Ese número es el mensaje político más contundente de la elección. Y ambos candidatos que disputan la presidencia han elegido ignorarlo.

Para que la magnitud sea clara: Keiko Fujimori obtuvo 2,8 millones de votos en primera vuelta. Roberto Sánchez obtuvo algo más de 2 millones. El voto blanco y nulo supera a ambos. Si los peruanos que rechazaron todas las opciones formaran un partido, tendrían la bancada más grande del Congreso. Sus curules, sin embargo, permanecen vacíos.

En cambio, la campaña ofrece una sucesión de episodios que explican, cada uno a su manera, por qué millones de peruanos decidieron abstenerse de elegir. Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, admitió con orgullo lo que su partido negó durante años: que la salida de Pedro Castillo fue producto de una operación coordinada entre el Congreso, el Ministerio Público y sectores de la prensa. Lo llamó gesta. Lo presentó como mérito de campaña. Al hacerlo confirmó exactamente las razones por las que millones de peruanos desconfían de las instituciones y de quienes las administraron a su conveniencia.

Roberto Sánchez enfrenta una exigencia equivalente. Su campaña de segunda vuelta ha priorizado la distancia respecto a la sombra de Castillo por encima de la construcción de una identidad política propia. Los millones de peruanos que rechazaron al fujimorismo le hicieron una pregunta concreta que aguarda respuesta: qué propone, específicamente, para gobernar un país con instituciones debilitadas, una economía que excluye a millones y una ciudadanía que reclama ser escuchada.

Esa pregunta conecta directamente con los 3,4 millones que eligieron el blanco o el nulo. Ese voto es la expresión de ciudadanos que leen con lucidez que el sistema político peruano funciona con una lógica que los excluye: partidos que se fragmentan para que el menos votado acumule poder desproporcionado e instituciones usadas como instrumentos de disputa entre élites.

Koyo Kouoh, quien falleció en mayo de 2025, fue la directora artística de la 61.ª Bienal de Venecia y la encargada de diseñar la temática de esta exhibición. Avanzó hasta sentar los lineamientos de la muestra, titulada In Minor Keys. A pesar de haber dejado como legado los argumentos para interpretar sus propuestas, su voluntad no fue enteramente respetada y su muerte relativiza la lectura más exacta de su ahora hermético razonamiento, lo que marca esta Bienal, desde sus inicios, con un sello de ambigüedad, de realidades interpretables y de figuras fantasmales que luchan por subsistir e imponer sus voluntades en un mundo que ya no tiene definición.

Su ausencia permite la presencia de argumentos que ahora se sostienen en exhibiciones montadas con plena libertad, asumida por los Estados, con sus representantes como participantes estrella. Ya no exhiben los artistas; ahora son los países los que imponen o divulgan sus argumentos políticos y sus intenciones más estructuradas, en busca de una supremacía política, de un mensaje victorioso, más allá de la búsqueda de la belleza, de la sencillez, de planteamientos diseñados en clave menor que inviten a escuchar las constantes señales de la tierra y de la vida, tonalidades menores que se conecten con las frecuencias íntimas del alma y se asocien con el asombro, la tristeza y la melancolía, para proponer y explorar un arte que se aleje de la velocidad y del espectáculo, en busca de formas más pausadas, auténticas y atentas a las interacciones de las emociones.

Como en la música, esta exhibición pretende resaltar las inquietudes más íntimas, subjetivas y sensoriales, al colocar las manifestaciones artísticas en espacios de reflexión y meditación, en las verdaderas conexiones. Pero son los Estados los que luego la boicotean, asumen liderazgos y cuestionan la validez de sus representaciones. Más de 40 pabellones son cerrados en protesta por la participación de Rusia e Israel; con esto confirman que lo que realmente les interesa son las posiciones políticas. Son actitudes relativamente válidas, ya que al protestar establecen, al igual que los miembros del jurado internacional, que pierden el interés en estos argumentos divididos y también renuncian, que no pueden exhibir al lado de artistas elegidos por Estados cuyos líderes han sido acusados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, se cancela el procedimiento tradicional para otorgar los premios y se lo sustituye por un León de Oro otorgado por el voto del público, que será entregado al final de la Bienal, para evitar así intervenciones oportunistas que permitan deslizar alguna interpretación política del evento.

Muchos de los artistas retiran sus obras de la competencia como respuesta, dejan vacía la posibilidad del premio y con esto empiezan los conflictos. Ya no se trata de artistas y sus montajes, sino de intervenciones gubernamentales con los conflictos que estas arrastran. Las representaciones ya no se plantean como propuestas mágicas o conceptos abstractos, sino que evidencian la guerra en Ucrania y las agresiones imperialistas, y utilizan sus participaciones como “mecanismos de propaganda”. Ahora es Gaza, el genocidio, las disputas sobre los límites del boicot cultural. Irán se retira en silencio y señala la imposibilidad de separar la cultura de la intervención militar en Oriente Medio. Y para Estados Unidos la cultura es un nuevo frente en la guerra de las identidades. La política norteamericana entiende muy bien el verdadero valor de estos espacios y no los abandona; por el contrario, los ocupa con argumentos intervencionistas, transforma la libertad artística en propaganda de sus valores propios y nacionales, y promueve sus particulares discursos del prestigio cultural.

Por primera vez en su historia, la Bienal se enfrenta a una huelga de gran escala: se cierran pabellones, aparecen banderas palestinas y se bloquea la circulación normal del evento con intervenciones y protestas espontáneas que afectan a una parte significativa de los pabellones, lo que hace notar las bases materiales que normalmente permanecen invisibles, y el interés cambia de protagonismo. Ahora son los trabajadores, los asistentes, los limpiadores y hasta los vigilantes quienes pasan a evidenciar con sus ausencias una infraestructura frágil, medio inoperante y decadente. Se extrañan sus presencias casi tanto como las de los artistas y los pabellones, ya que ponen en evidencia una base material fundamental que normalmente permanece invisible.

La Bienal se presenta moribunda; los artistas ya no quieren seguir los mandatos de los Estados y la protesta se generaliza. El arte está cambiando, ya no se trata del éxito. Quizás regrese a sus orígenes en busca de aquellos lugares donde las emociones se transmitían en claves menores, en bajas frecuencias, con sencillez, humildad, claridad e independencia.

Para cualquiera que siga la política peruana es notorio el papel de Torres en el fujimorismo. Compañero de clase de Kenji Fujimori en el Colegio Recoleta, hijo del congresista y abogado personal de Alberto Fujimori, Carlos Torres y Torres Lara, Miki para los amigos, siguió sus pasos como abogado de la familia. Como lo han referido los cercanos**,** ha sido un “Consiglieri” familiar. Desde armar y desarmar personas jurídicas para la familia en negocios como Limasa, hasta negociar con todas las familias políticas: los Acuña, los Luna, los Cerrón, en dupla con Luis Galarreta. Todos pueden recordarlo recriminando a Kenji (“tus sobrinas van a visitar a tu hermana en la cárcel”, anticipaba) en una esquina del hemiciclo la noche que salvaron de la vacancia a Kuczynski o cargando el papel higiénico en la puerta de la prefectura meses más tarde.

Es, pues, una persona de la absoluta confianza de Keiko Fujimori, parte del círculo íntimo, cuyo consejo legal y político es apreciado. En la entrevista del jueves se le notaba sobrado, con muchas ganas de jactarse del triunfo de un proyecto personal. Proyecto que, por esas ingratitudes del destino**,** nadie había sabido reconocerle. En resumen, Pedro Castillo no fue vacado por dar un golpe de Estado. Nada de eso. Lo que tuvimos en el Perú fue una “gesta de contención”. Usar la palabra gesta no es casual. Alude al heroísmo (no reconocido) de quienes derrocaron a Pedro Castillo, quien con su golpe de Estado solo “contribuyó con un granito de arena”.

Dijo textualmente esto: “Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Van a decir que se sacó solo. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que este señor se vaya”.

¿Castillo no fue vacado por dar un golpe de Estado por su entera responsabilidad? Eso creía yo. Pero parece que no es así para el fujimorismo. ¿Qué pasa cuando un grupo de personas conspira para derrocar a un presidente? Eso se llama sedición en el Código Penal. Y para los que les parezca una exageración, una “tergiversación”, les podemos recordar el artículo 45 de la Constitución**,** donde se señala con meridiana claridad que el poder emana del pueblo y que ninguna persona puede arrogarse el ejercicio de ese poder. “Hacerlo constituye rebelión o sedición”.

El asunto es políticamente letal por otra razón. En febrero del 2023, IPSOS le preguntó a la población si creía que Pedro Castillo había dado un golpe de Estado o si, por el contrario, el Congreso le había dado un golpe a Castillo para colocar a Dina Boluarte como presidenta. Pese a que el acto golpista de Castillo fue visto por todo el país en vivo, un sorprendente 43 % culpó al Congreso. Pero, con el tiempo, esta percepción no disminuyó. Por el contrario, ha crecido. En junio del 2023 era 50 %; en diciembre del 2024 era 55 % y en abril del 2025 ya era un 59 % el que consideraba que Pedro Castillo era una víctima de un golpe de Estado ejecutado por el Congreso. Esta última medición traía información por nivel socioeconómico. Los que creían que Castillo había sufrido un golpe (y no al revés) eran 25 % en el NSE A; 48 % en el NSE B; 56 % en el NSE C; 63 % en el NSE D y 66 % en el NSE E.

Las letales palabras de Torres no han hecho sino confirmar esta errada percepción. Ha alimentado, con entusiasmo, la teoría del derrocamiento institucional y el martirologio de Pedro Castillo, quien, no siendo popularísimo, ha podido endosar sus votos a un pésimo candidato como Roberto Sánchez. Con ese 10 % de voto emitido le bastó para estar en segunda vuelta. ¿Dónde es más extendida la percepción de que Castillo fue derrocado? En los NSE más bajos. ¿Dónde se está peleando la segunda vuelta? Justamente ahí. Lo que ha hecho Torres es regalarle la narrativa a Sánchez. Cualquier asesor en comunicación política le hubiera aconsejado no solo no hablar de su “gesta”, sino atacar a Sánchez alejándolo todo lo posible de la imagen (más reconocible) y del “martirio” de Castillo. Es decir, dejar a Sánchez sin sombrero. Eso era lo que tenían que hacer. ¿Qué hizo la vanidad de Torres? ¡Ponerle un sombrero más grande!

Y no es que en la tienda de Sánchez no tengan problemas graves. El plan de gobierno de JP incide en la derogatoria expresa del capítulo económico de la Constitución, la columna vertebral de la estabilidad y del crecimiento económico. El plan es un desastre parecido al Ideario Programa de Vladimir Cerrón. Felizmente ninguno de los dos llegará a concretarse porque no tuvieron, ni tendrán, los votos. Pero, en campaña, ofrecer un estatismo del siglo pasado solo ahuyenta (más) a la inversión, sin la cual no hay nada: ni trabajo, ni impuestos, ni crecimiento, ni desarrollo, ni consumo. ¿Qué ha hecho Sánchez? Reclutar a Oscar Dancourt y Pedro Francke para que propongan moderación socialista desde el caos. ¿Cuál es el “verdadero” plan? ¡Lo están elaborando! Eso dijo Dancourt esta semana en Canal N. Mientras tanto, Sánchez asegura que no habrá “hoja de ruta”, en clara alusión al gobierno de Ollanta Humala, que abandonó ese espantoso plan llamado “La Gran Transformación”, que de ejecutarse hubiera sido la gran postergación. ¿Cree que así logrará el voto popular? Puede asustarlos y perderlos. Está jugando con fuego al meterse con el bolsillo.

Faltan dos semanas para las elecciones. Del lado de Fuerza Popular no hacen sino confirmar su poco afecto por la democracia y del lado de Juntos por el Perú, su imbatible deseo de destruir la economía peruana a punta de improvisación. “Entre el cáncer y el sida”, dijo Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta del 2011. Ahí estamos, de nuevo, una gran mayoría de peruanos: un poco indecisos y otro poco hartos de la pobreza de la oferta electoral, una vez más.

En su análisis, la Corte estableció que los niños y niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual, por lo que los Estados debían tomar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia, incluidos los abusos sexuales, considerando la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes.

Entre dichas medidas, sin duda, se encuentra la Educación Sexual Integral (ESI), la cual no solo promueve el autocuidado de niños y niñas, protegiendo su cuerpo, sino que también les permite identificar y denunciar situaciones de abuso y violencia sexual, así como prevenir el embarazo adolescente. Por ello, el haber eliminado la ESI en los nuevos lineamientos del Ministerio de Educación para incluir ahora una “educación sexual con base científica, biológica y ética”, es un retroceso gravísimo en un país en el que solo en el 2025 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 21,609 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

Se está consolidando, por tanto, un círculo de violencia, que se inicia con la agresión en el hogar y/o en el colegio y tiene la complicidad de quienes desde el Estado, disfrazan de preocupación por la vida y creencias religiosas, su enorme desprecio por la niñez peruana.

Varias décadas después, en el Perú del 2026, el mercado electoral de la segunda vuelta ha renovado la desconfianza en las balanzas, en especial desde que muchos analistas, periodistas y operadores indican que esta sería la herramienta más adecuada para decidir entre la ultraderecha limeña de Keiko Fujimori y la izquierda provinciana de Roberto Sánchez.

El argumento parece convincente: la historia habría puesto al Perú en la encrucijada de dos horrores milimétricamente equiparables. Entonces, si pesamos con prudencia riesgos y prontuarios, la balanza sabrá decirnos quién es el menos malo: si la hija del último dictador o el hijo político del vacado y encarcelado Pedro Castillo. El politólogo Alberto Vergara asegura que ambas opciones representan corrientes golpistas similarmente peligrosas y recomienda que la ciudadanía elija a “su mal menor” en silencio, sin hacer alarde de su decisión, pues básicamente cualquiera da lo mismo.

Siguiendo esa estrategia, el excongresista Alberto de Belaunde evaluó el Keiko vs. Sánchez y comenzó poniendo en la balanza el perfil psicológico de la candidata. “(Ella) no aceptó perder las elecciones de 2016”, escribe en una columna reciente. “Ese berrinche político fue el detonante de una década de inestabilidad, enfrentamientos y oportunidades desperdiciadas. Un país entero pagó el precio de ese ego”. Por si fuera poco, añadió, el partido de Fujimori capturó casi todas las instituciones independientes, desde el Tribunal Constitucional hasta el futuro Senado; además, Fujimori esgrime un doble discurso nefasto que le permite defender en público programas populares como Beca 18 mientras sus parlamentarios lo destripan como buitres en las catacumbas del Congreso. El fujimorismo, concluye De Belaunde, “funciona más como una secta que como una organización democrática”.

En el otro plato de la balanza las cosas no parecen mejores. Sánchez “reivindica el régimen de Pedro Castillo”, explica De Belaunde sobre ese expresidente que, al filo de la vacancia, “intentó un golpe de Estado (...) con un discurso calcado del de Alberto Fujimori en 1992. El mismo argumento, la misma lógica, el mismo desprecio por las reglas. Que salió mal no lo salva de responsabilidad política e histórica”. Sánchez, que fue ministro de Castillo, carga con el peso de las denuncias de corrupción dentro de aquel breve gobierno y con la mediocridad de los funcionarios de dicho régimen. De yapa está su alianza con Antauro Humala, un personaje desquiciado que, curiosamente, la tele y el streaming se mueren por entrevistar.

Ahora que los platos de la balanza rebosan de evidencias, nos corresponde a los electores tomar la decisión final. “Habrá quienes voten por Keiko Fujimori. Habrá quienes voten por Roberto Sánchez”, concluye el columnista, no sin antes transparentar que él votará viciado, una opción aparentemente racional tomando en cuenta las opciones disponibles. Sin embargo, siendo honestos, el método descrito arriba es raro. Algo no cuadra. Y es en medio de estas tribulaciones que emergen oportunos los recuerdos de mi infancia en el mercado, cuando me habría encantado tener el lenguaje y la osadía para decir: “Míster, su balanza tiene truco”.

Pasa que el fujimorismo que los analistas ponen en la balanza es un fujimorismo con trampa: sanitizado, editado, aliviado del peso de su propia historia. Para comenzar, esta organización no existe desde 2016 sino desde los años noventa, cuando los noticieros de todo el mundo situaban al Perú como escenario de una dictadura prolífica en robos, sobornos y crímenes, pero también ahogada en sus propias evidencias. Un día Alberto Fujimori intentó viajar en un avión presidencial cargado de cocaína y el escándalo mundial fue inmediato. La corrupción fujimorista era inseparable de la comedia audiovisual; y, en el clímax de esa etapa, los vladivideos donde Montesinos compraba políticos y empresarios a granel fueron tendencia universal en un mundo sin smartphones ni redes sociales.

Lo recuerdo porque comencé a hacer periodismo en la época de esos destapes. Mis comisiones diarias como practicante implicaban registrar el impacto de reportajes monumentales como el que develó la fábrica de firmas falsas, un esquema que el fujimorismo montó para participar en las elecciones del 2000 y reelegirse de forma fraudulenta e ilegal. Hice guardia en las afueras del búnker de Montesinos, en playa Arica, un fortín con atmósfera de estudio porno y donde las crónicas de la época situaban episodios delirantes de sexo y voyeurismo (leer Llámalo amor, si quieres, de Toño Angulo). Como muchos colegas, me volví experto en los vladivideos, en especial en aquellos donde hasta los hombres más ricos (los Dionisios y los Genaros) y las mujeres más poderosas (las Lauras y las Giselas) se volvían dóciles mascotas de la dictadura.

Ser periodista en el inicio de este siglo también te volvía automáticamente erudito en los crímenes del grupo Colina y del SIN. Sus soldados encubiertos interceptaban los teléfonos de los enemigos del régimen y, gracias a su sistema de espionaje, emergían de las sombras para ejercer un sanguinario control de daños, como serrucharle las manos al periodista Fabián Salazar en el año 2000, y torturar y descuartizar a las agentes Leonor La Rosa y Mariela Barreto. Para cuando estas cosas se sabían, Keiko Fujimori ya había reemplazado como primera dama a su madre, Susana Higuchi, temprana víctima del régimen de su propio esposo. El fujimorismo implosionó dejando montañas de cadáveres y evidencias de corrupción, y como joven reportero imaginaba que aquel sería un hito histórico inolvidable.

Y, sin embargo, aquí estamos. Apenas veinticinco años después, una amnesia selectiva afecta a nuestras mentes más brillantes.

Keiko Fujimori no tiene rubor en reivindicar el gobierno de su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado, usurpación de funciones, secuestro y peculado; ese icónico dictador latinoamericano que fue incluido en el club de los siete más corruptos de la historia, junto a sátrapas como Mohamed Suharto, Ferdinand Marcos y Slobodan Milosevic. La conexión entre la hija y el padre no es solo sentimental, sino ideológica y pragmática. Los une un tejido orgánico de operadores históricos como Martha Chávez, Jaime Yoshiyama y el doctor Alejandro Aguinaga. Famoso por haber sido uno de los gestores de la campaña de esterilizaciones forzadas, este médico puso al fujimorismo en el mapa global del exterminio indígena. Con más de 300.000 víctimas, dicho programa eugenésico es un pedazo documentado de historia suficiente para romper cualquier balanza, salvo por un detalle gravitante en el Perú: las personas afectadas fueron en su gran mayoría mujeres indígenas del campo y de las periferias de las ciudades. Un horror lejano a las experiencias íntimas y familiares de Lima Moderna y, quizá por eso, irrelevante para este sector. Porque si Aguinaga hubiese victimizado a las élites del país —una posibilidad inimaginable— no solo estaría preso sino que, con toda seguridad, los políticos e intelectuales liberales de este sector social serían menos indulgentes a la hora de poner al fujimorismo en la balanza.

¿Entonces por qué ocurre lo contrario? ¿Por qué analistas como Vergara y De Belaunde deciden no tomar en cuenta el lado gore del fujimorismo? Una explicación podría ser que, en el fondo, no desean determinar con certeza cuál es el mal menor, sino que les interesa establecer el empate técnico en la competencia del horror sin atender a las evidencias completas. Ahí el truco: para que el fujimorismo pese lo mismo que cualquier otra opción política vigente es indispensable sacar de la balanza su prontuario más sangriento. Una edición 'mágica' y abiertamente irracional que, paradójicamente, viene de quienes invocan máxima racionalidad al momento de decidir.

Cinco años atrás, en la segunda vuelta de 2021, personajes de la derecha tradicional como Marisol Pérez Tello, Pedro Cateriano y Mario Vargas Llosa apoyaron cerradamente a Keiko Fujimori y, contra toda evidencia, le atribuyeron el papel mágico de protectora de la democracia. El respaldo a Fujimori fue multitudinario y mediático en Lima Moderna, muy lejos de la moderación que ahora recomienda Vergara. De hecho, la histeria hirió amistades y distanció familias. Se habló mucho de 'polarización' y, bajo las montañas de propaganda, algunas certezas se hicieron evidentes: llegado el momento de reflexionar el voto, gran parte de Lima Moderna descubre conexiones culturales con el fujimorismo que no son tan notorias en otros momentos.

Castillo 2021 y Sánchez 2026 representan, para dicho sector, la emergencia díscola del país indio, cholo, exótico, resentido, atrasado y lejano con el que históricamente resulta imposible dialogar. A ese país se le gobierna, se le estudia, se le corrompe, se le convence, se le reprime, se le domestica, se le modula, se le adula. Pero no se le trata de igual a igual. Las élites liberales no tienen que ser abiertamente racistas o convertirse repentinamente al ultraderechismo para acercarse al fujimorismo en la segunda vuelta: les basta con hacer un análisis FODA más o menos pragmático, más o menos limeñocentrado, tapándose la nariz, en silencio, sin alardear (como indica Vergara), y ponerse de perfil o cerrar los ojos a la crueldad que esta organización representa en la historia de ese otro país.

Otras organizaciones crueles y mesiánicas han gobernado o querido gobernar el Perú. Pero, a diferencia de Sendero Luminoso —que llevó el terror hasta el corazón de 'Lima Moderna'—, el fujimorismo ha sabido concentrar su crueldad en el campo y en las 'periferias'. Allí están las masacres, las fosas comunes, los hornos crematorios, las esterilizaciones forzadas; crímenes por los que el entorno de Keiko Fujimori sigue buscando impunidad a través del Congreso, su principal centro de operaciones durante la última década. Allí se agigantan operadores siniestros como Fernando Rospigliosi, una especie de Harvey Two-Face cuya transformación desde el antifujimorismo pro derechos humanos hasta el fujimorismo pro masacres evidencia que la máquina sangrienta no es un recuerdo borroso sino un programa de gobierno.

Que las víctimas del fujimorismo son (y con seguridad serán) ciudadanas sin república de ese Perú fuera de Lima Moderna no significa que sus historias se puedan borrar o ignorar con tanta facilidad. Pocas cosas deben estimular más al fujimorismo que los análisis supuestamente críticos que le quitan de encima semejante montaña. Pocas cosas deben aterrarle más a Keiko Fujimori que una balanza verdaderamente honesta, sin truco.

En la última década, el gasto público creció de manera sostenida. Entre 2015 y 2025, las planillas estatales se expandieron 155% en términos reales, mientras la inversión pública en infraestructura, saneamiento y conectividad lo hizo en 113%. Y, sin embargo, la pobreza monetaria cerró 2025 en 25.7%, cinco puntos por encima del nivel prepandemia; la anemia infantil en menores de tres años se mantiene en 43.4% y los aprendizajes escolares siguen sin recuperar el terreno perdido. Algo no cuadra entre lo que pagamos y lo que recibimos.

La explicación más común es que falta plata o que falta gestión. Las dos son ciertas en parte. Pero hay un problema adicional que rara vez se enuncia con todas sus letras: en el Perú no hay una idea clara de qué país queremos construir, ni voluntad política para sostener esa idea frente a los intereses organizados que se resisten a ella. Sin esa brújula, las decisiones de política pública no responden a un plan, sino a quién está empujando en cada momento. Y los que empujan rara vez coinciden con quienes más necesitan que algo cambie.

Aquí cabe explicar el título, que puede sonar provocador. Gobernar es escoger perdedores porque toda decisión de política pública distribuye costos. A veces afecta directamente a un grupo de personas y siempre tiene un costo de oportunidad: la decisión no tomada, qué otra iniciativa se hubiera podido financiar con ese presupuesto. Incluso no decidir es una forma de decidir.

Las reformas que un país necesita rara vez son indoloras. Casi todas implican retirar un privilegio, eliminar una renta, exigir un esfuerzo o quitarle algo a alguien para mejorar la situación del conjunto. Eliminar exoneraciones sin justificación, exigir evaluación de desempeño a servidores públicos o reestructurar empresas estatales que drenan recursos tiene beneficiarios difusos, como “los ciudadanos”, “las próximas generaciones” o “el país”, y perdedores concretos y organizados. La diferencia no está en si una decisión deja perdedores, porque siempre los deja. La diferencia está en quién los escoge y con qué criterio: si los escoge un gobierno con prioridades claras, o si los escogen, por omisión, los grupos con más capacidad de presión.

Quién empuja, qué se aprueba

En el Perú se ha vuelto costumbre aprobar aquello que tiene quien lo impulse. Los grupos con mayor capacidad de llegada al Ejecutivo y al Congreso, gremios magisteriales, directorios de empresas estatales y otros grupos organizados que defienden intereses específicos, van obteniendo beneficios sucesivos, muchas veces muy costosos para el país, sin una contraparte clara en productividad o bienestar para la mayoría de peruanos. Mientras tanto, los hogares en pobreza, las familias con inseguridad alimentaria, los jóvenes que no consiguen empleo formal o los becarios potenciales que se quedan sin convocatoria no tienen vocería en esa mesa.

Más que una crítica a grupos organizados, sindicatos o gremios, es una crítica a un sistema que asigna recursos por presión y no por evidencia sobre qué genera más bienestar. Los ejemplos abundan. Petroperú ha recibido miles de millones de soles en rescates mientras sigue operando con graves problemas financieros. La compra de aviones de combate puede tener justificación de defensa, pero exige discutir qué otras urgencias desplaza. Y en educación, los beneficios al magisterio han crecido mucho más rápido que los aprendizajes. El patrón es el mismo: se atiende al actor con presión, pero rara vez se pregunta qué resultado compra el país con ese gasto.

Un golpe que dolerá más adelante

El caso CAS muestra con especial claridad esta forma de gobernar por presión y no por propósito. El CAS nació en 2008 como un régimen temporal y debía desaparecer con la Ley del Servicio Civil de 2013. Trece años después, menos del 1% de los servidores públicos está bajo Servir. En marzo de 2026, una nueva ley otorgó a los trabajadores CAS gratificaciones y CTS equivalentes a las de los nombrados, sin concursos de mérito ni evaluaciones de desempeño. Además, ordenó financiar esos beneficios sin recursos adicionales del Tesoro, lo que obliga a reducir bienes y servicios para cubrir planillas más rígidas.

¿Quién ganó? Los trabajadores CAS, que pedían protección después de años de precariedad. ¿Quién perdió? La reforma del servicio civil, que ya venía estancada y ahora queda sin sentido económico para muchos trabajadores. Pierden también quienes ya no podrán ser contratados como CAS y serán empujados a órdenes de servicio, la única figura que les queda a las entidades públicas para tener algo de flexibilidad, sin protección laboral ni social. Y pierde el ciudadano que seguirá dependiendo de un Estado sin meritocracia, evaluación ni rendición de cuentas para enseñar, curar, regular, fiscalizar y ejecutar inversión.

Es difícil pensar en una decisión que ilustre mejor la lógica de esta columna: una medida que beneficia a un grupo identificable y organizado, sin un debate público serio sobre lo que se sacrifica a cambio.

Lo que viene

Lo que viene

En pocas semanas tendremos un nuevo gobierno. Quisiera cerrar pidiéndole una idea de país, voluntad de reforma y honestidad para nombrar a los perdedores de cada decisión. Pero la experiencia de la última década obliga a ser más cautos. Para que cambie la trayectoria reciente del Ejecutivo y del Congreso se necesita una sociedad que exija, y nuestra capacidad como sociedad para exigir las reformas, para sostener la presión más allá del titular de la semana, se ha venido erosionando casi al mismo ritmo que el aparato estatal que debería ejecutarlas.

Lo que sí está claro es lo que sigue si nada cambia. Por un lado, el próximo gobierno recibirá un Estado más caro, planillas más rígidas y una reforma del servicio civil reducida a escombros. Y por el otro lado, se enfrentará a los mismos grupos organizados, con la misma capacidad para pedir y presionar.

Gobernar es escoger perdedores. Cuando nadie quiere escoger, los que terminamos perdiendo somos todos.

Cuando los asuntos de Estado son de especial trascendencia, la manera más segura de instrumentar el lenguaje por vía oral es leyendo. De esa manera, cada expresión es sopesada a partir de su significante (el término o símbolo utilizado) y de su significado (el contenido real o la interpretación política que se le atribuye).

El alcance y la trascendencia del encuentro en la cumbre entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump deben buscarse en el lenguaje que ambos mandatarios utilizaron para fijar sus posiciones y reseñar sus entendimientos. Con la salvedad de que Xi utilizó siempre la regla del lenguaje escrito. Trump la combinó con su conocida espontaneidad oral, que muchas veces hace más difícil la tarea de descifrar con exactitud sus posiciones.

Con el telón de fondo de una grave situación internacional caracterizada por las políticas de poder unilaterales de la diplomacia del America First, la competencia tecnológica y comercial entre ambas naciones, la sensibilidad china respecto de la cuestión de Taiwán y la redefinición del equilibrio global entre Washington y Beijing, Xi optó por el uso de los dos extremos del lenguaje diplomático: el simbólico y el de precisión absoluta.

En lenguaje simbólico hizo referencia al ya clásico teorema del historiador de la Guerra del Peloponeso, denominado la “trampa de Tucídides”, concepto popularizado contemporáneamente por Graham Allison. Dijo Xi:

“Mientras la transformación del siglo se acelera y el panorama internacional atraviesa cambios y turbulencias, el mundo ha llegado a una nueva encrucijada. ¿Pueden China y Estados Unidos superar la ‘trampa de Tucídides’ y establecer un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias? ¿Podemos enfrentar juntos los desafíos globales y aportar mayor estabilidad al mundo?”.

La trampa de Tucídides hace referencia a la constatación histórica de que el ascenso de Atenas y el temor de Esparta a ser desplazada como centro del poder hicieron inevitable la guerra.

Al recurrir Xi a este lenguaje simbólico, es evidente que no lo hace literalmente con referencia a la guerra, sino en la acepción más amplia del conflicto, que puede incluirla, pero que en el actual momento histórico remite más bien a la posibilidad —que debe excluirse— de una relación de conflicto antagónico permanente.

Al mismo tiempo, al recurrir a la noción de potencias dominante y ascendente, hizo un reconocimiento implícito de la unipolaridad actual del poder, con Estados Unidos como potencia dominante. Pero también una autopercepción explícita de China como la potencia ascendente del sistema, una potencia capaz de poner en cuestión la hegemonía de la potencia dominante.

La base material de esta afirmación es evidente: China es hoy la primera potencia industrial y comercial del mundo, así como la primera economía medida en términos de paridad de poder adquisitivo. Pero sigue siendo la segunda economía global debido a la primacía estadounidense en servicios, desarrollo tecnológico, control del mercado financiero, capacidad de innovación e influencia sobre la evolución de la economía mundial. Pero el ascenso del poder chino ya no es solamente económico: es global e incluye dimensiones políticas, diplomáticas, militares y estratégicas.

La reflexión de Xi, alejándose del axioma de Tucídides, llama la atención sobre la necesidad de negarlo y apostar por una estabilidad estratégica que haga primar la negociación y la cooperación sobre el conflicto.

A este nivel —el del curso que deben tomar las relaciones sino-estadounidenses— el lenguaje simbólico es sustituido en Xi por la palabra precisa y los contenidos unívocos:

“¿Podemos establecer un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias?”. La respuesta es afirmativa: “La revitalización de la nación china y el objetivo de hacer grande nuevamente a los Estados Unidos pueden avanzar juntos, ayudarse mutuamente al éxito y promover el bienestar del mundo entero”.

Por primera vez, China reconoce implícitamente la legitimidad de la opción MAGA (Make America Great Again), con sus componentes de nacionalismo económico —proteccionismo comercial, relocalización industrial y crítica a la globalización neoliberal—, así como del soberanismo, entendido como prioridad del interés nacional. Afirma también que este interés nacional norteamericano no tiene incompatibilidad con la estrategia china de desarrollo nacional, político y social, y abre el derrotero para “avanzar juntos y ayudarse mutuamente”.

Estas definiciones implican, ya en el plano de la política exterior, apostar por la viabilidad de establecer entre Estados Unidos y China una relación de estabilidad estratégica y coexistencia pacífica, que reduzca las contradicciones antagónicas y permita que las coincidencias y la oposición de intereses puedan resolverse mediante la negociación y el interés recíproco.

Trump no dio respuestas específicas plenamente alineadas con lo dicho por Xi, pero en su propio lenguaje matizó más que nunca sus apreciaciones sobre el papel de China en la actual escena mundial y sobre el sentido y direccionalidad de las relaciones bilaterales.

Expresiones como “Queremos una China fuerte, con una relación justa” o, más específicamente, en una referencia indirecta a la “trampa de Tucídides”, “el conflicto entre grandes potencias no beneficia a nadie”, así como sus reiteradas referencias al “respeto mutuo”, a la “competencia equilibrada” y a las “responsabilidades históricas” de ambas potencias, revelan una aproximación menos confrontacional y de apertura a las propuestas de Xi Jinping.

Lo cierto es que la posibilidad de que la cumbre de Beijing abra un nuevo período —aunque quizás todavía larvario— de una relación menos conflictiva y más cooperativa entre China y Estados Unidos posee, más allá de las intenciones de sus líderes, importantes bases materiales que pueden tornarla viable.

Stéphanie Balme sostiene que Estados Unidos y China son dos sistemas que tienden a converger y a hibridarse:

“Hoy, Estados Unidos redescubre, a través de China, instrumentos que ellos mismos habían contribuido a marginalizar durante las décadas de globalización liberal: política industrial, subsidios masivos, control de las cadenas de suministro críticas y seguridad tecnológica”.

La hibridación se produciría en una dinámica en la que China profundiza mecanismos de competitividad y recurre a instrumentos de mercado, mientras Estados Unidos reivindica formas de intervención estatal —antes demonizadas por la teoría liberal— en nombre de la seguridad económica y la soberanía industrial. Balme incluso señala paralelismos en las dinámicas políticas internas de ambas potencias: soberanismo, conservadurismo social y centralidad del poder nacional.

Lo que sí constituye una evidencia es la existencia de una interdependencia compleja entre ambas economías y el hecho de que la apuesta por la coexistencia pacífica y la estabilidad empieza a emerger como un interés compartido. La única cuestión que podría alterar radicalmente este escenario sería un cambio en Estados Unidos respecto de la política de “una sola China”. Esa es la línea roja reiterada en Beijing por Xi Jinping y que, en principio, fue recibida con claridad por Donald Trump.

Frente a lo anterior, la unidad de los sectores ideológicos es algo que no interesa mucho desde hace tiempo. La unidad terminó siendo vista como un negocio que beneficia al gran político más que al pequeño político. Se terminó por preferir una izquierda de emprendedores ocasionales antes que una orientada hacia la formación de un solo bloque de ideas y ambiciones.

Hemos visto confluencias de pequeñas agregaciones políticas, pero eso no dio fuego electoral. Se necesitaban otras cosas, como la afinidad cultural. No hay partido de izquierda con propuestas serias para el mundo andino e indígena, por ejemplo. Solo hemos escuchado consignas vacías lanzadas en todas las direcciones. El deseo de unidad después de una segunda vuelta que podría ser exitosa es políticamente trucho.

Lo que sucede en la derecha no es diferente. Tampoco aquí las ideas son la clave, sino la propiedad privada de un instrumento para llegar a cuotas de poder. En verdad, el sistema de franquicias empezó en la derecha, con su desprecio por la ideología como motor de la acción política. Hoy ese desprecio es compartido con la llamada izquierda, y los efectos de eso son los mismos.

El corolario de estos comentarios es que, cuando las ideologías salen de escena, los sectores políticos empiezan a padecer lo mismo. Desaparecen los partidos como organizaciones democráticas; desaparecen los liderazgos desinteresados (reemplazados por las más toscas ideas dinásticas); la política se divide en pequeñas empresas. Todo lo cual va polarizando a la sociedad.

¿La victoria o la derrota electoral han modificado este estado de cosas? No lo han hecho en el pasado reciente. Las agrupaciones que no se mueven por ideas carecen de la cohesión necesaria para gobernar, desde el nivel más básico. Es penoso ver cómo partidos que no apoyaron una candidatura ajena en primera vuelta (hubiera sido incoherente) ahora quieren hacerlo en la segunda. Oportunismo del más fino.

Esto último resulta muy interesante cuando comparamos las dinámicas de poder que existen en América Latina y en la región del Cáucaso Sur. Mientras que, en esta parte del mundo, estamos discutiendo acerca de la competencia entre China y Estados Unidos y su impacto en nuestros países, así como el papel intervencionista del 'Corolario Trump' a la Doctrina Monroe, en Armenia —país que acabo de visitar para participar en la Conferencia 'Diálogo de Ereván'— el debate es completamente distinto.

Armenia busca reducir la influencia rusa en su país y acercarse a la Unión Europea. El reciente conflicto en Ucrania y la presencia militar rusa al norte de Georgia (en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur) inquietan a un país que todavía tiene a Rusia como su principal socio comercial. Y si bien la Unión Europea es su cuarto socio comercial, Armenia ha mostrado mucho interés en ser parte de ese bloque de integración. Cabe señalar que, a diferencia de lo que sucede con otros países de la región, Armenia comparte con los países europeos una tradición e identidad cristianas.

De otro lado, en el Cáucaso Sur ven en términos muy positivos el papel que tiene el gobierno estadounidense. Existe un reconocimiento por su rol para lograr la paz entre Armenia y Azerbaiyán, dos países que han vivido enfrentados por la región de Nagorno-Karabaj. Justamente, el acuerdo firmado en la Casa Blanca tiene en la 'Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional' (TRIPP) una iniciativa fundamental para el logro de la paz. Este proyecto consiste en un corredor de alrededor de 40 kilómetros, que implica la construcción de infraestructura (férrea, gasífera, eléctrica, etc.) para facilitar el comercio entre el Cáucaso Sur, Asia Central y Europa. Por lo pronto, China, segundo socio comercial de Armenia, todavía no aparece como un problema para su política exterior.

Armenia está aprovechando un contexto favorable. Entre Rusia e Irán, se presenta como un aliado ideal para Occidente. Pero, considerando la preocupación que genera en Rusia este tipo de acercamientos, esta política no está exenta de riesgos. En todo caso, Armenia parece haber definido su orientación hacia Occidente. Frente a ello, cabe preguntarse: ¿hacia dónde se dirige el futuro de países como el Perú: hacia Occidente o hacia Oriente?

Sobre la economía, salvo la mención de Francke al salario mínimo, a la pobreza por A. Durand y la referencia de Sánchez a la estabilidad del BCR, Juntos por el Perú (JPP) evita precisar que el régimen económico está agotado y que sus últimas señas de identidad son perforadas desde dentro, a tenor de los comunicados del Consejo Fiscal. Fuerza Popular (FP), por su parte, prefiere que la defensa del régimen económico moribundo corra por cuenta del liderazgo empresarial, en tanto su relato genérico alude a la estabilidad, a 'no perder lo avanzado' o 'defender lo logrado'.

El silencio sobre lo institucional es más 'ruidoso'. FP asume la representación de la democracia sin mencionar, precisamente, que el Perú no es una democracia a causa de la captura del Estado, el debilitamiento de la Presidencia de la República y la formación de un régimen parlamentario de facto. A JPP no parece importarle mucho este dato central de la realidad.

En la base de estos silencios se encuentra el imperativo de la moderación, artefacto recurrente en las segundas vueltas desde 2001. Se presume que los candidatos extremistas necesitan desplazarse al centro para ganar votos y que, para lograrlo, realizan promesas que reducen su supuesto radicalismo y los hacen más potables. Así, los candidatos se ponen a tiro de demandas que responden con pruebas de amor.

Las pruebas de ponderación esperadas, no obstante, son ganadas por el relato conservador. Se le pide a Keiko Fujimori (KF) que prometa no quedarse más de un periodo en el poder y que se disculpe por los errores cometidos en el gobierno de PPK. No se le pide que se disculpe como líder del grupo que respaldó la represión cruenta de las protestas sociales que pedían el adelanto electoral entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, o por haber sostenido al gobierno caótico de Boluarte y a los otros; o que prometa 'descapturar' el Estado; o no retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A excepción de J. Nieto, no se le pide derogar las leyes procrimen y antiderechos o comprometerse a no gestionar facilidades tributarias para los grandes sectores económicos, a pesar de sus altos rendimientos.

La exigencia de moderación a Roberto Sánchez (RS) es voluminosa. Se le pide que renuncie a su oferta de asamblea constituyente, solicitud razonable en este contexto, y a su propósito de indultar a Castillo. En lo nuclear, no obstante, se le demanda que renuncie a toda pretensión de cambio y que acepte dejar intacto el orden de cosas económico y político. Este pedido le fue hecho a Humala en 2011 y a Castillo en 2021, con los resultados conocidos. En resumen, a KF se le exige maquillarse y a RS que se travista. A una le piden que siga siendo aliada y al otro que se deje cooptar.

¿Vale la pena insistir en cambios económicos e institucionales? Depende. Si consideramos que estas elecciones son apenas la designación de un gobierno, no es necesario insistir en transformación alguna de calado. En cambio, si asumimos que el 7 de junio se juega la vida del régimen que gobierna desde 2023 y que están en cuestión la democracia, los derechos y las libertades, merece discutirse la tesitura de las transformaciones.

El 12 de abril se condensaron los fenómenos producidos desde el golpe fallido, los asesinatos en las protestas y el gobierno del régimen híbrido. Antes que un mapa electoral, tenemos un nuevo mapa político. En este, Lima está aislada, los territorios adquieren un peso inédito, así como varias ciudades como polos de poder; un mapa en el que se combinan y compiten votos de 'corto plazo' y los que vienen 'de lejos' o responden a la memoria. Aunque a algunos les parezca un pecado, el voto en 2026 se ha mostrado de modo plural: voto identitario, voto anti, voto estratégico y voto antielectoral.

El nuevo mapa y el régimen híbrido se repelen. A pesar de que el segundo no puede representar al primero, es natural que la derecha pretenda la supervivencia de su gobierno 2023-2026. Debería ser entendible también que la otra candidatura pugne legítimamente por conseguir una mayoría que supere el régimen que gobierna desde 2023 y que nos ha traído inestabilidad, injusticia y corrupción.

En lo económico y político no partimos de cero. El colapso del régimen económico trae un festival mercantilista que forma parte de la crisis, con efectos en la vida de la gente (aló, Beca 18, pobreza). En tanto, no puede hablarse de democracia en el Perú sin recuperar el equilibrio de poderes, los derechos y el papel decisivo de la Presidencia de la República.

El relato de la moderación, la promesa y la seducción no es neutral. Ignora el nuevo mapa político. La idea de que moderarse es renunciar a derechos y a un pacto distributivo que fomente el papel promotor del Estado para resolver las injusticias económicas y sociales es intensamente expuesta por quienes, al mismo tiempo, están en campaña contra RS y a favor de KF. Entonces, no hay secreto: es un pedido de moderación y, al mismo tiempo, un veto al cambio, una operación conocida en los últimos años en la que es fácil distinguir la defensa de intereses específicos en reemplazo de la necesidad de alcanzar la unidad nacional para transformar el país.

El nuevo mapa político demanda otro tipo de gobierno. Si en la primera vuelta el eje electoral fue el triunfo o la derrota del pacto parlamentario (solo dos partidos del pacto pasaron la valla electoral; el pacto obtuvo el 29 % de los votos emitidos y el antipacto el 48 %, incluido un nuevo centro político que no ignora el deterioro institucional), en la segunda vuelta la apuesta se potencia. Está en juego la reelección del régimen que nos ha gobernado los últimos cuatro años, aunque los relatos en campaña no denoten los códigos de ese dilema.

Para una parte del país, el riesgo es volver al periodo previo al golpe de Castillo. Para otra parte, el riesgo es quedarse en el periodo posterior a la represión o volver a los noventa. Para los votantes de KF se trata de no volver a Castillo y para los votantes de RS se trata de salir del gobierno del pacto. Un riesgo más grande, por encima de los señalados, es que el nuevo gobierno, de derecha o de izquierda, ignore el nuevo mapa político.

Hay espacio para el voto arbitral. Si ambas candidaturas son lo mismo —aunque es distinto ser lo mismo que representar lo mismo—, entre la alternativa de morir quemados o morir ahogados, se prefiere el voto blanco o viciado. Es la opción que asume la polarización, pero no el dilema y quizás tampoco el nuevo mapa político. Es el voto que está en la cancha, pero que no juega; el voto que disciplina la contienda e introduce valores éticos atendibles. Es un voto legal y legítimamente personal que, sin embargo, deja pendiente una interrogante: ¿el voto blanco o viciado contribuirá a desarmar el régimen híbrido y a que el mapa político plural, diverso y multicultural se transforme en gobierno?

Votar desde la incertidumbre es desafiante. El voto recibe una intensa presión que intenta cambiar su naturaleza. Es coaccionado por dos ideas: 'votar bien', Vargas Llosa dixit, y arrastrar tu voto como una condena —'asume tu voto'—, como si votar fuese igual a gobernar. Desde 2021, la presión pretende que votar sea, estrictamente, un acto legal y personal y se prive de un elemento esencial junto a la voluntad individual: su sentido de formación de la representación colectiva. El voto consolida la ciudadanía como formación de mayorías y minorías, de modo que es más que una expresión individual. Luego de la privatización de los partidos, de las leyes y del poder, se tiene el intento de privatizar el voto.

Durante años, La República sostuvo que existía un pacto operativo entre el fujimorismo y sus aliados en el Congreso y otros sectores del Estado copados por ellos. Pero este editorial tampoco es una defensa de Pedro Castillo. Porque la confesión de Torres tiene dos caras y las dos merecen ser leídas con honestidad republicana.

La primera es la que Torres reivindica con orgullo: la operación. La segunda es la que menciona casi de pasada, con una ironía que trivializa lo que en realidad es muy grave: que Castillo “también puso su granito de arena”. Detrás del chiste hay un hecho que no se puede ignorar. Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. El expresidente disolvió el Congreso, pretendió gobernar por decreto. Eso fue un acto antidemocrático que merece ser llamado por su nombre.

En ese sentido, ambas verdades coexisten y son igualmente incómodas. Un presidente que intentó un golpe de Estado no puede ser reivindicado. Pero una oposición que coordinó una operación sistemática de asfixia institucional antes de ese golpe tampoco puede presentarse ahora como salvadora de la democracia. Torres, como el fujimorismo quiere que los peruanos recuerden solo el final de la historia: el autogolpe fallido de Castillo. Lo que no quiere que recuerden es el largo capítulo anterior: las mociones de vacancia sucesivas, los blindajes cruzados, las investigaciones selectivas. En pocas palabras, la destrucción de la institución presidencial.

Torres abrió, sin quererlo, una pregunta que los peruanos deben hacerse antes de votar: si el fujimorismo considera que coordinar una operación entre el Congreso, el Ministerio Público y sectores de la prensa para remover a un presidente es una gesta legítima, ¿qué estarán dispuestos a hacer la próxima vez que un gobierno no les convenga? Como esa pregunta no tendrá respuesta en el discurso de Torres, veremos las consecuencias en las urnas.

¿Qué nos dice Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio?

El libro de Fernando Rojas Morey (1934-2023), párroco de Chepén, plantea que hay que anunciar la existencia de Dios a partir de los hechos concretos de la vida y de las experiencias humanas más intensas, sobre todo en las profundidades del hombre mismo. Dios no desea ser encontrado en las nubes.

Y eso me hace recordar que, en agonía, mi abuela Filomena musitó al oído del padre Fernando, quien la asistía:

—Padre, padre. ¿Ve a esa señora que está en la sala? Es la Muerte. Ofrézcale un refresco o sírvale un traguito, de esos que están guardados para mi velorio…

Fernando miró hacia la sala y no vio a nadie. Sin embargo, para no contrariar los deseos de la anciana, llenó un vaso con limonada, caminó, dejó la bebida sobre la mesa de centro y fingió un diálogo en voz alta con la dama que a todos nos ha de visitar algún día. Cuando volvió al cuarto, su feligresa dormía, agradecida y apacible.

Santo y rebelde, comprometido con los pobres, el cura de Chepén entendió siempre que la pobreza es un mal diabólico y, además, el resultado de la opresión de algunos individuos sobre otros. Por eso, muchas veces le oímos decir que trabajar para abolir la pobreza es trabajar por el Reino de Dios.

Chepén es la ciudad más grande del valle del río Jequetepeque, en el norte del país. A pesar de que la región abastecía tradicionalmente de arroz a todo el Perú, nueve de cada diez jóvenes estaban entonces condenados, por sus carencias económicas, a quedarse en la educación primaria, trabajar en los meses de siembra y cosecha y vagabundear todo el resto del año.

Con ellos a su lado, fundó el Instituto San Juan Bosco que, además de centro de estudios, también era de trabajo y producción, porque llevaba a sus alumnos desde las primeras clases hasta diversas especialidades técnicas.

¿Se detendría en el terreno de la educación? ¡No, de ninguna manera! Tenía que hacer algo por los campesinos sin tierras. Durante casi un año, el cura de Chepén recorrió una y otra vez los terrenos del desierto próximos al valle. Por fin encontró uno, sin rocas y fácil de nivelar. Allí fundó la cooperativa agraria Tahuantinsuyo.

¿Y el agua? Esas tierras no tenían dueño porque carecían de riego. ¿Qué iba a hacer para obtenerla?

Con el auxilio de parroquias luteranas y su empeño formidable, llegó el día en que el viento hizo girar las astas de los molinos que le habían donado en Alemania y el agua comenzó a fluir hasta la superficie.

Fernando entregó luego las tierras a sus amados campesinos pobres.

¿Qué pasó después? El comando Rodrigo Franco llegó de noche a Chepén y se apostó en las inmediaciones de la iglesia. En las primeras horas de la madrugada, rodearon la parroquia con potentes cargas de dinamita. A las 2.00 a. m., la casa donde dormía el sacerdote voló por los aires. ¿Y el padre Fernando?…

Cuando faltaban cinco minutos para esa hora, había salido a toda prisa, por otra puerta, para atender a un moribundo que reclamaba sus últimos auxilios.

Y no cuento más.

No murió ese día mi abuelita. Tardó un par de semanas más antes de volar hacia el cielo y, durante ese tiempo, tuvimos ella y yo la oportunidad de reírnos un poco.

—¡Se la hice! —me contó—. El padre Fernando es un inocente. —añadió— ¡Imagínate que fue a la sala para ofrecerle una limonada a la Muerte! No se dio cuenta de que yo le estaba haciendo una broma.

Reímos un buen rato y, luego, mi abuelita insistió:

—Inocente… como deben ser los santos y los rebeldes.

Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio nos invita a hacer una correcta lectura de los signos de los tiempos. A mí me hace recordar al generoso padre Fernando y ahora solo espero encontrar a un sacerdote sordo para que escuche mis pecados.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.