El problema central está en el requisito de acceso. La norma exige título universitario para integrar el colegio, lo que deja fuera a actores, dramaturgos, músicos y artistas plásticos formados en talleres, colectivos o de manera autodidacta, una tradición tan antigua como el arte peruano mismo.

Al respecto, reconocidas voces del mundo artístico, como Mónica Sánchez, han pedido públicamente la derogatoria de la ley, junto con teatros y centros culturales que exigen una mesa de diálogo real antes de cualquier marco regulatorio.

De hecho, la preocupación trasciende lo artístico. La norma también impide que personas inhabilitadas para la función pública asuman cargos en colegios profesionales, una disposición que organizaciones como el colectivo En Defensa del Cine Peruano interpretan como una puerta abierta para bloquear la participación de opositores políticos bajo una fórmula aparentemente técnica.

La congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, ha calificado el proyecto de excluyente, en parte porque fue aprobado por la Comisión de Educación y no por la suya.

Lamentablemente, este patrón se repite. Cineastas que ya enfrentaron intentos regresivos en este último quinquenio, como la ley anticine propuesta por la parlamentaria Adriana Tudela, de Avanza País, advierten que este tipo de iniciativas avanzan precisamente cuando la atención pública está puesta en otro lugar, como ocurrió en plena segunda vuelta presidencial. Es decir, de contrabando.

El nuevo Congreso bicameral tiene la oportunidad de revisar esta ley y otras disposiciones con la comunidad artística sentada en la mesa, no como espectadora de decisiones ya tomadas. La libertad de creación es un derecho cultural inalienable que el Estado puede fomentar sin pretender, como en las dictaduras, ordenarlo ni supervisarlo.

Un año atrás realizamos un experimento para cuantificar el potencial impacto de la tecnología sobre el mercado laboral peruano. Analizamos más de dos mil tareas vinculadas a cerca de 400 ocupaciones para comprender cómo podrían ser impactadas por tecnologías de automatización y/o robotización. Inspirados por trabajos previos, utilizamos grandes modelos de lenguaje como jueces de la exposición de cada tarea ante reemplazo parcial o total. Intentarlo cinco años atrás habría sido muy costoso. Hacerlo manualmente, además, abriría la puerta a sesgos de diferentes tipos por parte de nuestro propio equipo.

Este es un camino que se está explorando de forma cada vez más consistente. Recientemente, un equipo de economistas analizó más de 600,000 pinturas con inteligencia artificial para tratar de capturar sentimientos en diferentes épocas y países, lo que prueba que la multimodalidad de estas tecnologías permite análisis novedosos desde las ciencias sociales. Es un momento de enormes cambios en la investigación académica. Estas herramientas abaratan la posibilidad de revisar datos no usados hasta ahora de forma masiva, probar múltiples modelos en poco tiempo y comprobar hipótesis con menores costos.

Pero requerimos cautela. Hace unas semanas la revista Nature reportó que solo en 2025 se identificaron más de 140,000 citas inventadas en cuatro grandes repositorios académicos. El riesgo subyacente está en usar un prompt para generar análisis sin entender la base de datos, de dónde viene, cuáles son sus límites o interpretaciones posibles. U omitir la revisión manual y detallada de sus resultados. En esos casos se obtienen respuestas que, debido a la forma como operan los modelos actuales, son las que el usuario desea y no necesariamente las que se aproximan a la realidad.

Aprovechar estas herramientas, entonces, requiere también saber cuándo dudar de ellas. Algunos repositorios de trabajos académicos han empezado a instaurar sanciones para promover un uso de esta tecnología más consciente y responsable. Es un primer paso, pero la tarea es mayor: estos cambios ocurren junto a un declive cognitivo a nivel global, como discute el reciente libro de César Guadalupe, Concreto, breve, discreto, efímero y adictivo. Es fundamental volver al aula. No necesitamos inventar la pólvora; sabemos investigar sin muletas. Se trata de leer con atención, dudar de los datos y contrastar interpretaciones. Mantener esas prácticas es lo que vuelve útil cualquier herramienta nueva.

Primer escenario, optimista. Fujimori hace una lectura política correcta del país y entiende que no puede pretender controlarlo todo en su beneficio como hasta hoy. Primero, entierra las banderas de la demagogia económica y le quita la iniciativa de gasto al Congreso con un profundo mea culpa por el daño fiscal causado. Se acaban los privilegios tributarios y el gasto se ordena de manera técnica, atendiendo prioridades reales. Un impulso a la inversión privada, con una política desreguladora y
garantías a la propiedad (se paga lo que se confisca) y a los contratos (se honra lo pactado), y el país puede disparar sus indicadores económicos. Esto requiere un MEF de verdad, no un títere de políticos codiciosos. Solo así se reduce la pobreza.

Pero, además, Fujimori tiene que poner fin a las locuras de Fernando Rospigliosi. Un equivalente a Antauro Humala en lo que se refiere a la independencia del sistema de justicia. Mientras que la JNJ actúe bajo el mandato de “barrer el Poder Judicial”, no hay forma de garantizar derechos fundamentales. Por eso, tiene que derogar las leyes procrimen, como iniciativa propia. Los diputados lo pueden hacer sin ella y están a un voto en el Senado. No estaría mal que, luego del gesto, se negocie la Comisión Revisora del Código Penal y, si quiere, que ponga al abogado de su gusto de presidente. Pero no puede seguir usando el poder político para regalar impunidad a las fuerzas armadas (a quienes parece estar pagando una deuda política por adelantado), ni para cubrir a los responsables de los 50 asesinados en el sur. Esa deuda sí tiene que pagarla con ese pueblo que quiere gobernar. Si, además, indulta, por lo menos, a Castillo y a Humala, puede dar un giro inesperado a su destino. Por supuesto, su lista de venganzas también se entierra y la política de seguridad ciudadana se asienta en pilares democráticos, los únicos que la hacen eficaz y duradera en el largo plazo. Reconciliación consigo misma y con el país.

Segundo escenario, realista. La lista de venganzas se ejecuta. Pero necesita del Congreso. Por ello, se procede a la “captación disuasiva” de curules. No es algo que no conozcamos. Siempre hay una buena excusa para formar microbancadas con intereses particulares que se acoplan al que más dé. Con seis partidos, es más difícil hacerlo que con 10, pero no duden de que ocurrirá. Cada cambio de sitio alterará el paisaje político. Fujimori hará algunas concesiones en materia gremial al empresariado (en la ruta de un mercantilismo muy lejano de un mercado libre), incrementará el gasto público clientelista en sus bases de apoyo y desmantelará toda política que promueva derechos fundamentales básicos.

El ataque al Poder Judicial (el culpable de sus 18 meses de prisión) será feroz. La JNJ será el instrumento de destrucción de la Corte Suprema y de todos los jueces que no se sometan a los designios de Rospigliosi. El TC se mantendrá un quinquenio más al no lograrse 40 votos en el Senado. En este escenario, la política de seguridad ciudadana justificará todas las restricciones a la libertad en el altar del orden. Tal vez, al principio, pueda mostrar algunos resultados, pero lo que se viene frente a una política salvajemente represiva siempre es peor en la experiencia comparada. Obviamente, las restricciones a los derechos de tránsito, reunión, protesta, creencias y, por supuesto, la libertad de expresión serán el pan nuestro de cada día.

Me encantaría vivir el primer escenario y puedo asegurar que los millones de votantes que Fujimori logró en la segunda vuelta también lo quieren. Huyeron de Sánchez porque una propuesta socialista y estatista destruye la economía (ahí tienen la buena noticia de la liberación parcial de la economía cubana después del yugo de 60 años) y porque la aspiración a vivir libres es universal. Pero suelo equivocarme, ¿verdad? Dios nos libre del segundo escenario, pero si no hay señales rápidas, hacia ahí vamos. No hay nadie del entorno de Fujimori que nos haga pensar lo contrario. El discurso del 28 de julio será el disparo de salida. Si se pone a enumerar obras, como cuando tenía que hablar de derechos humanos en el debate presidencial, tómenlo como una señal. Una mala señal.

En tiempos electorales como el actual, cada vez que escuchamos a un candidato no solo recibimos propuestas: también se nos ofrece una forma de entender el país. El discurso político no solo busca generar confianza, sino también ordenar esa mirada.

Lo que está en disputa en la arena política es, entonces, cómo se describe y se proyecta nuestra realidad nacional. El pasado, el presente y el futuro convergen en el discurso para conectar con los votantes y alcanzar la presidencia.

Pero, ¿los peruanos logran captar toda la información expuesta? Los discursos como cuerpo de información requieren mucha atención, tiempo y análisis para lograr comprenderla a cabalidad, situación que no siempre está presente. Es en este escenario donde las Humanidades Digitales empiezan a cobrar relevancia, al abrir nuevas formas de analizar este tipo de contenido. En los últimos años, además, las herramientas de inteligencia artificial han comenzado a aplicarse con mayor fuerza en este campo.

Los mensajes presidenciales y los discursos políticos son una materia prima de información rica y diversa. Un ejemplo de aplicación en los mensajes nacionales se observa en una investigación realizada en la Universidad del Pacífico, donde se estudia el efecto que tuvo el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1980) en la continuidad y ruptura discursiva del presidente Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985), que estuvo justamente antes y después de este proceso. Encontramos un núcleo compartido que se mantiene en palabras como obras, plan, programa, desarrollo. No obstante, se nota la herencia del gobierno militar y las promesas de la nueva constitución: ley, vivienda, educación, fuerza.

El uso de las herramientas de IA, como el procesamiento de lenguaje natural, ha transformado radicalmente la labor del investigador. Lo que antes exigía un exhaustivo procesamiento manual de una inmensidad de datos textuales, hoy se resuelve mediante modelos avanzados capaces de digerir volúmenes masivos de información. Así, es posible mapear con precisión la carga emocional de una narrativa política: desde la construcción de esperanza y confianza hasta el uso estratégico del miedo o el drama que promueven movilizaciones sociales. Esto revela, en tiempo real, cómo evolucionan las prioridades de una nación y qué fibras emocionales intenta pulsar el poder para conectar con su audiencia.

En un contexto electoral como el actual, contar con herramientas que ayuden a comprender mejor lo que dicen los candidatos resulta cada vez más relevante. No se trata solo de un avance académico, sino de una oportunidad para fortalecer una ciudadanía más informada. Entender cómo se construyen estos discursos es, finalmente, una herramienta clave para tomar mejores decisiones como ciudadanía.

El Perú siempre ha sido un país construido a partir de distintas culturas, historias y tradiciones. Un país que, a lo largo del tiempo, ha sabido abrir espacio a quienes llegaron desde otros lugares buscando una oportunidad o un lugar seguro para rehacer sus vidas. Esa capacidad de tender la mano al otro forma parte también de su historia.

Mientras conmemoramos un año más el Día Mundial del Refugiado, esa solidaridad vuelve a ponerse a prueba.

Más de 1,6 millones de venezolanos desplazados viven actualmente en el Perú. La gran mayoría salió de su país debido a la crisis económica, la inestabilidad política y el deterioro de la situación de seguridad y derechos humanos. Detrás de esa cifra hay madres que buscan estabilidad para sus hijos, jóvenes que quieren estudiar y personas que emprenden, trabajan y luchan por empezar de nuevo con dignidad.

En medio de un contexto global cada vez más polarizado, donde la desinformación y los prejuicios tienden a imponerse sobre los hechos, resulta necesario recordar algo esencial: la inclusión no solo beneficia a las personas refugiadas. También favorece al Perú.

Ese es el mensaje central de Solidaridad +51, la campaña que acabamos de lanzar desde ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en el Perú. El nombre no es casual. El +51 es el prefijo telefónico del país, pero también remite a 1951, año en que se adoptó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, tratado internacional que este año cumple 75 años. La campaña busca reconocer una característica profundamente peruana: la solidaridad hacia quienes tuvieron que dejar su hogar.

Pero también busca poner sobre la mesa una conversación basada en evidencia.

Durante años, hablar sobre personas refugiadas estuvo asociado casi exclusivamente a la emergencia y la asistencia. Como si solo fueran receptoras pasivas de ayuda y no actores que contribuyen de manera proactiva al país que las recibe. El desafío este miércoles es construir sociedades más cohesionadas e inclusivas, donde quienes llegan puedan aportar plenamente con sus capacidades y talento.

Y la evidencia demuestra que hacerlo tiene beneficios concretos para el país.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Banco Mundial y ACNUR, entre 2018 y 2022, el Perú obtuvo un retorno de 2,6 soles por cada sol invertido en favorecer la integración de personas venezolanas. No se trata únicamente de cifras fiscales. Se trata de personas que dinamizan la economía, generan consumo, pagan impuestos, cubren vacíos en el mercado laboral y crean emprendimientos que también generan empleo para peruanos.

La Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con apoyo de ACNUR y el Banco Mundial, muestra que el 95% de las personas venezolanas en edad de trabajar tiene empleo, aunque la mayoría aún lo hace en condiciones de informalidad. Ese dato refleja tanto su voluntad de salir adelante como un desafío pendiente para el país: facilitar procesos de inclusión laboral que permitan aprovechar mejor ese potencial humano.

Porque excluir tiene costos. Integrar genera oportunidades.

Cuando una persona refugiada logra acceder a documentación, educación, salud o empleo formal, no solo mejora su propia vida. También fortalece a la comunidad que la recibe. Un joven que puede continuar sus estudios aporta conocimiento y productividad. Una madre que logra emprender genera ingresos y empleo. Un trabajador formal contribuye al sistema tributario y a la economía local.

Eso ya ocurre todos los días en ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Tacna o Tumbes. Personas refugiadas trabajan en restaurantes, hospitales, universidades, talleres, comercios y empresas peruanas. Otras impulsan pequeños negocios, desarrollan proyectos tecnológicos o destacan en espacios académicos y deportivos.

Historias como la de Yuliveth Jardín, estudiante venezolana de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería, quien ya ha representado al Perú en competencias internacionales de robótica, muestran el enorme potencial que puede florecer cuando una persona encuentra una oportunidad.

Sin embargo, persisten barreras importantes.

La pobreza, la informalidad, las dificultades para acceder a documentación y servicios siguen afectando a miles de familias refugiadas. Aunque muchas enfrentan condiciones similares a las de la población peruana, suelen estar más expuestas a la pobreza por la precariedad laboral y la falta de redes de apoyo. Esta realidad demuestra que la integración también depende del acceso a servicios, protección y oportunidades para reconstruir una vida con estabilidad.

Por eso, hablar de solidaridad este miércoles no significa únicamente hablar de empatía. Significa también hablar de desarrollo, cohesión social y futuro.

En un contexto donde el Perú enfrenta desafíos económicos y sociales complejos, apostar por la inclusión no es un gesto simbólico ni un acto de caridad. Es una decisión inteligente. Una inversión en estabilidad, productividad y convivencia.

Las sociedades más fuertes no son aquellas que levantan barreras frente a quienes llegan, sino las que son capaces de integrar talento, diversidad y nuevas oportunidades.

Hace 75 años, el mundo creó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados para proteger a quienes se vieron obligados a huir. Este miércoles, ese compromiso sigue vigente. Y el Perú tiene la oportunidad de seguir demostrando que el +51 no es solo un código telefónico: es también el símbolo de un país solidario que entiende que, cuando una persona refugiada encuentra una oportunidad, todos ganamos.

Hay que decirlo con una crudeza que estremezca, sin 'tibiezas', como les gusta decir a los 'radicales': el Perú es un país que compite en el mercado global con el cerebro de su población prácticamente amputado por el propio Estado y las consecuencias en el funcionamiento de nuestra sociedad son también un lastre que nos pesa muchísimo.

En una columna anterior recordaba el drama de la infancia anémica que recibirá a la nueva presidencia con la mirada perdida, el hierro ausente y su porvenir hipotecado a la baja. Pero aquella condición no es solo una terrible postal estática del futuro. También nos enrostra la fotografía, y mucho más nítida, de nuestro presente laboral. Si hacemos un frío y riguroso cruce de datos históricos, la conclusión es pavorosa. El grueso de la fuerza de trabajo que hoy sostiene al país (hombres y mujeres de entre 25 y 55 años) nació y creció en las décadas de los 80, 90 y 2000, épocas donde la anemia infantil y la desnutrición crónica golpeaban a más del 55% de la población menor de cinco años. Y, como ahora, alrededor del 70% en las zonas rurales de la sierra y la Amazonía.

Hagamos la matemática de esta tragedia: si la PEA actual bordea los 18 millones de peruanos, significa que hoy tenemos a cerca de 9 millones de adultos trabajando con limitaciones cognitivas crónicas, arrastrando un déficit intelectual permanente que les impide desarrollar a plenitud sus funciones ejecutivas, su memoria de trabajo y su capacidad de resolver problemas complejos. Sí, es muy duro: los hemos condenado a la trampa de la informalidad y la baja productividad antes de que aprendieran a leer.

La neurociencia y el Banco Mundial han demostrado hasta el hartazgo que la falta de hierro en los primeros mil días de vida de un ser humano impide la mielinización del cerebro; es decir, interrumpe el cableado de las neuronas. El daño es biológico, estructural e irreversible. No se cura con un bono, con una pensión ni con un curso técnico en la adultez. Esa violencia silenciosa le expropia a cada niño, de manera permanente, entre cinco y 10 puntos de Coeficiente Intelectual (CI).

Cuando los analistas se quiebran la cabeza tratando de explicar las razones de por qué somos un país estructuralmente informal —donde el 75% de la fuerza laboral sobrevive fuera del sistema—, siempre recurren al mismo libreto: culpan a la rigidez de las leyes laborales, a los altos costos tributarios, a la tramitología estatal o a una supuesta falta de capacitación técnica. Lo que no suele citarse en las explicaciones es, acaso, el factor más grave de la ecuación: la raíz biológica. La respuesta no está solo en los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas o de Trabajo, sino en la historia clínica de nuestros trabajadores.

Esto tiene un costo salvaje en el crecimiento del país. Según estimaciones basadas en estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Peruano de Economía (IPE), el impacto acumulado de la anemia y la desnutrición infantil le cuesta al Perú un aproximado del 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) cada año en pérdida directa de productividad potencial. Arrojamos miles de millones de dólares a la basura porque nuestra fuerza laboral fue biológicamente limitada en la cuna.

Este miércoles, con la anemia infantil estancada escandalosamente en 43,1% (afectando a más de cuatro de cada 10 niños menores de tres años), seguimos fabricando la PEA rota del año 2050. Vivimos en un país al que le robaron su capacidad.

En una columna anterior recordaba el drama de la infancia anémica que recibirá a la nueva presidencia con la mirada perdida, el hierro ausente y su porvenir hipotecado a la baja. Pero aquella condición no es solo una terrible postal estática del futuro. También nos enrostra la fotografía, y mucho más nítida, de nuestro presente laboral. Si hacemos un frío y riguroso cruce de datos históricos, la conclusión es pavorosa. El grueso de la fuerza de trabajo que hoy sostiene al país (hombres y mujeres de entre 25 y 55 años) nació y creció en las décadas de los 80, 90 y 2000, épocas en las que la anemia infantil y la desnutrición crónica golpeaban a más del 55% de la población menor de cinco años. Y, como ahora, alrededor del 70% en las zonas rurales de la sierra y la Amazonía.

Hagamos la matemática de esta tragedia: si la PEA actual bordea los 18 millones de personas, significa que hoy tenemos a cerca de 9 millones de adultos trabajando con limitaciones cognitivas crónicas, arrastrando un déficit intelectual permanente que les impide desarrollar a plenitud sus funciones ejecutivas, su memoria de trabajo y su capacidad de resolver problemas complejos. Sí, es muy duro: los hemos condenado a la trampa de la informalidad y la baja productividad antes de que aprendieran a leer.

La neurociencia y el Banco Mundial han demostrado hasta el hartazgo que la falta de hierro en los primeros mil días de vida de un ser humano impide la mielinización del cerebro; es decir, interrumpe el cableado de las neuronas. El daño es biológico, estructural e irreversible. No se cura con un bono, con una pensión ni con un curso técnico en la adultez. Esa violencia silenciosa le expropia a cada niño, de manera permanente, entre cinco y 10 puntos de Coeficiente Intelectual (CI).

Cuando los analistas se quiebran la cabeza tratando de explicar las razones de por qué somos un país estructuralmente informal —donde el 75% de la fuerza laboral sobrevive fuera del sistema—, siempre recurren al mismo libreto: culpan a la rigidez de las leyes laborales, a los altos costos tributarios, a la tramitología estatal o a una supuesta falta de capacitación técnica. Lo que no suele citarse en las explicaciones es, acaso, el factor más grave de la ecuación: la raíz biológica. La respuesta no está solo en los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas o de Trabajo, sino en la historia clínica de nuestros trabajadores.

Esto tiene un costo salvaje en el crecimiento del país. Según estimaciones basadas en estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Peruano de Economía (IPE), el impacto acumulado de la anemia y la desnutrición infantil le cuesta al Perú un aproximado del 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) cada año en pérdida directa de productividad potencial. Arrojamos miles de millones de dólares a la basura porque nuestra fuerza laboral fue biológicamente limitada en la cuna.

Este miércoles, con la anemia infantil estancada escandalosamente en 43,1% (afectando a más de cuatro de cada 10 niños menores de tres años), seguimos fabricando la PEA rota del año 2050. Vivimos en un país al que le robaron su capacidad.

En el pasado reciente, hay quienes han argüido en favor del cambio de la Constitución, especialmente de su régimen económico. Es más, ese parece haberse convertido en el principal objetivo de gran parte de la izquierda en el Perú, comenzando por Juntos por el Perú (JP). Aprovechando la sensación de insatisfacción de buena parte de la población, resulta fácil para la izquierda pretender culpar de esto a la Constitución. Total, cuando tanto anda mal, ¿debe de ser culpa de la Constitución?

Por supuesto que no. Antes de entrar en una discusión sobre mi opinión respecto de qué es lo que ocasiona los grandes problemas del Perú y cuáles son las virtudes de la actual Constitución, convendría preguntárselo directamente a los peruanos. ¿Cómo hacerlo? Afortunadamente, una reciente encuesta de IPSOS nos ha ahorrado el trabajo.

IPSOS le preguntó a una muestra representativa de peruanos en los ámbitos rural y urbano cuál creían que era la principal causa de los problemas del país. La pregunta se hizo para cuatro ámbitos: seguridad ciudadana, educación pública, salud pública y obras de infraestructura pública. Solo entre 7% y 11% respondió que el principal problema era la Constitución. La gran mayoría, acertadamente, atribuyó la causa a problemas de gestión —ocasionados por la autoridad o la administración pública, con aproximadamente dos tercios de las respuestas— y, en menor medida, a las leyes vigentes.

Para resolver el problema de desconocimiento de la Constitución, IPSOS preguntó a los encuestados si estaban muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo o muy en desacuerdo con ciertas afirmaciones. En estas afirmaciones se usó un lenguaje muy próximo al usado en los ocho artículos del régimen económico de la Constitución. Cuando fue necesario, se dividió cada artículo en más de una afirmación para simplificarlo, pero siempre se mantuvo su sentido. El resultado fue que todas las afirmaciones fueron apoyadas por al menos dos tercios de los encuestados, con máximos de más de cuatro quintas partes y un promedio de tres cuartas partes.

También se preguntó por algunos artículos que no forman parte de los ocho artículos del llamado régimen económico de la Constitución, pero que sí tienen importancia económica, como la inviolabilidad de la propiedad, las reglas de expropiación o el régimen de concesiones del Estado. Todas las afirmaciones recibieron también el apoyo mayoritario de los encuestados.

¿Qué nos dice esto? Que, si se pregunta al público objetivamente y punto por punto, este se encuentra abrumadoramente a favor del régimen económico de la Constitución y también a favor de los artículos con importantes implicancias económicas. Es decir, es un mito de la izquierda que la mayoría de los peruanos quiere cambiar la Constitución, por lo menos en lo que concierne a sus aspectos económicos. Es fácil hacer declaraciones grandilocuentes y falsas sobre un tema confuso y difícil de comprobar. Pero resulta que, con un poco de esfuerzo, se pueden poner las cosas en claro.

Todo esto nos lleva a considerar las tremendas contradicciones del plan de gobierno 'suavizado' que Juntos por el Perú presentó para la segunda vuelta. Como fue hecho entre gallos y medianoche para intentar hacer más potables algunas de las mayores barbaridades del plan de la primera vuelta, no extraña que las contradicciones entre ambos hayan quedado en evidencia.

La mayor contradicción es esta: al comienzo del nuevo plan, en las Consideraciones Generales, se afirma que 'Mantendremos una política de estabilidad económica' porque 'Tenemos bien claro que: Un país que pierde la estabilidad termina debilitando a sus familias, sus regiones y su futuro.' (las letras en negrita aparecen así en el original). Sin embargo, unas páginas después, la primera de las '5 grandes dimensiones del cambio' (negrita en el original) es 'una Nueva Constitución'. ¿Cómo se puede prometer una política de estabilidad económica y una Nueva Constitución a la vez? Es una locura. Si creen que el cambio constitucional es necesario para el progreso de largo plazo del país, que lo digan. Pero que reconozcan que eso traerá necesariamente inestabilidad económica, en el mejor de los casos, por algunos años.

Otro aparente desliz, para quien no se haya puesto nervioso con el plan, es que, en la misma página en que anuncian la Nueva Constitución, se afirma que: 'Ganar el gobierno es solo el primer paso. Los grandes cambios se logran con la fuerza del pueblo organizado, en las calles' (negrita en el original). El mismo fraseo de los regímenes bolivarianos de las dos primeras décadas del siglo.

Volviendo al tema de la Constitución, son falsas las acusaciones de que ignora a los más débiles. Artículo 59: 'El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve a las pequeñas empresas en todas sus modalidades'. También es falso que favorezca a los monopolios. Artículo 61: 'El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.' Lo mismo ocurre con la idea de que no protege a los consumidores. Artículo 62: 'El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.' Y añade: 'Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.' La Constitución tampoco ata de manos al Estado. Artículo 58: 'El Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.'

En lugar de seguir con más ejemplos, invito a los lectores a leer por sí mismos los ocho artículos del régimen económico. Bastan menos de 3 minutos para leerlos: un artículo tiene una línea de extensión, dos tienen dos líneas, dos tienen tres líneas, dos tienen cuatro líneas y uno tiene seis líneas. Quizás sería una buena tarea de educación cívica para los estudiantes de quinto de media, para que sepan por sí mismos qué es lo que dice la Constitución y no caigan en el juego de quienes inventan enemigos invisibles.

Aunque el JNE demorará unos días más en proclamar al ganador de la segunda vuelta, es un hecho que la señora Fujimori será proclamada presidenta. Con ello esperamos también más precisiones sobre la promesa que ha repetido como mantra de campaña: "orden" frente al crimen y al desgobierno que, no sin cierta ironía, su propia bancada se ha encargado de gestar desde el Congreso en los últimos años.

"Orden" es una palabra imprecisa que el discurso político manipula con frecuencia para justificar restricciones de derechos, estados de excepción y operativos policiales y militares sin objetivo estratégico claro, por lo que terminan fracasando. En el caso del fujimorismo, las políticas de "orden" como ejercicio autoritario del poder ya vienen ejecutándose desde el Congreso.

El 12 de junio, el Pleno aprobó en primera votación un proyecto que pretende obligar a la Corte Suprema, violando su independencia, a preferir la jurisdicción militar-policial sobre la ordinaria en conflictos de competencia que involucren a personal militar o policial procesado por cualquier delito cometido en ejercicio de sus funciones. A esto se suman la Ley N.° 32107, que recorta la prescripción de crímenes de lesa humanidad, y la Ley N.° 32419, de amnistía para graves violaciones a los derechos humanos. El mensaje de fondo es preocupante: como en los peores tiempos de dictadura, el personal uniformado ya no responde ante jueces independientes, sino ante "el fuero" militar y/o policial.

El Congreso, bajo la presidencia de Fuerza Popular, ha convertido también la acusación constitucional y el juicio político en instrumento de amedrentamiento contra jueces y fiscales supremos que, en ejercicio de su independencia, intentan controlar sus excesos. El caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, inhabilitada por 10 años en diciembre pasado por haber publicado un reglamento que, según sus propios colegas, ni siquiera redactó, ha sido ya calificado como un intento de "doblegar" al Ministerio Público. La Comisión de Venecia lo advirtió en términos claros: estas reformas amenazan la separación de poderes y la independencia de la justicia.

El Congreso no solo da leyes de impunidad o somete a juicio político a magistrados para amedrentarlos por actuar con independencia. También ha legislado para limitar el pensamiento crítico. La Ley N.° 32645, que crea un Colegio Profesional de Artistas, pretende dejar fuera de la calificación de "artistas" a cerca del 90% de actores, músicos, pintores o poetas sin certificación formal. El nuevo gremio, controlado desde los ministerios, se arroga además la codiciada facultad burocrática de certificar qué es o no es arte, con las consecuencias que ello significa para la libertad de crítica y creación connaturales a todo arte.

Nada de esto es novedad en un país que ha conocido todos los rostros del autoritarismo. Pero conviene no quedarse en la abstracción de las normas, porque el "orden" que se anuncia desde el Congreso tiene ya nombre y apellido en la vida de los más pobres. El 25 de abril, en Colcabamba, Tayacaja, zona del VRAEM, una patrulla del Ejército disparó contra una camioneta que transportaba a jóvenes futbolistas que regresaban de un torneo. Cinco murieron. Ni armas ni droga fueron halladas en el vehículo; las necropsias, conocidas en los últimos días, muestran que la mayoría recibió disparos en la cabeza y el tórax, sin posibilidad alguna de reaccionar. La semana pasada, en Lima, un adolescente de 17 años detenido por un presunto hurto terminó muerto dentro de la comisaría de Manchay, Pachacámac, tras casi dos días de haber sido llevado ahí; la familia ha denunciado tratos crueles y el pedido de 2.000 soles para liberarlo, mientras la versión oficial difunde la tesis insostenible de un ahorcamiento que nadie en la comisaría impidió. Ese es también el rostro del "orden": una balacera sin control en un descampado de la sierra, o una celda donde un menor entra caminando y sale sin vida, sin que nadie responda.

Esa impunidad no solo desampara a las víctimas, ciudadanos de las lejanías o vecinos de las zonas más pobres de Lima; alimenta además la corrupción dentro de las propias instituciones de seguridad. Esta misma semana se conoció el caso del jefe de inteligencia del Comando Unificado Pataz, en La Libertad, detenido en flagrancia por extorsionar a un empresario local, exigiendo pagos mensuales a cambio de "protección" y amenazando con ponerle "un retén en la puerta". Un coronel, jefe del Estado Mayor de esa misma unidad, intentó interceder para evitar su captura. No son hechos aislados: comparten la misma atmósfera de impunidad que el Congreso que hoy preside el fujimorismo ha venido sembrando, ley tras ley, durante los últimos años.

Un eventual gobierno de la señora Fujimori tiene el deber de deslindar a tiempo con estas prácticas. La impunidad, la arbitrariedad y la persecución a jueces y fiscales carecen de respaldo constitucional. La protección debida a policías y militares en el ejercicio de sus funciones no puede confundirse con cobertura para el acto arbitrario, incluidos aquellos que violan la ley y dañan a la población que deben proteger. Es la igualdad ante la ley la que permite reconocer legitimidad y autoridad a las fuerzas del orden; el privilegio y la impunidad solo generan su complicidad con el crimen. La política de "orden" que se proclama no debería significar, finalmente, una amenaza cotidiana a los derechos de los ciudadanos más pobres y vulnerables.

El alcance del crimen organizado en la economía cotidiana resulta revelador. El 80% de las empresas de transporte público admitió el pago de cupos mensuales a bandas criminales, con montos que rondan los S/30.000. Al menos 69 conductores perdieron la vida durante sus jornadas laborales en 2025, y la extorsión fue el principal móvil. Los mercados, los comerciantes y los empresarios de distintos sectores conviven con amenazas que el Estado ha atendido con patrullajes y declaratorias de emergencia, mientras mantiene intactas las estructuras que las producen.

Ahí reside el problema central. Los estados de emergencia se han repetido como respuesta de corto plazo, con resultados que los expertos califican de alcance limitado frente a una violencia con raíces estructurales. Los centros penitenciarios, lejos de neutralizar el crimen, funcionan como espacios donde las organizaciones lo fortalecen, según han señalado especialistas en seguridad ciudadana. El Perú produce alrededor de 820 toneladas de cocaína al año, principalmente en el VRAEM, lo que alimenta economías ilegales que financian la expansión del crimen organizado en territorios donde el Estado llega con recursos escasos.

El gobierno que asuma en julio hereda ese panorama con la obligación de diseñar una política de seguridad ciudadana que trascienda la lógica de emergencia. Eso implica inteligencia criminal sostenida, reforma del sistema penitenciario, coordinación territorial entre la Policía y los municipios, y desarticulación de las economías ilegales. La inseguridad encabeza las encuestas de preocupación ciudadana desde hace años. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de ser el primero en responder con una estrategia de largo plazo.

No diré que ha muerto ese bello Labrador color hueso. Porque hay seres cuya partida no consigue expulsarlos del mundo. Siguen viviendo en los rincones donde fueron felices, en las costumbres que compartieron con nosotros, en la memoria obstinada de las tardes y de las noches.

Titán se ha ido, pero todavía lo veo. Y también lo ve así -y lo siente- su “hermanita” Julieta, que sigue en casa. Pequeña y dulce perrita que da aullidos de lobezna al despertar en el amanecer. Perdónenme por hacer uso de esta página para expresar aquí un asunto muy “personal”, pero prefiero la total transparencia-

Muy cerca

Lo veo acercarse en silencio mientras escribo. Y acomodarse, como siempre.,  junto a mí, como si comprendiera que las palabras necesitan compañía. Lo veo sentado sobre el suelo apoyando su bella y noble cabeza blanca sobre mi muslo derecho. Y levantar esos ojos claros, cargados de una dulzura antigua, para mirarme. Y decir sin palabras todo aquello que los seres humanos rara vez sabemos expresar.

Entonces sonaba Mozart.

Y entre aquellas melodías que parecían venir de otro tiempo, Titán y yo compartíamos el milagro de la tranquilidad. No hacíamos nada extraordinario. Yo escribía. Él estaba allí. La música de fondo venía de la fantástica selección Classical Music for Dogs en Spotify.

Ahora comprendo que aquella sencilla compañía era inmensa y que era una de las formas más puras de la felicidad. Nueve años parecen pocos frente al deseo de retener a quienes amamos. Quisiéramos que el tiempo se detuviera para ellos. Quisiéramos que la vejez no llegara nunca. Y poder seguir escuchando el sonido de sus pasos acercándose por el pasillo.

Pero, la vida tiene otras leyes

Sin embargo, hay una victoria secreta sobre la ausencia.

Porque el fuego que redujo a cenizas su cuerpo en la desgarradora cremación, no pudo tocar lo esencial. No pudo alcanzar la alegría que sembró. No pudo borrar las tardes compartidas. No pudo llevarse el afecto que dejó alojado para siempre en mi corazón y en quienes lo quisimos tanto.

Titán vive en la música que escuchábamos juntos, y que en este instante oigo. Vive en los textos que escribió su silenciosa compañía. Vive en la ternura que me enseñó. Vive en la certeza de que los seres más nobles no siempre hablan nuestro idioma.

Algunas noches todavía espero sentir el peso de su cabeza apoyada en mí. Y aunque la razón me recuerde, desgarradoramente, que ya no está, hay algo más profundo que me dice lo contrario.

Es un poemario breve y austero, con versos eficaces que no se dejan arrastrar a la truculencia, pero sí transmite un claro mensaje de rechazo. A pesar de su título, el libro no es ni patriótico, ni patriotero. Mueve la poesía de Podestá algo que lamenta profundamente, y que a todas luces lo inquieta a la distancia, como un aroma a borrachera moral.

El poemario de José María Salazar se ha sumado a los batallones de versos que, a partir de José Carlos Yrigoyen y Renzo Porcile, denuncian la violencia organizada. En Yrigoyen es un grito de alerta, en Porcile es una reflexión casi filosófica. En CS (Lima, Personaje Secundario, 2026) es una fría demostración de laboratorio.

CS es la abreviación química para el gas lacrimógeno, que el autor revisa por dentro y por fuera, casi hasta hacer de los padecimientos que causa una experiencia existencial. Del otro lado de la implícita denuncia, son instrucciones para resistir el ataque de la tropa de asalto (usar agua, vinagre, ducha). En su texto de solapa Virginia Benavides describe bien la técnica de verso proyectivo en que se apoya la obra.

José Cemí es el personaje de Paradiso, la novela de José Lezama Lima. José Miguel Vásquez lo convierte en un doble seudónimo, en la novela (José c´est moi) y en este poemario, Jugo de fresa en la bañera (Lima, Máquina Purísima, 2026). El libro de Vásquez es en apariencia todo lo contrario del barroco cubano de Lezama Lima.

El libro es directo, pero no fija su dirección. ¿Es un libro de sanación alcohólica? Cemí es un alcohólico que intenta curarse, debemos entender que con jugo de fresa. Pero el poema más intenso de los 14 paradójicamente es su hermosa oda a dos onzas de whisky. Jugo, bañera. Pareciera que Cemí nos quiere mostrar sobre todo lo limpio que está.

El Convenio 169 de la OIT, que Perú suscribe, establece que cualquier medida que pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas requiere un proceso de diálogo previo, libre e informado. La PUCP documentó que el proceso de consulta previa tiene obstáculos estructurales: las comunidades participan con poder de negociación restringido y con frecuencia terminan cediendo ante las demandas del modelo extractivo. Lo que está en juego en cada proceso es un territorio, pero también una forma de vida construida durante milenios.

Los conflictos sociales que resultan de ese incumplimiento son una constante en la historia reciente del Perú. Desde Bagua en 2009 hasta los distintos conflictos en la Amazonía y el altiplano que se repiten cada temporada, la secuencia es la misma: proyecto extractivo, consulta tardía, conflicto. Los reportes de la Defensoría del Pueblo documentan ese patrón con regularidad.

El costo social del extractivismo sin acuerdo previo supera cualquier beneficio de corto plazo.

El gobierno que asuma en julio llega con una oportunidad que la campaña dejó sin aprovechar. Los planes de los principales candidatos abordaron la consulta previa con timidez o la omitieron del todo, sin propuestas claras de reparación ambiental ni justicia para comunidades afectadas. Convertir ese derecho en política real, con presupuesto y voluntad de cumplirlo antes de otorgar concesiones, es la señal más concreta que el nuevo gobierno puede dar a los pueblos que este 21 de junio celebran un nuevo ciclo. El Año Nuevo Andino recuerda que el equilibrio con la tierra comienza por el equilibrio entre el Estado y quienes la habitan desde antes de que el Perú existiera como república.