-Creo que hoy estoy más preparada que nunca. No he postulado a otros cargos, vengo preparándome para asumir con responsabilidad este cargo de alcalde. He sido ya dos veces regidora en San Borja y regidora en Lima. La experiencia que tengo, de más de 20 años en política y en lo profesional, me formó como especialista en gestión municipal. Soy abogada de San Marcos, con una maestría en Gestión Pública por la misma casa de estudios.

Estoy convencida de que el joven o el profesional que quiere hacer política debería prepararse mucho para tomar las mejores decisiones por su comunidad, y eso es lo que he venido haciendo. Ahora, yo creo que el alcalde no solo debe administrar de manera eficiente el recurso municipal: tiene que estar preparado para gestionar, para salir de la oficina, gestionar proyectos en beneficio de su comunidad, inclusive traer presupuesto de fuera para que no se le recargue al vecino con más impuestos.

-Hay que tener cuidado con esto de traer presupuestos de afuera, porque tenemos la experiencia de una alcaldía de Lima totalmente agotada en recursos.

-Le cuento un caso: en 2024 una municipalidad distrital elaboró un expediente de inversión con técnicos de la propia municipalidad, no con esas asesorías de 200 mil soles o consultorías de 300 mil soles que te hacen los expedientes. Ese expediente se llevó al Ministerio del Interior: un proyecto por 200 cámaras, inteligencia artificial, módulos de serenazgo, camionetas y bodycams para los serenos. Costaba 17 millones de soles y la municipalidad no tenía ese gasto programado para ese año. Su alcalde conversó con el director, con el viceministro, con el ministro y hasta con la presidenta de turno, y logró viabilizar el proyecto. Se aprobó, el ministerio transfirió el dinero a la municipalidad distrital y lo sacó adelante sin que le costara un sol al vecino.

Son experiencias que ya sabemos cómo replicar, y lo tenemos que hacer en San Borja. Cuando quien postula no tiene esa capacidad de gestión, mantiene el distrito en piloto automático, como ocurre hoy: parques y jardines, limpieza pública y serenazgo, que son los servicios por los que el vecino paga sus arbitrios. Pero el alcalde puede hacer mucho más. Está facultado para firmar convenios, por ejemplo con universidades, y tener una academia preuniversitaria municipal. También para firmar convenios con empresas del distrito y que la bolsa de trabajo para los jóvenes y los adultos mayores sea una bolsa de trabajo real, no de 400 o 500 puestos. El alcalde, como gestor, puede traer mucho más beneficio para la calidad de vida de sus vecinos.

-¿Su propuesta es generar empleo? ¿Cuál es su propuesta de valor en ese sentido?

-Nosotros hoy tenemos dos objetivos con el equipo. El primero es ganar las elecciones este 4 de octubre: mis vecinos saben que por Gina Casanova tienen que marcar los dos corazones de Somos Perú. Pero el segundo objetivo, y el más importante, es hacer la mejor gestión en San Borja los próximos cuatro años.

Hoy San Borja administra un presupuesto de 170 millones de soles anuales. Hay que administrarlo de manera eficiente para que no solo se brinden los tres servicios básicos —parques y jardines, limpieza pública y serenazgo— de manera idónea, sino que también podamos invertir en infraestructura. Por ejemplo, tenemos más de 30.000 adultos mayores que por años han pedido un espacio para agruparse, como lo tienen otros distritos con sus casas del adulto mayor: Miraflores tiene cinco, San Isidro tiene cuatro, San Borja tiene una, y nuestra población es similar. Necesitamos mejorar la infraestructura y la transitabilidad: pistas, veredas, rampas.

De los 170 millones de soles anuales, 34 millones se invierten en seguridad ciudadana, y me parece que está bien, no es un número corto para los 10 kilómetros cuadrados que tenemos. Pero de manera eficiente podría dar mejores resultados, porque hoy no vemos resultados objetivos en la mejora de la seguridad.

-¿Cómo logrará esa eficiencia?

-Tenemos primero que trabajar con un equipo eficiente y disminuir el número de personas que hoy están laborando [en la municipalidad]. De esos 170 millones, 90 millones se van en pagar sueldos: eso es más de la mitad. Tenemos que ajustarnos y quedarnos con los mejores trabajadores, con los que realmente tengan el corazón puesto en San Borja, los que quieran darle solución a los problemas del distrito. Después de una evaluación exhaustiva, vamos a trazar el proceso de trabajo y medirlo por resultados, de manera moderna.

Los vecinos me cuentan, por ejemplo: "presenté un reclamo en la municipalidad y se demoran en responderme, o no me responden". ¿Cómo le doy seguimiento? Debería ser tan fácil como cuando pides un delivery y la aplicación te va contando cómo va tu pedido. Debería presentarse el reclamo por plataforma virtual, sin necesidad de ir a la municipalidad, y que el sistema te vaya contando en qué área está tu expediente, qué informe se emitió, cuándo pasó a la siguiente área, para que en un día o dos tengas respuesta, y todo eso lo puedas ver con tu código de expediente. Esa transparencia también ayuda a disminuir el índice de corrupción. Toda la plataforma tecnológica tiene que estar al servicio del vecino.

-La distancia entre los alcaldes y los vecinos es una crítica recurrente en San Borja. ¿Cómo va a garantizar una participación vecinal real?

-Alejandro, yo amo lo que hago, y creo que de eso depende mucho la actitud que tiene el gobernante. Desde los 18 años trabajo para mis vecinos en San Borja, y también en otras comunidades, dándole solución a sus problemas. Por eso decidimos postular a San Borja.

Tenemos que estar en contacto con los vecinos. Lo que suele pasar es que cuando el alcalde asume el cargo, deja de atender al vecino, deja de recorrer sus calles, deja de caminar por su distrito, y se guía por lo que le van contando algunos funcionarios, que muchas veces no es lo correcto. San Borja no es un distrito grande: hoy, en campaña, recorro sus calles mañana, tarde y noche, y escucho a los vecinos. Ellos no solo te cuentan el problema, te cuentan también la solución. En el parque San Francisco de Asís me decían: "aquí riegan por inundación, no me quejo de eso, pero dejan los buzones abiertos y mi hijo puede tener un accidente". Conversando con el vecino detectamos esos problemas y se solucionan rápido. En el parque San Martín, la mamá de Tiago me decía, sobre los juegos: "algún día fueron nuevos, pero como son de metal se han oxidado". Tenemos que trabajar en eso también.

-Una de sus propuestas más conocidas es recuperar la administración de la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, que hoy está en manos privadas. ¿Cómo se hará sin que termine costándole al Estado, como suele ocurrir cuando se rescinden contratos?

-Hace 30 años se le cedió ese espacio, que es un terreno municipal de todos los sanborjinos, a una empresa privada. La empresa construyó, y lo que dice el contrato es que después de 30 años debe devolver la infraestructura a la municipalidad. Ese plazo se cumplió el 28 de agosto. Pero la administración de la clínica ha entrado en un arbitraje con la municipalidad, y no conformes con eso, colocaron una medida cautelar. Según información que me llegó ayer, a confirmar, el Poder Judicial ya habría dejado sin efecto esa medida cautelar. De ser así, la municipalidad podría tomar posesión en cualquier momento, porque mientras dure el arbitraje, la municipalidad puede entrar a la clínica.

El tema no es si el servicio se brinda de manera eficiente o no, porque creo que sí dan un servicio de calidad. El problema es que, durante 30 años, el vecino no tuvo ningún beneficio. Me refiero a que las clínicas municipales le dan tarifa preferencial al vecino de su propio distrito, porque el terreno es suyo, a diferencia de los vecinos de otros distritos. En Surco Salud, la consulta para los surcanos cuesta 25 soles y para los vecinos de otro distrito, 60. En el policlínico de San Isidro, 12 soles para los isidrinos y otro costo para los demás. En nuestro caso, en la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, la consulta para los sanborjinos debería costar 15 soles.

-Con un presupuesto ya ajustado, ¿cómo van a gestionar una clínica privada?

-En el caso de Surco o San Isidro, la municipalidad no administra directamente ni le inyecta recursos: tienen convenios y alianzas con la empresa privada, que es la que da el servicio. Se puede gestionar así, con alianzas, incluso con entidades del Estado como EsSalud. La queja de los vecinos es que no se brindan todas las especialidades, así que habría que ampliar el espacio y conversar con la clínica para que traigan más especialidades. Pero en San Borja ya tenemos ese servicio como base.

-Muchas quejas de los vecinos de San Borja tienen que ver con la falta de iluminación en algunas zonas, sobre todo cerca del río Surco y el Paseo del Bosque. ¿Cómo va a afrontar esa demanda de seguridad?

-Efectivamente, tenemos que mejorar la iluminación de nuestras calles, jirones, avenidas y parques. Unas vecinas me contaban que cerca del Pentagonito, de noche, falta iluminación, y ahí hay arrebatos. Pero también el equipo de serenazgo tiene que estar bien equipado y bien capacitado. Como en otros distritos, nuestros serenos deberían tener, además del chaleco antibalas, una bodycam, que graba ocho horas de video y audio y lo transmite en tiempo real a la central de monitoreo. Eso no solo reduce el índice de corrupción, porque también deberían usarla los fiscalizadores e inspectores municipales, sino que protege a nuestros agentes, porque todas las intervenciones quedan registradas, y muchas veces, después de una intervención, el delincuente termina denunciando al sereno o al alcalde. Además, la bodycam tiene GPS y permite hacer seguimiento a la ruta del efectivo.

Tenemos que medir los resultados con tecnología, no solo mandar a todos "a la cancha". La flota vehicular de serenazgo de San Borja tiene unos 35 vehículos, un número corto, y no se renueva hace más de 10 años: estamos un paso atrás frente a distritos vecinos. Además, tenemos que apoyarnos en la Policía, porque quien interviene en el acto delictivo es el policía, no el sereno. Nosotros tenemos que prevenir el delito con cámaras, drones e inteligencia artificial, pero esa intervención, de tres minutos como máximo, tiene que estar acompañada de la Policía. La competencia total en seguridad no es del alcalde, así que tengo que salir a gestionar, a tocar la puerta del Ministerio del Interior desde el día uno. En San Borja, además, le vamos a brindar toda esa logística a la comisaría para el trabajo en conjunto: el comisario va a tener a su disposición nuestros vehículos y nuestros serenos.

-¿Van a cuidar las áreas verdes de San Borja o planean privatizar su mantenimiento?

-Las áreas verdes en San Borja son un orgullo, porque siempre hemos dicho que San Borja es el pulmón de Lima, y tenemos que mantenerlas, pero mejorar los espacios de manera eficiente. Por ejemplo, las plantas de temporada, que se cambian cada 15 o 20 días, no van más: vamos a colocar plantas perennes. Con ese ahorro podríamos comprar una cisterna o tener riego tecnificado en algunos parques.

Para mí es vital el uso del espacio público: cuando el vecino usa el espacio público, el índice de delincuencia disminuye. Los más de 50 parques que tiene San Borja tienen que estar disponibles para el uso y disfrute de sus vecinos. Tenemos muchos niños, muchas mascotas y familias jóvenes que se han mudado al distrito, así que también tenemos que tener juegos para nuestros niños en buen estado.

-Existe un problema de contaminación del aire en San Borja: el Senamhi lo advirtió en junio de este año. ¿Cómo piensan reducirlo?

-Es un distrito de paso de miles de vehículos que vienen de otros distritos, con congestión vehicular y cuellos de botella en avenidas como San Borja Sur, San Borja Norte, Velasco Astete, Javier Prado, Angamos, Canadá, Panamericana Sur y Guardia Civil [verificar contra el audio los nombres exactos de las avenidas mencionadas]. Tenemos que trabajar de la mano con otras instituciones, con los distritos vecinos y con el Ministerio del Ambiente.

Y volviendo al tema de seguridad: San Borja no es una isla, está conectada con Surco, San Isidro, Surquillo, San Luis y La Victoria, y tenemos que trabajar de la mano con esos distritos. No quiero espantar a los delincuentes y que se vayan a los distritos aledaños: lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta de San Borja a todos los delincuentes y coordinar con los alcaldes vecinos un plan conjunto en nuestras fronteras. Me imagino una central de monitoreo, pilotada por la Policía, donde estén las cámaras de los seis distritos, porque el problema constante es que se compran cámaras, existen las centrales, pero muchas veces no funcionan.

-¿Cómo va a garantizar que sí funcionen, y que los vecinos usen realmente las herramientas de seguridad ya existentes, como el botón de pánico?

Vamos a continuar todos los programas que estén funcionando bien. Tenemos un mapa del delito, sabemos cuáles son los puntos rojos del distrito, y por ahí hay que empezar, ubicando los botones de pánico y sensibilizando al vecino sobre su uso. Pero además, esos botones que están en la calle requieren que tú estés pasando justo por ese lugar en el momento del delito. Debería poder hacerse desde el celular de cada vecino, con una aplicación conectada a la central, para que en menos de tres minutos haya una reacción del serenazgo con la Policía. Ahí está la solución, y ahí el vecino también se va a sentir protegido. Hoy, si llamas a la central y no te contestan, o insistes varias veces y te piden volver a llamar, se genera una desconexión: el vecino siente que no es parte de este servicio. Eso es lo que tenemos que corregir.

¿Cómo será el rol de la fiscalización con los emprendedores de San Borja?

Va a ser preventiva. Los primeros seis meses, el fiscalizador va a salir a sensibilizar al vecino emprendedor. No tiene sentido clausurar un restaurante pequeño un viernes y que no vuelva a funcionar hasta el martes: eso mata a su familia y su sustento, y además dinamiza la economía. Los comercios pagan tres veces más impuesto que la casa habitación, así que hay que trabajar de la mano con ellos: eso también ayuda a que respeten los horarios de recojo de basura y las normas, porque el trato entre la municipalidad y el comercio va a ser un trato cordial y responsable.

-¿Cuál es su plan para los primeros 90 días de gestión?

-Las cifras que manejo son las que viene publicando el Ministerio de Economía y Finanzas. El primer mes vamos a hacer un diagnóstico de la situación real de la municipalidad, y a partir del día 31 o 32 vamos a salir a resolver problemas. En esos primeros 90 días vamos a trabajar en los sectores de la periferia del distrito —el 1, el 2, el 10, el 11 y el 12—, que son sectores fronterizos que por muchos años han estado abandonados por el servicio municipal: Torres de San Borja, Torres de Limatambo, Juan XXIII. Ese es un compromiso que ratifico con mis vecinos: vamos a trabajar ahí a partir de febrero de 2027, revalorizando esas áreas, sin descuidar los servicios que se brindan en los demás sectores.

Para eso necesitamos traer un equipo idóneo, especialista en cada unidad de gestión: seguridad, desarrollo urbano, desarrollo humano. Nuestros programas sociales tienen que volver a brindar un buen servicio a nuestros vecinos con discapacidad, a los adultos mayores, a los niños y a los jóvenes, y desarrollo económico para nuestros emprendedores, muchos de los cuales conocí a partir de la pandemia, cuando se organizaban ferias en los parques. Esas ferias las tiene que organizar la municipalidad, no un privado que le cobre al feriante 90 mil soles por un stand: la municipalidad coloca los stands, convoca a los vecinos emprendedores, y son ellos quienes venden sus productos a otros vecinos sanborjinos.

-Una última pregunta sobre los adultos mayores: uno de sus principales temores es que suban los impuestos. ¿Cómo va a trabajar ese cuidado de la población adulta mayor?

-Mis abuelos llegaron a San Borja, construyeron su casa y vivieron con mis padres. Vi cómo mi abuela forjó su cuadra, colocó el arbolito en la fachada, le pagaba al jardinero una vez al mes para que lo riegue. Respeto mucho a nuestros adultos mayores y valoro el trabajo que han hecho por el distrito: cuando hay poda en San Borja Sur o San Borja Norte, salen los vecinos y dicen "no cortes mi arbolito, yo lo coloqué hace más de cuarenta años".

Con ese sentimiento vamos a trabajar por ellos. No solo vamos a darles sus dos casas del adulto mayor: esos espacios tienen que brindar fisioterapia, talleres de memoria, baile, o simplemente un televisor, un sapito y una parrilla para que se reúnan y celebren sus cumpleaños. Es un espacio de alegría que llevan años reclamando, y tiene que ir de la mano con el servicio de salud: por eso, en la Clínica Municipal de Especialidades Médicas, la consulta para todos los sanborjinos va a costar 15 soles, a partir del primero de enero.

 Creo que la clave está en notar a quiénes pertenecen esos derechos. Más que derechos, encuentro que protegen en realidad intereses muy particulares. La clave para identificarlos está en encontrar el contexto que explica cada ley. Ese contexto no siempre es coetáneo a ellas. Algunas de estas leyes se redactaron para resolver problemas presentes, pero se muestran clausurando un pasado inmediato.

 La ley que con mayor rigor describe la cuestión de los intereses propios y presentes es la ley Soto, la 31751, sobre la suspensión de la prescripción. El señor Soto, que fue presidente del Congreso, se cuenta entre los promotores de una ley que le permitió cerrar un caso propio en cuanto fue promulgada; un caso por el que podría haber sido condenado. Los recortes al procedimiento de extinción de dominio son fáciles de asociar con el caso de Los Dinámicos del Centro, que afectó el patrimonio de la familia Cerrón. La prohibición de incluir partidos en la lista de organizaciones criminales ha sido usada expresamente a su favor por la familia Cerrón. Pudo beneficiar en su momento a todas las organizaciones políticas que enfrentaban casos por uso de fondos de Odebrecht, pero esa es una lista que se desmoronó después por una ruta distinta, la del Tribunal Constitucional. Las limitaciones a los procedimientos de colaboración eficaz remiten al caso Valkiria, uno de cuyos componentes, el vinculado a los congresistas que habrían canjeado favores con la fiscalía, dependía fuertemente de las revelaciones de Jaime Villanueva.

Hay entonces situaciones concretas que explican estas leyes como leyes escritas a favor de intereses particulares. Pero además el paquete incluye leyes capaces de generar efectos colaterales que los autores de estas leyes no notaron o no quisieron notar que podrían causar.

 La ley que mejor muestra el descuido con que se aprobaron estas leyes fue la 32181, que prohibió a los jueces emitir órdenes de detención preliminar. Esta ley remite en su contenido a los debates sobre el caso del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, detenido en mayo de 2024 por una orden de aquellas que el Congreso quiso prohibir. Una vez publicada, la ley provocó casi inmediatamente diez liberaciones en un caso sobre organizaciones violentas al norte de Lima, Las Hienas Verdes de Huaura. La ley no fue aprobada pensando en Las Hienas, por supuesto. Al menos eso espero. Pero causó esas liberaciones inmediatamente. Ante el escándalo, el Congreso intentó derogarla. Pero el gobierno de la señora Boluarte se opuso (¿por qué?). La ley tuvo que promulgarse por insistencia del Congreso en marzo de 2025.

 Muy cerca de este ejemplo está la ley sobre organizaciones criminales. Los procedimientos diseñados contra estas organizaciones habían sido usados en el caso Valkiria, estaban siendo usados en los casos Boluarte, aún en formación, y, esto es verdad, tenían un uso extenso no siempre justificado. El Congreso quiso recortarlos a su manera y provocó la movilización sin precedentes de los transportistas, porque, sin notarlo o sin querer admitirlo, sacó la extorsión de su alcance. La ley tuvo que ser modificada, pero la última versión sigue dejando fuera a las organizaciones dedicadas al tráfico de influencias. En noviembre de 2024 la Corte Suprema aplicó esta ley bajo protesta en uno de los casos Orellana, aunque, claro, la ley no se escribió para el clan Orellana.

 Ninguna de estas leyes partió de una propuesta fundamentada que la sostenga tal como fue aprobada. Por eso resulta útil asociarlas a lo que representan en contextos específicos, presentes o recientes. A la ley que impuso a los abogados de la defensa o a los de oficio en los allanamientos precede el allanamiento de la casa de la señora Boluarte; al recorte del plazo de escuchas telefónicas a 60 días con una sola prórroga, el caso de Los Cuellos Blancos, que se originó en escuchas prolongadas. A la ley contra las prisiones preventivas, la más visible por sus efectos colaterales, precedía, ya lo hemos anotado, el caso de Nicanor Boluarte.

Estas leyes, cargadas de intereses individuales y efectos colaterales no controlados, mostraron algo más: la intención del Congreso anterior de convertirse en un tribunal, de entrometerse sin limitaciones en asuntos que estaban fuera de su competencia y que debieron ser resueltos de otra manera.

 Cada una de estas leyes está escrita sobre un área sumamente compleja, todas cargadas de problemas por resolver. Al concentrarse en proteger intereses particulares y al carecer de fundamentos, estas leyes no han resuelto esos problemas. Al contrario, los han complicado aún más. La ley Soto ya está siendo activamente revisada por los tribunales. Todas las demás deben Pero nada impide derogarla como nada impide derogar las demás. La vía institucional para resolver los problemas que los defensores de estas leyes han alegado como pretexto supone establecer directrices fiscales y acuerdos jurisdiccionales que corrijan procedimientos y reorienten un sistema que, esto es cierto, se extravía demasiadas veces. No sirve provocar, como el Congreso anterior ha provocado, intervenciones orientadas a favorecer intereses particulares.

 Descalificar esas leyes, asociarlas con las consecuencias que crearon, tiene un propósito: evitar que ese ciclo se repita. Mantenerlas vigentes o intactas equivale a exponer al país a nuevos efectos colaterales sin siquiera notarlo.

Las niñas y adolescentes awajún víctimas de violencia sexual en Condorcanqui enfrentan violencia machista, sin duda. Pero esa categoría no alcanza para explicar por qué la respuesta estatal ha sido tan insuficiente. También importan su pertenencia indígena, el racismo, las brechas territoriales y la desigualdad en el acceso a servicios y justicia.

Esta semana, una misión del Comité de Expertas del MESECVI de la OEA recorre Condorcanqui para evaluar la respuesta estatal y el acceso a justicia de niñas y adolescentes indígenas. Su presencia es importante y vuelve a colocar el tema en la agenda pública. Pero también recuerda que hablamos de una situación denunciada desde hace más de una década y que requiere respuestas sostenidas.

Algo parecido ocurre cuando una mujer que accede a un aborto terapéutico termina expuesta públicamente. El problema es de género y de derechos reproductivos, pero también debemos preguntarnos quiénes pueden proteger mejor su privacidad, acceder a asesoría o enfrentar a quienes tienen poder. La posición social también cuenta.

La violencia de género atraviesa la vida de mujeres y niñas, pero es urgente entender cómo opera cuando se imbrica con otras desigualdades. Esa discusión también atraviesa a América Latina y el Caribe. La reciente Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, realizada en Montevideo, revisó avances y pendientes del Consenso de Montevideo.

Mirarnos regionalmente ayuda a identificar patrones, aprender de otras respuestas y articular agendas. Si las desigualdades actúan juntas, las políticas públicas y nuestras demandas no deberían pensarse por separado.

*Sofía Carrillo Zegarra. Coordinadora regional de la Red de Periodistas Afrolatinos e integrante del Grupo Coordinador de la Alianza por la ESI ¡Sí Podemos

Según la OCDE, los directores dedican apenas un 21% de su tiempo al liderazgo pedagógico. El resto se va en tareas rutinarias y en atender las demandas administrativas del sistema. Esto les resta tiempo y energía para revertir las resistencias al cambio. Según el Ministerio de Educación, solo 0,1% de maestros promueven pensamiento crítico. Seguimos enfocados en la transmisión y repetición acrítica de conocimientos aislados.

Los liderazgos surgen cuando urgen rupturas y nuevas reglas de juego. Hacerlo viable supone cinco acciones estratégicas:

1.     Desburocratizar: Dotemos de soporte administrativo a las escuelas para que el directivo pueda ejercer liderazgo pedagógico.

2.     Transformar la gestión local: Reemplacemos el control punitivo al docente que ejercen las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) por más acompañamiento pedagógico y asistencia técnica.

3.     Formar en liderazgo: Prioricemos el desarrollo de habilidades sociales y de un liderazgo más reflexivo.

4.     Crear comunidades de aprendizaje: Institucionalicemos la autoevaluación continua, para que las escuelas se habitúen a aprender de su propia experiencia y a superar errores colaborativamente.

5.     Autonomía institucional: Permitamos innovaciones pertinentes a cada realidad, dándoles soporte para que se difundan y escalen en el sistema.

Las reformas la gestan directivos con tiempo, disposición y solvencia para impulsar el cambio que requiere con urgencia la enseñanza las aulas.

Colabora Luis Guerrero Ortiz, director de Educacción

Beach no solo publicó la primera edición de Ulysses, del irlandés James Joyce, en 1922, cuando nadie se ofrecía. El homenaje del nombre repetido es sobre todo por la negativa de Beach a venderle su último ejemplar de Finnegans Wake (1939), otra obra de Joyce, a un oficial del ejército de ocupación nazi. El gesto le costó seis meses de cárcel, y cerrar el negocio en 1941.

La librería saltó a la fama peruana cuando Rodolfo Hinostroza se la encontró al llegar a París, a pocas cuadras de su casa. Escribió un artículo sobre el tema para El Comercio, y luego incluyó el nombre, con todas las resonancias vanguardistas y libertarias del caso, en su poesía. Ulysses nació a la circulación prohibida en Gran Bretaña y los EE. UU.

La librería nació como un abrevadero marginal para expatriados de todas partes, beatniks en particular, y con el paso de los decenios, con sus nuevos dueños se volvió un buen negocio y una querida institución. Hoy es una librería y una biblioteca de temas literarios anglo, y un espacio frente al que hay que hacer cola para ingresar, previo boleto.

El culto a Shakespeare & Co. se extiende mucho más allá de la venta o edición de libros. Llegar allí es un peregrinaje hacia la saga de Joyce, Ezra Pound, Ernest Hemingway y otros vanguardistas radicales de los años 20. Por extensión se ha convertido en un epicentro del París literario. Sus textos se venden con una marca característica sobre la página.

Las multitudes que hoy se agolpan frente a la puerta son un homenaje a Beach, que la abrió con entusiasmo y la cerró con heroísmo, y a George Whitman y su hija Sylvia, quienes tomaron la posta con enorme brío. Luego de haber ayudado Beach a Joyce, este cortó la relación por motivos económicos.

Una de las agendas más urgentes del Perú en cooperación internacional es la seguridad. El crimen organizado tiene redes que cruzan fronteras: Los Pulpos con conexiones en Bolivia, el Tren de Aragua con origen en Venezuela, las organizaciones que trafican armas desde Colombia y Ecuador. Ninguna de esas amenazas puede combatirse con recursos solo nacionales. La cooperación en inteligencia y trazabilidad financiera con países aliados es una necesidad estructural. Y en ese frente, vale destacar que la colaboración con el FBI ya tiene resultados concretos.

El 2 de septiembre, el trabajo conjunto entre el FBI, Perú y Bolivia permitió capturar a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, líder de la organización que semanas antes había secuestrado a un empresario en Trujillo y asesinado a cuatro personas. Antes, una operación del FBI con el GRECCO de la PNP capturó a Luis Díaz Cerezo, alias Chacal, alto mando del Tren de Aragua, a partir de información obtenida en Nueva York. Eso es lo que la inteligencia compartida produce.

La visita del secretario de Estado Marco Rubio y la confirmación de la incorporación del estado peruano al Escudo de las Américas deberían profundizar ese camino y transparentar otros.

El criterio para evaluar cualquier cooperación extranjera debe valorar cuánto retorno real genera para el país, con qué condiciones de transparencia llega y qué capacidades deja instaladas.

La inversión que construye desarrollo es bienvenida, siempre y cuando no suponga presiones que coacten la libertad de una estado soberano para negociar lo que mejor le convenga a sus intereses. Lo que cancillería, en nombre del estado peruano, debe llevar a la reunión con Rubio y cualquier otro representante de un estado y gobierno de turno es esa claridad: la de saber exactamente qué ofrece el Perú en ese intercambio y, sobre todo, a cambio de qué. En ese sentido, el pedido de la senadora Patricia Iturregui al Canciller Espá para “que escuche a los embajadores de carrera” sigue vigente.

La actitud va de la mano con el deseo de Trump de estampar su nombre por todas partes, comenzando por el Centro Kennedy de Washington. La idea es seguir con la difusión de la marca Trump, algo conveniente para los negocios familiares. Hasta ahora solo se ha atrevido con edificios e instituciones, no con accidentes geográficos.

No descartemos que para sus últimos dos años de gobierno Trump tenga en la mira todos aquellos Estados o ciudades inicialmente bautizados por los conquistadores españoles del siglo XVI, como California, Florida o Nuevo México, o Los Ángeles y Las Vegas. Por allí puede colarse un Estado con el apellido del presidente.

Si EE. UU. llega a apropiarse de Groenlandia bajo Trump o un parecido chovinista, ya sabemos lo que le pondrían. Todo accidente geográfico ya es percibido como propaganda para el imperio estadounidense. Una forma peligrosa de poner a prueba la popularidad. Es más fácil borrar un nombre antipático que derribar una estatua no querida.

En el caso del apellido Trump estamos, pues, ante una situación casi monárquica. En un reino la efigie del monarca adorna billetes, estampillas, plazas, monumentos, monedas y casi todo lo que tenga una superficie. Hacia allá va Trump, con la idea de que figurar es perdurar, aun cuando se es un pendenciero que no logra ganar sus guerras.

Hay nombres geográficos que son testimonio de imperialismo o de colonialismo. Luego hay nombres que dan testimonio de una presencia autóctona. Ontario o México son dos de esos nombres, y el mundo entero, sobre todo en las Américas, está cubierto de ellos. Solo falta que la extrema derecha ahora quiera erradicarlos.

Podríamos decir que Trump es un personaje decimonónico, si no fuera porque los presidentes de su país, también en el siglo XIX, han sido respetuosos de las convenciones de un Estado republicano. ¿Cuánto más se va a retroceder? ¿De Océano Pacífico a Océano de América? ¿Y la luna? ¿American satellite?

—Alejandro Céspedes García: Señor Muñoz, ¿por qué quiere volver a ser alcalde de Miraflores?

—Jorge Muñoz Wells: La razón es regresar a Miraflores con la experiencia que se tiene para poder recuperar muchas de las cosas que hoy en día están deterioradas en el distrito. Yo soy un vecino más, y a mí me indigna encontrar cómo está Miraflores. Ha perdido liderazgo en seguridad, la limpieza no es la de antes, hay gente que duerme en los parques, tenemos una serie de bienes deteriorados, como por ejemplo el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Entonces, en esta oportunidad, la intención es poder regresar para servir y dar lo mejor de uno.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué es lo que haría primero?

—Jorge Muñoz Wells: Tú acabas de decir algo muy importante: casi siete de cada diez vecinos miraflorinos se sienten divorciados o alejados de la municipalidad. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es escucharlos, abrir las puertas e invitarlos a construir lo que debe ser una verdadera ciudad, una verdadera municipalidad, en conjunción con los vecinos. Por ejemplo, escucharlos todos los miércoles en las mañanas, retomando esa buena práctica que se llamó 'Gobernando con los Vecinos'. Pero, adicionalmente, tener audiencias trimestrales en los parques, con rendición de cuentas. En suma, lo que buscamos es recuperar el orgullo del miraflorino para, sobre esa base, no quedarnos en el pasado sino mirar hacia el futuro y hacia lo que necesita el distrito.

—Alejandro Céspedes García: Hablando del futuro: sabemos que Miraflores es un destino turístico para los extranjeros, pero también para el propio limeño. ¿Cuál es su visión sobre los espacios públicos?

—Jorge Muñoz Wells: El espacio público es, por naturaleza, el lugar donde se comienza a construir la ciudadanía. Es un espacio donde la gente debería poder disfrutar de una manera amplia y adecuada. Nuestra misión va a ser justamente utilizarlo bien, construir esa ciudadanía de la que hablamos. Son los lugares más democráticos que pueden existir en el distrito, y esa es la intención que tenemos: trabajar para tenerlos en muy buen nivel y que la gente pueda disfrutarlos.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a hacer con el Estadio Bonilla, que ahora mismo está venido a menos?

—Jorge Muñoz Wells: No solo está venido a menos, es lamentable su situación. Hoy en día es un hueco, y dentro de esa cancha de fútbol hay basura, desmonte y autos abandonados. El coliseo también está sumamente deteriorado. Pero lo más triste es encontrar, en el frontis del estadio, justo detrás de la tribuna principal, autos abandonados que ni siquiera son de la municipalidad. Algunos sí lo son, pero hay otros que son de terceros.

—Alejandro Céspedes García: ¿Y qué van a hacer al respecto?

—Jorge Muñoz Wells: Recuperar ese espacio. Hoy en día se le ha entregado a una empresa brasileña para hacer un centro de convenciones, y esa no es la naturaleza del bien. La naturaleza del bien es que sea un espacio deportivo: recuperar la cancha, recuperar el coliseo, hacer que los miraflorinos podamos utilizar correctamente ese lugar.

—Alejandro Céspedes García: ¿Eso quiere decir que se va a cumplir con el contrato que se tenía, por ejemplo, con Intercorp para la actualización del Estadio Bonilla?

—Jorge Muñoz Wells: Ese contrato que mencionas fue dado en otra gestión. La gestión que ya está terminando hizo un nuevo contrato y entregó ese espacio, como un centro de convenciones, a esta empresa brasileña. Entonces hay que desarmar lo que está mal hecho y buscar que finalmente sea un espacio deportivo.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a pasar con el Cuartel San Martín?

—Jorge Muñoz Wells: El Cuartel San Martín es un tema que corresponde a los privados; ahí la municipalidad no se puede meter. Ellos tenían un proyecto para desarrollar un complejo habitacional y comercial, muy bien estructurado, pero lo dejaron en el tiempo, después lo cambiaron, y sigue en manos de los privados.

—Alejandro Céspedes García: En este ciclo de discusión electoral con candidatos he hecho preguntas por TikTok a los vecinos. Una de ellas, que se identifica como Majo, preguntaba qué va a hacer con las playas, porque los surfistas —no solo de Miraflores, sino de distintos lugares de la ciudad— están preocupados porque el espacio está muy deteriorado y abandonado.

—Jorge Muñoz Wells: Es cierto. Todo el malecón de la parte baja está deteriorado, hay zonas carcomidas. Es verdad que, en principio, ese malecón corresponde a la autoridad del Proyecto Costa Verde, pero es la municipalidad distrital la que tiene que impulsar las mejoras ahí. Hay zonas donde había canchitas de fulbito tan deterioradas como el coliseo Niño Manuel Bonilla. Tenemos que recuperar esas canchas, recuperar el malecón, dar seguridad a las personas que van a hacer surf y facilitar que la gente disfrute de la playa. Somos privilegiados los limeños porque esta es la única capital del continente que mira hacia el mar, y tenemos un mar bellísimo que hay que disfrutar. El problema es que muchas veces no lo disfrutamos por falta de facilidades.

—Alejandro Céspedes García: La seguridad es otro de los temas que ha preocupado. ¿Cómo va a tratar el tema de la inseguridad en el distrito?

—Jorge Muñoz Wells: Con liderazgo. Eso es lo más importante. El alcalde no es el ministro del Interior ni el comisario del distrito, pero es quien tiene que impulsar todo esto para que haya efectivamente mejor seguridad. ¿De qué sirve tener cámaras si no hay liderazgo? Vamos a trabajar con las dos comisarías del distrito, con la división de investigación criminal —la Dincri adscrita a Miraflores—, con los fiscales, los jueces de paz, los bomberos, con todos los actores de la seguridad. Nos vamos a reunir semanalmente, viernes a viernes, para ponernos tareas. Ya lo hicimos antes y nos trajo buenos resultados; queremos hacerlo de nuevo.

Por ejemplo, teníamos en las calles una red de vecinos vigilantes que incorporaba a los lustrabotas, a los cambistas, a las personas que reparten delivery y periódicos. Esa red ayudaba a detectar situaciones y alimentaba nuestro mapa del delito. Hoy no existe nada de eso. Todo esto será parte de un plan de acción ambicioso que ya sabemos cómo ejecutar, porque ya lo hicimos, con un buen equipo de trabajo, para recuperar el liderazgo en seguridad ciudadana.

—Alejandro Céspedes García: Actualmente usted compite con dos personas que ya han estado en gestiones anteriores: el candidato de Somos Perú, que es el actual gerente del alcalde Canales, y el candidato de Renovación Popular, el señor Cantella, gerente de Deportes. ¿Qué lo diferencia de ellos? ¿Por qué los vecinos de Miraflores deberían apostar por su candidatura?

—Jorge Muñoz Wells: Por la experiencia y por la capacidad. He sido dos veces alcalde de Miraflores, alcalde metropolitano y también regidor, y hay una gran diferencia con relación a los otros dos candidatos. Además, nuestras propuestas están comprobadas: no somos un salto al vacío, pero tampoco somos el continuismo, porque la gestión actual es de Renovación Popular. Ellos van con un candidato formal, el señor Cantella, pero también con un candidato encubierto, que es el actual teniente alcalde de Canales. Lo curioso es que hay dos representantes —uno formal y otro encubierto— del continuismo, y nosotros no representamos eso. Representamos la experiencia, la capacidad, y además vamos a hacer auditorías muy importantes para poner sobre la mesa lo que se hizo bien y lo que no, y que haya las correcciones correspondientes.

—Alejandro Céspedes García: Hay muchas personas adultas mayores en Miraflores que temen el incremento de los impuestos. ¿Cómo va a dialogar con los adultos mayores?

—Jorge Muñoz Wells: Siempre con equilibrio. Yo tengo mucho respeto por el adulto mayor. En el distrito les hemos construido casas, hemos tenido actividades muy cercanas, hemos dado facilidades, y esta vez no va a ser la excepción. Hay que escuchar las necesidades y, como lo he dicho varias veces, darle a cada quien lo que le corresponde —no son palabras mías, sino de Santo Tomás de Aquino—. Hay que cumplir con esto sabiendo cuáles son las necesidades y buscando soluciones para ellas.

—Alejandro Céspedes García: ¿Cómo planea sortear las campañas que seguramente ocurrirán en las próximas semanas?

—Jorge Muñoz Wells: Ya vienen ocurriendo. Por ejemplo, nos han quitado paneles de las calles, hay una guerra sucia cotidiana en las redes, con mentiras y posverdad. Se han inventado cosas: fuimos a verificar el estado del estadio, el coliseo y todo el complejo Niño Manuel Bonilla, hicimos un sobrevuelo con dron y, tres horas después, inventaron que yo había agredido violentamente a una serena. Son mentiras. También tengo al representante principal de Renovación Popular insultándome, diciendo cosas que no son verdad. Con mentiras no se construyen las cosas. Aprovecho para decir que hay que presentar propuestas: la gente necesita propuestas, no mentiras ni agresiones. Que se revisen las mejores propuestas, que se vea quién tiene las mejores capacidades, y que sean los vecinos quienes elijan de la mejor forma a quien los pueda conducir a una mejor calidad de vida.

Hoy me indigna la situación de Miraflores, la falta de una verdadera calidad de vida. Yo soy una persona que ha transitado por temas municipales durante varios años, y el alcalde ni siquiera me escucha; he tratado de hablar con él varias veces y no he tenido la oportunidad. A nadie escucha, en realidad. Por eso quiero convertirme en una persona que pueda escuchar y transformar junto con todos los vecinos, respetando a todos por igual, porque, como dije, el eje central de nuestro accionar es el ciudadano, es el vecino.

Dos años después, las bandas seguían operando, los trabajadores mineros seguían siendo masacrados. Esta casa editorial recuerda el pedido del alcalde de la provincia, Aldo Carlos Mariños, quien lloraba en cámara pidiendo que el Estado no los abandonara. “Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. Le aportamos todo el oro y solo queremos que nos devuelvan en desarrollo”, suplicó. Desde 2020, bandas como Los Pulpos, Los Buitres de Pataz y La Jauría han realizado más de 628 incursiones contra instalaciones mineras formales, dejando 18 empleados asesinados y millones en oro robado.

Lo más grave no es solo que el estado de emergencia no funcione. Es que el gobierno de Keiko Fujimori lo sabe y lo mantiene de todas formas. Boluarte lo decretó con la promesa de recuperar el control de Pataz, con el apoyo de Fuerza Popular y Renovación Popular en ese entonces. El resultado fue el mismo de siempre: visibilidad política sin transformación estructural.Lo primero que hizo la presidenta en materia de seguridad fue insistir en las mismas medidas que ya demostraron su ineficacia.

El resultado de esa continuidad del fracaso lo resume el asesinato del hermano del alcalde distrital de Pataz, acribillado con seis disparos a la salida de un restaurante en la urbanización California de Trujillo. El crimen ocurre una semana después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla en la misma ciudad, donde cuatro acompañantes fueron asesinados y alguien, cuya identidad aún se desconoce, pagó rescate para su liberación.

Trujillo y Pataz concentran una escalada de violencia vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado que ningún estado de emergencia ha logrado frenar porque ningún estado de emergencia está diseñado para desmantelar redes criminales. Está diseñado para mostrar que el gobierno hace algo. Sin embargo, el desgobierno que comenzó con Boluarte no terminó con el cambio de mando. Simplemente cambió de firma.

Y mientras el gobierno intenta demostrar que hace algo, el crimen organizado sigue haciendo lo que siempre ha hecho. El país necesita que esto cambie. Pronto.

Otras cinco pantallas-ojo se abren cuando alguien está al frente. El dispositivo observa y nos observa. Sensores registran el pulso de quienes se aproximan y convierten al espectador en una variable corporal dentro del circuito. Y de esa manera la instalación deja de ser objeto contemplado y adquiere fisiología. Escucha, mide, procesa, responde. La tecnología transformándose en anatomía política.

Raspberry Pi, Arduino R4, placas tipo ESP32 y sensores componen una arquitectura computacional por donde entra el mundo como señal. La señal se transforma en imagen, la imagen retorna al cuerpo. Una civilización entera aparece reducida a un circuito que registra sus propias heridas. La pantalla climática mide el entorno, otra cartografía guerras, protestas y desplazamientos. Otra contabiliza los avances de las promesas planetarias. Y entonces aparece el reloj.

El tiempo restante para cumplir la Agenda 2030 se convierte en una cifra que desciende segundo a segundo. El futuro adquiere la forma de un deadline. La vieja escatología religiosa encuentra una versión tecnocrática de salvación mediante indicadores, redención mediante porcentajes y esperanza administrada por una cuenta regresiva.

Günther Anders habría reconocido en esta escena la brecha prometeica, nuestra capacidad técnica para producir y medir ha crecido mucho más rápido que nuestra capacidad moral para asumir las consecuencias. Paul Virilio habría encontrado la guerra convertida en velocidad e imagen instantánea. Foucault, un panóptico disperso entre ojos electrónicos y sensores. Haraway, la disolución del límite entre organismo y máquina. Adorno, finalmente, habría reconocido el viejo mito ilustrado del progreso enfrentado a su propia sombra.

Pero Tierra prometida posee la genealogía de una artista peruana que aprendió a trabajar en las zonas donde una sociedad preferiría bajar la mirada. Desde La Wawa hasta La migración de los santos y sus Gallinazos, Cristina Planas ha convertido la incomodidad en método y memoria. La generación marcada por la violencia política peruana encontró en ella una escultora capaz de abrir las heridas exactamente donde el discurso público intentaba cicatrizarlas. Ahora la herida cambia de escala.

El Perú queda incorporado a una pregunta planetaria. El niño, una escultura de su hijo, representa una infancia amenazada y también eso que todavía llamamos futuro. Sobre su cuerpo recaen decisiones tomadas antes de que pudiera pronunciarlas. La guerra, el calentamiento, la migración y la vigilancia es la herencia que le estamos dejando. Por eso el título adquiere una ironía bíblica: la tierra prometida somos nosotros ofrendando.

El niño espera. La máquina registra. El reloj desciende. Y en ese intervalo mínimo entre el dato y la decisión, entre la promesa y su cumplimiento, Cristina Planas abre una nueva herida, la del futuro convertido en testigo de nuestro presente. Tierra prometida deja al espectador frente a una pregunta cuya violencia reside precisamente en su escalofriante sencillez: ¿qué mundo estamos prometiendo a quienes todavía no pueden cobrarnos la deuda?

…

Datos:

Instalación: Tierra prometida

Lugar: Socorro Polivalente

Dirección: Jr. Santa Rosa 348, Barranco

Fechas: Hasta el 10 de setiembre de 2026

Políticos y oportunistas en campaña conocen tu reflejo condicionado: te venden militares en la calle, fuerza, orden, y aprueban leyes a la medida para garantizar impunidad ante cualquier exceso policial. Te dan circo punitivo porque sale barato. Pero cuando se encienden los reflectores sobre el verdadero motor del crimen organizado, la bravata de tus caudillos se evapora y, también, observo, tu furia justiciera misteriosamente se apaga.

Es sabido que el mayor poder del hampa nacional ya no es el narcotráfico tradicional ni se dirige desde una celda común: opera a vista y paciencia de todos en los socavones de la minería ilegal. Es una industria criminal multimillonaria que dinamita torres de alta tensión, acopia arsenales de guerra, secuestra, corrompe autoridades, somete regiones enteras a la trata, financia ejércitos de sicarios y bandas de malandros.

Frente a esos poderes fácticos y armados, la mano dura que tanto vitoreas arruga de inmediato: se convierte en su mejor aliada burocrática. Poner a un pelotón de soldados a pedir documentos en una avenida de clase media es teatro para el noticiero del mediodía; interdictar de verdad —ingresar a las cuencas tomadas, dinamitar dragas, incautar maquinaria pesada, dinamita, explosivos, reventar plantas clandestinas y cortar el suministro de combustible y cianuro— exige quebrar el capital del negocio y arriesgar el pellejo frente a columnas con fusiles de asalto. Ahí nadie se atreve. Con el oro sobre la mesa, no.

Fuerza Popular y casi todo el arco parlamentario —incluyendo, por supuesto, a la izquierda de Juntos por el Perú— prefieren engreír a las mafias, prorrogarles indefinidamente el REINFO y atar de manos a fiscales y policías para impedir cualquier interdicción real. El fusil y el discurso del orden se guardan en el cajón apenas asoman el financiamiento de campañas, el lavado de dinero, los votos de gremios informales y el chantaje de paralizar las carreteras y las calles por gente a la que no pueden terruquear. Todo un tinglado disfrazado de problema social.

Y tú, que te desgañitas pidiendo plomo en redes sociales, guardas silencio. Clamas por el ojo por ojo para celebrar la humillación del choro de celular, el raquetero, o el sicario de barrio, pero te tragas entero el sapo de quienes blindan al gran crimen financiero. Me temo que si exiges paredón para el eslabón más miserable de la cadena, pero toleras que los capos del oro ensangrentado manejen las leyes y el país a su antojo, lo tuyo no es anhelo de justicia: es cobardía moral.