Este 29 de junio, feriado por San Pedro y San Pablo, el Perú celebra a esas familias con discursos y ferias. Lo que esos discursos no dicen es que la ley que protegería su sustento frente a la pesca industrial sigue sin existir y que esa ausencia tiene responsables con nombre y apellido.

El Instituto del Mar del Perú documentó en un informe técnico que la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas captura ejemplares juveniles. Según biólogos, ello interfiere directamente con depredadores superiores y reduce la disponibilidad de alimento para otras especies.

Según datos oficiales, la reserva alberga alrededor de 200 especies de aves residentes y migratorias. De la misma manera, lobos marinos, delfines, ballenas y tortugas marinas también habitan en esos ecosistemas. El problema es que el área de interés de la flota industrial dentro de sus límites supera las 120 mil hectáreas.

Más de 400 científicos advirtieron, además, que las zonas con menor presión industrial registran mayor biomasa y poblaciones más resistentes frente a fenómenos como El Niño.

A pesar de ese aporte familiar y ambiental, el trato del Estado es desigual. Mientras Produce fiscaliza con rigor al pescador artesanal, 99 sanciones contra empresas industriales por pescar dentro de Paracas, por más de S/12 millones, quedaron prácticamente archivadas debido a un vacío legal del 2025. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular, mantuvo fuera de la agenda, hasta la última sesión de la legislatura, el dictamen que corregiría ese vacío.

El congresista fujimorista Raúl Huamán Coronado recomendó directamente archivar la iniciativa, mientras la SNP visitaba el Congreso 136 veces en el mismo periodo y obtenía la anulación de multas por pescar en la reserva. Ese mismo gremio fue, según el Ministerio Público, aportante de la campaña fujimorista en 2021.

El nuevo Congreso recibe la decisión de aprobar lo que esta legislatura dejó pendiente. Las familias que viven del mar no necesitan más homenajes en su día. Necesitan una ley que el propio Poder Judicial ya respaldó y que el fujimorismo, desde la conducción del Congreso, se negó a debatir.

Entre ellas destacan la ilegal aceptación de la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con el proceso en marcha; el cambio en el registro y envío de actas provenientes del extranjero entre la primera y segunda vuelta, y el inusual vuelco del conteo rápido de IPSOS, históricamente preciso y que solo tuvo un antecedente similar en las fraudulentas elecciones fujimoristas del año 2000.

El mapa electoral actual muestra un país en el que Keiko Fujimori no obtuvo la victoria: ganó en solo 9 regiones, mientras Roberto Sánchez lo hizo en 16. Así, la candidata que llegó a segunda vuelta con apenas el 16% de los votos (gracias al diseño electoral de su pacto) y arrastrando el mayor antivoto de la política peruana iniciará su gobierno con una legitimidad social muy precaria. En ese escenario, lo esperable de un partido demócrata sería empezar a tender puentes. Sin embargo, los hechos recientes muestran el camino elegido por el fujimorismo: la persecución política y la censura.

Los ataques se han concentrado contra tres sectores: periodistas de investigación y comunicadores independientes críticos; fiscales y jueces que han llevado adelante las investigaciones que la llevaron a la cárcel, así como magistrados que, bajo el amparo de la ley, se han negado a aplicar la inconstitucional ley de amnistía promovida por el fujimorismo; y dirigentes y opositores políticos, como el doctor Hernando Cevallos, por tan solo llamar a la ciudadanía a organizarse para defender el voto y exigir explicaciones frente a las irregularidades denunciadas.

La intensificación de la persecución política contra Gustavo Gorriti; los fiscales Vela y Pérez; la exfiscal de la Nación Espinoza; el juez Carhuancho; y, ahora último, la denuncia de la procuraduría contra voces críticas de la actividad partidaria y voces disidentes del activismo y el periodismo (denuncia en la que se me incluye) se suma a recientes leyes aprobadas por el fujimorismo, como la ley de censura contra los artistas (algunos muy vocales antifujimoristas en el Perú) y la ley de impunidad para policías y militares, que transmiten una señal muy preocupante sobre la forma en que el próximo régimen busca gestionar su precaria legitimidad social y las protestas en las calles: carta libre a las FFAA y policiales para transgredir derechos, censura de voces discordantes y persecución de quienes pueden investigarlos.

Estos ataques contra periodistas, fiscales, jueces, activistas y opositores, junto con las últimas iniciativas, advierten de un patrón orientado a la intolerancia política y contra los agentes fiscalizadores desde la prensa independiente y el sistema de justicia, lo que pone en riesgo desde ya derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre. Hoy, rodeada de figuras históricas del régimen corrupto y asesino de Alberto Fujimori (Aguinaga, Salgado, Chávez, Moyano, entre otros), esa promesa adquiere un significado macabro: perseguiré como mi padre, aplastaré a la oposición política como mi padre.

Igual que su padre, el keikismo ha logrado capturar en los últimos 10 años el TC, DP, JNJ y parte del MP, y asegura la lealtad por impunidad a las FFAA y policiales. Pero el Perú de este miércoles ya no es el de los años noventa. Existen más medios independientes, más espacios digitales, una ciudadanía más vigilante y una oposición democrática firme que, a la luz de estas señales, se articula en defensa de derechos y libertades.

Si este gobierno decide inaugurar su mandato con persecución, censura y violencia de Estado, encontrará una sociedad dispuesta a defender la democracia y sus derechos. La historia demuestra que ningún poder es absoluto cuando existe una ciudadanía organizada y decidida a exigir que la Constitución y el Estado de derecho sean respetados. Pudimos contra el padre, que acabó en la cárcel por sus delitos junto con gran parte de su cúpula; podremos contra la hija y sus secuaces cada vez que sea necesario.

Las regiones del sur andino, juntas y por separado, parecen cada vez más descontentas, y las elecciones simplemente son el mecanismo y el momento para mostrarlo. En otras palabras, no es el magnetismo de Pedro Castillo o Roberto Sánchez, sino la oportunidad de enfrentarse al llamado Perú moderno de la costa.

El ruido político que rodea a varias campañas de derecha aprovecha para el vejamen del rival político, pérfidamente convertido en enemigo del Perú entero. Esta vez se ha notado bien que el asunto no ha sido derecha-izquierda, sino otra cosa, que comienza por un pulseo territorial y luego se profundiza en un poco velado racismo.

Las ideas que alimentan lo anterior son poco brillantes y nada nuevas. Una de ellas es la monserga de un supuesto limitado cociente intelectual andino. Otra es que al Perú le iría mejor sin las regiones del sur. Una adicional es que hay en esa zona una incapacidad de velar adecuadamente por sus propios intereses. O que lo andino frena al país.

En otras palabras, hay una ultraderecha, a veces disfrazada de alguna otra cosa, que cuestiona la peruanidad de lo andino desde lo geográfico, cultural y político. Al mismo tiempo hay un ande bastante harto con su situación social, sobre todo bajo gobiernos truchos que han hecho regresar al país a antiguos niveles de pobreza.

Por todo esto, cuando Keiko Fujimori informa que trabajará por la unidad de todos los peruanos, la idea es buena, pero uno tiene que pedirle más precisión. ¿Es solo un nuevo pacto entre partidos del Congreso? Todavía estamos a tiempo para evitar que el país se desguace en más de una dirección, pero el plazo no es eterno.

Ahora los perdedores de la segunda vuelta estarán doblemente resentidos. Es con ellos, no con sus líderes impostados, con quienes es urgente ensayar la unidad. Algo que, por cierto, no se ha reflejado en los recientes presupuestos. Por su parte, el mundo andino debería refinar unas opciones políticas hoy demasiado reactivas.

Además, la norma pretende marcarle la pauta a la Corte Suprema al establecer que esta deberá resolver las posibles cuestiones de competencia, prefiriendo siempre la jurisdicción militar policial. Se ha tratado de desviar la discusión diciendo que siempre ha existido el fuero militar policial en el Perú, cuando eso no es lo central: lo cuestionable e inconstitucional es que se pretenda que dicho fuero tenga una competencia que no le corresponde para atentar contra los derechos humanos y el acceso a la justicia, considerando el espíritu de cuerpo que impedirá una investigación imparcial.

El presidente Balcázar tiene la oportunidad de observar dicha norma y dejar alguna huella positiva de su breve mandato. El Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar una norma que va contra la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, honrando sus funciones pese a las represalias que jueces y juezas decentes vienen enfrentando.

Tengamos siempre presente que, mientras algunos pasarán a la historia dejando un honroso legado de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, otros serán recordados por extender la alfombra roja de la impunidad, la que cubre los principios y valores que alguna vez dijeron tener, para que sobre ella camine con tacón alto una nueva era de arbitrariedad e injusticia.

Un estudio de la consultora global Accenture muestra que el descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre ha retrocedido en 68% en los últimos 15 años. Algunas cifras apuntan que en el período 2010 y 2016 se descubrieron 22 depósitos de cobre de clase mundial o mega yacimientos, mientras que entre 2017 y 2023 la cifra se redujo a apenas siete descubrimientos.

¿Qué es lo que explica esta situación? En primer lugar, desde la última década del siglo pasado y en las dos primeras décadas del siglo XXI, la exploración en todo el planeta avanzó a pasos acelerados, incorporando nuevos territorios, y los grandes yacimientos de cobre que fueron descubiertos se pusieron en valor y vienen operando desde hace un tiempo. En minería, la geología manda y, por ahora, todo indica que la tierra no está ofreciendo la misma cantidad de nuevos mega yacimientos.

Por ello, la tecnología, la inteligencia artificial, el análisis de big data y todas las herramientas de digitalización se han puesto a trabajar para identificar nuevas áreas con alto potencial geológico, aunque todos estos procesos significan que los costos de explorar nuevas áreas sean bastante más altos que hace 20 años. Como respuesta, varias empresas mineras vienen optando por caminos menos costosos y que representan menores riesgos, como, por ejemplo, ampliar la vida útil de sus minas que se encuentran operando. En los últimos años, la inversión para ampliar minas ya existentes (brownfield) aumentó en casi 40% en todo el planeta: la inversión en exploración en zonas nuevas, que apunta a encontrar nuevos yacimientos, ha retrocedido en la última década del 33% al 23%. Por el contrario, la inversión para ampliar y optimizar minas ya existentes creció del 24% al 40%.

El Financial Times sentencia que el mundo se está encaminando “hacia una escasez de cobre que representaría un “riesgo sistémico” para el crecimiento económico global”, en un contexto de creciente demanda debido a la transición energética, la expansión del sector de la inteligencia artificial, etc. Se estima que el déficit alcanzará los 10 millones de toneladas de cobre, equivalente a casi un tercio de la demanda mundial actual, para 2040, si no se produce una 'expansión significativa de la oferta'. Por supuesto, estos análisis siguen planteando una lógica de crecimiento ilimitado, que no toma en cuenta los evidentes límites que impone el planeta.  

El mismo Financial Times cita a Daniel Yergin, vicepresidente de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s: “El cobre es el gran facilitador de la electrificación, pero el ritmo acelerado de la electrificación es un desafío cada vez mayor para el cobre”, “Lo que está en juego es si el cobre seguirá siendo un facilitador del progreso o se convertirá en un cuello de botella para el crecimiento y la innovación”.

En este contexto, la cotización del cobre ha venido superando máximos históricos desde el año pasado y, salvo que ocurra algo inesperado en los próximos años, los precios seguirán altos frente a una demanda que no dejará de crecer, si es que se sigue concibiendo la transición energética desde una perspectiva corporativa, de crecimiento ilimitado y pensada desde los intereses del norte global.

El caso peruano

El Perú es un buen ejemplo de estas tendencias, tanto de las actuales como de las pasadas. Las inversiones mineras alcanzaron un pico en el período que va entre 2011 y 2015. Era el momento en que inversiones de envergadura, en varios yacimientos de clase mundial, se estaban desarrollando: Antapaccay, Toromocho, Constancia, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Quellaveco, entre los principales. Desde el momento en que esas inversiones entraron en fase operativa, se duplicó la producción de cobre en el Perú y nos convertimos (2017) en el segundo productor de este metal a nivel mundial, aunque cabe precisar que, desde finales del año 2024, hemos sido desplazados al tercer lugar por la República Democrática del Congo.

Si uno revisa nuestra actual cartera de inversión minera, hay cambios notorios. Pese a que predominan los proyectos de cobre, hay una notoria menor presencia de yacimientos de clase mundial que representen montos de inversión significativos, como ocurrió en su momento con los proyectos mencionados. Además, en el Perú, como está ocurriendo en otros países, han comenzado a predominar las inversiones en ampliaciones de proyectos que ya están operando: de los 67 proyectos que figuran en la cartera de inversión en minería, 36 son brownfield (ampliaciones, reposición, reaprovechamiento, optimización), que en conjunto suman US$23,035 millones. Varios de estos proyectos están en desarrollo en la actualidad: es el caso de Reposición Inmaculada, Ampliación Toromocho y Reposición Antamina, entre los principales, que sostienen las cifras de inversión minera.

Todos estos aspectos son claves para entender lo que se puede venir en la agenda minera y con el nuevo escenario político que se abre a partir del próximo 28 de julio. Para algunos, de lo único que se trata es de aprovechar al máximo la actual coyuntura de precios altos y poner en valor, en el más breve plazo posible, toda la cartera de proyectos. ¿Qué significa esto? Ratificar las líneas matrices de la política minera heredada de la década del 90 del siglo pasado, presionando al mismo tiempo para que se hagan los ajustes que los empresarios demandan en la actualidad: menos exigencias ambientales y sociales, lo que ellos denominan como 'tramitología' y lo que, en buen cristiano, significa desregular o bajar estándares.

Lo que se pretende es seguir haciendo la vieja minería de las últimas décadas y descartar cualquier intento de reforma que siente las bases de una nueva forma de hacer minería. La idea fuerza sigue siendo extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo. No hay que olvidar que los períodos de mayor conflictividad social que el país ha vivido se dieron cuando se trató de forzar la inversión minera, sin tomar en consideración aspectos sociales y ambientales básicos.

También queda como incógnita si se tendrá la capacidad de abordar en serio la expansión de la denominada minería informal y la abiertamente ilegal, que ya no es solo aurífera. En un reciente informe, el FMI estima que la extracción ilegal de cobre en el Perú habría representado hasta 5% de las exportaciones de dicho mineral en 2024. En la campaña electoral este tema fue abordado a punta de generalidades y sin una sola propuesta concreta que permita pensar que se tenga diseñada una estrategia distinta a la ya observada en los últimos años.

En suma, habrá que seguir con atención lo que se viene en este nuevo período, donde la presión, externa e interna, para poner en valor la cartera de inversión minera estará entre las prioridades del nuevo gobierno.

Hace poco tuvimos noticia de que una patrulla del Ejército, en Acobamba, había acribillado a balazos a cinco jóvenes que venían de hacer deporte; el fiscal y el juez penal de la zona han intervenido y, fruto de ello, los militares que participaron están detenidos en tanto culmina la investigación penal.

Esta nueva ley aprobada por estos grupos políticos (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País) nos lleva a preguntarnos si asesinar, extorsionar, robar, torturar y ultrajar son actos delictivos propios de la función castrense. Definitivamente no. La intervención militar y policial no está orientada a cometer delitos comunes y, en caso de que ello suceda, quienes delincan tendrán que ser sometidos al juzgamiento y sanción ante la justicia ordinaria, donde concurren todos los que cometen delitos comunes, al margen de que sean civiles, policías o militares.

Dicho en otras palabras, los representantes de los citados grupos políticos se han convertido en los verdugos de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a la comisión de delitos comunes que podrían cometer policías y militares; digo verdugos porque se determinará su responsabilidad penal ante sus “colegas”, en una institución altamente jerarquizada y con un fuerte espíritu de cuerpo, como sucede en la vida castrense.

La norma aprobada dice que todos los delitos que cometan los policías y militares, en actos de servicio, en estado de emergencia y en acciones armadas, serán juzgados y sancionados por sus propios pares en el fuero militar. ¿Esto qué significa? El fuero militar ha sido creado para juzgar y sancionar a militares o policías cuando, en el ejercicio de sus funciones, afectan la disciplina, la organización o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, como la desobediencia, la insubordinación, el abandono de puesto, la deserción o la negligencia en el servicio; sin embargo, este fuero militar no está concebido ni diseñado para juzgar y sancionar la comisión de delitos comunes, porque eso les corresponde a los jueces ordinarios del Poder Judicial. Esto debilita el Estado de derecho y, a largo plazo, erosiona el modelo democrático y los derechos fundamentales.

Esta ley aprobada es abiertamente inconstitucional porque: a) afecta el principio de igualdad ante la ley; esto es, crea -indebidamente- un escenario especial para juzgar delitos comunes que ejecuten los policías y militares; b) afecta la competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, por mandato constitucional; c) afecta el derecho al juez natural y al debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia; d) afecta la independencia e imparcialidad en el juzgamiento, porque al concentrar la justicia en manos militares se corre el riesgo de que se politice o se utilice para proteger a quienes forman parte del aparato militar. Esto debilita el Estado de derecho, limita el acceso a una justicia imparcial y puede abrir la puerta a abusos desde la intervención militar y policial; e) afecta la tutela efectiva, porque el fuero militar se orienta al juzgamiento y sanción de los delitos para preservar los objetivos militares en su función, como la deserción y la desobediencia, y no para juzgar asesinatos, robos, agresiones sexuales, extorsiones y organizaciones criminales, entre otros delitos comunes.

La naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado en la comisión de delitos comunes hacen que la jurisdicción penal militar no sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de estos hechos. Además, juzgar a militares por estos delitos en tribunales militares viola las garantías judiciales (artículo 8) y la protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es vinculante en nuestro ordenamiento jurídico.

Preparando el escenario

Someter al fuero militar el juzgamiento de los delitos comunes que hayan cometido los policías y militares no es una novedad. Fue una práctica en la década de 1990 en nuestro país. Precisamente, los asesinatos de civiles que cometió el Grupo Colina (cuyos integrantes eran miembros del Ejército peruano en actividad) fueron juzgados -inicialmente- en el fuero militar, donde las víctimas no alcanzaron justicia, como sucedió en el caso La Cantuta (grupo de militares que asesinaron a un grupo de alumnos que retiraron de la vivienda universitaria de dicha universidad) y en el caso Barrios Altos (grupo de militares que asesinaron a personas que participaban en una “pollada” para recaudar fondos para las mejoras de la quinta donde vivían).

Los familiares de las víctimas tuvieron que recurrir al sistema interamericano porque no encontraron justicia en nuestro país. Felizmente, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corrigieron esa indebida intervención del fuero militar y se logró determinar la responsabilidad penal de los militares ante los jueces del Poder Judicial, quienes condenaron a prisión a los integrantes del Grupo Colina.

La Corte IDH ha señalado que recurrir a la justicia militar debe ser restrictivo y excepcional. [La Cantuta vs. Perú, f. 142]. Solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.

La historia se repite

Con la ley aprobada, se aprecia una repetición de patrones: un grupo en el poder que busca evadir la justicia recurriendo a estructuras militares o a fueros especiales.

Nos preguntamos: ¿por qué regresar a esas experiencias pasadas? ¿Por qué retroceder las agujas del reloj hacia una etapa donde muchos ciudadanos padecieron el abuso de la intervención policial y militar?

Posiblemente, la inseguridad ciudadana ha llevado a que se busque un atajo para retornar a ese viejo esquema de control; pero también hay una justificación política de quienes impulsan este nuevo escenario para el juzgamiento de los policías y militares, como sería afianzar su poder, aprovechando ese clima de temor que se vive en estos tiempos frente a la delincuencia. Sin embargo, hay un detalle que se tiene que advertir: la sociedad de hoy no es la de 1990; es más crítica, más vigilante, más articulada en redes sociales y con exposición en las calles.

Pueden intentar repetir el modelo, pero van a encontrar una resistencia mucho más fuerte. Son otros tiempos, las sociedades cambian, las instituciones son más complejas y hay nuevas luchas por la justicia.

Aunque haya un eco del pasado, estamos bajo un contexto distinto. Si bien no se ha roto completamente la fachada democrática, sí hay una erosión grave de las libertades, del Estado de derecho y de los pesos y contrapesos.

Nos vamos aproximando gradualmente a un autoritarismo y, frente a ello, no se puede guardar silencio, comenzando con JM Balcázar, quien tiene el deber constitucional de observar la ley aprobada como presidente de la república. ¿Lo hará?

Un acuerdo democrático parlamentario es más que una alianza para conducir las mesas directivas en Diputados y Senadores o para repartirse las comisiones. Es un compromiso, una ruta y una agenda que permitirían iniciar la recuperación del equilibrio de poderes y la vigencia de las reglas de juego, donde las formas no traicionen el fondo. Es, al mismo tiempo, una irrepetible oportunidad para reformar la actividad parlamentaria, extraviada en los últimos 10 años.

Tres tendencias que se echan a andar en los últimos días contradicen, de modo suelto, la posibilidad de ese acuerdo. La más visible, el minimalismo formal, se satisface con que el poder deje de ser radical en la palabra. Se empeñan en ofrecer, desde la independencia, sugerencias novedosas y bien intencionadas a los ganadores de la segunda vuelta, con énfasis en gestos y concesiones; es decir, en hacerse potables. En el paquete de sugerencias, no obstante, no se encuentran menciones a compromisos sobre la captura del Estado, la legislación autoritaria de los últimos años y las prácticas silenciadoras contra quienes el poder considera adversarios por destruir.

La otra tendencia es la trampa de la bisagra. Parte de un rayado de cancha que arguye que lo fundamental es la identidad del mapa parlamentario y la preservación de su origen electoral, a despecho del contexto surgido en la segunda vuelta y luego de ella: dos grupos de derecha, dos de izquierda y dos de centro, de modo que la clave de la gobernabilidad reside en el arbitraje, el balanceo (que no es lo mismo que balance) y la administración del futuro caso por caso, ley por ley, crisis por crisis.

El centro es un espacio sugerente y útil en un régimen de libertades, por lo que el concepto completo es “centro democrático”; es decir, un proyecto moderador en un régimen tensionado por los extremos. Es más, uno de los resultados positivos de las recientes elecciones es la reposición del espacio centrista abandonado por partidos antes democráticos al ser domesticados por la derecha radical, razón por la cual todos los grupos del antiguo centrismo perdieron su inscripción electoral.

El nuevo centro no puede ser objeto de una nueva domesticación. No es viable pretender esa ubicación frente a un poder autoritario que, además, posee el control de casi todas las instituciones. Por lo mismo, centro democrático no es sinónimo de centro arbitral o arbitrario.

La idea de un centro arbitral obedece a una certeza incompleta: que Fujimori puede liderar un gobierno que parta de cero, que sea democrático y que desarme el entramado de la República Obscena, tres variables que carecen de señales. El mismo partido ganador de las elecciones hace inútil la existencia de un grupo bisagra en el Congreso. La campaña electoral y las recientes expresiones de sus voceros indican que Fuerza Popular no gobernará partiendo de cero –“vuelve Fujimori”, “vuelve el orden” y “Fujimori gobernará como gobernó Fujimori”–, sino que será doblemente continuista, del régimen 1992-2000 y del 2003-2026.

La política parlamentaria arbitral/arbitraria puede obedecer a una urgencia pragmática, con los ojos puestos en el mediano plazo —como que la falta de gobernabilidad lleve a una implosión del poder que derive en elecciones adelantadas—, aunque su principal error consiste en ignorar la path dependence, la dependencia de la trayectoria, y la fortaleza del establishment que sustenta desde ahora mismo a la nueva administración.

La tercera tendencia es un tanto más elaborada y parece ser asumida por los grandes medios de comunicación y el establishment político y económico. En realidad, es una operación consistente. Argumenta que el imperativo de orden y progreso demanda que el partido de gobierno comparta la dirección del Congreso, de modo que se evite una oposición rígida como la que tuvieron PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo. En buena cuenta, se busca un poder bastante parecido al modelo Congreso/Boluarte 2023-2025, un pacto parlamentario 2.0 con el añadido de que, en este caso, el Ejecutivo tiene las bancadas más numerosas en las cámaras del Legislativo. En resumen, un futuro repartido, pero no compartido.

Un pacto 2.0 necesita una base más amplia fuera de las instituciones, a tono con la disposición del liderazgo empresarial de participar directamente en la gestión del gobierno. Varios artículos y declaraciones de los últimos días reportan que es probable que los llamados sectores productivos y su periferia —MEF, Produce, Midagri, Energía y Minas, Mincetur, Trabajo, Vivienda y Transportes— tengan ministros provenientes de las altas responsabilidades empresariales, sean operadores políticos del poder económico o ejecutivos que luego retornen a sus actividades de origen a través de las puertas giratorias.

Las tres tendencias —el minimalismo formal, la trampa de la bisagra y el pacto 2.0 con participación del poder económico— concluirán en la formación de un gobierno que ignore el resultado electoral. Las tres comparten el mismo sentido común que parte de la premisa falsa de que en el Perú existe un régimen democrático y que el 7 de junio ganó una opción que gobernará democráticamente.

No es un error o razonamiento equívoco inconsciente. Es una estrategia de poder que, si se concreta, logrará un resultado inverso. Un Congreso cómplice del Ejecutivo perderá más rápidamente su legitimidad y será objeto de rechazo temprano en los territorios. No ocurriría solo con la Cámara de Diputados, descentralizada por su esencia, sino también con la Cámara de Senadores. De los 60 senadores electos, 24 obtuvieron votaciones territoriales, en tanto que otros 20 fueron elegidos con votos mayoritariamente obtenidos fuera de Lima.

La formación de un gobierno tecnofujimorista también ocasionará tensiones en el sector conservador del Parlamento. Renovación Popular será un aliado díscolo y quisquilloso —el narcisismo de las pequeñas diferencias— que ahora mismo mantiene discrepancias con los grupos económicos que siente que lo perjudicaron en las elecciones.

El nuevo mapa político trasciende el resultado electoral. Como en todo sistema destruido, en las elecciones y antes de ellas irrumpieron poderes tácitos, como los territorios, o decayeron centros de poder, como Lima, fenómenos que no pueden ser ignorados. Gobernar desde Lima, a nombre de Lima y con los recursos superestructurales de Lima es una promesa de desorden, aunque la política del establishment limeño tiene un problema mayor: quiere reconstruir el régimen económico neoliberal, un estado de cosas agónico del que solo sobreviven sus demandas mercantilistas, reseñadas varias veces en los comunicados del Consejo Fiscal.

Frente a la posibilidad de prolongar el régimen híbrido a través de un gobierno oligárquico limeño, no existe otra ruta que un acuerdo democrático en sede parlamentaria que forme parte de un diálogo nacional, que emprenda la tarea de tejer nuevos contratos duraderos para las instituciones, la sociedad y el mercado, y repare la larga exclusión de las mujeres, los trabajadores y los territorios insumisos. Es volver a la política, a la mediación social y al esfuerzo por un futuro compartido.

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Dejando de lado lo ridícula que tal pregunta puede ser (Sí tiene 66% y No, 34%), esta revela algunas cosas interesantes de las narrativas de esta campaña. La primera es que los "caviares" han sido vencidos. Aparentemente, siempre han gobernado y no lo harán más. ¿Quiénes son estos caviares? Les recomiendo la lectura del ensayo de Eduardo Dargent, 'Caviar, del pituco de izquierda al multiverso progre' (Lima, 2025), para tratar de encontrar una definición. En teoría, el caviar era originalmente un militante de izquierda, estatista, mercantilista y parásito del Estado, que tenía gustos caros y se daba una buena vida a costa de nuestros impuestos. En la práctica, el concepto incluye a los primeros, pero se expande hasta la derecha liberal, a quienes no trabajan para el Estado ni quieren hacerlo y a todos los que defienden el Estado de derecho, denunciando la corrupción en el poder y todos los atropellos a los derechos fundamentales. Es decir, quienes combaten proyectos políticos mercantilistas y autoritarios.

Lo interesante de este concepto de "caviares vencidos" es mirar cómo se organiza el Congreso electo usando esa ambigua categoría. Los seis partidos vencedores no dejan mucha duda. Cuatro partidos son caviares y dos no lo son o han usado el término para insultar. JPP, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno son recontra caviares para quienes usan la categoría. Fuerza Popular y Renovación, por oposición, son la Derecha Bruta y Achorada (DBA). Parece que los "caviares" fueron más populares entre los electores, pese a todos los insultos.

Por eso, tal vez la noticia más importante de esta semana es la de la alianza parlamentaria, anunciada por Roberto Sánchez, con Ricardo Belmont (candidato a la Municipalidad de Lima) y Alfonso López Chau (senador electo). El anuncio se realizó este jueves luego de la entrega de credenciales a los senadores electos. La noticia es aún confusa porque el senador por Obras, Daniel Barragán, en la ceremonia de entrega de credenciales, unas horas antes, señaló que la alianza con JPP solo había sido electoral. Sin embargo, Belmont, si quiere darle fuerza a su candidatura, está obligado a usar la plataforma que tiene su partido para hacer lo que ha hecho siempre en política: ser un gran opositor. Así, al menos de aquí a octubre, la Alianza Caviar en el Congreso puede darle muchos problemas a Fujimori en materia de derogatorias. Los cuatro partidos suman 74 votos en diputados, lo que, si mantienen unidad y compromiso con sus ofertas de campaña, significaría la rápida aprobación de las derogatorias de las leyes procrimen y proimpunidad policial-militar, auspiciadas por Fuerza Popular y Renovación, los únicos sobrevivientes anticaviares de #PorEstosNo.

Cierto es que la Alianza Caviar en Diputados puede servir de poco, en materia legislativa, si todo puede ser modificado en el Senado. Pero aquí viene el factor López Aliaga. A estas alturas queda claro que Fernando Rospigliosi, sentenciado por delito de difamación, no estará sujeto a la prohibición del artículo 34 A de la Constitución porque fue condenado el 15 de abril, tres días después del acto electoral en el que resultó elegido. Es decir, ya no era "postulante", sino senador electo, y la prohibición es para la postulación, en una lectura muy literal, al cargo. Si esto es así, si el acto electoral es constitutivo de la calidad de "elegido" —es decir, el 12 de abril dejas de ser candidato para vencer o ser vencido—, entonces Rafael López Aliaga es senador desde esa fecha. La suerte de uno está atada a la suerte del otro. La pregunta "¿hasta cuándo eres candidato y desde cuándo eres senador?" se resolvió en la sentencia del TC del 2015 en el caso Falconi. El día de las elecciones, dejas de ser candidato.

Entonces, no cabe renuncia porque el mandato parlamentario es irrenunciable. Si López Aliaga ya es senador, antes de juramentar, ¿cómo podría vacar en el cargo? La vacancia del cargo de senador solo se da por muerte, incapacidad física o mental permanente, inhabilitación superior al periodo parlamentario o destitución por acusación constitucional o antejuicio político (artículo 20 del reglamento del Senado). En ningún otro caso puede asumir el accesitario; por lo tanto, si López Aliaga se niega a formalizar su cargo, la silla queda vacante. La silla vacía de López Aliaga, quien está litigando para ser candidato a primer regidor en la Municipalidad de Lima (con nulas posibilidades), puede ser asumida cuando él quiera. Por ahora es un "no incorporado". Pero, mientras no lo desee, la Alianza Caviar tiene 30 votos y la DBA, solo 29 en el Senado.

En el artículo 89 del Reglamento del Senado se establece que el presidente de la Mesa Directiva dirime en caso de empate. La gran pelea no será el control de la mesa de la Cámara de Diputados. Esa es más que seguro que la tendrá la oposición. Pero, en el Senado, con votaciones tan parejas, el voto dirimente, que rara vez se ha usado en un pleno, será la norma. Por eso, la negociación de la Mesa Directiva del Senado es clave para el gobierno. Presentarse a fin de julio con solo 29 votos frente a 30 es suicida. Salvo que ya estén de compras.

Aquí es donde el futuro gabinete de Keiko Fujimori puede, para tristeza del diario Correo, llenarse de caviares. Si la presidenta quiere al menos el control del Senado, tiene que ofrecer mucho a muchos. Para empezar, tiene que ofrecerle a López Aliaga la presidencia del Senado y a otros, sitios en el gabinete. De lo que ella esté dispuesta a ofrecer y el resto a recibir depende su inicio de gobierno. Su triunfo no le da para soberbias: ha ganado con las justas y la correlación de fuerzas en el Congreso la obliga a pactar. ¿Cuál será el precio? Eso no lo sabemos, pero como bien se sabe, "quien nada da, nada tiene" (Camus).

Solo unas líneas finales para compartir el luto de millones de venezolanos. Sobrecogidos por la magnitud de la tragedia, es la hora de dar la mano a la migración más grande que ha recibido el Perú en su historia. Todo esfuerzo es pequeño ante la inmensidad de la tarea. Han sido 27 años de chavismo y dos cataclismos, demasiado para un solo pueblo. El Perú, en medio de esta desgracia, debe restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela para poder así ayudar, con representación diplomática in situ, a las enormes necesidades de información y canalización de auxilio inmediato. Toda América está sujeta al mismo riesgo de sismos. Prepararnos y ayudarnos entre todos es una tarea impostergable para la sobrevivencia mutua. Lo que ha pasado en La Guaira puede pasar, en un minuto, en cualquier punto de la costa del Perú. Aprendamos y corrijamos antes de la desgracia. ¡Fuerza, Venezuela!

Jorge Eslava, escritor y educador peruano

En los colegios, cuando se plantea el trabajo de Educación Física, suele recurrirse al fútbol como un simple medio para la preparación física. Muchos entrenadores se concentran casi exclusivamente en desarrollar la potencia, la velocidad o la técnica, dejando de lado que cada sesión es también una oportunidad privilegiada para formar en valores. Sin embargo, el campo de juego puede entenderse como algo más profundo: un escenario —casi como en la tradición griega— donde el individuo se enfrenta a sus propios límites, a sus temores y a sus posibilidades, en la búsqueda de su fortalecimiento personal al servicio del colectivo.

En ese contexto, cuando un niño aprende a levantar la cabeza después de una derrota, a confiar en sus capacidades o a colaborar con sus compañeros para lograr la victoria, está construyendo herramientas que lo acompañarán toda la vida. El deporte logra, en muchos casos, aquello que el aula tradicional no siempre alcanza: convertir el error en un aprendizaje concreto, vivido en el cuerpo, en el sudor y en la emoción, y transformar el esfuerzo en una fuente genuina de autoestima. Así, el alumno comprende que la fortaleza no es únicamente corporal, sino también emocional y moral.

Esto implica, además, formar el criterio para evitar entender, por ejemplo, que la derrota es un fracaso personal y que el enojo, la frustración o, incluso, el ánimo de revancha justifique actos antideportivos. Esa “falsa competitividad” reduce la experiencia al resultado y termina, muchas veces, generando conflictos. Por ello, el deporte también es una instancia para enseñar que competir supone aprender a gestionar emociones intensas y a establecer límites. Y, si es necesario —para lograrlo—, detener el juego para que los involucrados puedan atender sus problemas.

Muchas veces en el colegio el aprendizaje se reduce simplemente a la repetición de contenidos; allí el deporte aparece como una experiencia pedagógica viva, dinámica y significativa. En el juego, el niño no memoriza ni repite: actúa, decide, se equivoca y vuelve a intentar. Explora sus fortalezas, reconoce sus límites y busca superarlos. De este modo, se construye un tipo de conocimiento que nace en el cuerpo, pero que se proyecta hacia la confianza interior y la autonomía.

Por eso, el fútbol, en particular, debido a su alcance social, representa una oportunidad excepcional para educar la voluntad, moldear el carácter y enseñar a convivir. Revalorizar su papel implica reconocer que no es una actividad marginal, sino un pilar en la formación integral de los estudiantes y en la construcción de vínculos más conscientes con los demás. Darle ese lugar no solo beneficia al individuo, sino que contribuye a la construcción de una comunidad más justa y sensible.

El fútbol puede ayudar a movilizar dimensiones esenciales como la disciplina, la resiliencia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Transmitir que cuando esta perspectiva se pierde, y se prioriza únicamente el rendimiento o el resultado, se desnaturaliza su verdadero sentido formativo. Aún más problemático resulta cuando irrumpen en la formación de menores la lógica del negocio y las promesas de éxito rápido asociadas a un contrato. Frente a ello, es claro que una práctica deportiva bien orientada fortalece la fibra moral, consolida hábitos positivos y contribuye a formar ciudadanos íntegros.

Como bien señalaba el escritor cubano José Martí, “a los niños, sobre todo, es preciso robustecer el cuerpo a medida que se le robustece el espíritu”. En el fútbol, cuerpo y espíritu se educan simultáneamente: el esfuerzo físico no es un fin en sí mismo, sino el camino para formar voluntad, carácter y sentido de logro. La experiencia del esfuerzo revela el placer de superarse, un placer que se siente tanto en la piel como en el corazón. Dominar una técnica, resistir la fatiga o colaborar con un equipo permite al niño experimentar una alegría que trasciende lo puramente físico.

Así entendido, el fútbol deja de ser una actividad complementaria y se convierte en una escuela para la vida. Aprender ya no es acumular información, sino experimentar, luchar y encontrar sentido en el propio esfuerzo con fines más amplios. Allí, en esas pequeñas batallas cotidianas que ofrece esta disciplina, el niño accede a una épica personal: aquella que, si no se encuentra en los libros, se percibe intensamente en la cancha. El escritor argentino Eduardo Sacheri creía que “el juego tiene ese toque catártico reparador que a veces la vida no tiene” y podemos darle la razón.

En este sentido –dada la coyuntura—, ver y comentar los partidos del Mundial de Fútbol con niños y adolescentes adquiere un valor formativo insospechado, ya que trasciende el mero espectáculo para convertirse en una experiencia que acompaña la labor educativa cuando se destacan ejemplos positivos. En cada encuentro, el alumno puede reconocer, a gran escala, las mismas lecciones que vive en su propia práctica. Se confirma así aquello que el escritor francés Jean‑Paul Sartre sugería: que el aficionado no es solo un espectador, sino parte de un “nosotros” colectivo.

En ese documento, Bolaños alertó sobre hechos que podrían perjudicar la organización de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, y denunció factores graves vinculados a la manipulación de los equipos de cómputo a su cargo, con información que afirma no haber generado, además de una vulneración del Sistema de Gestión Documentario con afectación de datos personales. Cerró su carta poniéndose a disposición de la justicia.

Sin embargo, la ONPE no tramitó ese documento como una aceptación de renuncia. Esa misma jornada emitió la resolución que dio por concluida su designación, sin precisar las razones de su salida. El jefe interino, Bernardo Pachas, rechazó la denuncia en público, alegando que la Contraloría vigila todos los procesos de compra de la entidad. La propia ONPE recordó que Bolaños supervisaba esas contrataciones y que, como oficial de integridad, nunca antes formuló una alerta similar.

Es un contexto complejo. Pedirle solo celeridad a la institución llamada a esclarecer esto sería incompleto. La Fiscalía de la Nación la ejerce de manera interina Tomás Gálvez, designación ocurrida tras arbitrariedades del pacto corrupto que lideró el fujimorismo y que busca controlar las decisiones del Ministerio Público, así como otras más. De hecho, cabe recordar que el propio Gálvez impulsa además una reforma de la institución que las 34 Juntas de Fiscales Provinciales del país y la Comisión de Venecia advirtieron que podría convertirla en un instrumento de control político disfrazado de modernización.

En ese sentido, el caso ONPE necesita las dos cosas a la vez. Por un lado, celeridad, porque las elecciones de octubre se organizan ahora y la institución entrega su jefatura definitiva el 3 de julio. Por otro, garantías de debido proceso, porque la entidad llamada a investigar atraviesa su propia crisis de independencia. Y ante ello, el nuevo parlamento bicameral será fundamental. Aquí se medirá también las credenciales democráticas y respetuosas del Estado de Derecho.

La institucionalidad democrática del país ya viene debilitada en varios frentes. Una investigación que falle en velocidad o en imparcialidad solo puede debilitarla aún más.