¿Qué nos dice Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio?

El libro de Fernando Rojas Morey (1934-2023), párroco de Chepén, plantea que hay que anunciar la existencia de Dios a partir de los hechos concretos de la vida y de las experiencias humanas más intensas, sobre todo en las profundidades del hombre mismo. Dios no desea ser encontrado en las nubes.

Y eso me hace recordar que, en agonía, mi abuela Filomena musitó al oído del padre Fernando, quien la asistía:

—Padre, padre. ¿Ve a esa señora que está en la sala? Es la Muerte. Ofrézcale un refresco o sírvale un traguito, de esos que están guardados para mi velorio…

Fernando miró hacia la sala y no vio a nadie. Sin embargo, para no contrariar los deseos de la anciana, llenó un vaso con limonada, caminó, dejó la bebida sobre la mesa de centro y fingió un diálogo en voz alta con la dama que a todos nos ha de visitar algún día. Cuando volvió al cuarto, su feligresa dormía, agradecida y apacible.

Santo y rebelde, comprometido con los pobres, el cura de Chepén entendió siempre que la pobreza es un mal diabólico y, además, el resultado de la opresión de algunos individuos sobre otros. Por eso, muchas veces le oímos decir que trabajar para abolir la pobreza es trabajar por el Reino de Dios.

Chepén es la ciudad más grande del valle del río Jequetepeque, en el norte del país. A pesar de que la región abastecía tradicionalmente de arroz a todo el Perú, nueve de cada diez jóvenes estaban entonces condenados, por sus carencias económicas, a quedarse en la educación primaria, trabajar en los meses de siembra y cosecha y vagabundear todo el resto del año.

Con ellos a su lado, fundó el Instituto San Juan Bosco que, además de centro de estudios, también era de trabajo y producción, porque llevaba a sus alumnos desde las primeras clases hasta diversas especialidades técnicas.

¿Se detendría en el terreno de la educación? ¡No, de ninguna manera! Tenía que hacer algo por los campesinos sin tierras. Durante casi un año, el cura de Chepén recorrió una y otra vez los terrenos del desierto próximos al valle. Por fin encontró uno, sin rocas y fácil de nivelar. Allí fundó la cooperativa agraria Tahuantinsuyo.

¿Y el agua? Esas tierras no tenían dueño porque carecían de riego. ¿Qué iba a hacer para obtenerla?

Con el auxilio de parroquias luteranas y su empeño formidable, llegó el día en que el viento hizo girar las astas de los molinos que le habían donado en Alemania y el agua comenzó a fluir hasta la superficie.

Fernando entregó luego las tierras a sus amados campesinos pobres.

¿Qué pasó después? El comando Rodrigo Franco llegó de noche a Chepén y se apostó en las inmediaciones de la iglesia. En las primeras horas de la madrugada, rodearon la parroquia con potentes cargas de dinamita. A las 2.00 a. m., la casa donde dormía el sacerdote voló por los aires. ¿Y el padre Fernando?…

Cuando faltaban cinco minutos para esa hora, había salido a toda prisa, por otra puerta, para atender a un moribundo que reclamaba sus últimos auxilios.

Y no cuento más.

No murió ese día mi abuelita. Tardó un par de semanas más antes de volar hacia el cielo y, durante ese tiempo, tuvimos ella y yo la oportunidad de reírnos un poco.

—¡Se la hice! —me contó—. El padre Fernando es un inocente. —añadió— ¡Imagínate que fue a la sala para ofrecerle una limonada a la Muerte! No se dio cuenta de que yo le estaba haciendo una broma.

Reímos un buen rato y, luego, mi abuelita insistió:

—Inocente… como deben ser los santos y los rebeldes.

Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio nos invita a hacer una correcta lectura de los signos de los tiempos. A mí me hace recordar al generoso padre Fernando y ahora solo espero encontrar a un sacerdote sordo para que escuche mis pecados.

Koyo Kouoh, quien falleció en mayo de 2025, fue la directora artística de la 61.ª Bienal de Venecia y la encargada de diseñar la temática de esta exhibición. Avanzó hasta sentar los lineamientos de la muestra, titulada In Minor Keys. A pesar de haber dejado como legado los argumentos para interpretar sus propuestas, su voluntad no fue enteramente respetada y su muerte relativiza la lectura más exacta de su ahora hermético razonamiento, lo que marca esta Bienal, desde sus inicios, con un sello de ambigüedad, de realidades interpretables y de figuras fantasmales que luchan por subsistir e imponer sus voluntades en un mundo que ya no tiene definición.

Su ausencia permite la presencia de argumentos que ahora se sostienen en exhibiciones montadas con plena libertad, asumida por los Estados, con sus representantes como participantes estrella. Ya no exhiben los artistas; ahora son los países los que imponen o divulgan sus argumentos políticos y sus intenciones más estructuradas, en busca de una supremacía política, de un mensaje victorioso, más allá de la búsqueda de la belleza, de la sencillez, de planteamientos diseñados en clave menor que inviten a escuchar las constantes señales de la tierra y de la vida, tonalidades menores que se conecten con las frecuencias íntimas del alma y se asocien con el asombro, la tristeza y la melancolía, para proponer y explorar un arte que se aleje de la velocidad y del espectáculo, en busca de formas más pausadas, auténticas y atentas a las interacciones de las emociones.

Como en la música, esta exhibición pretende resaltar las inquietudes más íntimas, subjetivas y sensoriales, al colocar las manifestaciones artísticas en espacios de reflexión y meditación, en las verdaderas conexiones. Pero son los Estados los que luego la boicotean, asumen liderazgos y cuestionan la validez de sus representaciones. Más de 40 pabellones son cerrados en protesta por la participación de Rusia e Israel; con esto confirman que lo que realmente les interesa son las posiciones políticas. Son actitudes relativamente válidas, ya que al protestar establecen, al igual que los miembros del jurado internacional, que pierden el interés en estos argumentos divididos y también renuncian, que no pueden exhibir al lado de artistas elegidos por Estados cuyos líderes han sido acusados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, se cancela el procedimiento tradicional para otorgar los premios y se lo sustituye por un León de Oro otorgado por el voto del público, que será entregado al final de la Bienal, para evitar así intervenciones oportunistas que permitan deslizar alguna interpretación política del evento.

Muchos de los artistas retiran sus obras de la competencia como respuesta, dejan vacía la posibilidad del premio y con esto empiezan los conflictos. Ya no se trata de artistas y sus montajes, sino de intervenciones gubernamentales con los conflictos que estas arrastran. Las representaciones ya no se plantean como propuestas mágicas o conceptos abstractos, sino que evidencian la guerra en Ucrania y las agresiones imperialistas, y utilizan sus participaciones como “mecanismos de propaganda”. Ahora es Gaza, el genocidio, las disputas sobre los límites del boicot cultural. Irán se retira en silencio y señala la imposibilidad de separar la cultura de la intervención militar en Oriente Medio. Y para Estados Unidos la cultura es un nuevo frente en la guerra de las identidades. La política norteamericana entiende muy bien el verdadero valor de estos espacios y no los abandona; por el contrario, los ocupa con argumentos intervencionistas, transforma la libertad artística en propaganda de sus valores propios y nacionales, y promueve sus particulares discursos del prestigio cultural.

Por primera vez en su historia, la Bienal se enfrenta a una huelga de gran escala: se cierran pabellones, aparecen banderas palestinas y se bloquea la circulación normal del evento con intervenciones y protestas espontáneas que afectan a una parte significativa de los pabellones, lo que hace notar las bases materiales que normalmente permanecen invisibles, y el interés cambia de protagonismo. Ahora son los trabajadores, los asistentes, los limpiadores y hasta los vigilantes quienes pasan a evidenciar con sus ausencias una infraestructura frágil, medio inoperante y decadente. Se extrañan sus presencias casi tanto como las de los artistas y los pabellones, ya que ponen en evidencia una base material fundamental que normalmente permanece invisible.

La Bienal se presenta moribunda; los artistas ya no quieren seguir los mandatos de los Estados y la protesta se generaliza. El arte está cambiando, ya no se trata del éxito. Quizás regrese a sus orígenes en busca de aquellos lugares donde las emociones se transmitían en claves menores, en bajas frecuencias, con sencillez, humildad, claridad e independencia.

La contradicción debiera ser inaceptable. Las instituciones que el Estado construyó en algún momento y tras muchos esfuerzos para proteger a las mujeres reproducen hoy internamente las mismas lógicas de poder que tienen el mandato de combatir hacia afuera.

Esa contradicción exige una respuesta de sus principales entes ejecutores.

Al respecto, quienes impulsan la eliminación del enfoque de género en las entidades públicas normalmente encuentran aquí un argumento: si las propias instituciones de género hostigan a sus trabajadoras, el enfoque fracasó. Sin embargo, es una conclusión deshonesta. Usar la falla institucional impulsada por el copamiento institucional conservador para eliminar ese tipo de políticas es como clausurar los hospitales porque algunos médicos cometen negligencia. Los Centros de Emergencia Mujer atendieron 142 mil casos en 2024. Las mujeres que los necesitan seguirán existiendo incluso el día que el programa desaparezca.

El nuevo gobierno tiene sobre la mesa una herencia deteriorada.

Una institución que hostiga hacia adentro pierde toda autoridad para proteger hacia afuera. Esa es otra reforma que el país también necesita y los candidatos presidenciales deberían tratar en sus debates al país. No la eliminación del enfoque, sobre todo, preventivo de violencias estructurales.

Este 25 de mayo, Día Mundial del Fútbol, celebramos la cooperación internacional. Este año, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la más grande y ambiciosa de la historia, tendrá como anfitriones a tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México, y será una oportunidad única para demostrar que, cuando los países se unen en torno a un objetivo común, se logran avances significativos.

Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene un propósito claro: ofrecer una acogida basada en el respeto mutuo y la colaboración internacional.

Este torneo nos ofrece la oportunidad de mostrar la cultura canadiense y la diversidad de nuestras comunidades. Canadá es, en buena cuenta, un país latino, y esperamos ver a la infaltable hinchada peruana en Canadá alentando este gran evento deportivo, el de mayor audiencia global.

Las ciudades anfitrionas están preparadas para recibir a todas las personas que visiten Canadá —sean atletas, entrenadores, árbitros o aficionados— y hacer que se sientan bienvenidas e incluidas.

Toronto, la ciudad más grande de Canadá, es una de las más multiculturales del mundo, reconocida por sus amplios espacios verdes y festivales culturales. La mitad de sus residentes son inmigrantes y, en Canadá, en general, uno de cada cinco canadienses tiene raíces que lo conectan con todo el mundo. La diversidad es nuestra fortaleza.

Por su parte, Vancouver, que comparte el océano Pacífico con Perú, es un destino de renombre mundial donde las montañas rodean extensos senderos costeros. Además, es una de las ciudades con mayor diversidad lingüística de Canadá, con más del 50% de su población que no habla ni inglés ni francés como lengua materna. Aquí no es extraño escuchar punjabi, cantonés o mandarín.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ refleja el papel más amplio que desempeña Canadá en la escena internacional y le permite seguir liderando avances tras su presidencia del G7 en 2025 en prioridades como la protección de nuestras comunidades, el fortalecimiento de la seguridad energética, la aceleración de la transición digital y el desarrollo de alianzas estratégicas.

En Perú, hemos firmado recientemente un Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos y sostenibilidad que nos permitirá seguir colaborando en innovación tecnológica, promoción de inversiones, fortalecimiento de la capacidad del sector público, gestión ambiental y social responsable y capital humano. Asimismo, con ProInversión tenemos un acuerdo enfocado en facilitar la identificación temprana y el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada (APP), conectando las prioridades del portafolio peruano con la experiencia canadiense en estructuración, gestión y ejecución de infraestructura compleja en sectores clave como transporte, riego y desarrollo urbano. Nuestras agencias espaciales, la canadiense y la peruana, también han establecido vías de colaboración para potenciar el trabajo conjunto en observación satelital de la Tierra, exploración espacial, investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicaciones espaciales.

Canadá y Perú también son aliados importantes en asistencia humanitaria, seguridad y defensa. Nos une la mayor flota de aviones Twin Otter fabricados en Canadá, que hoy son parte del Grupo 42 de la Fuerza Aérea del Perú. Estos hidroaviones son utilizados para asistir a la población durante emergencias y desastres naturales, pero también como Plataformas Itinerantes de Acción Social Aéreas. Además, nuestros pilotos canadienses pueden entrenarse volando los Twin Otter en la densa selva del Perú, y los pilotos peruanos pueden hacerlo en el extremo frío canadiense.

Este 2026 también marca el décimo aniversario de la colaboración estratégica entre el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas del Perú y Fanshawe College, de Ontario, un modelo exitoso en la capacitación docente, con doble titulación en ocho carreras técnicas y reinserción a la vida laboral civil luego del servicio militar voluntario, lo que logra una vinculación efectiva con el sector productivo y lo posiciona como un referente en la región.

En estrecha colaboración con países socios, Canadá está contribuyendo a reforzar los sistemas que respaldan la seguridad, la resiliencia económica y los lazos entre los pueblos. Estos son los pilares no solo de un torneo exitoso, sino también de la estabilidad a largo plazo y del progreso compartido.

El enfoque pragmático, colaborativo y basado en valores de Canadá queda plenamente manifiesto en la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Como uno de los cuatro únicos países que han acogido tanto la Copa Mundial Femenina como la Masculina de la FIFA, Canadá aporta experiencia y solidez institucional. Además, pone de relieve su papel como socio confiable, ya sea para impulsar iniciativas globales, fortalecer lazos económicos o abordar retos comunes. La lección de este torneo histórico es clara: cuando hay confianza, la cooperación se profundiza y, con ella, se sientan las bases para un éxito duradero para todos.

Así, la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó, y Canadá está listo no solo para recibir al mundo, sino también para demostrar que el deporte puede inspirar progreso, desarrollo y paz.

Invitamos a nuestras sociedades y aliados a usar el poder del fútbol para construir puentes, fortalecer el tejido social y avanzar hacia un mundo más pacífico, diverso e inclusivo.

¿Más o menos Estado? ¿Cuánto alcanza el compromiso del Estado con el programa constitucional de los derechos? En los últimos procesos electorales, la polarización en segunda vuelta lleva a confundir la garantía estatal de los derechos con las concepciones ideológicas sobre el rol del Estado en la economía. Que un Estado sea más o menos interventor no tiene, necesariamente, relación con las exigencias que la Constitución le impone en materia de derechos básicos. Lo que sí ha venido ocurriendo en América Latina y, en particular, en el caso peruano, es que el excesivo celo frente a la intervención estatal en el mercado ha producido una preocupante ausencia del Estado en espacios estratégicos directamente vinculados a derechos básicos: la energía, el gas, el petróleo o la propia infraestructura del transporte público.

Se suele enfatizar que el Estado es promotor de la inversión privada, pero se olvida que también es garante del acceso igualitario a los derechos para todos los peruanos. Un Estado que asume como única política pública la promoción de inversiones invierte el sentido del programa constitucional, que pone en el centro la dignidad y la igualdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática: las políticas públicas son el instrumento por excelencia para vigilar el cumplimiento de los Estados en materia de derechos sociales. La educación, la salud, la inclusión de las personas con discapacidad no son asuntos "subsidiarios" ni una opción de gestión; son una obligación.

Este mandato no proviene solo del derecho internacional. La propia Constitución peruana — aquella que suele identificarse como liberal o incluso neoliberal — contiene un robusto programa social. Los derechos, en una democracia constitucional, no son concesiones del poder de turno ni conquistas que dependen de cada mayoría electoral. Todo programa económico o político que desconoce esta premisa actúa fuera del núcleo de la Constitución democrática.

Esta idea tuvo una formulación judicial célebre hace más de un siglo. En su voto disidente en Lochner v. New York (198 U.S. 45, 1905), el Juez Oliver Wendell Holmes escribió una frase que sigue siendo de las más citadas en el constitucionalismo moderno: la Constitución no fue concebida para consagrar una teoría económica particular, ni el paternalismo estatal ni el laissez-faire; fue hecha para personas con visiones fundamentalmente distintas. El valor de la Constitución no radica en el mercado ni en la promoción de inversiones, sino en la defensa de la dignidad, la limitación del poder y la garantía de los derechos para todos.

Lo que la Constitución de 1993 realmente dice

La Constitución de 1993, pese a sus vacíos e imperfecciones, contiene un programa social que no puede ignorarse. El artículo 43 declara que el Perú es una república democrática y social. El artículo 44 establece como deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general. El artículo 4 impone garantías reforzadas para el niño, la madre, el anciano y la persona con discapacidad. El artículo 7 reconoce el derecho de todos a la protección de su salud. El artículo 58 precisa que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa en la promoción del empleo, la salud, la educación y los servicios públicos. El artículo 59 añade que el Estado brinda oportunidades de superación a quienes sufren desigualdad.

No es el programa de la izquierda. Es la constitución peruana de 1993, aprobada en el congreso dominado por el fujimorismo de aquel entonces y que la derecha peruana defiende con pasión en cada proceso electoral.

El respaldo del derecho internacional

El papel del Estado como promotor y garante de los derechos tiene amplio consenso internacional. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) recomendó que cada Estado elabore un plan de acción nacional para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. En 2018, el sistema interamericano incorporó exigencias referidas a políticas públicas con enfoque de derechos humanos, orientadas a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo los principios de igualdad, no discriminación, universalidad y acceso a la justicia (CIDH, 2018, párr. 147).

A ello se suman los desafíos del siglo XXI. Con el avance de los negocios digitales y los riesgos de manipulación de la información, la garantía de los derechos más básicos depende cada vez más de la fortaleza del Estado. El mercado, por sí solo, no protege la privacidad ni garantiza el acceso equitativo a la salud o la educación.

El debate no debe plantearse en términos de más o menos Estado — esa es una dicotomía falsa. La pregunta relevante es otra: ¿Qué políticas públicas son necesarias y cuáles garantizan mejor la eficacia de los derechos en igualdad para todos? Esa es la discusión que la Constitución exige y que la política peruana le debe a sus ciudadanos. A dos semanas de la segunda vuelta, en un país de profundas desigualdades, preguntarse si los derechos tendrán un lugar real en las políticas públicas de los próximos años no es una pregunta académica. Es la pregunta que realmente nos tiene que importar.

Tres jerarcas con el cuerpo inclinado ante comuneros despojados de sus tierras ancestrales por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana es una imagen que este país tardó veinte años en ver y que no debería olvidar. La Iglesia eligió estar del lado correcto. Eso importa y merece decirse.

Al respecto vale recordar que el Perú es un Estado laico. La Constitución lo establece y este diario lo defiende. Precisamente por eso, cuando una institución religiosa actúa con la altura ética que el Estado debería tener y con frecuencia no tiene, corresponde reconocerlo sin ambigüedad. Lo ocurrido en Catacaos no es un asunto confesional, sino uno de justicia. Y en ese terreno, que es el terreno que nos interesa, la Iglesia Católica — conducida primero por Francisco y ahora por León XIV — ha demostrado una voluntad de reparación que contrasta con la parálisis del Estado cooptado hoy por el pacto corrupto del Congreso.

Fue el papa Francisco quien ordenó la investigación que terminó con la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización que durante décadas usó el nombre de la Iglesia para cometer abusos de todo tipo, despojar tierras y perseguir a quienes se atrevían a resistir. No fue el Estado peruano quien la desmanteló. Fue la Iglesia. Y es León XIV quien, desde los primeros gestos de su pontificado, ha mantenido esa línea: los que usaron a la Iglesia como escudo para ejercer poder sobre los más vulnerables no merecen protección institucional sino responsabilidad plena. El acto de Catacaos es resultado de esa decisión.

En ede sentido, ¿qué espera la justicia peruana para hacer lo que le corresponde? Guadalupe Zapata Sosa y Cristino Melchor Flores, comuneros de esos territorios, están muertos. Los asesinaron mientras los defendían. Sus familias enfrentaron años de criminalización, persecución judicial y abandono institucional. Y el Estado peruano, que tiene la obligación constitucional de investigar esos crímenes, restituir esas tierras y sancionar a los responsables, sigue administrando su indiferencia con la misma paciencia con que administra la impunidad.

Corresponde que los fiscales aceleren las investigaciones y que los jueces resuelvan los expedientes pendientes, todo esto para que el Estado restituya -finalmente- lo que fue arrebatado.