Es una decisión sobre qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja sin nombre. Los números que el propio sistema produce son conocidos —y no admiten lectura cómoda. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de violencia sexual escolar desde que existe el SíseVe: casi 4.000 reportes anuales, más de la mitad cometidos por personal docente y administrativo. Los adolescentes de 12 a 17 años concentran entre el 42% y el 50% de todos los casos de violencia sexual registrados en los CEM, y sus denuncias se duplicaron entre 2018 y 2022. En 2022, el 9,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o estaba embarazada, según la ENDES del INEI. En ese contexto, la norma construida en 2021 —con equipos técnicos, evidencia internacional y un marco de derechos que tuve el privilegio de acompañar como ministro— no era ideología. Era respuesta a un diagnóstico.

 La nueva norma no surge de una evaluación de esa respuesta. Surge de un mandato político: la Ley 32535, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral. El resultado es una denominación sin antecedente internacional: "Educación Sexual con base científica, biológica y ética". Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo. Como advirtió Nani Pease al momento de aprobarse la ley, en este diario: "el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores que ha puesto al Estado peruano en jaque", anteponiendo intereses políticos por encima de la evidencia pedagógica y de salud pública.

 La nueva norma cita datos recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina el enfoque de igualdad de género como eje transversal, la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género —que afecta al 70% de estudiantes LGBTI, quienes se sienten inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, según el Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex—, y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes.

 Promsex ha documentado que más de la mitad de las violaciones en el Perú son actos repetitivos, que venían ocurriendo desde dos o tres años antes de que se evidenciaran. Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido. El silencio no es neutralidad. Es una forma de protección —pero no de las víctimas.

 Justin Parkhurst, investigador de la London School of Economics, ha descrito con precisión el mecanismo que opera aquí: en política pública, el uso estratégico de la evidencia consiste en seleccionar los datos que legitiman una decisión ya tomada —lo que él llama cherry-picking (seleccionar lo que más conviene)— mientras se omiten los marcos interpretativos que esa misma evidencia recomienda. La nueva norma es un ejemplo preciso de ese mecanismo: toma los 59 casos diarios de violencia sexual para justificar que actúa, pero descarta el enfoque de género que la evidencia internacional señala como condición para abordarlos. Usa el diagnóstico para legitimar la cirugía, y en la cirugía extirpa el instrumental. No es casual: las propias organizaciones de derechos humanos han documentado ante instancias internacionales que la falta de acceso a la educación sexual integral es una de las principales barreras para la prevención e identificación de la violación sexual, especialmente en zonas rurales y periféricas donde se concentran los casos más graves.

 La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos. Y las que pagan el costo son las mismas que el Estado ya no logra atender: las 76 de cada 100 víctimas de violación a quienes nunca les llegó el kit de emergencia.

La cita incluida en el título es una frase que nos remite de inmediato a los resultados de la primera vuelta de las elecciones en el Perú en 2021 y 2026. En este año, pareciera que el binarismo se da en su máxima expresión, con la participación de dos candidatos tan disímiles como Keiko Fujimori (KF) y Roberto Sánchez (RS), pero que, a su vez, tienen un punto en común: cuentan con los votos de un mismo segmento poblacional correspondiente al 25,7% de pobres en el Perú, universo en el que uno de cada dos peruanos puede salir de la pobreza y el otro queda entrampado en ella, y siete de cada 10 pobres viven en ciudades (Lima tiene 21,6% de pobreza).

 Cuando se comparan los mapas que muestran la votación a nivel nacional, se observa que la fragmentación entre izquierda y derecha del 2026 es casi un calco de la del 2021, aun cuando ambos candidatos solo representan el 29% de los votos válidos. KF tiene su principal caudal de votos en los sectores A, B y C, además del extranjero. RS tiene la preferencia de los sectores populares de bajos ingresos, D y E, y de ámbitos rurales dispersos. (Ver tabla adjunta)[1]. La mayoría de los electores votó igual y expresó con su voto qué desea y qué detesta. Esta vez, el sector pobre lo hizo con la participación de actores políticos de la nueva izquierda peruana (gremios, organizaciones de base de regiones, sindicatos), que desplazaron a círculos progresistas de Lima, como sucedía antes[2].

 ¿Por qué la votación fue casi igual? A. Vergara dice que “La composición social del voto es parecida, aunque las opciones ideológicas sean distintas”[3]. La razón estriba en la desigualdad. Considera que el elector necesita un Estado efectivo que le preste servicios de seguridad, salud y educación, entre otros (solo algunos tienen agua permanente o comerán todos los días), y una nación que lo reconozca como ciudadano (sin discriminación, exclusión ni privilegios). Sin embargo, establece la coexistencia de gente bajo el paradigma del Estado-nación y de otros bajo el del posestado-nación. El primero cubrirá necesidades y acceso a derechos; el segundo asegurará que los beneficios de la globalización y la modernidad continúen para quienes ya se sienten incluidos. El elector pobre votará por quien lo acerque más al paradigma del Estado-nación o Estado-Nación.

No obstante, KF y RS tienen discursos parecidos sobre el Estado-Nación, sean populistas o no. La experiencia en Brasil y Argentina[4] plantea que la principal demanda del sector pobre es moral: ser reconocido e incluido, mucho más que lo que significa la racionalidad económica. Para el caso peruano, si bien KF considera varios aspectos del concepto de Estado (cobertura de servicios), también promueve acciones políticas y económicas conservadoras que le permiten contar con el respaldo de los sectores dominantes. En paralelo, sin dejar de lado el carácter identitario de quienes votaron por RS por arrastre de Pedro Castillo, puede deducirse que la variable nación (inclusión social) en el actual discurso de RS es lo que determinará el voto del elector, al margen de que forme parte del mediocre y corrupto Congreso actual e incluso si ve pocas posibilidades en él para mejorar económicamente.

 Por consiguiente, ¿qué es necesario hacer si la democracia se ha debilitado tanto y ha sido prácticamente asaltada hasta convertirse en casi una anormalidad[5], por una “derecha convencional que se radicaliza y converge con una derecha radical cuando identifican un enemigo común en el progresismo… a través de lideres desconectados de la realidad[6]?.

 La opción es estar del lado de la población que demanda principalmente nación para constituirse realmente en ciudadanos. Hoy no lo son por el oportunismo político, la corrupción, la vulneración del Estado de derecho y la desigualdad política derivada de la falta de partidos políticos institucionales. Por ello, resulta indispensable identificar bien al “enemigo” principal en las actuales circunstancias políticas.

[1] Fuentes: medición del voto cruzado por NSE del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos (boca de urna).

[2] Paulo Vilca, IEP, 12/05/2026. Declaración periodística.

[3] Alberto Vergara, 2021. Ni amnésicos ni irracionales (p. 135).

[4] Jesse Souza, 2024. El pobre de derecha.

[5] Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, 2024. Democracia asaltada.

[6] María Claudia Augusto M. y Aarón Quiñón. ¡Comunismo o libertad! La radicalización de la derecha peruana en el siglo XXI (p. 208, 226), en “Democracia asaltada”. Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, 2024.

Dadas las noticias de los últimos días, parece ser que el Estado peruano finalmente quiere encontrar una salida al hasta ahora incontrolable desangre de Petroperú. Digo “parece” porque ya en el 2024 estuvimos en una situación parecida y, cuando ya se había decidido un plan de reestructuración —que no involucraba una privatización—, la presidenta de entonces, Dina Boluarte, se echó para atrás, forzando la renuncia del directorio de Petroperú. Lo realmente catastrófico fue que Boluarte nombró un nuevo directorio y este a un nuevo gerente general pero, ¡oh sorpresa!, se nombró a quienes participaron en causar el desastre.

¿Qué hizo la gestión apoyada por Boluarte? Primero, rápidamente desecharon el plan de reestructuración, pero sí aceptaron el salvavidas de 2.000 millones de dólares que el Estado les dio a condición de que pusieran en marcha el plan de reestructuración (ver página 4 del documento). Se encargaron de que nada cambiara y continuó la hemorragia mientras mentían descaradamente a la opinión pública, asegurando que la nueva refinería estaba operando a plena capacidad y que ahora sí daría grandes utilidades por los “altos márgenes” de la nueva unidad. Nada de esto era verdad: Petroperú perdía plata a mares y operaba muy por debajo de su capacidad. Mientras tanto, se procedió a una “reparación” hecha para “pichicatear” la refinería, lo que horrorizó a los proveedores del equipo, que pidieron que no se hiciera, tanto por el inminente riesgo para los trabajadores como por el riesgo para el equipo. Efectivamente, la refinería se incendió el 5 de noviembre del 2025 y se dañó equipo crítico, con lo cual la refinería viene operando a una capacidad aún menor.

En el tiempo de la administración desastrosa, Petroperú se ha endeudado además en por lo menos otros 1.000 millones de dólares con instituciones financieras (ver página 4 también), llegando su deuda financiera, a setiembre último, a 6.400 millones de dólares (página 1). ¿Cómo pagará esta deuda? Para que una empresa pueda pagar por lo menos los intereses de su deuda, tiene que generar ventas que sean mayores a sus costos. Pero Petroperú arrojó pérdidas operativas por 150 millones de dólares y además tenía que pagar 250 millones de dólares de intereses por su deuda (página 2) a setiembre del 2025. Anualizando estas cifras, nos da 200 millones de dólares de pérdida operativa y 330 millones de dólares de pago de intereses.

¿Adivinen quién va a cubrir esas pérdidas? ¡Los peruanos con nuestros impuestos! Y seguiremos pagando hasta que no mejore sustancialmente la situación de la empresa. ¿Cómo se gestó este desastre? Se debió básicamente a dos cosas: una muy mala inversión en una refinería nueva y muchos años de mala administración, incluyendo un trato muy favorable hacia sus trabajadores. Veamos.

Lo que comenzó como un plan de mejora de la refinería de Talara, que disminuiría el contenido de azufre —y, por lo tanto, la contaminación— del combustible y que se estimó costaría aproximadamente 1.300 millones de dólares, se fue convirtiendo en una nueva —y mal planeada— refinería que, entre torpezas y robos, llegó a 6.500 millones de dólares. Estando la empresa en una crisis en la cual la prensa reporta que Petroperú no está pagando a sus proveedores —en algunos casos hace tres o cuatro meses—, la empresa debe por lo menos hacer esfuerzos de austeridad, tales como deshacerse de los numerosos activos improductivos.

La flamante administración debe demostrar, como parece que lo está haciendo, que antes de seguir pidiendo plata para que pueda continuar operando, la empresa está haciendo los recortes de gastos cruciales para tomar una nueva y sostenible dirección. Estos esfuerzos son indispensables para que la empresa continúe, independientemente del fin que se persiga en el largo plazo. No se trata de privatizar o no, sino de convertirla en una empresa razonablemente manejada y, por lo tanto, viable.

Pienso que Petroperú en manos del Estado no es una buena idea, no por ideología, sino porque todo lo que ella hace puede ser hecho por empresas privadas, mientras que los 24.000 millones de soles que el Instituto Peruano de Economía calcula que el Estado peruano ha transferido a Petroperú en los últimos 12 años podrían tener un mucho mejor uso en salud, educación o infraestructura. Una empresa estatal, además, está siempre sujeta a presiones políticas y a favoritismos, porque cuando todos son dueños de algo, usualmente quiere decir, en la práctica, que no hay dueño. Es un argumento práctico, nada más.

En todo caso, la nueva Petroperú tiene que reducir costos y reducir su deuda. Si fuera una empresa privada sería sencillo: pasaría a una situación concursal y que los acreedores decidan si es mejor que la empresa siga operando o se liquide. Esto obviamente no es realista para Petroperú. ProInversión, que dentro del Estado peruano es la unidad más capacitada, ha recibido el encargo de diseñar una estrategia para recuperar la empresa. Esto no será sencillo y tomará algún tiempo. Hay que dejar que ProInversión, con la ayuda de especialistas, decida un tema tan complejo.

Probablemente lo mejor sea formar algunos paquetes de activos y pensar en soluciones distintas para cada uno de ellos. Pensar que la parte más importante se pueda privatizar es absurdo: nadie considerará tomar la empresa en su situación actual. En cambio, suena razonable vender los activos improductivos, lo cual será solo un gesto en vista del tamaño del problema. Pero sería una primera señal de que se está pensando en serio y en algo ayudaría.

La refinería de Talara es la parte más valiosa de Petroperú. Debemos ser capaces de encontrar la mejor manera de convertirla en una empresa bien manejada y autosostenible. Para hacerlo necesitamos de la participación de especialistas privados. Ya a la larga se podrá discutir qué destino tendrá la empresa. Hoy, con una nueva refinería que, comparada con la antigua, tiene 20 veces más reactores y columnas, 10 veces más instrumentos y consumo de energía y 5 veces más unidades procesadoras y equipo rotatorio, necesitaremos mucho trabajo y expertos para sacarle el mejor provecho posible. Ojalá así sea.

El hallazgo de los restos de nueve personas en el departamento de Junín, todas ellas asesinadas por Sendero Luminoso entre 1990 y 1993 es un logro del Estado, pero debe observarse el panorama completo. Estos restos fueron encontrados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una institución que desde el 2022 a la actualidad el pacto corrupto del Congreso busca desaparecer. La razón es que esta coalición parlamentaria antidemocrática trabaja, a la mala, para sustituir el relato histórico por una versión más conveniente para la impunidad de quienes en buena parte representan.

Conviene, entonces, ser precisos sobre lo que se halló en Mazamari: peruanos asesinados por Sendero Luminoso. El terror senderista fue real, fue brutal, y recayó sobre los más pobres del país. Reconocerlo es honestidad histórica elemental. Y esa misma exige reconocer también los crímenes cometidos por agentes del Estado contra esas mismas poblaciones. Una memoria completa incluye a todos los muertos. De lo contrario, tiene otro nombre: propaganda.

Ese logro ocurre, paradójicamente, mientras esa misma institución es asfixiada por tres frentes simultáneos. El Ministerio de Economía sometido al pacto corrupto ha propuesto recortes. El resultado es que el presupuesto del Ministerio Público cayó 9% entre 2024 y 2026, afectando peritajes, operativos y las funciones básicas que hacen posible encontrar a los muertos. El Congreso los ratifica todos apelando a su inoperancia. Ese mismo parlamento que durante ese mismo período elevó su propio presupuesto institucional en 39%.

Por lo tanto, Junín nos recuerda, treinta y tres años más tarde, lo que ya debería estar fuera de discusión: la memoria es el nombre que le damos a la dignidad mínima que les debemos a todos nuestros muertos. Mientras haya familias que llevan tres décadas señalando una parcela de tierra y esperando que alguien vaya a buscar a los suyos, el Estado peruano tiene una deuda. Y esto también es una defensa ciudadana que el próximo Congreso debe retomar.

Entender la muerte después de tantos vínculos construidos es algo que supera nuestros lenguajes. Quizá por eso el arte insiste en volver sobre ella. No para resolverla, sino para darle una forma sensible al vacío. Sé que muchas personas especiales desaparecen rápidamente bajo la velocidad y la ligereza con las que vivimos hoy. El olvido parece haberse convertido en una consecuencia natural de nuestro tiempo.

Por eso resulta profundamente conmovedor lo que ocurre en 'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte', la exposición que se inaugura este sábado 9 de mayo en Casa Fugaz, en el Callao. La muestra, impulsada por el artista y curador Francis Naranjo, reúne a 117 artistas de distintas partes del mundo en un gesto colectivo que desborda la idea tradicional de homenaje. Aquí no se trata solamente de recordar a Carmen Caballero, sino de resistirse a su desaparición a través del arte.

Carmen y Francis vivieron profundamente juntos. Durante décadas construyeron una red de afectos, viajes, exposiciones y encuentros que unió a artistas, curadores y pensadores de distintos territorios. Su vida estuvo atravesada por el desplazamiento constante, pero también por una idea del arte entendida como comunidad y experiencia compartida. El último viaje que hicieron juntos fue precisamente al Callao, a esta casa habitada una y otra vez por el arte.

Lo extraordinario de esta exposición es que logra transformar el duelo en un lenguaje colectivo. Cada obra parece preguntarse cómo hacer visible aquello que ya no está.

La pieza de Liliana Zapata trabaja desde esa delicadeza. Su huaco incorpora la iconografía de las joyas que Carmen utilizaba, desplazando esos objetos íntimos hacia una dimensión ritual y funeraria. La cerámica deja de ser solamente forma para convertirse en contenedor simbólico de una presencia.

En otro registro, el artista boliviano Iván Cáceres presenta una obra que oscila entre máquina y símbolo. "Soy un pequeño sol y mi puerta una gota", escribe, como si intentara nombrar un umbral entre lo visible y aquello que apenas podemos intuir. Su pieza parece activar una energía suspendida, una forma de tránsito entre materia y memoria.

Tal vez uno de los gestos más conmovedores sea el de Eduardo Caballero, hijo de Carmen, quien ha construido un mecanismo para reproducir la voz de su madre. Será la primera vez que la escuche después de su muerte. Hay algo devastador y profundamente humano en ese acto. La voz, quizá más que cualquier imagen, posee la capacidad de devolvernos una presencia.

La obra de Alfredo Quiroz trabaja desde otro lugar de intimidad. El artista pinta sobre un gran manto de lona la imagen de la cama de Carmen un día después de su muerte. La escena evita cualquier espectacularidad y, precisamente por eso, golpea con fuerza. La cama vacía aparece como un territorio donde todavía persiste algo invisible.

Por su parte, Sara Roitman presenta un jardín artificial hecho de arcilla cruda que irá deshaciéndose con el agua y el paso de los días. La obra no representa la fragilidad: la ejecuta. El tiempo interviene directamente sobre ella hasta convertir el deterioro en parte de la pieza. El duelo aparece entonces no como imagen estática, sino como proceso inevitable.

Hay algo profundamente radical en esta muestra porque ocurre en un momento donde el mundo parece cada vez menos real y menos vinculante. Vivimos hiperconectados, viajando constantemente a través de pantallas y redes sociales, pero rara vez nos sentimos verdaderamente unidos por algo. Aquí sucede lo contrario. El arte consigue construir una experiencia de comunidad alrededor de la pérdida, la memoria y la gratitud.

Pocas veces alguien es honrado con tanta sensibilidad y simbolismo. Y pocas veces una exposición logra devolvernos algo tan esencial de nuestra humanidad.

Quizá eso sea finalmente trascender: permanecer vibrando en la memoria de otros, seguir produciendo encuentros incluso después de la ausencia.

…

*'Carmen Caballero. Homenaje a un ser de arte' se inaugura este sábado 9 de mayo a las 12.00 p. m. en Casa Fugaz, Monumental Callao.

Cincuenta años después de sus inicios en el mar, Bruno Portuguez resulta un gran pintor del Perú. El 14 de mayo inauguró Perú al pie del orbe, una exposición que va a ser histórica. Se está presentando en el Centro Cultural de Jesús María (av. Horacio Urteaga 535).

Tal como lo dice él, la muestra mencionada “es el resultado, cabal y contundente, de un largo y tenaz proceso por abrir, desarrollar y elevar un camino personal y decisivo en el espacio de la plástica peruana”.

Y, ¿quiénes son los personajes de esa exposición?

“Campesinos y campesinas, pescadores, mujeres, niños, ancianos, comuneras, mineros, músicos callejeros…, todos personajes anónimos, sin protagonismo alguno, llevando sobre sus espaldas nuestro quehacer cultural, sus ansias, sus sueños y sus luchas diarias. Ellos siempre han sido y son el centro de mi universo pictórico, de mi trabajo como pintor y espero estar a la altura de su presencia y de su perspectiva histórica”.

Más allá de lo que el pintor declara, los críticos y admiradores de su obra lo consideramos como un pintor prehispánico, un paracas o un mochica, tal vez. Aquellos fueron artistas que expresaron su cosmovisión, la religión y la vida cotidiana en murales, cerámica y tejidos, desesperados por dejar al futuro un mensaje de su tiempo.

La obra de aquellos no legó individualidades, sino un estilo colectivo que declara hasta nuestros días la razón de ser de la vieja patria.

La exposición que Bruno Portuguez presenta hoy tiene ese mismo espíritu. Lo pensaba yo, mientras admiraba sus cuadros y se me ocurrió preguntarle la relación entre su tarea artística y sus comienzos como pescador.

Ese fue el momento en que me reveló su secreto. Miró hacia todos los lados como para evitar que nos estuvieran observando y me contó las trazas de su iniciación en Paracas.

Por propia experiencia sé que los pescadores son las personas más pacientes y mentirosas del mundo. Sin embargo, debo aceptar como real y cierta la historia que me contó.

Cuando el joven cumplió doce años de edad, viajó con su progenitor a la bahía de Paracas. Allí consiguieron la lancha de un pescador amigo y se dirigieron hacia la cadena de islotes de las Islas Ballestas. La embarcación ancló en medio de centenares de lobos marinos. Allí escucharía la canción de aquellos como la más sublime melodía que habría de escuchar en toda su vida.

No sabía lo que ese grupo de extraños tenores, todos vestidos de frac, cantaban, pero se le ocurrió que declamaban una historia y que acaso lo hacían para él. Tal vez le estaban encomendando el destino de artista y la misión que aquello conlleva en el Perú.

Pensó que, terminado el acto, se iban a marchar, pero no fue así. El padre detuvo la lancha por una hora que él sintió como años y, mientras tanto, con ellos como espectadores invisibles, pasaron otras embarcaciones. Una de ellas traía entre los turistas a un hombre que le pareció ser un escritor y a una mujer que hablaba o cantaba con voz española.

No hubo un súbito rayo ni otro sonido sobrenatural, pero Bruno consideró que aquella había sido su ceremonia de iniciación.

Poco después, Bruno volvería al colegio. Luego, se concretaría el milagro… Superados los problemas de su pobreza familiar, Bruno pudo estudiar y graduarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estaba satisfecho, pero no del todo. “Quiero pintar el alma”, se dijo, y derivó hacia el retrato.

Según declara, “el retrato es lo más difícil de desarrolla en la pintura, pero es, a su vez, lo más elevado e intenso”. Muchas de las colecciones que ha pintado lo convierten en uno de los retratistas contemporáneos más importantes de nuestra América.

Más allá de eso, tal vez el pintor se ha acercado a lo que intentaba desde su niñez, ser una voz que proclame a los tiempos la alegría, el dolor y el sueño que nos ha animado a ser peruanos. Tal vez su pincel intenta hacer eterna nuestra esperanza.

Si se va a votar este 7 de junio por Keiko Fujimori, habrá que tragarse, enterito, el sapo de legitimar un proyecto que arrastra la pesada herencia del autogolpe del 5 de abril de 1992, la captura corporativa de las instituciones y un esquema parlamentario dedicado a la depredación y al blindaje mutuo. Si, por el contrario, la opción es Roberto Sánchez, el sapo, ojo, será igual de venenoso: habrá que digerir la complicidad abierta con el golpe de Estado televisado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, del cual Sánchez fue ministro y defensor político. Así que, por favor, que nadie venga a estas alturas con fanatismos, adicciones ideológicas, discursos de salvación contra el comunismo o cruzadas antifascistas. La realidad —incómoda, sucia y evidente— es que en esta segunda vuelta están obligando a elegir entre dos vertientes que comparten la misma precariedad.

El archivo no miente y la memoria no debería ser selectiva. El sustrato autoritario de ambos espacios es equivalente. El fujimorismo justificó la disolución de los poderes públicos en los noventa bajo el pretexto de la viabilidad nacional. La izquierda radical que hoy rodea a Sánchez hizo lo propio con el manotazo de ahogado de Castillo, minimizándolo como un "pobre discurso" o blindando sistemáticamente al golpista en el Congreso, incluso después de que la Corte Suprema lo condenara en primera instancia a 11 años de prisión por conspiración para la rebelión. Reivindicar, relativizar o escudarse en apelaciones frente a un quiebre constitucional, haya sido exitoso o torpe, proviene de la misma matriz: el desprecio por las reglas del juego cuando el tablero no favorece. Amigo celeste, como ejercicio: si tanto gusta la mano dura, imagina la mano dura de Antauro. ¿Allí ya no gusta la mano dura?

Para colmo, si se mira el comportamiento de sus respectivas bancadas en el Parlamento, la supuesta "lucha de clases" se evapora. Fuerza Popular y los bloques de izquierda que sostienen a Sánchez han votado de la mano cada vez que les tocó defender intereses particulares: desmantelaron la reforma universitaria para favorecer el negocio de las universidades fachada, aprobaron las leyes que mutilaron la colaboración eficaz, debilitaron la lucha contra el crimen organizado y asaltaron el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Pero su pacto más ecocida tiene nombre propio: el REINFO. Juntos han prorrogado sistemáticamente este paraguas de impunidad hasta diciembre del 2026, formalizando la destrucción de la Amazonía y blindando a las mafias de la minería ilegal. Son socios en el desmantelamiento del Estado de derecho. Hermanos siameses de la depredación política y también ambiental.

Es en este lodo donde emerge el factor Antauro Humala como el gran "igualador de lo inaceptable", dinamitando cualquier pretensión de superioridad ética en la izquierda. Y aquí el fact-checking jurídico es demoledor: a la coalición de Sánchez se le cae la careta democrática por el mismo peso de la ley. Así como en su momento el Movadef fue imposibilitado de inscribirse y participar en el sistema político por adherir al nefasto "Pensamiento Gonzalo" —es decir, por ser el brazo político del terrorismo, un ideario que propugna la violencia, la muerte y la destrucción del orden constitucional—, al partido A.N.T.A.U.R.O. le pasó exactamente lo mismo. La Corte Suprema de la República ratificó su ilegalidad y disolución definitiva bajo la misma doctrina de defensa del sistema: la justicia demostró que la organización violaba los principios democráticos mediante discursos de odio, xenofobia, violencia contra funcionarios, apología al fusilamiento de opositores y también desprecio por las minorías sexuales. Así que, amigo progre de izquierda, aquí la situación es más que complicada. Que el espacio de Sánchez coquetee o lleve en su alianza fáctica a un caudillo cuya organización fue proscrita por inviabilidad democrática anula cualquier discurso progresista sobre, por ejemplo, los derechos humanos. No se puede condenar un extremismo mientras se recibe al otro.

Por supuesto, no debe olvidarse que el espejo también refleja a la derecha. La presencia de Antauro en el entorno de Juntos por el Perú actúa como el "cuco" perfecto de la campaña. Digamos que el justificado pánico al extremismo violento y explícito del etnocacerismo podría terminar nivelando la cancha a favor de Fuerza Popular. Para el electorado de centro y la derecha liberal, el miedo al caos que encarna Antauro Humala funciona como un anestésico de la memoria. El horror al futuro termina limpiando y perdonando el asco del pasado.

La mesa está puesta para el 7 de junio y ha dejado una encrucijada sin salida moral. Quien vote por Sánchez no podrá volver a presentarse como el guardián de la democracia tras haberse aliado con golpistas y justificadores de doctrinas proscritas. Quien vote por Fujimori tendrá que aceptar que su opción solo se sostiene gracias al terror que genera el adversario. Dejen los fanatismos de lado. Toca elegir entre la derecha autoritaria corporativa que capturó las instituciones desde el Parlamento y la izquierda que coqueteó con el golpismo trasnochado y se abraza a sentenciados por violencia subversiva. Si el fujimorismo da asco, el radicalismo de enfrente no puede parecer un refugio. El menú es idénticamente repulsivo. Al final del día, la mugre ha igualado a todos. Buen provecho, Perú.

Esta semana, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por intentar imitar a Pedro Castillo en sus recorridos de campaña. La observación tiene algo de verdad: construir una imagen prestada para ganar votos subestima al electorado. Sin embargo, la crítica, viniendo de quien viene, exige ser leída con honestidad histórica.

Keiko Fujimori llega a su cuarta campaña presidencial sostenida, una vez más, en el legado de su padre. No es una candidatura que se explique por sí misma: es una candidatura que se justifica por referencia a otro. Esto cobra especial evidencia cuando afirma públicamente que el concepto jurídico de autoría mediata fue inventado para condenar al exdictador Alberto Fujimori. En esto continúa haciendo política desafiando a la justicia, nada menos que una sentencia firme respaldada por décadas de derecho penal internacional. Este comportamiento de un candidato presidencial que no reconoce las resoluciones del Poder Judicial no ofrece garantías democráticas, al contrario, implica riesgos institucionales.

Pero Roberto Sánchez no sale mejor librado de este análisis.

Su campaña de segunda vuelta ha sido, hasta el momento, una estrategia de distancia: alejarse de la imagen del expresidente Pedro Castillo sin construir una identidad propia con propuesta de futuro para un país de todas las sangres, como diría el escritor padre del indigenismo José María Arguedas.

Ante ello vale ser enfáticos en el hecho de que los peruanos que no votaron por el fujimorismo en primera vuelta no le entregaron inmediatamente un mandato. Al contrario, le hicieron una pregunta. ¿Qué propone usted, concretamente, para gobernar un país con instituciones debilitadas, una economía que excluye a millones y una ciudadanía que desconfía de todo? Esa pregunta sigue sin respuesta.

El Perú merece candidatos que le hablen a los próximos cinco años, no a los últimos treinta.Ninguno de los dos lo está haciendo. Y sería un grave error que se piense que la democracia es solo el mecanismo por el cual se eligen gobernantes. Es también la calidad de propuestas de país que lo precede. Y en ese estándar, esta segunda vuelta está fallando a los peruanos por partida doble: una candidata que hereda sin rendir cuentas, y un candidato que critica sin proponer.

Joseph Oughourlian, presidente de Prisa (El País), lo resumió así: los medios necesitan dinero para preservar esa independencia.

Puede sonar incómodo en tiempos de romanticismo periodístico. Pero un medio sin recursos investiga menos y queda más expuesto a las presiones y condiciones de los grupos de poder.

En las últimas décadas, el modelo de negocios de los medios se desmoronó. Las grandes plataformas tecnológicas, desde Google y Meta, entre otras, absorbieron gran parte de la publicidad y las audiencias.

Ahora, los motores de inteligencia artificial, como OpenAI y Google, entre otros, utilizan contenidos periodísticos para alimentar sus sistemas y responder a los usuarios sin llevarlos a las fuentes ni pagar por el trabajo periodístico.

Para la mayoría de los medios es imposible enfrentar ese poder. Las plataformas deciden las reglas y, cuando pagan algo a cambio, lo hacen con poca transparencia y casi siempre a regañadientes.

Esta asimetría en la negociación puede empezar a cambiar tras el fallo judicial conocido esta semana en Europa, a partir de un litigio iniciado en Italia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el derecho de los medios a una 'remuneración equitativa' por el uso de sus contenidos y avaló negociaciones más transparentes y equitativas, con acceso a datos clave sobre cuánto ganan las plataformas al utilizar información periodística.

Durante años, las plataformas negociaron desde una posición dominante. Controlaban los datos, la publicidad, el alcance y la monetización. Los medios negociaban prácticamente a ciegas.

La justicia europea avaló la tesis de los medios: mientras perdían ingresos, reducían personal y dejaban de investigar, las plataformas crecían con el uso de contenidos periodísticos bajo el argumento de que 'llevaban tráfico' a los medios.

Lo que en realidad dice el fallo es que las plataformas deben negociar con los medios, como debió ocurrir desde el principio.

Ojalá este modelo de demandas colectivas también sirva de antecedente para América Latina y Estados Unidos, donde muchos de los medios más poderosos todavía negocian individualmente con las plataformas, sin beneficios para el resto.

En España, en cambio, una demanda impulsada por asociaciones de prensa contra Meta derivó en una indemnización multimillonaria a favor de los medios.

Estos fallos no solo buscan volver más equitativas las negociaciones. También aportan transparencia.

Durante años, muchas plataformas neutralizaron reclamos mediante acuerdos individuales bajo cláusulas de confidencialidad que evitaban litigios y cuestionamientos públicos. En algunos casos, el silencio terminó formando parte del negocio.

La responsabilidad de que exista independencia, sostenibilidad y una negociación más equitativa entre medios y plataformas también es política.

Los líderes deben entender que defender a los medios no significa proteger periodistas simpáticos, editoriales afines o empresas perfectas. Significa preservar una institución esencial para la democracia, como lo es la libertad de prensa, tan necesaria como los partidos políticos, el Congreso o la Justicia.

Sin sostenibilidad no hay independencia. Y sin independencia, la democracia se debilita.