Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

La iniciativa constituye la continuación directa de la Ley N.° 32107, aprobada el 9 de agosto de 2024 por el actual bloque parlamentario dominado por el fujimorismo y sus aliados, que estableció un límite temporal para la persecución de crímenes internacionales, disponiendo que los delitos de lesa humanidad solo puedan aplicarse a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002.

El objetivo político en ese entonces resultó claro y fue denunciado desde estas páginas editoriales. El pacto corrupto busca, desde el comienzo, excluir de responsabilidad penal casos emblemáticos vinculados al conflicto armado interno y abrir espacios de impunidad para graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de esa fecha.

Ahora el Congreso busca avanzar un paso más. La nueva ofensiva apunta directamente al Código Penal. Allí reside la verdadera dimensión de esta operación. La Ley 32107 funcionaba como una norma especial susceptible de cuestionamientos constitucionales y control judicial. El Código Penal, en cambio, constituye la estructura principal sobre la cual se organiza todo el sistema penal peruano. Por eso el fujimorismo redobla baterías sobre ese terreno.

No obstante, la congresista Ruth Luque ha denunciado también otra intención. El predictamen además restringe los supuestos de aplicación del delito de lesa humanidad frente a los estándares internacionales y forma parte de una agenda orientada a extender impunidad incluso sobre casos recientes, incluidas las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

El principal operador de esta nueva etapa es Fernando Rospigliosi, convertido hoy en uno de los articuladores más agresivos de la ofensiva contra el sistema de justicia. Su actuación se complementa con ataques al Ministerio Público, presión sobre jueces, debilitamiento de organismos autónomos e intentos de captura institucional desde el Congreso.

En corto, la maniobra consiste en incorporar expresamente el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, pero restringiendo sus alcances respecto de lo establecido por el Estatuto de Roma. Al mismo estilo de las peores dictaduras, bajo apariencia técnica y con argucias jurídicas sostenidas solamente por la fuerza del copamiento institucional, el proyecto intenta consolidar un argumento funcional a la impunidad fujimorista.

Al país no le gustó ver a los dos personajes metiendo a sus alfiles en ministerios y otros altos cargos a lo largo de estos cinco años. Nombramientos que, en casi todos los casos, los desprestigiaron todavía más. Lo mismo se puede decir sobre sus alianzas en el Congreso: dos partidos especializados en promover candidatos con sentencias delictivas.

Luna es sombrío. El caso de Acuña es más vistoso. En los buenos tiempos, su Alianza para el Progreso (APP) logró superar la popularidad histórica del Apra en el norte. Allí comenzó una gestión dedicada a ordeñar la Universidad César Vallejo y a promover a Acuña. Ahora que APP corre peligro de desaparecer, se la deja a las joyitas de su familia.

Acuña nunca desarrolló un estilo, más allá de tomar sonadas vacaciones o comprarse un Bentley —se dice que de US$500.000— en el que casi no ha sido visto circulando, al menos en el Perú. Un estilo frívolo que descarta una presidencia, pero no necesariamente la dupla política y dinero que APP ha venido manejando.

No es casual que se anuncien 42 partidos para las elecciones regionales y municipales de octubre. La fecha es vista como una segunda oportunidad, al menos para los que no han perdido su inscripción. Aunque los partidos más populares de abril pasado también van a competir, lo cual va a influir en los resultados.

El conmovedor José Luna pensó que si circulaba como “Pepe Luna” podría avanzar su ficha. Hubiera tenido que cambiar su nombre de pila junto con el nombre de su agrupación. Quizás lo haga. Entre los 42 partidos seguro habrá algunos transformistas. Aunque la hermana de Acuña está prometiendo un remake municipal de APP.

No es deshonroso perder una elección, y eso no es lo que cabe reprocharles a estos políticos. Lo deshonroso es tratar de gobernar sin haber ganado la elección del caso, como hicieron ellos con la manipulable Dina Boluarte. Esa es la factura que el electorado les pasó.

Con la quiebra electoral de las franquicias, se ha agotado un mecanismo de intermediación política basado en el alquiler de siglas, el reforzamiento de clientelas territoriales y la supervivencia formal sostenida por los recursos que origina el simple hecho de estar en el Parlamento. Salvo por Obras, una marca que estaba extinta antes de la sorprendente aparición de Ricardo Belmont en la escena, el Congreso que viene ya no tendrá franquicias. Aunque sea en una forma embrionaria, por ende aún precaria, y aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, en julio del 2026 puede comenzar el retorno hacia una política alineada sobre tres ejes principales: derecha, izquierda y centro.

Sería un absoluto desperdicio malgastar las potencialidades de este momento y volver a dar vida a las franquicias en las elecciones regionales y municipales que vienen en el segundo semestre de este año. También sería un desperdicio fraccionar los tres principales bloques en formación para generar nuevos retazos. No tenemos por qué hacerlo. La desaparición de esa forma de vender la política debería ser definitiva. El proceso que estamos comenzando se muestra ya suficientemente complejo como para que lo enredemos más arrastrándolo hacia atrás.

Tener tres bloques al frente es mucho mejor que tener 36.

Hay, sin embargo, problemas urgentes por resolver. El primero pasa por la llegada al Congreso de una mayoría de representantes sin experiencia en gestión pública y sin lazos arraigados con sus propias organizaciones. El riesgo de reproducir patrones de corrupción ya asentados en el Parlamento, como la venta de puestos o votos, existe. Todas las perversiones tienden a reproducirse. Estas no van a ser la excepción. Poner sobre la mesa la reapertura de los casos de los llamados “mocha sueldos”, indebidamente protegidos por el Parlamento que se va, puede ser una manera de poner punto final a estas prácticas. Una representación que necesita madurar políticamente debe comenzar por instalar en su entorno patrones de transparencia y autocontrol muy rígidos. Redefinir las reglas de conformación de los equipos de asesores y asistentes de los nuevos congresistas, al dotar de eficiencia a la administración de servicios en el Congreso, puede ser decisivo en la forma de abrir la historia parlamentaria del siguiente período.

Pero también hay problemas fuera del Congreso. Ahí están los enclaves que nos deja el período 2021-2026.

Los enclaves fueron instalados como mecanismos de demolición de buena parte de los acuerdos institucionales que dieron forma al período 2000-2016. El control del equilibrio fiscal fue derrotado por una sentencia del Tribunal Constitucional que liberalizó la iniciativa de gasto del Congreso. La conservación del equilibrio en las relaciones Parlamento-Gobierno fue erosionada por las sentencias del propio Tribunal que liberalizaron los procedimientos de destitución de presidentes y por la pasividad con que hemos visto desfigurarse los procedimientos sobre inhabilitaciones parlamentarias. La preservación de altas magistraturas independientes fue derrotada por la unilateralización de los procesos de elección desarrollados desde el Congreso. También ha sido clausurada, por una decisión del propio Tribunal Constitucional, la posibilidad de construir procedimientos judiciales destinados a resolver la herencia de la violencia contra los derechos humanos de los años ochenta.

Terminado el ciclo 2021-2026, el esquema institucional establecido por la transición postfujimorista ha sido desmontado. Necesitamos otro. Pero para construirlo es imprescindible volver a equilibrar los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Junto a la mayoría del Tribunal Constitucional, son enclaves la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación. Los problemas que representan no son, sin embargo, idénticos. El Tribunal, sobrecargado por casi una sola forma de pensar el derecho, reúne, sin embargo, personalidades con hojas de vida consistentes. La Fiscalía de la Nación, originada en una controversia provocada por la Junta y el Congreso, dispone todavía de mecanismos institucionales que deberían estabilizar su posición institucional por medios propios, sin intervenciones externas.

La cuestión más urgente en lo que a enclaves se refiere consiste en detener a la Junta Nacional, que parece empeñada en desplegar todo su potencial de control vertical sobre las magistraturas cuando el reloj del desmontaje ya ha cerrado su ciclo. La ofensiva desplegada después del caso Espinoza con el caso Ordóñez es, incluso políticamente, muy torpe. En los últimos estertores del régimen de franquicias, la mayoría en la Junta parece querer mostrar a la comunidad política en formación que aún es útil para continuar con una depuración que ya no debería ser necesaria para nadie. Al hacer esto, la Junta se está exponiendo a sí misma en un momento en que deberían comenzar a producirse señales mínimas de recomposición institucional y de equilibrio.

Si avanzamos hacia un nuevo acuerdo institucional, las señales más importantes no deberían orientarse a insistir en un desmontaje que ya resulta innecesario, sino a cerrar definitivamente el ciclo y establecer un sistema político mínimamente sostenible.

El riesgo de persistir en el eterno retorno hacia la nada existe. Está instalado entre nosotros.

En el año 15 de vigencia del delito de feminicidio en el Código Penal, un proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui pretende eliminarlo y reemplazarlo por 'asesinato de pareja'. No es un simple cambio de nombre. El término “feminicidio” hace clara referencia al asesinato de una mujer cometido por su condición de ser mujer, una razón de género. Desde 2013 se precisó en la ley que el feminicida no necesariamente tiene que tener vínculo familiar, de pareja o expareja con la víctima.

Por eso pudo sancionarse el feminicidio de Eyvi Ágreda (2018), quemada a sus 22 años por un hombre que no era su pareja ni expareja. De los 130 feminicidios cometidos en 2025, el 44% fueron perpetrados por la pareja y el 21% por exparejas. ¿Qué pasará con el 7% de feminicidios cometidos por familiares, el 5% por conocidos y el 23% por desconocidos?

La calificación 'asesinato de pareja' excluye los contextos de acoso sexual, abuso de poder o cualquier forma de discriminación. Es decir, excluye las razones de género en el asesinato de mujeres. Para la Corte Suprema de Justicia (Casación 851-2018), el feminicidio ocurre cuando el agresor mata a una mujer porque esta no se ajusta a los estereotipos de género tradicionales impuestos a todas las mujeres.

¿Qué ha cambiado desde 2011? La esperanza de las familias de las víctimas de alcanzar justicia. La justicia restaura. Tras un feminicidio, una familia entera queda afectada y con sed de justicia. Emprenden el trayecto, aún imperfecto, de la vía judicial. Tienen un camino y una meta: sancionar al feminicida. Eliminar el delito de feminicidio dejaría sus pérdidas en la impunidad.

La asociación que reúne a familiares de víctimas de feminicidio, Familias Unidas por Justicia, y varias organizaciones de mujeres, entre ellas Las Tejedoras, han señalado otro riesgo del proyecto: si se modifica el tipo penal, los feminicidas ya sentenciados podrían intentar rebajar sus condenas.

Si este proyecto se convierte en ley, se afectaría gravemente la lucha contra la violencia de género y retrocederíamos años luz en el tratamiento que se dio a un problema que es real y está muy extendido: la violencia machista. Porque no puede taparse el sol con un dedo: esta es una realidad en el Perú. Y el machismo mata.

Chaplin respondió: “Es verdad, pero tu fama es aún mayor. El mundo te admira, cuando nadie te entiende”.

Uno de los que más comentaban esa anécdota era Ciro Alegría (1909-1967). Había llegado a Lima en diciembre del 33 y estaba ávido de ver todas las películas que le faltaban del genial hombre del cine.

Recorría la ciudad cuando una sorpresa lo asaltó al acercarse a la portada de la avenida Arequipa. Allí, a menos de 10 metros, estaba entrando nada menos que su admirado Chaplin.

¿Conoces tú, amigo lector, la entrada de la avenida Arequipa? No digas tan rápidamente que sí. Se alzaba allí un arco morisco que presidía el paseo que va hacia Miraflores. El arco fue retirado de allí y ahora está en Surco, en el Parque de la Amistad.

¿Chaplin en Lima? ¡No precisamente!... Tanto en el aspecto físico como en los propios andares, había una persona que se le parecía muchísimo. Era el poeta José María Eguren (1874-1942), por quien su admiración no dejaba de crecer.

“Desde la aurora/ Combaten los reyes rojos/ Con lanza de oro.

Por verde bosque/ Y en los purpurinos cerros/ Vibra su ceño”.

Para Marco Martos, los poemas de Eguren provienen del ensueño y la duermevela de un país maravilloso y, a veces, terrible.

Ciro lo reconoció de inmediato y quiso ir a su encuentro. Por problemas económicos, el poeta viajaba de Lima a Miraflores, y a veces hasta Barranco, a pie. Eso significa seis kilómetros hasta la primera localidad y tres más hasta la siguiente, donde residía.

Aunque Eguren parecía a veces deslizarse por el aire, Ciro pudo darle alcance a la mitad de la segunda cuadra de la avenida Arequipa, quitarse el sombrero y decirle: “Maestro”.

El hombre casi real, casi inventado, pareció sorprenderse un poco.

—Yo lo admiro mucho a usted, don José María. Pensé que, como llevamos la misma dirección, podíamos seguir caminando juntos… Si me lo permite, será un honor para mí.

Eguren le estrechó la mano. Sus labios finos se distendieron bajo un bigotillo entrecano. Su piel, de un color blanco pálido, mostraba finas arrugas.

Ambos vestían de azul y eran tan delgados como dos reyes de la baraja.

Después de caminar unas cuadras, el mayor estableció el diálogo:

—Supongo que usted también es poeta. Solamente los artistas, y en especial los poetas, conocen mi obra.

Ciro dijo que sí, que hacía versos, pero aclaró que los consideraba malos.

—En realidad, yo cultivo más la prosa.

Ya estaban llegando a la décima cuadra de la avenida. Todavía les faltaban 40 para llegar a Miraflores. Mientras Eguren y Alegría conversaban, el Perú soportaba la dictadura de Óscar R. Benavides.

Alegría y Eguren no se detuvieron ni un instante. Caminaban sin sentirlo. Si se les hubiera preguntado cómo habían llegado hasta allí, recién habrían recordado que no los conducía vehículo alguno, sino sus andariegos pies.

Aunque mucha gente le hacía sorna, el hombre parecido a Chaplin se dedicaba a confeccionar una pequeña magia que solamente él y unos cuantos llamaban poesía. Hacerlo iba a costarle una vida de renunciamientos. A Ciro lo habían encarcelado dos veces por sus ideas rebeldes y había sido torturado; además, había perdido la audición en el oído izquierdo y, sin embargo, persistía en su afán de querer cambiar la patria.

Eran acaso las 5.00 p. m., pero la oscuridad ya estaba con ellos.

No adivino qué conversaron durante el resto del camino ni dónde leí la historia, pero sé que llegaron a Miraflores. Cuando se estaban despidiendo, ambos se miraron con mucho respeto, pero también con alegría.

Incluso Ciro no podía contener la risa y Eguren, benevolente, le dijo:

—Ya sé de qué se ríe usted. No sabe si ha caminado con José María Eguren o lo ha hecho con Charles Chaplin.

Ya habían llegado a Miraflores. Lamentablemente para nosotros, no continuaron su camino juntos hasta Barranco.

Sin embargo, el país enfrenta esta ola en medio de un profundo deterioro institucional. Ese es el gran riesgo que deberían responder los candidatos a la presidencia para llevar adelante cualquiera de sus propuestas de gasto público que plantean en sus planes de gobierno.

Vale recordar que durante los gobiernos del primer decenio del presente milenio, la economía peruana atravesó uno de los mayores booms mineros de su historia impulsado precisamente por el cobre. El país creció aceleradamente, redujo pobreza y multiplicó inversión pública y privada. Sin embargo, aquella bonanza convivió en mayor o menor medida con corrupción e informalidad estructural que desataron bajos niveles desarrollo del Estado y de políticas que mejoren estructuralmente aspectos elementales para la vida de los ciudadanos como la salud y la educación.

Ese aprendizaje, que debía conducir a una estrategia nacional orientada a fortalecer instituciones no ocurrió. Buena parte de las propuestas políticas que hoy plantean rutas de desarrollo actúan como si aquella experiencia nunca hubiera existido. Hoy, en plena campaña electoral, el debate vuelve a concentrarse en la extracción inmediata de riqueza mientras el Estado ostenta una capacidad casi nula de supervisión gracias al poder político comandado actualmente por el pacto corrupto en el Congreso, que ha legislado en desmedro del Estado.

Lo ocurrido en Pataz expuso la dimensión del problema: disputas de control entre fuerzas estatales alrededor de economías ilegales que hoy movilizan millones de dólares.

Allí aparece la principal paradoja peruana. El mismo ciclo internacional que podría impulsar crecimiento, inversión y bienestar también alimenta economías ilícitas en un contexto de captura institucional y debilitamiento democrático. Sin organismos de control sólidos, justicia independiente y capacidad efectiva de fiscalización, el boom minero puede terminar fortaleciendo redes criminales antes que al Estado. Y de eso hay que hablar seriamente.

Este no es solo un abuso más, sino la consagración de hechos ilegales que ocurrieron a lo largo del proceso y desembocaron en una sentencia condenatoria con argumentos débiles, contradictorios y carentes de toda lógica.

La primera instancia del Poder Judicial no probó ningún delito. No se probó la existencia de un aporte de campaña, no se logró demostrar un origen presuntamente delictivo y, pese a los esfuerzos por ayudar al Ministerio Público en esa tarea, el colegiado no escuchó a un solo testigo serio decir cómo llegó, se entregó o distribuyó un presunto dinero venezolano o brasileño; ni siquiera cuánto.

Tampoco se logró demostrar la existencia de desbalance patrimonial en ninguno de los procesados ni, menos aún, el ocultamiento de fondos a través de cuentas en el extranjero u offshores. La misma sentencia así lo reconoce.

Entonces, más allá del ruido político y mediático, generado muchas veces por los propios fiscales, en el momento de las audiencias fue mi defensa, la de mi esposa Nadine y la de los dirigentes del Partido Nacionalista, la que demostró que el sistema de justicia peruano había cometido un grave error con nosotros. A diferencia del resto de procesos sobre presuntos aportes de campaña, nosotros siempre rechazamos que algún aporte prohibido financiara alguna de mis candidaturas presidenciales. Ni gobiernos o empresas extranjeras ni el gran empresariado nacional, que, por el contrario, hacía colectas económicas para financiar a mis contrincantes y atacarme.

Peor aún, se da el hecho singular de que nuestro caso es el único caso político que persiste, pese a que el Tribunal Constitucional peruano y la Corte Suprema de Justicia han resuelto que, por lo menos hasta el año 2016, un aporte de campaña no podía ser considerado delito. Sin embargo, soy el único político en prisión por este hecho y hoy continúo en juicio. ¿Acaso eso no significa ser un preso político?

Sobre este abuso, hay autoridades que deben responder ante la justicia. Mientras tanto, se revelan gravísimos hechos que no se habían conocido antes y que demuestran el comportamiento ilegal y abusivo del colegiado que me juzgó, así como los vicios que se cometieron a lo largo de esta primera instancia, que terminó con una detención ilegal e inconstitucional:

1. Martin Belaunde Lossio es un falso colaborador eficaz. El juzgado lo incluyó en el juicio argumentando que Bolivia aceptó la ampliación de su extradición, y eso fue mentira. Pese a que el fiscal y el colegiado tenían conocimiento pleno de este hecho, se permitió su ingreso ilegalmente, con lo que se viciaba el juicio.
2. En la sentencia de primera instancia, se me declaró culpable por un presunto hecho por el cual nunca fui investigado y, menos aún, acusado. Me refiero, específicamente, a la firma de un contrato con la empresa Apoyo Total.
3. La sentencia, sin ninguna explicación de causa, omitió un pronunciamiento expreso de absolución o condena sobre la acusación fiscal referida a supuestos aportes a la campaña 2011 por parte de la empresa OAS, lo cual incumple lo dispuesto en el Código Procesal Penal en sus artículos 394 y 397.
4. La sentencia no valoró ninguna prueba o testimonio presentado por nuestra defensa. Lo único considerado por el colegiado fue la tesis fiscal y, para justificarla, ingresaron documentos declarados ilegales y nulos en Brasil, así como testimonios ad hoc que ayudaban, en su criterio, a justificar una condena. Esto nos ha llevado, además, a sospechar que la decisión de condenar a toda costa fue la única misión tramada entre jueces y fiscales.
5. La Fiscalía, tanto en el componente Venezuela como en el componente Brasil, no pudo explicar por qué existió una supuesta donación, si durante el proceso nadie refirió que se hubiera solicitado un aporte. La tesis fiscal señaló que, en el caso de Brasil, el exministro de Economía y Finanzas de ese país, Antonio Palocci, solicitó un aporte para nuestra campaña; pero, en juicio, el mismo funcionario negó contundentemente que él hubiera solicitado, ofrecido o intermediado en la entrega de algún aporte económico.

Por eso señalo que la tarea de los fiscales no ha sido meritoria y me detendré aquí para hablar del caso Lava Jato. En el Perú coexistieron dos tipos de procesos: el Lava Jato delictivo, relacionado con casos de corrupción, creación de empresas offshore en paraísos fiscales y el ocultamiento de los verdaderos dueños de las empresas lavadoras de activos, etcétera; y, por otro lado, existió el Lava Jato político, relacionado con el financiamiento privado a los partidos y sus campañas electorales.

El Ministerio Público originó el Lava Jato político en torno al escándalo mediático que creó el Equipo Especial, integrado, en su mayoría, por gente con ansias de notoriedad pública. Esto fue intencionalmente sobrevalorado en detrimento del Lava Jato delictivo.

Más interesados en la fama que en su trabajo, los fiscales permitieron que los delincuentes se fueran del país y dispusieran libremente de su patrimonio mal habido, e incluso llegaron a presionar al Gobierno para que los beneficiara, como sucedió, por ejemplo, con la venta de la hidroeléctrica de Chaglla en el caso de Odebrecht.

Cuando surgió el Lava Jato político, nuestros adversarios vieron una oportunidad para atacarnos, pero no midieron el costo. Un buen ejemplo de esto fue la acometida del expresidente Alan García, quien, por tratar de destruirnos, destruyó su partido y a sí mismo.

La perversión en la utilización del Lava Jato político por parte de los fiscales del Equipo Especial y el miedo de nuestros adversarios, que sí recibieron aportes de campaña —y probablemente coimas—, los llevó a una campaña feroz para intentar involucrarnos y convertirnos en la cuota de sacrificio de la clase política. Lo que consiguieron fue que el caso Lava Jato se convirtiera en un "actor" importante en la destrucción de los partidos y del sistema presidencialista. Lo que vivimos hoy como la captura o colonización del Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la República es parte de esa historia. Es decir, aunque Lava Jato ya no es un escándalo, una parte de sus efectos sigue incidiendo en la política peruana.

El nuestro no es un proceso jurídico, sino un proceso político. La persecución y el acoso judicial que hemos vivido a lo largo de 20 años, desde que entramos a participar en la vida política nacional, no son casualidad. Las clases dominantes, empresariales y mediáticas han usado al sistema de justicia para la venganza y el ensañamiento; eso debe terminar.

Desagregando un poco, en la zona urbana la pobreza se redujo en 1,4 puntos porcentuales; esto es, del 24,8% en 2024 pasó a 23,4% en 2025. En el área rural, la pobreza fue de 35,5%, 3,8 puntos porcentuales menos que el 39,3% del 2024. Esta medición de la pobreza monetaria en nuestro país se calcula a través del gasto en bienes y servicios. Específicamente, la población pobre en el Perú es aquella cuyos gastos no cubren el costo de la canasta básica de consumo, conformada por alimentos y no alimentos. En 2025, el valor de la canasta ascendió a 462 soles por persona; en tanto, para una familia de cuatro integrantes, el monto ascendió a 1.848 soles. Desde un plano regional, en 2025 la mayor tasa de pobreza se registró en Cajamarca, con 41,0%, y Loreto, con 40,1%.

Por otra parte, la población en condición de pobreza extrema es aquella que no logra cubrir el valor de la canasta básica de alimentos, que implica un costo de 260 soles por persona; y, para un hogar de cuatro integrantes, 1.040 soles. Esto alcanza al 4,7% de la población durante el 2025, cifra inferior en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el 2024, cuando fue de 5,5%. Según lugar de residencia, en el área rural la pobreza extrema disminuyó en 4,1 puntos porcentuales, al pasar de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025; en tanto, en el resto urbano también se observó una reducción de 0,2 puntos porcentuales, al bajar de 3,0% a 2,8%. No obstante, en Lima Metropolitana la pobreza extrema aumentó en 0,3 puntos porcentuales, al pasar de 3,3% en 2024 a 3,6% en 2025.

En 2025, el 32,8% de la población se encuentra en condición de vulnerabilidad; esto es, en ese momento puede cubrir el costo de una canasta básica de consumo, pero tiene el riesgo de caer en la pobreza ante un cambio desfavorable en su economía. Este resultado muestra un incremento de 1,0 punto porcentual.

Estos datos sobre la reducción de la pobreza indican la necesidad de reflexionar y actuar en varios frentes. Una tasa de crecimiento del PBI de 3% promedio origina una reducida tasa de aumento en la demanda de empleo por parte de las empresas respecto de la oferta de servicios laborales, sin reducir de manera sustantiva la pobreza, con la secuela de un mayor riesgo de regresar a la condición de pobreza para personas que actualmente ya no la tienen.

Por otra parte, la política macroeconómica debe promover aquellos sectores intensivos en mano de obra, porque la libre interacción de oferta y demanda no garantiza un mejor resultado en cuanto al empleo. Basta ver como referencia el régimen promocional vigente para la agroexportación, Ley 32434, y sus resultados, claro, con una continua mirada a sus progresos para garantizar su continuidad en el tiempo.

Finalmente, no hay duda de que promover el aumento del empleo es un reto fundamental para la nueva administración del país desde agosto de este año.

“La disonancia cognitiva era una característica mayor de la vida en la Unión Soviética, donde toda la sociedad se somete a un credo que contradice en cada instante la realidad, donde es preciso, para sobrevivir, creer en el credo, no en la realidad.”

Esto que ocurría en la URSS antes de la caída del Muro de Berlín en 1989 —y que hoy se repite en Rusia— lo estamos constatando a diario en el Perú. Cuando López Aliaga se aferra, contra todas las evidencias, a la narrativa del fraude, pretende que los peruanos nos sumemos a esa desmentida de la realidad. Esta estrategia de disonancia cognitiva claramente se está desmoronando. El problema es que, a la par, se desmoronan las instituciones. Y esto último no es responsabilidad exclusiva del exalcalde de Lima. El cauteloso silencio de Roberto Sánchez y el apoyo a medias tintas del fujimorismo refuerzan este ataque directo contra el Estado de derecho.

El fujimorismo no tiene otro remedio que hacerlo, puesto que Keiko Fujimori fue la protagonista de la misma negación de la realidad electoral en las elecciones del 2021. Además, es coherente con su intención de copar el Estado. No le conviene hacerlo con entusiasmo, porque pondría en peligro la segunda vuelta, en la que parte con más posibilidades que en las elecciones anteriores. Lo que no parecen haber entendido es que, al atacar el trabajo —defectuoso, por cierto, pero sin la menor prueba de fraude— de los organismos electorales, están ignorando los votos de millones de personas que se inclinaron por otras opciones.

Tampoco se advierte en el fujimorismo el menor esfuerzo por revertir esa ofensiva contra el sufragio universal, lo cual les puede resultar carísimo y contraproducente. Como si ellos mismos estuvieran bajo el influjo de la disonancia cognitiva: a fuerza de propalar mentiras, terminan creyéndolas. Uno pensaría: es su problema, que sufran las consecuencias. Pero no es tan sencillo. Menospreciar a quienes, sobre todo en el sur del Perú, votaron por quien parecía representarlos, así sea en menor medida que Castillo, es una estrategia catastrófica.

Alberto Vergara acierta cuando comenta, en una entrevista en Ojo Público, que las anteojeras ideológicas tradicionales son inservibles en el Perú de nuestros días. La izquierda que niega el golpe de Castillo —que todos vimos y podemos volver a ver por televisión— se coloca en plena disonancia cognitiva. “No fue golpe porque no hubo golpe”, afirman. No importa que haya declarado solemnemente, en un mensaje a la nación, que ordenaba “disolver” el Congreso: no funcionó, entonces no vale, ¿ya? Así de elemental es el razonamiento. Habrá que dedicar otra nota a esta identificación con el autogolpe de Fujimori en 1992.

El hecho de que los delitos cometidos por los congresistas del pacto —entre ellos, el grupo de Sánchez— sean gravísimos no redime la propuesta anacrónica del hombre que confundió la realidad con un sombrero. Esta es una paráfrasis del libro del neurólogo Oliver Sacks: “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”. El caso que da nombre al libro es el de un hombre que padece agnosia visual. Su cerebro no podía interpretar lo que veían sus ojos. Podía reconocer las facciones de un rostro por separado —un ojo, una boca, una nariz—, pero no integrarlas en una totalidad. Sacks titula su libro así porque su paciente, al levantarse de la sesión para irse, intentó coger su sombrero, pero, en vez de eso, tomó la cabeza de su esposa.

Así transcurren nuestras vidas hasta la segunda vuelta: entre la disonancia cognitiva y la agnosia visual. Nos pretenden obligar, mientras soportamos la violencia sin contrapesos de los discursos virulentos de López Aliaga, a elegir por el mal menor. Solo que en cada elección esos males son peores. Keiko Fujimori está ahí por cuarta vez, lo cual hace aún más temibles sus ansias vengativas tras las sucesivas injurias narcisistas de las derrotas previas. Además, antes de la segunda vuelta, ya controla la mayoría de las instituciones encargadas de custodiar el funcionamiento democrático. De ahí que la amenaza de “barrer” el Poder Judicial deba ser tomada muy en serio.

Para Sánchez es la primera vez, pero sus rancias propuestas nacionalistas, al sostener que Castillo no fue un incompetente y corrupto sino un héroe popular, se inscriben en esa gran mentira que desembocó en la Unión Soviética, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Tan distópica es una propuesta como la otra. Nada bueno va a salir de esto. Pero, por lo menos, no contribuyamos alentando estos relatos a base de mentiras y promesas huecas. Si esto es todo lo que van a proponernos, tenemos todo el derecho de negarnos a contribuir con nuestro voto a esta disonancia cognitiva de nivel nacional. Conservemos, a la hora de votar, nuestro derecho inalienable a la cordura.

¿La idea de que “quiere indultarlo” le ganaría más votos de los que perdería? Probablemente todos los castillistas están ya incluidos en el 12% que tiene Sánchez a esta hora. Nadie votó por él que no fuera de la hermandad del sombrero. Nadie votará por él que no lo sea ya. Desde la prisión, Castillo es un convidado de piedra. Libre puede ser un problema.

Una hipótesis: nadie que votó por Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o el resto de la derecha votará por Sánchez. Quizás alguno que votó por Jorge Nieto lo haga, sin mucha convicción, de puro antikeikista. Pero un mayor acercamiento con Castillo, si cabe, le hará perder los votos de derecha que necesitará en junio. Para eso se distanció de Antauro Humala; tendría que hacer lo mismo con Castillo.

¿Le conviene a Sánchez un Castillo libre? El dueño original del sombrero va a salir a la calle a vengarse de todo el mundo, comenzando por aquel que considerará su usurpador y pasando luego a quienes lo encarcelaron. Si Sánchez llega segundo, será un pequeño problema. Si gana la presidencia, el problema crecerá.

Castillo no le va a perdonar a Sánchez su presidencia, y nos es más fácil verlo como un opositor ultra —alentado por Vladimir Cerrón— que como un colaborador. Además, ¿cómo colaboraría? ¿Reclutando compinches de la laya que presentó en su Ejecutivo a partir del 2021? Como hizo Ollanta Humala con su hermano Antauro, lo mejor para Sánchez es dejar a Castillo preso.

¿A quién le interesa soltarlo ahora? Como hemos dicho más arriba, existe una hermandad del sombrero, y no es descartable que José María Balcázar pertenezca a ella desde hace rato. Luego están los parlamentarios castillistas no reelegidos, con ganas de comenzar de nuevo. Bajo el sombrero puede haber también algunos agentes del gobierno mexicano.

Y allí fuimos el 9 de abril, juntas. Yo marqué, ella introdujo la cédula en el ánfora. Y sonrió feliz. No ganó nuestra preferencia, pero la democracia, como digo en mis clases y le digo a ella, significa también saber perder. Y aunque perdimos, respetamos el resultado y seguimos adelante, siendo las mejores ciudadanas que podamos.

Mi pequeña ciudadana pregunta, mira, pone atención a las conversaciones de los adultos y trata de entender. Dice que cuando sea grande trabajará “en la política con mamá” porque, como ella bien sabe, “las mujeres y las niñas podemos hacer de todo”.

Frente al televisor de casa, con los ojos brillantes y absorta en las imágenes, Candela vio, por ejemplo, cómo Christina Koch se convertía en la primera mujer en sobrevolar la Luna.

A propósito de ir a votar, le conté que, así como antes ninguna mujer sobrevoló la Luna, no siempre las mujeres pudimos votar. Ni ser presidentas o congresistas. Lo que para ella es absolutamente normal, ver mujeres presidentas, congresistas, candidatas, no siempre fue así.

Le conté que su bisabuela Natalia se ponía su mejor vestido para ir a votar, porque había sido de las primeras mujeres en hacerlo. También que su bisabuela Dora, con casi 100 años, aún ve los debates presidenciales.

Lo que supongo que es más difícil de explicarle es que, pese a que han pasado 70 años desde que las mujeres votamos en el Perú, solo habrá 16 mujeres senadoras. Cuando se trata de la cámara parlamentaria con más poderes y facultades que se ha visto en el país, los partidos eligieron priorizar cabezas de listas masculinas y las mujeres han quedado relegadas a apenas un cuarto de sus escaños.

Tampoco he podido explicarle por qué, otra vez, un grupo de personas se empeña en rechazar los resultados de la elección, con argumentos imposibles, amenazas violentas y abusos de autoridad. ¿Cómo le explicas que, mientras ella espera su turno para los juegos infantiles, ellos no pueden aceptar que esta vez no les tocó? ¿Cómo enseñas a una pequeña la importancia de usar un lenguaje amable mientras un aspirante a presidente insulta y amenaza de muerte?

Supongo que se trata de explicarle que hay quienes entran a la política no para intentar hacer de este un país mejor, sino para intentar moldearlo a sus preferencias particulares. Cueste lo que cueste, y aplaste a quienes aplaste.

Porque el protagonista de semejante pataleta fraudista es el mismo partido político que lleva años intentando quitarle derechos a mi hija y a todas las mujeres del país.

El mismo partido que pretende negar los votos de peruanos y peruanas pretende negarnos a las mujeres justicia frente a la violencia machista, cambiando el delito de feminicidio (asesinato por la condición de mujer) por el de asesinato de la pareja. Como si Ayvi Ágreda no hubiera sido asesinada por su acosador precisamente por no aceptar ser su pareja. O como si Ruth Gutiérrez, de solo 22 años, no hubiera sido asesinada esta misma semana por su expareja.

El mismo partido que niega a las niñas violadas el derecho a salvar sus vidas y recuperar al menos parte de su infancia con un aborto terapéutico; que niega a las infancias transgénero la posibilidad de tratamientos afirmativos (evidentemente bajo supervisión y aceptación de sus familias); el mismo que decide quién entra y quién no a un baño.

Pocas cosas me gustan tanto de mi niña de fuego como cuando nos corrige. Yo pregunto “¿y todos los niños fueron?” y ella me responde “y las niñas”. Yo digo “es que había muchos niños” y ella me mira seria y dice “y niñas”. Eres ya mucho mejor feminista que yo.

¿A ver quién le dice a ella que ese mismo partido autoritario ha prohibido que se hable de niñas y niños, hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas? Y que lo ha hecho al punto de haber intentado borrar a las niñas de una ley que protege a “niños, niñas y adolescentes” que reciben tratamiento para el VIH.

Y es que el autoritarismo en la política se expresa, claro, en los intentos de control de la esfera pública y de poder, pero su ambición llega, indefectiblemente, a la búsqueda de control y dominación de la esfera más privada de nuestras vidas.

Por eso, en Estados Unidos, el movimiento contra la Enmienda 19 de su Constitución, la que da el voto a las mujeres, empieza a cobrar espacio en las redes sociales, promovido por miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, vinculadas hoy en día al secretario de Defensa de ese país.

Bueno, quizás esto no debería sorprendernos tanto —aunque suene a argumento de El cuento de la criada— si tenemos en consideración que una figura del partido que aquí grita fraude declara también, sobre el púlpito de su propia iglesia evangélica, que el hombre es el pastor de la casa y las mujeres solo debemos ser sus asistentes.

Hija mía, tú sigue jugando a ser Christina Koch, Harriet Tubman o Clara Campoamor. Tú sigue jugando a votar en la caja de zapatos que tu abuela ha convertido en ánfora para ti. Porque mientras estos partidos sigan intentando dominar nuestras vidas, también habrá mujeres peleando por un lugar en la política, en la democracia y en la vida pública. Tú y yo, mi pequeña ciudadana, estaremos entre ellas.

No obstante, de nada vale una cruzada frenética para salvar el “modelo” si nos estancamos en el platonismo y no bajamos a la realidad que proponen los hechos. Mientras usted, votante convencido, mira con angustia hacia los fantasmas de la amenaza roja y trata de guarecerse, desde el Congreso —que ahora tendrá más poder— los autodenominados “guardianes del modelo” han estado ocupados en algo mucho más concreto y letal: dinamitar los cimientos económicos del Perú desde sus curules. Precisamente, mire usted, aquello que dicen defender.

La ironía es tan pesada que ahoga. Las bancadas de quienes le piden su voto prometiendo defender la Constitución de 1993, su capítulo económico y la disciplina fiscal, han firmado, votado y aprobado por insistencia un forado económico de S/ 37.000 millones anuales. No es una sospecha periodística; es la alerta máxima del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del Consejo Fiscal (CF), publicado en abril de 2026. Este documento confirma que, por segundo año consecutivo, el Perú incumplirá sus reglas fiscales debido a un Congreso que ha ignorado sistemáticamente las advertencias técnicas del MEF.

¿Quiénes son los autores de este “comunismo” presupuestario? Aquí aparece la paradoja más cínica: los nombres en las actas revelan que Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular votan en pared con Perú Libre y el Bloque Magisterial. En una alianza contra natura que ignora cualquier manual de responsabilidad, estas bancadas —aparentemente enemigas ante la tribuna, ante sus respectivas barras bravas— se unen bajo la mesa para impulsar leyes técnicamente inviables, solo para no perder poder, por puro cálculo político y el aplauso fácil que tampoco, de tanto desprestigio, reciben.

Recuerde usted, votante: esta “coalición del gasto” ha sido un robo a su futuro. El informe del CF advierte que este activismo irresponsable nos resta entre 1 y 1,5 puntos porcentuales de crecimiento del PBI cada año; riqueza que se esfuma en planillas en lugar de convertirse en empleo.

El listado es obsceno. Destruyeron la meritocracia magisterial con la Ley 31996, regalándole a la izquierda radical su mayor trofeo político. También impulsaron la Ley 32027, que autorizó el retiro del 100% de la CTS; la Ley 31916, para nombramientos automáticos en salud; y la Ley 32022, un nuevo retiro de AFP que debilita el mercado de capitales y eleva el costo del crédito para todos. Todo esto, mientras la Ley 32048 infló bonos y gollerías en un Congreso que hoy nos cuesta más de S/ 1.200 millones al año.

El resultado: la deuda pública se disparará hasta el 70% del PBI para 2036. Nos están convirtiendo en el país que tanto criticamos, pero usando corbata y hablando de libre mercado.

Mire usted, mientras vocifera por el fraude y contra el comunismo: nunca antes, desde la implementación de las reglas macroeconómicas tras la hiperinflación de los años 80, habíamos visto un Legislativo que desmantelara así la institucionalidad financiera del país.

Históricamente, el Congreso respetaba la “iniciativa de gasto”, una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Este Congreso ha normalizado el uso de la insistencia para aprobar leyes que el MEF ha calificado como “inconstitucionales”. Aunque el Consejo Fiscal existe desde 2013, jamás sus advertencias habían sido ignoradas con tanto cinismo. Su informe de abril de 2026 es una partida de defunción para la prudencia fiscal que nos tomó 30 años construir.

La próxima vez que escuche a uno de estos “patriotas”, o a usted mismo, gritar contra el comunismo en esta segunda vuelta, le sugiero pensar en lo siguiente para dosificar su energía más hacia la realidad que hacia la idea: el “modelo” no lo va a destruir una revolución; lo están matando ellos, los suyos, desde adentro, mientras le piden a usted que odie al bando contrario para “salvar la democracia”.

Se disparó en el pie al vejar a la población andina precisamente allí donde su rival Roberto Sánchez tiene mayor fuerza. También al verbalizar sentimientos de violencia sexual, que chocaron con el electorado. Al final pasó de candidato a activista contra el proceso electoral. En eso sigue, armando movilizaciones que continuarán un buen tiempo.

Ciertamente ha tenido materia prima para su histrionismo. Este año las elecciones estuvieron pésimamente organizadas, pero no al grado de invalidarse. López Aliaga piensa que sí, pero no tiene cómo demostrarlo. Con lo cual se ha colocado en las antípodas del sistema electoral, como el hombre al que le han robado los votos.

Todo termina siendo un homenaje al fracaso. Los abogados contratados no convencen. Las manifestaciones no convocan. Las teorías conspirativas no animan. Los insultos no asustan. Si el candidato hubiera logrado una presencia tan intensa antes de las elecciones mismas, le habría ido mucho mejor. Ahora es un berrinche inútil.

Que López Aliaga plantee que no irá al Senado sugiere que piensa seguir en la senda de la protesta. ¿Su derechismo le alcanza como para ayudar a que Keiko Fujimori le gane a Sánchez? Pero eso sería reconocer que existe un proceso electoral legítimo. Todavía estamos en la etapa de la pataleta; quizás más adelante las cosas cambien.

Es más fácil que Fujimori llegue a un entendimiento con la gente de Jorge Nieto que con la de López Aliaga, como han propuesto Felipe Ortiz de Zevallos y Alfredo Torres. Hay entre los votantes de Renovación Popular, casi todos en centros urbanos, una fibra de tozudez que linda con el fanatismo en su búsqueda de nuevas elecciones.

Pero nuevas elecciones no va a haber, ni en conjunto ni por partes seleccionadas. López Aliaga ha perdido su batalla, con estruendo. En el 2021 le manchó la pechera a Fujimori; esta vez se la ha manchado él mismo. Tiene mucho que aprender si piensa candidatear con alguna posibilidad en el 2031. Por ejemplo, a no contar cuentos y a no ser violento.