En el Perú, como en la mayoría de los países, la pobreza monetaria se define como el porcentaje de personas que viven en hogares cuyos gastos son insuficientes para adquirir la canasta básica de consumo. Es una medida objetiva, basada en el consumo efectivo de los hogares y no en la percepción que estos tienen sobre sus condiciones de vida. Es por ello que constituye una herramienta indispensable para diseñar, monitorear y evaluar las políticas de lucha contra la pobreza. Precisemos que el hecho de que la pobreza se mida en términos monetarios no significa que pueda resolverse únicamente mediante transferencias de dinero. Su reducción sostenida exige generar empleos de calidad, de mayor productividad e ingresos estables. El crecimiento económico es una condición necesaria para lograrlo, pero no suficiente.

Pero el bienestar depende de mucho más que del ingreso. La calidad de la educación y la salud, el acceso al agua segura, la conectividad, la infraestructura y la seguridad ciudadana también forman parte de las condiciones de vida. Estas dependen crucialmente de la acción del Estado y pueden ampliarse con inversión pública, inversión privada o asociaciones público-privadas, sin esperar a que el crecimiento económico por sí solo beneficie a toda la población. Esta idea ha sido ampliamente documentada. En El gran escape, Angus Deaton, premio Nobel de Economía, muestra que, en numerosos países, los avances sanitarios precedieron al crecimiento económico gracias a políticas públicas como las campañas de vacunación, el acceso al agua segura, la electrificación y la educación gratuita. Muchas mejoras del bienestar pueden alcanzarse antes de que aumenten los ingresos de los hogares. Estas políticas no sustituyen al crecimiento, pero amplían las oportunidades, atienden las urgencias y reducen las desigualdades mientras este llega.

Por ello, aunque la pobreza monetaria siga siendo el principal indicador de privación económica, no agota el concepto de bienestar. Una sociedad progresa no solo cuando aumentan los ingresos, sino también cuando mejoran la salud, la educación, la seguridad, la calidad del empleo y el funcionamiento de sus instituciones. Afortunadamente, contamos con un sistema estadístico que permite observar esa realidad desde múltiples dimensiones y perspectivas. Además de la pobreza monetaria, el INEI mide la vulnerabilidad —es decir, el riesgo de caer en pobreza ante un evento adverso: pérdida del empleo, enfermedad o desastre natural— y las necesidades básicas insatisfechas, considerando la calidad de la vivienda, el hacinamiento, la asistencia escolar y la dependencia económica.

A ello se suman indicadores provenientes de otras encuestas, como la ENDES y la ENAPRES, sobre anemia y desnutrición infantil, seguridad ciudadana y calidad de los servicios públicos, así como módulos especializados de la ENAHO sobre empleo, discriminación, asistencia escolar, confianza en las instituciones y otros aspectos del bienestar. Ninguno reemplaza a los demás. Juntos ofrecen una visión mucho más completa de las condiciones de vida de la población que la que podría proporcionar una sola cifra.

A estas mediciones objetivas se suman las subjetivas, basadas en la percepción que tienen los propios hogares sobre su situación económica. La ENAHO pregunta si el nivel de vida ha mejorado o empeorado, si los ingresos son suficientes para cubrir las necesidades del hogar, si estos son estables o si, por su situación económica, el hogar se ve obligado a recurrir a sus ahorros o endeudarse. También consulta cuál consideran que es el ingreso mínimo mensual necesario para vivir adecuadamente. Cuando los ingresos se sitúan por debajo de ese umbral, puede hablarse de pobreza monetaria subjetiva.

Lejos de sustituir a las mediciones objetivas, estos indicadores permiten saber cómo experimentan las personas su situación económica y cuáles son sus expectativas. El bienestar no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también de la estabilidad de los ingresos, de la incertidumbre y de las oportunidades que las personas perciben para mejorar sus condiciones de vida.

Lo notable es que ambos tipos de indicadores han evolucionado de manera muy similar. Entre 2007 y 2019, cuando la pobreza monetaria cayó de 42.4% a 20.2%, también disminuyeron el estrés financiero (de 32.5% a 21.9%), la proporción de hogares que declara vivir mal o muy mal con sus ingresos (de 40.8% a 22.5%), la percepción de inestabilidad de estos (de 42.2% a 23.2%) y el porcentaje que considera que su nivel de vida había empeorado (de 22.3% a 12.3%). La desaceleración económica frenó esa mejora y la pandemia provocó un deterioro generalizado. Entre 2024 y 2025, el estrés financiero se redujo (de 21.0% a 18.7%), al igual que la inestabilidad de los ingresos (de 32.5% a 29.6%), así como la proporción de quienes consideran que viven mal o muy mal (de 25.9% a 23.6%) o que su nivel de vida empeoró (de 24.7% a 17.4%). En el primer trimestre de 2026, comparados con el mismo periodo de 2025, todos los indicadores subjetivos de peores condiciones se desaceleraron significativamente, aunque no tanto como para compensar los años perdidos.

Existe, sin embargo, una diferencia interesante. La pobreza monetaria subjetiva suele disminuir más lentamente que la pobreza monetaria objetiva durante las fases de crecimiento económico. La explicación es conocida como la paradoja de Easterlin o el fenómeno de las preferencias adaptativas: a medida que aumentan los ingresos, también aumentan las aspiraciones y el nivel de vida que las personas consideran aceptable. En consecuencia, la percepción de suficiencia económica mejora con mayor lentitud que los ingresos efectivos.

Precisamente por ello, la discusión no debería centrarse en cuál indicador es "mejor". Cada uno responde a una pregunta distinta. La pobreza monetaria cuantifica las privaciones económicas de manera objetiva y comparable en el tiempo; los indicadores no monetarios muestran dimensiones específicas del bienestar que el ingreso no alcanza a reflejar; y los indicadores subjetivos revelan cómo las personas perciben su situación y enfrentan el futuro. Utilizados conjuntamente, ofrecen una visión mucho más rica y útil para la formulación de políticas públicas.

No necesitamos reemplazar el indicador de pobreza monetaria ni buscar una cifra única capaz de resumir una realidad compleja. Lo que se necesita para comprender cómo evolucionan las distintas dimensiones del bienestar y orientar con mayor eficacia las políticas públicas es aprovechar mejor la información que ya produce el sistema estadístico. La pobreza monetaria seguirá siendo el principal termómetro de las privaciones económicas. Pero ningún médico diagnostica el estado de salud de un paciente observando únicamente su temperatura y sin preguntarle cómo se siente. Del mismo modo, ninguna sociedad puede evaluar su bienestar mirando una sola cifra. Medir la pobreza monetaria es indispensable, pero solo adquiere todo su significado cuando se interpreta junto con los demás indicadores que describen las múltiples dimensiones del desarrollo humano.

Entre los brotes de desinhibida imaginación que nos regaló la segunda vuelta electoral, destaca la idea –medio en broma, medio en serio– de que el país debería dividirse en un Perú del Norte y un Perú del Sur. '¿Y si hacemos como en Corea?', le pregunta una mujer a su audiencia de Instagram, y no habla de K-pop sino de la división de ese país asiático, a mitad del siglo pasado, tras una guerra civil que mató a 3.5 millones de personas. En este presente apresurado, sobra tiempo para postear, pero no para entender cómo suceden las cosas. '¿Crees que Perú estaría mejor dividido?', concluye el post con frescura, invitando a la sana reflexión.

Comentada por muchos en las redes, la hipotética separación geopolítica del Perú en dos Estados es una respuesta a la aparente separación ideológica del electorado en ritmo de Guerra Fría: el del norte del Perú sería capitalista; el del sur, comunista. ¿Por qué no formalizarlo?

En ese futuro posible, dicen los comentarios, el Perú del Norte podría perfectamente ser un paraíso artificial, a lo Dubai; lo gobernaría gente bella, a lo Dinamarca; y los indios y cholos y negros y todo tipo de diversidades (menos las demoníacas LGTBIQ+, obvio) acatarían dócilmente su lugar: trabajarían felices 16 horas al día, aplaudirían las leyes procrimen y no tendrían necesidad de votar porque sabrían que es más productivo delegar este tipo de decisiones al Congreso.

Como comentó otra persona en redes, el Perú del Norte se convertiría en un hub continental de tecnología y agricultura sofisticada, una potencia mundial tipo California. La bandera de este estado bebé combinaría el naranja con celeste, pero no por alusiones partidarias sino como oda cromática a la competencia capitalista. Obvio, este Perú sí iría al próximo Mundial porque ¿acaso no has visto que los futbolistas profesionales son de derecha?

El Perú del Sur, por el contrario, perdería todos sus partidos de fútbol por goleada, en estadios vacíos que naturalmente se caerán a pedazos. En su territorio gris y estéril, se aglutinarían los desadaptados que siempre van a la contra: los indios terroristas, los izquierdistas que viven del Estado, las ONG, el LUM, la universidad de San Marcos, las facultades de Letras y Sociales de la PUCP. Allí serían debidamente deportados todos los caviares junto con los enemigos y traidores de clase, empezando por rojos y pelirrojos como Jaime Ferraro.

Básicamente, el Perú del Sur sería un gran campo de concentración y, debido a su alta peligrosidad, requeriría el debido bloqueo internacional para que sus fronteras no supuren subdesarrollo, solo 'quinoa', lana de vicuña y oro ilegal previamente legalizado. El idioma oficial de este país sería el quechua, y de consuelo se podrían quedar con el himno, la bandera rojiblanca y todos aquellos símbolos que producen complejo de inferioridad desde las escuelas. Lamentablemente, Machu Picchu seguiría aquí, pero bajo un modelo de administración externo y para uso exclusivo de extranjeros.

La idea central de este proyecto es que, separando aquí, mutilando allá, bloqueando más allá, menos Perú del Sur es más Perú del Norte. Como seguidor de la literatura peruana contemporánea, me sorprende que estas ideas, que combinan las ansiedades criollas con el delirio neoliberal, no hayan inspirado la imaginación novelística de forma más intensa. ¡Qué hermosas intrigas, distopías, horrores, fantasías, zombis, androides y otras atrocidades podrían nacer de este momento histórico e histérico! 

Sin ir tan lejos, en la Bolivia de los años de Evo Morales, el escritor Maximiliano Barrientos capturó las ansiedades de las clases criollas locales en su novela En el cuerpo una voz. En ella, tras la llegada al poder de un presidente indio, Bolivia se parte en dos: una criolla y otra india. La separación ocurre mediante una guerra y, en el proceso de masacrarse mutuamente en defensa de un ideal inútil, algunas personas del lado criollo aprenden a comerse a sus enemigos indios y –si no recuerdo mal– lo disfrutan.

Algo así podría perfectamente ocurrir en el hipotético Perú del Norte, considerando que ese nuevo país, debido a su potencial creativo, tendría que ser la incuestionable capital gastronómica del continente.

Las posibilidades de la ficción son infinitas. Sin embargo, es importante recordar que la idea de que el Perú es la unión forzada de dos países enemigos no es solo una tendencia efímera de las redes sociales. Se trata, más bien, del permanente estado mental de un tipo de sujeto criollo: aquellas personas 'decentes' que se sienten atrapadas en un inmenso país de bárbaros, y al que, trágicamente, están condenadas a mandar. Es un horror atávico, como el del gamonal que teme que al menor descuido los indios lo lincharán. Esta ansiedad no es un secreto. Por el contrario, aflora todo el tiempo de la boca de políticos, empresarios, operadores, pero también de gran parte de la población que se educa (nos educamos) en esas ideas.

El caso más patético es el del almirante Montoya, ese congresista que creía que las protestas de 2022-2023 estaban compuestas por indios que bajaban de los cerros a saquear la Lima de los Reyes. Desde ese estado de horror, la respuesta estatal lógica debía ser la defensa a balazos del último bastión.

Personas un tanto más articuladas que Montoya llevan la ansiedad criolla al punto de desear abiertamente la guerra civil, como niños que quieren que se apure la Navidad. 'Keiko debe rescatar la soberanía nacional interviniendo militarmente Puno y la macrorregión sur', escribe el periodista Hugo Guerra, quien parece atrapado poéticamente en el siglo XVIII, y no en el lado rebelde sino en el de los súbditos del virrey. 'Lean la historia y busquen las revoluciones sangrientas de Túpac Amaru y Katari (sic) en 1780; algo similar se está cocinando en la misma zona la pretendida supremacía aimara. En esa época, la pacificación costó más de cien mil muertos; hoy la tragedia podría ser mayor'. Frente a la magnitud gore de este delirio, las inocentes historias de Instagram parecen de pronto comentarios mesurados.

Finalmente, una pregunta. Si de verdad el Perú se dividiera, ¿en cuál de los dos quisieras vivir? Iba a cerrar este texto con esa interrogante, quizá ideal para pasar el rato en Facebook o en la sobremesa familiar. Pero, a pocos días del inicio del nuevo fujimorato, y leyendo las invocaciones de Guerra, la realidad pide otro tipo de respuesta. Acaso un llamado a la alerta máxima, ahora que las ansiedades criollas más violentas vuelven a sentirse cada vez más cerca del fusil.

Por eso, el título de esta columna lo tomo del conocido libro de Nuria Varela, quien hace un recorrido sobre el origen del movimiento feminista y su desarrollo, lo que podrá dar respuesta a este súbito interés.

Adicionalmente, me parece importante contribuir con algunos ejemplos que pueden ser de ayuda.

En Chile, Ingrid Olderock fue una de las torturadoras más crueles de la dictadura chilena, conocida por haber "entrenado" perros para violar prisioneros. En Nicaragua, Rosario Murillo mantiene la dictadura con su esposo, Daniel Ortega, que desde hace años niega derechos a la población.

¿Las feministas deberíamos celebrar y respaldar a estas mujeres que han violado derechos humanos y debilitado la democracia? Por supuesto que no. Porque lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres.

El feminismo logró el voto femenino y la posibilidad de que mujeres como Lourdes Flores, Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, por ejemplo, tuvieran el derecho de postular a la Presidencia. Pero de la participación de las mujeres a la representación en la defensa de nuestros derechos hay un trecho enorme.

Recordemos que el feminismo cuestiona un sistema en el que las niñas son obligadas a ser madres luego de haber sido violadas, en el que a las mujeres se les asesina con total impunidad y en el que hay cientos de mujeres esterilizadas que no encuentran justicia. Y, si una mujer respalda este orden, promueve la desigualdad y no respeta nuestros derechos, las feministas nunca lo podremos celebrar.

Desde 2021, Fuerza Popular y Renovación Popular se dedicaron a alimentar la desconfianza en los resultados electorales. Esta vez los protagonistas fueron, de nuevo, Renovación Popular en primera vuelta y Juntos por el Perú en la segunda. Durante la campaña, Miki Torres, con su “sacar al señor Castillo no fue sencillo”, mostró que el fujimorismo no se quedó solo en acusaciones de fraude, sino que fue más allá; y este miércoles, diversos sectores de izquierda hablan de un futuro Ejecutivo sin legitimidad. Todas esas actitudes y comportamientos le han pasado factura al conjunto de la política. Pero para el Ejecutivo es más complicado porque es ahí donde se centran las expectativas iniciales.

Los primeros meses de un nuevo presidente solían comenzar con expectativas positivas y un nivel relativamente alto de aprobación. Al menos así fue hasta 2016. Ahora, las expectativas negativas conviven con las positivas en un clima de opinión donde convergen, en simultáneo, la fragmentación, la polarización, la desconfianza generalizada y una lista de reclamos. Y este nuevo gobierno no es tan nuevo que digamos. Para un conjunto de peruanos, el fujimorismo ya estaba gobernando e impulsando diversas iniciativas desde el Legislativo, con altos niveles de rechazo, incluidos los acomodos para obtener mejores resultados electorales. La lista es conocida.

Desde Toledo (2001) hasta PPK (2016), según las encuestas de Ipsos, el nivel de aprobación presidencial que se mostró al inicio del mandato estuvo alrededor del 60%. Algunos tuvieron altibajos y otros, francas caídas, pero, en general, alrededor del sexto mes la desaprobación fue mayor que la aprobación, aunque en los casos de García y Humala les fue mejor. Sin embargo, 2021 fue diferente. Si bien Castillo ganó con 47% de los votos emitidos en la segunda vuelta, en la primera encuesta de Ipsos, de agosto del 2021, solo 38% lo aprobó. El nivel de aprobación nunca fue mayor que el de desaprobación. El problema no solo fue la polarización de la segunda vuelta, los miedos hacia Castillo, una prensa hostil o los problemas con su gabinete, sino que, por primera vez desde 1980, los dos primeros candidatos de la primera vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, no sumaron ni el 30% del voto emitido. Este problema de representación se expresó también en un ausentismo que se asoció, en su momento, con la crisis de la COVID, pero ahora vemos que tenía otros componentes. Este 2026 ha sido algo semejante: los dos que pasaron a segunda vuelta, sumados, obtuvieron un porcentaje de votos emitidos incluso inferior al de los dos candidatos del 2021, Fujimori 14% y Sánchez 10%; y el nivel de ausentismo, si se resta el posible impacto de la COVID en la elección anterior, siguió creciendo.

El fujimorismo, para gobernar, no solo tiene el problema de un público que desconfía de la política y reparte su desánimo. Ha ejercido el poder no hace 26 años: lo ha hecho hasta hace pocas semanas. El Congreso, donde han marcado su dinámica, ha tenido un gran protagonismo en los últimos 10 años y un altísimo nivel de rechazo. Según el Latinobarómetro del 2025, el Parlamento peruano es el peor evaluado de la región. Solo 7% dice tener “mucha” o “algo” de confianza, por debajo de Paraguay (16%), Guatemala (15%) y Venezuela (14%). Y en ese desacreditado hemiciclo, quien marcó la pauta fue Fuerza Popular. En primera vuelta obtuvo más votos que en 2021, pero 14% de votos emitidos no es para confiarse. Mucho se escribe sobre las decisiones que Keiko Fujimori debe tomar desde el 29 de julio o antes. Una de las más complicadas será qué va a hacer para tratar de cambiar la desconfianza construida a punta de excesos en el Congreso.

Las 'lunas de miel' en el Perú hoy son periodos breves. La tregua ciudadana —entendida como el tiempo antes de que la desaprobación supere a la aprobación— se ha ido reduciendo hasta extinguirse. El desgaste, en algunos casos, se produjo por problemas en la economía, pero muchas veces el tema principal fueron los escándalos, las denuncias de corrupción o el mal manejo de conflictos sociales fuera de Lima.

La arraigada desconfianza de nuestra cultura política va de la mano con un pragmatismo que siempre está atento a ver resultados. Fuerza Popular tiene la posibilidad de armar un mejor gabinete que el de Castillo. Tendrá también el apoyo del empresariado y de un sector de la prensa, pero eso no es suficiente. La paciencia se ha ido acortando. Los conflictos pendientes de resolución o mal manejados en regiones donde tuvo baja votación podrían influir en bajos niveles de aprobación. ¿Le interesará eso al gobierno de Fuerza Popular? Puede que algunos sectores dentro del partido le den importancia, pero por las acciones del Congreso saliente, con Rospigliosi a la cabeza, parece que se estuvieran preparando para situaciones de este tipo, donde la respuesta será la dureza en la represión de protestas y movilizaciones. Si quieren dar mensajes de cambio, ahí tienen varias leyes por modificar.

Aunque la conducción económica es fundamental, muchos de los problemas de gobernabilidad en anteriores mandatos han surgido por dificultades fuera del ámbito económico. Será bueno que alguien en el gobierno mire todos los días el conjunto del mapa y asuma que, debido a todo lo actuado y con los bajos porcentajes obtenidos en la primera vuelta, la gente ya no está con ánimo para una sostenida luna de miel.

¿Con qué esperanza comenzaron sus labores? Ofrecieron reformas políticas y justicia como temas centrales. Todo lo que no se pudo hacer en el quinquenio anterior, y que nos había condenado a cuatro presidentes en un lustro, tenía que enmendarse. Justicia para los asesinados en las protestas contra Manuel Merino; justicia para los tremendos casos de corrupción en el Ministerio Público. Por supuesto, la catastrófica situación de la salud pública, que se encontró con una pandemia de COVID que mató a más de 200.000 peruanos, iba a generar un cambio profundo y estructural para nunca más estar tan mal atendidos.

Cinco años después, no queda ni la memoria de esas esperanzas. Otra vez, tuvimos cuatro presidentes en un quinquenio (se inventó una revocatoria del mandato presidencial sin más motivo que los votos suficientes) y se destruyó lo poco que quedaba de la reforma política (se eliminaron las PASO, el sistema realista de inscripción de partidos y el referéndum; se impuso una bicameralidad por el mero deseo de reelección prohibida; y, lo peor de todo, se abolió de facto la cuestión de confianza). En resumen, el Congreso consolidó una estructura de gobierno parlamentario que jamás existió en nuestra historia republicana y convirtió la figura del presidente de la República en un objeto de decoración, sometido a la mayoría parlamentaria.

Para lograr su cometido se necesitaban 87 votos para elegir al TC. Ahí nació el Fujicerronismo, el pacto de facto o el gobierno de las cuatro familias. Como lo quieran llamar, es real. La alianza parlamentaria incluyó a todos, menos a JPP y a pocos no agrupados. Desde el Tribunal Constitucional, la Defensoría y la Contraloría han dominado todo. Con esa plataforma validaron leyes aberrantes por inconstitucionales (desde la eliminación por ley de la cuestión de confianza hasta los viajes presidenciales de “despacho remoto”, pasando por la iniciativa de gasto parlamentaria) en un TC a la medida de sus deseos. Controlaron esos poderes, se abalanzaron sobre una honorable JNJ y no pararon hasta conseguir una a su medida para “barrer” (Rospigliosi dixit) todo el sistema de justicia. De la separación de poderes, de los contrapesos constitucionales, no nos dejaron ni el recuerdo.

Sobre esta demolición institucional, este Congreso ha construido el reino del servicio del interés particular. ¿De dónde salen todas las leyes procrimen? De la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, a cuyo líder prófugo le caen muy bien. Y vaya que no es el único. La ley de prescripción rápida fue bautizada como Ley Soto, porque el expresidente del Congreso fue de los primeros en beneficiarse de ella. Desaparecer la recuperación del botín del delincuente, reducir la colaboración eficaz, restringir el tipo penal de criminalidad organizada a ciertos delitos y no a otros (tráfico de influencias, por ejemplo) beneficia a delincuentes, mientras los asesinatos se disparan. Encargo especial de Fernando Rospigliosi es conseguir impunidad para crímenes de lesa humanidad. Para los militares y policías que violaron derechos fundamentales antes del 2002, amnistía total. ¿Para los demás? El fuero militar y todos se salvan. Por supuesto, hay delitos muy apañados en este Congreso. Por ejemplo, la minería ilegal no solo no se toca, se promueve. Ahí están las sucesivas prórrogas del Reinfo para mostrarlo.

Pero no bastó con eso. Bajo el lema: “plata, hay”, han hecho un festival de gasto público que, para mi generación, los sobrevivientes del primer gobierno de Alan García, es aterrador. Las reiteradas advertencias del Consejo Fiscal y del presidente del BCR no han servido de nada. El rol del ministro de Economía y Finanzas es menor que el de un encargado de mesa de partes. El Congreso no para de gastar ni de exonerar tributos. Para ponerlo en números del Consejo Fiscal: son 109.000 millones de soles en gasto por leyes aprobadas. Enfrentamos el mayor déficit fiscal en 25 años. Se desglosa así: entre el 2021 y el 2026 son 268 leyes (hasta abril) con impacto fiscal adverso. Esto genera compromisos permanentes por 36.700 millones anuales (3% del PBI) y un costo fiscal total de 109.600 millones, equivalente al 9,1% del PBI. Eso es mucho más que el presupuesto anual de salud o educación. ¿Por qué ha sucedido este desastre? Porque el Congreso consiguió una autorización del TC para tener iniciativa de gasto y, desde ahí, no ha parado con la repartija. Creen que, repartiendo bonos, gratificaciones, pensiones, CTS y demás, van a comprometer el voto de millones de empleados públicos a su favor. Pues les fue pésimo con la idea en estas elecciones y le dejaron al futuro una deuda inmensa. Como despedida, el Congreso busca aprobar el crédito suplementario más alto de la historia del Perú. Casi 10.000 millones de soles donde hay plata como cancha, menos para la Beca Bicentenario. Hasta la Contraloría ha lanzado esta vez todas las advertencias y alertas posibles.

En materia de fiscalización, este Congreso ha aplicado el viejo aforismo “para los amigos todo, para los enemigos, la ley”. Un desfile de funcionarios “amigos” ha pasado invicto por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Presidentes amigos son Merino y Boluarte; presidentes enemigos son Humala y Vizcarra. Fiscales amigos son Gálvez, Chávarry y Benavides; fiscales enemigos son Espinosa o Ávalos. Todo depende de quién eres en la agenda del pacto.

Hay que añadir el ensalzamiento de la frivolidad. Cientos de iniciativas para declarar de interés nacional cualquier cosa o el “día de” lo que sea. Decenas de universidades públicas creadas sin presupuesto (mientras se cargaron a la Sunedu y, con ella, la esperanza de tener calidad universitaria y no una estafa), bonos, semanas de “representación” para vacacionar, sesiones remotas y toda clase de gollerías insufribles. El 5% de aprobación popular se lo han ganado a pulso.

De los 10 partidos que pasaron la valla el 2021, siete fueron duramente castigados por el pueblo. Esperemos que los tres que quedan y los tres que llegan saquen alguna lección de estos cinco años. No queremos más de lo mismo, por si no les quedó claro el 12 de abril pasado.

Mediante un frenesí de contrarreformas, el fujimorismo y sus aliados (recordemos que el cerronismo aportó buena parte de los votos en esa alianza contranatural, a cambio de una tajada en la Mesa Directiva y de leyes para torpedear los procesos fiscales, y terminó firmando normas que alteraron la balanza de poderes) rompieron el equilibrio constitucional, reduciendo a su mínima expresión la cuestión de confianza y tratando al Ejecutivo casi como a una mesa de partes. Lo que nunca calcularon en la Plaza Bolívar es que el monstruo que procrearon está a punto de darle la bienvenida a uno de sus padres.

Este 28 de julio, cuando Keiko Fujimori reciba la banda presidencial, se abrirá una de las grandes ironías de nuestra historia política. Llegará al poder, sí, pero a un poder devaluado. Si no actúa con cautela extrema y prudencia, Fujimori terminará atrapada en la misma jaula institucional que su partido y sus aliados diseñaron desde 2016 para maniatar a sus adversarios políticos.

La paradoja se estrena en simultáneo con el nuevo Congreso bicameral, un sistema con la precisión de una guillotina. Al haber desarmado el "escudo nuclear" de la cuestión de confianza frente a leyes o reformas, convirtiéndola en un mecanismo casi impracticable, la mandataria ingresará a Palacio despojada de las armas políticas de respuesta de una presidencia que ella misma neutralizó a favor del Congreso. El procedimiento de ataque parlamentario ha quedado institucionalizado: la nueva Cámara de Diputados ostenta el monopolio de la interpelación y la censura ministerial. Podrán devorarse a sus ministros uno a uno, mediante un goteo constante, sin que la presidenta pueda amenazar con la disolución de las dos cámaras, porque las reformas de su propio partido le quitaron esa prerrogativa. Con solo 66 votos, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados pueden decapitar a cualquier ministro individual o al gabinete entero.

Además, en este parlamentarismo de facto, el veto presidencial es una cortesía nominal. El rodillo de la insistencia legislativa pasará por encima de Palacio cada vez que las bancadas mercantilistas decidan imponer leyes con nombre propio o perforar la caja fiscal. Repito: si no hila fino, Fujimori no podrá oponer resistencia real. No la vacarán fácilmente —el laberinto procedimental y de votos entre Diputados y Senado hace que la destitución por incapacidad moral sea hoy un camino largo—, pero la podrían condenar a algo aún peor: una agonía de baja intensidad, donde cada ley y cada ministro tendrán que ser canjeados por prebendas.

Gobernar el Perú a partir de agosto significará someterse al chantaje de dos cámaras que ya aprendieron que el Ejecutivo es un rehén perpetuo de sus votos. Se legisló con el hígado y con un cálculo miope, asumiendo que el poder real siempre residiría en el Parlamento.

Es cierto que se han presentado algunas dificultades en el registro del voto de los peruanos residentes en el exterior. Son asuntos puntuales que merecen ser examinados con rigor y seriedad. Por ello, es perfectamente legítimo preguntarse qué pudo hacerse mejor y qué ajustes conviene introducir para el futuro. Lo que no resulta legítimo es convertir esas dificultades, por sí solas, en una imputación personal contra el canciller y el servicio exterior.

Dadas las sólidas y dinámicas interacciones con las comunidades peruanas en el resto del mundo, nada más lógico que hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política, como lo establecen las leyes vigentes. La comunidad peruana en el exterior es parte dinámica del Perú. Así lo recoge la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior, realizada por el INEI en 2022.

Por ejemplo, las remesas de la comunidad peruana en el exterior constituyen una viva expresión del sostenimiento del vínculo familiar. De acuerdo con la información disponible en el BCR, estas remesas crecen de manera sostenida y, en 2025, alcanzaron un nuevo máximo histórico: más de US$5.300 millones.

Esa articulación con el Perú es, si se quiere, una razón adicional para ir afinando y mejorando los sistemas de participación política en los eventos electorales, a fin de proporcionar, para este propósito, más recursos a las instituciones consulares.

Aumento de la participación

Una variable a considerar es el saludable ascenso gradual de la participación de votantes en el extranjero desde que este derecho se habilitó en 1980.

Pero en ello no se puede soslayar que la organización del sufragio fuera del país constituye una de las tareas más complejas que enfrenta el Estado. Intervienen diversas instituciones y competencias, y las dificultades logísticas no son pocas. Reducir toda esa complejidad es materia en la que se debe seguir trabajando, pero sabiendo, desde ya, que las grandes metas y procedimientos están claros.

Hasta donde se conoce, no existe hecho alguno que permita sostener que la Cancillería o el canciller hayan actuado con negligencia, impulsado o tolerado alguna irregularidad, o que hayan admitido conductas incompatibles con sus deberes. La Cancillería, en general, obra con profesionalismo, diligencia y sentido institucional, a pesar de las limitaciones en varios consulados dadas las restricciones presupuestales.

Perfeccionar procedimientos

Si existen procedimientos que perfeccionar, deberán perfeccionarse. Se puede preferir, por ejemplo, la transmisión electrónica de datos sobre las valijas diplomáticas. Pero mejorar un sistema exige identificar con precisión las causas de los problemas, no construir responsabilidades cuando no han sido demostradas.

Las democracias no se debilitan per se porque existan dificultades. Se debilitan cuando dejan de distinguir entre los problemas y las responsabilidades. La responsabilidad pública, así, no puede presumirse: debe demostrarse.

Y cuando no existen pruebas de una conducta reprochable, también forma parte del deber democrático reconocer el trabajo bien hecho. Todo indica que el canciller y su institución han cumplido con su deber. Lo responsable ahora es permitirle continuar desempeñando su función con la serenidad que el país necesita y estar atentos a la transición política que ha de ocurrir este mismo año.

La nueva lluvia de drones tiene que ver con dos cosas. Una es que Kiev ha perfeccionado su producción de drones de bajo costo, los cuales incluso está exportando. Otra es la desidia de los EE. UU. en su ayuda a Ucrania, lo cual ha hecho que Kiev sienta la necesidad de llevar adelante una guerra mucho más agresiva.

Para Vladimir Putin, los nuevos ataques ucranianos son un descrédito dentro y fuera del país, sobre todo porque Rusia hoy carece de recursos suficientes para escalar la guerra. Una Unión Europea decidida está compensando la virtual deserción del Washington trumpista. Pero Kiev da cada vez más la impresión de defenderse solo.

Los argumentos de Putin para su invasión del 2022 fueron que Ucrania se encontraba demasiado cerca de Moscú (unos 500 kilómetros) y, a la vez, demasiado cerca de entrar a la UE y, por extensión, a la OTAN. Los drones han acortado la distancia entre Ucrania y Moscú, y el empecinamiento de Putin ha acortado las distancias entre la UE y Kiev y entre la OTAN y Kiev.

Por un tiempo se sostuvo que Ucrania le podía ganar la guerra a Rusia. En cuatro años no hemos llegado a ese punto, pero sí es cierto que Rusia no está ganando esa guerra, ni con recursos chinos ni con soldados de Corea del Norte. Pero la cosa sigue, porque para Putin el fin de la guerra sería el fin de su autoritario mandato.

Los drones de Kiev sobre Moscú nos tienen que hacer pensar en la suculenta compra de cazabombarderos yanquis concretada al filo del cambio de gobierno en el Perú, con grandes aplausos del embajador de Washington en Lima. Generales y políticos anticuados están a cargo de una modernización dudosa en varios aspectos.

Pero es cierto que la guerra de Ucrania todavía no ha terminado y la invasión rusa no ha triunfado. Al menos allí las cosas son algo más claras que en Irán, donde no se sabe si hay guerra o tregua, o quién puede haber ganado alguna de las dos.

Sin embargo, la historia peruana y mundial enseña que por más edulcorado que sea el discurso, la realidad siempre prevalece. Y la realidad que espera a la nueva presidenta exige mucho más que buenas intenciones. Es una propuesta con visión de Estado exigir un gabinete que esté a la altura de la oportunidad que el momento le ofrece.

Durante su campaña, Keiko Fujimori prometió un gobierno de diálogo, con un gabinete amplio, plural y con experiencia, más allá de su partido. En los últimos días, los nombres que circulan en distintos medios son especulaciones que la propia presidenta electa se reserva confirmar hasta el cambio de mando. Ese hermetismo es su derecho.

No obstante, lo que este diario plantea es la oportunidad histórica que ese gabinete representa. El Perú llega al nuevo gobierno con términos de intercambio comercial en sus niveles más altos en 75 años. La inversión privada postergada durante el ciclo electoral espera señales claras para desbloquearse. El mismo Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3.1% para 2026. Son condiciones que muy pocos gobiernos peruanos han heredado.

Pero esa ventana no es eterna. Los ciclos de materias primas se revierten, el Fenómeno El Niño erosionará la producción agrícola y pesquera desde setiembre, y el Congreso fragmentado exigirá negociaciones permanentes.

Quien administre el Estado y aproveche esta coyuntura para construir instituciones sólidas, respetar la autonomía del sistema de justicia y una política de seguridad ciudadana sostenida, no solo atacando las consecuencias sino sus causas, dejará un país resiliente cuando las condiciones favorables ya no estén.

Un gabinete que refleje esa visión de Estado, con ministros que el Perú del sur, del centro y de las zonas rurales pueda reconocer como propios, sería la señal más poderosa que la nueva presidenta puede dar antes del 28 de julio. Y para ello, el trabajo del parlamento en la derogación de las leyes pro crimen será fundamental.

La promesa de pluralidad claro que puede convertirse en política real. La oportunidad está ahí. La pregunta es si la voluntad del fujimorismo también.

En muchos colegios, el deporte se enseña bajo la misma lógica que otras prácticas tradicionales: disciplina estricta, órdenes irrefutables y escaso margen para la autonomía. El resultado es previsible: alumnos que ejecutan, bien o mal, pero que no piensan ni deciden, asumiendo que la rigidez es parte del juego. Así, el fútbol pierde su potencial formativo y se reduce a un ejercicio de control, o a un espacio que se utiliza para “llenar” el tiempo cuando pareciera no haber nada más que enseñar.

A esto se suma un problema aún más profundo: el fútbol sigue representando un machismo estructural que valora la fuerza por sobre cualquier otra cualidad. La agresividad se celebra como virtud, mientras que la sensibilidad o la cooperación son relegadas, e incluso descalificadas como “femeninas”. Se masculiniza el contacto brusco y se feminiza la debilidad, consolidando un imaginario empobrecedor desde el punto de vista pedagógico.

Expresiones como “no seas niña”, “actúa como hombre”, “deporte de machos” o “el fútbol no es para mujeres” no son inofensivas, son manifestaciones cotidianas de un sistema patriarcal que ha convertido este deporte en uno de sus principales bastiones, reproduciendo estereotipos y excluyendo otras formas de participación.

El problema central no es cómo se juega, sino qué se aprende mientras se juega. Cuando se premian la intimidación o la dureza excesiva, se está enseñando que dominar al otro es legítimo si el objetivo es ganar. Cuando lo único que importa es el resultado, el deporte deja de ser una instancia formativa para convertirse en una herramienta para “alcanzar” el éxito.

Las consecuencias son evidentes: estudiantes ridiculizados por su rendimiento, compañeros excluidos y equipos donde los físicamente dominantes se constituyen en una suerte de élite. En ese microcosmos, la cancha reproduce lo peor de las jerarquías sociales: concentración de poder, reconocimiento desigual y silencios cómplices frente a la humillación. Y, aun así, muchos seguirán insistiendo en que “solo es un juego”.

Aquí emerge el dilema ético central: la escuela, que debería promover igualdad y respeto, termina reforzando lógicas de exclusión mediante la repetición de la rudeza como lenguaje dominante. Se valora más el rendimiento que a la persona, instalando la peligrosa idea de que todo vale si conduce a la victoria.

No sorprende entonces que insultos, simulaciones o agresiones sean tolerados en nombre de la competencia. La violencia deja de ser una falta para convertirse en estrategia. El rival deja de ser un otro legítimo y pasa a ser un obstáculo que hay que superar, así se le dañe, perdiéndose el sentido más elemental del deporte: aprender con otros, no contra otros.

Frente a este escenario, el silencio adulto resulta especialmente nocivo. Cuando docentes o entrenadores no intervienen —o legitiman estas conductas— están educando en la violencia y justificando la segregación. Están transmitiendo una determinada idea de éxito y de moral que deja huella para el resto de la vida.

El desafío, entonces, es profundo. Implica repensar el lugar del deporte en la escuela y recuperar su dimensión ética. Volver a una idea simple pero fundamental: competir no es abatir al otro, sino crecer con él. Ganar no puede justificar cualquier medio, y el verdadero aprendizaje no está en el marcador, sino en cómo se alcanzan los objetivos de manera colectiva, respetuosa y consciente.

Si la escuela pretende formar ciudadanos y no solo competidores, debe comenzar por revisar qué está enseñando en sus propias canchas. Porque, al final, el fútbol escolar no solo forma jugadores: forma, sobre todo, personas. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.

Los terremotos ocurridos el 24 de junio dejaron, hasta el momento, 2.595 muertos confirmados y más de 12.400 heridos. Sin embargo, la cifra más alarmante es la cantidad de desaparecidos que Naciones Unidas estima en cerca de 50.000 personas.

En medio de todo esto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez evita publicar cifras oficiales, mientras más de 200 portales informativos permanecen bloqueados, estos últimos por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Eso significa que quienes más necesitan información sobre lo que ocurre desde la diáspora, e incluso dentro del mismo país, son exactamente las personas a quienes el régimen chavista les cierra el acceso a los medios que podrían brindársela. En pocas palabras, la censura digital que el chavismo ha construido durante más de una década se convierte, en el contexto de esta catástrofe, en un factor que agrava el sufrimiento de las víctimas.

Al respecto, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, exigió a la encargada del gobierno el levantamiento inmediato de los bloqueos que impiden acceder a medios como el suyo. En un contexto humanitario como el que sufren cientos de miles de venezolanos, esta convocatoria merece una respuesta colectiva y urgente de la prensa libre de la región.

Este diario sabe lo que ocurre por experiencia directa. El 22 de agosto del 2024, cuando La República lideraba audiencias como medio internacional y daba voz a quienes denunciaban con pruebas el fraude en los últimos comicios venezolanos, el régimen ordenó su bloqueo.

La República se suma al llamado e invita a los medios de comunicación libres de la región, a periodistas y a demócratas a hacerlo suyo con una acción concreta: exigir a la señora Delcy Rodríguez el levantamiento de los bloqueos.

Asimismo, hace un llamado de atención a las empresas de telecomunicaciones que ejecutan los bloqueos por instrucción del gobierno, pues deben recordar que ninguna compañía de origen internacional puede ampararse en órdenes administrativas para violar estándares internacionales de derechos humanos.

Abrir la información a la ciudadanía es un acto de urgente necesidad y, por ende, de humanidad.

César Vallejo miró hacia su amigo Julián Loayza y trató de entender.

Loayza señaló el camino que seguía el río Sena al costado de ellos. Del agua parecían emerger murmullos.

-No me inspiran. Me hablan -replicó el poeta.

Le hablaban y le traían malas noticias. En el Perú, Antenor Orrego, su mejor amigo, andaba a salto de mata. El gobierno derechista de Óscar R. Benavides había emprendido una campaña feroz contra los militantes del APRA y del Partido Comunista.

Orrego había logrado escapar de una prisión infame. Los esbirros estaban buscándolo para encarcelarlo o darle muerte.

Serían tal vez las cuatro de la tarde, pero eso ya huele a noche en el invierno de París.

El poeta se acercó al malecón del río y le pareció escuchar miles de voces de guerreros o quizás una sola que repetía “¡No pasarán, no pasarán!”.

Estaba escuchando voces que venían de España. Allá, Francisco Franco se había sublevado contra el gobierno democrático de la República. Estaba apoyado por los dos ejércitos más poderosos del mundo, los de Hitler y Mussolini.

Entonces, su amigo lo tomó del brazo y le advirtió sobre la inconveniencia de escuchar las voces que venían del agua.

Cruzaron el Pont Neuf. De pronto, Vallejo no pudo dejar de pensar en otra noticia que le acababa de llegar. En Madrid, su otro amigo y paisano, Julio Gálvez Orrego, había caído en manos de los franquistas y estaba condenado a muerte. No tenía escapatoria Julio porque había peleado al lado las Brigadas Internacionales.

César había recibido noticias de que el joven peruano estaba resignado y le había escrito una carta a su tío Antenor Orrego haciéndole conocer su destino. Lamentablemente, esa misiva no tenía manos a las cuales llegar.

Mientras César y Julián caminaban, Julio Gálvez Orrego ya estaba en capilla.

Hay una fotografía del Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia donde aparecen César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. Detrás del peruano, hay un joven vestido de uniforme. Es Julio Gálvez Orrego.

-Trata de escuchar al río y él te dará las últimas noticias -aconsejó Vallejo a su amigo Julián.

Habían llegado a la Plaza de la Concorde.

Por fin, Vallejo le dijo a Julián que durante sus años de vida parisina siempre había estado observando las torres de Notre Dame y queriendo subir hacia ellas.

El amigo aceptó y ambos se encaminaron hacia la puerta principal del templo. Cuando estaban cerca de la escalera que recorre las paredes, César Vallejo sintió que ya no podía respirar. Su amigo, entonces, lo abrazó y lo llevó a una banca. Allí descansó Vallejo y, como poeta, tal vez adivinó que aquel era el primer anuncio de lo que se venía.

Se le ocurrió que, aunque tuviera que continuarlo después de muerto, tenía que escribir un himno a los combatientes de la República.

“¡Constructores

agrícolas, civiles y guerreros,

de la activa, hormigueante eternidad: estaba escrito

que vosotros haríais la luz, entornando

con la muerte vuestros ojos;

que, a la caída cruel de vuestras bocas,

vendrá en siete bandejas la abundancia, todo

en el mundo será de oro súbito…”.

Habían hecho lo que se proponían: subir las escaleras y verse con los grifos y otros monstruos que habitan las paredes de Notre Dame. Curiosamente, aquellos le imponían a César cierta tranquilidad.

En esos momentos, César y Julián creyeron haber escuchado un disparo que les traía el río desde lejos, muy lejos. A ese sonido siguieron otros siete, como si fueran siete fusileros y, por fin, se escuchó el rezo de un sacerdote que proclamaba que el alma de Julito Gálvez había subido al cielo.

No hubo más caminatas por las orillas del Sena.

Vuelto a casa, el poeta escribió:

“Al fin de la batalla,

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre

y le dijo: ‘¡No mueras, te amo tanto!’

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo”.

Lo pensó mucho y decidió el título. Se llamaría “Masa”. Con otros catorce poemas, “Masa” iba a formar parte de un conjunto llamado España, aparta de mí este cáliz. Tal vez sus primeros lectores no pudieron serlo porque ya habían caído.

A pesar de ello, el poeta proclamaba la resurrección de quienes han luchado para hacer frente a los malvados y para lograr que el amor y la compasión transformen al mundo.

Cuando estaba expirando el 15 de abril de 1938 no cesaba de repetir: “A España. Me voy a España”.