En El Gatopardo, Lampedusa puso en boca de Tancredi la frase que terminó por nombrar un fenómeno político mucho más amplio que la novela: “para que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. La aristocracia siciliana no resistía la revolución, la absorbía, cambiaba de forma para no cambiar de fondo. Algo parecido ocurre en la manera en que los sucesivos gobiernos vienen tramitando las delegaciones de facultades legislativas. Los gobiernos cambian y los decretos legislativos cambian, pero al mirar de cerca qué materias se delegan aparece algo preocupante: varias vuelven a delegarse sobre las mismas normas, con fórmulas casi idénticas, sin que el problema se resuelva.

El artículo 104 de la Constitución no le pide mucho al Ejecutivo para obtener del Congreso lo que es su función más relevante, la potestad de legislar. Solo exige que la materia cuya delegación se solicita sea “específica” y que se otorgue por “plazo determinado”. Son condiciones que parecen exigentes en el papel, pero que en la práctica quedan abiertas a la interpretación y dependen más de la buena fe del Ejecutivo que las redacta y del Congreso que las aprueba que de alguna ciencia jurídica capaz de acotarlas con rigor. Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado los contornos de esa apertura, pero la cuestión medular de toda delegación es qué es lo que pretende hacer el Ejecutivo con dicha delegación y si lo logrará.

“Materia específica”, generalidad e incertidumbre

Empecemos por los párrafos que no logran superar el test de la “materia específica”. El ejemplo más nítido está en el bloque tributario, donde se solicita delegar la facultad de “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales de las empresas… a fin de adecuarlas a las modificaciones planteadas”, una fórmula tautológica que no fija ningún fin claro y que deja en el aire la pregunta de qué puede hacer y qué no el Ejecutivo.

Vale la pena contrastar esto con el pasado, porque no es cierto que la imprecisión sea inevitable. El proyecto que dio origen a la Ley 30506, de 2016, bajo el gobierno de PPK, llegó a un dictamen en el Congreso que dominaba el fujimorismo, con acotaciones y precisiones adicionales a la propuesta del Ejecutivo, lo que permitió un debate más informado sobre el alcance real de cada materia. Es prueba de que la Comisión de Constitución puede operar como filtro de precisión antes de que el pedido llegue al Pleno, en vez de convalidar la fórmula amplia que trae el Ejecutivo.

La “especificidad” está también ausente en la reforma que, al parecer, afectaría de manera estructural a la legislación penal en su conjunto. Genéricamente se señala que el objetivo sería “fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción”. En otro extremo del proyecto se mencionan decisiones políticas ya tomadas en el Ejecutivo que no requieren delegación alguna. Es el caso de la derogación de la Ley del Colegio Profesional de Artistas, la eliminación de los topes a la usura o la fijación de la edad mínima para cuentas de ahorro. Otros casos lindan con prohibiciones explícitas, pues se trata de limitaciones a derechos fundamentales laborales o de la reforma de estructuras orgánicas de los poderes del Estado, que requieren un amplio debate en el recién estrenado Congreso bicameral.

“Plazo determinado”, la renovación indefinida

La Constitución no fija un tope temporal a la delegación, pero la práctica peruana ha construido, de facto, un límite de sentido común. No hemos tenido delegación que exceda, ni de lejos, el plazo de una legislatura, porque la delegación existe precisamente para resolver problemas urgentes que el Congreso no puede tramitar a tiempo dentro de su propio calendario ordinario.

Aquí aparece el dato que anima el título de esta columna. Si uno rastrea algunos de sus puntos específicos, el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles (DL 1338), la Ley de Delitos Informáticos, el Decreto Legislativo de Migraciones, el Fondo de Garantía para el Campo, encuentra que la misma materia, sobre las mismas normas, ha sido solicitada en delegación durante los gobiernos de Boluarte, en 2023, y de Jerí, en 2025, y ahora se vuelve a pedir en términos similares. No es un caso aislado: son al menos cuatro ítems del proyecto que, sumados los plazos de las tres delegaciones sucesivas, superan más de tres legislaturas y cada uno se presenta, formalmente, como si fuera la primera vez que el Estado aborda el problema.

Aquí se esconde la versión legislativa del “gatopardismo”: cambia el gobierno, cambia el número de la ley, cambia incluso el decreto legislativo resultante, pero la materia de fondo, el comercio ilegal de celulares, el fraude informático, el control migratorio, sigue exactamente igual. Si un decreto emitido en 2023 debía resolver el problema y en 2025 se vuelve a delegar la misma facultad, y en 2026 se pide por tercera vez, solo caben dos lecturas, y ninguna es alentadora. O las delegaciones anteriores no cumplieron su finalidad y el Congreso está a punto de repetir un instrumento que ya demostró su fracaso. O el problema nunca estuvo bien enfocado desde el diagnóstico y la solución no es delegar de nuevo, sino preguntarse por qué la fórmula sigue siendo insuficiente.

Al Congreso corresponde no solo acotar las generalidades para poder luego controlar lo que está delegando, sino, sobre todo, bloquear la política del gatopardismo y exigir que el Ejecutivo realice un diagnóstico serio de las políticas que desea implementar. De otro modo, se está ampliando más allá de lo razonable un pedido de facultades que tiene límites en la Constitución.

Desde entonces ya se inicia en el mundo del mercado del arte con el grabado, representando a los talleres Dos Gráficos de Bogotá y Mixografía de Los Ángeles, vendiendo grabados en Londres y Suecia.

Tres años después vuelve al Perú

Hacia fines de 1990 presentó el libro de arte RAMIRO LLONA con un nuevo sello editorial, en edición de tapa dura, con una sobrecubierta serigrafiada y textos de Blanca Varela y del crítico de arte estadounidense Donald Kuspit, impreso y diseñado en Colombia. Decide entrar con el pie derecho al medio artístico limeño comprando un local en Miraflores, en donde, luego de limpiarlo con ayahuasca, inaugura un taller de serigrafía, ofreciendo al mercado local una variedad de ediciones de grabados de artistas que representan la contemporaneidad de la oferta en el mercado del momento. Era el año de 1996, pero desde 1994 ya se movía en eso de la difusión del arte como consultora privada, vendiendo y armando colecciones.

Identificaba artistas montando esquemas teóricos que sustentaban las selecciones que ofrecía, apoyándolas genuinamente y comprando la obra que proponía. Artistas activos y destacados que defendía y que participaron en 1996 en la primera producción del taller: Ramiro Llona, Mariella Agois, Alberto Grieve, Alberto Casari, Rhony Alhalel, Maria Cecilia Piazza, Sonia Prager, Venancio Shinki, Ricardo Wiesse, el chileno Arturo Duclos y quien escribe. E invitó posteriormente a artistas más jóvenes y produciendo serigrafías en ediciones de 100, ofreciendo accesibilidad comercial e invitando al coleccionismo. Produce luego la carpeta Playa 1997 en la que participaron Casari, Grieve, Ángel Valdez, Wiesse y otros más.

No piensa en montar una galería hasta que identifica en sus intentos de venta y difusión una necesidad de educar al público proponiendo a los artistas como se debe. Y surge el espacio de exhibición divulgando propuestas diferentes y más de vanguardia. Desde antes de fundar su galería ya le hervía el deseo de mediar: identificaba artistas, seleccionaba sus obras y las proponía, y luego vendía. Con Wu Ediciones se anticipa a la oferta de Wu Galería, ya que la programación de exposiciones en el taller de la obra producida se lleva a cabo hasta su clausura.

Fundada en 1998 en un local de Barranco, la galería apostó desde su lanzamiento por impulsar una actitud experimental. Así, difundió de forma temprana y regular manifestaciones como la instalación y el video, haciendo eco de lo propuesto en las bienales. Representa la contemporaneidad de los lenguajes artísticos locales y es, quizás, precursora en reflexionar sobre la delgada línea entre la artesanía y el arte. Como parte del proyecto QONAKUY, exhibió en su sala a un destacado grupo de artistas materos de Cochas, quienes trasladaron sus diseños a las técnicas del grabado, llevando sus imágenes del mate burilado al papel. La muestra incluía, como parte de la propuesta, los mates burilados expuestos en pedestales.

Pero cierra todo y se va: “Porque en mis últimos viajes a Uzbekistán e India se me ha despertado una enorme curiosidad por saber sobre la ruta de la Seda, la historia y el desarrollo del área del Asia Central, ver sus manifestaciones culturales. Después de 30 años de galería y un posgrado en Londres, suena a una renovación neuronal y emocional que será enriquecedor hacer”.

Con el placer de la observación y de vivir rodeada de arte.

La pregunta que la OCDE plantea ahora en su revisión de política tributaria 2026 es la que esta casa editorial también formuló desde que el anterior parlamento aprobó la ley Chlimper 2.0: ¿sigue haciendo falta ese subsidio cuando el sector ya demostró que puede competir por sus propios medios?

La respuesta del organismo internacional es directa. Las grandes agroexportadoras deben regresar al régimen general de 29.5% porque el sector registró un crecimiento sostenido en valor agregado y exportaciones durante la última década mientras mantenía un trato preferencial frente al resto de la economía formal. Eliminar esa tasa reducida contribuiría a movilizar S/1,888 millones anuales en recaudación adicional.

Según estimaciones de dicha comisión multilateral, para el 2035, el costo de mantenerla equivaldría a unos S/20,000 millones menos para las arcas públicas. Un país que posterga el incremento de Pensión 65 por restricciones presupuestarias no puede sostener ese privilegio sin justificación técnica.

Sin embargo, el problema de fondo va más allá del privilegio fiscal. El Perú tiene una historia documentada de booms de recursos naturales que no se tradujeron en desarrollo sostenible.

Pasó con el guano en el siglo XIX, el caucho en la Amazonía, la anchoveta en los años 60, la minería, hoy en etapa de profundas transformaciones estructurales. En cada episodio el patrón fue de una extracción gran intensidad, beneficios concentrados en pocos actores y escasa reinversión en el territorio.

Un privilegio fiscal que no exige sostenibilidad a cambio no es una política de desarrollo. Es una trampa que el Perú ya conoce y que el nuevo congreso tiene la oportunidad de corregir.

Por ejemplo, se requiere regular la participación excepcional y transitoria de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios. Un asunto bastante puntual. Pero, más adelante, se piden facultades para modificar todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal y todo el Código Penal Militar Policial. Es decir, la columna vertebral de todo el derecho penal peruano. ¿Modificar qué artículos y en qué sentido? ¿Se derogarán a través de estas modificaciones las leyes pro-crimen? Ni una pista.

PUEDES VER: El defensor del régimen

No faltan las normas demagógicas. Es decir, anuncios que venden bien, pero no resuelven nada, como cambiar de nombre al crimen organizado para llamarlo organización terrorista. Como si saber que el sicario que asesina ya no es “asesino” sino “terrorista”, fuera a cambiar en algo la situación de la víctima. O, por ejemplo, crear la enésima norma para sobrerregular la legítima defensa.

En materia laboral, sucede lo mismo que en seguridad. Van de lo particularísimo (la revisión de los feriados queda, triunfo del MEF) a lo absolutamente gaseoso. “Fortalecer el marco legal de la actividad privada, contemplando un régimen que fomente la formalización, incluyendo la seguridad social, los beneficios laborales y la protección contra el despido”, dice el proyecto. Con ese texto puedes hacer toda la reforma laboral que quieras. Es decir, si quieres formalizar, ¿por qué no abolir el despido arbitrario y sustituirlo por uno libre sin reposición, ni indemnización? Eso va a formalizar muy rápido, ¿verdad? El texto da para lo que quieras. No lo dice, pero un lenguaje así de abierto, lo permite.

Hay algunos regalos a la oposición, en desmedro de los intereses particulares de Fernando Rospigliosi, como derogar la ley del colegio profesional de artistas. Un guiño de respaldo de Galarreta a Beingolea, que está soportando una serie de intrigas moduladas internamente para fomentar su pronto despido del Ministerio de Cultura. Pero, de nuevo, el mismo proyecto regresa al Big Bang normativo con una reforma “estructural” del Ejecutivo, lo que anuncia una reducción del aparato del Estado que puede mandar toda la cultura, como apéndice de otro ministerio.

PUEDES VER: "Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

Vale la pena mencionar un pedido que afecta directamente la contratación de personal de confianza en el sector público. Ataron de manos a Castillo para impedir a su gobierno contratar, poniendo requisitos rígidos y a veces imposibles como, por ejemplo, años de experiencia previa. “Regular los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente los funcionarios, directivos y personal de confianza” es un grito de ayuda. Galarreta tiene que desatar lo que ellos ataron. De nuevo, el lenguaje no dice “bajar” los requisitos, pero como en 1984 de Orwell, la neolengua se deja entender. Es para eso.

¿Qué puede hacer la Cámara de Diputados? Como el pedido viene con carácter de urgencia, los plazos son cortos y no puede pasar por muchas comisiones (a pesar de la cantidad de temas que trae sobre actividades productivas). Es posible que, a la antigua, veamos largos debates para recortar, acotar, reformular lo solicitado en diputados. En un congreso unicameral aquello tenía todo el sentido del mundo. Ese debate producía un texto que luego era votado y, de aprobarse, se convertía en ley luego de su promulgación. Sin embargo, con las actuales reglas, esto ya no es así.

Supongamos que luego de una cruenta negociación, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto muy acotado. Son 74 congresistas de oposición (aunque ya empezaron a verbalizarse algunas, siempre esperadas, disidencias) los que se imponen. ¿Todos felices? No. El proyecto pasa al Senado y este tiene el poder constitucional de modificarlo y restituirlo a los términos exactos de lo enviado por el Ejecutivo. La correlación de fuerzas políticas de mayoría y oposición es de 30 a 30. Pero, ya hemos visto en la elección de la mesa directiva del Senado, lo sencillo que le resultó al oficialismo agenciarse el silencio de un solo adversario para ganar la partida. Si repiten la operación, todo queda consumado.

PUEDES VER: Mario Vargas Llosa y su defensa al LUM: "Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir actitudes intolerantes"

Por supuesto, Renovación y Fuerza Popular pueden tener sus propios intereses, que el gabinete Galarreta no ha considerado. Es posible que en el Senado ellos sean los que recorten o agreguen texto. Pero la coordinación de los vicepresidentes de Fujimori debería garantizar que el proyecto final aprobado quede, al menos, al gusto de Galarreta, con toda la amplitud necesaria, casi para hacer lo que quieran. ¿Se podrá derogar lo que salga mal? Difícil, porque otra vez, el que corta el jamón es el Senado.

En este escenario, ¿qué puede hacer la oposición mayoritaria en Diputados? Tres caminos. El primero, perder. Recortan, modifican, va al Senado y pierden. El segundo, no aprobar nada. Si no hay aprobación, nada pasa al Senado. Si nada pasa al Senado, no hay ley. La tercera posibilidad es la negociación política global (a la espera de una reforma constitucional que arregle este engendro legislativo). Los seis partidos en el Congreso, o al menos 5, deberían hacer un acuerdo global que se aprueba en Diputados y en Senadores. Puede no gustarle al oficialismo, pero la alternativa es que no les aprueben nada por el temor de ser contradichos radicalmente en el Senado.

Entonces, hoy la delegación de facultades es una prueba de fuego triple. Primero, para la reforma constitucional que nos llevó, sin mucho debate y con mala técnica, a un bicameralismo entrampado. Segundo, para el Ejecutivo. Diputados solo tiene poder mientras la decisión está en sus manos y ese poder, que puede ser obstruccionista sin duda (hay ya una larga experiencia desde el 2016 por parte del fujimorismo) desaparece en el Senado. ¿Van a perderlo tan rápido? No lo creo y, frente a esta realidad política, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo? Tercero, es una prueba de lo que podrían ser capaces de articular Nieto, López, Sánchez y Belmont. Lograron la mesa directiva de Diputados, pero si no son capaces de unir y mantener al menos 66 votos, le entregarán todo el poder a Keiko Fujimori, contradiciendo la voluntad de sus electores.

¿Cómo se resolverá esta negociación, si es que se da? Muy pronto para saberlo. Pero en este episodio político me temo que se juega mucho más que una delegación de facultades. Puede ser la primera ley de un Congreso bicameral, 34 años después.

El equipo ministerial es el primer problema visible. De acuerdo con un reporte de coyuntura del Instituto Bartolomé de las Casas, de los 19 integrantes del gabinete, 15 acumulan acusaciones por presuntos delitos que van desde lavado de activos hasta peculado y cohecho. Asimismo, ocho fueron reciclados de administraciones anteriores, las mismas que la mandataria sigue calificando de “catastróficas”. Y al menos cinco pertenecen a corrientes antiderechos que ya mostraron su agenda con la propuesta de intervenir el Lugar de la Memoria (LUM).

Por ello no sorprende las contradicciones entre las promesas emitidas en el discurso inaugural y las decisiones que viene ejecutando el gobierno. La presidenta Fujimori anunció la duplicación de Pensión 65, de S/350 a S/700 bimestrales, como primera medida de su política de protección a los adultos mayores. Menos de mes después, nada menos que en la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, la mandataria señaló que esa duplicación se concretará recién en 2027. En otras palabras, los más de 800 mil beneficiarios del programa en situación de pobreza extrema que aguardaban el incremento tendrán que seguir esperando. Lo mismo con el incremento del salario mínimo: el alza de S/1,130 a S/1,300 anunciada en el discurso inaugural se dividió en dos etapas, ambas pendientes.

Pero el Ejecutivo también mostró en este primer mes su disposición a ceder ante presiones corporativas a costa de la demanda ciudadana. Para evitar el paro de transportistas, concedió una rebaja del 90% en papeletas de tránsito, salomónicamente.

Si bien un mes no alcanza para juzgar una gestión, sí alcanza para ver qué tipo de gobierno está construyendo el fujimorismo desde el Ejecutivo. Las señales del primer mes apuntan en una dirección que el país ya conoce bien y que es más fácil de rastrear con el persistente comportamiento autoritario de la bancada de Fuerza Popular en el senado, en la cámara de diputados y en las instituciones constitucionalmente autónomas que mantiene cooptadas como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el TC, y la defensoría del Pueblo.

La popularidad de esta tendencia ha trascendido las redes sociales y ha dado lugar a las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que los participantes compiten por demostrar mayor presencia escénica, creatividad y capacidad de impactar al público. Estas competencias carecen de reglas estrictas: son los espectadores quienes determinan al ganador mediante sus reacciones, aplausos y expresiones de entusiasmo.

El fenómeno recuerda, en cierta medida, a las tradicionales batallas de rap o de gallos, en donde el ingenio verbal, la improvisación y la capacidad de cautivar al público, por medio del ataque, resultan decisivos para imponerse ante el adversario. Del mismo modo, las batallas de aura han encontrado espacio en plazas, parques y otros escenarios públicos donde los jóvenes buscan expresarse y compartir códigos culturales propios de su generación.

La importancia y los riesgos del “aura”

En principio, se trata de una manifestación juvenil relativamente pacífica. A diferencia de otros desafíos virales asociados a conductas riesgosas y agresivas, esta tendencia fomenta la creatividad, la improvisación, el humor y la interacción social cara a cara, una dimensión que muchas veces quedaba relegada en la cultura digital. Asimismo, ha permitido que numerosos niños y adolescentes desarrollen confianza para expresarse en público, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y su desenvolvimiento social, generando comunidad y apropiándose de espacios públicos que muchas veces les eran vetados.

Sin embargo, el fenómeno también plantea interrogantes que conviene analizar tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Entre ellos, surge la pregunta de si es conveniente someter constantemente el carisma y la imagen personal al juicio de los demás o si resulta saludable vincular la autoestima con la aprobación externa. Como sucede en las redes sociales, la sobreexposición pública del espacio personal puede pervertir el sentido de cuidado de lo privado.

Además, la lógica de “ganar” o “perder” aura puede llevar a que la identidad personal se reduzca a un conjunto de gestos, apariencias o comportamientos valorados por el público o por las redes sociales, y no necesariamente por uno mismo. El riesgo consiste en que el reconocimiento externo termine teniendo más peso que la autenticidad o el desarrollo de la autoestima: la presión de grupo muchas veces puede llevarte a tomar decisiones apresuradas. Esta situación resulta especialmente delicada durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que el desarrollo personal aún se encuentra en proceso de afianzamiento.

Farmeando otras cualidades

Como toda actividad que expone a niños y adolescentes a la aprobación o desaprobación de sus pares, resulta necesaria la presencia de personas capaces de comprender estos espacios de expresión sin descalificarlos ni censurarlos, especialmente cuando involucran dinámicas competitivas. Esto implica reconocer sus aspectos positivos, pero también establecer límites frente a conductas que puedan afectar el bienestar emocional de los participantes.

La clave está en promover el diálogo, la reflexión y la autocrítica, de modo que la experiencia contribuya realmente al crecimiento personal. Por ello, padres y docentes deben conocer el fenómeno, comprender sus códigos y saber en qué momentos acompañar y orientar para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje.

Es importante entender que, más que una moda pasajera, “farmear aura” refleja la manera en que las generaciones más jóvenes trasladan al mundo real los lenguajes, dinámicas y valores presentes en internet y los videojuegos, ámbitos con los que conviven cotidianamente. Precisamente por eso, la preocupación no debería centrarse en prohibir estas prácticas, sino en procurar que favorezcan el desarrollo personal y no se conviertan en una justificación para imponer la ley del más popular o del más fuerte.

Como ocurre con tantos otros fenómenos juveniles, esta tendencia debe convertirse en una valiosa oportunidad para acercarnos a nuestros hijos y alumnos, interesarnos en su mundo y conversar con ellos desde la confianza, el respeto y la solidaridad sin miedos ni prejuicios.

Desde entonces, las canículas (olas de calor extremo) se han seguido repitiendo en buena parte de Europa, América del Norte, Asia, con una serie de secuelas: sequías generalizadas, incendios forestales que se siguen multiplicando, flora, fauna y sectores productivos devastados, como el agro, poblaciones confinadas, un número creciente de personas fallecidas como consecuencia de las altas temperaturas. Según la prestigiosa revista científica The Lancet, las olas de calor extremo matan en todo el planeta 490 mil personas al año, convirtiéndose en el evento climático más letal, incluso más que los huracanes y las inundaciones.

Los científicos y expertos en los temas del clima, que hasta hace muy poco eran llamados despectivamente por los grandes medios y los grupos de poder económico y político como “ecologistas alarmistas”, han recordado que todo lo que está pasando en Europa y en buena parte del planeta ha sido anunciado con detalle y rigor hace décadas en decenas de reportes publicados, ampliamente difundidos en foros y cumbres mundiales del clima.

No olvidemos que, hasta hace algunos años, el actual presidente de los Estados Unidos afirmaba, sin ningún empacho, que: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para que la manufactura de los Estados Unidos no sea competitiva” y que la narrativa de la crisis climática era la “mayor estafa de la historia”. Líderes empresariales de industrias cuestionadas, como las de hidrocarburos, minería, automotriz, etc., y gobernantes, sobre todo de extrema derecha, le han dado cuerda a este tipo de afirmaciones, pese a todo lo que viene pasando.

Lo cierto es que las evidencias son cada vez más contundentes. El director del prestigioso Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, Carlo Buontempo, señala que las temperaturas que estamos alcanzando son las más cálidas de los últimos 100,000 años, lo que significa que ya hemos entrado a territorio desconocido.

Las proyecciones de los grupos de científicos que alertaron lo que ahora estamos viviendo anuncian un calentamiento de 2 °C en 2035 y de 3 °C en el 2050. Si se cumple esta proyección, tendremos temperaturas de 50 °C en el 2035 y hasta 60 °C en el 2050, lo que significa que, en el 2050, el 60% del planeta sería inhabitable para los seres humanos.

El sobregiro de la Tierra

Sin embargo, nada serio se está haciendo para enfrentar el sobreconsumo ecológico, ni a nivel global ni en los países. Siete de los nueve límites planetarios ya han sido sobrepasados: cambio climático, integridad de la biósfera, flujos biogeoquímicos, cambio en el uso de suelos, uso de agua dulce, acidificación de los océanos y la introducción de nuevas entidades, como la acumulación de sustancias químicas sintéticas y plásticos.

Un reciente informe publicado por Global Footprint Network y Greenings señala que se viene registrando “el mayor exceso de emisiones jamás producido, y aun así la mayoría de países siguen sin estar preparados”. Estas instituciones denominan el Día del Sobregiro de la Tierra al momento “en el que la demanda de la humanidad sobre la naturaleza supera la capacidad de regeneración de los ecosistemas terrestres en ese año”. En el informe de este año, el día del sobregiro ocurrió el pasado 30 de julio, lo que significa que estamos “utilizando” la naturaleza “un 73% más rápido de lo que los ecosistemas pueden regenerarse, lo que equivale a vivir de 1.73 planetas Tierra”.

La base de datos de Global Footprint Network nos muestra la evolución del sobregiro desde 1972 a 2026. Lo que aparece sombreado de color naranja en la figura que acompaña este artículo es el momento en que el consumo supera la capacidad de regeneración del planeta. Como se puede apreciar, 1973 fue el primer año en el que se registró un sobregiro en el mes de diciembre; 20 años más tarde, el sobregiro comenzó a ocurrir a partir del mes de octubre, luego en agosto y, este año 2026, por primera vez ha sido en julio.

El análisis también se hace por país, bajo el siguiente concepto: el día del sobregiro de un país muestra la fecha en la que se produciría el sobregiro de todo el planeta si todos viviéramos como la población de ese país. En el informe por país de Global Footprint Network, Qatar encabeza la lista, marcando el 4 de febrero como el día de sobregiro, seguido de Luxemburgo (17 de febrero), Singapur (23 de febrero), Kuwait (3 de marzo). En el otro extremo se ubican Honduras (27 de noviembre), Camboya (25 de noviembre), Ecuador (12 de noviembre), Nicaragua (6 de noviembre) y Túnez (5 de noviembre). En el Perú, el día del sobregiro ocurrió el pasado 12 de agosto.

A estas alturas queda claro que ya hemos perdido el clima que conocíamos hasta hace poco y lo que se está viviendo en buena parte del planeta en estos últimos años es una suerte de adelanto de lo que pasará en el futuro, aunque cada vez con mayor dureza. Como señala Jean Marc Jancovici, experto francés en temas de calentamiento global, el dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero (GEI), es químicamente estable una vez que se instala en la atmósfera, lo que significa que no se va fácilmente. Y al dióxido de carbono hay que sumarle otros gases de efecto invernadero, como el metano y el dióxido nitroso.

Por lo tanto, si quisiéramos parar el calentamiento del planeta tendríamos que detener las emisiones de GEI y eso no está pasando. Basta constatar que las emisiones del año pasado han sido las más altas de toda la historia: según la propia Agencia Internacional de la Energía, el sector energético es el principal emisor (73%), con la quema de combustibles fósiles para industrias, transporte, etc. Solo un ejemplo a propósito del transporte: el pasado 23 de julio ha sido el día de mayor número de vuelos en toda la historia, con un registro de 153,359 despegues y se proyecta que al 2050 la cifra se duplicará. ¿Hay algún ánimo de cambiar esta tendencia?

Como señala Global Footprint y Greenings, a pesar de “este exceso de consumo, casi ningún gobierno nacional considera la seguridad de los recursos como una parte central de su planificación económica, incluso cuando el exceso de consumo ecológico alimenta la estanflación, la inseguridad alimentaria, las crisis sanitarias y los conflictos”.

¿Alguien se anima a decir o a reconocer que hay trayectorias económicas, productivas, que seguíamos hasta hace poco y que ya no podremos seguir en el futuro? ¿Qué economistas, políticos, líderes empresariales y hasta miembros de la academia se animan a colocar estos temas en el debate público de nuestro país? La naturaleza no está separada de la economía, es su fundamento.

¿Qué lecciones sacamos de las olas de calor? ¿Qué lecciones de los Niños, costeros y no costeros? ¿Qué lecciones de lo que acaba de ocurrir en Nepal? Dejemos de llamarlos fenómenos naturales. Son eventos climáticos extremos, para nada naturales. Como alguien ha dicho: “el clima no está loco, lo hemos vuelto loco”.

Su origen se remonta a la Conferencia de las Américas contra los Cárteles (Doral, Florida, 4-5 de marzo de 2026), liderada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, con la participación de 17 países, a los que luego se sumó Chile. En esa ocasión se firmó una Declaración Conjunta de Seguridad que expresa la voluntad común de ampliar la cooperación en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el narcoterrorismo, la protección de infraestructuras críticas y la promoción de la "paz a través de la fuerza", además de constituir una coalición frente a amenazas extrahemisféricas.

La Declaración Conjunta, único instrumento multilateral de la iniciativa, no es un tratado ni un instrumento con obligaciones jurídicas, sino una declaración política que establece una coordinación de acciones, sin base institucional, órganos permanentes o temporales, secretaría ni reglas acordadas de ninguna naturaleza. Participan los países que son invitados por los Estados Unidos.

El Perú, al ser cosignatario, es miembro del mecanismo desde su constitución en marzo de 2026. La posterior solicitud de la presidenta peruana a Marco Rubio para que se aceptara al Perú en el Escudo de las Américas fue, en ese sentido, producto de un aparente error de información, que discretamente no fue objeto de comentario por parte del Departamento de Estado.

Dos días después de la conferencia de ministros de Defensa y Seguridad, el 7 de marzo, el presidente Donald Trump convocó en Doral, Miami, la Shield of the Americas Summit, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de doce países de la región, aunque con una composición distinta a la reunión ministerial precedente. El Perú no asistió a la cumbre, pese a haber suscrito dos días antes la Declaración Conjunta de la Coalición.

En su discurso, Trump presentó la reunión como el lanzamiento del más alto nivel de la nueva alianza militar destinada a combatir a los cárteles criminales. Trump instó expresamente a los gobiernos participantes a recurrir a sus propias fuerzas armadas y comparó la iniciativa con la coalición internacional creada para combatir al ISIS en Oriente Medio.

La cumbre no logró elaborar una declaración conjunta. En su lugar, el mismo día, Trump emitió la Proclamación Presidencial 11015, 'Commitment to Countering Cartel Criminal Activity', que reitera al más alto nivel la determinación de los Estados Unidos de movilizar sus fuerzas militares y las de los países asociados en la lucha contra los cárteles y el narcoterrorismo, y formaliza también la determinación de contener amenazas externas, incluidas las denominadas “influencias extranjeras malignas” provenientes de fuera del hemisferio.

La segunda reunión formal de la Coalición se realizó en Panamá el 11 y 12 de agosto, presidida por Peter Hegseth. El encuentro marcó un giro hacia la operacionalización: Hegseth planteó pasar de la coordinación política a operaciones concretas, teniendo como marco el "Corolario Trump a la Doctrina Monroe", de defensa hemisférica frente al narcoterrorismo y a "actores extranjeros malintencionados". Incursionando en lo político, instó a los países participantes a retirarse de la Corte Penal Internacional. Y sugirió como lema de la alianza “Hacemos cosas malas a gente mala”.

Existe una contradicción entre los ambiciosos objetivos de la Coalición o Escudo, como autorizar la presencia de tropas extranjeras en los territorios nacionales, y su naturaleza informal, sin ningún sustento institucional ni jurídico. La iniciativa se encuentra en un limbo político, institucional y jurídico. No constituye —hasta el momento— una estructura institucional formal, sino un mecanismo de reuniones político-diplomáticas y de defensa, sin que exista un mandato formal que autorice acciones conjuntas de carácter militar o policial. No posee una base jurídica que otorgue a sus decisiones o eventuales acciones operativas una dimensión vinculante para sus miembros.

Por otro lado, la breve historia de la iniciativa no registra acuerdos o negociaciones multilaterales entre los participantes destinados a establecer objetivos, procedimientos de decisión y un plan de acción mutuamente convenido que represente los intereses nacionales de todos sus integrantes. Se expresa más bien como una iniciativa de la política exterior norteamericana en función de sus propios intereses nacionales.

Estas realidades parecen encontrarse detrás de la distancia marcada por el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, quien señaló que su país debía evaluar los alcances de su participación y afirmó: “nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Posteriormente se conoció que Barros había suscrito el 12 de marzo la Declaración Conjunta. El Ministerio de Defensa chileno precisó que se trató de una declaración de intenciones y no de un acuerdo vinculante, diferenciando así la cooperación contra el narcotráfico de la asunción de compromisos militares u orientaciones estratégicas definidas por otro Estado.

Es cierto que cada uno de los países que participan en la iniciativa posee políticas y ámbitos de cooperación de evidente importancia con los Estados Unidos en materia militar, policial, de seguridad, inteligencia, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico. Pero, en cada caso, estas líneas de cooperación han sido negociadas y concertadas procurando armonizar los intereses de ambas partes. En la Coalición o Escudo se presenta una situación sui generis, en la que un país convoca y alinea a otros Estados en función de sus particulares intereses nacionales.

El asunto se torna más delicado cuando el secretario de Guerra conmina a los participantes a denunciar el Estatuto de Roma y abandonar la Corte Penal Internacional, exigiendo que renuncien a sus propios objetivos nacionales que los condujeron a integrarse a la Corte. Ello supone, en los hechos, un alineamiento con Washington en su política contra la estructura institucional de la Corte.

En ese mismo horizonte, las referencias de Hegseth y Trump a que el Escudo o la Coalición debe detener o combatir amenazas externas en la región introducen elementos de intervención en las decisiones soberanas de los países participantes sobre sus políticas exteriores.

Los Estados latinoamericanos poseen intereses nacionales propios, definidos por sus Estados, gobiernos y sociedades. La cooperación con los Estados Unidos, por amplia e importante que sea, no debería significar la sustitución de esos intereses por los de otra nación. Ningún Estado, por más poder que ejerza, puede aspirar a sustituir la voluntad soberana de otros Estados nacionales independientes. Esa es, finalmente, la cuestión que la Coalición Americana contra los Cárteles o Escudo de las Américas deberá esclarecer si pretende evolucionar desde una iniciativa política estadounidense hacia un mecanismo multilateral de cooperación hemisférica.

Visité esa exhibición —y muchas otras— invitado hace algunos años por el gobierno federal, que deseaba que conociera la experiencia museística germana de posguerra. Ese gobierno había colaborado con recursos económicos para iniciar el diseño y construcción del LUM.

¿El contexto? Se me había asignado la responsabilidad de encabezar el valioso equipo que haría el diseño final del Lugar de la Memoria (LUM). Tuve el honor de tomarle la posta nada menos que a Mario Vargas Llosa, admirado escritor y amigo, quien había venido encabezando certeramente el equipo fundador hasta entonces.

PUEDES VER: Beingolea´s LUM. ¿Para qué lo quiere?, por Mirko Lauer

Los museos de la memoria no existen para prolongar odios ni para imponer una versión oficial de la historia. Su función es exactamente la contraria: preservar hechos, documentos y testimonios; reconocer a las víctimas; estimular una reflexión crítica y permitir que las nuevas generaciones comprendan hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la violencia, el autoritarismo y el desprecio por la vida sustituyen a la ley, la justicia y la democracia.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) cumple —y debe seguir cumpliendo— esa función. ¡Basta de amenazas y bravuconadas autoritarias! El periodo de violencia que atravesó el país entre 1980 y 2000 dejó decenas de miles de muertos y desaparecidos, en su mayoría peruanos de las zonas rurales y andinas. Sendero Luminoso desencadenó una violencia terrorista feroz y criminal. El Estado tenía el deber de combatirla, y finalmente tuvo éxito en desarmar a las organizaciones terroristas que atacaron al país. Pero ese deber nunca convirtió en legítimas las ejecuciones extrajudiciales, las miles de desapariciones forzadas, la tortura o las masacres cometidas por agentes estatales específicos. Una memoria democrática debe ser capaz de sostener simultáneamente esas verdades, sin relativizar ninguna.

PUEDES VER: El lugar de la amnesia, por Jorge Bruce

Por eso resulta tan relevante la experiencia alemana mientras se ha construido una sociedad democrática, antes arrodillada ante el totalitarismo nazi. Después de la catástrofe del nazismo, Alemania no construyó su democracia sobre el olvido. El proceso fue largo, difícil y por momentos conflictivo. Pero terminó convirtiendo la confrontación con el pasado en una política pública. Antiguos campos de concentración como Dachau, Buchenwald o Sachsenhausen son hoy lugares de memoria y educación. En Berlín, la Topografía del Terror documenta el funcionamiento de los órganos represivos nazis; la Casa de la Conferencia de Wannsee explica la maquinaria burocrática que organizó el exterminio; y el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa ocupa un lugar central en la propia capital.

​Y nadie pretende cerrar esas expresiones.

¡Bueno por Alemania! La enseñanza alemana es especialmente relevante porque la memoria no quedó congelada en 1945. Tras la reunificación, Alemania incorporó también los abusos de la dictadura comunista de la antigua RDA. El Memorial del Muro de Berlín y otros centros recuerdan a quienes sufrieron persecución, prisión y muerte bajo ese régimen. Es decir, la política de memoria no pertenece a una ideología: pertenece a la democracia y a las víctimas.

Ese compromiso sigue vigente. Alemania adoptó en 1999 una política federal para respaldar lugares de memoria, la actualizó en 2008 y volvió a renovarla en noviembre de 2025. La nueva estrategia federal insiste en preservar los lugares históricos, fortalecer la investigación y la educación, digitalizar archivos y exposiciones y garantizar la independencia política y científica de estas instituciones. En agosto de 2026, el gobierno federal anunció, además, diez millones de euros adicionales para reforzar los memoriales dedicados a las víctimas del nazismo y de la dictadura de la RDA. No los considera una amenaza para la nación, sino parte de su infraestructura democrática.

Allí está la diferencia fundamental. Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse.

¡Cuidado con la abdicación ante el horror!

Cerrar, debilitar o domesticar políticamente espacios como el LUM sería una derrota de la democracia. Si una exposición contuviese, acaso, “errores” o “desequilibrios”, eso se corrige con investigación, evidencia, debate público y mejores exposiciones. No con censura ni silenciamiento. La respuesta a una memoria incompleta debe ser más memoria, mejor historia y mayor pluralismo.

Alemania entendió, después de recorrer un camino doloroso, que recordar los crímenes del pasado no disminuye el patriotismo: lo hace más exigente y democrático. El Perú necesita esa misma madurez. El LUM y los demás lugares de memoria deben ser espacios abiertos, rigurosos, independientes y vivos. Las sociedades que conservan la memoria de sus víctimas no quedan prisioneras del pasado. Al contrario: adquieren mejores herramientas para impedir que el pasado vuelva a repetirse.

Un museo de la memoria serio no acusa a una nación: la ayuda a comprenderse. No responsabiliza a las Fuerzas Armadas como institución por todo lo ocurrido ni borra el sacrificio de quienes enfrentaron al terrorismo dentro de la ley y con heroísmo. Tampoco permite que, en nombre de esa lucha, desaparezcan de la historia las víctimas de abusos estatales. Su obligación es documentar, contextualizar, escuchar distintas voces y colocar la dignidad humana en el centro.

Escribí sobre eso, cerré el tema, y pensé que ahí quedaba. Pero unos días después me cayó en las manos un estudio publicado en los reportes científicos de la reconocida revista académica Nature, hecho por investigadoras del Centro para Análisis Computacional de Sistemas Sociales y Organizacionales, Societales y de Software de la Universidad de Carnegie Mellon, Lynnette Hui Xian Ng y Kathleen Carley, y decidí cruzar los dos datos. Lo que encontré me pareció más interesante que la cifra original.

PUEDES VER: "Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

Dos miradas al mismo problema

Ambos reportes no están midiendo lo mismo, y ahí está lo que los vuelve complementarios para este análisis de política digital. Thales mide tráfico web en general, es decir, todo lo que toca un servidor en cualquier rincón de internet, desde scrapers hasta ataques automatizados a interfaces de programación. El estudio de Nature, en cambio, se metió específicamente a mirar la conversación en redes sociales —en X, el antiguo Twitter— sobre eventos globales puntuales: elecciones, la pandemia, hasta el estreno de una película de Marvel. Analizaron casi 5.000 millones de tuits y 200 millones de usuarios entre 2018 y 2021. Uno mide la magnitud del fenómeno a escala de toda la web; el otro, cómo se comporta ese fenómeno cuando aterriza en una conversación concreta.

Y ahí es donde las piezas empiezan a encajar. El estudio de Carnegie Mellon encuentra que, en la conversación social sobre eventos específicos, el volumen de bots ronda el 20% en promedio, pero se dispara hasta 43% en momentos de alta tensión política, como unas elecciones. Es decir, confirma con datos propios algo que el reporte de Thales sugiere desde otro ángulo: los bots no están distribuidos de forma pareja, sino que se concentran justo donde hay más en juego. Lo que Thales mide como una tendencia sostenida de crecimiento a nivel de toda la web, el estudio académico lo explica desde adentro: por qué esa presencia se intensifica en ciertos momentos y temas. Y esto coincide, de paso, con algo que dijo Elon Musk en 2022 sobre la proporción de bots en Twitter.

Cómo se comporta un bot cuando lo miras de cerca

Lo que más me enganchó del estudio no fue la cifra de volumen, sino cómo describen el comportamiento de los bots frente al de los humanos. Ahí hay detalles que valen la pena contarse, uno por uno.

• Primero, la forma de escribir. Los bots usan más hashtags, más menciones, tuitean con más frecuencia y retuitean muchísimo más que los humanos. Nosotros, en cambio, respondemos, citamos y compartimos más imágenes: elegimos las interacciones que exigen entender de verdad una conversación, mientras que los bots recurren a lo que es fácil de automatizar.
• Segundo, la identidad. Cuando un bot dice quién es, casi siempre elige entre un puñado de perfiles genéricos: hombre, fan, hijo. Los humanos, en cambio, presentamos una variedad mucho más amplia de identidades. Es como si los bots tuvieran un guardarropa muy limitado de personajes para interpretar.
• Tercero, y esto me pareció lo más visual de todo el estudio: la forma en que nos conectamos. Los bots arman redes en forma de estrella —un núcleo que emite información y una periferia que la amplifica—, mientras que los humanos formamos estructuras más parecidas a un árbol, jerárquicas y orgánicas. Y los bots, además, concentran su conversación justo en las líneas de fractura social: género, política, raza, nacionalidad. Ahí es donde más se meten.

Un caso que le pone nombre y apellido a estos datos

Mientras escribía esto no pude dejar de pensar en algo que estalló esta misma semana en la región: el caso de Fernando Cerimedo, conocido como "el rey de los trolls". El consultor argentino fue detenido el 18 de agosto en Bolivia, en el marco de una investigación por el intento de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Durante los allanamientos posteriores apareció una segunda arista: la Fiscalía de La Paz informó del hallazgo de dinero, documentos y equipos que calificó como una "mini granja de bots".

PUEDES VER: Desde la cárcel, el asesor Fernando Cerimedo niega haber tenido algún poder en el Gobierno de Rodrigo Paz

Cerimedo no es un desconocido en esto. Durante la campaña de Javier Milei en 2023, el propio consultor admitió tener miles de trolls para influir en algoritmos y alterar qué temas se volvían relevantes en redes sociales. Su alcance no se quedó en Argentina: en Brasil, la Policía Federal lo ubicó dentro de un núcleo dedicado a producir, difundir y amplificar noticias falsas sobre las elecciones presidenciales de 2022, y durante el proceso constitucional chileno de ese mismo año estuvo vinculado a la campaña por el Rechazo. Más recientemente, apareció como colaborador cercano del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Leído junto al estudio de Carnegie Mellon, el caso no me parece una anécdota aislada, sino casi un caso de laboratorio de lo que describen los datos. La estructura en forma de estrella que el paper encontró en los bots políticos —un núcleo que produce contenido y una periferia que lo amplifica— es, en la práctica, lo que una granja de bots hace de manera literal. Y el hallazgo de que los bots se concentran justo en los eventos más disputados calza perfecto con el patrón: Argentina, Brasil, Chile y Bolivia son, todos, países donde hubo elecciones o plebiscitos reñidos en los últimos años. Lo que antes leía como una cifra abstracta —20% de bots en promedio, hasta 43% en elecciones— ahora tiene nombre, apellido y un modelo de negocio detrás.

El punto en el que ambas fuentes se dan la mano

Hay algo en lo que a partir de las dos evidencias científicas presentadas se puede sostener, ahora con mayor seguridad: la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego en cómo se desenvuelve la humanidad. El estudio de Carnegie Mellon cuenta que los bots armados con modelos de lenguaje todavía son poco comunes, pero advierte que ya se acercan al umbral de volverse indetectables. Thales, por su parte, documentó que los ataques de bots impulsados por IA se multiplicaron más de 12 veces en un solo año. Distintos métodos, distinta escala, misma dirección: el problema no es solo de cantidad, es de naturaleza.

Así que, si me preguntas qué me llevo de todo esto, te diría lo siguiente: las dos fuentes, leídas juntas, dan una foto más completa que cualquiera de las dos por separado. Thales confirma la magnitud del problema a escala de toda la web; el estudio académico explica el mecanismo detrás de esa magnitud, mostrando cómo, dónde y con qué comportamiento específico se concentran los bots cuando la conversación importa de verdad. El dato duro y el dato fino no compiten entre sí: uno te dice cuánto está pasando, el otro te dice cómo está pasando —y por qué justo en los temas más sensibles, como elecciones, salud pública o identidad, es donde más hay que estar atentos.

*Vale acotar que Thales es una gran compañía multinacional de origen francés especializada en el desarrollo de sistemas electrónicos, tecnología y servicios para los sectores aeroespacial, de defensa, seguridad y ciberseguridad.

Quisiera pedirles, por favor, que atiendan la situación del Asentamiento Humano UPIS Huáscar, fundado en el año 1976. Han pasado 50 años y hasta ahora no tenemos título de propiedad. Somos 16.840 lotes y vivimos sin título en nuestras viviendas. Por la inoperancia de las autoridades que nos trajeron acá, nos engañaron: recién en el año 80 nos dijeron que el terreno era de terceras personas.

Hemos luchado con el pueblo, en mi caso como presidente de la Comisión de Tenientes de Tierra. En el año 2012 ganamos en la Corte Suprema, que nos dio la razón: somos nosotros los dueños. El presidente Toledo nos dio una ley especial en favor del pueblo de Huáscar, para que estos terrenos sean permutados por otros terrenos en favor de los propietarios, que son los Neuhaus Rizo-Patrón, la cooperativa Canto Grande y la cooperativa Valle Sharón.

PUEDES VER: Contra el desprecio, por Jorge Bruce

Con los señores de Neuhaus Rizo-Patrón ya hemos terminado —muchas gracias al Ingeniero Carlos, con quien tengo mucha amistad—, pero todavía nos queda la lucha con la cooperativa. En este momento estoy casi atado de manos, porque la Municipalidad de Lima Metropolitana me ha cerrado las puertas y no me quiere recibir para seguir tramitando el 5% que falta para la titulación, es decir, para la firma de la permuta. En ese terreno está comprometido todo: la Iglesia de Huáscar, el Mercado de Huáscar, el Colegio Bolognesi y el Hospital, bases fundamentales de la salud y la educación de nuestro pueblo.

Quisiera que, de alguna u otra manera, se busque una solución, y les pido que me ayuden a encontrarla. 

Por otro lado, venimos desde el año 1989 luchando por tener centros de salud. Tenemos dos postas médicas que ya colapsaron hace muchos años. Con esa misma dirigencia creamos un materno infantil, hoy convertido en hospital, que también ya colapsó. Y en el año 2008 creamos la Comisión de Salud de SJL (CODISA), para construir el hospital nivel III-1, entre los paraderos 11 y 12 de la avenida Canto Grande, en terrenos del AH Huáscar. Para ello, la comunidad, viendo la necesidad de salud, ha puesto a disposición del Minsa 38 mil metros cuadrados para que se construya este hospital.

PUEDES VER: Eso de gobernar, no era tan fácil, por Rosa María Palacios

Pero las autoridades, los alcaldes de nuestro distrito, nunca nos ayudaron y no creo que nos vayan a ayudar, y se sigue frustrando este proyecto tan anhelado por 1.500.000 personas que somos a nivel del distrito, el más poblado de todo Lima Metropolitana. ¿Y ahora qué nos ha dicho el ministro actual? Tuvimos la mala suerte de que la última semana vino el Ministro de Salud al hospital, y en reunión con el director y con los dirigentes nos dijo fríamente que no van a construir ningún hospital. Y algo más: hizo un llamado a las tiendas o empresas que tienen baldosas para que las obsequien y así arreglar el piso del comedor de los empleados, olvidando que lo más prioritario es el cercado de los terrenos del hospital para evitar su reocupación ilegítima. Esto está permitiendo que quienes llamamos 'los cachineros' regresen a ocupar ese terreno, poniendo en peligro que ya no se pueda recuperar, y con ello el futuro de la salud de Huáscar.

El futuro de la salud de Huáscar está otra vez en peligro. Por eso CODISA, como comisión distrital liderada por el señor Willy La Rosa Hernández, lucha permanentemente, con reuniones con distintas entidades del Estado para tratar de solucionar este problema. Y algo más: el juez del Segundo Juzgado de Zárate le ha dado la razón a los cachineros, diciendo que deben regresar a ocupar ese terreno, con lo cual se pierden cerca de 88.000 soles que el gobierno anterior ya había destinado para el estudio técnico y para parte del cercado de los terrenos. 

Atentamente,

Teófilo Trujillo

Presidente de la Comisión de Tenientes de Tierra AH UPIS Huáscar-SJL