En este caso, el objetivo es que el estado peruano pueda avanzar con una tecnología de generación eléctrica que aún no opera en el país. Para ello han anunciado una primera financiación de un millón de dólares que serán derivados en asistencia técnica y capacitación. Se trata de un primer monto que, según las fuentes consultadas por este diario al IPEN, el memorando no recoge de forma explícita, cómo se distribuirá más concretamente y que “ese aspecto aún no se ha evaluado”.

El subsecretario DiNanno lo presentó como un punto de partida. “Como en todo lo que hacemos, empezamos con un millón y luego subimos”, aseveró. Al respecto, La República le consultó sobre el momento elegido, sostuvo que “tenemos una pequeña ventana, realmente turboalimentada”, y explicó que apenas cambió el gobierno, con Keiko Fujimori en el poder desde el 28 de julio, había que armar un plan para mostrar a los peruanos que Estados Unidos es el “socio de elección”.

“Seguridad primero”

En la rueda de prensa, el subsecretario insistió en la prudencia. “Tiene que ser seguridad primero”, afirmó. Además, agregó que una licencia nuclear en Estados Unidos exige una lista de requisitos altísimos, de modo que “no podemos intercambiar velocidad por seguridad”.

En ese camino, Washington ofrece su Comisión Reguladora Nuclear para que Perú construya su propia autoridad de control. “La NRC es, por lejos, el líder mundial en esto”, sostuvo DiNanno. Y para ello, es fundamental partir de que la tecnología para lograrlo son los reactores modulares pequeños, conocidos por sus siglas en inglés como SMR, y los microrreactores, plantas compactas que se fabrican por piezas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, imaginó aplicaciones concretas. “Las minas que están en un lugar desolado, tal vez un microsistema pueda ayudar a llevarles energía. Los centros de datos, donde se requiere mucha electricidad para la red, tal vez puedan usar uno de estos microrreactores para su negocio”, comentó.

El programa detrás del acuerdo

Detrás del memorando está FIRST, un programa del Departamento de Estado lanzado en 2021 bajo la administración del expresidente Joe Biden creado para acompañar a más de 60 países en el desarrollo de reactores modulares pequeños con estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Y a este memorándum, el Perú llega con algún camino ya recorrido. El Instituto Peruano de Energía Nuclear, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, opera en Carabayllo, al norte de Lima, el reactor de investigación RP-10, que produce radioisótopos para la medicina. Los que ya se producen son el tecnecio-99m, que sirve para estudios por imágenes de órganos, y el yodo-131, empleado contra enfermedades de la tiroides y algunos tratamientos contra cánceres.

El Perú carece hoy de una planta nuclear de generación eléctrica, porque el RP-10 es un reactor de investigación. La Ley 32560, promulgada en marzo para promover la generación nuclear y los SMR, llevó al Ministerio de Energía y Minas a trazar una hoja de ruta hacia 2040, plazo que Washington aspira a adelantar.

El IPEN, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, ante la consulta de La República afirmó que la visión de este memorandum es que el país cuente a futuro con nuevas alternativas para fortalecer su seguridad energética y atender necesidades de electricidad continua en zonas alejadas de la red, como algunas localidades de la Amazonía. Eso podría contribuir, añadió, a garantizar servicios esenciales como hospitales, centros de salud y colegios. No obstante, ello difiere del que pusieron los altos cargos estadounidenses, quienes mencionaron como potenciales usos a centros de datos, minas y puertos.

Ante ello, el titular de la cartera peruana de energía y minas, advirtió que el éxito de la iniciativa “no depende únicamente de capacidades técnicas o de un marco regulatorio adecuado, sino también de la confianza y participación informada de la sociedad”.

A fines de septiembre, el día 28, la Embajada estadounidense anunció que Perú, ya participante del programa, pasaba a ser socio bilateral. El Salvador, el más adelantado, firmó con el secretario de Estado Marco Rubio su memorando en febrero de 2025 y proyecta su primer reactor para 2030, según la prensa salvadoreña. Luego le han sucedido Ecuador en abril del 2026, República Dominicana en junio, y en Colombia en septiembre.

“Estamos aquí primero”, la geopolítica de la cooperación nuclear

Las firmas se suceden con intervalos cada vez más cortos, de San Salvador a Asunción y ahora Lima. El embajador Navarro sostuvo que “no todos los proveedores de energía nuclear son iguales” y que “por eso estamos aquí primero”, con una diferencia que atribuyó a la tecnología estadounidense frente a la rusa y la china, sin restar méritos a la europea.

En la rueda de prensa, dijo que su gobierno quiere asegurar que no haya dependencia en la red eléctrica de Lima, y lo calificó de importante para el país. En la conversación, una colega le preguntó si imaginaba un escenario en que empresas chinas pudieran apagar las luces de la capital y eso fuera una amenaza para la seguridad nacional. El embajador evitó confirmar o descartar ese escenario. “No estoy especulando. Mi trabajo no es especular sobre eso, sino asegurar que traigo tecnologías que ayuden al Perú a tener una mejor vida diaria”, sostuvo.

El contexto añade una dimensión concreta a ese diálogo. Las dos distribuidoras que atienden Lima pertenecen hoy a empresas estatales chinas. Luz del Sur es de China Three Gorges, y Pluz Energía, antes Enel Distribución y con concesión en el norte de Lima y el Callao, es de China Southern Power Grid, cuya compra por unos 3.100 millones de dólares se cerró en junio de 2024 tras la autorización condicionada del Indecopi. Durante esa compra, la Sociedad Nacional de Industrias advirtió sobre una concentración total del mercado de distribución limeño. Cuatro años antes, con la venta de Luz del Sur a capitales chinos, el Osinergmin, que fija las tarifas de distribución eléctrica, había asegurado que la operación “no afectará a las tarifas de electricidad de sus usuarios” y que supervisaría las compras de energía a empresas vinculadas.

Uso nuclear, pero civil

La expresión designa el uso de la energía nuclear para producir electricidad, fabricar medicinas e investigar, frente a la rama militar, que busca armas o propulsión naval. La física para ambos fines es la misma. La diferencia está en el diseño y en la vigilancia del OIEA, que verifica que el uranio y el plutonio no terminen en armas. Perú opera un reactor de investigación bajo ese control y aprobó en 2001 un protocolo adicional que amplía las verificaciones.

Dos asuntos siguen abiertos. Sobre el uso militar, la respuesta oficial es limitada. Las propias palabras del subsecretario sitúan el proceso en una fase aún muy temprana, pues su meta, dijo, es “identificar un sitio”, por lo que el millón de dólares tiene como fin financiar “estudios de factibilidad”. Entre las aplicaciones posibles de un microrreactor mencionó “un centro de datos, un puerto, una base militar”, sin que exista, por ahora, un proyecto concreto anunciado para el Perú.

Por otro lado, la visita sumó 20 millones de dólares del Departamento de Estado para el reabastecimiento aéreo de los F-16 Block 70 y 4,5 millones para la Base Naval del Callao.

Más allá del simbolismo del acto, el alcance formal del documento es acotado ya que se trata de un acuerdo de cooperación nuclear civil, de carácter no vinculante y de Estado a Estado. En términos prácticos, fija una intención política y abre una vía de asistencia técnica y capacitación, sin crear obligaciones jurídicas para ninguna de las dos partes, por el momento. Cualquier transferencia de tecnología o material nuclear exigiría un instrumento posterior, el llamado acuerdo 123, que sí sería vinculante y que, por ahora, no figura en la agenda anunciada.

En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

Mi relación con la imagen había comen­zado antes. Entre los 18 y los 26 años trabajé como modelo de pasarela. Acostumbrada a ser dirigida por fotógrafos, marcas y direc­tores de arte, conocí la distancia entre la imagen que otros construían de mí y cómo yo me percibía. Aunque mi apariencia respondía a ciertos ideales de belleza, yo no me sentía segura de mí misma y expe­rimentaba pánico escénico. Comprendí que nuestra autopercepción no siempre coincide con la mirada ajena.

Desde 2011 realizo autorretratos. Mi­rando hacia atrás, creo que, quizás incons­cientemente, esta práctica surgió de la necesidad de pasar de objeto de represen­tación a sujeto capaz de decidir, construir y cuestionar mi propia imagen. Mi cuerpo se convierte en un medio para explorar cómo construimos la identidad: me trans­formo en diversos personajes y encarno múltiples roles y estereotipos.

Para las mujeres, el autorretrato fotográfi­co ha sido una herramienta de exploración, afirmación y construcción de la identidad, así como de emancipación. Ya en el siglo XIX, la condesa de Castiglione, uno de mis referen­tes predilectos, a quien descubrí durante mi investigación de tesis en París, experimenta­ba con su imagen mediante retratos escenifi­cados. Más adelante, Claude Cahun y Cindy Sherman utilizaron su cuerpo para encarnar personajes y cuestionar las convenciones de la representación femenina.

En I Am Your Fantasy (2023), mi expo­sición individual en Bruselas, exploré la sexualización femenina y cómo la iden­tidad puede convertirse en una fantasía construida bajo la mirada ajena. En algunas obras me autosexualicé deliberadamente, recurriendo a códigos del erotismo, la por­nografía o el BDSM. La provocación no es un fin en sí mismo: me interesa incomodar la mirada y preguntarnos cuándo el deseo es verdaderamente nuestro y cuándo en­carnamos expectativas ajenas. La seduc­ción puede ser una herramienta de poder, pero también un arma de doble filo: puede emanciparnos o extraviarnos en la fantasía de otra persona. La fantasía como construc­ción de identidad es un cuestionamiento que trasciende el género. Buscando acep­tación y amor, todos corremos el riesgo de dejar de ser para parecer o complacer.

La belleza también atraviesa mi investi­gación como un ideal social que condiciona cómo nos percibimos y somos percibidos. Responder a determinados estándares puede abrir puertas, pero también generar prejuicios y encasillamientos. Al utilizar mi cuerpo como medio de expresión, mi obra corre el riesgo de ser interpretada única­mente desde la apariencia, sin atender a los cuestionamientos que plantea. La belleza puede atraer la mirada, pero también limi­tar lo que somos capaces de ver.

Hace dos años regresé a Lima. Mi arte comenzó a profundizar en una dimensión más introspectiva y existencial, centrada en el autoconocimiento y las tensiones entre lo consciente y lo inconsciente. En UMBRA, mi reciente exposición individual en Casa Fugaz, presentada en el marco de Open Call – Curaduría Abierta, exploro qué existe detrás de los roles que inter­pretamos. Me acerco a los conceptos de Persona y Sombra de Carl Gustav Jung: las máscaras con las que nos presentamos al mundo y aquellos aspectos de nosotros mismos que aún no logramos reconocer o comprender plenamente.

En esta búsqueda aparecen la necesidad de encajar, la persecución de ideales de belle­za y perfección inalcanzable, y las formas de autodestrucción que pueden surgir al inten­tar satisfacer expectativas ajenas. También me interesa la distancia entre nuestra auto­percepción y la mirada de los demás.

¿Cuánto de lo que creemos conocer de no­sotros mismos permanece todavía oculto? La exposición comienza con un iceberg inverti­do, una metáfora que altera la relación habi­tual entre lo visible y lo oculto: aquello que normalmente permanece bajo la superficie emerge, como una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia identidad.

Para mí, el autorretrato va más allá de re­presentar mi imagen. Mi cuerpo y mi rostro son el punto de partida para explorar cuestio­namientos que nos atraviesan a todos: quié­nes somos, cómo construimos nuestra identi­dad y qué permanece oculto detrás de lo que mostramos al mundo. Así, el autorretrato deja de hablar de mí para convertirse en un espejo de la condición humana.

La presidenta Keiko Fujimori recurrió a ese concepto en una columna reciente en la que anunció el uso de “la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza del orden.” La formulación, sin contexto, es correcta en sus términos. El mandato de garantizar la seguridad ciudadana dentro de los cauces legales pertenece al núcleo del Estado de derecho.

Ese mandato, sin embargo, depende de que el andamiaje normativo que lo sustenta sea coherente. Y en el Perú ese no ha sido el caso.

El Congreso ha aprobado en los últimos años una serie de normas que han reducido la capacidad del Estado para perseguir el crimen y ha reinterpretado leyes vigentes para limitar su alcance punitivo. La contradicción más visible se encuentra en la Ley 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de una fecha determinada. Aunque no es la única.

La presidenta invoca la fuerza de la Constitución, pero esas normas, aprobadas con el respaldo del bloque que hoy tiene una porción muy importante en el Senado, contradicen los estándares internacionales que la propia Carta Política incorpora para la protección de los derechos humanos.

La misma lógica se repite en el recurso a las “interpretaciones auténticas” por las cuales han logrado dichas aprobaciones. Ese mecanismo ha sido usado por la mayoría congresal para redefinir el sentido de las leyes al margen del propio orden jurídico interno.

En ese sentido, vale la pena recordar a la presidencia y a las autoridades públicas que la legitimidad de la potestad estatal no es un atributo absoluto sino que tiene sentido en tanto es resultado del cuerpo de leyes que la regula. Y, para pesar de los peruanos y la urgencia que necesitan para atender a sus necesidades imperantes como la mitigación del Fenómeno El Niño y la criminalidad, no es lo que ocurre.

La risa, como decía Sofocleto, es un remedio infalible. Pero insuficiente para curar el mal de raíz. Lo paradójico es que, a pesar de que se la ponen fácil, la oposición no resiste el más ligero embate y se fragmenta. Difícil saber si se trata de corrupción —por ejemplo, ante el pedido de interpelación del ministro de Educación—, miedo o autoritarismo grotesco en una representación tan exigua en la Cámara de Diputados como la que lidera López Chau. Lo cierto es que las explicaciones del senador Gavidia, entrevistado por Rosa María Palacios en su programa Sin Guion, son de una puerilidad sospechosa. Se opuso al partido que le dio la curul —Buen Gobierno— porque “son caviares”. Por supuesto, cuando la entrevistadora le pidió al representante que explicara lo que entendía por “caviares”, ni su profesión de biólogo le permitió esbozar siquiera un atisbo de definición convincente. Lo cual es inevitable, porque es imposible explicar un significante vacío. En cambio, sí hace pensar en el mensaje que está enviando al fujimorismo: ¡soy de los suyos! ¡Odio a los caviares!

Es profundamente desalentador que esto esté sucediendo al inicio de lo que se anuncia como un largo y doloroso quinquenio. También Juntos por el Perú —ya saldrá su “chapa”— se sumó a este transfuguismo compulsivo. Parece improbable que se trate de problemas políticos en sentido estricto. Más bien, serían señales tempranas de su principal interés en el Congreso: ofrecerse al mejor postor. Y todos sabemos cuál es este. Del mismo modo que el filósofo coreano Byung-Chul Han conceptualiza un capitalismo de la autoexplotación, estos congresistas practican la autocorrupción. Apenas pudieron, se ofrecieron para lo que haga falta.

Es penoso e indignante que, mientras el Gobierno demuestra a diario su clamorosa incapacidad para enfrentar los gravísimos problemas actuales y futuros de la sociedad peruana, estos representantes se arrojen en sus brazos. Acaso antes de que los hayan comprado: avisan que están disponibles para lo que haga falta. De nada servirá que hasta un gobernante autoritario, como Bukele, le diga en público a Keiko Fujimori que su viaje ha sido en vano, pues los problemas peruanos no son comparables con los de El Salvador.

Mientras este escenario vergonzoso tenía lugar en El Salvador, en Chincha la bailarina Vania Masías anunciaba que el festival que estaba organizando con Miguel Ballumbrosio fue cancelado por el asesinato de una productora, por lo que tuvo que trasladarse al hotel-hacienda San José (en El Carmen). Ante el crimen organizado, gesticulaciones frívolas, en flagrante negación de la realidad. Cuando más necesitaríamos una oposición unida que nos represente y defienda, varios de sus integrantes se promocionan como facilitadores de la andanada retrógrada encabezada por el fujimorismo.

La salita del SIN ha sido integrada al mundo interno de congresistas que sueñan con esas rumas de billetes de los vladivideos. Aún no están claras, es preciso aclarar, las razones por las cuales López Chau retiró de sus cargos de voceros a Huilca y Holguín. Me temo que, en este caso, el envanecimiento y el afán protagónico del líder del grupito puedan estar siendo determinantes. Lo dramático es que esto sucede mientras se siguen atropellando los derechos de los peruanos, en particular de las peruanas. Más específicamente, de las campesinas. Lo acaba de anunciar Margarita Rojas, presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas. Según revela el editorial dominical de La República, es posible el archivo definitivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Todo esto, que ya es mucho, mientras el fenómeno de El Niño y la minería ilegal avanzan a pasos agigantados. Es imposible no percibir la soledad en que esto deja varados a la mayoría de peruanos, en particular a quienes enfrentan cifras alarmantes de inseguridad alimentaria y dificultades de acceso a servicios indispensables como el agua potable (ver los datos precisos en el artículo de Las Tejedoras en La República dominical, firmado por la ingeniera Nancy Goyburo Reeves, especialista en políticas de inclusión financiera y desarrollo).

No somos los únicos en la región, por lo demás. Acaso por eso se ha sentido una enorme ola de esperanza con el triunfo de Lula en Brasil. Todas las encuestas daban por vencedor al ultraderechista Flavio Bolsonaro, quien huyó de su país para refugiarse en EE. UU. apenas se anunció su derrota. No es que Lula sea perfecto ni la tendrá fácil con el Congreso en manos de personas cercanas al clan Bolsonaro. Es el triunfo de las masas populares contra los algoritmos en manos de billonarios lo que ha generado tanta algarabía. Es un mensaje de esperanza, pues, cuando todo parece perdido, surge del sector popular un hombre como André Janones, quien cambió el curso de la historia.

En todo caso, vale la intención original, porque reconciliar al país es algo imprescindible y todos saludaríamos la iniciativa.

Para esto sería necesario, sin embargo, desmantelar con hechos el aparato antidemocrático gestado por el anterior Congreso y dar señales concretas de una voluntad de vivir en democracia.

Pero no parece ser el caso, porque lo que se está dando es una acumulación de anomalías que se difunden desde las alturas del poder y nos tienen más divididos que nunca. Entonces, en vez de reconocernos como un solo pueblo, estamos agregando odio a la desigualdad.

Es absurdo que el fujimorismo se haya dejado ubicar alegremente en el espacio ultraderechista, que es el principal gestor del odio en todo el planeta. Alberto Fujimori nunca se manejó en el binomio derecha-izquierda y, más bien, cultivó la eficiencia como la base de su gobierno, aunque la verticalidad de su estilo le arruinó buena parte de su vida.

En todo caso, la realidad es una y el fujimorismo de estos tiempos se alinea de modo acrítico con las fuerzas políticas y sociales por las cuales asistimos al espectáculo de un mundo disparatado e incoherente en el que, además, la buena educación es vista como un signo de debilidad.

Todavía está a tiempo el Gobierno para corregir rumbos y afirmar estilos en los que prime la educación y las formas democráticas. Ello supone, ciertamente, medidas audaces como derogar leyes contrarias al Estado de derecho y difundir paradigmas de unidad. De lo contrario, el costo de proseguir con líneas autoritarias va a generar, más temprano que tarde, el advenimiento de un nuevo momento constituyente en nuestro país.

Antes que nada, ante la creciente competencia entre las grandes potencias, Brasil mantendrá una posición de cobertura estratégica (hedging), combinando una estrecha cooperación –principalmente comercial, económica y tecnológica– con China con su continuada integración en las redes tecnológicas, financieras y de seguridad de Occidente. Así, esta estrategia dará continuidad a una histórica búsqueda de autonomía por parte del Itamaraty, evitando un alineamiento automático con cualquiera de los grandes polos de poder. En esta línea, el programa de gobierno del PT plantea una política exterior “cada vez más independiente” y activa, en la que la soberanía constituye un “principio permanente e innegociable”, y rechaza explícitamente cualquier intento de subordinar a Brasil a intereses extranjeros o de reducirlo a una posición de dependencia geopolítica.

Al mismo tiempo, Brasil seguirá buscando consolidarse como un actor protagónico del sistema internacional. En este sentido, resulta significativa la participación de Brasil en el BRICS, del que es miembro fundador y que se ha expandido significativamente en los últimos años. Para Lula, este espacio constituye uno de los instrumentos para promover una mayor capacidad de incidencia de las potencias emergentes en la gobernanza global, junto con el G20 y otros foros multilaterales. Su programa plantea, asimismo, reformar instituciones como Naciones Unidas, la OMC, el FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de hacerlas más representativas y equilibradas. Esta búsqueda de mayor protagonismo también se proyectará sobre conflictos internacionales como la guerra en Ucrania, donde Brasil mantendrá sus esfuerzos de mediación, y en Medio Oriente, particularmente en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde Lula ya ha defendido una solución diplomática.

Una victoria de Flávio Bolsonaro, en cambio, habría implicado un mayor énfasis en Estados Unidos y otros socios occidentales. Su programa proponía retomar con urgencia el proceso de adhesión a la OCDE, ampliar la apertura comercial y ejecutar un plan nacional de integración de Brasil en las cadenas globales de valor, con especial énfasis en la agroindustria, los minerales críticos y la economía digital. También planteaba una mayor aproximación a Estados Unidos e Israel, aunque bajo una diplomacia que el propio programa calificaba de “profesional y pragmática” y que buscaba mantener relaciones con todos los principales polos económicos, desde China y la Unión Europea hasta Estados Unidos y los mercados asiáticos. Durante la campaña, además, Flávio cuestionó algunas de las posiciones del BRICS sobre la reducción de la dependencia del dólar y defendió una mayor convergencia con Washington, incluyendo una posible participación en el denominado Escudo de las Américas.

También en el ámbito regional, Lula y Flávio Bolsonaro representaban visiones distintas sobre el papel de Brasil en Sudamérica. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se retiró de la Unasur en 2019 y suspendió su participación en la Celac en 2020, en un contexto de fuerte divergencia ideológica con varios gobiernos de la región. Lula, en cambio, retomó la participación brasileña en ambos espacios y probablemente continuará apostando por una política regional más activa y pragmática, buscando mantener relaciones con el conjunto del vecindario, independientemente de las diferencias ideológicas. Este será, sin embargo, un desafío particular para su cuarto mandato. Brasil se encuentra hoy entre los pocos gobiernos de centroizquierda de Sudamérica, mientras que la mayoría de sus vecinos están gobernados por fuerzas de derecha o centro-derecha. En este contexto, más que intentar construir una comunidad política afín, Lula tendrá que privilegiar una agenda de intereses compartidos, especialmente en materia de comercio, infraestructura, energía, seguridad y lucha contra el crimen organizado. El Mercosur y la cooperación sudamericana podrían constituir los principales instrumentos para ello.

Para el Perú, este escenario debería servir para relanzar una relación que, más allá del retorno de Lula, resulta estratégica por sí misma. La Alianza Estratégica Perú-Brasil, establecida en 2003 –la primera de este tipo suscrita por el Perú–, perdió impulso en los años posteriores al caso Lava Jato, pero existe hoy una amplia agenda por recuperar. Brasil sigue siendo una potencia regional con un importante potencial para asumir un papel más protagónico en el sistema internacional, por lo que el Perú debería apostar por una relación basada en el pragmatismo y los intereses compartidos: desde el destrabe del Acuerdo de Profundización Económico Comercial y el desarrollo de nuevos corredores interoceánicos hasta una mayor integración de las zonas fronterizas y el combate conjunto contra el crimen organizado. Más allá del nivel de coincidencias ideológicas entre ambos gobiernos, el desafío será traducir esta agenda de intereses compartidos en una relación bilateral acorde con la importancia estratégica de Brasil para el Perú.

No es casualidad que el arte fotográfico orientado al paisaje urbano haya tenido un gran desarrollo en Europa y USA en los años 70 y 80, décadas marcadas por el surgimiento de políticas económicas neoliberales, las cuales aceleraron el crecimiento y la transformación de las ciudades, siendo así caldo de cultivo para el pensamiento crítico desde las artes visuales. En el Perú, el neoliberalismo se instaura algunos años más tarde. Durante la década de los 90 y los inicios del siglo XXI, aquella corriente se posiciona de forma galopante, teniendo como una de sus principales consecuencias el crecimiento y la mutación de los centros urbanos. La migración, la globalización, el libre mercado y una fuerte tendencia privatizadora generan cambios profundos en el perfil de las ciudades. Lima, como ciudad capital, y Arequipa, como segundo gran centro y principal eje del sur andino del país, no escapan a este fenómeno.

En este contexto se instala Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad. La exhibición reúne a un grupo de creadores con base en ambas ciudades -la mayoría provenientes del ámbito fotográfico, y otros identificados con medios más disímiles- que nos presentan proyectos que se detienen a analizar la alteración de estos dos territorios, irrumpiendo no solo en el paisaje de la ciudad, sino también en el paisaje suburbano, y sus dinámicas socioculturales. Mientras que los proyectos vinculados a Arequipa llevan la mirada a aspectos más relacionados al patrimonio, como el sillar y la campiña, las propuestas provenientes de Lima tienen un carácter más heterogéneo, quizás como reflejo de las propias complejidades que toda ciudad capital enfrenta.

En Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad, el territorio en estado vulnerable es un punto de encuentro que se manifiesta formalmente a través de la fotografía extendida, es decir, la fotografía que va más allá de su representación figurativa y tradicional, como un lenguaje interdisciplinario capaz de expresar e interpretar la distancia que separa lo real de sus representaciones, constituyéndose así como una metáfora de la sociedad en términos de análisis crítico de nuestra historia reciente.

La campiña y el desierto, dos territorios, una trinchera.

…

Participan en Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad

Nereida Apaza, Raúl Chuquimia, Jessica Cáceres, Sandra Cáceres, Rafaella Castagnola, Sonia Cunliffe, Ana De Orbegoso, Jorge Luis Dieguez, Sergio Fernández, Mafe García, Sebastián González, Fernando Gygax, Morfi Jimenez, Martín Lopez de Romaña, Leslie Osterling, Ros Postigo, Hans Stoll, Jimy Tapia, Morgana Vargas Llosa, Sergio Urday y Paul Xyu.

Curaduría: Carlos Caamaño.

Presentan: Fundación BBVA y HAY Festival Arequipa.

Desde el 7 de noviembre.

Casa Tristán del Pozo: Calle San Francisco 108, Arequipa.

Sin embargo, la guerra contra Irán fracturó ese vínculo. Desde febrero, el periodista encabeza la disidencia “America First”, convencido de que el conflicto traiciona la promesa de evitar contiendas en el exterior. En marzo, el jefe de Estado lo expulsó verbalmente del movimiento al declarar que “ha perdido el rumbo” y “no es MAGA”, y en abril lo tildó de persona de bajo coeficiente intelectual. Por su parte, el comunicador asegura haber discutido el tema iraní con el presidente unas cincuenta veces en una década, casi siempre en privado, aunque ese dato carece de verificación independiente.

Una votación decisiva para la segunda mitad de Trump

Los ciudadanos estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, en los célebres comicios de medio término. De ese resultado depende que el gobernante conserve la mayoría legislativa durante sus dos últimos años de gestión, con lo cual leyes, presupuestos y nombramientos quedarían sujetos al equilibrio parlamentario. En ese contexto, la contienda con Irán, que supera los ocho meses, se ha instalado en el centro del debate.

La alerta de Carlson sobre la Montaña Pica

Carlson publicó ahora un texto según el cual la administración, presionada por Netanyahu, “podría estar a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán”. El presunto blanco sería la Montaña Pica, donde la inteligencia israelí sostiene que Teherán retomó el enriquecimiento de uranio. A su juicio, ninguna munición convencional atraviesa 300 pies de granito, de modo que solo quedaría la vía atómica, y cita a un observador informado para señalar que “Bibi llama a Trump al respecto todos los días”.

En su relato, la decisión llegaría hacia el 7 de noviembre y el inquilino de la Casa Blanca “está dudando”, aconsejado por JD Vance y Steve Witkoff, defensores de un pacto. No obstante, el autor vaticina que, tras el primer disparo, “la Tercera Guerra Mundial es inevitable”, y lamenta que Washington haya avanzado dormido hacia ese punto. Remata con un llamado a la ciudadanía global, a la cual considera ignorada hasta ahora.

El Ejecutivo no ha corroborado en público semejante plan, y el escrito carece de documentos o fuentes identificables. Entre tanto, Trump amenaza desde julio con bombardear ese complejo si no se firma un acuerdo.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer. Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war. To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha. The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people. And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final. We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it. Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made. They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making. One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

Las críticas de proTrump a Carlson

La reacción en el campo conservador llegó de inmediato. Emmanuel Rincón sostuvo que el presentador aborda el asunto a solo dos días de la cita electoral y “aparentemente con el único propósito de perjudicar a los republicanos en las urnas”. De ser veraz lo revelado, añadió, “podría equivaler a traición, exponiendo operaciones militares y poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses”. En cambio, si carece de sustento, calificó el gesto como igualmente bochornoso, y concluyó que Carlson “ha cruzado todas las líneas de decencia”.

En ese interín, el excolaborador de Fox, distanciado del Partido Republicano, afirma que tampoco respaldará a los demócratas.

With just two days left before the midterm elections, Tucker Carlson is talking about an alleged U.S. nuclear strike on Iran, seemingly with the sole purpose of hurting Republicans at the polls on Tuesday. If what Carlson is revealing is true, it could amount to treason, exposing military operations and putting American troops at risk. If it is false, it is equally disgraceful, as he is doing so solely to damage Republicans electorally ahead of the election. He has crossed every line of decency.

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 2, 2026

El costo de la guerra con Irán para Estados Unidos

La ofensiva, desatada el 28 de febrero por Washington e Israel, acumula una factura abultada. Un cálculo de CENTCOM difundido por AP, con corte al 16 de octubre, la sitúa en 47.100 millones de dólares, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) había estimado unos 38.000 millones hasta el 1 de agosto, con un incremento cercano a 3.000 por cada mes adicional. A ello se suman, según el Inspector General del Pentágono, al menos 18 militares muertos hasta el 30 de junio.

El impacto no se limita al erario. En efecto, el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz encareció el galón de gasolina de 2,98 a 4,52 dólares entre febrero y mayo, de acuerdo con la Universidad de Brown, y empujó la inflación anual por encima del 4 %, un nivel inédito en tres años. Por su parte, la CBO prevé que los precios del primer trimestre de 2027 se ubiquen medio punto porcentual sobre lo proyectado antes del conflicto.

El desgaste se refleja, además, en los sondeos. Reuters/Ipsos midió un respaldo de 31 % a la intervención a fines de agosto, y Marquette halló que 79 % de los adultos juzga que no valió la pena. Entretanto, los demócratas lideraban 44 % a 37 % la preferencia legislativa en septiembre. Pese a haber prometido una campaña de pocas semanas, el mandatario admite ahora que nuevos bombardeos siguen sobre la mesa pasado el 3 de noviembre.

El Proyecto Educativo Nacional al 2036 plantea la inclusión y la equidad como propósito, reconociendo que la igualdad puede requerir respuestas diferenciadas, por lo tanto, una vacante es apenas el comienzo.

Incluir no significa dejar de mirar los aprendizajes y evaluar no debería servir para comparar, sino para conocer qué aprende cada estudiante y qué necesita para progresar. En esa línea, la ENLA 2026 contempla adaptaciones y apoyos para su participación en igualdad de condiciones.

Sin embargo, como madre de una niña con discapacidad, he aprendido que la pregunta no es solo si mi hija está dentro de un aula, sino qué oportunidades tiene allí para aprender, participar y ser autónoma. Mi experiencia en política pública y conversaciones con especialistas que acompañan escuelas en el enorme reto de la inclusión me confirma que crear una política o servicio es apenas el primer paso. Para funcionar se necesitan capacidades, recursos y articulación.

Cuando un niño no logra ser incluido, solemos mirar a la escuela. Pero la escuela es la última milla de un sistema mayor. Para participar en igualdad de oportunidades deben funcionar los servicios de salud, de protección social, de transporte; los servicios debieran ser accesibles, los docentes debieran estar acompañados y las escuelas debieran contar con materiales y apoyos diversos.

Por eso, debemos hacer de la inclusión una capacidad del sistema: fortalecer los servicios de apoyo educativo, articular sectores y mirar trayectorias: participación, aprendizajes, progreso y culminación.

No necesitamos escuelas excepcionales. Necesitamos un sistema capaz de sostener a cada escuela, para que la inclusión deje de depender de la buena voluntad.

Diana Prudencio Gamio, Gerente de Inclusión Social, Educación y Salud, CARE Perú

Al respecto, vale tener en cuenta que la línea de pobreza monetaria se calcula a partir del valor de la canasta básica familiar, la cual para el presente año se ha calculado en 462 soles por persona. En consecuencia, familias con el mismo ingreso de hace doce meses, ante el aumento de sus costos fundamentales, inevitablemente serán clasificadas como pobres. Y eso es un asunto de Estado que requiere acciones que hasta el momento el Perú desconoce.

El Fenómeno del Niño se encuentra activo desde hace algunos meses manifestándose en primer lugar en la reducción de lluvias en la región andina central, lo que ha dañado y a ha generado efectos negativos sobre los cultivos y las futuras cosechas. Por otro lado, al cierre de esta edición, lluvias torrenciales se habían activado en la costa norte. Especialistas consultados por este diario esperan que estas situaciones climáticas impacten mucho más en los bienes de consumo popular, y que para mal de los peruanos, son los que menos pueden sustituirse en el presupuesto de quienes ganan lo mínimo indispensable.

Se sabe que por el momento será el Banco Central de Reserva el que enfrentará, en ese escenario, la presión para elevar su tasa de referencia. No obstante, también, la ciudadanía debería saber que esa medida si bien puede ayudar a contener la subida, también encarecería los niveles de crédito en un período en que la economía ya absorbe los efectos del Niño.

Mientras tanto, el Ejecutivo que exigió celeridad para obtener facultades legislativas e incorporó materias adicionales a las que el Congreso había avalado hace más de diez días, permanecen sin aplicación concreta. Hasta el momento, la presidenta solo ha anunciado la cancelación de su viaje a España para supuestamente atender la emergencia, pero no ha emitido ningún decreto que apunte a ello.

Es evidente que el Perú necesita la buena voluntad de los dos países. Inclinarse en exceso hacia uno de ellos, como viene haciendo el nuevo Gobierno, es una fórmula de diplomacia chapucera. Era inevitable que el país beneficiado intentara ganar terreno, como ha sucedido. Ahora debemos recuperar nuestro equilibrio.

El nuestro hoy es un caso en que la llamada diplomacia presidencial puede ser más útil que la de una Cancillería opaca. La reciente felicitación a Lula es un buen ejemplo: es el tipo de iniciativa que funciona. No tanto por Lula, sino por el Brasil, importantísimo para el equilibrio regional. Como lo son, vamos, los EE. UU.

Es indispensable que Keiko Fujimori vaya a la cumbre APEC, y entendemos que esa es su intención. La cita empieza el último día que León XIV pasará en el Perú, lo cual puede complicar la logística. Pero sus fotos tomadas en esa cumbre son de gran importancia, y Fujimori debe ir asesorada por políticos.

Donald Trump ha dicho que va a ir hasta Shenzhen, donde será la reunión. A lo que no se ha comprometido es a reunirse con el anfitrión Xi Jinping y Vladimir Putin, en lo que sería una suerte de reunión de Yalta, sin ganadores de ninguna guerra. Hay una neutralidad que muchos en el mundo desean y que el Perú podría encarnar en su mensaje.

Así, en lugar de promover funcionarios adictos a Washington y sus políticas, el Gobierno podría empezar a diseñar una estrategia de no alineamiento activo que les quite a todas las potencias las ganas de interferir en los asuntos peruanos. Hay una vocación de no alineamiento peruano que viene desde los años setenta.

Quizás es mucho pedir, pero una foto de Fujimori flanqueada por los embajadores de China y los EE. UU., de preferencia en la puerta de Palacio, haría maravillas para nuestra ubicación geopolítica. En el fondo, tampoco les haría daño a los dos embajadores, pensamos.

Silva rechaza esas acusaciones, las cuales se apoyan en un programa llamado Pangram, que detecta la factura o participación de IA en un texto. Pangram es la versión IA de Turnitin, que se utiliza para detectar plagios vulgares y silvestres, sobre todo de estudiantes. Pero el plagio es un asunto académico, mientras que el uso de la IA está sobre un horizonte industrial.

La librería en línea Goodreads ya en 2024 había mostrado una lista de algo más de 100 libros que consideraba escritos por la IA. Nada notable, nada premiado; en general, libros del montón, como se suponía que podía producirlos una máquina electrónica. Lo que hace la diferencia con el libro de Silva (2026) es, obviamente, el premio latinoamericano.

Pero al lado de los debates sobre si un libro viene de la IA o no, están las discusiones sobre qué espera un lector de una novela. En un primer momento se estaba exigiendo que ella pareciera escrita por un humano. Pero ahora parece que se le reclama, sobre todo, que sea un libro de calidad, es decir, que no sea robótico. ¿Cuál es ese libro?

Todavía no han aparecido, que sepamos, ni la obra ni la máquina que hayan irrumpido en los mundos del bestseller o del premio mundial. Al revés, el libro IA es un personaje clandestino de la literatura. Allí vemos a Silva defendiendo la humanidad de la novela que firma como suya, y que quizás lo sea, ¿por qué no?

Podemos imaginar al editor que ya prepara una colección de los mejores libros de la IA y la formación de un público adicto al género. Quienes todavía no hemos leído uno solo tenemos dificultades para imaginarlos. Si así sucede en la narración, la cosa puede ser más reumática con la poesía, de la que sí hemos leído algo.

Además, estos centros de enseñanza del chino llevan muchos años en los campus donde fueron acogidos, sin indicios de haber comprometido la autonomía académica de las universidades o generado situaciones de influencia indebida. Son centros que también prestan servicios al público en general, como quienes desean viajar a China, aprender el idioma o desarrollar vínculos comerciales con ese país.

Pero el embajador no se convence y muestra el garrote: «Y para proteger nuestras colaboraciones en el Perú (...) no podemos trabajar con las universidades que tienen estos institutos».

Cuestionamientos como el de Navarro son contraproducentes para quienes los promueven. Se entiende que Torre Tagle, desde una posición que se pasa de discreta, evite pronunciarse sobre el tema, acaso para evitar controversias innecesarias. Pero en algunos sectores de la comunidad académica estas actitudes generan incomodidad y preocupación, sobre todo por lo que podrían representar para la autonomía universitaria y la cooperación académica internacional.

El argumento de Navarro es que él mismo expulsó a un instituto chino parecido del community college donde era autoridad. Pero es Navarro el que está algo confucio, pues él no es autoridad en el Perú ni en alguna de sus universidades. Los reclamos que viene haciendo están fuera de lugar.

Lo que acaba de hacer Navarro con el texto antichino aparecido en este diario a pedido suyo hace un par de días es, además de ofender a cuatro importantes universidades peruanas, escupirle la sopa a Torre Tagle y a la embajada china en el Perú, que la semana que viene celebrarán 55 años de relaciones diplomáticas. Navarro ha avanzado mucho desde que le metió un mordisco a una hamburguesa de José Jerí.

Al embajador le preocupa mucho la influencia del Partido Comunista Chino en el Perú. Sin embargo, las relaciones de los EE. UU. con los comunistas chinos dan la impresión de ser más amplias, variadas e intensas que las del Perú.

Torpe manejo parlamentario, limitado manejo publicitario, falta de golpes fuertes en el tema de la criminalidad, dificultad para descruzar los brazos frente a algunas facetas de El Niño, política exterior monotemática. Galarreta no ha podido ser el pararrayos de Fujimori, y ella está a la intemperie.

Como sucede a menudo, hay dos versiones. La gente del premier afirma que la relación Palacio-PCM es monolítica. Ese es el movimiento «gabinete para rato» que siempre aparece en estas circunstancias. Ya hay gente buscando un sitio en el avión, una entrevista larga, un selfie de a dos, un entornillador, cualquier cosa.

En la otra versión, Galarreta comenzó a salir cuando apareció el comité asesor de notables, full presidencia. Más que un discreto organismo asesor, es un club de viejos amigos recuperados, que no han aparecido mucho desde que llegaron. Pero al menos no se están quemando en el partidor, ni en el Congreso, ni en los medios.

A favor de la permanencia de Galarreta está su largo paso por la corte keikista. De otra parte, se ha demostrado que Fuerza Popular no tiene muchas opciones de recambio. No parece que los viejos amigos tengan ganas de cambiar su cómoda jubilación política por un ministerio, que siempre será polémico y nunca tan largo.

El tema de los cambios ministeriales pareció cancelado cuando el trompeador Astudillo salvó el pescuezo político; ahora, con estas versiones contrapuestas, reaparece. Como una necesidad de Fujimori: mejores ministros, mejor presidenta. Aunque todavía parece algo temprano para empezar a desguazar el Poder Ejecutivo.

En resumen, las cosas no pintan del todo bien para la generación fujimorista que acaba de llegar al poder. Los ministros más ilustres vienen de otras partes, y algo parecido cabe decir de los parlamentarios de FP más articulados. Al final, uno pensaría que mejor es ir cambiando ministros que arriesgarse a una vacancia temprana.

En Argentina, al parecer el interés de Palantir estaría en el data center de ARSAT, porque apunta a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). Instalar equipos para "analizar el tráfico" equivale a tener acceso a información sensible de millones de ciudadanos. El impulso proviene de la afinidad de Peter Thiel con Javier Milei y del régimen de incentivos "Súper RIGI" —con beneficios fiscales por 30 años para defensa y ciberseguridad—; por eso se debate si se trata de una alianza o de una cesión encubierta de soberanía digital.

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa implementó Palantir Foundry en la aduana (SENAE). Se reportan éxitos contra el contrabando, pero la opacidad contractual enciende las alertas por riesgos de vigilancia masiva.

Este avance regional responde a un fenómeno global. Palantir creció un 55% en ingresos gubernamentales en 2025 gracias a la demanda de IA militar. Empresas como SpaceX, Lockheed Martin y Honeywell evidencian cómo la tecnología comercial se adapta al uso militar, un terreno donde los conflictos garantizan ventas inmediatas y crecimiento sostenido.

Antes se pensaba que la tecnología no tenía ideología, pero hoy la realidad confirma que no es neutral. Los casos de Ecuador y Argentina demuestran que la soberanía digital y la privacidad importan tanto como la innovación. Se necesita fiscalizar quién controla los datos, para qué y bajo qué reglas. América Latina y, en particular, Perú enfrenta una encrucijada, convertirse en laboratorio de vigilancia extranjera o liderar un modelo soberano que priorice los derechos ciudadanos.

En esta ocasión voy a escribir sobre el ahorro y dejaremos para otra oportunidad el tema de préstamos. ¿Cuál es la forma de ahorro que más me conviene? La respuesta siempre dependerá de mi preferencia por la liquidez y por el riesgo, teniendo presente que el resultado final siempre debe incluir que no se debe poner todos los huevos en la misma canasta.

El mundo nos ofrece diversas formas de ahorrar, cada una con diferentes grados de liquidez y de riesgo. Por ejemplo, si queremos disponibilidad casi inmediata (es decir elevada liquidez) y no queremos correr riesgo, entonces escogeríamos una cuenta de ahorros en una institución financiera. El riesgo, en términos prácticos, casi no existe, porque hay una exigente supervisión que además incluye un seguro que cubre cada depósito hasta por S/ 123,000. Esto es cierto para todas las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS). En resumen, una cuenta de ahorros supone un grado de máxima liquidez con bajísimo riesgo. Ojo, si una entidad no es supervisada las formas de ahorro que ofrece son de alto riesgo.

Casi todo el mundo sabe que si estoy dispuesto a comprometer mi dinero por un plazo, las instituciones financieras supervisadas (IFIS) están dispuestas a ofrecerme una mayor tasa de interés. Esto es porque a cambio estoy sacrificando liquidez: ya no puedo tener mi dinero cuando quiera sino cuando venza el plazo. Ojo que al seguir siendo una IFIS la que ofrece el producto el riesgo sigue siendo prácticamente nulo.

Ahora veamos el rol del riesgo en el ahorro. Aparte de sacrificar liquidez, la única forma de obtener un interés más alto es asumiendo más riesgo. Esto es una verdad absoluta y el lector haría bien en no creerle ni un ápice a quien le diga que le ofrece un mecanismo “seguro” de ahorro. Eso no existe, como lo saben todos los estafados. Habrá quien piense que la cantidad de riesgo que le están ofreciendo por sus ahorros es “razonable”, pero si le dicen que no hay riesgo, es mentira. Si hay algo que parece demasiado bueno para ser verdadero, con seguridad no lo es.   

 Dicho esto, veamos qué tipos de ahorro nos ofrecen un mayor retorno a cambio de mayor riesgo. Para empezar, las IFIS ofrecen diversidad de fondos mutuos, con mayor o menor riesgo, y consecuentemente mayor o menor retorno. Las empresas también ofrecen distintos tipos de deuda, a los cuales se puede acceder a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB). Registrarse con una SAB para poder acceder a estos productos es muy fácil hoy en día. Existen “apps” que facilitan enormemente el proceso. Además, es bueno saber que, sin que ofrezca ningún seguro, por la naturaleza del negocio, las SAB se encuentran estrictamente supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

En el mercado hay una relación directamente proporcional entre el riesgo asumido y el retorno obtenido. La diferencia de riesgo entre distintos productos puede ser muy grande y consecuentemente también el retorno. Así, la inversión en un producto como una deuda de corto plazo, por una empresa de prestigio, que cuenta con un capital mucho mayor que el que se está ofreciendo y que ha emitido deuda similar anteriormente se puede considerar “apta para todos”. Más riesgosa y por lo tanto más apropiada para inversionistas veteranos sería una deuda a largo plazo, por una empresa poco conocida, en el cual el monto ofertado es un porcentaje elevado de su capital y que está emitiendo por primera vez.

Otra fuente de productos de ahorro son las compañías de seguros. Aparte de los seguros puros también ofrecen una diversidad de productos atados a algún tipo de seguro. Como sus obligaciones son generalmente de largo plazo, los productos de las compañías de seguro son usualmente de largo plazo.

Los ahorros también se pueden destinar a acciones en la bolsa, para lo cual también se usará los servicios de una SAB (ver arriba). Las empresas listadas pueden ser peruanas o extranjeras, desde una minera local hasta un tecnológica estadounidense. Al comprar una acción nos volvemos socios de la compañía. Un socio tiene derecho a dividendos, un pago que una empresa puede hacer con mayor o menor regularidad dependiendo en cómo le vaya. Cuando se desee salir de la sociedad, se podrá vender la acción a través de una SAB, con la ganancia o pérdida que se refleje en el precio. Si bien en plazos cortos los retornos de estas formas de ahorro pueden ser sumamente volátiles, en plazos largos tienen un retorno mayor a casi todos los productos alternativos. Por ejemplo, el retorno promedio del Índice de la Bolsa de Valores de Lima ha sido de más de 15% anual en los últimos diez años, lo cual se compara muy favorablemente a una tasa promedio de los depósitos a plazo de hasta un año 4% en el mismo periodo. Por ello, es recomendable destinar a este tipo de inversiones dinero con el que no se piensa contar en un largo plazo, como, por ejemplo, ahorros para el retiro. Y, no hay que olvidarlo, en la bolsa no hay ninguna garantía de nada, se invierte a su propio riesgo.

Esto es un breve resumen de los productos de ahorro disponibles para el público. La brevedad me ha forzado a no mencionar muchos productos (factoring, Fibras, aportes voluntarios a AFPs, etc.) pero creo que es una buena guía. También es importante que puede haber otros factores que afecten nuestra elección de producto: la cercanía, la familiaridad y el grado de confianza, por ejemplo. Pero el lector también debe saber que en estos días de transacciones por internet, estos factores van perdiendo importancia. Lo que no pierde importancia es cuánto me van a ofrecer a cambio de mi dinero. La cantidad de productos a su disposición es amplia, pero no se maree. Puede empezar por alguno que le sea conocido. Pero luego busque qué productos le ofrecen comparativamente los mejores retornos.

En función a su preferencia por liquidez y riesgo, y teniendo siempre la prudencia de “diversificar”, es decir, no poner los huevos en una misma canasta, usted tiene más opciones, más seguras para ahorrar que cualquier peruano ha tenido en la historia. No la desperdicie.    

En efecto, el denominado “nuevo” CPC de 2021 (Ley 31307) se aprobó violando el procedimiento legislativo, sin los dictámenes de comisiones. El Poder Ejecutivo hizo importantes observaciones que no fueron atendidas y la ley fue promulgada por insistencia del Congreso. Pese a que se presentaron hasta tres demandas con suficientes argumentos para declarar su inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional (TC) estaba dividido e incompleto. Tres magistrados pusieron en evidencia que la ley se aprobó sin la deliberación constitucional exigida y exonerada irregularmente del trámite de comisiones, pero faltaron dos votos para expulsarla del orden jurídico.

Al año siguiente, la Ley 31583, también aprobada por insistencia, estableció la competencia (en primera instancia) de la Sala constitucional o Civil de la Corte Superior para conocer los amparos contra actos del Congreso y convirtió así a la Corte Suprema en una segunda instancia. Pero fue en 2024, con la Ley 32153, cuando la intervención política en los controles constitucionales llegó a su máxima expresión. Contraviniendo la Constitución y una vasta jurisprudencia del propio TC que ha reiterado que no existen “zonas exentas de control constitucional”, estableció un procedimiento ad hoc para el amparo contra determinados actos del Congreso, en el que, además, no caben medidas cautelares. Estas reformas se votaron, mientras el Congreso litigaba contra el Poder Judicial ante el TC, instrumentalizando el proceso competencial para interferir en amparos en trámite. Esta última reforma también contraviene la Cuarta Disposición Final de la Constitución, que establece que la interpretación de los derechos debe hacerse de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú. Sin embargo, en el CPC se ha introducido una reforma que pretende limitar los alcances de la jurisprudencia internacional solo a “los procesos donde el Perú es parte”.

No cabe duda de que, más allá de las reglas procesales, se requieren reformas estructurales para optimizar y sobre todo, defender el rol de la justicia constitucional en el equilibrio de poderes y en la defensa de los derechos fundamentales. Lamentablemente, los antecedentes de las últimas reformas anticipan nuevas intervenciones del poder político en el control constitucional, lo que despierta dudas y preocupaciones.

Para despejar esas dudas, en un gobierno que se inaugura, conviene recordar que existe un marco institucional para cualquier reforma de la justicia, incluida la justicia constitucional. La Ley 30942 creó en 2019 el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que reúne a los titulares de los poderes del Estado, el Ministerio Público, el TC, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Su objeto es, precisamente, formular la política de reforma y coordinar su ejecución entre las instituciones del sistema. El Ejecutivo tiene allí su lugar. No se trata de excluir al Ministerio de Justicia, sino de que sus propuestas pasen por el espacio que la ley creó para que ninguna institución reforme sola lo que pertenece a todas. Esto es especialmente relevante tratándose de reformas que inciden en el control constitucional del poder.

Si pensamos en el papel de la justicia constitucional, hay cuestiones de principio que deben salvaguardarse. El control que corresponde al Poder Judicial a través de los procesos constitucionales es, por su propia naturaleza, un bien constitucional que no debiera ser objeto de negociación política en el Congreso. De ahí la preocupación que generan algunos proyectos que rondan el nuevo Congreso y que pretenden restringir o, incluso, anular el poder de los jueces a través del control difuso de constitucionalidad de la ley. La limitación del amparo en áreas como el arbitraje, la justicia electoral o las actuaciones del Congreso requiere un debate, pero debe hacerse cuidando la independencia y la separación de funciones. Lo que corresponde a la Constitución está pensado, precisamente, para no ser manipulado por los gobiernos de turno ni por los intereses de los poderes constituidos, sometidos por ello mismo al control constitucional.

Por eso, porque los problemas de la justicia constitucional no pueden reducirse a un código procesal, su discusión también abarca la propia configuración del modelo de control constitucional. La magistratura constitucional, el perfil del juez constitucional, el diseño institucional, las relaciones entre el Poder Judicial y el TC. Hoy existen juzgados constitucionales en muy pocas localidades. Tendríamos que preguntarnos si no estamos dando un tratamiento diferenciado injustificado al crear juzgados constitucionales en Lima y no en todas las regiones. ¿Por qué la inaplicación de una ley realizada por un juez de primera instancia debe ser ratificada por la Corte Suprema, mientras que ello no ocurre si la inaplicación se realiza en un laudo arbitral? ¿Deben los jueces que realizan control de convencionalidad consultar su decisión a la Corte Suprema o debieran hacerlo al TC? Son cuestiones de diseño institucional que merecen un debate que no puede hacerse desde una comisión ministerial.

Es cierto que los códigos procesales requieren ajustes permanentes. No obstante, la justicia constitucional es más que el CPC, y los intentos de manipulación para restringir los controles han traído consecuencias nefastas en los últimos años. Si el objetivo es optimizar los controles y la defensa de los derechos, respetar el marco institucional para tales reformas legales debiera ser la primera exigencia.

La ironía es formidable. Tantos años de campaña, tantos discursos, tanta promesa de orden, para descubrir finalmente que gobernar exige algo más que ganar una batalla por el despacho. La presidencia no es un trofeo de caza ni un certificado de perseverancia. Se supone que sirve para conducir un país. Pero, a juzgar por la orientación del gobierno, la brújula llegó sin aguja y nadie parece haber reclamado la garantía.

En política exterior, la desorientación alcanza alturas casi poéticas. El Perú, que tuvo una diplomacia capaz de hablar con voz propia, defender el derecho internacional y construir consensos multilaterales, parece haber ingresado en una etapa de silencio asistido. No es prudencia: es esa forma superior de mutismo que consiste en callar incluso antes de saber sobre qué habría que pronunciarse.

El mundo arde, las reglas internacionales se erosionan y las potencias ensayan una política de fuerza cada vez menos disimulada. ¿Y qué ofrece el Perú? Una reverencia bien planchada. Frente al gran aficionado a las hamburguesas, los aranceles y las amenazas, la independencia nacional parece reducirse a elegir por cuenta propia la profundidad de la inclinación de cabeza. No se trata de enemistarse con Estados Unidos, socio esencial del Perú. Se trata de recordar que una alianza no es un contrato de servidumbre.

Y aquí entra en escena el canciller, personaje indispensable de esta comedia de cementerio. Su actuación invita a formular una pregunta presupuestal: ¿por qué una diplomacia que parece seguir el libreto de la embajada estadounidense debe financiarse íntegramente con impuestos peruanos? Quizá sea una nueva modalidad de cooperación: nosotros ponemos el edificio histórico, los automóviles y el sueldo; otros ponen la música. El ministro se limita a bailar, con una disciplina que haría palidecer a cualquier cuerpo de ballet.

No afirmo que reciba órdenes de una embajada. Sería una acusación que exigiría pruebas. Lo que cuestiono es una conducta política que transmite la impresión de confundir la coincidencia diplomática con la obediencia automática. Una cancillería seria puede coincidir con Washington, discrepar de Washington y explicarlo en ambos casos. Una cancillería sin ideas solo necesita aprender a decir «sí» con distintas entonaciones.

Torre Tagle fue escenario de una tradición diplomática que defendió principios incluso en circunstancias difíciles. Hoy, en esta caricatura de política exterior, parece una funeraria de lujo: en una sala velan al multilateralismo; en otra, al derecho internacional; y en la capilla central descansa la soberanía, cuidadosamente maquillada para que parezca viva. El canciller hace las veces de maestro de ceremonias. La presidenta, de deudo distraído. Las condolencias, por supuesto, llegan en inglés.

La gran innovación del ministro sería haber inventado la diplomacia por control remoto. Antes se necesitaban análisis, instrucciones, negociación y criterio. Ahora bastaría una buena conexión con la residencia del embajador. Si algún día se mudara Torre Tagle a un anexo de la representación estadounidense, al menos habría una ventaja: disminuiría el tiempo de traslado de las ideas.

Todo esto sería divertido si no fuera grave. El Perú necesita relaciones maduras con Estados Unidos, pero también una política latinoamericana, una posición propia ante las guerras, una defensa consecuente de los derechos humanos y un compromiso activo con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Necesita, en suma, una política exterior, no una colección de fotografías y silencios.

La tragedia de esta presidencia no es que haya llegado inesperadamente. Es que, una vez instalada, todavía parece esperar que alguien le explique para qué sirve. Y la del canciller es aún más amarga: si algún día deja el cargo, quizá no sepa a qué oficina acudir por su carta de recomendación. ¿A Palacio de Gobierno o a la embajada? En cualquier caso, sería conveniente que la solicite por duplicado: una para su archivo personal y otra para el Museo de la Soberanía Perdida.

Empecemos señalando el error más evidente: “El Senado de la República ha dado la ley siguiente” cuando debió decirse que es el Congreso el que aprueba las leyes. No obstante, el vicio viene de la propia reforma constitucional, que encargó al presidente del Senado —y no al del Congreso, en turno— remitir la autógrafa al Ejecutivo. Un texto que confunde a quien cierra el trámite con quien dicta la ley.

El segundo problema, de diseño, es más serio. El sistema prevé que todo proyecto entra por Diputados y termina en el Senado, pero el propio Reglamento de la cámara “alta” le prohíbe “desnaturalizar” lo que recibe. ¿Qué debe entenderse por “desnaturalizar”? ¿Implica cambiar un artículo, reordenar el texto, corregir un vicio o incluir nuevos considerandos? El trámite evidenció una paradoja única: una cámara revisora que no puede revisar.

La bicameralidad existe para que dos cámaras estudien mejor una ley y que, en el camino, se pongan de acuerdo. Por eso los sistemas serios prevén salidas al choque: la navette o lanzadera, que lleva el texto de ida y vuelta entre ambos cuerpos, o comisiones de diputados y senadores, que concilian un texto para que lo voten ambos cuerpos. Aquí diseñaron un viaje de ida sin vuelta. Al maniatar al Senado, no se protege a los diputados: se vacía de sentido al modelo.

Pudimos ahorrarnos este problema: los vicios estaban a la vista desde 2024, aunque ciertos constitucionalistas hicieron comparsa a la reforma y la bendijeron. Hubo prisa política y hoy falta humildad para reconocer el error. No hay que olvidar que quienes ayudan a diseñar instituciones deben aspirar a la vocación de estadistas: pensar en el bien común de largo plazo, no en el aplauso inmediato ni en la conveniencia del momento.

Hoy no hay votos para consensuar otra reforma constitucional que arregle este diseño, pero sí hay margen reglamentario. Tal vez bastaría con potenciar las conferencias bicamerales —figura ya presente en los Reglamentos— que, ante discrepancias, emitan un dictamen coordinado y lo sometan a votación en ambas cámaras. No es la solución ideal, pero devuelve a la ley lo que la reforma le quitó: la vuelta

Los censos nacionales revelan una sólida implantación del catolicismo en el Perú, pero también un retroceso sostenido. Entre 1993 y 2017, la proporción de católicos disminuyó del 89,2% al 76%. En paralelo, creció el peso de las iglesias evangélicas: sus fieles pasaron del 6,8% al 12,5% en 2007 y al 15,7% en 2017. El mapa religioso se diversifica y las iglesias evangélicas ganan terreno, especialmente entre sectores de la población urbana emergente y en determinadas zonas rurales y amazónicas.

Pero ¿estamos ante un simple reemplazo de una religión por otra? La transformación parece más compleja. Las prácticas religiosas —que no son lo mismo que declarar una afiliación religiosa— siguen teniendo una presencia importante en el Perú, en comparación con otros países de la región. Según el Latinobarómetro de 2024, el 50,4% de los peruanos se considera practicante o muy practicante, diez puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano.

¿Quiénes son los evangélicos?

¿Qué distingue a la población evangélica de la católica? Las diferencias aparecen tanto en el perfil sociodemográfico como en la distribución territorial. Según el censo del 2017, entre los evangélicos hay una mayor proporción de mujeres (54,7%, frente al 51% entre los católicos), de personas que hablan lenguas originarias (21,3% frente al 17,8%) y de población identificada como originaria (34% frente al 29,8%). También presentan mayores porcentajes de analfabetismo (7,8% frente al 5,2%) y una menor escolaridad: el 40,3% de los evangélicos mayores de 25 años alcanzó, como máximo, la educación primaria, frente al 28,4% de los católicos.

La presencia evangélica es particularmente significativa en algunos departamentos amazónicos. En Loreto, Madre de Dios y Ucayali, su proporción fluctúa entre el 20% y el 28%. También se observa una diferencia en la percepción de la propia posición social: el 41,4% de los evangélicos se identifica con las clases bajas, frente al 31,1% de los católicos. Estas diferencias invitan a preguntarse sobre la atracción de las iglesias evangélicas. ¿Se trata de una comunidad que ofrece apoyo y reconocimiento? ¿De una forma de organización religiosa más cercana a las necesidades cotidianas? ¿De una respuesta a la ausencia o debilidad de otras instituciones?

Fe y política: una relación compleja

La religión también puede influir en las preferencias políticas y electorales. En el Perú, la población evangélica presenta, en promedio, posiciones más conservadoras que la católica en asuntos relacionados con la familia, el matrimonio, la sexualidad, los derechos reproductivos y los roles de género. La práctica religiosa también marca diferencias: el 18,9% de los evangélicos se declara muy practicante, casi el doble que entre los católicos (9,8%). Es quizás por ello que una mayor parte de evangélicos que de católicos considera que el futuro será más religioso 32.1% vs 23.3%).

En el plano político, el Latinobarómetro de 2024 muestra que una mayor proporción de evangélicos se sitúa a la derecha del espectro ideológico: el 39,8%, frente al 34% de los católicos. Esto no significa que todos los evangélicos compartan las mismas opiniones ni que su identidad religiosa determine automáticamente su voto.

¿Por qué crecen las iglesias evangélicas? Catalina Romero* aporta un análisis fino de las evoluciones de la diversidad religiosa. Un tema por profundizar es saber en qué medida el crecimiento de los evangélicos se debe a que las iglesias evangélicas promueven una participación activa, consolidan y refuerzan la integración social de comunidades históricamente marginalizadas y crean redes de apoyo allí en donde la protección del Estado es débil.

La relación entre religión y política no es mecánica. En las elecciones brasileñas de 2026, Lula remontó en la segunda vuelta y ganó a Flávio Bolsonaro. Un análisis por zonas electorales encontró que aquellas con mayor presencia evangélica registraron un desplazamiento más favorable a Lula. El resultado muestra que la identidad religiosa puede influir en las preferencias políticas, pero no determina el voto.

La influencia de las iglesias no se limita a las creencias individuales ni a la política electoral. También contribuyen a organizar la vida comunitaria, crean redes de apoyo y movilizan recursos en momentos de emergencia. Durante la pandemia, la iniciativa Respira Perú, impulsada por la Conferencia Episcopal Peruana junto con otras instituciones, movilizó recursos para ampliar el acceso al oxígeno medicinal. Fue un ejemplo de cómo las organizaciones religiosas pueden articular esfuerzos con empresas y entidades de la sociedad civil para responder a necesidades urgentes.

La Iglesia católica también ha desempeñado funciones de mediación en episodios de conflictividad social, como los relacionados con Conga, Bagua, Espinar y Las Bambas. En contextos donde el Estado tiene dificultades para generar confianza, gestionar demandas y establecer canales de diálogo, la Iglesia es percibida como un interlocutor con mayor legitimidad que otras instituciones.

No es casual que las encuestas hayan situado tradicionalmente a la Iglesia entre las instituciones que inspiran mayor confianza en el Perú, muy por encima de los partidos políticos y el Congreso. Su capacidad de mediación depende de las circunstancias, de los actores involucrados y de la legitimidad que le reconozcan las comunidades. La confianza en la Iglesia, sin embargo, ha disminuido. Esta tendencia forma parte de un deterioro más amplio de la credibilidad del conjunto de las instituciones, pero también puede estar vinculada a controversias y responsabilidades propias de las organizaciones religiosas.

Los abusos cometidos en entornos eclesiales, las denuncias de encubrimiento, la falta de transparencia y las respuestas institucionales ante las víctimas han puesto en cuestión la autoridad moral de sectores de la Iglesia católica. La decisión del papa Francisco ordenando la disolución definitiva de Sodalicio de Vida Cristiana ha sido un hito importante en el camino de recuperación de la confianza.

La visita de León XIV ofrece una oportunidad para mirar más allá de las celebraciones y preguntarnos qué lugar ocupa hoy la religión en la sociedad peruana. ¿Estamos ante una sociedad que se aleja de la fe o ante una transformación de sus formas de creer, participar y organizarse?

*Romero, C. (2016). Diversidad religiosa en el Perú. Miradas múltiples. CEP

El marco normativo pro-impunidad que viene siendo inaplicado por muchos jueces en el país, incluye dispositivos para que responsables de violaciones a los derechos humanos escapen de la acción de la justicia por hechos ocurridos tanto durante el período del Conflicto Armado Interno (1980-2000), como por hechos recientes.

Los crímenes recientes que cometan policías y militares deberán, según estas normas, ser juzgados en el fuero militar-policial. Ya saben, acá aplica el clásico “otorongo no come otorongo”. La expectativa es que se limpien crímenes, se absuelva o se den sanciones leves a los perpetradores directos y, sobre todo, se deje sin manchas a quienes dan las órdenes.

Pero en los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados entre los años 80 y 2000, el dispositivo es otro. Acá estamos ante casos que llevan décadas en el sistema de justicia, que son complejos y que en su mayoría están ya en fase judicial o de acusación fiscal. Lo que se aprobó es una aberración normativa que infringe tratados internacionales y que pretende hacer una suerte de interpretación auténtica de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La norma, que Rospigliosi exige que jueces y fiscales apliquen, sostiene que un delito de lesa humanidad es imprescriptible, pero recién si se cometió desde el año 2001 en adelante. Las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas en años previos sí deben prescribir. Esto suena –grita– a ley con nombre propio. Su objetivo es básicamente declarar prescritos en general TODOS LOS PROCESOS contra quienes resulten responsables de torturas, asesinatos y desapariciones, violaciones sexuales sistemáticas y también esterilizaciones forzadas.

Sí hubo esterilizaciones forzadas según fiscalía

La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos ha sacado una resolución dolorosa. Ha señalado explícitamente que “en efecto, existen elementos de convicción que constituyen indicios reveladores de la comisión de los delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, derivados de intervenciones quirúrgicas practicadas sin el consentimiento previo, libre, pleno e informado de las personas agraviadas, debido a los vicios que afectaron su formación o manifestación, lo que les confiere carácter de esterilización forzada”.

La disposición fiscal reconoce que hay, por lo menos, 4172 víctimas, mujeres, esterilizadas en contra de su voluntad. La gran mayoría de Cusco y San Martín, pero reconociendo la existencia de casos de esterilización forzada en 22 regiones.

La disposición individualiza a los presuntos autores, tanto directos como mediatos, encontrando presunta responsabilidad en 52 personas, entre personal médico y administrativo, incluyendo altos funcionarios del régimen de Fujimori como los exministros Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

La fiscalía señala que hay elementos suficientes para sostener que hubo presión directa para cumplir con metas de esterilizaciones en territorios rurales principalmente, pese a que existieron distintas denuncias públicas y privadas del mal manejo del programa y la aplicación irregular de la anticoncepción quirúrgica, lo que estaría volviendo al programa de planificación familiar en uno de esterilización forzada. Entre los denunciantes de esta práctica en la segunda mitad de los años 90 figuran Monseñor Bambarén y la Comisión Episcopal, quienes se quejaron por la presión ejercida a mujeres para someterse a estos procedimientos si es que querían acceder a programas de soporte alimentarios, es decir que usaban su necesidad de alimentación y la de su familia para forzarlas a someterse a los procedimientos quirúrgicos.

En la disposición de la fiscalía se da cuenta también de los casos que terminaron en muerte, como los de Celia Ramos y Mamérita Mestanza. Se citan las sentencias previas de estos casos. Se declara la presunta responsabilidad de altos funcionarios en tanto, en la segunda mitad de los años 90, los ministros y viceministros de salud recibían informe permanente del avance del programa, de los detalles de su ejecución y se emitían directivas para presionar a médicos para el logro de metas numéricas.

Todos los requisitos para llevar adelante una acusación están, pero no se puede acusar. La fiscalía declara en esta resolución que se ve forzada a declarar el archivo del caso.

La acción penal se ha extinguido pese a que son crímenes de lesa humanidad

La resolución es dolorosa como dije, tanto por el contundente contenido en torno a los crímenes, como por la imposibilidad de la acusación penal. Señala explícitamente que “la imposibilidad de continuar con la persecución penal obedece, por tanto, no a la ausencia de elementos de convicción sobre los hechos investigados, sino a la aplicación del régimen jurídico de prescripción vigente”. En la misma disposición de archivo de este caso emblemático de esterilizaciones forzadas, se señala que “esta conclusión, no supone desconocer la gravedad de los hechos investigados, negar las afectaciones verificadas ni restar valor a los elementos de convicción examinados. Por el contrario, la decisión de archivo parte del reconocimiento de que las esterilizaciones forzadas investigadas reúnen los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad”.

Este caso no quedará acá. Las víctimas seguirán persiguiendo justicia. Por lo pronto, lo único que queda claro es que sí fueron crímenes de lesa humanidad y que aún debemos luchar contra la impunidad.

*Gracias a Rocío Silva-Santisteban y a DEMUS por la información para esta columna.