El Convenio 169 de la OIT, que Perú suscribe, establece que cualquier medida que pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas requiere un proceso de diálogo previo, libre e informado. La PUCP documentó que el proceso de consulta previa tiene obstáculos estructurales: las comunidades participan con poder de negociación restringido y con frecuencia terminan cediendo ante las demandas del modelo extractivo. Lo que está en juego en cada proceso es un territorio, pero también una forma de vida construida durante milenios.

Los conflictos sociales que resultan de ese incumplimiento son una constante en la historia reciente del Perú. Desde Bagua en 2009 hasta los distintos conflictos en la Amazonía y el altiplano que se repiten cada temporada, la secuencia es la misma: proyecto extractivo, consulta tardía, conflicto. Los reportes de la Defensoría del Pueblo documentan ese patrón con regularidad.

El costo social del extractivismo sin acuerdo previo supera cualquier beneficio de corto plazo.

El gobierno que asuma en julio llega con una oportunidad que la campaña dejó sin aprovechar. Los planes de los principales candidatos abordaron la consulta previa con timidez o la omitieron del todo, sin propuestas claras de reparación ambiental ni justicia para comunidades afectadas. Convertir ese derecho en política real, con presupuesto y voluntad de cumplirlo antes de otorgar concesiones, es la señal más concreta que el nuevo gobierno puede dar a los pueblos que este 21 de junio celebran un nuevo ciclo. El Año Nuevo Andino recuerda que el equilibrio con la tierra comienza por el equilibrio entre el Estado y quienes la habitan desde antes de que el Perú existiera como república.

Y es en este escenario que Sara Flores es elegida para salirse de su entorno, para desviar sus objetivos y ser devorada por el consumismo occidental que todo lo quiere poseer. ¿Quizá sea un análisis bastante superficial pensar que los diseños kené son obras de arte? Son diseños concebidos para ir más allá de la observación, el análisis o la representación de la naturaleza (adjetivos por excelencia que definen el camino que propone cualquier actividad artística). Y son más que eso, son especies de partituras musicales cuyo objetivo se dirige a despertar otros sensores que van dirigidos a la búsqueda del equilibrio y el bienestar; son intermediarios, instrumentos activos de estimulación producidos con la finalidad específica e inequívoca de despertar incentivos para una nueva cosmovisión o interpretación del universo. Y no son obras propias producidas por individuos aislados; son el resultado de años de trabajo colectivo, de convivencias de producción, de colaboraciones casi artesanales y minuciosas que acompañan el diario vivir en las comunidades amazónicas. Y son las visiones y los gráficos que la ayahuasca muestra. Son el producto del ensueño al que lleva la planta y es para eso que los presenta. Tienen un objetivo específico cuya existencia no será obligatoria y es perecedera. Cumplen una función.

Podríamos concluir que la planta, que es más sabia que cualquier propuesta que desvíe sus primordiales intenciones, no se deja manipular. Elige acceder a estos mercantilistas embrujos para tener el acceso a una realidad que al final no le pertenece, pasando sobre estos ajenos movimientos para buscar objetivos más acordes a su mágica presencia. Esta planta, que no tiene nuestras limitadas capacidades de interpretación y que obedece a los designios más verdaderos de la naturaleza, quizá tenga otra dirección. A lo mejor ha decidido revertir el planteamiento prometido por instituciones que le son tan lejanas y ha decidido pasar sobre estas frívolas celebraciones, ignorándolas para así proponer sus verdaderos objetivos, incluyéndolas en sus avances, asimilándolas en su crecimiento, absorbiéndolas y conquistándolas, utilizándolas al final. Evocando algún jinete apocalíptico sobre su deslumbrante caballo, unida a él como un único ser o algún semidiós: como en la primera conquista, confundiendo las interpretaciones sobre sus verdaderos sentidos y presentándose como este nuevo hombre/corcel en su Caballo de Troya para proponer un nuevo diálogo. Abarcando nuevas geografías en donde acaso tenga una nueva función, la de darse a conocer, la de proponer sus particulares métodos y generar un nuevo escenario con el exótico poder de sus visiones. El 16 de abril de 2008 se declara Patrimonio Cultural de la Nación al arte kené, en tanto que se trata de una manifestación cultural que resume la cosmovisión, el conocimiento y la estética de la sociedad shipibo-konibo y que es, además, su principal elemento identitario frente a la sociedad occidental. Resolución directoral n.º 540/INC-2008.

La xenofobia que acompaña esa presencia tiene consecuencias documentadas en los espacios más cotidianos. En los colegios, el 8.3% de los estudiantes venezolanos son víctimas de discriminación. Investigaciones recientes registran niños que expresan vergüenza de su nacionalidad, consecuencia directa de un entorno que los excluye desde la infancia. La política migratoria peruana opera con una lógica de control más que de integración, dejando a esa comunidad en una vulnerabilidad estructural que el discurso xenófobo termina aprovechando.

El Banco Mundial señala que el impacto de la migración venezolana en el Perú depende de las políticas públicas adoptadas y que una gestión activa puede convertir la movilidad humana en oportunidad. Los migrantes venezolanos aportan al mercado laboral, pagan impuestos, matriculan a sus hijos en escuelas peruanas y forman parte de comunidades en todo el territorio. El 75.3% que planea quedarse es una población que el Perú puede integrar productivamente con decisiones de política pública que otros países de la región ya están tomando.

La Política Nacional Migratoria 2017-2025 vence este año y el nuevo gobierno enfrenta la decisión de renovarla. Hacerlo con un enfoque de integración real implica regularización accesible, acceso a salud y educación, incorporación al mercado laboral formal y campañas activas contra la xenofobia. El Perú tiene 1.7 millones de razones para hacerlo bien. La pregunta que el nuevo gobierno debe responder antes de que termine el año es si tiene la voluntad de ver esas razones como lo que son, personas que construyen su vida aquí y merecen hacerlo con dignidad.

En su momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, a mediados de julio, se proclamará el resultado de las elecciones presidenciales. Será un mes o mes y medio de transición, hasta el 28 de julio, de un entorno de competencia electoral a otro en el que se pondrá en juego la gobernabilidad. Puede que se tenga estabilidad económica; es más difícil que se tenga estabilidad política. Son semanas en las que aparecen multitud de interrogantes difíciles de responder: ¿Cuál será el accionar del fujimorismo desde el Ejecutivo? ¿Cómo se comportará su bancada? ¿Logrará Juntos por el Perú (JP) mantener las alianzas forjadas en la campaña? ¿JP mantendrá activa la calle o esperará un tiempo? ¿Cuál será el rol del Partido del Buen Gobierno en un clima partidario polarizado? ¿Cómo será la dinámica entre la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Cuánto durará eso que todavía se llama "luna de miel", cada vez más menguante? Cuando, a mediados de julio, el JNE proclame al ganador, algunas de estas interrogantes comenzarán a aclararse porque, en ese lapso, se empezará a especular sobre el futuro gabinete, y eso será, en sí mismo, un primer mensaje. Mientras tanto, ¿cómo abordan este proceso los principales protagonistas de la segunda vuelta?

En Fuerza Popular hay dos tipos de comportamiento que abren aún más interrogantes sobre cómo sería su posible gestión de gobierno. Por un lado, predomina el silencio de quienes han competido por la Presidencia y volverían al Ejecutivo después de 26 años. Por otro, está la activa bancada naranja, que no deja de actuar en función de los intereses que ha venido gestionando todos estos años desde la Comisión de Constitución y, en general, desde el accionar y el voto de sus diferentes parlamentarios, entre los que destaca Fernando Rospigliosi en la Mesa Directiva. Por un lado, Keiko Fujimori se va de viaje y sonríe para las cámaras mientras acompaña a su hija, que inicia estudios en el extranjero. ¿El mensaje que quiere transmitir? Que espera, confiada, los resultados. Imagino que tiene más certezas sobre quién será elegido que sobre qué hará frente a un Congreso más complejo y un país fragmentado, que, en ciertos temas y territorios, está muy polarizado.

En paralelo, la bancada de Fuerza Popular, junto con Renovación Popular, modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para que los delitos y faltas cometidos por policías y militares en actividad, durante el ejercicio de sus funciones, sean procesados y juzgados únicamente por el Fuero Militar Policial, y así evitar que pasen por la justicia civil. ¿Ese sería el comportamiento que tendrían en el Congreso si Fuerza Popular llega al Ejecutivo? El nuevo Congreso tiene un Senado y una Cámara de Diputados más política. Allí, Renovación Popular podrá votar en distintos temas igual que Fuerza Popular, aunque hoy ambas agrupaciones aparecen como competencia de cara al 2031. Además, muchas de las bancadas que daban sus votos a cualquier cosa con tal de recibir prebendas ya no están. No es seguro que se mantenga una alianza de izquierda, pero hay incentivos futuros suficientes para pensar que podrían seguir vinculados por un tiempo. El fujimorismo se pasó el período 2021-2026 modificando la Constitución para darle más poder al Congreso, básicamente porque ya no estaba en el Ejecutivo. A futuro, lidiará con un Parlamento empoderado, donde no tiene genuflexos a su servicio.

Del lado de Juntos por el Perú (JP), las reacciones también son variopintas. Con todo derecho, siguen peleando en los Jurados Electorales Especiales (JEE), voto a voto, a fin de mejorar sus resultados. Sin embargo, muchas veces presentan acciones legales a destiempo o sin abonar los montos que corresponden para que el trámite prospere. Lo más sólido de los reclamos estaría vinculado a la demora en el envío del material electoral desde Argentina. Será un tema que el JNE deberá evaluar para ver si el pedido tiene sustento. Otro asunto es si esos números cambian la actual tendencia.

Pero lo central este miércoles es que Sánchez busca convertir esta coyuntura en un proceso de acumulación de fuerzas y construcción de una narrativa que probablemente se mantenga durante un tiempo. ¿Desde ahí construirá su forma de ser oposición? No hay duda de que el actual Congreso, liderado por Fuerza Popular, maniobró para fragmentar el voto y beneficiar a las actuales bancadas con más presupuesto y tiempo de campaña para sus candidatos. Eso llevó a que, en el sur, un sector de la población mirara el proceso electoral de primera vuelta como parte de un fraude liderado por el fujimorismo. Pero ese es un tema que estuvo sobre la mesa desde el comienzo y que ya fue bastante criticado. El discurso y accionar de JP en estos días busca conectar la percepción de injusticia en relación con Pedro Castillo, predominante en la sierra peruana, con la idea de que no se está haciendo "justicia electoral".

En su extremo, hay un discurso que considera que los resultados no serían legítimos. No se dice directamente, pero se reclama "transparencia" y "cero controversias", a la vez que se declara que "nuestro pueblo se siente ganador". En la conferencia del jueves se subrayó el derecho democrático de salir a protestar y defender el voto, así como la necesidad de invocar y cuidar que la marcha y las protestas no deriven en actos de violencia. No sabemos si JP está pensando hacer una oposición programática desde el plan de gobierno que presentaron al final de la segunda vuelta. Sin embargo, estas decisiones indican que, al igual que en el debate presidencial de segunda vuelta, Sánchez dará peso a la confrontación política y que el tema de la injusticia electoral se vinculará con la injusticia sobre Castillo y con la injusticia histórica que enfrentan amplios sectores de la sierra peruana. Los perfiles se van delineando.

Juntos por el Perú ha recurrido a los mecanismos institucionales disponibles para cuestionar resultados que considera irregulares. Los reclamos realizados merecen una evaluación seria, para el respeto del voto de todos. Y el hecho de que la ciudadanía haya financiado colectivamente las tasas que el partido no podía cubrir por sí solo no es un dato menor: dice algo sobre el tipo de apoyo que moviliza este proceso. Hay que decir también que los recursos declarados improcedentes en primera instancia no fueron derrotados en el fondo, sino en la forma, por falta de pago de tasas. Ahora, JP tiene la responsabilidad de sostener su reclamo con la solidez que la gravedad de la denuncia exige: no basta usar las herramientas del sistema, hay que usarlas bien.

Pero aun si los mecanismos institucionales resuelven la disputa, no resolverán la fractura. Un país que termina 50.11% contra 49.89% no está ante un empate técnico: está ante un mapa. Y ese mapa tiene nombre y dirección. El Perú que votó por Sánchez dentro del territorio —el sur, las regiones, los que cargan la informalidad y la inseguridad— no va a desaparecer el 28 de julio, cuando asuma el nuevo gobierno. La división no es un accidente del conteo. Es la política misma diciéndonos algo que preferiríamos no escuchar: que gobernar para la mitad es la tentación permanente del poder en el Perú y que la otra mitad lleva décadas pagando esa cuenta.

Y esa cuenta tiene rostros. Son los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que llevan años exigiendo verdad y justicia, y que saben por experiencia propia lo que significa que el Estado decida que sus muertos no cuentan. Son los defensores comunitarios criminalizados por oponerse a proyectos extractivos que no les dejan ni el agua. Son las mujeres esterilizadas a la fuerza, cuyo caso sigue sin condena o cuyos reclamos son burlados por negacionistas. La fractura electoral no es abstracta: se mide en impunidad acumulada, en instituciones debilitadas adrede, en un Congreso que —mientras se contaban los votos— aprobó en primera votación una ley para que los delitos de policías y militares contra la ciudadanía que se moviliza sean juzgados únicamente por fueros militares y policiales, blindándolos ante la justicia ordinaria. Gobernar ignorando esa mitad no es solo injusto. Es, como ya lo hemos visto, peligroso.

La pregunta no es si el fujimorismo tiene historia de hostigar y perseguir a quienes se movilizan. La pregunta es qué garantiza que ahora, con la presidencia además del Congreso, no lo hará con más furia y ensañamiento. Y la respuesta más honesta es que no todos pueden protegerse por igual de esa furia. El miedo es legítimo. Y nombrarlo también lo es.

Más de dos décadas después del informe de la CVR, el balance judicial es el que las propias víctimas califican de inaceptable. El IDEHPUCP documentó que los 538 casos de violación sexual registrados en el conflicto armado acumulan décadas sin sentencia condenatoria alguna. El caso de Manta y Vilca, donde mujeres de comunidades altoandinas de Huancavelica fueron agredidas sexualmente por militares en bases instaladas en sus propias comunidades, tardó 30 años en llegar a juicio oral. Los equipos de acompañamiento psicológico señalan que la impunidad prolongada agrava el daño original porque convierte la espera en una nueva forma de violencia institucional.

El Congreso saliente agravó esa situación con la Ley 32107, conocida como la Ley de Impunidad, que forzaría el archivo de alrededor de 600 episodios de graves violaciones de derechos humanos. La norma afectaría directamente a más de 550 víctimas, entre ellas las de casos tan emblemáticos como Barrios Altos y Pativilca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano frenar su aplicación. La ley sigue vigente y la Fiscalía advirtió que su aplicación comprometería décadas de investigaciones ya tardías.

El gobierno que asuma en julio tiene la oportunidad de revertir ese retroceso desde las primeras semanas. Derogar la Ley 32107 requiere voluntad política y coordinación con el nuevo Congreso bicameral. Dotar de recursos a los fiscales que llevan los casos del conflicto armado y garantizar acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas son decisiones que dependen de presupuesto y agenda. Las mujeres de Manta y Vilca llevan cuatro décadas esperando una sentencia del Estado que las agredió. El nuevo Congreso tiene en esa deuda uno de sus primeros exámenes de altura moral.