Ahora todo ha comenzado a cambiar. Un susurro que proviene del fondo de la casa anuncia al narrador y a Irene, su hermana, que algo va a apoderarse de su vivienda, que nada volverá a ser como antes y que el espacio poco a poco dejará de pertenecerles para serle entregado a una fuerza misteriosa.

Lo contó el escritor Julio Cortázar en un relato publicado en 1946 que se llama “Casa tomada”.

Casi ancianos, los últimos miembros de la familia llevan una vida rutinaria y tranquila, como si se estuvieran preparando para la muerte. Él visita librerías francesas mientras que Irene teje y, al parecer, desteje la misma campera. Sin embargo, algo les anuncia que el mundo va a cambiar.

Es ficción y no lo es. En Madrid, la historia se ha hecho real. Maricarmen Abascal, de 87 años, habitaba desde 1956 el mismo piso de la calle Sainz de Baranda. Pagaba 450 euros que restaba este año de una pensión de 1400. Sin embargo, todo cambió de pronto, pero no fue una fuerza misteriosa ni un desconocido maligno. Tampoco Satanás la espiaba detrás de un viejo cuadro. Fue una empresa llamada URBAGESTIÓN.

Aquella sociedad inmobiliaria compró la casa y le exigió una suma muy diferente. En vez de los 450 euros (1,700 soles) que abonaba, le exigieron pagar 2650 euros (o sea, 10 mil soles) al mes, aunque su pensión fuera inferior al monto de ese alquiler. En el caso de que aquello le pareciera un mal negocio, la empresa le sugería comprar el piso por unos 250 mil euros. Eso equivaldría, más o menos, a un millón de soles.

Maricarmen dijo siempre la verdad. No tenía esa cantidad ni banco alguno iba a prestarle ese dinero a una persona de 87 años. Ella siguió pagando los razonables 450 euros, pero URBAGESTIÓN era un monstruo con hambre.

No se trata de un invento literario. A estas alturas, en otras calles, otras ciudades y otros países, miles de personas como Maricarmen están sufriendo el mismo acoso judicial.

En la lógica de este sistema, los dueños del capital tienen la razón. Quieren sacar todos los dividendos que puedan de su inversión. Y eso es legal, pero no es justo ni humano. Tampoco es cristiano.  Es diabólico, pero es lícito.

Maricarmen estaba enferma. El 23 de septiembre se produjo el desahucio y, aunque el mundo se opusiera, un poderoso vehículo embistió la puerta. A la anciana la hicieron salir en camilla y terminó en un hospital.

Madrid es una ciudad turística y los empresarios lo saben. Por esa razón, han decidido comprarse, una por una, todas las casas y luego alquilarlas o venderlas a precios multiplicados. Eso ocurre en toda España, y alcanza también a los sobrinos y nietos de Maricarmen. Un joven de 18 años puede ingresar a la universidad, pero le resulta imposible pagar una habitación.

Eso ha empujado a centenares de miles de personas a protestar en las calles y acampar en plazas centrales de la capital española y de otras importantes ciudades. Tanto la lideresa Ayuso como los partidos ultraderechistas vienen sosteniendo el encargo y la defensa de URBAGESTIÓN y aducen que el capital es positivo y tiene todos los derechos. Incluso a cometer crímenes como este. Efectivamente, así es, dentro de un sistema perverso que antepone los intereses del capital sobre los derechos de los ciudadanos.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre, un par de semanas después de que la echaran de su casa. Sus últimas palabras fueron de gratitud para los españoles que la defendieron y de llamados a continuar una lucha por el derecho a la vivienda que pronto asumirá los caracteres de huelga general.

Cuando los personajes de la obra de Cortázar han sido empujados por la fuerza misteriosa hasta el fondo de la casa, toman un corredor que los conduce a la puerta. Son las once de la noche y el narrador se dice: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.

El Perú está atravesando esa prueba. A finales del año pasado, según Ipsos, el 64% de los jóvenes de entre 18 y 25 años emigraría si pudiera. Uno de cada dos peruanos comparte esa aspiración. La cifra refleja una evaluación sobre lo que el país ofrece y lo que no.

La inestabilidad política tiene costos concretos. La incapacidad de conducir el Estado ha alimentado una inseguridad que avanza sin contención y ha erosionado las condiciones económicas básicas para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida dentro del país. Y la cosecha concreta es que las faltas de esas condiciones son la consecuencia directa de años de gobernabilidad fallida.

Casi un año después de esa medición, el caso de Eduardo “Trvko” Ruiz Sanz, cuya muerte cumplió ayer un año, ilustra ese quiebre. La Inspectoría de la Policía Nacional absolvió al efectivo que le disparó.

Paralelamente, la Fiscalía mantiene un pedido de diez años contra el mismo hombre. La misma suerte atraviesan los deudos de los jóvenes asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Y lo mismo ocurrió con los responsables de Inti y Brayan. No hubo justicia.

Esa señal de desprotección no pasa desapercibida para una generación que ha crecido observando cómo la inestabilidad política intenta ser normalizada y la rendición de cuentas es casi inexistente. La oleada de erosión democrática que ha atravesado la región tiene en el Perú una expresión propia: un desgaste acumulado de la confianza institucional. Y los jóvenes, que tienen más años por vivir dentro de ese sistema, son quienes más sienten el peso de ese deterioro.

Los congresistas que representan a las regiones con mayor intención de emigración —el Sur con 58%, Lima con 59%— no han convertido esa cifra en agenda legislativa. La distancia entre lo que los jóvenes declaran querer y lo que sus representantes priorizan es, en sí misma, una medida del déficit democrático.

Retener a la siguiente generación no es una tarea de propaganda ni de incentivos temporales. Es, antes que cualquier otra cosa, una tarea institucional, de Estado: que el futuro dentro del país tenga al menos la misma densidad de posibilidades que el que se imagina afuera.

Tras años de investigar el gobierno metropolitano, concluí que la ciudad podrá construir vías rápidas, llenarse de baipases, instalar cientos de pantallas led y armar a su serenazgo hasta los dientes, pero no prosperará mientras no se fortalezca su componente político-institucional.

Para ello**,** se debe comprender que el alcalde de Lima es un alcalde metropolitano, el único que existe en la legislación actual. La Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que Lima, por su condición de capital y por sus funciones de gobierno regional, tiene un régimen especial que demanda competencias diferenciadas de las de una provincia regular y una configuración sui generis de sus relaciones con el gobierno nacional y con los cuarenta y dos distritos que la integran. Es, en términos teóricos, un alcalde “fuerte”, con deberes distintos de los de cualquier alcalde provincial y que exigen un conocimiento exhaustivo de la ley y la Constitución.

Lo peor que le podría pasar a la ciudad es que ocupe el sillón municipal alguien que no dialoga, que se impone frente al resto de autoridades y que, rodeado de tinterillos que le venden sebo de culebra, lee a su antojo la Ley Orgánica de Municipalidades para volver a un sillón que la Constitución le cierra.

El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Aun así, en estas elecciones se ensayó una forma de sortearlo. El alcalde metropolitano saliente, que dejó el cargo para postular a la Presidencia, se inscribió como primer regidor de su lista, el candidato a alcalde renunció y la lista llegó a la votación encabezada por quien la Constitución prohíbe reelegir. Se invoca el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, según el cual el teniente alcalde reemplaza al alcalde en caso de vacancia o ausencia, y una supuesta “jurisprudencia”. Ambos argumentos son falsos. El artículo 24 presupone un alcalde electo al que haya que reemplazar, y cuando gana una lista sin candidato a la alcaldía no hay a quién reemplazar. Los precedentes se refieren a regidores que asumieron cuando faltó el alcalde electo, nunca a un exalcalde del periodo inmediato anterior.

Por el contrario, en Nuevo Progreso**,** un primer regidor encabezó en 2022 una lista sin candidato a alcalde, ganó y fue proclamado alcalde. Cuando quiso postular nuevamente este año, el JNE se lo impidió por unanimidad. Las listas son cerradas y bloqueadas, y quien las encabeza es, en los hechos, elegido alcalde. Leerlo de otro modo, dijo la Resolución N.° 3126-2026-JNE, vaciaría de contenido el artículo 194. La apelante que perdió fue, curiosamente, el partido del exalcalde metropolitano. Proclamar alcalde a quien encabeza una lista sin candidato a la alcaldía, habiendo sido alcalde en el periodo anterior, es reelegirlo.

Esto se llama fraude a la ley. La doctrina lo describe como una conducta amparada en apariencia por una norma de cobertura que produce un resultado contrario a la norma defraudada. Aquí, la cobertura es la regla de proclamación, la norma defraudada es el artículo 194 y el resultado es una reelección encubierta.

¿Qué debe hacer el JNE en Lima? Proclamar al exalcalde solo como regidor, entregar la alcaldía al siguiente integrante de la lista que no tenga impedimento y dejar zanjado que aquel no podrá asumirla por reemplazo durante los próximos cuatro años.

La reforma de 2015 quiso impedir que un alcalde use su gestión como plataforma para quedarse. El Tribunal Constitucional, lamentablemente, la convalidó en 2018 (Exp. N.° 0008-2018-PI/TC) y concluyó que no existe un derecho fundamental a la reelección. Mientras esté vigente, corresponde respetarla. Si esta operación se convalida, las prohibiciones constitucionales serán opcionales para quien tenga un candidato dispuesto a renunciar. ¿Qué Estado de Derecho sería ese?

Es cierto que el JNE dejó correr la candidatura y que casi un tercio del electorado confió en ella. ¿Impedir su proclamación no sustituiría la voluntad popular por la de un tribunal?

La objeción no es trivial, pero no justifica una violación flagrante de la Constitución. La democracia constitucional es el gobierno de las mayorías dentro de un marco que la comunidad se dio a sí misma. Como enseñó Ferrajoli, hay una esfera de lo indecidible que ninguna mayoría ordinaria puede alterar. El voto es un derecho fundamental, pero su objeto es elegir entre opciones constitucionalmente válidas. El voto no crea elegibilidad donde la Constitución la niega.

Tampoco hay confianza legítima que proteger. El JNE nunca prometió convalidar un resultado inconstitucional. Si los electores votaron por él para que sea alcalde, lo eligieron alcalde, y eso es una reelección prohibida. Si votaron por una lista, entregar la alcaldía al siguiente integrante no defrauda a nadie, pues la lista conserva su victoria y su mayoría en el concejo.

Si algún vecino se siente defraudado, la frustración no puede venir del juez obligado a aplicar la Constitución, sino de quien le ofreció una opción constitucionalmente comprometida. Quien inventa interpretaciones para rodear la Constitución antes de llegar al sillón municipal difícilmente la respetará una vez sentado en él. El supuesto “buen vecino” no está a la altura del encargo.

…si aquí en mi corazón,
todas las noches
se desbordan los ríos

Juan Gonzalo Rose, «Carta a María Teresa»

Rose, poeta de la Generación del 50, pedía en ese poema: «Devolvedme mi patria». Lo leo y me pregunto en qué momento dejamos de sentir que este país nos cuida.

Si hubiera que escribir la agenda urgente del país, serían dos temas: la criminalidad y El Niño. En ambas hay vidas en juego y en ambas el discurso corre más rápido que los resultados.

Para el 97 % de los encuestados en la Encuesta del Poder 2026, Keiko Fujimori es la persona más poderosa del país. Keiko dice, Keiko promete, Keiko visita. Pero la inseguridad sigue condicionando nuestras vidas. Y en el acto del Comando Unificado, tras el altercado entre el ministro Astudillo y el senador Maraví, ella afirmó: «Los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando». ¿Avanzando hacia dónde, si el miedo sigue en la calle?

Con El Niño pasa igual. El 17 de agosto, en Villa El Salvador, Fujimori advirtió: «Si esto pasa con una llovizna, imagínense lo que pasará cuando lleguen las lluvias». Hay una herencia: en julio, casi 8 de cada 10 intervenciones previstas en ríos y quebradas no registraban inicio de ejecución. La herencia explica el punto de partida, no el rumbo: desde el 28 de julio, lo que se haga o se deje de hacer ante El Niño es responsabilidad plena de este Gobierno. En septiembre, la Autoridad Nacional del Agua informó que se intervenía en solo 17 de sus 70 puntos críticos.

Por eso, el discurso y la promesa deben ir de la mano de acciones concretas. Una foto junto a maquinaria no descolmata un río ni una puesta en escena da tranquilidad. «Devolvedme mi patria». El reclamo de Rose recupera hoy el sentido de urgencia: poder reconocernos en un país donde nuestras vidas merezcan cuidado y el poder actúe para protegerlas, y no para mirarse a sí mismo mientras la patria clama.

Keiko Fujimori. Nunca se sospechó que la mano dura terminaría siendo para los escolares de colegios públicos. Toda la libertad para los colegios privados. Las nuevas medidas no son propiamente educativas, sino estrictamente disciplinarias. Por ese camino, el tándem FFAA-PNP puede terminar disparando contra estudiantes, antes que contra criminales. Otrosí: ¿auditoría para el presupuesto educativo?

Pedro Pablo Kuczynski. Su permiso para salir del país cierra la historia de unas acusaciones mala leche. ¡Una banda criminal formada por él, su secretaria y su chofer! ¿Qué les pasó a los fiscales? Las víctimas de los fiscales ya podrían ir formando un estudio de abogados propio. ¿Fujimori y Humala abrirán juicio? ¿Qué pasa con las acusaciones exprés a Martín Vizcarra?

León XIV. Es muy de esperar que la cirugía al pulmón no cancele su llegada al Perú, pero podría afectarla. Podría demorarla o, una vez aquí, limitar su recorrido. La versión sobre los efectos médicos todavía no aparece. Si nada cambia, el nódulo pulmonar habrá sido mucho más leve de lo supuesto. Si posterga el viaje, eso producirá cambios políticos entre nosotros.

Rafael López Aliaga. Sus procaces amenazas han paralizado a todo el sistema de autoridades electorales. Aun así, su derecho a ocupar la alcaldía no está resuelto, y eso demora las cosas. Quizás es más fácil decirle NO a López Aliaga desde el JNE con el papa de visita en el Perú. Tal vez sus insólitos ataques a la ONPE son adelantos de una futura gritería sobre fraude.

Verónika Mendoza. ¿Por qué sus buenos resultados electorales en el Cusco están conmocionando tanto a la derecha? La sensación es que la región está recuperando la primacía política que tuvo tiempo atrás, comenzando por la del sur andino, y que una buena gestión de Mendoza proyectaría mucho a esta dirigente política hacia el 2031.

Sin embargo, lo que revela es, al mismo tiempo, un diagnóstico severo: el país promedia 60.2 puntos sobre 100, y solo el 7% de sus jurisdicciones alcanza el nivel esperado para 2030.

Dentro de todo ese universo, la región Loreto obtiene 11.7 puntos sobre 100 en el objetivo de educación de calidad. Es decir, la región más extensa del territorio nacional recibe en el indicador una nota que en cualquier colegio significaría repetir el año. Lamentablemente, es el resultado de la acumulación visible de años en que las políticas necesarias no llegaron a ejecutarse por la inestabilidad política y la corrupción.

Asimismo, es necesario remarcar que ninguno de los tres objetivos en situación crítica —educación, infraestructura y empleo digno— se resuelven en un solo periodo de gobierno. Se requieren, además de la continuidad de equipos profesionales en base al orden de méritos, acumular decisiones que trasciendan una gestión, una visión de Estado. El Perú ha tenido en la última década más ministros de educación que reformas educativas completadas.

Los seis territorios con peor desempeño, como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Amazonas y Puno, son también los más alejados del centro del poder. Y es tan tangible como la brecha de casi treinta puntos entre Moquegua, que encabeza el ranking con 71.7, y Loreto, que lo cierra con 42.6, habla por sí sola.

Vale recordar que la Agenda 2030 vence en cuatro años. Ante ello, lo que el índice entrega a los ciudadanos amazónicos es algo más que un diagnóstico. Les da la evidencia para exigir a sus representantes en el Congreso y los gobiernos locales, regionales y nacionales trabajar por ello. En eso consiste ejercer una ciudadanía activa.