Representación y realidad: emoción, ver­dad, acuerdo. (Re)construcción de la experien­cia pictórica personal y su relación con la pin­tura de historia y las imágenes de los media en la contemporaneidad es el título del proyecto de tesis doctoral con el que presenta una inte­rrogante sobre el lugar que ocupa la pintura de “historia contemporánea” en un espacio en el que las imágenes que representan nuestro diario vivir y quehaceres domésticos están siendo acaparadas por el cine, por internet y las nuevas plataformas, posicionándolas de tal manera que casi no nos permiten pensar o ac­ceder a espacios más personales para observar nuestras inquietudes visuales cotidianas. Y él, insistiendo en lo suyo, nos propone series que trabajan el resultado de su observación. Recu­perando imágenes que nos invaden, siendo nuestro lenguaje más contemporáneo. Frases visuales que nos tratan de “vender” diversas actividades, realidades específicas y su con­secuente consumo con fórmulas publicitarias que lo inquietan, y nos lo comenta. Vemos a un observador minucioso que se pregunta sobre ese sistema que todo lo abarca y, quizá, repite sus metodologías, pero paradójicamente las moldea con el sable de la crítica sutil. Presen­tando opciones de conquistas visuales en ese mercado de imágenes de una manera sugestiva o misteriosa y con clara sencillez. Con frases visuales que subrayan manipulaciones e im­posiciones con las que estas cotidianidades nos vienen manejando.

Miguel Aguirre es el ejemplo de aquel artista que trabaja sobre lo que le preocupa, que cues­tiona sus entornos y los subraya. En el catálogo de su muestra más reciente en el ICPNA, nos comenta que durante su carrera ha realizado algunos retratos por encargo, pero considera que estas piezas se salen de su trayectoria por­que lo que él normalmente hace es hablarnos de lo que le preocupa, de aquello que le llama la atención en esa inmensa variedad de imáge­nes que a diario nos invaden para vendernos las realidades más felices, esas a las que nunca llegamos y que difícilmente existen.

Y otros artistas también son distraídos con esas arbitrarias exigencias para satisfacer inquietudes más comerciales, para hacerles ganar a quienes se las proponen ese sencillito de comisiones, disimuladas en caminos retor­cidos y claramente manipulados con los que los tuercen y a los que por necesidades de las más domésticas acceden, desviándose de sus verdaderas trayectorias. Por acceder a trofeos pecuniarios e inmediatos que, además, difí­cilmente llegan, saliéndose de sus cuestiona­mientos, de sus frases de protesta, olvidándose de sus inquietudes y verdaderas propuestas por buscarse el qué comer.

Y es responsabilidad de todos aquellos que organizan y comercializan con el arte, quienes con las excusas más inverosímiles y triviales como la de recostarse en la beneficencia ajena, caprichosa manipulación, van embaucando a quienes tendrían que ocuparse de asuntos más comprometidos, desviándolos hacia la búsqueda de esas banales y pequeñas recom­pensas económicas a las que quieren acostum­brarlos porque saben que, tanto como ellos, también las necesitan. Y los tratan de dirigir.

Porque es la nueva consigna, di­rigir y ordenar. Manipular las libertades para poder utilizar claridades ajenas como si fue­ran las propias, aquellas que transitan por caminos limpios, descubiertos por quienes se ocupan del desarrollo íntimo de sus intelectos manejando opciones más ho­nestas y rigurosas al avanzar: hacia su solitaria tranquilidad, hacia las respuestas visuales más personales y mejor logradas, hacia un nuevo orden del universo artístico.

Y sin que la manipulación de quienes traba­jan en “difundir” el arte sea suficiente, el Con­greso de la República ha dictado la Ley 32654. Una ley del artista que criminaliza el arte po­pular y viola la libertad de expresión exigiendo inmensos absurdos como el de necesitar una colegiatura para el ejercicio artístico formal, reconociendo como artistas únicamente a quienes cuenten con este título profesional.

Ya no son artistas Jean-Michel Basquiat, Eric Clapton, Max Ernst, Dizzie Gillespie, Jimi Hendrix, Frida Kahlo, Yves Klein (estu­dió para ser judoka), Vincent van Gogh, Yoko Ono, Henri Rousseau, Leonardo da Vinci, to­dos autodidactas…

¿Cuántos de los congresistas, quienes ahora y tan arbitrariamente quieren dirigir el camino de nuestras libertades, son colegia­dos? Colegiaturas que sí deberían tener pues nuestros destinos dependen de sus correctas deliberaciones…

Zapatero a tus zapatos.

Paralela a esa versión hay otra, según la cual EEUU estaría evaluando aplicar aranceles de 12,5% a las exportaciones de Perú, Chile y otros países que importen productos elaborados con trabajos forzosos. Vemos, entonces, que podríamos estar avanzando hacia el epicentro de la sinofobia del gobierno de los EEUU.

En el caso de Perú, la discordia es por el megapuerto de Chancay, considerado un peligro por los militares estadounidenses. En el caso de Chile, se trata de un rechazo por los cables submarinos de alta tecnología que nuestro vecino viene tendiendo por el océano Pacífico. Más los trabajos forzosos, claro.

¿A dónde puede llegar todo esto? Lo de Chancay se calmó un poco con compras militares de Lima a Washington, en la forma de aviones F-16 y de elementos para una modernización de la base militar del Callao. También se habla de una instalación aeroespacial al norte de Lima, es decir, en Chancay, y de la concesión de algunos puertos del sur.

Volviendo a los Institutos Confucio, estos son centros de estudios de la cultura china, cuyo funcionamiento Beijing financia por todo el mundo con el propósito de divulgar su cultura. Hay cientos de ellos, y no hemos escuchado sobre otros pedidos diplomáticos de clausura. Ningún país desarrollado tiene menos de diez, y muchos tienen veinte.

Hay en el Perú centros similares, privados o gubernamentales, de los principales países del mundo, pero en ningún caso se ha hablado sobre una posible clausura. El asunto parece una iniciativa del embajador estadounidense buscando ganar puntos en Washington (Pentágono o Departamento de Estado) a expensas de Torre Tagle.

Vemos, pues, que el próximo canciller no ha sido nombrado, pero ya podría estar metido en problemas con China hasta el pescuezo. ¿Las versiones que comentamos buscan influir en ese nombramiento? Lo más probable es que el Perú busque mantenerse en una posición intermedia entre las dos potencias en pugna, como se ha hecho hasta ahora.

Más fácil sería pedir un cambio de embajador estadounidense que inclinar nuestra política exterior hacia Donald Trump.

Estados como el alemán, el de Singapur o el chileno, tienen burocracias que atraen talento precisamente porque el Estado ofrece estabilidad y una remuneración que compite con el sector privado en condiciones transparentes. En el Perú la cosa, muy a pesar de los peruanos, es distinta.

Aquí el servicio público mejor remunerado no es necesariamente el más eficiente ni el más meritocrático. A veces es simplemente el que tiene más poder para fijarse sus propios beneficios sin que nadie se lo impida.

Un reportaje reveló que en cinco años, el gasto en planillas del Parlamento pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025. Un incremento del 125% que duplica el presupuesto de personal sin que la institución haya explicado públicamente los criterios que lo justifican. Todo esto mientras aprobaba leyes procrimen y firmaba convenios con el fuero militar.

La trayectoria de esto merece leerse con atención. El convenio colectivo que disparó estos beneficios fue suscrito durante la gestión del ahora senador electo fujimorista Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso y abarca el periodo 2026-2027.

El mismo parlamentario que presidió las leyes más cuestionadas de la legislatura saliente también firmó el acuerdo que el nuevo Congreso bicameral ya heredó.

Con 190 congresistas en lugar de 130 y siete asesores de confianza por cada uno, el costo del nuevo Parlamento puede superar con creces los S/906 millones del año pasado. El primer acto de responsabilidad fiscal del nuevo Congreso debería ser revisar ese convenio. Lo mínimo que le debe al país que, al final de cuentas, lo paga.

Un movimiento sísmico que en otras circunstancias hubiera causado alarma pero no muertes, en estas comunidades fue suficiente para llevarse vidas. Eso es lo que el Perú tiene que leer con atención esta semana, con un nuevo gobierno a punto de asumir.

Hay un argumento que se repite cuando el país crece, el de que el crecimiento económico lo resuelve todo con el tiempo. Y es cierto que entre 2000 y 2025 el Perú redujo la pobreza de más del 50% a alrededor del 30% y expandió su clase media a un ritmo notable.

Sin embargo, millones de familias siguen viviendo en viviendas autoconstruidas, sin asistencia técnica, en zonas de riesgo sísmico, sin estudios de suelo y sin cumplir ninguna norma mínima de construcción. Lo de Junín no es un accidente. Es el resultado directo de una precariedad que el crecimiento económico todavía no alcanzó a resolver y que el modelo celebrado en los discursos oficiales no suele mencionar.

El Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica del planeta, y registra al menos 400 sismos perceptibles al año. Lima tiene más de diez millones de habitantes, un déficit estructural de viviendas formales que acumula décadas y es, según los expertos, la capital más vulnerable a un gran terremoto en América Latina. Cuando llegue el próximo sismo, y los geólogos coinciden en que llegará, Lima, como muchas otras que tenemos hoy, no está en condiciones de resistirlo.

El nuevo gobierno y el nuevo Congreso bicameral tienen en esto una tarea que va mucho más allá de la respuesta de emergencia. Un plan de Estado para reducir la vulnerabilidad sísmica, con reforzamiento de viviendas informales, actualización del mapa de riesgo de Lima y mecanismos para que las familias más vulnerables puedan mejorar sus construcciones con asistencia técnica, es una prioridad de seguridad nacional.

Lo que pasó en Junín esta semana fue una advertencia moderada. Los peruanos no deberían esperar la grande para empezar a prepararse.

Vivimos una auténtica hemiplejia institucional. Mientras Julio Velarde defiende la frontera monetaria desde el BCR con la seriedad de siempre, el Congreso se ha dedicado a fundar una doctrina fáctica que bien podríamos bautizar como fujisocialismo: una alianza donde Fuerza Popular, con el voto militante de su bancada, perforó la caja fiscal por la espalda de la mano de sus supuestos enemigos ideológicos, sacándole la vuelta al artículo 79, que prohíbe al Parlamento tener iniciativa de gasto.

Las alertas del Consejo Fiscal son escalofriantes: entre planillas permanentes por insistencia y el desmantelamiento del ahorro privado, este Legislativo le ha infligido un golpe de decenas de miles de millones de soles a la estabilidad financiera, empujándonos al mayor déficit fiscal en un cuarto de siglo.

La contradicción tiene nombres en las actas. Fue este bloque el que articuló la Ley 32561 para la nivelación de pensiones militar-policial, inyectando una presión irreversible de 11.400 millones de soles anuales. Fue el fujimorismo el que avaló la Ley 32387, que modificó el Foncomun para atomizar el presupuesto en alcaldías aliadas, y el que promovió beneficios tributarios ciegos como la rebaja del IGV Justo a restaurantes; un fiasco donde el 76% del sacrificio fiscal benefició exclusivamente al 20% de las empresas más grandes.

La joya de la corona de este mercantilismo es la agroexportación, sector al que le devolvieron privilegios reduciendo el Impuesto a la Renta al 15%. Y el golpe de gracia llegó en educación: en un pacto para asegurar la Mesa Directiva, Fuerza Popular unió sus votos con la izquierda y el Bloque Magisterial para desmantelar la meritocracia, ordenando el nombramiento automático de docentes jalados y reincorporando a 14.000 cesados. ¿La factura? Más de 5.000 millones de soles anuales en gasto corriente.

Para financiar esta farra y pagar favores políticos, se recortaron 7.600 millones de soles destinados a la inversión pública. El ciudadano de a pie sufrirá este infarto al desarrollo cuando vaya a un hospital público y, como siempre, no le den medicinas o citas. Las comisarías seguirán con patrulleros sin gasolina y seguirán colapsando los desagües por falta de saneamiento. Los colegios se seguirán cayendo. Lo más preocupante: ante la inminencia de los letales efectos del Fenómeno del Niño, la demagogia de las curules desvistió el presupuesto de prevención climática; cuando los ríos se desborden por falta de prevención, la culpa no será de la naturaleza, sino de los votos.

La gran ironía histórica está consumada. Keiko Fujimori llega a Palacio con una economía asfixiada por la voracidad de su propia bancada. A partir del 29 de julio, tendrá que elegir entre ser el dique de contención que frene a este fujisocialismo parlamentario o terminar de quebrar el modelo que su propio padre fundó.

Alejandro Céspedes García: José, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza de la macroeconomía peruana?

José Távara: La principal fortaleza de nuestra macroeconomía es que tenemos una inflación baja, a pesar de las dificultades del contexto internacional y de lo que se viene con El Niño. También tenemos una deuda pública comparativamente reducida en relación con el valor total de los bienes y servicios que producimos. El Perú es un país con deuda baja y, por eso, puede acceder a financiamiento externo en condiciones relativamente razonables, con tasas de interés comparativamente reducidas frente a otros países de la región. Podemos emitir bonos: el Tesoro peruano los emite para financiarse y para reestructurar la deuda. Cuando sale a ofrecer, por decir, 100, la demanda llega a 400. Eso nos da posibilidades de financiarnos.

Pero hay que decirlo con claridad: esto se mantiene a pesar de una conducta irresponsable del Congreso saliente, que ha aprobado una serie de leyes que comprometen gastos hacia el futuro y generan riesgos advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal. El Tribunal Constitucional, hace pocos días, cambió de criterio y ahora reconoce que es grave e irresponsable dar iniciativa de gasto a congresistas que responden a motivaciones políticas de corto plazo, según el ciclo electoral, y no a políticas de Estado con una mirada de largo plazo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué otros riesgos enfrenta la economía peruana?

José Távara: Un dato muy preocupante es la baja calidad de la inversión pública, que además tiene impacto de largo plazo. Buena parte de los proyectos se inician y terminan paralizados, con obras abandonadas y los fierros de las estructuras oxidándose. Es una dilapidación de recursos inadmisible.

Esto tiene que ver con la corrupción en gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, y debe combatirse con la mayor energía. No podemos seguir con hospitales a medio construir y abandonados, carreteras o puentes que se caen poco después de construidos. Eso es inaceptable.

Hay que fortalecer la Contraloría General de la República, que a veces se queda en procedimientos formalistas sin llegar al fondo del asunto. Quienes son responsables de ese tipo de decisiones, o de actos de corrupción, deben asumir las consecuencias y ser sancionados. Los mecanismos de evaluación de la inversión pública deben ser mucho más robustos, y ahí la responsabilidad recae también en el Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano central.

Alejandro Céspedes García: Se habla de buenas perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto dejamos de crecer por la economía informal, la minería ilegal y el narcotráfico?

José Távara: Me gustaría afinar un poco la pregunta: más que cuánto más podríamos crecer, la pregunta relevante es cómo crecemos. Ese es un viejo debate que tengo con colegas: para algunos, salvo el crecimiento del PBI, todo es ilusión, y hay que crecer, crecer y crecer. Yo no comparto esa perspectiva. El tipo de crecimiento es muy importante. Nadie discute la importancia de crecer con mejores servicios públicos, mejor educación, mejores sistemas de salud. Eso debería reflejarse, por ejemplo, en mayor productividad de los trabajadores y las empresas, en desarrollo cultural, en un mayor consumo de bienes inmateriales y contenidos artísticos que integren al país y a nuestra diversidad.

Esto se relaciona con una distinción que enseñan las buenas escuelas de economía: la diferencia entre los flujos y los fondos, los stocks. Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, los ahorros, la casa: eso son los stocks. Si uno crece depredando sus recursos, ese crecimiento no es sostenible. Si crecemos con tala ilegal, con oro extraído ilegalmente que contamina los ríos, si permitimos que se siga destruyendo la Amazonía, en algún momento eso nos pasará factura.

A escala global hay evidencia de que El Niño ocurre cada vez con mayor frecuencia y se intensifica. Estamos batiendo récords de temperatura en el planeta y también en nuestro país. Estamos llegando a límites biofísicos planetarios. No es filosofía: hay estudios de los mejores científicos de la física, la geografía y la astronomía que muestran, con evidencia contundente, que el planeta tiene límites, y que una vez que se cruzan ciertos umbrales los resultados pueden ser irreversibles.

El Perú no es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Somos un país pequeño, no industrializado, no intensivo en consumo de energía por habitante. Pero tenemos la responsabilidad de proteger uno de los pulmones más importantes del planeta, la cuenca amazónica, y la estamos destruyendo. Con El Niño vienen lluvias que expanden la vegetación; luego llega la sequía, se seca, y eso se convierte en pasto para las llamas. Cada año se destruyen decenas de miles de hectáreas por incendios.

Proteger la Amazonía supone combatir con eficacia la minería ilegal, que contamina los ríos con mercurio, con niños que se bañan en aguas amarillentas. Hay corrupción en algunos sectores de las fuerzas policiales que permite que las dragas circulen impunemente, y eso debe combatirse enérgicamente. El Estado debería estar presente en la Amazonía, especialmente en las reservas naturales que ya están legalmente protegidas pero cuya protección hoy es puramente nominal.

Deberíamos aprender de otras experiencias. Sudáfrica, por ejemplo, tiene turismo hacia sus reservas naturales y cadenas de hoteles públicos presentes ahí. Otro ejemplo son los paradores españoles, una cadena de hoteles públicos. ¿Por qué no pensamos en un plan de inversiones así? Eso requeriría una ley expresa que autorice la presencia de inversión pública, por ejemplo en servicios de hostelería en estas áreas críticas, lo que además movilizaría inversión privada en otras áreas. Hay que proteger la Amazonía, y no se protege si se abandona: hay que estar presentes ahí, con infraestructura y servicios de calidad, todo regulado, para evitar la depredación de uno de los principales pulmones del planeta.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo afecta la inseguridad y el crimen organizado a la economía y a la política monetaria del Banco Central?

José Távara: Es una buena pregunta. El objetivo central de la política monetaria es la estabilidad de precios, la fortaleza de nuestra moneda, y no debemos desviarnos de eso. Pero para cumplir ese objetivo, con un horizonte más amplio, hay que tener en cuenta los impactos de la destrucción de nuestros ecosistemas provocada por la criminalidad: las drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, que están destruyendo la Amazonía. Combatir la criminalidad es una tarea compleja que tiene que ver con los problemas macroeconómicos de más largo plazo.

Alejandro Céspedes García: Mencionaste al Banco Central como una institución fuerte. ¿Esa fortaleza depende solo de que Julio Velarde continúe al mando?

José Távara: Entre las fortalezas que mencioné está tener una institución fuerte como el Banco Central, gracias al liderazgo de Julio Velarde, pero también, y sobre todo, al extraordinario nivel de desempeño de los equipos profesionales, del gerente general para abajo, algo que a veces no se reconoce. De hecho, es contradictorio decir que el presidente del Banco Central tiene que quedarse porque si no todo se viene abajo, y al mismo tiempo afirmar que es una institución fuerte: o es una cosa o la otra. Las instituciones no pueden depender exclusivamente de una sola persona. Julio tiene un liderazgo muy valioso y legítimamente reconocido, mas no hay que dejar de lado el reconocimiento a los equipos profesionales, hasta la última línea, hasta las áreas de servicio.

Alejandro Céspedes García: ¿Por qué el Perú, con instituciones sólidas como el Banco Central, tiene resultados tan malos en salud o en educación?

José Távara: Hay un colega que investiga que en casi 200 años desde la independencia no hemos logrado establecer un pacto fiscal. El contraste entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación, y el hecho de que el Perú encabezó el número de muertes por la pandemia en el mundo, o que estemos en los últimos lugares en las pruebas PISA, nos tiene que decir algo. No puede ser que tengamos instituciones fuertes y una macroeconomía estable por el lado de la inflación y, al mismo tiempo, un Estado fiscalmente raquítico. El tamaño fiscal del Estado es muy reducido comparado con otros países de la región, ni qué decir con los de la OCDE. No hemos logrado un acuerdo sobre la necesidad de una base tributaria más amplia, de mayor recaudación para sostener una provisión de bienes públicos esenciales con un mínimo de calidad para todos los ciudadanos. Se necesita una reforma tributaria que ensanche la base, y que la gente entienda que paga impuestos porque recibe servicios a cambio.

¿Pero qué ocurre cuando las madres de familia van con sus hijos o esposos al hospital y les dicen que vuelvan dentro de cuatro meses porque no hay citas? ¿O cuando en la escuela pública de una zona rural hay un solo maestro, cuando la infraestructura se cae en pedazos, cuando no hay buena provisión de servicios de calidad? Yo estudié en la UNI, que tiene cerca de 13.000 o 14.000 alumnos, mientras que algunas universidades privadas, con fines de lucro, tienen 200.000. ¿Por qué la Universidad Agraria no ha crecido, por qué no tiene 100.000 alumnos como la Universidad de Buenos Aires o más? Ahí hay un serio problema de educación de calidad, y lo mismo puede decirse de la precariedad en la educación primaria y secundaria, que se traduce en los resultados de las pruebas PISA.

La seguridad es otro servicio: si tienes dinero, contratas seguridad privada, o el guachimán de la cuadra si el barrio es de clase media. Pero si es un barrio popular, te asaltan, o tienes que cerrar tu negocio. Se están cerrando cientos o miles de bodegas por la extorsión, y la gente no paga impuestos, pero sí paga el cupo al extorsionador, en lugar de pagar impuestos que podrían fortalecer la calidad del servicio de las fuerzas policiales, lo que pasa por combatir la corrupción. Y la corrupción se combate barriendo la escalera de arriba hacia abajo: no se combate solo metiendo preso al policía que recibió la coima, sino viendo quiénes son los generales que dirigen la institución y que podrían estar comprometidos por complicidad u omisión. Ahí hace falta una reforma muy radical, pero como punto de partida hay que entender la necesidad de un pacto fiscal.

Alejandro Céspedes García: Con los precios altos del cobre y el oro, ¿corremos el riesgo de repetir errores del pasado, como con el guano?

José Távara: Ahora que el país recibe precios de metales de exportación muy altos, y con ellos ingresos fiscales de la minería, como antes fue el guano, estamos viviendo la prosperidad falaz de la que hablaba el gran maestro Basadre. Con el cobre y el oro por las nubes, el pueblo recibe ingresos y estamos contentos: la gente no tributa, el Estado hace como que gobierna y la gente hace como que trabaja. Estamos en un equilibrio de bajo nivel, y eso no puede continuar. Tenemos que elevar la calidad de los servicios para que el niño que nació en Huancavelica reciba un nivel de educación parecido al niño que nació frente al golf de San Isidro y accede a una escuela de calidad: ahí no pueden existir esas diferencias. Yo he vivido en el extranjero, mis hijas fueron a la escuela pública, y esa escuela ofrecía un alto nivel de calidad. Eso lo vemos en Europa, incluso en Estados Unidos: los países capitalistas desarrollados tienen escuelas públicas de calidad. Eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente.

Alejandro Céspedes García: Hay una pregunta que siempre surge ante un pacto fiscal como el que propones: de acuerdo, se pagan más impuestos, pero antes tiene que haber una reforma de la capacidad del Estado para que esos impuestos no se vayan en la corrupción. La gran corrupción, como lo anunció Proética a fines del año pasado: obras que no tienen mucho sentido, como la compra de aviones muy caros, o financiar el déficit de empresas como Petroperú.

José Távara: Exactamente. Hay que preguntarnos por qué en otros países las empresas públicas funcionan razonablemente bien y aquí no. No es que en el Perú seamos marcianos que no sabemos manejar empresas públicas. El ejemplo de España, los paradores en monasterios, castillos y palacios, el patrimonio arqueológico que el Perú tiene y que podría aprovecharse bien, como las huacas abandonadas en Lima, sobre todo en la Amazonía y en las zonas de frontera, muestra que hay que pensar en cómo se gobiernan las empresas públicas, adoptando principios de buen gobierno corporativo del sector privado: directorios con personas íntegras, nombradas por periodos definidos, que no puedan ser removidas sin expresión de causa. Eso está en una propuesta elaborada por profesores de derecho constitucional de la Universidad Católica, para darle autonomía a instituciones como la Sunat, el órgano que recauda impuestos.

Alejandro Céspedes García: ¿Y en el caso del Banco Central, cómo funciona esa protección frente a las presiones políticas?

José Távara: El Banco Central está protegido: a mí no me pueden remover salvo con dos tercios de los votos de los congresistas en el Congreso anterior; ahora, con el nuevo Senado, será con el 50% de los votos de los senadores. Eso da cierto nivel de protección: salvo falta grave, no te pueden sacar hasta que cumples tu periodo. Yo estoy a punto de cumplirlo, y me iré en los primeros días de agosto, cuando nombren a los nuevos directores. Cumplí mis cinco años sin que nadie me presionara; no acepto ningún tipo de presiones, y no me pudieron sacar durante ese periodo porque no cometí falta grave. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Sunat? Hemos tenido tres superintendentes en los últimos 23 años. En el Indecopi, igual: a pesar de que la ley establece que el presidente y los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por cinco años y no pueden ser removidos sino por falta grave, los sacan por presiones políticas y ponen como director al asesor del ministro de turno, para que responda a la lógica política del ministro en lugar de responder al bien común.

Necesitamos construir el Estado y separarlo del gobierno de turno. El Estado no puede ser el botín del gobierno de turno. Hay que fortalecer las decisiones sobre el Banco Central: es una lógica que los políticos y la ciudadanía deberían asimilar. Necesitamos instituciones del tipo del Banco Central, con autonomía. Eso podría pasar, por ejemplo, por reformar Servir y darle autonomía, para que ordene el ingreso a la carrera pública, las promociones y la formación de gerentes públicos. En España existen las oposiciones: uno entra al Estado por un concurso, compitiendo con otros aspirantes, con pruebas de conocimiento, no porque tiene un amigo que le da trabajo, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Ese chip lo tenemos que cambiar. Tenemos que reconstruir el Estado, barrerlo primero de quienes han entrado sin mayores calificaciones y no quieren que nada cambie, y restablecer la carrera pública, entendiendo que quienes trabajan en el Estado son servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos. Como muchas personas no pagan impuestos y tampoco reciben buenos servicios del Estado, estamos en este equilibrio de bajo nivel, en esta trampa.

"La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber. "

Estas líneas pertenecen a las conclusiones 13, 14 y 53 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conviene leerlas y releerlas, porque los tiempos que vienen pretenden instalar una mentira: que la CVR restó responsabilidad a Sendero Luminoso y desconoció a los buenos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales.

El segundo fujimorismo, en típica actitud autoritaria, busca ya desde hace años una reescritura de la historia. Solo esta semana hemos tenido varias columnas y entrevistas de adulones del presente y del pasado que han negado las actitudes autoritarias de Fuerza Popular desde el Congreso desde los últimos años, han olvidado convenientemente la corrupción en la que nos hundió Alberto Fujimori y sus huestes, y finalmente han tratado una vez más de eliminar de nuestra historia un esfuerzo por reconocer a quienes nos faltan, que es lo que el Informe Final de la CVR propone.

La instalación del nuevo Congreso de la República y el accionar de la bancada de Fuerza Popular en tándem con el Ejecutivo ya ocurre desde diciembre de 2022, pero ahora será sin caretas o disimulos. Es fácil anticipar que su conducta no será más democrática ni resguardará al país de las economías ilegales y las organizaciones criminales; por el contrario, lo entregarán con mayor desparpajo

No se trata de ser fatalista, sino de mirar la evidencia. No se trata de hacer futurología, sino de acercarnos a una línea histórica reciente de comportamiento de una organización política con legajo criminal. Por ello importa no perder de vista los hechos —mientras otros no pierden de vista carguitos y consultorías— y defender la memoria como lo que es: una tarea colectiva que no admite reescrituras.

En educación, los primeros cien días siempre revelan una manera de entender las urgencias del país. Hay gobiernos que empiezan cambiando nombres de programas, removiendo funcionarios o peleándose con el currículo. Hay gobiernos que convierten la educación en un botín: reparten cargos, pagan favores y subordinan el futuro de millones de estudiantes a la lógica del regalo político. Y hay gobiernos que empiezan por hacerse las preguntas correctas: ¿por qué un niño de tercero de primaria todavía no comprende lo que lee? ¿Por qué un maestro siente que el Estado solo se acuerda de él cuando toca evaluarlo o cuando un conflicto sindical altera la calma de Palacio?

No hace falta inventar una nueva revolución educativa. Sí es inexorable dejar de usar la educación como campo de la batalla política.

Lo que hace falta es decidir. Y decidir es establecer prioridades. Presidenta, si la educación va a ser una prioridad de verdad, estas son siete decisiones que no admiten espera.

 1. Recupere los aprendizajes.

No permita que otra generación pague el costo de la demora y el ausentismo del Estado. Recuperar los aprendizajes no es un programa; debe ser el objetivo de justicia que ordene todo el sistema educativo. Cada escuela debería saber, con evidencia, quiénes están quedándose atrás y contar con recursos diferenciados, horarios extendidos, alimentación segura, tecnologías digitales y acompañamiento docente para recuperarlos.

Ningún estudiante debería terminar la primaria condenado a aprender menos que uno en la zona urbana o la capital. El mundo acelera; el Estado no puede seguir llegando tarde.

 2. Devuélvale prestigio a la profesión docente.

No les pidamos excelencias heroicas si el Estado no les ofrece una carrera excelente. La docencia no es heroísmo, es profesionalismo.

La carrera docente hoy parece una suma de piezas sueltas. Conviértala en una trayectoria. Articule en un solo sistema la formación inicial de los Institutos Pedagógicos, abandonar los contratos temporales por la atracción a la carrera pública, la formación continua en cada territorio aliando universidades, escuelas superiores y sector privado, evaluaciones que lleven a mejores compensaciones y a la diversificación profesional. El docente necesita una trayectoria completa, exigente y predecible, y ser reconocido por la sociedad como referente para la vida de nuestros hijos, que son protagonistas del cuidado, de la protección y de la inspiración ciudadana.

 3. Invierta en darle dignidad a las escuelas.

La infraestructura no es cemento. Es dignidad.

Colegios de excelencia y del talento son positivos, claro, pero empiece por donde más duele la indiferencia: agua, desagüe, alimentación, conectividad y salud. Inicie una estrategia de aceleración del saneamiento físico-legal de los terrenos escolares. Una escuela cuyo terreno está regularizado deja de ser propiedad de un ministerio lejano y puede convertirse en un proyecto cooperativo del sector privado y toda la comunidad.

 4. Proteja las escuelas como espacios seguros

Una escuela insegura deja de ser una escuela para exhibirse como una amenaza más.

Convierta la protección de niñas, niños y adolescentes en una política compartida entre Educación y otros sectores, Interior, Ministerio Público, gobiernos locales y familias. La salud emocional y mental de nuestra adolescencia es un ancla trascendental del carácter, empatía y estabilidad de sus futuros. La violencia ya no está fuera del colegio; está dentro de sus familias, dentro de ellos mismos, y espera todos los días a la hora de entrada con los estudiantes.

 5. Conecte la educación superior con el futuro de los jóvenes

El diseño de un Ministerio actualizado al Perú de hoy ya está aprobado, pero no se ha tenido el coraje de implementarlo. Cree por fin el Viceministerio de Educación Superior, la autoridad que articule las trayectorias y los tránsitos entre la educación Técnica, Tecnológica, Pedagógica y Universitaria, que conduzca con liderazgo sólido un sistema de aseguramiento de la calidad con una Sunedu autónoma de sus supervisados, y con una rectoría capaz de planificar la oferta educativa pública según las necesidades productivas de los territorios y sus economías, no según las presiones políticas del Congreso. Renueve por todo lo alto una estrategia de becas y crédito educativos que devuelva esperanza de estudios superiores a los que se lo han trazado. La educación superior debe responder al país que queremos construir, no al siguiente ciclo electoral.

 6. Una al Estado educador.

El Ministerio de Educación no educa solo. Hay más instancias públicas y privadas haciendo educación, pero no las reconocemos así.

Cada año el Estado invierte miles de millones formando personas desde otros sectores: hospitales, centros de innovación tecnológica, capacitación laboral, programas de autonomía económica, educación técnico-productiva, formación de jueces, policías y servidores públicos. Nadie los articula. Cree un Sistema Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos que convierta esa suma de esfuerzos en una política de capital humano para la competitividad y la descentralización real de capacidades.

La educación es un vehículo para una ciudadanía que recupere el valor de la democracia y la justicia, que abrace una historia con memoria común, que reconcilie con dignidad y sin impunidad. De ese tamaño es la responsabilidad de un Estado educador.

 7. Escuche antes de decidir con expertos.

Gobernar es escuchar.

No convoque otra comisión de expertos si no es para un diálogo abierto y nacional donde docentes, familias, empresarios, sindicatos, investigadores y autoridades locales construyan soluciones para cada territorio. La educación necesita menos decretos escritos en Lima y más acuerdos construidos en las provincias. El espacio ciudadano y empresarial por la educación ha crecido mucho desde los años 90 a la fecha, el país que pone la educación en la agenda ha cambiado. Convóquelos.

 La educación no necesita otro gobierno que empiece de cero. Necesita un gobierno que tenga el coraje de tomar las decisiones correctas antes que las decisiones populares.

Presidenta: el Perú ya perdió demasiadas generaciones esperando que alguien haga de la educación una prioridad y no un discurso.

No permita que la siguiente también tenga que esperar.

En la gestión pública peruana padecemos de un síndrome parecido. Siempre me he resistido a esa frase que dice que no debemos enamorarnos de nuestras reformas. Pero es cierto que la empecinada y obsesiva atracción de hacer de la reforma del Servicio Civil en la Ley 30057 y de su complejo proceso de implementación un único e intocable vehículo, no nos ha permitido alcanzar el fin que persigue: meritocracia, predictibilidad y servidores idóneos para el ciudadano. Nos quedamos contemplando el barco atascado en el lodo de la montaña, aplaudiendo su magnanimidad, la buena idea que llevó a su creación, el esfuerzo de empujarlo, mientras el río de la administración pública sigue desbordándose por otro lado, y la meta sigue en un horizonte lejano.

La realidad nos demuestra que la estrategia basada en el tránsito voluntario y progresivo de las entidades públicas simplemente no funcionó. En el Perú convivimos hoy con regímenes laborales que albergan a 1 millón 600 mil servidores públicos (300 mil más que hace 10 años). Sin embargo, la paradoja de este universo es devastadora: tras más de una década de vigencia de la reforma, el número de personas que efectivamente ha transitado al nuevo régimen de SERVIR apenas supera los 1.800 trabajadores en todo el país. Lograr que, en promedio, solo 100 trabajadores por año migren a la meritocracia formal no es avanzar; es quedar atrapados en un laberinto burocrático.

Mientras nos obsesionamos con el interminable checklist del tránsito idealizado, la precarización camina por la vereda de enfrente. La planilla pública costó en el último año una cifra aproximada de S/79 mil millones (un incremento del 65% con el escenario de una década atrás), empujada abrumadoramente por las carreras especiales y el régimen CAS, que hoy alberga a más de 400 mil trabajadores. De la genial idea de contar con centenares de Gerentes Públicos en puestos claves hoy tenemos menos de 75 a nivel nacional.

Pero el síntoma más alarmante de la distorsión del sistema se encuentra en una mutación interna. Tras la aprobación de leyes que convirtieron a un grupo importante en CAS Indeterminados (unos 100 mil servidores que encontraron estabilidad eterna sin ninguna línea de carrera), la necesidad de flexibilidad operativa de las entidades no desapareció. Al contrario, abrió la puerta a un nuevo atajo: la proliferación de contrataciones bajo nuevas e innovadoras etiquetas.

Se estima, y no hay cifra cierta porque siempre hay forma de esconderla, que más de 200.000 servidores son contratados en un limbo normativo y en un enorme bolsón de locadores o terceros que emiten órdenes de servicio para realizar funciones subordinadas y permanentes de oficina. Estas figuras representan el gran atajo de las entidades públicas: una válvula de escape para sortear las restricciones de contratación y, sobre todo, para evadir los rigores de la meritocracia y el concurso público. Mientras la burocracia reformista diseñó el puente perfecto que lideraba SERVIR, las entidades y sus ortodoxas formas de sobrevivir cruzaban el río usando la informalidad y contratos grises, sin rendir cuentas a nadie.

Cuando las herramientas de una reforma se vuelven un fin en sí mismas, la gestión pública se deshumaniza. Reconocer este fracaso no implica renunciar a la meritocracia ni claudicar ante el clientelismo, por supuesto que no. Al contrario, urge salvar el fondo del asunto buscando otra ruta.

De cara al próximo gobierno, pensar por dónde comenzar es clave. Si el tránsito masivo, homogéneo e institucional falló, la nueva estrategia debe ser quirúrgica y priorizada desde los puestos que más urgen. No necesitamos reestructurar de golpe los organigramas de todos los ministerios o municipalidades; necesitamos identificar y blindar los puestos más críticos del Estado. La meta debe ser ambiciosa pero focalizada: si todos tienen una alta respetabilidad por figuras como las de Julio Velarde, bueno, ¿cómo lograr tener más de 100 "Julios Velardes" liderando la administración pública en sectores críticos?

Comencemos con asegurar que los directivos que aprueban el planeamiento de las inversiones multianuales en Educación y Salud sean profesionales intachables y competentes, que lo sean quienes regulan el acceso a medicamentos y equipos médicos en Salud, aprueban las reglas de la formalización minera, contratan a gran escala las compras y distribución de textos escolares, dirigen la mejora regulatoria de la libre competencia, de la simplificación administrativa y la tramitología municipal, los que emiten licencias y autorizaciones que afecten la sostenibilidad ambiental en equilibrio con la inversión consciente y el ordenamiento territorial, sean los mejores de los mejores. Gerentes Regionales y Municipales que entran por concurso, no por favor, que sean los mejores profesionales de sus territorios, que conozcamos quiénes son y a quién responden.

La propuesta es clara: el nuevo gobierno debe elegir un grupo acotado de entidades públicas con funciones críticas y de prestación directa de servicios a la ciudadanía. En ellas, se debe seleccionar un núcleo de mandos medios directivos —jefes de operaciones, directores de línea, responsables de logística— para ser elegidos bajo estrictos criterios de mérito y solvencia ética, en concursos públicos realmente públicos, con veedores de la sociedad civil que compongan comités de idoneidad para proponer ternas de candidatos, con mecanismos que transparenten y pongan en la mano de los ciudadanos toda la información sobre los intereses y los conflictos potenciales que pudieran haber de los funcionarios que entran a puestos de sensibilidad al clientelismo o la corrupción.

Ellos deben ser el verdadero punto de partida para integrarse de forma definitiva y protegida a la carrera pública. Al asegurar la calidad y la meritocracia en esta columna vertebral del servicio, no solo garantizamos que las políticas públicas se ejecuten bien, sino que desencadenamos un efecto demostrativo de buenas prácticas que, por gravedad, decantará en las demás áreas de la administración. Comencemos con 50; luego con 300, luego adicionemos a los responsables de logística, luego sumemos a los gobiernos regionales y locales, luego con los Oficiales de Integridad, y así. Y cada año, planteemos alcanzar una montaña más. Hagamos que las metas del SERVIR sean sin prisa y sin pausa, rendibles y medibles en el desempeño de los mejores.

Es hora de dejar de empujar el barco por la montaña. El servicio civil sigue siendo una urgencia nacional, pero el camino diseñado ya dio todo lo que tenía que dar. Si queremos que el Estado funcione, debemos bajarnos del fetiche del escritorio, abandonar el mito de 'Fitzcarraldo' y empezar a navegar, de una vez por todas, en las aguas de la realidad.

No obstante, pasaron solo pocos años para que en estos mismos países la izquierda regresara al poder. Alberto Fernández (2019) ganó las elecciones en Argentina, Lula da Silva (2023) en Brasil, Pedro Castillo (2021) en Perú y Gabriel Boric (2022) en Chile. Esta realidad no solo demostró la fragilidad del giro a la derecha, sino también el predominio del tradicional péndulo latinoamericano.

En el siglo XXI, el único giro político que se ha dado en la región fue la llamada “ola rosada”. El giro a la izquierda de aquella época perduró por más de una década, transformando, para bien o para mal, nuestros países. Con el fin de este proceso, en América Latina predominó el péndulo político: después de un gobierno de derecha viene un gobierno de izquierda (o viceversa).

Salvo algunas excepciones, como el caso de Claudia Sheinbaum (2024) en México (heredera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) o Nayib Bukele (2024) en El Salvador (aunque este por razones autoritarias), la región tiende al cambio.

En la actualidad vemos que esta dinámica continúa. A pesar de la popularidad de Gustavo Petro en Colombia, que bordea el 50%, esto no evitó la victoria de la derecha más dura e intolerante. En Bolivia, luego del gobierno de Luis Arce, la izquierda prácticamente desapareció, definiéndose la elección por dos candidatos de derecha, uno más radical que el otro. Y en Chile, José Antonio Kast, en su tercer intento, derrotó a la coalición de izquierda que había gobernado dicho país.

En Perú ha sucedido algo similar. Formalmente, Keiko Fujimori va a suceder a un gobierno de izquierda. Aunque la realidad es más compleja, la izquierda no pudo repetir la victoria del 2021. Se viene la elección en Brasil. ¿Volverá a manifestarse el péndulo o la izquierda seguirá dirigiendo al gigante sudamericano? Mientras la izquierda siga en el poder en México y Brasil, no se puede hablar de un giro a la derecha, más aún cuando es muy probable que en pocos años el péndulo latinoamericano traiga de regreso a gobiernos de izquierda en la región.

La primera razón radica en que se trata de una iniciativa que muy probablemente solo vaya a existir mientras Trump se encuentre en el poder. Al igual que la “Junta de Paz”, que surgió para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza luego de la destrucción causada por Israel y que pretendería reemplazar a las Naciones Unidas, el “Escudo de las Américas” solo se entiende como parte de una narrativa que Trump busca imponer en el mundo. Muchos países latinoamericanos, por afinidad ideológica o por miedo ante el accionar prepotente de la potencia mundial, terminan alineándose.

La segunda razón está relacionada con la forma como esta iniciativa enfrenta la problemática de la seguridad. Si bien resulta de mucha importancia que los países que sufren el flagelo de la delincuencia transnacional busquen crear mecanismos institucionales que favorezcan la cooperación, puede resultar un “arma de doble filo” el hecho de que el “Escudo de las Américas” considere a estas organizaciones ilícitas como grupos terroristas. Ya existen suficientes problemas para definir a nivel internacional el fenómeno del terrorismo como para incluir más actividades ilícitas dentro de dicho concepto. Para darle importancia a una actividad ilícita no es necesario llamarla terrorismo, pero vende. Además, la “guerra contra el terrorismo” le da a EE. UU. la posibilidad de utilizar la fuerza sin permiso del Congreso. Esta lógica justifica la intervención militar en Venezuela o cualquier futuro ataque que pueda realizar contra estas organizaciones en el territorio de algún país latinoamericano. Tanto hemos preservado el “principio de no intervención” como para acabar destruyéndolo.

Finalmente, la tercera razón es que esta iniciativa abre la posibilidad de cooperar para hacer frente a otras “amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”. En tal sentido, Trump ha señalado que esta coalición también busca hacer frente a las “influencias extranjeras malignas”. Considerando el regreso de la Doctrina Monroe con el “Corolario Trump”, es claro que el “Escudo de las Américas” también puede ser utilizado como una coalición contra la influencia china en América Latina. ¿A un país como el Perú le conviene esto? Obviamente no.

Con la colonia, esa mirada cambió. Durante tres siglos, el Perú fue reorientado hacia España y Europa. Lima y el Callao se consolidaron como cabeza política y puerto principal de un sistema imperial diseñado para administrar, extraer y enviar riqueza. La geografía peruana dejó de utilizarse como red de integración y pasó a funcionar como engranaje de un circuito externo.

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La república, lamentablemente, no corrigió esa deformación. Hubo proyectos ferroviarios, carreteras, discursos descentralistas y reformas regionales. Pero el resultado histórico fue un país cada vez más concentrado en Lima-Callao. La Amazonía quedó desconectada, la sierra fragmentada, los puertos secundarios debilitados y las ciudades intermedias sin suficiente actividad económica. En vez de recuperar una visión territorial amplia, al estilo incaico, el Perú se fue encogiendo territorialmente e institucional, económica y mentalmente hacia Lima.

Hoy, con el puerto de Chancay, la promoción del cabotaje, el nuevo aeropuerto Jorge Chavez, y el proyecto del tren y carreteras bioceánicas; el nuevo gobierno tiene ahora la oportunidad de construir el Perú como plataforma amazónica sudamericana y transpacífica. Pero esta visión enfrenta serias dificultades. El espacio y los hubs aéreos fueron entregados a los extranjeros hace años; la reciente ley del cabotaje no asegura condiciones de desarrollo nacional; y los grandes puertos se están estructurando bajo reglas que pueden permitir que la mayor parte de la renta geográfica sea capturada por operadores, navieras, traders y capitales externos. El problema no es que venga inversión extranjera, bienvenida sea ella. El problema es entregar posición estratégica sin exigir transferencia tecnológica, proveedores peruanos, empleo cualificado, industria auxiliar, datos logísticos, participación de capital nacional y valor agregado en el territorio. No se puede seguir concesionando geografía como si fuera un terreno baldío. Se necesita captura nacional de valor. Esa debe ser la nueva doctrina.

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¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el cabotaje debe operar con reglas de presencia económica peruana: formación progresiva de tripulaciones locales, uso de astilleros y mantenimiento local, rutas de integración norte-centro-sur, transparencia de datos y control de competencia. Significa que los puertos con posición dominante (Callao, Chancay, Corio) tengan obligaciones de acceso abierto, tarifas auditables, proveedores nacionales, capacitación técnica y reinversión territorial, y que Matarani, Ilo, Bayóvar, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco y la Amazonía se integren paulatinamente. Significa que Zonas Económicas Especiales, ZEE, parques industriales, centros de distribución y zonas de transformación en el centro, norte y sur del país capturen valor público medible, además de beneficios privados.

 Si el Perú quiere convertirse en plataforma integradora nacional necesita además una red de ciudades intermedias con nodos productivos: Pucallpa para la bioeconomía y la conexión con Brasil; Bayóvar y Piura para fertilizantes, agroindustria y pesca; Arequipa, Cuzco y Puno para el sur industrial y la conexión con Bolivia y Brasil; Tarapoto, Yurimaguas e Iquitos para la Amazonía; y la sierra central como articuladora de producción, energía y servicios.

 El Perú debe dejar de concesionar geografía solamente para que los de afuera extraigan y envíen riqueza al exterior, y debe impulsar una nueva doctrina de gobernar geografía. Quienes vengan a operar puertos, trenes, cabotaje, minas, zonas económicas, parques y corredores deben, además de mover carga, dejar capacidades, tecnología, empleo, datos, proveedores, impuestos, industria y desarrollo regional.

 El cambio que tiene que ocurrir en la visión estratégica y gobernanza del territorio debe movernos hacia un Qhapaq Ñan moderno. Es lo que Juan de Dios Guevara y Santiago Roca, en el libro Propuestas para Gobernar el Perú 2026-2031 han denominado “Perú el empalme estratégico: nacimiento industrial e integración soberana”. El Perú no puede seguir siendo un país centralista encogido en Lima que mira cómo la carga pasa por su territorio rumbo a Asia. Le toca recuperar una mirada de valor amplia: andina, amazónica, sudamericana y transpacífica. Chancay puede ser el detonante. Corío puede ser el contrapeso. La conexión con Brasil puede ser el nacimiento de nuevas actividades económicas de vuelta. La industria naviera y el cabotaje hacia el norte y sur del Pacífico puede integrar al Perú y Sudamérica por el mar y amarrarlo al desarrollo interno nacional. Pero el objetivo no debe ser tener un hub en el Perú. El objetivo debe ser que el Perú sea el hub, y que los peruanos capturen la renta geográfica correspondiente, sin tener que hipotecarse a ninguna de las grandes potencias.

*El autor es miembro del G12, Profesor-Investigador de CENTRUM, PUCP.