La no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la Junta Nacional de Justicia ha introducido ese debate en el centro de la campaña. Ordóñez llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaciones jurídicas sobre normas aprobadas en el Congreso de la República del Perú que afectan la persecución del crimen organizado y el funcionamiento del sistema de justicia. La consecuencia llegó bajo la forma de una salida del sistema judicial. El encadenamiento de esos hechos instala una señal que trasciende a una persona y alcanza al conjunto de la magistratura.

Eso se suma a una secuencia que el país observa desde hace meses: leyes que alteran herramientas de investigación penal, presión sobre magistrados, hostigamiento contra autoridades electorales y disputa abierta por el control de instituciones que sostienen el equilibrio democrático. Las relatoras de Naciones Unidas advirtieron que la remoción de Ordóñez puede constituir una represalia con efectos sobre todos los jueces del país. Esa advertencia internacional ya no se puede eludir.

En este punto, la ciudadanía tiene una responsabilidad inmediata. Los electores deben interpelar a todos los candidatos y, sobre todo, a quienes vayan al balotaje. Deben exigir una posición expresa sobre la decisión de la JNJ, sobre el desplazamiento de un magistrado que acudió a instancias internacionales y sobre la relación que cada candidatura propone entre poder político, independencia judicial y control institucional.

La democracia no se reduce al acto de depositar una cédula en el ánfora. También comprende el derecho ciudadano a pedir cuentas antes de votar y, por supuesto, después de hacerlo. La segunda vuelta ofrece esa oportunidad. El país tiene derecho a saber qué entienden los candidatos por separación de poderes, qué lugar asignan a la autonomía judicial y qué respuesta ofrecen frente a una cadena de decisiones que reordena el mapa institucional del Perú.

Y hay que estar atentos a los silencios frente al atropello sistemático a la justicia. Ello también forma parte del mensaje que recibirán las urnas.

Pero no es un alegato rebelde. Fernando Bedoya responde con su denuncia desde el arte, en una construcción elaborada que plantea, con el mapa del Perú en el centro de la sala, la presencia de los 35 candidatos, quienes se presentan colgados en actitud expectante, a la espera de la decisión que tarde o temprano llegará: el resultado que habla sobre la voluntad del pueblo, que decidirá en las urnas y, en esta pequeña sala también, de una manera representativa y microcósmica, quién será la figura que lo represente. Son muñecos construidos como piñatas que cuelgan del techo y dan vueltas sin tener una presencia estable. Unas veces se ven y otras no, pues el azar los va volteando de un lado al otro y hay que descubrirlos, interpretarlos, casi adivinar quiénes son realmente. Son personajes vestidos de negro y diferenciados unos de otros solo por tener pegadas en la cabeza las fotostáticas de sus rostros y sus nombres. Son presencias fugaces e intermitentes que esperan inmóviles su azaroso destino. Un destino que, en todos los casos, dependerá del más fuerte, del primero que coja cualquiera de las piñatas, del que se posicione adelante y consiga destruir a las demás.

Una obra que, como homenaje, hace referencia a la icónica pintura de los presidentes, de Juan Javier Salazar, en una exhibición organizada por el galerista neoyorquino Henrique Faria en colaboración con Casa Bulbo, dedicada al recuerdo de este controvertido artista y a lo que dejó como reflexión. Y Fernando Bedoya trabaja en eso adecuadamente, con la colaboración de los personajes más idóneos, que lo ayudan a realizar esta instalación, denuncia o alegato, o el simple ejercicio entre elegir y crear, entre la urna, el cuadro, la piñata y el Perú. Un evento performático en el que, al final, lo importante es la decisión, la elección.

Rápidamente encuentra a quienes le hagan las piñatas, las vistan con las mismas ropas y les den la forma de los candidatos: artesanos a quienes busca y que colaboran con él, bajo su dirección, para concretar este efímero proyecto conceptual como una verdadera denuncia que luego cuelga en la sala para que miren expectantes el veredicto que se les acerca. El primer día se presentan; al segundo, ya son destruidas; al tercero, no queda nada, solo el recuerdo. Y el pueblo elegirá, pero Bedoya no nos deja muchas alternativas salvo la de elegir a nuestro candidato, opción de mínima importancia, ya que todos los candidatos serán destruidos como resultado final. La alternativa como elección que, de una manera subjetiva, propone Bedoya es esa destrucción de los postulantes, el enfrentamiento a su volatilidad y a una presencia que, al final, es vacía y banal, y cuya única importancia o dirección es la de ocupar algún puesto, salir invictos de la destrucción; pero nadie sobrevive. Al día siguiente, y luego de haber presenciado cómo las piñatas/candidatos son golpeadas hasta ser destruidas y caer, se las observa yaciendo tiradas en el piso, apareciendo muertas, inertes, destituidas de cualquier posibilidad de intervención. Sin ningún valor o, quizás, en su nueva y verdadera presencia, “todos los espacios son iguales en la catástrofe”, dice Bedoya, porque el arte acosa y en el fondo acusa, repite insistentemente, y es lo que él hace, ya que el arte y la política son para él resultados y referentes de la misma moneda, y sus lecturas pueden ser paralelas. ¿Qué es lo que queda y por cuánto tiempo?

Nada se sabe ya y nada es cierto. El arte ha proclamado su voto; solo queda el Perú.

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*Hernán Pazos es artista plástico y escritor.

Resulta inaceptable, entonces, la presión sistemática contra los árbitros electorales. Esta conducta expresa una estrategia conocida, orientada a debilitar la legitimidad de los procesos y a erosionar la confianza ciudadana. Lo hizo Keiko Fujimori en 2021 y hoy la enarbola Rafael López Aliaga.

En ese sentido, el pronunciamiento de Transparencia Internacional acierta al exigir una condena sin ambigüedades. La democracia se fortalece con claridad, no con silencios. Todo liderazgo que aspire a representar a la ciudadanía tiene el deber de rechazar, de manera explícita, cualquier insinuación o práctica que desestabilice el orden constitucional.

Este mismo patrón se observa desde el Congreso de la República del Perú. La incorporación subrepticia de una disposición en el texto sustitutorio de la ley del colegio profesional del artista, dirigida contra la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, revela una práctica legislativa sistemática e incompatible con los principios democráticos.

Este tipo de maniobras retrata una forma de ejercer el poder propia de dictadores. Se vio en Venezuela con Nicolás Maduro y en Nicaragua con Ortega. Hoy, quienes se dicen defensores de la libertad piden nada menos que un golpe militar.

La defensa de los órganos electorales constituye hoy una tarea impostergable. Su fortalecimiento asegura la vigencia del voto como expresión soberana de la ciudadanía. Cada intento de intimidación debe encontrar una respuesta firme de la ciudadanía.