón presidencial y 195 curules (incluidos los parlamentarios andinos)? ¿Cuál es la explicación para esta explosión de candidaturas de 36 agrupaciones políticas? ¿La calle “está dura” y muchos buscan “chamba” en los poderes Ejecutivo y Legislativo?

Intentaremos responder a estas interrogantes con un poco de estadística y mucho más sentido común.

Los números nos dicen que entre las elecciones generales del 2001 y las del 2026 hemos pasado de 1.508 a 10.293 candidatos. Es decir, casi siete veces más aspirantes a una representación pública.

¿Cuál es el atractivo de postular?

No hay duda de que, entre los que en realidad quieren “servir al país”, hay muchos que pretenden “servirse del Perú”. ¿Por qué? Las evidentes muestras de incremento patrimonial que han logrado muchos “padres y madres de la patria”, después de su paso por los poderes Ejecutivo y Legislativo, son elocuentes evidencias.

En el caso específico de un congresista, este no solo gana un sueldo de S/15.600. Aparte de su remuneración base, suma asignación por función congresal (S/11.000), gastos de representación mensual (S/2.800) y las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a una paga mensual por cada celebración. Es decir, unos S/29.400 al mes y en julio y diciembre S/45.000.

En este cálculo no consideramos la posibilidad de contratar allegados y menos la notoria práctica ilegal del “mocha sueldo”. Mención aparte, se debe añadir el vehículo oficial y el personal de seguridad para alimentar el ego congresal. Algo parecido sucede con los cargos en el Ejecutivo que reciben ingresos adicionales y prebendas de diverso tipo. ¿Motivos suficientes para postular?

Cuando en estos días se observa la cantidad de paneles, afiches y avisos luminosos inundando las calles y plazas, ya se sabe por qué. Para muchos es una inversión. Cuando reciba un polo, un tarro de leche o cualquier “regalito” de un candidato, dicha “generosidad” puede tener otras motivaciones. No hay lonche gratis.

Otro dato: si en el 2001 un congresista recibía en promedio mensual S/15.000, en este 2026 está cobrando, por lo menos, S/29.000 al mes. Casi el doble.

Comparado con el salario mínimo (S/1.130) que recibe un trabajador promedio en el país, los S/29.000 mínimo mensual que percibe un parlamentario equivalen a 25 veces más. Ahora ya sabe lo que puede ganar su candidato.

A más ingresos fiscales, más candidatos

Un dato importante: los ingresos del Gobierno Central han crecido de S/26.633 millones en 2001 a S/199.391 millones en 2025. Esto equivale a un incremento aproximado —en términos nominales— de ocho veces. Alrededor del 80% de este monto es lo recaudado por Sunat. Para 2026, esta cifra puede llegar a S/220.000 millones.

¿Es este un incentivo para la explosión de candidaturas? Sin duda, a estas alturas del partido, el control del Estado se vuelve más apetitoso. A decir del candidato presidencial de APP, “hay plata como cancha”.

No hay duda de que el progresivo aumento en la recaudación de la Sunat (como observamos en el cuadro adjunto) ha sido determinante en la solvencia fiscal. Sin este soporte, la política monetaria del BCR sería frágil. En estos tiempos, el gobierno no tiene necesidad de recurrir a la “maquinita” (además, está prohibido constitucionalmente).

Por la continuidad de la estabilidad macroeconómica, tiene sentido que la Sunat cuente también, como el BCR, con autonomía constitucional. Sería absurdo que la Sunat, que ha hecho bien su tarea, retroceda al manoseo de Servir, que hasta hoy no muestra un logro en el fortalecimiento del sector público.

Cuadro: A más ingresos fiscales, más candidatos

Fuente: ONPE, Sunat

Las cifras presentadas podrían indicar que, a más ingresos del fisco, aumentan los candidatos “atraídos” por la “torta” estatal.

De hecho, hay una fuerte y positiva correlación empírica (r = 0,75) entre ingresos del Estado y el número de candidatos. Esto se visualiza mejor en el gráfico adjunto construido sobre el cuadro anterior.

Los datos oficiales presentados nos indican que el paulatino crecimiento de los ingresos del Gobierno Central está generando mayor disponibilidad de recursos públicos, mayor capacidad de asignación presupuestal entre todas las dependencias estatales (ministerios, gobiernos regionales, alcaldías) y, por lo tanto, un mayor valor esperado del acceso al poder. Por lo tanto, hay un aumento del atractivo para competir políticamente.

Si bien el factor económico puede explicar la tendencia creciente de ingresos fiscales vs. candidatos, tiene limitaciones para indicarnos por qué en el 2026 se ha producido la explosión de candidaturas (más de 10 mil).

Sistema electoral casi sin filtros

En este punto dejamos las consideraciones económicas e intentamos un análisis en el terreno político.

Definitivamente, el factor institucional es determinante. En los últimos años hemos asistido a un progresivo debilitamiento del sistema político. Hay cada vez menos institucionalización de los partidos, muchos de los cuales más parecen “empresas familiares” con un “dueño” (candidato presidencial), organizadas básicamente para participar en procesos electorales y esperar la “repartija” de puestos públicos.

De acuerdo con la reformada Ley de Organizaciones Políticas (Ley N.° 28094) y los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), no es difícil ni oneroso constituir un partido político en el Perú. La inscripción no es compleja (hay abogados especializados en la materia) y casi no hay filtros para integrarse.

El costo total de establecer la “estructura partidaria” oscila entre los S/500.000 y S/700.000. Esta “inversión”, casi siempre a cargo del presidente (“dueño”) del partido, después se verá recompensada con los “aportes” de los candidatos y el financiamiento público si superan la valla electoral (5% o mínimo de congresistas).

Por esta razón, constituir hoy un partido puede costar menos que construir una empresa mediana, pero el “dueño” de la “organización política” tiene la posibilidad de acceder al control del Estado y sus cuantiosos recursos fiscales. En esas condiciones, no debería sorprender que compitan 37 agrupaciones políticas y 35 candidatos presidenciales. Probablemente se trata de un récord mundial (Brasil 10 candidatos, Chile 7, Colombia 8).

No descartamos la posibilidad de financiamientos ilegales, como ya se ha vuelto moneda corriente en el Perú con la cantidad de denuncias “archivadas” por este motivo.

Senadores y parlamentarismo

Por otro lado, el retorno al bicameralismo ha incrementado significativamente la cantidad de curules en disputa y el atractivo para postular.

También el cambio en el balance de poder. Con el actual periodo legislativo se ha pasado del predominio del Ejecutivo al fortalecimiento del Congreso. Este se ha convertido en el centro del poder político. Casi todos los ministerios e instituciones públicas están en manos de afiliados o simpatizantes de los partidos del Congreso. Todas las instituciones públicas se han debilitado.

En síntesis, la explosión de candidaturas se explica por el crecimiento de los ingresos fiscales (“plata como cancha” para manejar), el debilitamiento de instituciones (es fácil constituir un partido y postular) y el gobierno desde el Congreso.

A modo de conclusión: a más ingresos fiscales con menos institucionalidad, más partidos, más candidatos, más fragmentación del voto, ganadores con pobre legitimidad, gobiernos débiles, más desconfianza ciudadana y otra vez… más candidatos.

Los cuatro astronautas de la NASA, a bordo de la nave Orión, rompieron el récord de distancia alcanzado por humanos mientras cruzaban la cara oculta de la Luna.

Esto ocurrió el domingo. El lunes la misión Artemis II vivió su instante más decisivo. La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, ingresó en un sector que bloqueaba toda comunicación con la Tierra.

Durante 40 minutos, los astronautas estuvieron totalmente aislados de su planeta de origen. No se sabía por completo si, después de atravesar por la cara oculta, emprenderían el viaje de vuelta o se perderían por los espacios siderales.

Sin embargo, todo se cumplió como estaba calculado y la tripulación comenzó a retornar a la Tierra después de haber alcanzado la mayor distancia recorrida por seres humanos en la historia.

Es una gran noticia. Y es mayor para los peruanos porque un compatriota nuestro, Pedro Paulet (Tiabaya, Arequipa, 1874-Buenos Aires, 1945), ofreció a la ciencia los instrumentos científicos para que los humanos pudiéramos dar un salto hacia el universo.

Sus primeros estudios e investigaciones datan de comienzos del siglo XX. Sin embargo, el científico Wernher von Braun, quien hace medio siglo asumió el liderazgo de la investigación espacial, consideró a Paulet como el padre de la astronáutica y el hombre que hizo el mayor aporte para que pudiéramos salir de aquí.

Según expresó en broma a un joven periodista: “No me extrañaría que el señor Paulet haya vivido un tiempo en la Luna”.

Paulet fue un sabio a quien se puede llamar en verdad multidisciplinario, puesto que a la vez era ingeniero, arquitecto, mecánico, químico, economista, geógrafo, diplomático, escritor y periodista.

Su aporte concreto a los vuelos espaciales fue la construcción del primer motor cohete impulsado por propelentes líquidos (peróxido de nitrógeno como oxidante y gasolina como combustible).

Era estudiante de ingeniería química en La Sorbona de París, cuando diseñó y produjo ese motor que pesaba dos kilos y medio y ejercía una presión de 90 kilos, al mismo tiempo que producía 300 explosiones por minuto.

El vehículo de Paulet no requería de hélices ni de planeadores. Tendría elevación vertical y planeo horizontal. Ese modelo es precursor del Ala Delta, así como de los aviones Mirage y Concorde que fueron fabricados por los franceses y los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial.

Allí no quedó su trabajo. Para 1933, Paulet, quien ya había trabajado como cónsul en una decena de ciudades europeas y asiáticas, estaba produciendo un mapa de lo que debía ser la nueva Lima. Si el proyecto de Paulet se hubiera realizado, el río Rímac habría cambiado de curso, siete avenidas habrían surcado Lima y en la ciudad podrían haber hecho servicio aviones e hidroaviones.

Hace unos días escuché una charla sobre los proyectos urbanísticos del sabio. La ofrecía el arquitecto Andrey Quiñones. Una señora le preguntó si habría un lugar especial para niños. “Toda la ciudad lo sería porque sería la ciudad de la fantasía”, le respondió.

La otra dimensión que Paulet ya anticipaba como peligrosa era la urbanización por invasión que es la que de veras se ha producido de forma caótica en la capital durante la segunda parte del siglo XX.

El rostro del sabio de Tiabaya fue conocido por todo el mundo cuando la NASA lo difundió en una estampilla del correo de los Estados Unidos. Eso ocurrió en 1974 al cumplirse el centenario de su nacimiento. En el Perú, además, un billete de 100 soles lleva el rostro de nuestro sabio.

Von Braun había dicho también que Paulet cumplía las fantasías de Julio Verne y de todos los niños. Eso me hace recordar que, cuando tenía 10 años, mi vecino y yo juramos ser los primeros peruanos en llegar a la Luna.

A los 15 años, mi amigo Carlos Cabrejos se alistó en la FAP y solía sobrevolar nuestro pueblo en vuelos de aprendizaje. Su madre le dijo a la mía: “Creo que, de nuestros hijos, Cayito está más cerca de la Luna”. Mi madre la contradijo: “Eso no es cierto. Eduardo ha estado en la Luna toda la vida”.

En la introducción de su obra, Clément afirma su propósito de “escuchar las palabras” y prestar atención a esa dimensión olvidada de la ópera. Su análisis revela una constante. Las mujeres en la ópera mueren, son sacrificadas o anuladas.

Carmen es una de las muertas, ciertamente. Pero es singular. No por ser necesariamente distinta como personaje, sino por ser diferente como ser humano: como dice Clément “por ser la más feminista, la más asesinada de las muertas: Carmen la gitana, Carmen la condenada. La que muere cuando quiere, la que dice no. Ella es la que decide sola, mientras que a su alrededor los hombres se afanan en sus pequeñas intrigas de contrabandistas y soldados. Es la más pura, la más libre”.

En la introducción del libro, Clément se explica: “... Yo voy a hablar de las mujeres y de sus historias en la ópera. Voy a cometer el acto sacrílego: escuchar las palabras, leer los libretos, seguir las intrigas, sus nudos gordianos, sus recovecos... he decidido prestar atención al lenguaje, a esa parte olvidada de la ópera”. En esa cirugía crítica desfilan juicios implacables sobre las muertas, como Madame Butterfly, Lulú; las prisioneras de dramas familiares o padres terribles como (Violetta o Elizabeth de Valois; las jóvenes sin destino (Olga, Tatiana, Lucía de Lammermoor; y, finalmente, aquellas heroínas que sufren “la furia de los dioses o la declinación de la luna”, Turandot, Norma o Adalgisa.
Carmen es una excepción. En palabras de Clément, es la más obstinada de las muertas: aquella que dice no. Esa negativa —esa afirmación radical de sí misma— es precisamente el núcleo de su singularidad.

Cuando se estrenó Carmen, el 3 de marzo de 1875, en la Opéra-Comique de París, la reacción fue sumamente crítica. Escandalizó. Y lo hizo porque musicalmente estaba tan lejos de la ópera cómica francesa como del drama romántico alemán wagneriano. Bizet revolucionó los cánones tradicionales de la ópera. La mediterranizó. De allí la sensación del fracaso inicial. Pero, he ahí también la razón del triunfo universal posterior.

Bizet sintió la sensación implacable del fracaso. Murió pocos meses después del estreno. El 3 de junio de 1875. Tenía 37 años. Se llevó a la tumba la falsa convicción del fracaso de Carmen. Pero la vida le alcanzó para oír la reveladora y certera predicción de Tchaikovski: “en diez años esta obra será una obra maestra en toda la acepción del término y será la más popular de las óperas”. Y el juicio entusiasmado de F. Nietzsche: “Cuando una obra así te ennoblece, uno mismo llega a convertirse en una obra maestra”.

El libreto es una de las claves de su modernidad y ruptura. Henri Meilhac y Ludovic Halévy no se limitaron a adaptar la novela de Prosper Mérimée. La transformaron. Desplazaron el eje desde la anécdota criminal hacia la relación amorosa entre Carmen y don José, otorgándole densidad trágica y simbólica. Una relación dominada por una tensión estructural que pone en juego dimensiones alternativas y excluyentes del amor. En la dinámica de esa contradicción, Carmen excede largamente al personaje casi costumbrista de la novela y se eleva a personificar en la ópera una idea abstracta del amor.

No se trata únicamente de una historia trágica, sino de la confrontación entre dos concepciones antagónicas del vínculo amoroso: el amor como libertad y el amor como posesión y opresión. Esta oposición no solo estructura la relación entre Carmen y don José, sino que permite releer la obra como una anticipación moderna de un problema central en la teoría del amor: la tensión entre autonomía y dependencia. En este sentido, Carmen no es una ópera sobre la muerte, sino sobre la imposibilidad de conciliar dos formas irreductibles de amar.

La concepción del amor que Carmen representa no es, ciertamente, una imagen del amor freudiano. Tiene más de la idea frommiana del amor como compensación creadora, en libertad, a la pérdida de seguridad que significa la separatividad en la evolución del ser humano. Pero, al mismo tiempo, es ajena a los componentes éticos de la visión de Fromm. Es una visión libre del amor, es cierto. Pero no de un sentimiento amoroso que deba ser regulado por los valores éticos y sociales de la responsabilidad, el respeto y el no daño al otro, como postula Fromm. Se trata de un amor en libertad, sin límites ni regulaciones, solamente comparable a la fuerza del vuelo de un pájaro y a la inexistencia de límites en su vuelo. Un vuelo, rebelde por definición, que cambia de rumbo a su propia voluntad: “el amor es un pájaro rebelde, que nadie lo puede enjaular”, canta Carmen en La Habanera.

El amor que encarna Carmen está más cerca de las ideas de Francesco Alberoni, de su teoría sobre el enamoramiento como una dinámica colectiva de dos. Para Alberoni el amor es el movimiento colectivo más simple, pues reúne una comunidad de solo dos personas y produce la comunidad humana más nuclear: la pareja. Este movimiento colectivo se presenta a partir del “imprinting”, que es la atracción repentina, la fascinación. Aquella que el propio Stendhal asimila a la fiebre, por emerger y diluirse sin que la voluntad intervenga. Un impacto que comunica e identifica a dos seres por encima de su individualidad.

En Carmen, el “imprinting” está simbolizado por la escena en el primer acto en que Carmen saca la flor de sus labios y la arroja al pecho de don José. Y luego se pasa a la fase del enamoramiento, a la cristalización del amor, según Stendhal. El aria de ‘La Fleur que toi m’avais jetée’, en la escena quinta del primer acto, confirma que la fuerza irresistible del amor está presente.

Pero el amor es una manera de nacer continua, en la medida que constituye una ruptura de la soledad y una ilusión que actúa cotidianamente en el imaginario de los amantes. Es nacimiento y renacimiento. Lo que para Fromm es la variación del sujeto amoroso, es el continuo renacer de Alberoni. Don José recrea su experiencia amorosa de Micaela hacia Carmen, la gitana, cuando agota su amor por García lo hace renacer en don José, y de este hacia Escamillo. En Carmen no son traiciones. No engaña. Prefiere la muerte a la mentira y a la claudicación respecto de sus propios sentimientos. Don José, a quien Carmen ha dejado de querer, le exige fidelidad sin amor. Carmen se niega.

Encarna el amor como libertad: ama sin someterse, sin renunciar a sí misma, sin aceptar vínculos de dominación. Su amor es elección permanente, no obligación. Don José, por el contrario, representa el amor como posesión. Su vínculo con Carmen evoluciona desde el enamoramiento hacia la dependencia, y de esta hacia la obsesión. No puede aceptar la autonomía de Carmen porque su amor exige exclusividad y control.

Al final, don José, al no poder poseerla, la asesina. Y Carmen no se resiste ni se defiende. Prefiere la libertad a la muerte. Es coherente con su lógica interna: no mentir sobre el amor, no fingir lo que no siente, no permanecer donde no ama. Su negativa final no es un gesto impulsivo, sino la culminación de su identidad. Por eso, Carmen, la ópera, no es una tragedia de la muerte, sino una tragedia de la libertad.

La decisión judicial reafirma el valor del Estado de derecho como pilar de la convivencia política. El tribunal reconoce que las acusaciones graves, como vincular a una persona con el terrorismo, requieren pruebas sólidas. Esta sentencia fortalece la idea de que la política se construye sobre hechos verificables y argumentos consistentes.

Durante años, el “terruqueo” ha funcionado como una herramienta de confrontación desde sectores ligados a Fuerza Popular. Este recurso ha buscado instalar etiquetas que simplifican el debate y generan impacto mediático. Hoy, el Poder Judicial introduce un punto de equilibrio al establecer límites claros y reafirmar estándares mínimos de responsabilidad discursiva.

El pronunciamiento judicial también eleva la calidad del espacio público. La política gana cuando el intercambio de ideas se apoya en evidencia, respeto y rigor. Este fallo impulsa una cultura donde la crítica se ejerce con sustento y donde las instituciones garantizan el equilibrio entre libertad y responsabilidad.

La reacción política frente a la sentencia evidencia la intensidad del momento. Sin embargo, el sistema democrático demuestra fortaleza a través de sus mecanismos institucionales. El Poder Judicial cumple su rol y consolida su lugar como árbitro en conflictos donde se cruzan política y derechos fundamentales.

En este contexto, la ciudadanía adquiere un rol decisivo. El próximo 12 de abril ofrece una oportunidad para expresar, a través del voto, una preferencia por un debate político más responsable y una práctica democrática basada en hechos, no en prejuicios ni intolerancias. A tres días de los comicios, es fundamental recordar que cada elector tiene en sus manos la posibilidad de reforzar este mensaje en las urnas y marcar el rumbo del país con una decisión informada y consciente. Una capaz de construir una república superior.

Esta resolución marca un precedente relevante. Esta sentencia debería señalar un camino hacia una política más responsable, donde el uso de la palabra adquiere un valor acorde a su impacto, no como algunos candidatos como Rafael Lopez Aliaga de Renovación Popular que incluso emiten diatribas contra otros peruanos.

Se trata, en suma, de una victoria significativa. Una del Estado de derecho, de la institucionalidad y de una ciudadanía que exige un debate político más serio, más informado y más respetuoso.