Mientras esperamos qué decide el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al respecto, hay varias cosas que sí se tienen en claro. Sea que se proclame o no a López Aliaga como alcalde, Renovación Popular se vio favorecida gracias al silencio del JNE con relación a la posibilidad de que el candidato celeste, en la práctica, sea reelegido. Si se compara la encuesta de intención de voto de Ipsos de julio, donde todavía figuraba Luis Rubio por Renovación Popular, con la encuesta de agosto, donde por primera vez se preguntó por Rafael López Aliaga, es indudable que el cambio que Renovación realizó (y el JNE toleró) le permitió a la candidatura de la agrupación celeste duplicar su intención de voto. No es que sean grandes números, pero, dentro de la modestia de las cifras, Rubio, en julio, obtuvo un 10 % de intención de voto (ubicándose en un segundo montón, debajo de Bruce, con 14 %) y, al mes siguiente, con López Aliaga (que era y no era candidato), Renovación Popular comenzó a encabezar los sondeos con 21 % de intención de voto. La personalización de la política, y de la competencia electoral en particular, es un hecho que tiene ya buen tiempo. ¿Hubiera sacado la misma votación Renovación Popular con Rubio como candidato? Si la respuesta es no, podemos ver cómo el dilema de ser y no ser, que también envuelve al JNE, favoreció una particular candidatura. Como ya comentamos en un artículo anterior, permitió además que, en todos los paneles en vía pública, así como en redes sociales, quien apareciera como candidato a la alcaldía era el postulante a teniente alcalde. Si en una encuesta se hubiese podido mostrar fotos de los paneles de los diferentes candidatos a la alcaldía de Lima y se hubiese preguntado, en el caso de Renovación Popular, ¿quién está postulando a la alcaldía? ¿Qué creen que habría respondido la gente? ¿No sabe, no precisa? Lo dudo.

Lo que más le interesa a López Aliaga de Lima es que le sirva de trampolín para la presidencia. Ese fue su objetivo en el 2022 y fue el motivo para actuar tan precipitadamente en el asunto de los trenes o la extensión de la vía expresa por el sur. La gente que votó por él valora una serie de obras, algunas razonables y bien hechas, pero muchas otras han sido realizadas sin cuidado alguno, básicamente por afán electoral. Ya sea que él asuma la alcaldía u otro miembro de su partido, para López Aliaga, la gestión de Renovación Popular en la capital buscará ser la base de lanzamiento de su candidatura presidencial al 2031. Esto no tendría nada de malo; al contrario, se podría considerar como un incentivo para una buena gestión, pero eso es justamente lo que se cuestiona. Nadie duda de que necesitamos un Estado (central, regional, municipal) más eficiente y cercano a las demandas ciudadanas, que no demore siglos en hacer las cosas, pero eso no puede justificar que se desconozca la ley y se interprete según antojos y ambiciones. Eso significa erosionar más aún la democracia, poniendo como alternativa el abuso del poder. Se contradice con la idea de poner orden.

A futuro, López Aliaga debería recordar que en votos emitidos ha obtenido un 25,63 %, un par de puntos porcentuales más que en el 2022. Algo debería decirle ese magro crecimiento. Tres cuartas partes de Lima no votaron por él. El “obrismo” también fue un sello de Castañeda Lossio y Solidaridad, el nombre que tenía la agrupación antes de convertirse en Renovación Popular. Pero Castañeda, si es cuestión de comparar reelecciones, cuando fue reelegido en el 2006 obtuvo el 42,52 % de votos emitidos, luego de haber sido elegido en el 2002 por el 34,87 % de los votos emitidos.

Buena parte del crecimiento de Allison en los últimos días fue una combinación de atención tardía por parte de una ciudadanía cansada de una política desprestigiada y la desaprobación a una forma de comportamiento. Un anti cansado o aburrido de ser anti en una ciudad donde la gran mayoría, según el Instituto de Estudios Peruanos-IEP, se ubica en la derecha (52 %) o el centro (35 %). La fragmentación del voto hizo lo suyo y Bruce no solo no logró captar un voto alternativo (se mantuvo siempre alrededor del 15 %), sino que, en la etapa final, donde muchos terminan decidiendo por quién votar, entró en la lógica confrontacional de López Aliaga.

Muchos de quienes marcaron la R lo hicieron por asociar a López Aliaga a obras viales, un estilo de “mano dura” en la gestión y la consideración de que, siendo un empresario con fortuna personal, no debería estar cercano a la corrupción. Pero esos mismos votantes rechazan los desplantes, los insultos, las groserías y la prepotencia. Cuando la gente pide “mano dura”, es la forma en que algunos entienden la necesidad de poner orden y combatir la indolente burocracia, pero no necesariamente lo confunden con el maltrato o el insulto. Ya que el probable alcalde de Lima anda en reflexiones ontológicas, debería evaluar si su actual estilo, sazonado de insultos y discriminaciones, le dará para mostrarse como alternativa al fujimorismo en el 2031, de cara a una elección nacional.

Mendoza llegó a esta elección con el prestigio de haber llegado tercera en las elecciones generales del 2016, con casi 19%. Además, se mantuvo aparte de los turbios manejos de Roberto Sánchez, que desembocaron en la fórmula perdedora Juntos por el Perú. Lo cual le permitió aportar una imagen nacional a una candidatura local.

Cusco no es un encargo fácil. La administración del turismo lo ha convertido en un campo fértil para la corrupción, que se desborda hacia otros sectores económicos. La preeminencia de Machu Picchu no solo atrae turistas, sino además malandrines comerciales que desean traficar con el boleto a la ciudadela.

La posición de centro-izquierda de Mendoza la ayudó a ganar, pero también define una ubicación difícil, entre los intereses comerciales menos escrupulosos y el clásico ultraizquierdismo telúrico de la región. Este último, siempre listo para volcarse a las calles y poner al visitante turístico en jaque.

Mendoza tiene conciencia del papel nacional que puede desempeñar desde la ciudad imperial. Por lo pronto, ya ha invitado a Keiko Fujimori a visitarla en Cusco, una oferta que la presidenta haría bien en aceptar. La izquierda no va a ser juzgada solo por su performance en el Congreso, sino también por su gestión cusqueña.

Luego está la posibilidad de liderar la Asamblea de gobiernos regionales, como un escalón hacia el 2031. Por lo general, los gobernadores han elegido a un socio moderado, ya que se trata de solicitar recursos al Gobierno central.

Ideológicamente hablando, Mendoza no está sola en el centro político. En el cercano, casi vecino, Ayacucho ha sido elegido gobernador el ingeniero Pabel Bellido por el partido Libertad Popular, una agrupación de centroderecha. Su antecesor, Wilfredo Oscorima, del APP de César Acuña, se la pasó entre la fuga, la cárcel, el juicio y el escándalo.

Por último, no hay grandes aplausos desde la izquierda que llegó al Congreso. El triunfo de Mendoza irrita a la derecha, pero no alegra a la izquierda de JPP.

En años anteriores ya ha ocasionado serios daños ambientales, climáticos, económicos y sociales. Cada vez más son recurrentes en las zonas altoandinas y amazónicas del país y su agravamiento está previsto por acción del cambio climático y la mayor incidencia de épocas secas como seguramente lo viene siendo ante el Fenómeno El Niño.

Sin embargo, esta realidad no es nueva ni mucho menos desconocida. El Estado peruano ya lo había advertido en el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales aprobado en 2024 para el período 2025 al 2027. Su objetivo era ser un instrumento útil para articular intervenciones en los tres niveles de gobierno y proteger la integridad y los medios de vida de los ciudadanos peruanos residentes en esos distritos.

Al respecto, en 2024 se registraron 2,746 emergencias por incendios forestales a nivel nacional, casi el doble que en 2022. La tendencia era clara y, sin embargo, estos días Cusco, Ayacucho, Junín y Pasco enfrentan simultáneamente focos de fuego activos sin la capacidad de respuesta que ese plan debería ayudar a implementar.

Lo más terrible es que esta franca desidia del gobierno ya ha dejado, hasta el cierre de esta edición, 2 compatriotas muertos. En Pomacanchi, Rosmeri, de 11 años, y su hermano Clinton, de 18, fallecieron como consecuencia de graves quemaduras. La administración fujimorista del Ejecutivo sabía de los incendios desde antes pero prefiere irse de paseo por Madrid y El Salvador antes que de una buena vez empezar a gobernar.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento ayer exigiendo una respuesta coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades frente a una emergencia que ya abarca múltiples regiones. Por otro lado, el senador de Juntos por el Perú, José Castillo, cuestionó al gobierno sobre el estatus de las brigadas, del equipo con el que cuentan y qué apoyo están recibiendo las comunidades afectadas. Al cierre, noha sido respondida.

El gobierno acaba de recibir facultades delegadas para atender las consecuencias de El Niño. Esas facultades tienen ahora la prueba concreta de demostrar que pueden apagar al menos un incendio. Hasta el momento, para atender los incendios en Alto Pichigua, quienes han combatido el fuego han sido los propios comuneros organizados junto a estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y del gore Cusco y del gobierno central, nada.

Cada vez que el fenómeno de El Niño provoca inundaciones, sequías o interrupciones en el abastecimiento de agua, solemos hablar de una emergencia extraordinaria. Sin embargo, las evidencias acumuladas durante las últimas cuatro décadas muestran algo distinto: el territorio peruano viene transformándose de manera sostenida. El Niño no está ocurriendo sobre el mismo país de hace cuarenta años. Está actuando sobre un sistema hídrico que ha perdido parte de su capacidad natural para regular el agua y enfrentar los extremos climáticos.

Esa es quizá la principal conclusión que dejan los nuevos mapas anuales de la superficie de agua del país desde 1985 hasta 2025 de la Colección 4 de la red MapBiomas Perú, una iniciativa liderada por el Instituto del Bien Común, en alianza con UTEC. El problema ya no consiste únicamente en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, sino en que estos impactan un territorio cuya dinámica hídrica ha cambiado profundamente.

Si queremos reducir nuestra vulnerabilidad frente a El Niño y al cambio climático, necesitamos dejar de gestionar el agua desde la reacción y comenzar a hacerlo desde la evidencia científica que hoy ya está disponible.

Los datos muestran que el Perú ha perdido más de 111 mil hectáreas de superficie glaciar entre 1985 y 2025, una reducción superior al 54%. Esta pérdida no significa únicamente menos hielo en las montañas. Significa el deterioro progresivo de una de las principales infraestructuras naturales que regulan el agua en los Andes. Los glaciares almacenan agua y la liberan gradualmente durante las épocas secas, sosteniendo ríos, agricultura, ciudades, generación hidroeléctrica y ecosistemas. Al mismo tiempo, la superficie de lagunas de origen glaciar aumentó un 52%, una señal del acelerado deshielo y de una reorganización del almacenamiento del agua en formas más inestables y vulnerables.

Los cambios no se limitan a las zonas altoandinas. En 2024, la Amazonía registró la menor superficie de agua (991 mil hectáreas) de las últimas cuatro décadas, afectando el transporte fluvial, los productos forestales y la vida de numerosas comunidades. A ello se suma una tendencia igualmente preocupante: disminuye la superficie de agua permanente y aumenta la de agua intermitente, es decir, cuerpos de agua que aparecen y desaparecen según la temporada. La diferencia entre los extremos estacionales pasó de 105 mil hectáreas en 1985 a 350 mil hectáreas en 2025, reflejando una hidrología mucho más variable en el país. Más del 40% de las cuencas del país presentan reducciones en su disponibilidad hídrica respecto de sus promedios históricos, mientras que la cuenca del lago Titicaca registra la mayor pérdida observada.

Estos cambios ayudan a comprender por qué fenómenos como El Niño producen hoy impactos tan complejos. En la costa, donde millones de personas dependen del agua que nace en los Andes, las lluvias extremas alternan con períodos de escasez cada vez más severos. Lima, por ejemplo, depende críticamente de cuencas cuya capacidad de regulación natural está disminuyendo. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en responder a la próxima emergencia, sino en reconocer que la base física sobre la cual se organiza la gestión del agua está cambiando.

La buena noticia es que el país ya no enfrenta un problema de falta de información. Hoy dispone de series históricas de largo plazo, imágenes satelitales y plataformas abiertas que permiten observar cómo evolucionan los glaciares, los ríos, las lagunas y las cuencas. El reto consiste en incorporar esa evidencia en la planificación territorial, la gestión del riesgo, las inversiones públicas y privadas y las políticas de adaptación al cambio climático. La brecha ya no es científica; es institucional y está en sus acciones.

En un contexto en el que los eventos asociados a El Niño pueden ser más frecuentes e intensos, las decisiones que tomemos serán tan importantes como los propios fenómenos climáticos. El futuro del agua en el Perú dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para convertir el conocimiento en acción. Porque los mapas no cambian el territorio. Pero sí pueden cambiar la manera en que decidimos protegerlo.

Las brechas son distintas. En Europa, la especulación financiera ha convertido el alquiler en algo inalcanzable para quienes tienen ingresos fijos. En América Latina, la informalidad de la posesión deja a familias enteras sin titularidad sobre el techo que levantaron con sus propias manos. Formas distintas del mismo problema: un derecho que el Estado proclama, pero que no siempre está en condiciones de garantizar.

En medio de estas realidades apareció Maricarmen Abascal, sin buscar ser un referente. Era una mujer de 87 años con problemas de movilidad que habitó el mismo apartamento del distrito de Retiro, en Madrid, durante más de siete décadas, hasta que un fondo de inversión elevó su alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales.

Su caso movilizó a España de una manera que pocas demandas sociales lo habían logrado en años. El impacto fue de tal magnitud que llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas y produjo el llamado decreto Maricarmen sobre acceso a la vivienda. Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que un hospital público estuvo con ella hasta el final y que la solución al problema de la vivienda pasa por generar más oferta y no por intervenir directamente el mercado. Ese debate, con evidentes posiciones encontradas, será uno de los ejes centrales de la campaña electoral que se abre en España.

El Perú conoce ese problema con otros nombres y otras circunstancias. Decenas de miles de compatriotas construyeron sus viviendas durante décadas en asentamientos humanos y, sin embargo, siguen siendo solo posesionarios de esas tierras. Y sobre esa precariedad se instala, además, la criminalidad organizada del tráfico de terrenos, que aprovecha la ausencia del Estado para ocupar, lotizar y vender tierras que no les pertenecen a familias que no tienen otra opción.

Por eso, el drama de Maricarmen no es solo español ni europeo. Es universal. Y es una búsqueda que debería mover a la civilización a tomar cartas en el asunto.

La versión que circula es que luego de esta victoria lo espera la Presidencia de la República en el 2031. Pero ya van dos veces que no la alcanza, y este apretado triunfo, un reflejo de la opinión pública sobre su gestión, no lo va a ayudar mucho. Pero hay que reconocerle que es empeñoso y recursero como el que más.

La idea habitual de la presidencia también tiene que ver con una presencia nacional, que López Aliaga no ha alcanzado con las elecciones de este domingo. En eso, sin embargo, empata con los fujimoristas y con todo el mundo. Ni la izquierda ha logrado imponerse a los movimientos locales, una situación frecuente en ese tipo de elecciones.

¿Habrá un choque con el JNE? Corre la idea de que López Aliaga ya los tiene 100% amedrentados en el Campo de Marte y que sus credenciales aparecerán a paso de polka. Para él estos serán años de acusaciones, juicios, denuncias y cosas parecidas. Sobre todo, años de estrechez financiera en el municipio y, en esa medida, de dependencia del MEF.

Pudiendo haber planteado una alianza con FP desde el Senado, ha preferido lanzar una amenaza. Pero si FP necesita sus votos, la municipalidad de Lima va a necesitar recursos financieros e influencia en el sistema judicial. Notable ver cómo Francis Allison ya está llevando agua para el molino del municipio de Magdalena.

¿Hay alguna forma de aprendizaje político en el aire? Esperemos que sí. Aunque eso suelen producirlo las lecciones duras, y López Aliaga todavía no ha probado una este año. Quizás más adelante, cuando realmente necesite ayuda de donde venga. En cualquier caso, va a ser un personaje de primera fila en el 2027.

Tenía 87 años y se apagó en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde estaba ingresada desde el día del desalojo. El Sindicato de Inquilinas, que la acompañó hasta el final, dio la noticia con un mensaje que termina con la promesa de seguir luchando por ella.

Setenta años en la misma casa

Maricarmen Abascal llegó a la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro, en 1956. Ahí hizo su vida. En 2018 una sociedad llamada Urbagestión compró el edificio, sostuvo que su contrato ya había vencido y le planteó una salida imposible. Comprar el piso por unos 250.000 euros o pagar una renta de 1.650 euros al mes con una pensión que rondaba los 1.400.

Ella nunca fingió que podía. Lo dijo con su propia voz hace un par de años, "no tenía ese capital ni loca", y a su edad ningún banco iba a prestarle. Siguió pagando los 450 euros de siempre.

La Justicia le dio la razón solo al principio. Un juzgado de Madrid rechazó la demanda, pero la Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo respaldaron a la empresa. El desahucio, de hecho, era legal. Cuatro intentos después, la ONU pidió frenarlo y nadie lo frenó.

El día en que la sacaron en camilla

El 23 de septiembre la puerta del edificio cedió ante un ariete. Dentro quedaban familiares y cuatro integrantes del Sindicato. Maricarmen salió en camilla y terminó en el hospital. La foto recorrió el país antes de que anocheciera.

La protesta llegó antes que la noticia en los telediarios. Esa misma tarde el Sindicato convocó concentraciones urgentes en doce ciudades. En Madrid más de diez mil personas se plantaron frente al ático de Isabel Díaz Ayuso, y la Policía cargó contra un grupo. Al día siguiente se sumaron dieciséis ciudades más. El fin de semana trajo más de cincuenta movilizaciones bajo un lema que ya miraba lejos, "Hacia la huelga general". En la Puerta del Sol se instaló una acampada que sigue en pie.

"No he logrado defender mi casa"

Dos días después, el Sindicato difundió un vídeo en el que Maricarmen habla desde el Gregorio Marañón. Agradeció a quienes fueron a su desahucio, entre ellos a los niños, y sobre su derrota lamentó la situación en la que estaba: "No he logrado defender mi casa”, sentenció.

Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. "Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar." https://t.co/jjFLmrIshx

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 7, 2026

"El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar”, adivrtió Sánchez

El presidente del Gobierno habló desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU. Dijo que las competencias en vivienda son de ayuntamientos y comunidades, y acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de estar más pendientes de comprar y vender áticos. Sobre el desahucio fue categórico y sostuvo que "el desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia que no podemos aceptar".

También afirmó que, si el Parlamento hubiera convalidado antes del verano su decreto de vivienda, Maricarmen seguiría en su casa.

Cuatro días después, en un mitin en Getafe, cambió el tono y le habló directamente. Había visto el vídeo en el que ella le pedía un decreto para aliviar la emergencia habitacional. "Maricarmen, tengo un mensaje para ti", dijo, y pidió a los grupos un último esfuerzo para aprobar la norma por ella y por los millones de españoles que sufren por la vivienda.

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar. Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. https://t.co/MfaY4ALDow

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

"Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra”, la derecha responde

Al otro lado, las reacciones fueron más frías. Ayuso defendió el desahucio ante el Círculo de Empresarios, un día después de que ocurriera y aseveró que se había cumplido una ley que el Gobierno y sus socios tuvieron ocho años para cambiar, llamó "algaradas" a las protestas y acusó al Sindicato de acosarla. "Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra", agregó.

Alberto Núñez Feijóo tardó dos días en hablar. Calificó el caso de "descorazonador", dijo que no usaría a Maricarmen para hacer política y atribuyó al Gobierno la responsabilidad de agitar el tema. Cuca Gamarra, del PP, coincidió con Ayuso en que Maricarmen era uno más de los más de 25.000 desahucios anuales y defendió que Ayuntamiento y Comunidad no habían mirado hacia otro lado. Según el Ayuntamiento, a ella se le ofreció una plaza en una residencia pública que rechazó porque prefería alojarse con sus familiares.

Vox fue por otro carril. El perfil oficial del partido en la red X sugirió que ella tendría casa si fuera inmigrante. Santiago Abascal, su líder, trasladó el debate a la inmigración, acusó al Gobierno de dar "prioridad extranjera" en la vivienda social y definió así a quienes acampan en Sol.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida llegó después, con otra lectura. Presumió de la mediación del Ayuntamiento y aseguró que hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda. Exigió también el levantamiento inmediato de la acampada.

Un acuerdo que no vino de un juez

Ningún juez ordenó devolverle la casa. Lo que la haría volver fue una negociación. Cinco días de protestas y la presión de un Congreso a punto de votar un nuevo decreto movieron a la empresa inmobiliaria Urbagestión, que había rechazado ofertas hasta entonces, a sentarse en una mediación con la empresa municipal de vivienda. El acuerdo le permitía volver como inquilina y pagar como máximo el 30 por ciento de sus ingresos.

Su abogada fue clara sobre lo que cambió. La empresa, dijo, no quiso negociar hasta el día anterior, y atribuyó el giro a la presión popular. Maricarmen lo aceptó y el Sindicato lo llamó un acuerdo histórico. Sin embargo, la octogenaria murió sin poder usarlo.

El contragolpe que llegó al Congreso

La calle presionó y el Parlamento respondió con un portazo. El viernes 2 de octubre las derechas, incluido el PP, tumbaron los dos decretos de vivienda del Gobierno. El lunes 5, Sánchez anunció la disolución de las Cortes y elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. Las urnas estaban previstas para 2027.

Hay quien lee en esa jugada política una salida de emergencia. Sostienen que el presidente se adelantó a una moción de censura que ya tenía los números. Es una hipótesis que circula varios días en redes, pero aún no es un hecho confirmado. Lo que sí está claro es que la convocatoria le devolvió la iniciativa, y que el martes el Gobierno volvió a aprobar los decretos en el Consejo de Ministros.

🔴 La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apela a los grupos para el respaldo a las medidas de los decretos 🗣️ "El desahucio de Maricarmen ha agilizado acercar posturas. Hoy espero de este Parlamento que haya acuerdo para que no vuelva a haber un desahucio más en España" 🔊 En DIRECTO https://t.co/cgnoH15zBH

— Radio 5 (@radio5_rne) October 2, 2026

"No vamos a permitir ni un desahucio más como el de Maricarmen", una campaña con nombre propio

La vivienda será el gran tema hasta el día de los comicios adelantados el próximo 29 de noviembre. Las encuestas ponen al PP por delante del PSOE y Sánchez entra a la contienda con una causa social de enorme fuerza simbólica.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Maricarmen se convirtió, sin quererlo, en el rostro de esa causa. Su caso movió la agenda, empujó al Gobierno y cambió el calendario electoral. El presidente puede presentarse como quien escuchó el reclamo. La derecha, en cambio, tendrá que explicar por qué tumbó los decretos y qué propone para que no haya otra Maricarmen.

El Sindicato le reprochó al Gobierno central que no frenara el desahucio. Hay una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Al despedirla, el colectivo calificó de "demasiado tarde" el acuerdo que habría permitido que volviera a su casa, y aseguró que las movilizaciones seguirán.