Hemos insistido en que el reto de este periodo pasa por abandonar esa dinámica y abrir espacios formales de negociación. Espacios como esos siempre requieren mediaciones institucionales abiertas y alguna idea clara sobre cómo administrar el futuro inmediato. Otras dos cosas que nos siguen haciendo falta. Los temas llamados a abrir una mesa, que por ahora es apenas una aspiración teórica, siguen siendo el presupuesto del ejercicio 2027, en el que tenemos problemas de asignación que no estamos discutiendo, y el modo de resolver los enormes efectos colaterales que generan las economías de metales de origen incierto, especialmente la del oro. La seguridad y El Niño son asuntos de otra naturaleza. Por su urgencia, deberían haber permitido al gobierno exhibir una capacidad de reacción de la que claramente no está provisto.

Dos velocidades que deberían haberse diferenciado. La velocidad de la política, que requiere la construcción de canales de negociación abierta, y la de las urgencias, que requiere capacidad de reacción. En su primer abordaje de la escena, el gobierno no notó las diferencias entre estas dos velocidades. Mezcló los cuatro asuntos con otros más en un solo pedido de facultades delegadas, no diferenciadas por la urgencia ni por su alcance o necesidad.

Para reaccionar ante la urgencia casi no hacía falta pasar por el Congreso. Para abrir espacios de negociación no tenía sentido usar una solicitud escrita en el formato de un ómnibus que comienza a caerse a pedazos.

Pablo Moreyra está entre quienes se han tomado la molestia de mirar al detalle el paquete de 66 facultades solicitadas. Él ha encontrado 31 pedidos que tocan o pueden impactar sobre El Niño y la seguridad. De su lista me quedo sin duda con la ayuda directa del INDECI, obras por impuestos para desastres y bonos de vivienda para damnificados, tres asuntos que deberían haberse destrabado del paquete para tramitarse con verdadera urgencia. Si los tres asuntos necesitan respaldo legal, bien podrían haber sido propuestos usando el procedimiento especial para leyes de aprobación urgente, que también existe y es mucho más viable y menos problemático que el pedido de facultades delegadas.

Sobre seguridad, el paquete incluye pocas cosas útiles y casi ninguna que requiera una ley. Menos una ley urgente. Sobre minería ilegal, el gobierno pide facultades para legislar sobre la trazabilidad de los minerales que circulan en el país, pero se mantiene en relativo silencio sobre las condiciones que podrían evitar la prórroga del REINFO, el registro que hace posible circular esos metales sin trazabilidad alguna.

Volviendo al paquete, el mayor volumen de contenido aparece en la parte económica. Pero esta es, al mismo tiempo, la parte menos urgente de la solicitud. Ahí está el difícil debate sobre los topes a las tasas de la Ley 31143, las reformas al Código Tributario y los regímenes simplificados, la formalización laboral, el factoring para Mypes y la reforma del servicio civil. En esta parte, Moreyra reconoce asuntos que deberían haber sido tramitados por el procedimiento regular de iniciativas legislativas del gobierno: hidrocarburos, electricidad, turismo, asociaciones público-privadas, finanzas abiertas, feriados, colegiatura de los artistas. Y reconoce, además, un grupo de asuntos que ni siquiera requieren una ley para reformarse: estandarizar trámites, cobrar derechos según costos reales, reformar las reglas sobre la vigencia de los certificados de seguridad en edificaciones, dar un enfoque preventivo a la inspección laboral y reformar el procedimiento registral para vivienda social.

El paquete estuvo sobrecargado desde el origen. Y el gobierno no lo ha gestionado más allá de blandirlo como si fuera un estandarte de guerra. Defendido con una lógica bastante infantil, un “quiero, entonces denme”, el pedido parece haber terminado siendo más un pretexto para instalar un dispositivo de beligerancia entre diputados y gobierno que para construir herramientas de salida a la crisis en que estamos. Y claro, en un ambiente cargado por la polarización, una reacción como la de Diputados, del tipo “exiges, entonces niego todo”, no hace más que convertir la secuencia en una profecía autocumplida.

Un gobierno que no parece interesado en crear un espacio de negociación con la mayoría de Diputados. Una mayoría en Diputados que no logra pasar por el Pleno una sola propuesta legislativa en sesenta días. Una mayoría a la que tampoco parece importarle construir escenarios que tiendan a abrir la negociación como procedimiento político. Si no cambiamos la ruta, podemos terminar en un proceso sostenido de desgaste en las relaciones entre el gobierno y la Cámara Baja. Uno que cancelaría la acción política institucional: un gobernar sin nuevas leyes que use al Senado como plataforma destinada a mantener a raya a Diputados. Poco menos que un país paralizado institucionalmente que confía en que el auge de los precios del oro se encargará automáticamente de mantener los números grandes de la economía en azul, y que con eso basta.

O Diputados aprende a legislar y el gobierno a hacer política, o la pasividad de ambos va a congelarnos.

Día sesenta. Donde debió haber un ejercicio de articulación institucional, hemos tenido una escena que simplemente reproduce un ciclo de polarización del que deberíamos estar saliendo.

Esto no parece estar asumido del todo por el premier Luis Galarreta quien dijo, en plena ceremonia de firma del decreto del aumento de salario mínimo, que el Ejecutivo ha mantenido “paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”. Como si la paciencia fuera un recurso finito que el gobierno administra con generosidad y que en algún punto podría retirar.

Keiko Fujimori lo respaldó horas después. “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, advirtió. Y su presidente del Consejo de Ministros había agregado antes que los congresistas que fiscalizan “ya deberían superar la elección” y que esperaba que no “abusen del poder” que les otorga la Constitución. Tres frases que apuntan en la misma dirección: la fiscalización parlamentaria es un exceso que el Ejecutivo está tolerando con benevolencia.

Al respecto, la Constitución le da al Congreso exactamente esas atribuciones: interpelar, censurar, acotar facultades. Un parlamentario que las ejerce usa el poder. Y un gobierno que interpreta ese ejercicio como una prueba de paciencia confunde el rol del Ejecutivo con el de un árbitro que decide cuándo el partido se juega y cuándo se suspende. Distinto fue, vale recordar, el abuso legislativo que cometió la mayoría parlamentaria fujimorista contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, apelando a hipótesis y no a evidencia, como sí lo están haciendo muchos de los diputados que hoy plantean rechazar el pedido de facultades que contiene normas que no son ciertamente prioridad para el país.

La tolerancia política es reconocer que quien piensa distinto tiene el mismo derecho a ejercer sus funciones que quien gobierna. El consenso democrático nace de la capacidad de disentir con evidencia, negociar con transparencia y construir acuerdos sin convertir la “paciencia” en moneda de cambio. El Perú ya vivió en los años noventa lo que ocurre cuando un gobierno decide que su tolerancia tiene un límite. Lo viven actualmente diversas dictaduras enquistadas en el poder en el mundo. Por eso vale la pena cuestionar estas frases antes de que se normalicen.

Mientras el gobierno plantea reformas absurdas como la movilidad del Lugar de la Memoria, o incluye decisiones que ameritan debates más amplios, el crimen organizado quemó vivo dentro de su vehículo a un hombre de 35 años en Los Olivos. La razón es negarse a pagar un cupo semanal de S/40. Como consecuencia, más de 50 unidades de transporte público decidieron no salir hoy.

En paralelo a estas desgracias, el Ejecutivo fujimorista acusa a diputados de ser obstruccionistas. No obstante, ante dichas denuncias, vale la pena recordar que el paquete presentado va mucho más allá de la seguridad y El Niño que el gobierno invoca como justificación. Entre varios asuntos no prioritarios, incluye la regulación de tasas de interés bancarias y modificaciones al sistema financiero. No es exagerado sostener que dichas medidas merecen un debate de Estado amplio y serio, no una aprobación apresurada.

En ese sentido, conviene clarificar la discusión pública alrededor de esto, ya que si un gobierno que lleva dos meses sin emitir los decretos de urgencia que podía dictar por iniciativa propia no lo hace, no es porque necesita más poderes, sino porque necesita usarlos.

Por ello, el debate de hoy en la Cámara de Diputados importa. Pero importa en tanto ponga de relieve lo que ocurre en las calles y contra los ciudadanos que exigen que sus autoridades finalmente gobiernen. Eso también es democracia.

Y ante una entendible denegatoria a la solicitud de facultades, el gobierno sigue teniendo el poder y puede gobernar con lo que ya tiene. En otras palabras, demostrar que la gobernanza no depende de las facultades que el Parlamento le otorgue, sino de la voluntad política de ejercer las que ya posee.