Cuarenta y tres años después, Levy vuelve a mirar el mismo océano y encuentra una señal que le resulta familiar. Las temperaturas del Pacífico central alcanzan este miércoles sus valores más altos desde que existen registros satelitales confiables, y la forma en que el calentamiento se está desarrollando le recuerda al Niño de 1997.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo le explicaría a cualquier peruano qué es El Niño?

Cada ciudadano está acostumbrado a tener, en un mes del año, una condición climática determinada. En Tacna las noches son frías en julio, es lo normal. En Juliaca las madrugadas bajan bajo cero y en febrero llueve con tormentas eléctricas y granizo. Con el mar sucede lo mismo. La comunidad científica ha estudiado qué temperatura le corresponde a cada porción del océano en cada día del año, en función de observaciones satelitales que tienen décadas.

¿Qué es El Niño? Es una alteración de esas temperaturas del mar a lo largo de una porción muy grande del océano Pacífico. Ese calentamiento altera el viento, que es el que nos trae nuestro clima. En Piura deberíamos tener 16 o 17 grados en las noches y estamos con 21 o 22, porque el mar está caliente y la brisa marina entra en contacto con ese calor, como una hornilla que calienta una sartén.

Hoy tenemos un océano Pacífico muy caliente en relación a lo que debería ser en julio, y lo sabemos porque hemos alimentado modelos de computación con inteligencia artificial durante décadas de estudio. Para los peruanos hay dos tipos de Niño. El Niño global se produce en el centro del océano Pacífico y, cuando llega con fuerza a nuestra temporada de lluvias, entre octubre y mayo, una extensa porción del país recibe menos lluvia que lo habitual. Eso significa menos agua para la agricultura, la energía eléctrica, la población y la ganadería.

Ese Niño puede producir una sequía que ocupe la mitad del país, fundamentalmente la mitad sur. Si donde llueve 100 me va a llover 30, ahí sí voy a estar en problemas. En 1983 un episodio importante nos trajo una sequía y murió mucho ganado en el altiplano. Eso es lo que puede pasar en la próxima temporada de lluvias si El Niño global alcanza esa intensidad.

Existe otro Niño, el costero, en una región pequeña del océano frente a la costa norte, desde Trujillo hasta la línea ecuatorial, que llamamos la región Niño 1+2. Como lo indica su nombre, afecta solo a la costa. No afecta a Madre de Dios, Iquitos, Cusco ni Huancayo.

Alejandro Céspedes García: ¿Solo la costa norte?

No, toda la costa. Lima es costa central, ni siquiera está cerca de la región Niño 1+2, pero no tenemos un invierno como es habitual: las temperaturas están más altas. Lo notamos en Ica, en Pisco y en Lima, con mucho más claridad en el norte del Perú. Ese Niño en época seca calienta el aire y afecta a la anchoveta, nuestra principal pesquería, con impacto en toda la cadena de producción de harina de pescado. También afecta la producción de frutas, hortalizas y tubérculos que necesitan frío en invierno. Ahora estamos en el corazón del invierno y el aeropuerto marca 20 grados en vez de los 13 o 14 habituales.

Una vez que empieza la época húmeda, en diciembre, El Niño costero puede producir lluvias importantes en Tumbes, Piura y Lambayeque. Nadie puede predecir cuán fuertes serán. El otro riesgo es que el aire cálido y húmedo del mar, al chocar con los Andes en los valles de la costa, produce huaicos, como pasó en Arequipa en febrero. En 1987 un huaico en Chosica, con solo dos horas y media de precipitación, sepultó a la población y fue el desastre más importante en número de vidas que hemos vivido los limeños por un fenómeno climático. Los modelos con inteligencia artificial sugieren que en el verano podría llover fuerte en la costa norte, pero no sabemos cuánto.

Alejandro Céspedes García: ¿No tendría precedentes por su escala y fuerza?

En este momento las temperaturas en el centro del océano Pacífico son las mayores observadas para junio y julio desde que tenemos datos confiables, desde 1950 aproximadamente. Es menos de un grado de diferencia, pero ahí un grado pesa.

Hemos encontrado una correlación muy alta entre la temperatura del mar en el centro del océano en febrero, marzo y abril y la baja de los caudales de los ríos Rímac y Mantaro, que producen nuestra energía eléctrica. Ese es el riesgo de sequía por El Niño global.

¿La costa peruana está más caliente hoy que hace 200 años? La respuesta es no, estamos en la época más fría del año. Pero según la Marina de Guerra, en la isla Lobos de Afuera, frente al límite entre Lambayeque y Piura, la temperatura del mar está un poco más de 6 grados por encima de sus valores normales. En La Punta está entre 4 y 5 grados por encima.

Alejandro Céspedes García: ¿Ya se ha vivido antes?

En función de las vivencias anteriores vamos reconstruyendo esos datos y aprendiendo a hacer modelos de predicción. Lo que se parece por la estacionalidad en que se genera el calentamiento, al hablar de todo el océano Pacífico, es a 1997. Empezó en la misma época, con una cantidad de agua caliente en la superficie parecida.

Desde 1950 solo hemos tenido tres Niños grandes en el centro del océano: 82-83, 97-98 y 2015-2016. El de los 80 dejó más de un millón de damnificados y fue particularmente extraño porque el periodo lluvioso de abril, mayo y junio fue más fuerte que el de enero a marzo. En mayo de 1983 hubo 30 grados en Lima, algo que no se ha vuelto a vivir. Como me dice siempre el doctor Antonio Mabres, físico y exrector de la Universidad de Piura, lo que algún día puede pasar va a pasar. Por eso es importante el monitoreo, la educación y llevar estos temas a la currícula escolar y a la gestión pública.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué regiones le preocupan más y qué recomendaciones daría a las autoridades?

En 1983 el río La Leche se salió en Lambayeque sin ninguna obra de encauzamiento y en una sola jornada se acumularon decenas de miles de damnificados en Jayanca, Mochumí, Illimo, Pácora y Túcume. En 2017 se salió el río Piura en la ciudad. Tenemos que hacer las obras necesarias para evitar que un solo evento genere 30 mil, 50 mil o 100 mil damnificados, como la desviación de quebradas que ya está avanzada en Trujillo.

En Lima se van a afectar Chosica y Chaclacayo. Las mallas de protección que retienen las piedras están abandonadas y rotas; hay que ponerlas. Hay que proteger a los grandes centros poblacionales, esa es la prioridad: la vida de las personas. El puente lo podemos reponer, la vida no. En Piura o Sullana hacen falta bombas para desaguar rápido las zonas inundadas, no solo por las inundaciones, sino porque el agua empozada genera dengue.

Por el lado de la sequía, hay que tener miles de toneladas de chala y melaza distribuidas en el sur, y pequeñas piscinas para almacenar agua, para no tener una crisis con la ganadería. Son cosas que deberíamos implementar rápidamente. Primero están las vidas.

Alejandro Céspedes García: ¿La agricultura sería la más afectada?

Ya varios agricultores anuncian demoras o cosechas perdidas. La agricultura y la pesca sufren con los Niños importantes, porque las plantas son seres vivos acostumbrados a determinadas condiciones que no se producen. El Perú nunca va a tener en riesgo su seguridad alimentaria, pero sí pueden subir los precios de los alimentos. En 1992 tuvimos una de las peores sequías de nuestra historia moderna y se racionó el agua y la luz en Lima, no por los atentados de Sendero Luminoso, sino porque no había agua para generar energía hidroeléctrica.

Alejandro Céspedes García: ¿Cuál es la principal incertidumbre sobre lo que viene?

Estamos ante un evento importante y la incertidumbre es que no sabemos cuánto va a bajar la lluvia ni en qué porción del territorio, si será en el 20%, el 50% o el 60% del país. El impacto de las lluvias intensas para la costa norte, que es desierto, es tremendo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué recomendación final daría?

Más que al gobierno central, la recomendación es para las municipalidades y los gobiernos regionales, porque cada uno conoce bien su circunstancia. Somos un país donde la gobernabilidad es disfuncional: un ministerio no habla con otro. Hay que asegurar que las obras de infraestructura para riego, transporte, energía o vivienda no se ubiquen en zonas expuestas a huaicos o avenidas de los ríos. A la ciudadanía, estar tranquila, esto es parte de lo que nos toca vivir.

El TC peruano actual dejó de serlo hace años. En octubre de 2022, el pleno presidido por Francisco Morales Saravia abrió una puerta que la Constitución mantenía cerrada desde 1993, permitiendo que el Congreso aprobara leyes con impacto en el gasto público de ejercicios futuros. El fujimorismo, que controlaba el Congreso, recogió esa pelota y la convirtió en una farra fiscal sin precedentes.

Entre 2021 y 2025, el Parlamento aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, 101 por insistencia pese a la opinión negativa del Consejo Fiscal y la Contraloría. El costo anual acumulado supera los S/36,700 millones, el 3% del PBI.

Esta semana, el mismo TC cerró esa puerta. El expediente 00018-2023-PI/TC establece ahora que los congresistas no tienen iniciativa de gasto ni para el presupuesto anual ni para ejercicios futuros. El mismo Francisco Morales Saravia que presidió el pleno cuando se abrió esa puerta firma ahora la sentencia que la cierra. Es el ping pong más caro de la historia institucional reciente del Perú.

El paralelismo con el TC de la dictadura de Alberto Fujimori es inevitable, aunque con una diferencia que lo hace más preocupante.

En 1997, el Congreso fujimorista destituyó a tres magistrados que fallaron con independencia contra la re-reelección del dictador. Hoy el mecanismo fue más sofisticado.

El TC elegido en 2022 por el Congreso de mayoría conservadora resolvió al compás del poder político desde adentro, sin necesidad de coerción externa. La captura fue estructural, no violenta.

El nuevo Congreso bicameral hereda S/36,700 millones anuales de gasto comprometido que ninguna sentencia puede deshacer. La pelota volvió al otro lado de la mesa, pero la mesa ya está destruida.

Lo que el Congreso comandado por el fujimorismo hizo con cuatro años de iniciativa fiscal irresponsable, el TC lo permitió y ahora quiere aparentar que lo lamenta. El país pagará esa cuenta durante años, mientras el TC que la generó sigue en funciones hasta 2027. Y, vale anotar, que a la lista se suma la serie de desacatos a cortes internacionales que ha cometido la mayoría de magistrados.

Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que cualquier investigación académica se inicia con una hipótesis, es decir, una idea que, luego de una labor de recolección de fuentes y de análisis serio, podremos comprobar o descartar. Con el LUM pasa lo mismo: cada cual puede tener su hipótesis, pero, si no investigamos, no sabremos si lo que nos dicen es cierto.

El recorrido inicia con una foto sobre la quema de ánforas electorales en Chuschi en 1980, con la que Sendero Luminoso (SL) inició la violencia. Se muestran las actividades de su líder en la Universidad de Huamanga, así como una carta de la comunidad de Uchuraccay pidiendo ayuda por los ataques senderistas. También hay una foto impresionante de unos estudiantes velando en un aula a su compañero Luis Sulca, asesinado por SL en 1986 en Vilcashuamán por considerarlo un traidor.

Pero quizás la parte más conmovedora es la sala con los videos de las víctimas. El excanciller García Belaúnde narra el caso de su padre, Domingo García Rada, quien sobrevivió a un atentado de SL en 1985, cuando presidía el JNE. También está Georgina Gamboa, que cuenta cómo fue violada por varios soldados en 1980, cuando era una adolescente en Vilcashuamán, y quedó embarazada a los 17 años.

Por ello, el LUM no tiene un guion parcializado, sino que hace el esfuerzo de mostrar todas las dimensiones de la violencia, las heridas abiertas y el impacto en nuestras vidas, lo cual nunca será una tarea fácil.

Pero no me tienen que creer. Visiten el LUM de manera presencial o virtual (https://lum.cultura.pe/visita360) con su propia hipótesis, pero, sobre todo, con la convicción de que el Perú no se puede arriesgar a que el olvido forzado venza a la memoria pendiente.

La pelota ha sido embarrada, y no solo por él. La senadora paraguaya Celeste Amarilla puso su escandalosa cuota de racismo al insultar a Kylian Mbappé; algunos árbitros hicieron lo suyo al convertir al VAR en un oráculo sospechoso, tal como ocurrió en el partido entre Argentina y Egipto; la ultraderecha española ha atacado a Lamine Yamal, jugador de su propio equipo.

Muchos aficionados, como el suscrito, cavilamos entre la pasión y la decepción. Sabemos que el fútbol se ha convertido en un meganegocio, que la FIFA hace y deshace cual potencia mundial informal, que se maquina para que las "estrellas" siempre salgan bien libradas y los dólares también. Que la geopolítica ha entrado a este Mundial 2026 cometiendo grotescos fouls.

Aun así, la nobleza del fútbol no ha quedado totalmente fuera de juego. Tuvimos a un heroico equipo de Cabo Verde, que se rebeló contra el poder y el destino; todavía tenemos en acción a un austero Erling Haaland, que mete goles con una serena y asombrosa determinación nórdica; y a los jugadores y entrenadores de más de un equipo, que levantaron la voz por Palestina.

En cierto modo, quizás haya sido mejor que la FIFA se desnude de ese modo, que el escándalo sea de tal magnitud que ya no se pueda meter debajo del césped. En algún momento, quienes salvarán este hermoso deporte no serán los Trump ni los Infantino, sino personas como Lise Klaveness, la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, una mujer de otra estirpe ética.

La exfutbolista denunció las tropelías de Catar 2022 contra los trabajadores migrantes y ha abogado por el respeto a los derechos humanos en los torneos. Desde esa cancha puede venir la posibilidad de que un día no sintamos que el Mundial es una feria de tráfico de influencias, sino un episodio donde los poderosos no siempre son dueños de la pelota.

Sin embargo, habría que poner aún entre comillas a la 'oposición'. Este título no se obtiene al momento de la elección, sino que se gana conforme se actúa frente al régimen. Cabría recordar la vieja mala práctica del fujimorismo de cooptar parlamentarios de 'oposición' y volverlos útiles a sus pretensiones, sea a través de votos explícitos o de inasistencias en momentos clave.

En el caso de la Cámara de Senadores, este riesgo es mayor. FP y RP tienen juntos 29 senadores —si es que López Aliaga cumple su palabra y no se presenta a juramentar—, mientras que la incipiente coalición parlamentaria de JPP, Obras y AN tiene 23 senadores. Los votos de BG, siete, permitirían un triunfo de la oposición por un voto. Esta elección es central, pues, al existir un escenario de empate permanente en esa cámara, el voto de quien presida el Senado se vuelve dirimente.

Si esto es así, es vital que la ciudadanía que votó en contra de Fujimori —más de nueve millones de personas— interpele a las fuerzas políticas que se han autoproclamado de oposición para que cumplan con un mandato democrático central: asegurar un contrapeso en el poder. El equilibrio de poderes se ha roto gracias al desempeño del Congreso que se va y de los títeres que ocuparon el sillón presidencial. Esta situación puede verse agravada si el fujimorismo logra capturar nuevamente el control de las mesas directivas.

Oposición con memoria

Los autoritarismos, como el que encarna una fuerza política como el fujimorismo, buscan imponer su dominación sobre la base del miedo represivo, pero también de la hegemonía cultural. En otras palabras, esperan tener legitimidad en su acción. Por eso necesitan instalar maneras de interpretar la realidad que les convengan, al punto de transformar acciones violentas en necesarias para la salvaguarda de la nación.

La llamada posverdad, la distorsión antojadiza de la verdad, ha estado presente en la política de los Fujimori: del padre en los noventa y de la hija en la última década. Ser oposición democrática hoy en el Perú requiere actuar con memoria. Requiere posicionarse contra las políticas de olvido, de impunidad y de cinismo. Por tanto, junto con mantener un mínimo de equilibrio de poderes, salvaguardando las mesas directivas del nuevo Congreso, la oposición tiene que implementar una agenda de desmantelamiento de las leyes de impunidad que buscan liberar de culpa a policías y militares que hayan violado derechos humanos, tanto en escenarios recientes de represión como respecto de quienes hayan sido artífices o autores mediatos de graves violaciones de derechos humanos en contextos de lesa humanidad.

La memoria que quieren borrar

Hoy existe una oposición valiente a las políticas de impunidad en el Poder Judicial. Algunas magistradas y algunos magistrados han demostrado que la defensa de los derechos fundamentales está por encima de la imposición violenta de la impunidad, y sufren represalias.

Por ejemplo, la última sentencia en el caso de Pedro Huilca Tecse, que declara la nulidad de la absolución de Montesinos, Rivas y otros miembros del Grupo Colina, debe ser leída con atención y saludada como un esfuerzo de la Corte Suprema por defender el derecho a la justicia.

La sentencia señala que el juicio debe volver a llevarse a cabo, pues los jueces que revisaron el caso en primera instancia no fundamentaron adecuadamente las razones de la absolución y no valoraron las pruebas aportadas por la Fiscalía y la familia de Pedro Huilca.

La sentencia rebate la supuesta desactivación del Grupo Colina a finales de 1992 y recuerda que incluso en 1993 seguía operando de manera puntual al servicio del régimen. También expresa extrañeza por la ausencia de valoración del testimonio y de las misivas escritas por dos exagentes de inteligencia, integrantes del Grupo Colina, quienes señalan que este comando paramilitar recibió la orden de asesinar a Huilca por ser un opositor al régimen.

Ahí es donde creo que radica la vigencia del caso de Pedro Huilca y lo que nos permite conectar el pasado con el presente. La sentencia señala la necesidad de evaluar adecuadamente el contexto en el que se desarrolla el asesinato de Huilca, líder sindical excepcional en el país, en un momento clave de la historia. Huilca fue un verdadero opositor al régimen de Fujimori y un organizador de la resistencia ciudadana frente a la imposición del autoritarismo neoliberal de Fujimori. Su asesinato, señala la sentencia, no es un crimen más: se inscribe en una política estatal de eliminación selectiva y, por tanto, en un contexto de lesa humanidad. Si se demuestra la tesis fiscal, se desbarata el relato de una persecución dirigida únicamente contra supuestos senderistas.

Esta sentencia desafía los nuevos intentos de impunidad normativa del fujimorismo, como la Ley 32107, que promueve la prescripción de los delitos de lesa humanidad. En el ejercicio de su potestad de control de convencionalidad, los magistrados asumen una posición garantista y señalan que este caso tiene repercusiones en el presente. Así, el asesinato de Pedro Huilca en 1992 puede ser una pieza clave para poner en evidencia la lógica autoritaria del nuevo régimen de la hija del exdictador.

Por si no lo conocen, el texto del artículo 79 de la Constitución dice: 'Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto'. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional leyó ese artículo en 2022 e interpretó que ahí decía exactamente lo contrario? ¿No es acaso prevaricato? Ni crear, ni aumentar. Punto.

Los asesores económicos de Fujimori ya lo habían advertido. Luis Carranza lo reiteró en varias entrevistas durante el verano: el Congreso no puede seguir gastando de manera demencial. Con la interpretación complaciente del TC, cualquier ministro de Economía queda con las manos atadas. Ninguno medianamente decoroso aceptaría el cargo en esas condiciones, pues no sería más que un portapliegos del Congreso. Por eso, Keiko lo insinuó en campaña: dijo que los congresistas “no tienen iniciativa de gasto” y que pediría “una evaluación al TC”. Claro, después de que su bancada aprobara todas las leyes que contribuyeron al agujero fiscal que ahora hereda. Vaya hipocresía.

Más rápido que volando, el TC ha cumplido las órdenes, antes de que jure la presidencia. El Ejecutivo de Boluarte, en 2023, demandó la inconstitucionalidad de la ley de reubicación voluntaria de la Zona Baja del distrito de Belén, en Iquitos. No tenían ni evaluación ni programación presupuestal. Pasaron ¡dos años y medio! Y, súbitamente, el 16 de junio el TC decidió que “variaba su criterio jurisprudencial”. Para tapar la vergüenza, desarrollan unos criterios en los que el Congreso sí puede gastar (cosa que sigue sin decir la Constitución) siempre que lo autorice el MEF (cosa que tampoco dice la Constitución).

No puedo estar más a favor de que se enmiende el estropicio, pero aquí hay responsables. Un TC totalmente politizado, al servicio del Congreso, que gobernó el Perú los últimos cinco años con Fuerza Popular a la cabeza, es un desastre económico en marcha. Darle iniciativa de gasto al Congreso es como darle una ametralladora a un niño. Nada bueno sale de ahí. Lo sabían, siempre lo supieron y solo lo enmendaron cuando el viento político cambió. Si el nuevo Senado quiere una sola razón para destituir al TC, aquí tiene una. Falta grave es sentenciar contra el texto expreso de la Constitución. No hay nada que probar porque ellos mismos lo han reconocido. ¿O no?

¿Por qué es importante un Tribunal Constitucional que sí defienda la Constitución? Porque ese es el escenario donde todas las violaciones a los derechos fundamentales se juegan. Defender el capítulo económico de la Constitución, el equilibrio presupuestal, el derecho de propiedad y la libertad de contratar es igual de importante que defender el derecho a la vida. Derecho que está siendo menoscabado también por este espanto de Congreso que, felizmente, ya se va.

Las seis iniciativas para exculpar a policías y militares de crímenes horrendos cometidos contra civiles (asesinato, desaparición forzada, tortura, violaciones sexuales) no son más que la reedición del Manual de Montesinos. En la década del 90 del siglo pasado, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos desarrollaron un esquema jurídico de impunidad para sí mismos, la cúpula militar que los sostuvo y los operadores militares como el Grupo Colina. Fernando Rospigliosi, que en ese entonces combatía ese horror, sabe muy bien cómo termina esa historia: con todos presos. Pero sabe también que el tiempo es un aliado del mal y que, usado para obtener ventaja temporal, puede derrotar a los que buscan justicia.

Un Congreso que le quitó el derecho a los más pobres a contar con un abogado financiado por cooperación internacional para luchar contra cualquier abuso del Estado (Ley APCI) es un Congreso cruel y miserable. Un TC que no corrige tremendo atropello, que valida todas las violaciones al debido proceso perpetradas por el Congreso, no merece quedarse porque no sirve para lo único que debe servir: defender la Constitución que ampara nuestros derechos.

El hecho de que Rospigliosi hiciera aprobar leyes de favor a presuntos y no presuntos delincuentes, policías y militares en retiro y en actividad, en plena campaña electoral, da cuenta de que este es el mensaje de Fujimori. No le importó el costo electoral. Ganó con las justas. Perdió en el territorio nacional. Estas leyes han sido más importantes que el voto popular y que perder en 16 regiones. El mensaje no puede ser más contundente; de ahí el temor fundado de que perderemos muchos más derechos en los próximos cinco años y de que un gobierno de gran represión es no solo posible, sino viable por la impunidad garantizada, aunque sea temporalmente, desde el poder.

Keiko Fujimori recibió la última semana al alcalde de Puno y al de Juliaca. Ellos pidieron una comisión investigadora para los muertos de las matanzas de 2023. Ella les ofreció obra pública. ¿Ese va a ser el tono de su mandato? ¿Obras por muertos? Este TC se debe ir en mayo del próximo año. Se necesitan 40 votos en el Senado para nombrar otro. Eso será imposible si la moneda de cambio es sacrificar el capítulo de derechos fundamentales. Los escenarios son, por lo tanto, durísimos: un TC que, pudiendo ser vacado por faltas graves, se queda muchos años porque está al servicio de Keiko Fujimori y no al servicio de la Constitución. No nos queda sino pelear. Las cartas ya han sido echadas.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2025, publicado esta semana por el INEI, revela que los mayores de 60 años ya representan el 14.8% de la población, frente al 11.7% de 2017, sumando cinco millones de personas. Sin embargo, no es lo más grave.

Las proyecciones del INEI señalan que al 2040, por primera vez en la historia del país, habrá más adultos mayores que menores de 15 años. Es decir de que el Perú envejece sin haber construido la red que necesita para sostener a quienes ya trabajaron toda su vida.

Pero hay otro dato que debería interpelar y motivar acciones de Estado a todos los que toman decisiones en el país. Por ejemplo que siete de cada diez adultos mayores se encuentran ahora fuera del sistema de pensiones, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del INEI.

Actualmente, solo el 22% de la población económicamente activa cotiza a una AFP o a la ONP y, según ese documento, el 45% de los peruanos mayores de 35 años espera que su familia los sostenga cuando ya no pueda trabajar.

Y en ello hay una brecha de género que agrava el cuadro. Entre los adultos mayores con algún sistema previsional, los hombres llegan al 40.4% y las mujeres al 23%, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Ni qué decir de lo que ocurre en las zonas rurales, donde el 53% de las mujeres adultas mayores son analfabetas.

El censo confirma además que departamentos como Puno, Pasco y Huancavelica registran tasas de crecimiento negativas. La gente se va de donde la vida se hace insostenible, y en esos mismos lugares la vejez es más precaria, como vemos con el analfabetismo femenino que supera el 50%.

La reforma previsional aprobada en 2025 mediante la Ley 32123 existe pero todavía espera reglamentación.

Publicar ese reglamento, ampliar la cobertura de Pensión 65 y crear incentivos para que las empresas formalicen a sus trabajadores son decisiones que competen la vigilancia activa de todos.

El Día Mundial de la Población es la ocasión para recordar que el censo acaba de mostrar cuánto tiempo lleva el país postergando esa conversación, como tantas otras, por la falta de políticas de Estado de consenso con base técnica y no impuestas por el gobernante de turno.