Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

La iniciativa constituye la continuación directa de la Ley N.° 32107, aprobada el 9 de agosto de 2024 por el actual bloque parlamentario dominado por el fujimorismo y sus aliados, que estableció un límite temporal para la persecución de crímenes internacionales, disponiendo que los delitos de lesa humanidad solo puedan aplicarse a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002.

El objetivo político en ese entonces resultó claro y fue denunciado desde estas páginas editoriales. El pacto corrupto busca, desde el comienzo, excluir de responsabilidad penal casos emblemáticos vinculados al conflicto armado interno y abrir espacios de impunidad para graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de esa fecha.

Ahora el Congreso busca avanzar un paso más. La nueva ofensiva apunta directamente al Código Penal. Allí reside la verdadera dimensión de esta operación. La Ley 32107 funcionaba como una norma especial susceptible de cuestionamientos constitucionales y control judicial. El Código Penal, en cambio, constituye la estructura principal sobre la cual se organiza todo el sistema penal peruano. Por eso el fujimorismo redobla baterías sobre ese terreno.

No obstante, la congresista Ruth Luque ha denunciado también otra intención. El predictamen además restringe los supuestos de aplicación del delito de lesa humanidad frente a los estándares internacionales y forma parte de una agenda orientada a extender impunidad incluso sobre casos recientes, incluidas las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

El principal operador de esta nueva etapa es Fernando Rospigliosi, convertido hoy en uno de los articuladores más agresivos de la ofensiva contra el sistema de justicia. Su actuación se complementa con ataques al Ministerio Público, presión sobre jueces, debilitamiento de organismos autónomos e intentos de captura institucional desde el Congreso.

En corto, la maniobra consiste en incorporar expresamente el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, pero restringiendo sus alcances respecto de lo establecido por el Estatuto de Roma. Al mismo estilo de las peores dictaduras, bajo apariencia técnica y con argucias jurídicas sostenidas solamente por la fuerza del copamiento institucional, el proyecto intenta consolidar un argumento funcional a la impunidad fujimorista.

Al país no le gustó ver a los dos personajes metiendo a sus alfiles en ministerios y otros altos cargos a lo largo de estos cinco años. Nombramientos que, en casi todos los casos, los desprestigiaron todavía más. Lo mismo se puede decir sobre sus alianzas en el Congreso: dos partidos especializados en promover candidatos con sentencias delictivas.

Luna es sombrío. El caso de Acuña es más vistoso. En los buenos tiempos, su Alianza para el Progreso (APP) logró superar la popularidad histórica del Apra en el norte. Allí comenzó una gestión dedicada a ordeñar la Universidad César Vallejo y a promover a Acuña. Ahora que APP corre peligro de desaparecer, se la deja a las joyitas de su familia.

Acuña nunca desarrolló un estilo, más allá de tomar sonadas vacaciones o comprarse un Bentley —se dice que de US$500.000— en el que casi no ha sido visto circulando, al menos en el Perú. Un estilo frívolo que descarta una presidencia, pero no necesariamente la dupla política y dinero que APP ha venido manejando.

No es casual que se anuncien 42 partidos para las elecciones regionales y municipales de octubre. La fecha es vista como una segunda oportunidad, al menos para los que no han perdido su inscripción. Aunque los partidos más populares de abril pasado también van a competir, lo cual va a influir en los resultados.

El conmovedor José Luna pensó que si circulaba como “Pepe Luna” podría avanzar su ficha. Hubiera tenido que cambiar su nombre de pila junto con el nombre de su agrupación. Quizás lo haga. Entre los 42 partidos seguro habrá algunos transformistas. Aunque la hermana de Acuña está prometiendo un remake municipal de APP.

No es deshonroso perder una elección, y eso no es lo que cabe reprocharles a estos políticos. Lo deshonroso es tratar de gobernar sin haber ganado la elección del caso, como hicieron ellos con la manipulable Dina Boluarte. Esa es la factura que el electorado les pasó.

Con la quiebra electoral de las franquicias, se ha agotado un mecanismo de intermediación política basado en el alquiler de siglas, el reforzamiento de clientelas territoriales y la supervivencia formal sostenida por los recursos que origina el simple hecho de estar en el Parlamento. Salvo por Obras, una marca que estaba extinta antes de la sorprendente aparición de Ricardo Belmont en la escena, el Congreso que viene ya no tendrá franquicias. Aunque sea en una forma embrionaria, por ende aún precaria, y aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, en julio del 2026 puede comenzar el retorno hacia una política alineada sobre tres ejes principales: derecha, izquierda y centro.

Sería un absoluto desperdicio malgastar las potencialidades de este momento y volver a dar vida a las franquicias en las elecciones regionales y municipales que vienen en el segundo semestre de este año. También sería un desperdicio fraccionar los tres principales bloques en formación para generar nuevos retazos. No tenemos por qué hacerlo. La desaparición de esa forma de vender la política debería ser definitiva. El proceso que estamos comenzando se muestra ya suficientemente complejo como para que lo enredemos más arrastrándolo hacia atrás.

Tener tres bloques al frente es mucho mejor que tener 36.

Hay, sin embargo, problemas urgentes por resolver. El primero pasa por la llegada al Congreso de una mayoría de representantes sin experiencia en gestión pública y sin lazos arraigados con sus propias organizaciones. El riesgo de reproducir patrones de corrupción ya asentados en el Parlamento, como la venta de puestos o votos, existe. Todas las perversiones tienden a reproducirse. Estas no van a ser la excepción. Poner sobre la mesa la reapertura de los casos de los llamados “mocha sueldos”, indebidamente protegidos por el Parlamento que se va, puede ser una manera de poner punto final a estas prácticas. Una representación que necesita madurar políticamente debe comenzar por instalar en su entorno patrones de transparencia y autocontrol muy rígidos. Redefinir las reglas de conformación de los equipos de asesores y asistentes de los nuevos congresistas, al dotar de eficiencia a la administración de servicios en el Congreso, puede ser decisivo en la forma de abrir la historia parlamentaria del siguiente período.

Pero también hay problemas fuera del Congreso. Ahí están los enclaves que nos deja el período 2021-2026.

Los enclaves fueron instalados como mecanismos de demolición de buena parte de los acuerdos institucionales que dieron forma al período 2000-2016. El control del equilibrio fiscal fue derrotado por una sentencia del Tribunal Constitucional que liberalizó la iniciativa de gasto del Congreso. La conservación del equilibrio en las relaciones Parlamento-Gobierno fue erosionada por las sentencias del propio Tribunal que liberalizaron los procedimientos de destitución de presidentes y por la pasividad con que hemos visto desfigurarse los procedimientos sobre inhabilitaciones parlamentarias. La preservación de altas magistraturas independientes fue derrotada por la unilateralización de los procesos de elección desarrollados desde el Congreso. También ha sido clausurada, por una decisión del propio Tribunal Constitucional, la posibilidad de construir procedimientos judiciales destinados a resolver la herencia de la violencia contra los derechos humanos de los años ochenta.

Terminado el ciclo 2021-2026, el esquema institucional establecido por la transición postfujimorista ha sido desmontado. Necesitamos otro. Pero para construirlo es imprescindible volver a equilibrar los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Junto a la mayoría del Tribunal Constitucional, son enclaves la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Los problemas que representan no son, sin embargo, idénticos. El Tribunal, sobrecargado por casi una sola forma de pensar el derecho, reúne, sin embargo, personalidades con hojas de vida consistentes. La Fiscalía de la Nación, originada en una controversia provocada por la Junta y el Congreso, dispone todavía de mecanismos institucionales que deberían estabilizar su posición institucional por medios propios, sin intervenciones externas.

La cuestión más urgente en lo que a enclaves se refiere consiste en detener a la Junta Nacional, que parece empeñada en desplegar todo su potencial de control vertical sobre las magistraturas cuando el reloj del desmontaje ya ha cerrado su ciclo. La ofensiva desplegada después del caso Espinoza con el caso Ordóñez es, incluso políticamente, muy torpe. En los últimos estertores del régimen de franquicias, la mayoría en la Junta parece querer mostrar a la comunidad política en formación que aún es útil para continuar con una depuración que ya no debería ser necesaria para nadie. Al hacer esto, la Junta se está exponiendo a sí misma en un momento en que deberían comenzar a producirse señales mínimas de recomposición institucional y de equilibrio.

Si avanzamos hacia un nuevo acuerdo institucional, las señales más importantes no deberían orientarse a insistir en un desmontaje que ya resulta innecesario, sino a cerrar definitivamente el ciclo y establecer un sistema político mínimamente sostenible.

El riesgo de persistir en el eterno retorno hacia la nada existe. Está instalado entre nosotros.

En el año 15 de vigencia del delito de feminicidio en el Código Penal, un proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui pretende eliminarlo y reemplazarlo por 'asesinato de pareja'. No es un simple cambio de nombre. El término “feminicidio” hace clara referencia al asesinato de una mujer cometido por su condición de ser mujer, una razón de género. Desde 2013 se precisó en la ley que el feminicida no necesariamente tiene que tener vínculo familiar, de pareja o expareja con la víctima.

Por eso pudo sancionarse el feminicidio de Eyvi Ágreda (2018), quemada a sus 22 años por un hombre que no era su pareja ni expareja. De los 130 feminicidios cometidos en 2025, el 44% fueron perpetrados por la pareja y el 21% por exparejas. ¿Qué pasará con el 7% de feminicidios cometidos por familiares, el 5% por conocidos y el 23% por desconocidos?

La calificación 'asesinato de pareja' excluye los contextos de acoso sexual, abuso de poder o cualquier forma de discriminación. Es decir, excluye las razones de género en el asesinato de mujeres. Para la Corte Suprema de Justicia (Casación 851-2018), el feminicidio ocurre cuando el agresor mata a una mujer porque esta no se ajusta a los estereotipos de género tradicionales impuestos a todas las mujeres.

¿Qué ha cambiado desde 2011? La esperanza de las familias de las víctimas de alcanzar justicia. La justicia restaura. Tras un feminicidio, una familia entera queda afectada y con sed de justicia. Emprenden el trayecto, aún imperfecto, de la vía judicial. Tienen un camino y una meta: sancionar al feminicida. Eliminar el delito de feminicidio dejaría sus pérdidas en la impunidad.

La asociación que reúne a familiares de víctimas de feminicidio, Familias Unidas por Justicia, y varias organizaciones de mujeres, entre ellas Las Tejedoras, han señalado otro riesgo del proyecto: si se modifica el tipo penal, los feminicidas ya sentenciados podrían intentar rebajar sus condenas.

Si este proyecto se convierte en ley, se afectaría gravemente la lucha contra la violencia de género y retrocederíamos años luz en el tratamiento que se dio a un problema que es real y está muy extendido: la violencia machista. Porque no puede taparse el sol con un dedo: esta es una realidad en el Perú. Y el machismo mata.

Chaplin respondió: “Es verdad, pero tu fama es aún mayor. El mundo te admira, cuando nadie te entiende”.

Uno de los que más comentaban esa anécdota era Ciro Alegría (1909-1967). Había llegado a Lima en diciembre del 33 y estaba ávido de ver todas las películas que le faltaban del genial hombre del cine.

Recorría la ciudad cuando una sorpresa lo asaltó al acercarse a la portada de la avenida Arequipa. Allí, a menos de 10 metros, estaba entrando nada menos que su admirado Chaplin.

¿Conoces tú, amigo lector, la entrada de la avenida Arequipa? No digas tan rápidamente que sí. Se alzaba allí un arco morisco que presidía el paseo que va hacia Miraflores. El arco fue retirado de allí y ahora está en Surco, en el Parque de la Amistad.

¿Chaplin en Lima? ¡No precisamente!... Tanto en el aspecto físico como en los propios andares, había una persona que se le parecía muchísimo. Era el poeta José María Eguren (1874-1942), por quien su admiración no dejaba de crecer.

“Desde la aurora/ Combaten los reyes rojos/ Con lanza de oro.

Por verde bosque/ Y en los purpurinos cerros/ Vibra su ceño”.

Para Marco Martos, los poemas de Eguren provienen del ensueño y la duermevela de un país maravilloso y, a veces, terrible.

Ciro lo reconoció de inmediato y quiso ir a su encuentro. Por problemas económicos, el poeta viajaba de Lima a Miraflores, y a veces hasta Barranco, a pie. Eso significa seis kilómetros hasta la primera localidad y tres más hasta la siguiente, donde residía.

Aunque Eguren parecía a veces deslizarse por el aire, Ciro pudo darle alcance a la mitad de la segunda cuadra de la avenida Arequipa, quitarse el sombrero y decirle: “Maestro”.

El hombre casi real, casi inventado, pareció sorprenderse un poco.

—Yo lo admiro mucho a usted, don José María. Pensé que, como llevamos la misma dirección, podíamos seguir caminando juntos… Si me lo permite, será un honor para mí.

Eguren le estrechó la mano. Sus labios finos se distendieron bajo un bigotillo entrecano. Su piel, de un color blanco pálido, mostraba finas arrugas.

Ambos vestían de azul y eran tan delgados como dos reyes de la baraja.

Después de caminar unas cuadras, el mayor estableció el diálogo:

—Supongo que usted también es poeta. Solamente los artistas, y en especial los poetas, conocen mi obra.

Ciro dijo que sí, que hacía versos, pero aclaró que los consideraba malos.

—En realidad, yo cultivo más la prosa.

Ya estaban llegando a la décima cuadra de la avenida. Todavía les faltaban 40 para llegar a Miraflores. Mientras Eguren y Alegría conversaban, el Perú soportaba la dictadura de Óscar R. Benavides.

Alegría y Eguren no se detuvieron ni un instante. Caminaban sin sentirlo. Si se les hubiera preguntado cómo habían llegado hasta allí, recién habrían recordado que no los conducía vehículo alguno, sino sus andariegos pies.

Aunque mucha gente le hacía sorna, el hombre parecido a Chaplin se dedicaba a confeccionar una pequeña magia que solamente él y unos cuantos llamaban poesía. Hacerlo iba a costarle una vida de renunciamientos. A Ciro lo habían encarcelado dos veces por sus ideas rebeldes y había sido torturado; además, había perdido la audición en el oído izquierdo y, sin embargo, persistía en su afán de querer cambiar la patria.

Eran acaso las 5.00 p. m., pero la oscuridad ya estaba con ellos.

No adivino qué conversaron durante el resto del camino ni dónde leí la historia, pero sé que llegaron a Miraflores. Cuando se estaban despidiendo, ambos se miraron con mucho respeto, pero también con alegría.

Incluso Ciro no podía contener la risa y Eguren, benevolente, le dijo:

—Ya sé de qué se ríe usted. No sabe si ha caminado con José María Eguren o lo ha hecho con Charles Chaplin.

Ya habían llegado a Miraflores. Lamentablemente para nosotros, no continuaron su camino juntos hasta Barranco.

Sin embargo, el país enfrenta esta ola en medio de un profundo deterioro institucional. Ese es el gran riesgo que deberían responder los candidatos a la presidencia para llevar adelante cualquiera de sus propuestas de gasto público que plantean en sus planes de gobierno.

Vale recordar que durante los gobiernos del primer decenio del presente milenio, la economía peruana atravesó uno de los mayores booms mineros de su historia impulsado precisamente por el cobre. El país creció aceleradamente, redujo pobreza y multiplicó inversión pública y privada. Sin embargo, aquella bonanza convivió en mayor o menor medida con corrupción e informalidad estructural que desataron bajos niveles desarrollo del Estado y de políticas que mejoren estructuralmente aspectos elementales para la vida de los ciudadanos como la salud y la educación.

Ese aprendizaje, que debía conducir a una estrategia nacional orientada a fortalecer instituciones no ocurrió. Buena parte de las propuestas políticas que hoy plantean rutas de desarrollo actúan como si aquella experiencia nunca hubiera existido. Hoy, en plena campaña electoral, el debate vuelve a concentrarse en la extracción inmediata de riqueza mientras el Estado ostenta una capacidad casi nula de supervisión gracias al poder político comandado actualmente por el pacto corrupto en el Congreso, que ha legislado en desmedro del Estado.

Lo ocurrido en Pataz expuso la dimensión del problema: disputas de control entre fuerzas estatales alrededor de economías ilegales que hoy movilizan millones de dólares.

Allí aparece la principal paradoja peruana. El mismo ciclo internacional que podría impulsar crecimiento, inversión y bienestar también alimenta economías ilícitas en un contexto de captura institucional y debilitamiento democrático. Sin organismos de control sólidos, justicia independiente y capacidad efectiva de fiscalización, el boom minero puede terminar fortaleciendo redes criminales antes que al Estado. Y de eso hay que hablar seriamente.