En el Perú, las manifestaciones durante el período de Dina Boluarte dejaron un saldo de más de cincuenta víctimas, en su mayoría manifestantes del sur andino. Las investigaciones concluyeron que entre las víctimas había menores de edad y ciudadanos de a pie que ni siquiera participaban de las protestas. Hoy, esa injusticia sigue siendo una herida abierta. Los actos vandálicos ni aquí ni en ningún otro lugar se justifican ni se apoyan, pero sí es necesario defender la institucionalidad, las formas democráticas y un debido proceso que garantice el respeto a la vida y el derecho de la ciudadanía a organizarse y a manifestarse legítimamente.

Lo cierto es que las movilizaciones en Perú aún siguen siendo desarticuladas, y ese es otro tema de análisis. La falta de liderazgos o de coordinación entre ellos, y de un hilo conductor que logre unir, de manera masiva, a los peruanos y peruanas alrededor de temas comunes sigue siendo un pendiente. Muy posiblemente, y en un contexto global de protestas y movilizaciones, temas como el cambio climático, el medio ambiente, la Amazonía y el rechazo a la discriminación acaparen las calles en los próximos años.

Necesitamos entender las protestas. No para participar de ellas si no queremos, sino para comprendernos mejor. Estas pueden indicarnos qué canales de participación ciudadana han sido agotados, en qué demandas la ciudadanía no se siente escuchada, qué políticas públicas nos faltan y qué injusticias siguen sin ser atendidas.

No pude evitar rememorar esa estupenda lectura cuando vi la ley emitida por el Senado peruano, desapareciendo sin rubor alguno a la Cámara de Diputados. Ante el escándalo provocado por esta declaración pública, Miguel Torres, el presidente del Congreso, quien hasta entonces había sostenido la legalidad del documento, se vio obligado a dar marcha atrás y anunciar que había dispuesto la publicación de una fe de erratas.

Si observamos más detenidamente el proceso que llevó desde la anulación, en la práctica, de la bicameralidad hasta este reconocimiento de una metida de pata monumental, podemos analizar esta sucesión de “errores” desde otra perspectiva. Para un psicoanalista, lo primero que salta a la vista es que, siendo Torres abogado e hijo de abogado, no podía ignorar que estaba obliterando a toda una cámara elegida por votación popular. Así como, tal como ha señalado el constitucionalista Luciano López, esta ley no se podía corregir con una fe de erratas. Esto se hace, dijo, con la copia, no con el original. Lo que correspondería legalmente sería tramitar una ley rectificatoria.

El origen de la expresión “fe de erratas” proviene de la galaxia Gutenberg, cuando las imprentas trabajaban colocando las letras a mano, plomo por plomo. Mi recordado amigo Paco Campodónico me explicaba en detalle este engorroso trabajo en su propia imprenta. Permítanme un recuerdo afectuoso al entrañable editor de Mosca Azul,quien, cuando visitaba mi casa una o dos veces por año, examinaba mis libros nuevos (tenía un ojo infalible para detectarlos), pero lo que le interesaba no era el contenido sino la confección del objeto: la sangría, el cosido, la tipografía, etcétera.

¿La ley emitida por el Senado fue entonces un acto fallido? ¿O fue una admisión implícita de cómo se estaba configurando el poder político real en este quinquenio? Lo indiscutible es que reveló la mentalidad de quienes cortan el jamón. Una vez que compraron no uno sino cinco senadores de los “partidos” Obras y Buen Gobierno, acaso fue ese triunfo omnipotente el que los llevó por la senda peligrosa de la hubris, lo cual se expresó en esa declaración que los denunciaba. Acaso pensaron —es un decir— que ya era tiempo de anunciar urbi et orbi (ahora que nos visita el papa) la nueva configuración del poder real.

Pero ese abandono de la hipocresía les estalló en las manos. Hasta los doctores Truquini, como los llama Rosa María Palacios, saltaron de sus sillones. Como diciendo: que sea cierto no significa que deba ser anunciado ni menos promulgado en El Peruano. Tras unos intentos patéticos de sostener su desprecio por la Constitución, Torres se vio obligado a dar marcha atrás. Los entendidos se dieron cuenta de inmediato de que esa reculada no tenía fe ni ley. Más que una fe de erratas, era un intento de salir airoso de la soberbia patinada, que debilita su posición en el entorno fujimorista. Juan Carlos Tafur ha explicado que un asesor que no quiso nombrar le aconsejó a Keiko que se deshaga de Torres y Galarreta: uno por tonto y el otro por vivo. Nos dejó la tarea de decidir cuál era cuál. La última de Torres parece dar una pista.

Mientras no haya una oposición firme en el Congreso y en las calles, es evidente que vamos a observar cantidad de triquiñuelas como esta. La ventaja del fujimorismo es que las viene practicando hace años. Pero esta es también su desventaja. Son muy buenos para comprar conciencias —cierto que no es difícil con representantes que actúan como mercadería a la venta—, pero no saben gobernar. Eso los coloca en una posición complicada, pues la gente espera que les resuelvan sus gravísimos problemas.

A lo cual se añade la creciente desigualdad que ha constatado la última encuesta de OXFAM. Su directora, Alejandra Alayza, lo dice sin ambages en una entrevista de Emilio Camacho en La República: en el Perú, el Congreso, la política, actúan como representantes del poder económico. Siendo esto indudable (con la atingencia de que ahora el Congreso es el Senado), también lo es que las mayorías pueden aceptar este pacto implícito siempre y cuando les represente alguna mejora en su calidad de vida. Este dato se desprende de la mayor tolerancia hacia la desigualdad de los encuestados.

El problema es que, con operadores políticos hábiles para maniobrar y comprar senadores, pero inútiles para legislar, tan inútiles como el Ejecutivo para gobernar, ese pacto tiene los días contados. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos abusaron durante una década del cuento de que viene el lobo. Sustituir esa narrativa con caviares y terruqueo no mejora un ápice la vida cotidiana de los más necesitados. Esos que son las víctimas no solo de la extorsión cotidiana, sino de servicios de salud, educación, transporte, policía, etcétera, deplorables.

En algún momento la ciudadanía se dará cuenta de que la fe de erratas no es ese papeleo legal que a pocos les interesa. La gran errata, como van las cosas, ha sido la elección de este equipo incompetente y frívolo que los ha abandonado a su suerte.

Nanmoku y Belén ya tienen un acuerdo de ciudades hermanas, pero no es claro si eso les aseguraría residencia a los peruanos. Hoy los inmigrantes son vistos como un problema en el mundo entero. Pero tampoco hay colas de peruanos ante el consulado japonés de Lima. Ese furor migratorio es un asunto de otros tiempos.

Que Alberto Fujimori ganara la presidencia peruana en 1990 deslumbró a los japoneses, por insólito, por honroso y por las perspectivas que ello podía abrir. Cuando aquí vimos que era una noticia mundial, el interés por lo nipón creció exponencialmente. Fue una luna de miel digna de algunas escenas de Madame Butterfly.

Pero el verdadero furor fue entre los peruanos descendientes de los inmigrantes japoneses. Fujimori venía heredando una crisis económica, la posibilidad de volver al país de origen se veía atractiva, y para los nikkei las facilidades migratorias eran evidentes. Incluso se habló de cirugías plásticas para lograrlo.

Sin embargo, en el siglo XXI llegar a Nanmoku sería el equivalente a asumir trabajos de enfermería y cuidados geriátricos. Para quien tenga ese entrenamiento o vocación, la paga debe ser muy superior a la de Belén. De otra parte, tampoco son tantos los rojin de Nanmoku como para aliviar la presión de los desempleados de Belén (casi 70.000 habitantes).

En la era de los mitimaes peruanos reclutados por los rusos para su guerra (como decenios antes Israel invitó a cajamarquinos para sus acosados kibbutz), pocos aquí deben tener ganas de migrar a tierras lejanas. Para el propio Japón, una presidenta japonesa, tan zarandeada políticamente, no es mucha novedad.

Luego está la mala fama peruana producida por la delincuencia violenta, argumento de más para impedir la llegada de refuerzos amazónicos. En cambio, la abundante comunidad nikkei no parece muy animada a dejar el Perú. Pero suponemos que The Japan Times nos irá contando la historia del pueblo que está desapareciendo, de puro viejo.

La actual crisis de vivienda española ofrece un buen ejemplo. Los alquileres han crecido mucho más rápido que los salarios, en un contexto en el que la formación de hogares avanzó mientras la oferta de viviendas no respondió al mismo ritmo. Expandirla requiere suelo, infraestructura, permisos, financiamiento y condiciones que hagan viable construir y alquilar. No obstante, regular cuánto se puede cobrar por el alquiler o cuánto deben durar los contratos no resuelve ninguna de esas restricciones.

Peor aún, puede terminar afectando la oferta que ya existe. Según Jorge Galindo, del Centro de Políticas Económicas de Esade (España), mientras se debatían dos nuevos decretos sobre vivienda, los anuncios de alquiler de larga duración cayeron en las diez mayores ciudades españolas. La evidencia de San Francisco (EE. UU.) apunta en la misma dirección: Rebecca Diamond, de Stanford, encontró que la ampliación del control de alquileres llevó a los propietarios afectados a reducir su oferta en un 15 %, lo que elevó los alquileres de la ciudad en un 5 %.

Es decir, si algo puede lograr el control de precios de alquiler, es beneficiar al inquilino que ya consiguió un contrato, mientras hace más difícil encontrar vivienda al joven que recién empieza a buscar. El beneficio es inmediato y visible, pero el perjuicio para quien queda fuera lo es bastante menos. En el Perú conocemos bien esa lógica. Desde 2021 tenemos un tope a las tasas de interés con una promesa similar: impedir que el precio del crédito sea “excesivo”.

Sin embargo, una tasa de interés no solo refleja el margen financiero, sino que también debe cubrir el riesgo de no recuperar el préstamo, los costos de atender al cliente y la información disponible sobre él. Si el máximo permitido queda por debajo de esos costos, la entidad financiera puede simplemente dejar de prestar. Eso es justamente lo que encontró un estudio del BCRP: el tope redujo los préstamos pequeños, la entrada de nuevos deudores y el crédito a perfiles de mayor riesgo.

Aunque a algunos les sorprenda, eliminar el tope no equivale a resignarse a tasas altas. El camino para reducirlas pasa por atacar aquello que las explica. Más competencia es una parte. Revolut, uno de los mayores bancos digitales de Europa, y Nubank, el banco digital más grande de América Latina, muestran el tipo de competencia que podría ganar espacio en el Perú. Revolut ya recibió de la SBS la autorización de organización para constituirse como banco digital y Nubank ha manifestado interés en ingresar. Su llegada ampliará las alternativas para los clientes e impulsará la competitividad en precios y servicios.

Mejor información es otra parte. Recientemente, el MEF anunció la posibilidad de facilitar el acceso a los estados financieros de las empresas, lo que permitiría distinguir mejor entre buenos y malos riesgos. Una empresa solvente podría demostrarlo y acceder a mejores condiciones, en lugar de pagar una prima por la incertidumbre que existe sobre ella. Ese es el tipo de reforma que puede reducir tasas sin excluir clientes por decreto.

Por eso, no deja de ser revelador que David Vélez, fundador de Nubank, haya pedido eliminar en Colombia el tope a las tasas de interés, al que calificó como “el mayor obstáculo de la inclusión”. Su argumento es sencillo: quien hoy no califica dentro del sistema no desaparece, sino que termina con un crédito mucho más caro en el sistema informal.

En el mercado laboral, la tentación de resolver el problema desde el precio también tiene consecuencias. El Perú acaba de elevar la RMV de S/ 1,130 a S/ 1,230 y ha comprometido otro tramo hasta S/ 1,300. Según estimaciones del IPE, el aumento beneficia directamente a menos del 2 % de la fuerza laboral. Sin embargo, para cobrar la RMV hay una condición previa que parece desaparecer cada vez que se debate el tema: tener un empleo formal que pueda pagarla. Los que ya tienen ese puesto y lo conservan reciben el aumento, pero quienes buscan entrar enfrentarán un costo mayor para ser contratados.

La mejor prueba de que ese costo existe es el bono transitorio de S/ 100 por trabajador que el Estado brindará a las microempresas de 2 a 10 empleados. Si elevar la RMV no encareciera la contratación, no habría sido necesario subsidiar temporalmente a quienes deben pagarla. Y ojo: es un alivio temporal para un costo permanente. ¿O es que, como muchas veces en el Perú, lo temporal se volverá permanente?

Investigadores del BCRP han mostrado que, en una economía altamente informal, un salario mínimo mayor puede inducir la sustitución de trabajadores formales poco calificados por trabajadores informales o por maquinaria. En un país donde cerca del 70 % de los trabajadores son informales, encarecer la puerta de entrada a la formalidad debería exigir bastante más que una negociación política sobre cuál será el siguiente número.

Si bien congelar alquileres, fijar topes a las tasas y elevar por decreto el costo mínimo de contratación son políticas distintas, comparten una misma ilusión: que basta cambiar el precio para cambiar la realidad que ese precio refleja.

El problema es que las fuerzas económicas no desaparecen porque una norma diga lo contrario. Si faltan viviendas, limitar el alquiler no crea nuevos departamentos. Si prestar es caro y riesgoso, fijar una tasa máxima no reduce ese riesgo. Si la productividad es baja o contratar formalmente es costoso, elevar la RMV no cambia esas condiciones. Cuando el precio deja de reflejar esas restricciones, el ajuste aparece por otra vía: menos oferta de vivienda, menos crédito para clientes nuevos o riesgosos, menor contratación formal o más informalidad.

Por eso, el debate sobre precios justos suele empezar en el lugar equivocado. No es que el Estado carezca de un papel. Todo lo contrario: tiene mucho por hacer: promover la competencia, reducir barreras, mejorar la información, castigar abusos y proteger a quienes lo necesitan. Pero esas políticas buscan cambiar las condiciones que determinan los precios, no sustituirlas por un número.

Eso es, lógicamente, más difícil. Construir más vivienda exige inversión y reformas; reducir las tasas, competencia e información; y elevar los salarios de manera sostenible, mayor productividad y una formalidad menos costosa. La política puede fijar por decreto cuánto se permite cobrar o cuánto se debe pagar, pero no puede hacer desaparecer la escasez, el riesgo o la baja productividad. Si esas fuerzas siguen allí, terminarán expresándose de otra manera. Mientras que resolver el problema exige cambiar las condiciones que lo producen, fijar un número solo permite aparentar una respuesta inmediata. Esa es, precisamente, la tentación del precio justo.

¿Qué es la IA? Es un campo de la informática que crea sistemas y algoritmos que pueden simular algunas funciones cognitivas humanas, como el razonamiento, el aprendizaje, el reconocimiento de voz o imágenes y la resolución de problemas; en principio, abarcando el uso masivo de esta herramienta, fundamentalmente en el sector formal de los países desarrollados.

¿Para qué sirve? Aumenta la posibilidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia en actividades diversas, como la automatización de tareas, el análisis de datos, la generación de asistentes virtuales y la atención, así como en actividades tan diversas como el transporte y la logística. Dado que estos beneficios, como se mencionó, son capitalizados por el sector formal en economías desarrolladas, el reto resultante está en lograr ampliar estos beneficios para más gente y en economías en desarrollo.

Hoy casi el 80 % de la fuerza laboral opera en la economía informal. Nos referimos a los vendedores en la calle, algunos con puestos callejeros, a los que ofrecen servicios de transporte con conductor y a los vigilantes privados. En este contexto, es común que todos ellos vivan con lo que ganan al día, sin datos, con una total desprotección legal e incluso sin acceso efectivo a los servicios de salud. ¿Los beneficios de la IA les alcanzan a ellos? Está claro que no. Entonces, ¿cómo formular políticas públicas sin información?

Por otro lado, también ha ocurrido, aunque marginalmente y dependiendo del ciclo económico, el paso del trabajo informal al formal, en tanto las plataformas capaces de utilizar la IA han facilitado este proceso, en un contexto de una demanda de empleo temporalmente mayor.

Es posible reforzar la resiliencia y el nivel de ingresos potencial de los trabajadores informales, por supuesto. El mayor uso de las plataformas que utilizan la IA demuestra que los trabajadores informales podrían acceder al crédito, contar con ingresos más previsibles y participar de manera más integrada en la vida económica, con una menor dependencia de obsoletos sistemas formales.

¿Cuál es entonces el desafío por afrontar? Ampliar esos efectos positivos de la IA, centrándose en adquirir nuevas competencias y en diseñar reglas en torno a la informalidad, en lugar de importar forzadamente los supuestos de la economía formal en lo que respecta a los procedimientos, que más bien debilitan lo que ya funciona.

La reforma más importante de los últimos años fue la de 2020. La Ley 31031 obligó a que la selección de candidatos se hiciera por concurso público de méritos, a cargo de una comisión especial del Congreso. La idea parecía sensata. Se trataba de separar una etapa de evaluación, que en principio debería ser técnica, de la decisión política propiamente dicha. Precisamente por eso uno podría preguntarse por qué esa evaluación no se encarga a una universidad o a una instancia neutral, en lugar de dejarla en manos de quienes luego votan.

En la comisión, el debate se centró en el peso de la entrevista personal. El texto inicial le daba 40 puntos frente a 60 del currículo, y finalmente quedó en 30 y 70. Las bancadas que controlan el Senado defendieron la entrevista como el momento para conocer el criterio de los postulantes. La oposición pidió reducirla a 15 puntos en nombre del mérito. Es una discusión comprensible, porque la entrevista la califican los propios senadores y es ahí donde más fácilmente se cuela la preferencia política.

No obstante, a la luz de las reformas que no se han hecho, este es un debate engañoso y, en gran medida, irrelevante. La elección de magistrados constitucionales siempre ha tenido un margen enorme de discrecionalidad política, aquí y en cualquier parte. En nuestro caso, además, la última palabra la tiene un Senado de 60 miembros que necesita 40 votos para elegir. El puntaje solo decide quién entra en la lista de aptos. Después, el mérito queda subordinado a la votación, y no sería raro que los mejores currículos se queden sin respaldo mientras otros, con menos credenciales, pero mejores amistades, lleguen al Tribunal. Discutir si la entrevista vale 30 o 15 puntos es como discutir las reglas de admisión a un club privado cuya junta directiva es, al final, la que decide.

El problema de fondo

El problema de fondo es otro y creo que resulta fundamental que lo discutamos abiertamente. Me refiero a cómo evitar que el poder se concentre en el proceso de selección y elección. A mi juicio, ese es el problema estructural que explica muchos de los problemas en la actuación del TC.

Cuando Hans Kelsen pensó el diseño de los tribunales constitucionales, tuvo muy presente este riesgo. En su célebre texto de 1928 sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución advirtió que no convenía aceptar sin reservas «ni la simple elección por el Parlamento ni el nombramiento exclusivo» del jefe de Estado o del Gobierno. Propuso combinar ambas vías e incluso sugirió que las facultades de Derecho propusieran candidatos para una parte de los puestos. La preocupación era obvia. Un tribunal que resuelve los conflictos del poder necesita la confianza y, a la vez, la distancia de sus protagonistas.

Hay que reconocer que la práctica comparada no siempre sigue al pie de la letra el consejo de Kelsen. Pero en todos los modelos que funcionan razonablemente se repite una misma preocupación: que el poder de elección no quede en manos de un único poder. Incluso en Alemania, donde la elección corresponde a las dos cámaras, el poder se reparte. La mitad de los jueces la elige el Bundestag, que representa a la nación, y la otra mitad, el Bundesrat, que representa a los Länder (Estados federados). Así, ninguna mayoría puede hacerse del control del proceso de elección de los integrantes del Tribunal. Donde ese reparto falta, como en Polonia o Hungría, una sola asamblea ha bastado para que una mayoría tome el control de su tribunal constitucional. El modelo más extendido es el mixto. En Italia, el presidente, el Parlamento y las altas cortes nombran cinco magistrados cada uno. En España intervienen las dos cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. En Chile participan el presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Y en Colombia, el caso más parecido al nuestro, elige el Senado, pero solo entre ternas que presentan el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En este punto, el modelo peruano ha retrocedido. La Constitución de 1979 lo había entendido bien, y el Tribunal de Garantías Constitucionales se integraba con tres miembros designados por el Congreso, tres por el Ejecutivo y tres por la Corte Suprema. La Constitución del 93 concentró la elección en el Congreso unicameral. Ahora ni siquiera es el pleno del Congreso, sino únicamente el Senado. Si la legitimidad del Tribunal ya venía cuestionada, cabe esperar que lo esté aún más y que las tensiones en cada elección no disminuyan.

Por eso creo que este proceso exige algo más que un buen reglamento. Exige abrir la discusión sobre quién designa, aunque sea pensando en una reforma futura, y buscar desde ya fórmulas para que otras instituciones participen, equilibrando el poder de designación. Exige, además, un acuerdo político para romper el ciclo de recambios en bloque. Elegir seis de siete magistrados al mismo tiempo pone en manos de una sola mayoría, en un solo momento, casi todo el Tribunal. Es exactamente el escenario que Kelsen quería evitar: una sola mayoría decidiendo sobre casi todo el Tribunal. Una renovación escalonada, como la española por tercios, impediría que una mayoría pasajera recomponga el Tribunal a su medida. La pregunta que corresponde hacerse en el pleno del Senado, cuando se discuta la propuesta de reglamento, no es cuánto vale la entrevista, sino cómo impedir que el poder de designar al máximo tribunal jurisdiccional del país se concentre en una sola cámara política.

Es la temporada de las gratificaciones, el intercambio de regalos y buenos deseos, la expresión de diversas religiosidades y, para quienes soportan el calor o las temperaturas erráticas, un bello clima. También es una temporada de espera de un aumento en la remuneración mínima vital, más la aparición de diversos bonos oportunistas.

Junto a todo lo anterior estarán los feriados, puentes y otros, y el repliegue de congresistas y ministros respecto de la política. Salvo que un inesperado escándalo irrumpa en la tranquilidad de la temporada. Por todo el país, gobiernos locales recién elegidos se irán instalando; motivo de discurso, fiesta y polémica.

En las partes de la costa no estragada del todo, temperaturas nunca vistas y vacaciones de diverso tipo alentarán un ánimo playero y veraniego en general. Será un turismo interno que tal vez compense el del exterior, asustado por las pésimas noticias sociales y meteorológicas sobre el Perú.

Para noviembre, la primera trifulca en el Congreso se habrá calmado, y seguramente nadie quiere participar en una nueva antes de enero. No olvidemos que quedan facultades delegadas por otorgar. Navidad y Año Nuevo no son buenos momentos para lanzar los clásicos proyectos de ley de fantasía que aparecen desde todas partes.

Guste o no guste, la persona del año va a ser Keiko Fujimori, por haber ganado la presidencia. Es recién en 2027 que entrarán en foco sus pobres 100 días, con la caída de su aprobación, las limitaciones de sus equipos, las cifras de asesinatos y el perfilamiento del estilo fujimorista que hizo famoso al padre.

Pero nada del párrafo anterior destacará en este fin de año. Pues las elecciones de abril y junio le han sumado un cariz de tregua a una temporada que es naturalmente festiva, si uno no vive en una zona de inundación, chaparrón o huaico. Es evidente que hay muchas esperanzas puestas en la visita del papa, si bien él no ha prometido nada.

Las cifras revelan que el 30,5 % de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o severa; hay 2,3 millones de pobres más que antes de la pandemia; siete de cada diez jóvenes en Lima trabajan informalmente; 14,8 millones de peruanos carecen de acceso suficiente al agua, y el Perú ocupa el puesto 94 de 145 países en materia de brechas de género, que limitan la autonomía de las mujeres y se agravan por la insensibilidad institucional pública.

Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en el Estado. La inclusión del otro, expresión de J. Habermas, nos invita a reconocer a quienes viven realidades distintas a las nuestras. ¿Qué hacemos, individual y colectivamente, para derribar barreras de inequidad? ¿Dejamos que prevalezcan el individualismo y la indiferencia? Los cambios sociales no son lineales; exigen políticas públicas y compromiso ciudadano.

Para ello, es fundamental promover la igualdad sustantiva: reglas idénticas pueden perpetuar desigualdades cuando las condiciones de partida difieren. No basta con reconocer formalmente los derechos. No se trata de concesiones ni privilegios, sino de dignidad, libertad y derechos efectivos para construir una nueva nación: El tipo de libertad que se ansía exige igualdad y eso solo es posible entre iguales (H. Arendt).

Hoy teje Nancy Goyburo Reeves, ingeniera, especialista en políticas de inclusión financiera y desarrollo.

 ¿Qué significa para una institución defender sus valores y proteger la libertad académica? ¿Cómo puede mantenerse abierta al intercambio cultural y, al mismo tiempo, proteger los intereses nacionales? 

 Se los diré. Como expresidente de la Junta Directiva de Miami Dade College (una de las instituciones de educación superior más grandes de los Estados Unidos) me tocó enfrentar esa tensión a raíz de nuestra experiencia con un Instituto Confucio. Su red en campus de todo el mundo nos ha puesto agresivamente a prueba y ha traspasado límites éticos. No permitan que estos Institutos de la Confusión los confundan. 

Yo lo viví 

En Miami Dade College recibimos de buena fe a un Instituto Confucio con el propósito de ampliar los horizontes culturales y lingüísticos de nuestros estudiantes. Eso nunca ocurrió. 

Las cláusulas de confidencialidad impidieron que docentes y estudiantes conocieran cómo se dirigía y financiaba el instituto.  Resultó que el Partido Comunista Chino (PCCh, por sus siglas en español) no era precisamente un vecino académico independiente y amistoso. Financian esta “red educativa” para influir en lo que una universidad enseña, en qué expositores son invitados a las aulas e incluso en lo que sus profesores pueden decir.  También influye cada vez más en las decisiones sobre el financiamiento de investigaciones y las alianzas institucionales.  

 Podrán pensar que el monaguillo en la parroquia simplemente está aprendiendo chino para ayudar a los turistas extranjeros durante la misa, ¿verdad? Nosotros pensábamos lo mismo. Pero estoy aquí para decirles que los Institutos Confucio tienen algo más en mente.  En 2019, nuestra Junta Directiva descubrió cómo estos “institutos” operaban de la mano con el PCCh, y votamos a favor de cerrar la célula que funcionaba en nuestro campus debido a los riesgos de seguridad. Protegimos a nuestros estudiantes y sus datos del seguimiento por parte de empresas que son propiedad del PCCh y que tenían acceso a nuestro campus a través del Instituto Confucio. Nos aseguramos de que nuestros estudiantes no fueran víctimas de la agenda oculta que Pekín tenía para su futuro.  Y para proteger nuestras colaboraciones en el Perú, hacemos lo mismo: no podemos trabajar con las universidades que tienen estos institutos.  

Europa, Australia y Canadá también lo vivieron 

Esta no es solo la historia de Miami Dade. Más de 100 universidades de EE.UU. han cerrado Institutos Confucio desde 2019.  Australia, Francia, Alemania, Suecia, Canadá y muchos otros países han adoptado medidas de protección tras experiencias similares.  Por ejemplo, en el 2025, la asociación de universidades U15 de Canadá firmó un acuerdo para aplicar estándares más estrictos de seguridad en la investigación ante la amenaza que representa China para investigaciones sensibles realizadas en los campus. 

 Comparto estas historias porque otros líderes de la educación superior merecen conocerlas.  Mi experiencia reafirmó dos verdades fundamentales: 

 1.     La transparencia genera confianza 

2.     Las alianzas estratégicas deben fortalecer la independencia, no erosionarla 

 En ambos aspectos, los Institutos Confucio no cumplen. Los estudiantes, los docentes y las comunidades merecen conocer todos los términos de cualquier acuerdo de colaboración: quién lo dirige, quién lo financia y quién toma las decisiones. Decidir si albergar un Instituto Confucio es seguro para una institución, no es algo tan simple como pensar en generosidad o conveniencia. Es una decisión transcendental, con consecuencias a largo plazo que requieren una profunda reflexión.  

 La integridad académica, la independencia y la transparencia son los pilares de las universidades que contribuyen a construir grandes sociedades.  Los valores académicos impulsan la prosperidad, el comportamiento ético y, sí, incluso la seguridad ciudadana.  Lo contrario también es, sin duda, cierto.  

¿Y América Latina? ¿Y el Perú? 

 Hay más de 40 Institutos Confucio en América Latina; el Perú alberga cuatro.   Este año, me he reunido con rectores de algunas de las universidades más prestigiosas del Perú que albergan Institutos Confucio, entre ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Compartí con ellos las mismas lecciones que guiaron a la Junta Directiva de Miami Dade en 2019. 

Los valores, la gobernanza y la independencia del Perú deben permanecer en manos de los propios peruanos, no del Partido Comunista Chino y, sí, tampoco del gobierno de los Estados Unidos.  Un Perú fuerte y estable es bueno para los peruanos, bueno para nuestra región y bueno para EE.UU. 

 Los Estados Unidos valora el intercambio educativo con todas las naciones.  Los programas de enseñanza de inglés, los intercambios Fulbright y la colaboración en investigación forman parte integral de la manera en que los ciudadanos estadounidenses se relacionan con el mundo.  El programa Fulbright en el Perú ha apoyado a muchos de los líderes más importantes del país durante años decisivos de su formación académica y profesional. 

Recientemente recibimos en el Perú a representantes de 22 universidades estadounidenses para una feria de EducationUSA, ninguna de ellas controlada por el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de presentar a estudiantes peruanos sus programas académicos.  Más de 6 mil estudiantes se inscribieron con entusiasmo, con sus metas profesionales y sus sueños en mente.  

Ha llegado el momento que las instituciones peruanas se pregunten: ¿estos Institutos de la Confusión reflejan sus valores? ¿Fortalecen a las instituciones peruanas y su futuro? 

 En Miami Dade College ya respondimos esa pregunta. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha declarado ahora que los institutos representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora le toca al Perú.  Manténganse alerta. 

Paralelamente y a muy temprana edad, comenzó a interesarse por el ocultismo, asistiendo a su primera sesión espiritista a los 17 años. Ya sentía una especial atracción por lo esotérico, pero este interés de comunicarse con los muertos le aumentó luego de la muerte de su hermana Hermina a los 10 años. A partir de entonces, para profundizar sus inquietudes espirituales, se acercó a los rosacruces, la teosofía y la antroposofía, corriente filosófica creada a comienzos del siglo XX por el esotérico austríaco Rudolf Steiner. Viniendo de los términos griegos anthropos (hombre) y sophia (sabiduría), es decir, la sabiduría del ser humano, este movimiento sostiene que el hombre es una entidad compleja integrada por cuerpo, alma y espíritu y busca conectar los aspectos espirituales del ser humano con las dimensiones espirituales del universo, a través del autoconocimiento, la meditación y el desarrollo moral. Propone que existe una realidad invisible o inmaterial que puede investigarse mediante métodos conscientes de percepción interior.

Hacia sus treinta años (1896) siguió con las sesiones de espiritismo con un grupo de mujeres conocidas como Las Cinco: Anna Cassel, Cornelia Cederberg, Sigrid Hedman y Mathilda Nilsson, reuniéndose periódicamente para realizar sesiones de canalización, meditación, escritura y dibujo automático (la mano se mueve libremente sobre el papel sin la intervención del pensamiento racional ni el control consciente), prácticas que influyeron en el desarrollo posterior de su obra. En estas sesiones creían comunicarse con espíritus llamados los Altos Maestros: Amaliel, Ananda, Clemens, Esther, Georg y Gregor.

En 1904, Georg y Ananda “pidieron” a Las Cinco la construcción de un templo. Dos años después, Amaliel “encargó” a Hilma af Klint que produjera una cantidad de pinturas para ser colgadas allí, que retrataran el aspecto inmortal del hombre y transmitieran un mensaje a la humanidad. Ella desarrolló 193 “obras para el templo” durante nueve años, piezas que hoy son consideradas como las primeras composiciones abstractas existentes.

A partir de 1896, Las Cinco practicaban regularmente la escritura y pintura automáticas a partir de las sesiones de espiritismo desde donde, según ellas, se las pedían. 

Una época efervescente donde descubrimientos como los rayos X o las ondas de radio cuestionaron muchas de las convenciones, abriendo posibilidades de exploración que iban más allá de los cinco sentidos. Y ella, como muchos de sus contemporáneos, no cesó en su búsqueda de lo espiritual y paranormal. Bajo las “órdenes” de Amaliel consolidó la gran producción de su vida, obras que “fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban; sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una sola pincelada”.

Estaba convencida de que la realidad iba más allá del mundo físico, estableciendo un paralelo espiritual tan real y verdadero como lo material. A diferencia de otros artistas abstractos, no buscaba disolver o interpretar la realidad, sino hacer visible lo invisible, mostrar lo que pueda haber detrás del mundo físico. Con colores pastel, letras, líneas, espirales y formas geométricas con simbologías específicas, repetía motivos como conchas marinas, serpientes, rosacruces, lirios, cisnes o letras, representando dualidades en el universo, lo masculino y femenino, el macrocosmos y el microcosmos, la luz y la oscuridad y el origen y el fin del mundo.

Durante 1906 y 1908 creó 111 obras, una cada cinco días. Los espíritus le pidieron 10 pinturas de una belleza paradisíaca que evocaran la infancia, la juventud, la adultez y la vejez.

En 1908, Steiner visitó su estudio, recomendándole no mostrar sus obras en los próximos cincuenta años, dado su carácter controversial y polémico.

Ese año se tomó un descanso de cuatro años, aprovechando para cuidar a su madre ciega y reflexionar.

En 1944 murió en un accidente de tránsito, dejando más de 1300 obras abstractas y miles de dibujos. Especificó en su testamento que su obra no fuera mostrada hasta veinte años después de su muerte, temía no ser comprendida.

El embargo existente contra el Estado cubano ha recibido esa valoración de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 por ir contra esas reglas de derecho internacional. A partir de ello, ha exigido su levantamiento de manera sostenida durante más de tres décadas. No obstante, como han evidenciado estas páginas, las recientes sanciones están recayendo sobre todo en quienes menos capacidad tienen de resistirlas, incluso al privar a la población del combustible mínimo necesario para mantener operativos los servicios de salud y alimentación. Vale acotar que esta constatación no exime de observar cómo los cubanos han convivido con un régimen que ha coartado su libertad. El tema de ahora es que, al mismo tiempo, el bloqueo ha hecho casi imposible el acceso a bienes de primera necesidad. Por eso mismo, por criterios de humanidad, es lamentable ver cómo esos embargos no golpean las estructuras de poder que someten al pueblo, sino a quienes viven sometidos bajo ellas.

Con ese antecedente, la Asamblea General aprobó ayer una vez más, la resolución que exige el levantamiento de esas medidas, con el respaldo de una amplia mayoría de Estados miembros. No obstante, la abstención del Perú contrastó con su posición histórica en este expediente. Chile, bajo el gobierno de Antonio Kast, se sumó a la abstención peruana.

La tradición diplomática del Perú ha distinguido siempre entre el régimen cubano y el pueblo que lo padece, sosteniendo que solidarizarse con los cubanos no equivale a respaldar a sus gobernantes. De hecho, esa distinción se refleja en la histórica intervención del diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea, quien, durante una reunión de consulta de cancilleres de la OEA en 1960, manifestó su rechazo a «cualquier imposición dogmática del poder de la fuerza o del dinero». Al cierre de esta edición, la sorpresiva abstención peruana, que abandona esa distinción, no ha tenido explicación pública para los ciudadanos a los cuales dice representar.

La solidaridad con el pueblo cubano no equivale a respaldar al gobierno que lo oprime. Y una medida así merece una revisión responsable por parte de los Estados miembros, no una defensa irrestricta ni un rechazo sin más.

La frase, más que un exabrupto, es una confesión. Pone en la misma línea el cabello de los estudiantes y el contenido de los libros, y deja ver que estas medidas no buscan reducir la violencia escolar ni mejorar los aprendizajes. Expresan una antigua idea de escuela, la de un lugar para vigilar, corregir y castigar; un lugar para moldear cierto tipo de persona. No son una política educativa. Son una posición política sobre la educación. 

La norma atribuye el problema a una decisión de 2018, aunque la historia es más larga. Desde la Ley General de Educación de 2003, el Estado sostuvo durante más de dos décadas una misma idea: que la disciplina es formativa y respeta los derechos de los estudiantes, y que la escuela es, antes que nada, el lugar donde se aprende a convivir con las diferencias. Parte de ese camino se recorrió, además, en la primera gestión del actual ministro José Antonio Chang. La exposición de motivos reconoce el propósito legítimo de la norma de 2018, dejar atrás décadas de castigo físico y humillación, y aun así la señala como la primera causa del problema. El cambio parece técnico, pero no lo es. Es el paso de una escuela que enseña a convivir a una que exige obedecer.

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el SíseVe registró 50.633 reportes de violencia escolar. Uno de cada tres no describe agresiones entre estudiantes, sino hechos atribuidos al personal de las escuelas, y 4.563 de esos casos son de violencia sexual. Según la ENLA 2025, el 29% de escolares de segundo de secundaria vio ese año a un docente castigar a un estudiante humillándolo y el 18%,golpeándolo con un objeto. Aun así, la norma define el problema como un asunto de conducta estudiantil y a los adultos les ofrece algo que llama «respeto irrestricto».

No hay, en las treinta y dos páginas de la exposición de motivos, una sola línea que explique por qué el maquillaje o el cabello teñido amenazan la convivencia. Confundir el problema con la apariencia no es un error de diagnóstico. Es un desplazamiento en el que se mira el cuerpo del estudiante para no mirar a la institución. Y no a cualquier estudiante. La regla rige solo en la escuela pública; quien quiera el cabello teñido, sugirió el ministro Chang, puede buscar un colegio privado. El orden tiene destinatarios.

Y tiene, sobre todo, destinatarias. Fuera del discurso presidencial, la norma no dice una palabra sobre el cabello de los varones. Lo que regula recae en lo que se asocia a las mujeres: el maquillaje, los aretes, el largo de la falda. Medir la falda de una adolescente «por razones de seguridad» no es un detalle reglamentario. Es poner su cuerpo bajo vigilancia, el mismo año en que se le quitó la educación sexual que le enseñaba a cuidarlo. 

Michel Foucault mostró que la escuela moderna comparte su arquitectura con el cuartel y la prisión. Las tres operan con las mismas técnicas —la vigilancia constante, el examen, la sanción que corrige hasta la desviación más pequeña— y producen lo mismo: cuerpos dóciles, útiles porque obedecen. La nota de conducta y el registro de cada falta con fecha, hora y firma son dispositivos de ese tipo. La norma dibuja incluso lo que Foucault llamó el continuo carcelario: las faltas más graves pasan del aula a la comisaría y de allí a los centros juveniles.

La disciplina es una condición del aprendizaje. Son acuerdos que se construyen, se explican y se cumplen. El disciplinamiento es otra cosa. Es un proceso de regulación, vigilancia, normalización y producción de conductas mediante mecanismos institucionales de poder. Su resultado no es la convivencia. Es la obediencia. Por eso estas normas no ayudan a convivir; alimentan la ilusión de que castigando desaparecerá el problema. Es, además, una ilusión sin presupuesto. El decreto no demanda recursos adicionales y cuando un estudiante necesite atención psicológica que la escuela no pueda darle, el director entregará a la familia los datos de los servicios del Ministerio de Salud.

En 2021 publiqué un texto titulado La restitución de la autoridad. Acerca de la tarea de enseñar. Sostuve allí que las reformas habían erosionado la autoridad pedagógica al convertir al maestro en un facilitador. Pero la autoridad no se decreta. Hannah Arendt advirtió que la autoridad excluye la coerción. Y es que allí donde se recurre a la fuerza, la autoridad ya ha fracasado. Un maestro tiene autoridad porque sabe, porque enseña y porque es reconocido por ello. Una autoridad que se exige irrestricta y que castiga como falta grave cualquier acto que afecte la imagen del colegio, dentro o fuera de él, no es autoridad restituida. Es autoritarismo. Y el autoritarismo también se aprende.

Dije al inicio que estas medidas expresan una posición política. Lo que está en curso es la «guerra cultural» con que la derecha radicalizada disputa el sentido común, y la escuela es su territorio predilecto. Empezó antes de este gobierno, cuando el fujimorismo y sus aliados, con mayoría en el Congreso, hicieron del enfoque de género un adversario, y culminó en mayo con la eliminación de la educación sexual integral. Luego vino la memoria. Primero, una revisión de textos escolares que señalaba como sensibles palabras como «conflicto armado» o «dictadura»; después, el anuncio del ministro Chang de que, sobre los años de la violencia política, bastaba con decir que hubo terrorismo. Ahora llega el disciplinamiento. No son, pues, tres decisiones. Es una sola agenda que avanza sobre la escuela por capas: ni género ni sexualidad, ni memoria, ni convivencia. 

Lo que se dibuja es una escuela donde no se habla de sexualidad, donde se quiere reescribir la historia reciente y donde el cuerpo debe pasar desapercibido. Una escuela así no forma ciudadanos capaces de reconocer en el otro a un igual con quien discrepar. Forma súbditos que aprenden temprano que la diferencia es una falta y que toda falta se sanciona.

Quienes prometen sacar la ideología de las aulas confirman, sin quererlo, lo que niegan: que la educación es, siempre, un hecho político.

Quienes crecimos viendo Looney Tunes, y ya son casi cinco generaciones las que lo han hecho, conocemos bien la épica personal de Wile E. Coyote. Convencido de que la inteligencia, la ciencia y la planificación bastan para superar cualquier obstáculo, dedica su existencia a capturar al escurridizo Correcaminos. Para ello diseña estrategias cada vez más sofisticadas, construye artefactos improbables y deposita una confianza inquebrantable en los productos de ACME. Sin embargo, cada plan termina en una explosión, una caída al vacío o algún accidente tan espectacular como cómico. Aunque la lógica de los cartoons garantiza que nadie resulte realmente herido, la acumulación de derrotas convirtió al autoproclamado genio en un ícono universal de la perseverancia a través del fracaso: alguien que nunca alcanza la meta, pero tampoco considera rendirse.

Hace unos meses se estrenó la película Coyote vs. Acme, la cual recupera una pregunta que durante décadas acompañó a quienes disfrutamos de estos personajes: si los productos de ACME fallan sistemáticamente, y buena parte de las desgracias del Coyote pueden atribuirse a ellos, ¿hasta qué punto la empresa es responsable de sus fracasos? La cuestión es tan ridícula como fascinante. Después de todo, quizá el verdadero problema nunca fue la obstinación del Coyote, sino la confianza ciega que depositó en herramientas que prometían el éxito mientras lo conducían, una y otra vez, al desastre.

Clases de filosofía y ética

La relación entre el Coyote y el Correcaminos trasciende la simple persecución. En cierto sentido, ambos se necesitan mutuamente: el primero encuentra sentido en perseguir un objetivo que siempre se le escapa, mientras que el segundo existe como la promesa inalcanzable que mantiene viva esa búsqueda. Como la roca de Sísifo, el Correcaminos está siempre a unos metros de distancia: lo suficientemente cerca para parecer alcanzable y lo suficientemente lejos para que el triunfo nunca llegue.

En esa dinámica surgen preguntas inevitables: ¿qué tan valiosa es la persistencia del Coyote? ¿Qué podemos aprender de la fe con la que enfrenta cada nuevo fracaso? Tal vez sea precisamente la repetición de la derrota lo que convierte esta historia en algo más que una comedia absurda. Bajo las explosiones y los artefactos defectuosos emerge una reflexión sobre la condición humana y nuestra capacidad de insistir incluso cuando la experiencia parece indicar que el resultado será siempre el mismo. Porque, detrás de cada caída, también hay aprendizaje, adaptación y una renovada voluntad de intentarlo otra vez. Es decir, los medios que son más relevantes que el fin en sí mismo.

La película desarrolla estas ideas mediante situaciones tan hilarantes como dramáticas, sin abandonar el estilo característico de Looney Tunes. Al mismo tiempo, rinde homenaje al clásico ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y deja abiertas preguntas capaces de generar interesantes conversaciones con niños y jóvenes: ¿qué lugar ocupan los personajes de ficción en nuestra cultura?, ¿todo es válido en nombre de los resultados?, ¿hasta qué punto puede justificarse el sufrimiento ajeno por un supuesto beneficio colectivo? Incluso invita a dirigir una mirada crítica no solo hacia las grandes corporaciones, sino también hacia la tendencia humana a manipular cuanto nos rodea para alcanzar objetivos muchas veces justificados por el bien común.

El Coyote empuja su piedra

Al final, la trama de Coyote vs. Acme funciona porque se apoya en décadas de historias que han convertido a Wile E. Coyote en uno de los personajes más entrañables de la cultura popular. Pero su verdadero logro consiste en demostrar que detrás de las carcajadas sigue escondida una pregunta profundamente humana: ¿qué nos impulsa a seguir intentándolo cuando todo parece indicar que vamos a fracasar?

Quizá esa sea la razón por la que el Coyote continúa fascinándonos. Como Sísifo, empuja una y otra vez su piedra cuesta arriba. Y aunque nunca alcance la cima, en cada nuevo intento encontramos una lección sobre la perseverancia, la esperanza y la capacidad de levantarnos después de la caída para volver a sonreír. Porque –como siempre—, cualquier motivo es valioso para aprender.

En el proceso han quedado vacías de contenido instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema. Ese vaciamiento ha estado asociado a la forma en que se han desarrollado los procedimientos de designación de quienes las tienen a su cargo. Pero no se agota con haber ocupado esos puestos. El vaciamiento se produce cuando estas posiciones se convierten en plataformas para sostener discursos banales —recuerden al defensor del Pueblo sugiriendo el cierre de la Cámara de Diputados— o de ruptura —como la pretensión de limitar la aplicación de la jurisprudencia internacional a los casos en que el Perú haya sido parte—. La banalidad tiene más de una forma. Pero todas se construyen dando más peso a los discursos basados en preferencias o intereses personales, en formas y detalles simbólicos que terminan ocupando un espacio que debería estar ocupado por consideraciones públicas, constructivas, abiertas al debate.

El ciclo de desmontaje fue sostenido desde el Congreso unicameral. El símbolo más claro de lo que representó el vaciamiento de los procesos parlamentarios en su periodo fue la aprobación de las llamadas “leyes pro crimen”, entendidas como aquellas que fueron escritas para favorecer posiciones particulares en investigaciones posibles o en curso. Estas fueron usadas para debilitar instrumentos como las escuchas telefónicas que sostuvieron el caso de los Cuellos Blancos o allanamientos como el practicado a la señora Boluarte.

Las elecciones de abril han introducido una diferencia importante respecto al ciclo anterior. La derrota de las franquicias que dominaron el escenario anterior ha abierto la posibilidad de recuperar una representación organizada alrededor de tres bloques principales: derecha, centro e izquierda. Aunque el proceso sea embrionario y esté cargado de mensajes ambiguos; aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, todavía tenemos ante nosotros una oportunidad para reconstruir la política parlamentaria. En un Parlamento de dos cámaras sin mayorías uniformes, la imposición de decisiones por simples juegos de correlaciones se ha vuelto mucho más difícil. Pero la ausencia de mayorías no produce por sí sola los procedimientos equilibrados que necesitamos.

Todas las perversiones tienden a reproducirse, incluso cuando cambian sus protagonistas. El riesgo que enfrenta ahora el Parlamento es que su pluralidad no lo convierta en una fuente de deliberación equilibrada, sino en un espacio sobrepoblado de discusiones triviales, procedimientos inconducentes y resultados irrelevantes. Un Parlamento sobrecargado de formalidades, que termine prestando más atención a sus problemas internos que a los problemas del país, puede producir el mismo resultado que habría causado la reproducción de la mayoría anterior: vaciarlo de contenido.

Sería un desperdicio malgastar la oportunidad que tenemos delante convirtiéndolo en un espacio visiblemente improductivo.

La última escena muestra a la presidencia del Senado reclamando las leyes como propias, cuando son del Congreso. Un gesto como este puede ser leído como parte de ese proceso sostenido de vaciamiento de contenidos institucionales que arrastramos. El gesto forzó un debate sobre símbolos y formas parlamentarias, en un momento inoportuno, cuando la discusión terminó restando espacio a otros asuntos de verdadera urgencia: los incendios forestales, la posible insuficiencia de campamentos de evacuación, el riesgo inminente de inundaciones y de falta de agua potable y la caducidad del Reinfo, asuntos que deberían estar ocupando el centro de nuestras discusiones.

El riesgo, sin embargo, proviene del proceso anterior, cerrado cuando se registró este incidente, pero que constituye su antecedente inmediato: la primera delegación de facultades legislativas. Desde el origen, el gobierno renunció a usar en este proceso el formato usual en nuestra historia parlamentaria de una solicitud más bien cautelosa, limitada a los principales aspectos técnicos usuales —impuestos, producción, reformas administrativas, especialmente—, en formatos cortos que permitan hacer debates ordenados. El gobierno eligió presentar una solicitud sobrecargada de contenidos, empujada por urgencias que requieren otros procedimientos. En el camino, el debate sobre la necesidad y consistencia de las materias solicitadas cedió el paso a una disputa abierta sobre los poderes de una cámara frente a la otra.

La pluralidad debe convertirse en una oportunidad para reconstruir nuestras instituciones. Pero puede terminar reducida a una competencia de posiciones incapaces de producir resultados equilibrados. La diferencia depende de que nuestros representantes comprendan que su función no consiste simplemente en ganar posiciones, sino en construir decisiones públicas que puedan justificarse ante todos.

El Congreso actual tiene la oportunidad de recuperar esa función. No debería desperdiciarla. Salir del ciclo de desmontaje requiere leyes e instituciones definidas mediante procesos reflexivos. No solo botas, celdas, posts en redes y prisas mal fundadas. Pero tampoco solo derogaciones y bloqueos intuitivos.

Contra esa riqueza, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, ha propuesto prohibir la exhibición de los huacos de la cultura moche en Trujillo. La parlamentaria argumenta que su contenido resulta dañino para la infancia. Sin embargo, desconoce que esas piezas forman ya parte del patrimonio cultural de la nación. Y, sobre todo, que se exhiben en museos desde hace décadas como testimonio de una civilización que precedió al Perú y floreció en lo que hoy es el norte del país por aproximadamente 7 siglos.

Además, resulta curioso cómo ante los daños concretos a la infancia que se producen en diversas regiones nunca se pronuncia. Entre algunos, los niveles inaceptables de violación sexual a menores, además de la persistencia de la maternidad forzada de niñas. Sobre esos hechos, ella y la bancada de Renovación Popular guarda silencio, del mismo modo que lo hace ante los comentarios con connotación de violación sexual formulados por su propio líder, Rafael López Aliaga, y por su asesor en temas de seguridad, el comediante Carlos Álvarez. Para muestra, esos botones de incoherencia entre lo que se censura y lo que se tolera definen el perfil político de esa agenda.

La ciudadanía, en tanto, tiene pendientes de otra magnitud. Los peruanos que dependen del transporte público invierten hasta cuatro horas diarias en desplazarse, tiempo que recortan de su bienestar y de sus posibilidades de seguir produciendo. Una proporción significativa de la población enfrenta además cada día la posibilidad de no tener un plato de comida en la mesa al día siguiente. El endeudamiento de los hogares crece en un mercado financiero con poca competencia.

Esa brecha entre la agenda visible del bloque y las urgencias ciudadanas es el resultado de una política que posterga las prioridades reales. Los ciudadanos que esperan respuestas sobre el transporte y la alimentación reciben, en cambio, proyectos sobre lo que los museos deben o no exhibir, o peor aún, leyes que desbaratan reformas que apuntan a las causas medulares de los sistemas de violencia que persisten en la sociedad.