Ramón Castilla (1797-1867) fue excepcional tanto en su vida como en su muerte. Aquella ocurrió a caballo y en las pampas de Tarapacá, cuando había emprendido una revolución contra el régimen de Mariano Ignacio Prado.

Murió el 30 de mayo a las seis de la tarde, pero hay más vida que contar. Adelante, a unos 25 metros del más cercano de sus ayudantes, cabalgaba el mariscal. Por eso, debe haber muerto a las tres de la tarde, pero pasaron tres horas sin que esto se supiera. Cuando el corcel azabache llegó a una encrucijada, se detuvo, pero su jinete no podía darle órdenes. Solamente entonces, los subalternos llegaron hasta Castilla y descubrieron que estaba muerto.

Aparte de ello, su cuerpo tenía que durar cuarenta días más, ya que eso era lo que mandaban los rituales aimaras de su ancestro cultural. Su historia final fue secreta porque sus oficiales y su tropa no quisieron que el gobierno se enterara de que el alzado ya había muerto.

Un telegrafista muy imaginativo llamado José Castro Joo se encargó de transmitir a Lima, durante todo ese tiempo, movimientos de tropas y adhesiones que supuestamente estaba recibiendo Castilla, aunque ya descansara en su catafalco.

El yatiri José del Carmen Cóndor, sacerdote aimara, aparte de embalsamar el cadáver, atendió al ilustre presidente en su viaje al otro mundo tal cual indicaban los rituales de su vieja cultura.

En una conversación con Eugenio Castilla, sobrino de don Ramón, el yatiri le explicó que el morir es un proceso semejante al de la vida:

-Nace usted a la muerte mientras se va acostumbrando a la difuntez. Camina o navega por en medio de sus recuerdos, pero el tiempo no pasa, no se le va agotando como sucede en este otro lado. Allá, más bien parece que el tiempo va creciendo.

Eugenio miraba al yatiri como si no lo estuviera escuchando.

-La muerte nos rejuvenece porque nos lleva al comienzo de la vida. Eso lo saben todos, no solamente nosotros los aimaras.

Afuera comenzó a llover. Era como si lloviera para atrás, para el recuerdo.

A esas horas de la noche, el sobrino de Castilla y el yatiri eran quizás los únicos despiertos en Tarapacá, aparte de los dos soldados que montaban guardia frente a la iglesia donde se hacía el velorio.

-Los yatiris lo sabemos porque somos aimaras, y a los aimaras nos lo han contado nuestros abuelos, y a ellos los abuelos de nuestros abuelos, y por eso le puedo hablar de este camino que siguen los difuntos cuando despiertan y se encuentran debajo de la tierra, primero, y después navegando por el cielo.

Se detuvo un instante e hizo como si bebiera aire.

-Eso sí, no todos despertamos. Despiertan las almas de los guerreros, de los sabios y de los poetas, y por eso el alma del Mariscal, con los ojos bien abiertos, está caminando ahora por sus recuerdos.

El yatiri estaba cada vez más entusiasmado.

-¿Despertará el mariscal? Claro que sí… Ya está despierto y lo estará para siempre, como una bandada de cóndores que dan vueltas al mundo, como una flecha que cruza uno y otros mil cielos vacíos, como las manos, los pies, los ojos y el corazón de Túpac Amaru al juntarse y levantarse de nuevo y ponerse al frente de los nuestros otra vez y otra.

Había pasado sobre ellos una noche muy larga.

-Eso sí, le advierto que no debe repetir esto ni contar que yo se lo dije. Haga de cuenta que no he dicho una sola palabra.

Eugenio observó otra vez los cirios. Le pareció que, en vez de agotarse, ganaban altura, crecían.

Afuera, la noche dio paso a un día rápido y a otra noche, y a otra noche más.

*

Con Ramón Castilla se inicia realmente la República. Pero aún no se le ha dado el lugar que le corresponde en la historia. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de recordar a los mejores seres humanos que nuestro país ha producido. Castilla es uno de ellos.

El primer paquete de decretos legislativos de esta historia fue autorizado por el Congreso en diciembre de 1980. Incluyó 209 textos que fueron publicados entre enero y junio de 1981. En julio de 1980, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde tomó el control del Ejecutivo tras doce años de régimen militar, con un sistema legal reconfigurado por decretos leyes de un signo político radicalmente distinto al que representaba el acciopopulismo y bajo una Constitución en cuya redacción ni él ni su partido habían intervenido. La necesidad del paquete parece clara.

A partir de ahí, las grandes delegaciones han seguido destinos institucionales distintos. El paquete de Alberto Fujimori, 117 decretos legislativos publicados entre junio y noviembre de 1991, estuvo dividido en dos bloques: normas sobre modernización del Estado y normas sobre seguridad interior. Son las “cuerdas separadas” sobre las que se edificó el régimen. El Congreso derogó o modificó 28 decretos, 14 del bloque de seguridad interior, y esa revisión se convirtió en uno de los factores de la crisis institucional que desembocó en el golpe de abril de 1992.

El paquete del segundo gobierno de García Pérez, 99 decretos legislativos publicados entre marzo y junio de 2008, fue asociado a las condiciones establecidas por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero de 2009. Incluyó cinco instrumentos sobre tierras comunales, dos de ellos derogados en septiembre de 2008. Esos decretos están anotados entre los fundamentos de la crisis de Bagua de junio de 2009, con el enorme costo en vidas que ella representó. El paquete de Pedro Pablo Kuczynski, con 112 decretos publicados entre octubre de 2016 y enero de 2017, 14 derogados en mayo de 2017, quedó convertido en uno de los temas de la agenda de tensión política que desembocó en su renuncia en marzo de 2018.

El dispositivo no ha sido usado intensamente en los momentos en que el gobierno podía confiar en el comportamiento legislativo del Congreso o cuando la diferenciación con el régimen anterior resultaba innecesaria. En su primer gobierno, García Pérez tenía mayoría en el Congreso. Fujimori, en 1995, también. El dispositivo en esos casos no era necesario. Por razones distintas, tampoco fue necesario al comenzar el gobierno de Toledo en el 2001: él sucedía al gobierno de transición de Valentín Paniagua, que había desarrollado la adaptación legislativa posterior al régimen del 90 en coordinación directa con el Congreso. La necesidad de diferenciación aquí era inexistente. Y, más allá de los discursos, la diferenciación no fue un factor en la instalación del régimen de Humala, que prefirió un esquema de negociación permanente con el Congreso: cuatro delegaciones temáticas en cinco años de gobierno, con 150 decretos legislativos publicados, sin que se desatara ninguna crisis política de envergadura entre ambos poderes.

El paquete de Vizcarra, 85 decretos legislativos publicados entre agosto y septiembre de 2018, fue autorizado en julio, el mismo mes en que se instaló la tensión que caracterizó la relación entre el gobierno y el Congreso en ese ciclo. Castillo, probablemente el presidente con peores relaciones con el Parlamento desde 1980, acotó al mínimo este dispositivo: solo 29 decretos legislativos publicados entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, después de que el Congreso recortara el alcance temático de un pedido original de facultades.

Dina Boluarte y Jerí se comportaron como los regímenes que tienen mayoría parlamentaria propia: 27 decretos entre marzo y mayo de 2023, 47 entre octubre y diciembre del mismo año, 74 entre agosto y octubre de 2024 y 45 entre enero y febrero de 2026. Una gradualidad que representa un ciclo de administración funcional de facultades manejadas desde una mayoría del Congreso que actuaba en sincronía completa con un gobierno establecido por ella misma.

Esta vez, la presidenta no es la misma. Pero no está claro que el ciclo que encabeza sea en realidad distinto del anterior, uno del que quiera realmente diferenciarse. Buena parte de la agenda que el nuevo gobierno podría desplegar en la delegación corresponde a asuntos que han sido legislados desde el Congreso anterior, en un sentido contrario al que recomienda una intervención de corte institucionalista. La delegación de facultades puede generar el inicio de un ciclo de diferenciación del gobierno respecto a una coalición que fue alentada por sus propios líderes. Quedaría el uso funcional de las facultades, que usualmente conduce a ajustes puntuales, pero los dos grandes componentes del esquema de “cuerdas separadas” del primer fujimorismo, economía y seguridad, registran un nivel de deterioro sin precedentes.

La cuestión por resolver, entonces, es si el fujimorismo va a diferenciarse de sí mismo frente a un Congreso que ya no tiene la forma del Congreso anterior.

Enorme dilema.

En ese sentido, la delegación de facultades es un mecanismo constitucional legítimo que todos los gobiernos han usado y que hoy tiene sentido para las urgencias concretas que el país enfrenta. El premier Luis Galarreta expondrá un pedido de 120 días en siete grandes bloques. El debate, a su vez legítimo, está en todos los bloques: seguridad ciudadana, atención al Fenómeno El Niño, flexibilización laboral con revisión de vacaciones, horas extras y CTS, eliminación del tope a las tasas bancarias, fusión de entidades como la Sunat y la Sunafil, y gestión eficiente de feriados.

Los diputados del Consenso por la Democracia, como aquellos que son oficialistas, tienen hoy la responsabilidad más concreta de su primera semana legislativa. Un debate alturado, con criterio técnico y representación territorial, que recoja la voz de las regiones que hoy tienen carreteras bloqueadas, combustible inaccesible y familias sin hogar por los aniegos, es exactamente lo que el momento exige.

Lima no debe ser el único referente de este debate. Los diputados tienen hoy la oportunidad de demostrar que la Cámara puede legislar con visión de Estado, más allá del gobierno de turno y de los intereses partidarios de cada bancada. Eso es lo que distingue a un parlamento que sirve al país de uno que sirve al poder.

En el 2007 la familia Santos vendió al Grupo Planeta el 55% del diario El Tiempo de Bogotá y su periferia de activos, en US$400 millones. En el 2012 los Santos vendieron tras 99 años como accionistas. En ese momento los colombianos lo consideraron un negocio redondo. El Tiempo sigue siendo el diario emblemático del país.

En el Perú parte del problema para la venta es que buena parte de la familia propietaria, convertida en mucho más de 100 unidades económicas diferenciadas, considera a El Comercio parte muy importante de su identidad personal y familiar. Para ellos vender la mayoría del Canal 4 de TV (muy lucrativo) resulta más fácil que vender el diario.

Los medios nos informan que estamos en otro de esos clinches entre potenciales compradores de fuera y posibles vendedores de dentro. Como en otros años, estamos en un pulseo casi secreto entre propietarios. Algunos de estos ya vendieron por su cuenta; otros esperan un comprador con billete, dispuesto a un arreglo total.

Si algo quiere decir, el movimiento de acciones de inversión del diario en la BVL es relativamente escaso; es decir que casi nadie está realmente creyendo que la empresa cambie de manos en un tiempo razonable. Tampoco existe una tasación que, con canal o sin canal de TV, sirva de referencia a los curiosos.

La venta bogotana a la que nos hemos referido fue un acontecimiento sereno. Los vendedores conservaron una importante propiedad minoritaria, así como el derecho a conducir la línea editorial por un cierto tiempo. La gente siguió comprando su periódico todas las mañanas. Los cambios fueron lentos.

En la experiencia peruana los grandes diarios que fueron vendidos terminaron cerrados. En la era del internet y del streaming, quizás aquí eso no sería tan traumático. Que El Comercio pase a manos de otros intereses que los actuales, o que simplemente deje de existir, son dos cosas diferentes.

Podemos imaginar un país de damnificados en todas partes, con un PBI en picada, como lo que debió enfrentar Fernando Belaunde en 1983. Catástrofes de ese tamaño sirven como excusa para muchas cosas, y en efecto acalambran la gestión de un gobierno. Keiko Fujimori va entrando en esa dinámica, de aguas que se llevarán su 60% de aprobación.

La expresión habitual para estas situaciones es “fuerza mayor”. Se supone que no hay culpa humana, pero igual un gobierno queda ubicado en absoluta desventaja frente a la oposición, siempre ágil para el reclamo. Aunque un ánimo opositor puede afectar la llegada de ayuda a los hogares y distritos en problemas.

No importa cuál sea la mecánica, el gobierno que tanto ansió Fujimori ya está en problemas. La dupla inseguridad-Niño asegura una performance que dará más para excusarse que para jactarse. ¿Quién iba a pensar que la lluvia inundaría los arenales de Villa El Salvador? No es la última foto insólita que vamos a ver.

¿Cuánto va a demorar el tema en desgastarse frente a la curiosidad pública? Mucho. Las elecciones de octubre van a lanzar los destrozos al primer plano de cada localidad afectada. Culpar al gobierno se va a volver clave. El Niño con el papa León XIV al lado, llegado noviembre, va a cobrar un especial dramatismo.

En 1998-1999 El Niño le tocó a Alberto Fujimori focalizado en la costa norte. Primero dijo que el fenómeno podría ser beneficioso. Luego hizo lo que pudo, multiplicando su presencia en lugares afectados. En cierto modo esas fueron las puertas del drama político y personal que le tocó vivir poco después.

Pero la oposición debería tener presente que simplemente oponerse al gobierno no es ayudar a los necesitados, sino solo favorecer a los dirigentes opositores. ¿Cómo va la izquierda en las zonas, léase los hogares, donde el Niño ya empezó a golpear con su líquida cachiporra?

¿Han cambiado los tiempos? Hace no tantos meses los transportistas paraban reclamando más eficacia de Dina Boluarte frente a los ataques y asesinatos que venían sufriendo por el camino. Ahora es el precio del crudo, que se come parte de sus ganancias, y los obligaría a subir los precios del boleto. La inseguridad sigue, pero ha pasado a segundo lugar.

El subsidio al combustible es por tres meses, en vista de que los precios fluctúan según cómo vaya la cosa en el estrecho de Ormuz. En ese plazo no se va a arreglar lo económico ni lo criminal, pero podría dar al gobierno tiempo para ensayar algunas soluciones frente a lo segundo. El plazo cruza la línea de los clásicos 100 días de balance al gobierno.

El problema de Keiko Fujimori no es solo con los transportistas. El crimen mantiene sus sombrías cifras por todas partes. Es cierto que son pocos días de Fuerza Popular en el gobierno; pero unas cuantas ideas nuevas sobre el asunto harían la diferencia. Sacar al general PNP Óscar Arriola es una de ellas, pero no basta.

La seguridad en el transporte no se va a resolver colocando a los pasajeros en medio de una balacera, si fuera el caso. Comienza por neutralizar la corrupción en la PNP, paso previo a la penetración en la gran familia criminal dedicada a ese ramo. En esto los interrogatorios al hampón valen oro para el orden transportista.

¿Qué piensan choferes y propietarios? No están sonando muy contentos. La cifra es modesta. El plazo es corto. El problema de fondo está en otra parte. De modo que no es descartable que los paros reaparezcan y el subsidio se prolongue. Distraerlos con dinero no es una manera lícita ni eficaz de ir arreglando el asunto de las muertes de choferes.

En Perú la cosa ha llegado a afectar nuestra ubicación en lo internacional. China o EE. UU. es una encrucijada de la máxima importancia. Las elecciones de América Latina influyen en las nuestras. Los torrentes migratorios a esta hora nos tocan adentro y afuera. Lo ocurrido en Ceuta nos puede dejar sin acceso a la Unión Europea.

Al inicio el proceso era estimulante, sobre todo en su desarrollo en el Medio Oriente. Hoy es igual de violento, pero se ha empezado a poner tedioso: no nos toca tanto, es decir, que no nos asusta tanto, y se ha vuelto repetitivo. La maldad de Benjamín Netanyahu ya no sorprende a nadie; tampoco el antioccidentalismo de Rusia.

Algo parecido se está dando frente al Caribe y aledaños. La ofensiva de Donald Trump sobre el chavismo en Venezuela nos sorprendió. Hoy es parte del día a día del Departamento de Estado. Nadie espera algo parecido en Cuba. Nicaragua se ha sumado al registro de la maldad tropical. Ya ni siquiera esperamos la visita a Lima de Marco Rubio.

¿Hacemos bien en cansarnos de seguir la decadencia de la globalización? Haríamos mal en perder esa perspectiva, algo clave para la marcha del gobierno. Nos interesa reanimar las relaciones con nuestros vecinos, el comercio con nuestros clientes, el peso de nuestra diplomacia. No debemos volvernos un país fácil de aislar, ni siquiera en parte.

Quizás los dramas de otros pueblos, guerras sobre todo, ya no son novedosos. Pero cada uno de ellos nos dice, es decir, nos enseña, algo para nuestro beneficio. La resistencia de Ucrania o Irán, la exitosa protesta juvenil en la India y la prepotencia de Trump son todas lecciones para nuestra modesta actividad política.

Desde el siglo XIX nos ha costado mucho no estar atentos a lo que sucede en el resto de la región y del mundo. Son mensajes sobre nuestros peligros y oportunidades, sobre nuestras posibilidades. No pegar el oído a ese ruido es una sordera que nos ha costado, y nos cuesta, mucho. Desde Torre Tagle hasta la BVL.

Ocho años de hostigamiento

"Es un atropello continuo desde 2018 hasta el 2026 a mi trabajo como periodista", afirmó Ugaz a La República. La reportera sostiene que el Sodalicio, grupo suprimido por la Santa Sede en enero de 2025 por "comportamiento sectario", nunca figuró como querellante directo en su contra. Las acciones, precisa, fueron promovidas por personas vinculadas a la organización.

La última acción llegó esta semana. La Asociación Civil San Juan Bautista presentó una querella por difamación agravada contra Ugaz, a la que acusa de difundir afirmaciones falsas sobre la institución. Esta denuncia se suma a un proceso por presunto enriquecimiento ilícito abierto en 2023 por Luciano Revoredo, director del portal La Abeja, y a otras causas penales que la periodista arrastra desde hace años.

Ugaz atribuye el hostigamiento judicial al Sodalicio, aunque la orden religiosa no figura como querellante formal en ninguno de los procesos. Las denuncias provienen de personas vinculadas al grupo, que la Santa Sede suprimió en 2025 por comportamiento sectario.

Vale destacar que la mujer de prensa ha obtenido el apoyo del Papa Francisco y ahora el de León XIV.

Tres nombres y un patrón

A partir de un reportaje de Al Jazeera en el que Ugaz no tuvo injerencia editorial, tres personas ligadas al Sodalicio iniciaron procesos contra ella. Las denuncias de Carlos Gómez de la Torre, de la Asociación Civil San Juan Bautista, terminaron archivadas. José Antonio Eguren, entonces arzobispo de Piura y Tumbes, desistió tras la intervención vaticana. Luciano Revoredo, del portal La Abeja, mantiene abierto un proceso por enriquecimiento ilícito. Se suma ahora Edgardo Palomino Martínez, excandidato al Congreso por Renovación Popular.

El secreto de las comunicaciones

Un episodio en particular preocupa a la SIP. El Primer Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso en 2023 el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Ugaz y ordenó a las telefónicas entregar información sobre sus contactos entre 2013 y 2020. La razón de los magistrados era un presunto enriquecimiento ilícito que jamás se ha podido comprobar.

La medida se mantuvo en reserva y la periodista solo tomó conocimiento de ella en 2024, lo que compromete directamente la confidencialidad de sus fuentes periodísticas.

Una pregunta abierta

Para Ugaz, la sucesión de procesos plantea una interrogante vigente pese a la extinción formal del Sodalicio. "Resulta más necesario que nunca investigar si existen vínculos o coordinaciones que expliquen la sucesión de procesos contra periodistas que investigan esta millonaria organización", señaló. Confía en que la justicia peruana colabore con la Santa Sede contra la corrupción económica internacional.

Una herramienta de control

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo además que la litigación estratégica se convierte en una herramienta de control cuando las demandas y las leyes de difamación penal se usan para silenciar el escrutinio periodístico en lugar de garantizar justicia. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, coincidió en que el caso expone los riesgos que corre el periodismo de investigación frente al poder económico y religioso.

La SIP pidió a las autoridades peruanas frenar el uso del sistema judicial contra periodistas y exigió que cualquier medida que afecte la confidencialidad de las fuentes cumpla con criterios estrictos de legalidad y proporcionalidad. Una misión de la organización que visitó Perú en 2025 ya había alertado sobre la hostilidad creciente hacia los medios independientes y la persecución judicial a periodistas críticos.

Representar no es repetir lo que piensa nuestra propia tribu. Sin embargo, con frecuencia esperamos eso: que nuestros representantes confirmen nuestros sesgos, que no cedan, que no se sienten con quienes rechazamos. Y cuando lo hacen, nos puede incomodar incluso que se sienten a conversar.

La democracia vive de una tensión. Durante la campaña, los candidatos compiten para ganar. Terminada la elección, unos deben gobernar y otros ejercer la oposición. Daniel Innerarity advierte sobre el peligro de prolongar la lógica electoral: gobernar exige una cooperación que la campaña electoral permanente dificulta.

También la oposición debe cambiar de escenario. Saber perder es parte de la democracia y del camino para volver a ganar. Perder no obliga a abandonar convicciones, sino a asumir un papel distinto. Una oposición puede —y a veces debe— ser durísima frente a abusos de poder, retrocesos institucionales o vulneraciones de derechos. La cuestión es no confundir firmeza con incapacidad para reconocer la legitimidad democrática del adversario.

Eso exige distinguir al rival del enemigo. Podemos discrepar de quienes gobiernan y querer que pierdan la próxima elección. Pero, mientras respeten las reglas democráticas, corresponde reconocer su derecho a gobernar. A la oposición le corresponde dialogar y construir acuerdos cuando lo exija el interés común.

Hace más de dos mil años, Aristóteles vinculaba la vida política con nuestra capacidad de discernir lo justo y lo conveniente. No todo acuerdo es conveniente ni toda concesión es justa: importa qué se cede, qué se obtiene y qué principios son irrenunciables.

Como ciudadanos, debemos entender que saber perder no es resignarse ante el poder. Es reconocer el derecho del otro a gobernar hoy, mientras preservamos nuestro derecho a disputarle democráticamente el poder mañana.

Gobernar en ese contexto exige visión de Estado. Y eso es verificable cuando un gabinete transmite coherencia de la al país: la certeza de que quien conduce el Estado sabe exactamente qué va a hacer y cuándo.

Lamentablemente la gobernabilidad, tan venida a menos en los últimos 10 años por el obstruccionismo de Fuerza Popular desde el Congreso, es la condición mínima para que las políticas públicas lleguen a tiempo a quienes más las necesitan. Y esa gobernabilidad empieza por el gabinete.

Keiko Fujimori repite desde su campaña que el Perú necesita orden. Lo dijo en su discurso inaugural. Lo repitió en Pura, en Junín, en Villa El Salvador. El orden es la promesa central de su gobierno y también el argumento con el que justifica el pedido de facultades delegadas que mañana presentará ante la Cámara de Diputados.

El problema es que en menos de 30 días de gestión, el propio gabinete ha producido tres episodios de incoherencia pública que el país merece conocer antes de que ese pedido llegue al hemiciclo.

El pedido de facultades que llega mañana a la Cámara de Diputados tiene un alcance que va mucho más allá de las urgencias declaradas. Seguridad ciudadana, reforma del Estado, flexibilización laboral, modificación tributaria, eliminación del tope bancario, reorganización de entidades como la Sunat y la Sunafil, y acceso de menores de 12 años al sistema bancario.

Los diputados del Consenso por la Democracia tienen mañana la responsabilidad más concreta de su primera semana legislativa. Acotar el pedido a lo que realmente es urgente, seguridad ciudadana y El Niño, y rechazar lo que el país no votó o necesita que se legisle por decreto, es exactamente el trabajo para el que fueron elegidos.