Probablemente ninguna de las partes haya quedado satisfecha con este procedimiento. El gobierno ha obtenido menos de la mitad de lo que pidió. Y el Congreso cierra el proceso en medio de una disputa acaso innecesaria, que no se ha referido a las materias de la solicitud, sino al peso de cada Cámara frente a la otra, en una relación que comienza bastante mal organizada.

Sobre las materias y la forma del proceso que termina queda mucho que decir. Ha sido un error creer que el Ejecutivo se jugaba la viabilidad de su plan de gobierno en este proceso. Ninguno de los gobiernos recién elegidos desde 1980 ha hecho una apuesta de ese tipo. Ninguno convirtió su plan de gobierno en una solicitud de facultades legislativas delegadas. Ninguno hipotecó la viabilidad de su gestión al resultado de su primera solicitud de delegación.

En nuestra historia, las delegaciones de facultades no se han concentrado en los periodos de instalación de cada gobierno; han sido distribuidas a lo largo del tiempo, sin concentrarse en un solo acto. Usualmente, los gobiernos han cuidado la viabilidad de las primeras solicitudes, haciéndolas muy cortas y limitando su alcance a aquellos asuntos en los que está clara la necesidad de preservar la consistencia entre políticas públicas y leyes. Este, y no la urgencia, ha sido el concepto predominante en toda la historia que comienza en 1980. Y ese precisamente es el concepto que se ha abandonado en este proceso, desde que el gobierno empezó a defender su pedido.

Solo cinco de 125 delegaciones aprobadas en nuestra historia han correspondido a situaciones de urgencia. Todas, además, fueron aprobadas después de ocurrida la catástrofe que las provocó: la reconstrucción del Cusco en 1988, El Niño costero en el 2018, El Niño global en el 2023 y el COVID-19 en el 2020. En ninguno de estos casos se esperó que se aprobaran delegaciones para prevenir crisis. Las delegaciones solo se han usado para ajustar el marco legal durante la contención de las consecuencias de una emergencia. No sirven para prevenirla. En criminalidad organizada o terrorismo las cosas no son distintas: 7 delegaciones de 125. Los temas que más veces aparecen en el listado de delegaciones aprobadas son otros: economía, finanzas públicas e impuestos, 70 veces; justicia penal, 27; administración pública, 22; códigos distintos de los penales, 13; trabajo y temas sociales, 11.

La urgencia fue usada en este proceso por el propio gobierno, como si su invocación funcionara como un acelerador del procedimiento. Pero como las delegaciones no son un asunto para urgencias, la insistencia en presentarlas de este modo terminó por desviar un debate que debería haberse concentrado en otras materias: tributos, Mype, desarrollo productivo, reforma del Estado, vivienda, trabajo. Y no en una sola solicitud, sino en varias escalonadas.

Las delegaciones han operado en nuestra historia de manera distinta a lo que aquí se ha querido hacer. Desde 1980 se han aprobado en los primeros cinco meses de gobierno 25 delegaciones; no una por gobierno, sino dos y media. Las grandes delegaciones, las que llamamos “ómnibus”, han sido cuatro en 46 años, si contamos solo los gobiernos recién elegidos: la de Belaúnde en 1980, la de Fujimori en 1991, la de García en el 2008 y la de Kuczynski en el 2016. De esas cuatro, la única obtenida sin un ejercicio previo desarrollado con delegaciones pequeñas y acotadas fue la de Kuczynski.

La de Belaúnde no se observa asociada a una crisis institucional. Pero la de Fujimori en 1991 funcionó como antesala de un golpe de Estado; la de García en el 2008, en parte, condujo a la crisis de Bagua, y la de Kuczynski acabó insertada en la crisis que condujo a su renuncia.

Las delegaciones extensas no siempre han conducido a situaciones de equilibrio institucional.

Ni siquiera es cierto que exista un solo procedimiento de delegación de facultades ni que ellas sean irreversibles. De las 125 delegaciones aprobadas desde 1980, 43 fueron insertadas en leyes sobre otras materias: las principales, presupuesto, equilibrio financiero, endeudamiento externo, financiamiento del presupuesto, leyes orgánicas y de reorganización de entidades. Del total, 16 leyes han alterado delegaciones ya concedidas; 15 en cuestiones referidas al plazo de la concesión.

Imposible saber qué habría ocurrido si el gobierno, en lugar de usar un modelo de referencia como el de Kuczynski, hubiera hecho lo usual: dosificar el uso de este procedimiento a lo largo del tiempo y comenzar con asuntos que reunieran consistencia entre políticas públicas y leyes, sin sobrepresionar por los plazos, alegando una urgencia que no corresponde a este tipo de procedimientos.

Esta delegación ha sido defendida como si fuera un ritual de iniciación del gobierno. No lo es. El gobierno instaló la solicitud de facultades en ese espacio vacío que dejó la reforma constitucional de 2024. Antes de ella, la suerte del primer gabinete dependía del resultado de una cuestión de confianza obligatoria. Ese test ya no existe. El gobierno, consciente o inconscientemente, sin ninguna necesidad, instaló esa tensión en este procedimiento.

El proceso terminó convertido en una simple operación de reemplazo simbólico de la antigua cuestión de confianza. Sobrecargado de significados que no le correspondían. Y desviado de los contenidos que debieron poblar el debate.

Los científicos producimos conocimiento a través de métodos estandarizados; trabajamos por décadas en comprender y diseñar intervenciones para mejorar el bienestar de las poblaciones. Pero ¿cómo estos conocimientos pueden realmente impactar en la comunidad si difícilmente se implementan como política pública? Para ello, me atrevo a sugerir que no solo necesitamos a más científicos como parte del equipo de asesores de quienes toman decisiones, sino a más investigadores haciendo incidencia política y entrando directamente a la política.

Los científicos podemos aportar mucho a la política: pensamiento crítico, decisiones basadas en evidencia y la sensibilidad para colocar a las personas en el centro de la gestión pública. Sin embargo, navegar en la política es desafiante. A diferencia del rigor de la ciencia, las contiendas políticas en nuestro país son un espacio donde las reglas parecen hechas para no cumplirse. En estas elecciones hemos visto denuncias de cobro de cupos en partidos, reelecciones encubiertas al por mayor, reportes de gastos de campaña no transparentes, candidaturas de sentenciados por homicidio, narcotráfico o violación y mítines donde el racismo, la homofobia y la misoginia se normalizaban y celebraban sin pudor.

Sin embargo, esto solo reafirma mi convicción: si queremos que la política cambie, debemos disputarla desde adentro. Sigamos participando activamente en la política, con la certeza de que el conocimiento científico puede contribuir a transformar esa realidad. Hagamos que la ciencia se traduzca en derechos para todas las personas.

Hoy teje: Magaly Blas. Médica y doctora en Salud Pública. Profesora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El pleno del Senado ha aprobado la delegación de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. El texto que llegó de Diputados contenía 20 puntos; sin embargo, el que salió de la Cámara Alta llegó con siete artículos adicionales que la cámara de origen nunca discutió ni sometió a votación.

El reglamento del Congreso establece con precisión el procedimiento para la adopción de normas en un sistema bicameral. La Cámara Alta lo ignoró al incorporar artículos propios al dictamen recibido sin devolverlo para debate.

De acuerdo al constitucionalista Luciano López, la modificación unilateral de lo que otra instancia ya había votado es una desnaturalización de sus atribuciones.

El resultado fue posible porque el bloque gobernante sumó el voto de cinco congresistas de bancadas que se identifican como oposición. Tres provinieron de Partido Cívico Obras, dos de Buen Gobierno. En ese interín, otros cinco senadores de Buen Gobierno optaron por la abstención, una postura que en los hechos produce el mismo efecto que votar a favor.

Esta transferencia de potestades al gobierno de la presidenta Fujimori le concede la capacidad de legislar por decreto en materias sensibles. No obstante, la Cámara Baja nunca los debatió.

Como consecuencia, el gobierno está quedando habilitado para actuar sobre una base que ninguna de las dos cámaras respaldó en su totalidad. Y ese margen de acción tiene, en su origen, una irregularidad que el propio Senado introdujo. Lo que se haga con él quedará en el registro; cómo fue obtenido, también.

Nacido en Zamora, España, en 1884, León Felipe es reconocido como uno de los más grandes autores del siglo XX, pero ha pasado mucho tiempo olvidado.

Las sombras que apagaron su figura fueron las mismas que estuvieron a punto de hacer olvidar a otros autores destacados al caer la República española. Desde el alzamiento fascista, Franco se había comprometido a borrar la cultura en el país del Quijote.

León Felipe había vivido en México, pero en 1936, iniciada la insurrección fascista, volvió a su tierra para participar en la defensa del gobierno republicano.  Pocos meses antes de caer la República, volvió a México, donde asumió funciones como agregado cultural de su país y ahí se quedó hasta su muerte.

Sus poemas serían entonces una defensa del sistema democrático destruido por Hitler, Mussolini y Franco. Habría en ellos, igualmente, un gran dolor al saber que no solo se estaba aboliendo el sistema democrático, sino también los más heroicos caracteres y las más profundas pasiones que siempre conmovieron al mundo español.

“Ya no hay locos, ya no hay locos

ya no hay locos, amigos ya no hay locos.

ya no hay locos, en España ya no hay locos.

Se murió aquel manchego,

aquel estrafalario fantasma del desierto”.

Había muerto la mejor España, aquella cuyas voces, más que su espada, inundaron el mundo y, entonces, la canción de los poetas tuvo que ser un himno de vencidos.

Durante su exilio en México, León Felipe daba clases de Cervantes y el Siglo de Oro español a un grupo de jóvenes latinoamericanos, entre los cuales se encontraban el peruano Juan Pablo Chang Navarro y el argentino Ernesto Guevara.

León Felipe compartió con el Che la admiración por la poesía y el dolor por la muerte de Federico García Lorca. Acaso por ello, el joven argentino repetía algunos versos suyos:

 “Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña”.

León contagió al Che de una admiración sin límites por Federico, quien, nada más al inicio del alzamiento franquista, fue ejecutado por los fascistas que lo acusaban de “izquierdista, masón y homosexual”.

La viuda peruana de Guevara, Hilda Gadea, me mostró entre sus postreros recuerdos un libro de García Lorca en el que el Che había trazado muchos subrayados y apuntes que declaraban con amor su admiración por ese gran poeta.

Tiempo después, cuando el argentino definía cómo ha de ser el “nuevo hombre americano”, habría de repetir las virtudes de su admirado Federico: pasión, dulzura, cristianismo laico y heroísmo hasta la muerte.

Según la señora Gadea, la mayor fascinación del Che se volcaba en el poema de León Felipe que dice:

“Cristo, te amo no porque bajaste de una estrella, sino porque me descubriste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas... ¡llaves, herramientas! para abrir las puertas cerradas de la luz”.

Un general fascista dijo en esa época: “Cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola”. Sus palabras expresaban la hostilidad de los totalitarios hacia el debate intelectual y la diversidad sexual. No olvidar que ese fue el pretexto para ejecutar a Lorca. Sin embargo, los intelectuales españoles, desde Unamuno hasta León Felipe, todo lo dieron por defender las libertades.

No en vano anduvo León Felipe en la mochila del Che. Su llamado a recordar la muerte de Lorca y a vivir la maravilla de la poesía española hizo que, a pesar de las fobias del mundo de ese entonces, perseverara en el héroe romántico su afán de luchar y dar la vida para que todos sean de verdad libres.

Don Quijote de la Mancha se batió en nombre de la honra y la libertad del mundo sobre Montjuic, una pequeña montaña próxima a Barcelona, y fue vencido.

Los héroes pueden morir y ser escarnecidos y derrotados muchas veces. Lo que nunca muere son los principios que hacen hombre al hombre y dignifican la condición humana. “Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, dijo el ilustre vencido en Montjuic.

La idea no es, como lo sería en el Perú, un escándalo periodístico-policial en Palacio. Pero sí produce descrédito suficiente como para que los republicanos pierdan la mayoría de la Cámara Baja el próximo mes. Trump tiene poco tiempo para cambiar esa percepción, y cualquier intento publicitario podría agravar las cosas.

Si recordamos bien, Washington es estricto hasta en qué regalos puede recibir un presidente y qué destino les espera. Trump ha recibido uno de los aviones de pasajeros más grandes, y nadie en su Casa Blanca ha levantado una ceja. Quizás porque eso es agua de malvas al lado de los negocios en que se ha interesado.

La frase sobre convertir a la bombardeada Gaza en un balneario mediterráneo suena a broma, pero hay quienes bien saben que no lo ha sido. Trump y su familia andan atentos frente a posibles negocios en medio de lo que ya se llama la guerra perpetua. Algunos de esos deseos se materializan, otros no; otros se vuelven públicos, otros no.

Los negocios privados detectados cubren varias áreas, como las criptomonedas, bienes raíces por todo el mundo, valores, IA, drones y pagos de magnates extranjeros. Todo eso plantea conflictos de interés, pero los comentaristas hasta aquí han pasado esa posibilidad por agua tibia, negándose a ver allí transacciones ilegales.

En el 2024, cuando volvió a la presidencia, la riqueza de Trump se estimaba entre US$6.1 y US$6.4 billones, según los calculadores Forbes y Bloomberg, respectivamente. Es obvio que esa suma ha aumentado en estos dos años, con el movimiento de los precios de los combustibles en el mundo. Nada de esto sonroja al arquitecto de la Casa Blanca.

Es de suponer que eso de andar con magnates como Elon Musk desde el inicio algo quería decir. No ha dejado de hacerlo desde entonces, fiel al título de su antiguo libro The Art of the Deal, El arte de la movida comercial. Por allí se ha ido buena parte de su prestigio y también parte de la próxima elección que tanto teme.

Ahora todo ha comenzado a cambiar. Un susurro que proviene del fondo de la casa anuncia al narrador y a Irene, su hermana, que algo va a apoderarse de su vivienda, que nada volverá a ser como antes y que el espacio poco a poco dejará de pertenecerles para serle entregado a una fuerza misteriosa.

Lo contó el escritor Julio Cortázar en un relato publicado en 1946 que se llama “Casa tomada”.

Casi ancianos, los últimos miembros de la familia llevan una vida rutinaria y tranquila, como si se estuvieran preparando para la muerte. Él visita librerías francesas mientras que Irene teje y, al parecer, desteje la misma campera. Sin embargo, algo les anuncia que el mundo va a cambiar.

Es ficción y no lo es. En Madrid, la historia se ha hecho real. Maricarmen Abascal, de 87 años, habitaba desde 1956 el mismo piso de la calle Sainz de Baranda. Pagaba 450 euros que restaba este año de una pensión de 1400. Sin embargo, todo cambió de pronto, pero no fue una fuerza misteriosa ni un desconocido maligno. Tampoco Satanás la espiaba detrás de un viejo cuadro. Fue una empresa llamada URBAGESTIÓN.

Aquella sociedad inmobiliaria compró la casa y le exigió una suma muy diferente. En vez de los 450 euros (1,700 soles) que abonaba, le exigieron pagar 2650 euros (o sea, 10 mil soles) al mes, aunque su pensión fuera inferior al monto de ese alquiler. En el caso de que aquello le pareciera un mal negocio, la empresa le sugería comprar el piso por unos 250 mil euros. Eso equivaldría, más o menos, a un millón de soles.

Maricarmen dijo siempre la verdad. No tenía esa cantidad ni banco alguno iba a prestarle ese dinero a una persona de 87 años. Ella siguió pagando los razonables 450 euros, pero URBAGESTIÓN era un monstruo con hambre.

No se trata de un invento literario. A estas alturas, en otras calles, otras ciudades y otros países, miles de personas como Maricarmen están sufriendo el mismo acoso judicial.

En la lógica de este sistema, los dueños del capital tienen la razón. Quieren sacar todos los dividendos que puedan de su inversión. Y eso es legal, pero no es justo ni humano. Tampoco es cristiano.  Es diabólico, pero es lícito.

Maricarmen estaba enferma. El 23 de septiembre se produjo el desahucio y, aunque el mundo se opusiera, un poderoso vehículo embistió la puerta. A la anciana la hicieron salir en camilla y terminó en un hospital.

Madrid es una ciudad turística y los empresarios lo saben. Por esa razón, han decidido comprarse, una por una, todas las casas y luego alquilarlas o venderlas a precios multiplicados. Eso ocurre en toda España, y alcanza también a los sobrinos y nietos de Maricarmen. Un joven de 18 años puede ingresar a la universidad, pero le resulta imposible pagar una habitación.

Eso ha empujado a centenares de miles de personas a protestar en las calles y acampar en plazas centrales de la capital española y de otras importantes ciudades. Tanto la lideresa Ayuso como los partidos ultraderechistas vienen sosteniendo el encargo y la defensa de URBAGESTIÓN y aducen que el capital es positivo y tiene todos los derechos. Incluso a cometer crímenes como este. Efectivamente, así es, dentro de un sistema perverso que antepone los intereses del capital sobre los derechos de los ciudadanos.

Maricarmen Abascal murió el miércoles 7 de octubre, un par de semanas después de que la echaran de su casa. Sus últimas palabras fueron de gratitud para los españoles que la defendieron y de llamados a continuar una lucha por el derecho a la vivienda que pronto asumirá los caracteres de huelga general.

Cuando los personajes de la obra de Cortázar han sido empujados por la fuerza misteriosa hasta el fondo de la casa, toman un corredor que los conduce a la puerta. Son las once de la noche y el narrador se dice: “Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada”.

La Fuerza Aérea del Perú proyectó este año la adquisición de diez sistemas Bambi Bucket para equipar sus helicópteros contra focos de fuego. La FAP había previsto el impacto del Fenómeno El Niño sobre el sur del país y contaba con solo seis kits operativos para una flota mayor.

La licitación era, en efecto, una respuesta concreta a un riesgo anunciado. La canadiense SEI Industries, diseñadora y fabricante del equipo, ganó la buena pro con una oferta de US$1.56 millones, por debajo del valor referencial. Pero hubo una impugnación.

Ante ella, la FAP reformuló el requerimiento técnico y se lo entregó a la ACFFAA a mediados de julio para reactivar la contratación. Sin embargo, el proceso administrativo necesitaba semanas para completarse. En ese intermedio, el presupuesto quedó a la deriva.

El gobierno interino de José María Balcázar modificó partidas presupuestales en julio y el 6 de agosto, ya bajo la conducción de la presidenta Fujimori, el Decreto Supremo N° 155-2026-EF transfirió los recursos hacia la Reserva de Contingencia, entre ellos los destinados a ese equipamiento. De esa manera, la institución castrense quedó sin dinero para la adquisición.

Este año el país ha registrado 437 incendios forestales. Al 19 de octubre, once seguían ardiendo y se habían perdido más de 1.178 hectáreas de cultivos y 11.779 de pastos. La FAP tiene seis equipos para apagar fuego en diez helicópteros. Los otros cuatro vuelan sin ellos.

El fujimorismo ha hecho del respeto a las Fuerzas Armadas una bandera permanente. A pesar de que la FAP hizo su tarea, identificó el riesgo y pidió al Estado los medios para hacer su trabajo, la respuesta de los supuestos defensores fue un decreto que reasignó sus fondos. Esa es la distancia entre el discurso y la capacidad de gobernar.

Frente a la asfixia del desgobierno, el fujimorismo recurre al expediente de pedir facultades bajo el pretexto de una «emergencia nacional» y que le den la oportunidad de gobernar, de ejecutar su plan. Aquí, el filósofo italiano Giorgio Agamben nos advertiría que estamos presenciando la normalización del «estado de excepción». Para Agamben, los gobiernos contemporáneos ya no gobiernan mediante la ley ordinaria, sino declarando emergencias constantes que les permiten suspender las reglas regulares y emitir decretos (facultades). El Ejecutivo pide estas facultades no para implementar un plan, sino para justificar su poder operando fuera del marco normativo normal, usando la «seguridad ciudadana» como coartada para expandir su control.

En la otra orilla, el Legislativo ejecuta su propio número de cinismo. Las bancadas de oposición advierten sobre el riesgo de entregar un «cheque en blanco», pero terminan negociando un paquete mutilado y transaccional. La delegación no se calibra por el bienestar público, sino, en la mayoría de los casos, por el valor de cambio del voto: partidas presupuestales y blindajes. También, por supuesto, calculando las próximas elecciones, así estén a cinco años de distancia.

Este espectáculo transaccional es la confirmación del diagnóstico de otro filósofo, Michael Sandel. Las instituciones han sido colonizadas por una sociedad de mercado donde el debate sobre el «bien común» ha desaparecido. Los congresistas y ministros ya no deliberan sobre qué es lo justo o qué necesita la comunidad; operan como mercaderes donde el poder, las leyes y los blindajes se compran y se venden, destruyendo el tejido cívico y reduciendo la política a un negocio de ataques y contraataques.

Lo más grosero es la memoria selectiva de los actores. Quienes ayer censuraban o complejizaban la delegación de facultades hoy la exigen de rodillas y hasta amenazan con perder la paciencia, y quienes antes las exigían a carta cabal hoy «descubren» los peligros de la concentración del poder.

Esta es la prueba de que el Perú ha destruido lo que se conoce como agonismo democrático, concepto teorizado por la filósofa Chantal Mouffe. En una democracia sana, adversarios legítimos debaten proyectos opuestos respetando las reglas institucionales, reconociéndose como interlocutores válidos (agonismo). Sin embargo, la política peruana ha decaído más bien en un antagonismo perpetuo donde la ley se usa como un arma para aniquilar al otro o como moneda de cambio. El debate parlamentario ya no busca persuadir, sino extorsionar o sobrevivir.

El péndulo peruano no equilibra poderes ni afina políticas públicas: funciona como una máquina de eludir responsabilidades. Mientras ambos bandos juegan a pasarse la pelota de la incompetencia —gobernando por excepción, traficando con el país y aniquilando al adversario—, el país real asiste a lo que el filósofo Mario Bunge denunciaría como pura «charlatanería legislativa». Nos venden la ilusión pseudocientífica de creer que un decreto vacío, desprovisto de presupuesto real, logística y de sujetos capacitados, tiene la potencia mágica para transformar y resolver nuestras urgencias por el simple hecho de estar escrito en un papel. El país real sigue esperando leyes que respondan a sus urgencias.