Lo cierto es que, en las últimas décadas, el sistema tributario del Perú ha mostrado serias limitaciones: un informe elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal muestra que tenemos un sistema complejo, una política contradictoria y una administración tributaria que se mueve casi por inercia. La suma de involuciones se traduce en altos niveles de evasión e incumplimiento fiscal, gastos tributarios cuya eficacia no se mide y que terminan beneficiando a pocas empresas, y una presión tributaria estructuralmente baja, alejada del promedio de los países de la región. Estos resultados son responsabilidad tanto del diseño de la política tributaria como de la administración.

En lo que va del presente siglo, los mejores resultados en materia de presión tributaria se han obtenido durante coyunturas internacionales favorables (el alza del precio de los commodities que exportamos), lo que ha determinado períodos de incremento de los ingresos fiscales. En una perspectiva de largo plazo, la administración tributaria del Perú ha jugado un rol pasivo en el objetivo de alcanzar una mayor presión tributaria.

Las contradicciones de la Sunat

El Perú ha efectuado importantes avances en su adhesión a las mejores prácticas en materia de fiscalidad internacional. Sin embargo, no se ha puesto el mismo esfuerzo en la implementación; es decir, en el cumplimiento de los compromisos y las acciones de control y fiscalización que se derivan de dicha inserción.

La Sunat carece de una estrategia integral de cumplimiento tributario. Parte de esta falencia se grafica en el hecho de que tanto tributos internos como Aduanas no efectúan un trabajo coordinado. Por ejemplo, hasta ahora, la oficina de Aduanas de la Sunat no cuenta con un laboratorio químico especializado que esté operativo y permita una certificación de calidad de la ley de los metales, sobre cuya base se establece el precio de venta del mineral. El ejemplo no es anecdótico en un país donde el 60% de sus exportaciones proviene de la minería y una parte significativa de este comercio se efectúa entre empresas vinculadas. Por ende, este sector debería estar sujeto a un adecuado control y fiscalización en materia de precios de transferencia, función que recae en el área de tributos internos, pero que debe contar con el apoyo de Aduanas.

Los sistemas informáticos de la Sunat tampoco coadyuvan al cumplimiento de la principal función de toda administración tributaria: ampliar la base tributaria e incrementar la recaudación a partir de un trabajo sistemático de control y fiscalización. En un país con una economía informal extensa y altos niveles de evasión, los logros en materia de "cumplimiento voluntario" resultan insuficientes, pues este involucra solo a los contribuyentes ya registrados en la Sunat.

Por otro lado, la Sunat tiene un serio problema con el establecimiento y la ejecución de una planificación estratégica como proceso sistemático, pese a que cuenta con herramientas y metodologías reconocidas internacionalmente (por ejemplo, el uso del Cuadro de Mando Integral o BSC - Balanced scorecard). Como señalan algunos expertos, esta es una deficiencia extendida en los países en desarrollo, en los que la cultura de resultados y desempeño no es práctica común, lo que afecta la efectividad de la administración tributaria. Los factores que más debilitan los procesos de reforma y modernización son la baja capacidad gerencial, la falta de una estrategia estructurada de reforma y la ausencia de una cultura de medición de desempeño. Reestructuraciones organizacionales recurrentes han generado superposición de funciones y una situación inestable en los diferentes niveles de dirección. Ello afecta la gobernanza de la administración tributaria.

La alta rotación de los superintendentes

Desde la fundación de la Sunat en 1988 y luego de la implementación de una suerte de refundación de la institución, liderada por Manuel Estela en 1991, la designación de la máxima autoridad la decide el presidente del Perú, a propuesta del ministro de Economía y Finanzas. En 2011 se publicó la Ley de Fortalecimiento de la Sunat, con el objetivo de otorgar mayor autonomía a la institución en el uso de recursos financieros, la gestión del personal y la definición de sus planes operativos. Uno de los principales mecanismos establecidos para garantizar esta autonomía fue la estabilidad en el cargo de superintendente nacional, al fijar un período de cinco años para garantizar la continuidad de políticas, estrategias y planes institucionales. Este diseño normativo reconoce que la jefatura de una administración tributaria requiere un horizonte temporal que trascienda el contexto político.

Hasta antes de la publicación de la ley, los cargos de superintendentes de la Sunat duraban aproximadamente 1 año y 171 días (entre 1988 y 2011). Por lo tanto, si bien la medida legislativa resultaba adecuada y coherente con los principios de otorgarle estabilidad institucional, esta no tuvo un efecto adecuado: luego de la gestión de Tania Quispe Mansilla como superintendenta nacional, ningún nuevo jefe de la Sunat ha durado el período completo de cinco años. En el período 2015-2024 (marzo), la permanencia promedio de los titulares de la Sunat fue de 2 años y 188 días, lo que evidencia una brecha entre el diseño normativo y su aplicación. El período 2020-2024 fue una excepción, ya que se tuvo únicamente a un superintendente: su designación se llevó a cabo justo antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19 y terminó en 2024, con una duración en el cargo de 3 años y 361 días. Desde marzo de 2024 en adelante, la duración promedio en el cargo se reduce a 139 días (aproximadamente 4,6 meses), lo que constituye un escenario de marcada inestabilidad. El caso más extremo ha sido el de Edward Tovar Díaz, con una duración en el cargo de apenas 25 días, en octubre de 2025.

Según la OCDE, el fomento del liderazgo y la planificación de la sucesión son determinantes para la continuidad y estabilidad dentro de la administración tributaria. La frecuente rotación de la máxima autoridad de la Sunat se aparta de las buenas prácticas internacionales. La inestabilidad de los últimos años ha debilitado la capacidad de la institución para ejecutar su plan estratégico, mantener políticas consistentes en el tiempo y preservar su autonomía operativa.

La situación de la Sunat contrasta con la estabilidad que, por ejemplo, se observa en el Banco Central de Reserva. Implementar y reforzar criterios técnicos en los procesos de designación de los cargos de dirección de la Sunat se ha convertido en un punto fundamental para preservar su autonomía. La gobernanza institucional es un factor que no debe perderse de vista, ya que es la base para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado y consolidar el rol de la autoridad tributaria.

La ruta electoral por la que va Colombia, y que tiene su parada principal el próximo 7 de agosto cuando se dé la transición democrática entre el saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro y quien finalmente se imponga en urnas, se reacomodó en las últimas semanas en dos vías que marcan un giro más profundo. Un viraje hacia posturas aún más extremas de los espectros ideológicos que hoy se disputan el poder.

Esa es la polarización que se profundizó en un país que al menos en este momento de su historia republicana no quiere puntos medios; no viabiliza lo que se denomina centro. Hay un oficialismo que promueve una izquierda más potente, más arraigada; y una oposición que busca el retorno de la derecha a la Casa de Nariño –la sede principal del poder Ejecutivo colombiano– con un relato más fuerte, con mayor peso en el grueso de la sociedad.

Y son distintos, en especial en lo discursivo, pero no tanto en las formas. Desde ambas orillas saben que este 31 de mayo, cuando se celebra la primera vuelta presidencial en Colombia, hay una fórmula que definitivamente no sirvió para seducir votantes: en el país se bautizó como “tibieza”.

Esa instantánea, según las más recientes encuestas de intención de voto del mes de mayo (Invamer, Guarumo y –entre otras– la realizada por el Centro Nacional de Consultoría), tiene como protagonistas a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y a Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. La tercera vía, aunque también de la derecha, es Paloma Valencia (Centro Democrático), aunque las proyecciones no le son favorables.

Cepeda, congresista de esa corriente que también se hace llamar progresista y un huérfano de la guerra que se afronta hace más de seis décadas (su padre, el entonces senador Manuel Cepeda, fue asesinado por agentes paraestatales en 1994), es la ficha con la que el presidente Petro busca la continuidad de su proyecto. Y el propio candidato, a sus 63 años y con formación académica como filósofo, ha sido explícito en que su programa es para profundizar las “transformaciones” que promovió el actual jefe de Estado durante los últimos cuatro años.

Como la reelección presidencial está proscrita en la normatividad colombiana, Petro no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo. Eso explica por qué –también andando sobre el filo de las reglas que impiden la participación indebida en política de quienes lideran al Estado– la última semana la dedicó por completo a promover a Cepeda a través de una narrativa en torno a lo que considera son los logros de su administración y lo que ve como la necesidad de continuarlos. Reducción de los índices de pobreza, la baja de la tasa del desempleo o el reacomodo de cargos claves de la administración pública para garantizar pluralidad hacia sectores que antes no habían gobernado (la vicepresidenta Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente en llegar a esa instancia); eso sí, todo con bemoles.

Y De la Espriella, un abogado que a sus 47 años se hace contar por primera vez en urnas luego de una carrera que lo ha relacionado con personas duramente cuestionadas –entre ellas Álex Saab, señalado testaferro colombiano del ahora detenido dictador venezolano Nicolás Maduro–, entró duro en la actual campaña rompiendo canales con los sectores tradicionales de la derecha que ahora quiere liderar.

Se quedó con el relato del “outsider”, del antisistema, del que representa a “los nunca”; y todo con un verbo fuerte, sin formas clásicas, enfocado en la disputa digital. También con matices, y muchos, pero con resultados que de acuerdo con las mediciones le han servido. Está de segundo, detrás de Cepeda, en las encuestas de intención de voto.

El candidato filósofo y el aspirante abogado, además, trazaron líneas muy distintas en materia de relaciones internacionales. Por eso, con un Donald Trump al frente de la Casa Blanca dispuesto prácticamente a todo para que su línea ideológica se irrigue en la región, la decisión que tome Colombia este domingo también repercutirá en el relacionamiento con Washington. Y, de paso, con otros Estados; entre ellos Perú.

Cepeda habló en toda la campaña de “no arrodillarse”, de no permitir la injerencia extranjera en asuntos internos. Un mensaje tácito en torno a la forma en que la Oficina Oval actúa sobre países distantes de sus preceptos. De la Espriella, por el contrario, aseguró que la relación con Estados Unidos debe potenciarse y regresar a cauces de cooperación incluso más fuertes de los que había antes de que el presidente Petro asumiera el poder en 2022. Otro punto: el primero rechaza sin medias tintas los bombardeos a lanchas supuestamente cargadas con cocaína que desde agosto de 2025 promueve Trump; el segundo las apoya bajo la tesis de la “mano dura” contra la criminalidad.

Y hacia Latinoamérica esa misma línea se refleja. Por ejemplo, Cepeda apoya la postura de Petro de mantener una relación fría con Lima hasta que no se resuelva la situación del capturado Pedro Castillo, quien de acuerdo con la justicia peruana intentó un golpe de Estado en 2022; de hecho, fue crítico de Dina Boluarte y en su entorno no quieren proyectar diálogos con aspirantes estilo Keiko Fujimori.

De la Espriella, por el contrario, sí ve viable este último escenario. Incluso, yendo hacia otras naciones, como Brasil o Argentina, quiere puentes con quienes representan su visión. Los Bolsonaro (Eduardo y Flávio, hijos del expresidente Jair), con los que dialogó en la última semana, y Javier Milei, el presidente que usó la motosierra como símbolo y cuya forma de hacer política emula casi que milimétricamente, en especial en la estrategia digital de viralizar contenidos cortos y con mensajes directos de crítica al establecimiento. Nayib Bukele, de El Salvador, es otro de sus líderes a emular, sobre todo en el trato a grupos criminales y el despliegue de megacárceles para recluir a sus integrantes.

Aquí es clave que Cepeda prefirió la institucionalidad de la izquierda internacional, pues se reunió en los primeros meses de este 2026 con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México), además de Pedro Sánchez (España), para mostrar que los aliados de Petro son también los suyos. Y, de paso, ratificó su intención de hacerle contrapeso a lo que representa Trump.

Pero más allá de estas formas, que al final son matices ideológicos porque la diplomacia se requiere para mantener los diálogos binacionales –y más en una región convulsa–, los modelos de país que promulgan y que sí son diferentes tendrán un examen duro en urnas este 31 de mayo. La profundización del Estado en el accionar de la sociedad, lo que incluye que sea más amplio, y la reducción del mismo para darle mayor realce al sector privado, es en definitiva lo que están llamados a definir los 41,4 millones de colombianos habilitados para sufragar. En Colombia el voto no es obligatorio, por lo que hay niveles de abstención que superan el 50 %, en promedio, de ese censo electoral; a veces, en otros comicios presidenciales, ha sido más alto.

No obstante, con un presidente en campaña abierta y un alto nivel de polarización –y un orden público golpeado por ataques en Cauca, La Guajira y, entre otros departamentos, Antioquia–, la movilización hacia las urnas puede crecer. Las campañas están haciendo lo propio y figuras que gravitan entre las mismas, como el expresidente Álvaro Uribe en la de Paloma Valencia, se mueven con fuerza. Eso último lo hace con especial énfasis el exmandatario, porque su legado y peso electoral de las últimas dos décadas puede caer si su pupila no logra el protagonismo que quiere.

En definitiva, por lo que dicen las encuestas y lo que reconocen las mismas campañas con más opción de llegar al poder, Colombia deberá ir a una segunda vuelta, prevista para el 21 de junio siguiente, cuando solo los dos que más votos obtengan este domingo definirán en urnas realmente quién será el sucesor de Gustavo Petro. Además, de todo lo que se movió en campaña, quedó claro que el centro no será determinante, pues aspirantes que lo representan como el exgobernador Sergio Fajardo y la exalcaldesa Claudia López no llegan a dos dígitos en intención de voto.

Ahora bien, si nadie se impone este 31 de mayo –para hacerlo debería sumar la mitad más uno de los votos válidos–, la campaña por la siguiente cita a urnas será mucho más dura, porque si las mediciones no fallan el enfrentamiento sería entre dos punteros diametralmente opuestos. Aunque pueden no acertar y que Paloma Valencia crezca de la mano de Uribe o que todo se resuelva este domingo; eso hay que tenerlo claro.

Y una pincelada más. Cepeda también es un reconocido defensor de derechos humanos, cuyas investigaciones sobre nexos de la clase política tradicional con sectores ilegales han sido claves en la historia reciente. Fue parte del expediente por el que procesaron al expresidente Uribe por “soborno a testigos” y “fraude en actuación penal”; y también por el que sentenciaron al hermano del exmandatario, Santiago, por nexos con paramilitares. Eso sí, ambos casos están en revisión de instancias judiciales superiores a las que fallaron en un primer momento.

De la Espriella tiene una fuerte disputa con Paloma Valencia para no perder el terreno que ganó en la derecha y además es un millonario con ciudadanía estadounidense y propiedades y negocios en el exterior.

El matiz es que en política no hay heridas eternas, por lo que quienes ahora mismo se atacan pueden terminar unidos en la otra etapa electoral; si la hay. Y quien camina de la mano del actual establecimiento, que paradójicamente ahora es la izquierda que por primera vez llegó a la Presidencia con Gustavo Petro, sabe que solo no se impondrá en urnas.

Todo está aún en juego, en disputa, por lo que la expectativa es alta. El camino hacia un modelo aún más a la izquierda de lo que representa Petro o más hacia la derecha de lo que significa Uribe es lo que se definirá en las urnas. Y la región está pendiente.

Con Sánchez, adiós a la iniciativa privada libre (artículo 58); no más subsidiariedad del Estado (artículo 60); se acabó la libertad de contratar, para que el Estado modifique contratos entre privados (artículo 62). Sánchez quiere abolir el principio por el cual los recursos naturales son de la nación (de la sociedad peruana) para entregarlos al Estado (en buena cuenta, al gobierno de turno). Quiere espantar la inversión extranjera (indispensable para lograr el círculo virtuoso de la economía: inversión, empleo, consumo, crecimiento, tributación, desarrollo) y desconocer la jurisdicción arbitral internacional. Y esto es solo en las primeras páginas.

El "modelo" de Sánchez parece haber sido escrito por Antauro Humala. Se parece mucho a sus proclamas en pro de la autarquía, donde el Perú, aislado del planeta, no importa nada ni exporta nada, mientras que logra una supuesta sustitución de importaciones a través de una industrialización que, por supuesto, está en manos del Estado. ¿Les suena conocido? Es la receta económica de los 12 años de dictadura militar que sufrimos con Velasco y Morales Bermúdez. Esto ya lo vivimos y ya sabemos a qué abismos puede conducir. Costó tres décadas salir de esta tragedia que, a fines del siglo XX, tenía al 60% de peruanos en la pobreza.

Pero la izquierda no aprende. "La gran transformación", el plan de gobierno del 2011 de Ollanta Humala, era una versión de lo mismo. Luego, el "Ideario Programa" de Perú Libre que Pedro Castillo presentó como plan de gobierno iba por el mismo despeñadero. Planes inviables, nefastos, nunca se ejecutaron, gracias a Dios. Pero centraron el debate en el desafío de advertir al electorado a qué crisis lo estaban conduciendo y forzaron a Humala y a Castillo a abandonarlos en la segunda vuelta y, claramente, en sus gobiernos. Pero, como a estas alturas debe saber Sánchez, no basta con decir "no soy comunista" cuando lo que propones, por escrito, te compromete (por lo menos ante el electorado de primera vuelta) y grita exactamente lo contrario. Tampoco basta que Pedro Francke, con buena fe, diga en un debate público que "no se estatizará nada" y que "se respetarán todos los contratos". Es evidente que no tienen los votos en el Congreso para hacer las barbaridades que proponen. Pero ¿si los tuvieran? ¿No es eso realmente lo que quieren hacer? No basta con decir (¿recién esta semana?) que Julio Velarde se queda. No alcanza para generar confianza.

Hasta aquí, esta noche Keiko Fujimori tiene el debate económico ganado. Basta con leer el plan de Sánchez línea por línea y explicar el desastre boliviano que nos espera. Pero la realidad tiene otros matices. El plan de gobierno de Keiko Fujimori también tiene serios problemas en su asistencialismo y explosión del gasto público. Y, lo más importante, no basta con respetar los fundamentos de una economía libre. Hay que actuar políticamente en consecuencia. En el caso de Fujimori no tenemos solo que analizar un plan, tenemos que examinar los últimos cinco años en votaciones parlamentarias. El Consejo Fiscal ha emitido todas las advertencias. Julio Velarde, como presidente del BCR, lo mismo. Este Congreso, manejado por Fuerza Popular y sus aliados, ha expandido el gasto público a niveles peligrosos y ha apuntalado a cuatro presidentes en violar todas las metas de déficit fiscal. Esto, tan negativo como la propuesta de Sánchez, tiene el agravante de que no es una promesa: es una realidad.

Fuerza Popular ha hecho en estos cinco años algo que no se hace en una economía liberal: escoger ganadores. ¿Cuándo escoges ganadores? Cuando entregas exoneraciones tributarias que no tienen ya ningún fundamento en una situación crítica: agroexportadores, peluquerías, restaurantes; cuando creas una situación de beneficio para unos y no para todos (pensiones militares, pensiones de maestros); cuando creas aparatos burocráticos gigantescos con condiciones laborales de privilegio. ¿La madre de todo este desaguisado? La iniciativa de gasto parlamentaria. Sí, esa que "su" Tribunal Constitucional le regaló al Congreso, pese a la prohibición expresa de la Constitución.

Sánchez quiere cambiar la Constitución para destruir la economía, pero, felizmente, no puede. Fujimori no necesita de reforma constitucional para hacerlo. Ya lo hizo. Tiene un TC a su servicio. Fue lo mismo con la cuestión de confianza o la vacancia por incapacidad moral permanente. Fujimori ya demostró que puede destruir instituciones fundamentales sin tocar la Constitución. Ese ya no es un límite. Le basta con controlar el TC para que este lea lo que ella necesita. Donde dice textualmente "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" (artículo 79), el fujimorismo y el TC leen: gasta lo que te dé la gana, total "no es tu plata". Ahí está el reparto de obras en el famosito Anexo 5 del Presupuesto, como gran nido de corrupción parlamentaria.

Cómo será de escandaloso el daño económico ya hecho, que Keiko Fujimori ha ofrecido, recién esta semana, que "después de las elecciones" (precavida) va a mandar un "documento" (sic) al TC para cambiar la iniciativa de gasto del Congreso "a como era antes". Por su forma de expresarse parece que no comprende las implicancias jurídicas y económicas del déficit que han causado. Lo primero es que se requiere otra acción de inconstitucionalidad para que el TC cambie su criterio y, al hacerlo, quedará registrado su vergonzoso fallo anterior, comprometido con los intereses clientelistas del Congreso. No es, pues, un mero "documento", aunque por su forma de elaborar el pensamiento Fujimori debe creer que basta con su orden. Lo segundo es que el daño ya está hecho. Lo que le cuesta al país solo el despilfarro en pensiones militares puede ser tres puntos de déficit fiscal, según informa el Consejo Fiscal.

"Plata, hay", ha dicho Fujimori luego de ofrecer una Pensión 65 universal al 15% de la población del Perú, es decir, a más de 5 millones de adultos mayores, los que en su gran mayoría no tienen pensión de ninguna clase. ¿Esta es la responsabilidad económica que vencerá a Sánchez en el debate? ¿No son un par de irresponsables económicos los dos? Uno, promesa estatista aterradora; y la otra, realidad populista sin límites constitucionales.

Dios nos coja confesados. Son tal para cual.

Desde el año 2000, el país ha tenido presidentes sin mayoría en el Congreso, sin partido sólido y sin respaldo para gobernar con autoridad. Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte —y los interinatos fugaces de Jerí y Balcázar— conforman una lista grotescamente larga que preservó la competencia electoral porque ninguno tuvo la fuerza para suprimirla. La democracia peruana no ha sido el resultado de un proyecto colectivo. Ha sido el subproducto del empate permanente.

Ese equilibrio siempre fue frágil. Y hoy, a una semana de la segunda vuelta, quienes votan en blanco o viciado no están equivocados. Expresan el hartazgo de una generación que nunca vio una democracia que funcione. Ese voto también es democracia.

Dicho esto, hay un escenario que merece nombrarse. Por primera vez, uno de los candidatos no encaja en el perfil del presidente débil que el sistema produjo en serie. Como advierto el politólogo Steven Levitsky, Keiko Fujimori llega con presencia parlamentaria, vínculos en las Fuerzas Armadas y capacidad documentada de construir mayorías mediante alianzas que rozaron los límites de la legalidad. Tiene algo que ningún presidente reciente tuvo: palancas reales de poder.

La otra opción tampoco despeja dudas. El registro de votaciones de Roberto Sánchez muestra coincidencias incómodas con el fujimorismo: votó a favor de la Ley 31989, que debilitó los controles contra la minería ilegal, y quince congresistas de Fuerza Popular bloquearon su suspensión en 2023. En pocas palabras, rivales en las urnas y aliados en el hemiciclo. Pero, desde una lectura del poder, un presidente débil puede ser resistido dentro del sistema. Un proceso de concentración de poder es mucho más difícil de revertir y sobre ello pueden hablar las sociedades que hoy sufren los estragos de dictaduras.

Esta casa editorial jamás le dirá al lector cómo votar. Lo que sí hace es contar con honestidad periodística lo que vemos. La democracia peruana, maltrecha como está, sigue siendo el único espacio donde la ciudadanía puede organizarse, protestar y cada cinco años intentar corregir el rumbo. Ese espacio no es eterno. Finalmente, su preservación es tarea de todos, desde cualquier voto y lugar del país.

El antivoto de Keiko Fujimori parte de uno de los niveles de rechazo más altos de la historia electoral peruana, acumulado durante un quinquenio en que el fujimorismo fue protagonista central del deterioro institucional del país. El de Roberto Sánchez supera al que registró Pedro Castillo en 2021. Ambos llegan al balotaje con deudas ciudadanas que esta campaña no solo ha saldado sino que ha profundizado con silencios y discursos que ningunean el sufrimiento de peruanos.

Y las encuestas nuevamente revelan una geografía del rechazo que confirman la fractura que el próximo gobierno tendrá la obligación de atender con políticas efectivas y no desde el discurso. El antivoto a Sánchez se concentra en Lima con 56%. El de Fujimori domina en el Oriente con 49%, el Centro con 46%, el Sur con 43% y el Norte con 37%. Esas regiones son también las que concentran a los microempresarios más golpeados por el crimen organizado que las leyes del último Congreso favorecieron, y a las familias de las víctimas mortales y heridos de las matanzas cometidas por agentes del Estado durante las protestas, quienes hasta hoy esperan reparación y justicia que el Estado les debe. Cerrar esa brecha exige al próximo gobierno derogar esas leyes y garantizar que el Estado cumpla con sus víctimas.

Ese es el país real. Más de 3,4 millones de peruanos votaron en blanco o nulo en primera vuelta, superando la votación de cualquiera de los dos finalistas. El 54% de quienes todavía dudan descarta a ambos de manera espontánea. Lo que se espera mínimamente es que ambos candidatos intenten convencer, generar confianza y representar a ese electorado.

Quien gane el 7 de junio recibirá el mandato con una legitimidad cuestionada. Gobernar con instituciones debilitadas y una ciudadanía que reclama acciones concretas, exige más que promesas. Y los próximos gobernantes deberían saberlo.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.