No es una entidad cualquiera: EsSalud se posiciona como el segundo asegurador más importante del país, ya que brinda cobertura a un 23,8% de peruanos. Esto equivale a más de 10 millones de ciudadanos que aportan mensualmente al sistema, con paradojas como, por ejemplo, que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales administran en conjunto 8.898 establecimientos, en tanto EsSalud apenas cuenta con 408 centros de atención a nivel nacional. ¿Todo esto es resultado de una fatalidad o se explica por desaciertos en la gestión de la entidad?

Por cada trabajador en planilla, el empleador paga el equivalente al 9% del salario. El caso es que la limitada capacidad de respuesta ha llevado a que seis de cada diez asegurados busquen atención fuera de su red, lo que genera elevados gastos en el presupuesto familiar. Esta situación se ve agravada por una alta percepción de corrupción y una constante inestabilidad en su dirección institucional.

Adicionalmente, el aporte del 9% a EsSalud coexiste con aportes menores en regímenes especiales, como jubilados, pescadores y empresas agroexportadoras, entre otros. El problema financiero es serio.

Agravando lo descrito, con el paso del tiempo, los millones de asegurados envejecen y, con ello, aumenta el número y la complejidad de las atenciones de salud, con una tasa de aporte que se ha mantenido fija en general, junto a tasas reducidas, justamente cuando lo que ocurre en cualquier póliza de seguros de salud es que, a más siniestros, debería subir el aporte. Dado que, por razones políticas, no varía el aporte, la respuesta de la entidad es degradar el servicio: citas logradas después de meses de espera, falta de equipos, entrega de medicamentos genéricos y, si le añadimos administraciones con alta rotación comprometidas en situaciones de corrupción, todo eso nos conduce a la crítica situación actual de EsSalud.

De lo descrito, los correctivos por aplicar no son solo por el lado de la administración, sino también financieros. Con una administración entrante, se define un estado de situación que justifica la oportunidad de correctivos.

Del pachamamismo al papanatismo

El Encuentro Macrorregional Sur 'Entrelazando Voces por la Dignidad', celebrado los días 13 y 14 de agosto por iniciativa de la Coordinadora Nacional para los Derechos Humanos, en colaboración con CEAS-Perú, reunió a representantes de diversos pueblos originarios andinos para abordar problemas que no son precisamente folclóricos: racismo, pobreza, discriminación cultural, represión política, contaminación del hábitat y, de manera particularmente relevante, las distintas formas de abuso y vulnerabilidad que afectan a los pueblos indígenas del sur andino.

Entre los observadores invitados estuvieron Mons. Jordi Bertomeu, Comisario Pontificio para la liquidación del Sodalicio, junto a Mons. Lizardo Estrada, presidente del CELAM y Mons. Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos.

En ese contexto se produjo un gesto simbólico introductorio relacionado con la expresión cultural andina de la Pachamama, cuyo significado admite interpretaciones diversas y no puede reducirse automáticamente a un acto de culto pagano.

La gratitud por la tierra y sus frutos, el sentido comunitario, el respeto por la creación y la responsabilidad ante el mundo recibido no son patrimonio exclusivo de ninguna cosmovisión pagana. También pueden ser comprendidos desde la propia tradición cristiana.

Convertir la Pachamama en la protagonista del encuentro significa relegar a un segundo plano asuntos bastante menos fotogénicos y más dolorosos: las personas que han sufrido y siguen sufriendo abusos de todo tipo.

Las víctimas no pueden ser una nota al pie

Este debería ser el punto de partida de cualquier discusión moral. Las víctimas no pueden convertirse una vez más en material secundario de una batalla ideológica. Su sufrimiento no debería aparecer solamente cuando sirve para construir un argumento contra alguien. Tampoco debería desaparecer cuando deja de resultar útil para la polémica.

Si en Cusco se habló precisamente de abusos y de la situación de quienes los han sufrido, la pregunta elemental es otra: ¿qué debería ocupar el centro de nuestra atención?

¿Una fotografía o un gesto simbólico de respeto cuya interpretación admite discusión? ¿O las personas cuyo sufrimiento real llevó a que ese encuentro tuviera lugar?

No se trata de prohibir la discusión doctrinal. Todo lo contrario. El problema aparece cuando la indignación selectiva termina produciendo una curiosa inversión de prioridades: aquello que admite una discusión simbólica ocupa titulares y columnas; aquello que exige escucha, reparación y acompañamiento queda relegado.

El escándalo también necesita discernimiento

Primero Luciano Revoredo, desde La Abeja, en la órbita del fallecido sodálite, Jurgen Daum Vetter. Ahora Javier Tebas, desde Infovaticana. Ambos han encontrado en la Pachamama un motivo suficientemente atractivo para alimentar su batalla cultural alrededor de la fe.

Los dos parecen olvidar que la defensa de la fe no se mide por la cantidad de personas a las que uno consigue escandalizar. Tampoco por la rapidez con que se encuentra un enemigo. Ni por la facilidad con que una imagen se convierte en una acusación.

Si existiera un problema doctrinal, debería ser examinado con rigor. Pero precisamente por eso no debería sustituirse el discernimiento por el escándalo.

De hecho, el celo cristiano debería incluir también la capacidad de distinguir entre un problema doctrinal real y una provocación mediática; entre una preocupación legítima y una indignación fabricada; entre lo que merece una investigación serena y aquello que simplemente proporciona una nueva oportunidad para disparar contra el adversario.

Porque en Cusco, los pasados 13 y 14 de agosto, quedó en evidencia un escándalo mucho más grave que cualquier fotografía. Que una víctima de abuso descubra que su dolor vuelve a importar menos que la guerra ideológica de quienes dicen defender la verdad. Eso sí debería provocar indignación.

Quizá, después de todo, no estamos ante una manifestación extraordinaria de celo moral. Quizá estamos simplemente ante otros Sinchis detrás de un micrófono.

En primer lugar, la delegación no satisface el estándar de materia específica exigido por el artículo 104° de la Constitución. Mientras que el texto se limita a declarar solo siete ejes, en su desarrollo se introducen materias no enunciadas tales como medio ambiente, áreas naturales protegidas, recursos naturales, minería, hidrocarburos, electricidad, recursos hídricos, sistema financiero, protección de datos personales, patrimonio cultural, peajes y procesos judiciales y constitucionales. Una habilitación que abarca prácticamente todo el ordenamiento jurídico convierte la excepción de la delegación en la regla de producción normativa durante el período de vigencia; bien hace Pedro Grández en denominarla "delegación estructural" y advertir su inconstitucionalidad en ediciones previas de este Diario.

El proyecto versa además sobre materias indelegables por estar reservadas a ley orgánica: las condiciones de utilización de los recursos naturales y de su otorgamiento a particulares, como las concesiones mineras (artículo 66° de la Constitución), y la regulación del ejercicio de las garantías constitucionales, como el amparo y el hábeas corpus (artículo 200°). El pequeño detalle es que, conforme lo establece la Constitución, "no pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente" (artículo 104°); estas son, entre otras, las relativas a leyes orgánicas. De no corregirse, el Ejecutivo se verá expuesto a que cada decreto legislativo dictado sobre una materia no comprendida, o comprendida de forma inespecífica en el objeto declarado, sea impugnable por exceso de delegación.

Lo más grave aparece al final del documento. Se ha propuesto exceptuar a los decretos legislativos y a sus normas de desarrollo (reglamentos) de la agenda temprana, la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio (AIR). Esta exoneración, sumada a la propuesta de derogar el régimen del AIR (Decreto Legislativo N° 1565) y a la ausencia de plazo definido para la producción de las normas reglamentarias, genera una exención de duración indeterminada de estos importantes mecanismos de eficiencia y de toma de decisiones basadas en evidencia. Pues bien, la supresión de la consulta pública respecto de reformas de esta envergadura contravendría el derecho constitucional a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Cabe señalar que la exposición de motivos y los informes internos, que el proyecto ofrece como sustituto de la consulta pública, son documentos del proponente y no cumplen la función de recibir objeciones ni de recolectar información externa. Corresponde hacer hincapié en la enorme contradicción de pretender mejorar la calidad regulatoria y, al mismo tiempo, querer saltarse con garrocha los mecanismos más modernos que se diseñaron e implementaron para dicho propósito y que han tenido buenos resultados hasta la fecha.

Además, hay que tener en cuenta que la omisión de mecanismos de evaluación ex ante para medidas como las relacionadas con asuntos forestales, hídricos, mineros y de áreas naturales protegidas, que son tendentes a afectar a pueblos indígenas u originarios, no puede exonerar las obligaciones de consulta previa derivadas del Convenio 169 de la OIT y de la Ley 29785. Obviarlas generaría grave conflictividad social, como ocurrió con Bagua, y, consecuentemente, responsabilidad estatal.

Otro punto delicado: se propone establecer mecanismos de participación de las entidades públicas en procesos constitucionales en los que no forman parte, pero cuya decisión judicial pueda incidir en concesiones, asociaciones público-privadas o contratos ley. Con independencia del propósito, el solo hecho de pretender alterar la normativa procesal constitucional contraviene la prohibición explícita de delegar materias reservadas a ley orgánica.

En materia ambiental, se buscaría introducir el silencio administrativo positivo y la presunción de veracidad en instrumentos de gestión ambiental e invertir la lógica del principio precautorio en áreas naturales protegidas. Esto resulta profundamente peligroso, en tanto un estudio de impacto ambiental aprobado frente a la inacción administrativa constituye un estudio no evaluado y, en consecuencia, inútil. La Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH configura la evaluación de impacto ambiental como obligación estatal de prevención, no como trámite susceptible de aprobación ficta. A su vez, se pretendería limitar la potestad de revisión y revocación ante daños sobrevinientes o ante la revelación de información nueva, que es precisamente el supuesto en que la revisión resulta necesaria. Exigir certeza como condición para restringir actividad significa que, mientras la duda persista, se puede operar; ello es incompatible con un sistema de protección ambiental. No se puede dejar de mencionar el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú (2024), mediante el cual la Corte IDH ordenó al Estado fortalecer su marco de protección ambiental y su capacidad de fiscalización. Una reforma en sentido inverso generaría también un problema de cumplimiento de sentencia.

En línea con lo anterior, se ha propuesto la aprobación automática y el silencio positivo en los procedimientos para la construcción sobre espacios públicos, los cuales están sujetos a un deber especial de protección estatal, al ser reconocidos como "elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad" (Ley 31199). ¿Qué se pretende con esta disposición sino perjudicar al ciudadano arrebatándole su uso y disfrute?

En materia de seguridad, se estaría buscando delegar la facultad de legislar sobre la totalidad del sistema penal —sustantivo, procesal y de ejecución—, más la materia militar y policial, de un porrazo y sin identificar norma alguna a modificar; así como habilitar la dirección de establecimientos penitenciarios por las Fuerzas Armadas. Fuera de un estado de excepción, el orden interno corresponde a la Policía Nacional y la custodia de las cárceles, a la autoridad penitenciaria. Recordemos que la Corte IDH ya condenó al Estado peruano en Neira Alegría y otros (1995) y en Durand y Ugarte (2000), precisamente en el contexto de la asunción del control de un establecimiento penal por las Fuerzas Armadas.

Por si lo anterior fuera poco, se habría propuesto la participación privada en la gestión penitenciaria (asociaciones público-privadas y otros mecanismos de promoción de la inversión privada), lo que puede parecer interesante y atractivo para profesionalizar la gestión de cárceles, pero debe ser tratado con mucha cautela: en un contexto de hacinamiento estructural, un contrato con retribución vinculada a la ocupación de cárceles podría generar incentivos contrarios a la finalidad resocializadora de la pena.

El trascendido proyecto de delegación de facultades no es inconstitucional en bloque, pero la ley autoritativa, tal y como ha sido desarrollada, no parece satisfacer el estándar de especificidad del artículo 104° respecto de bloques identificables de su articulado, comprende materias reservadas a ley orgánica y suprime mecanismos de consulta, evaluación previa y análisis de calidad regulatoria que resultan indispensables para una gestión pública seria y profesional, precisamente aquello que a nivel discursivo parecería ser el norte del actual gobierno.

Cabe preguntarse, entonces, por el trasfondo. Presumo que el proyecto ha sido planteado como una demostración de la supuesta capacidad reformadora del gobierno entrante, un mensaje político tendente a demostrar que ellos sí "la tienen clara", pero cuyo éxito está condicionado a la cooperación de las demás fuerzas políticas; de lo contrario, el Ejecutivo no podrá cumplir sus promesas, pese a tener la intención, y habrá un claro “culpable”. Una vieja estrategia para responsabilizar a la oposición de los desaciertos o carencias del regente. Por lo pronto, el ministro Vinelli anunció hace algunos días que el proyecto está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso. Veremos qué ocurre.

Resulta ilustrativo hacer un paralelo con el presupuesto de una familia para entender bien los conceptos detrás de las reglas fiscales. Así, en un año dado, una familia prudente no debería aumentar su gasto corriente, es decir, el gasto en bienes y servicios para el consumo del hogar, en más de cierto porcentaje. Asimismo, el gasto de la familia, considerando tanto el gasto corriente como el gasto no corriente, es decir, el gasto en, por ejemplo, la construcción o mejoramiento de la vivienda o en la adquisición de algún electrodoméstico o de una moto, no debe aumentar más de cierto porcentaje.

La diferencia entre los ingresos y los gastos de la familia es el equivalente al déficit fiscal. Habrá, por supuesto, situaciones en las que los gastos pueden exceder a los ingresos, como cuando se está emprendiendo una mejora del hogar. En tal caso, la familia se endeuda, prestándose dinero, o utiliza sus ahorros y con eso cubre el exceso de gastos. Si los ingresos son mayores que los gastos, la familia ahorrará y así estará preparada para enfrentar imprevistos o gastos planeados a futuro. ¿Cómo sabemos si la situación de la familia es sostenible en el mediano plazo?

En términos generales, veríamos si, proyectando el nivel de gasto de hoy y el del futuro, este corresponde con su nivel de ingreso de hoy y del futuro. No tiene que estar en equilibrio en ningún periodo dado, pero, a mediano plazo, los ingresos tienen que cuadrar razonablemente con los gastos previstos. Este ejercicio lo realiza cada familia para no quedar expuesta a la ruina e involucra, por supuesto, estimaciones de ingresos y de gastos que son inciertas, pero cada quien lo hace lo mejor que puede.

La cosa es más problemática al tratarse de hacer lo mismo con una ley que impondrá límites al gobierno. Deben, entonces, existir mecanismos explícitos de cómo se calculan las reglas fiscales. Aun así, existe cierta discrecionalidad respecto a qué gastos se reconocen de forma adelantada (comenzando porque a veces se aprueban leyes sin que se conozca cuánto gasto ocasionarán, como hizo el Congreso pasado), entre otras cosas.

¿Por qué son cuatro reglas fiscales y no una? Al ser un compromiso del gobierno y al tener este incentivos para gastar en exceso cuando no le interesa el futuro (como el gobierno pasado), es mejor dar cierto límite a cada tipo de gasto. Por ello, se ponen distintos límites al gasto corriente (que en el Estado es principalmente el gasto en remuneraciones) y al gasto total, en el cual se incluye la inversión pública. Justamente, fue el límite al gasto corriente el que el gobierno pasado violó groseramente, porque le interesaba más aumentar las remuneraciones que invertir en el futuro del país. Lo importante es entender que las cuatro reglas fiscales existen como un todo y que incumplir permanentemente una regla llevará eventualmente a incumplirlas todas.

Los límites al endeudamiento se fijan anualmente y en agregado para que un gobierno no pueda generar un déficit excesivo y para que, aun si lo hiciese, haya un tope de endeudamiento total que tendrá que cumplir. El pasado gobierno intentó decir que había cumplido con “la regla” fiscal porque el límite respecto al déficit fiscal sí se cumplió, contra el pronóstico de casi todos los economistas (incluyéndome). Esto sucedió debido a que los altos precios de los minerales (los más altos en la historia) llevaron a ingresos públicos extraordinarios que aumentaron en más de dos puntos del PBI. Es como si, en el caso de la familia, esta se ganara una rifa y con eso justificara que se mudara a una casa más cara que va a tener que seguir pagando los próximos años, cuando ya no hay el ingreso adicional.

Ya antes, entre el 2008 y el 2014, había sucedido que un aumento en los precios de los minerales aumentó los ingresos fiscales. ¿Qué se hizo entonces? Lo que cualquier persona prudente hubiera hecho: se ahorró la mayoría del ingreso adicional en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), en el cual llegó a acumular 4,5% del PBI para cuando vinieran las vacas flacas. Gracias a eso, se tuvo con qué financiar el gasto extraordinario de la pandemia (que haya sido mal ejecutado es otra historia, pero el Perú enfrentó la pandemia mejor preparado fiscalmente que casi todos sus pares).

Lo que ha venido sucediendo es que el gobierno pasado ha incumplido las reglas fiscales desde el 2023, llevando la situación a extremos con la aprobación de leyes con un costo elevadísimo que ni siquiera se ha podido estimar adecuadamente. Hoy, el nuevo gobierno enfrenta la realidad de que, haciendo un cálculo aproximado de los gastos reales generados (principalmente sueldos y pensiones), ni siquiera los elevados ingresos actuales alcanzarán para financiarlos. Esto es algo que el Consejo Fiscal, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales, viene advirtiendo hace años. ¿Qué hacer entonces?

Utilizando el reciente fallo del Tribunal Constitucional, varias organizaciones están cuestionando la constitucionalidad de leyes aprobadas por el Congreso que significan importantes aumentos de gasto. Si esto tiene éxito y se amplía la demanda por inconstitucionalidad a otras leyes en el mismo sentido, esto representaría un importante paso para volver a la muy necesaria disciplina fiscal. El nuevo gobierno, a su vez, tendría que plantear unas reglas fiscales razonables que sean factibles de cumplir en su periodo, pues es el compromiso de cumplirlas cabalmente lo que valorará el mercado y será la forma de distinguir a este gobierno del fracasado gobierno anterior.

Este gobierno, como todos, tiene que saber priorizar. Ese es el reto principal y doloroso de cualquier presupuesto. Siempre habrá objetivos nobles que alcanzar, pero los ingresos determinan qué es lo que es efectivamente posible. Y, respecto a los ingresos, la mejor política tributaria es seguir creciendo a tasas elevadas.

En la costa norte, varios tramos de la Panamericana Norte permanecen interrumpidos por desbordes de ríos. El tránsito hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo es intermitente. La FAP ha activado un puente aéreo en varias ciudades y están rescatando familias que han quedado en medio de inundaciones. No se veía un escenario así desde el Niño Costero de 2017.

Los reportes del Gran Mercado Mayorista muestran un incremento en el precio de verduras y frutas debido a los bloqueos en la Carretera Central. A esto se suma la escasez de limón de Piura que tiene varias semanas por los problemas de la cosecha de este año. Comer ceviche se ha vuelto un lujo por la falta de pescado y limón.

El último reporte del CDC muestra que los casos de dengue y leptospira reportados hasta hoy ya superan a todos los notificados del 2026. Los casos de enfermedad diarreica también se han disparado y el Instituto Nacional de Salud está estudiando si el extenso brote de enfermedad diarreica en Tumbes corresponde a la reintroducción de una cepa toxigénica del Vibrio cholerae. El desabastecimiento de sueros fisiológicos y antibióticos empieza a verse en la mayoría de los centros de salud públicos y sus precios se han duplicado o triplicado en farmacias privadas. Desde el MINSA informan que no se pudo comprar la vacuna oral contra el cólera pues no hay disponibilidad global.

Son pocas las postas de salud de Tumbes funcionando, la mayoría han sido inundadas y los hospitales de campaña no han llegado por el bloqueo de las carreteras. Hay déficit de médicos pues aún no sale el CAS-Niño.

Las facultades de salud del norte del país han empezado a capacitar a sus estudiantes de últimos años para apoyar en la emergencia sanitaria. Un estudiante entrevistado lamenta que la capacitación recién empiece cuando la emergencia ya está instalada y no meses antes, durante el semestre académico.

Desde Palacio de Gobierno se insiste que la magnitud del fenómeno superó todos los escenarios previstos. En los gobiernos regionales, las nuevas autoridades que empezaron el 1 de enero atribuyen la falta de preparación a la gestión anterior y la campaña electoral. Mientras algunos buscan responsables, la inflación sigue subiendo, las lluvias no se detienen y los hospitales están colapsados.

El último comunicado oficial del ENFEN recuerda que los modelos que se presentaron en agosto de 2026 que advertían un riesgo elevado de lluvias intensas para el verano 2027, estuvieron dentro de lo esperado.

Aún faltan seis meses para febrero. Ninguno de los hechos descritos en esta columna ha ocurrido. Todos, sin embargo, ocurrieron -total o parcialmente- durante los fenómenos de El Niño de 1997-1998 y del Niño Costero de 2017. Los pronósticos meteorológicos nacionales e internacionales muestran que tendremos escenarios similares. Las lluvias intensas llegarán, su impacto dependerá de las decisiones que tomemos hoy.  

Ojalá que dentro de seis meses esta columna sea recordada como una exageración y no como la crónica de un desastre que todos vimos venir.

Ese personaje es la china morena, probablemente la figura más vistosa de la morenada. Con sus botas altas, su pollera corta, sus guantes y una coreografía que resalta la elegancia y feminidad, suele ser la más admirada por el público y una de las más anheladas por las bailarinas.

En quechua, el término china está relacionado con lo femenino o con la hembra como contraparte del macho. Con el tiempo, la palabra pasó al español andino y comenzó a utilizarse para designar personajes femeninos en diversas danzas del Perú y del altiplano.

En la morenada puneña actual conviven dos personajes femeninos. Las cholitas, con polleras largas, manta y sombrero, y las chinas, caracterizadas por una estética más estilizada y moderna. Sin embargo, como ocurre con muchas expresiones del folklore, estos personajes no siempre fueron como los conocemos hoy.

Las primeras representaciones femeninas documentadas en la morenada utilizaban un vestuario semejante al que actualmente identifica a la cholita: pollera larga, manta, sombrero y máscara. Eran interpretadas por varones, pues durante buena parte de la primera mitad del siglo XX la participación de las mujeres en numerosas fraternidades estaba restringida. Entre esos intérpretes también hubo artistas homosexuales y travestis que encontraron en la fiesta uno de los pocos espacios donde podían expresar públicamente su talento.

Fue en Bolivia, durante las décadas de 1960 y 1970, cuando artistas como Carlos Espinoza, conocido como "Ofelia", y otros intérpretes transformaron la imagen de la china morena. Acortaron la pollera, incorporaron botas por encima de la rodilla, estilizaron el maquillaje, feminizaron la coreografía y dieron origen al personaje que hoy identifica a la morenada contemporánea. Durante un tiempo la máscara mantuvo el anonimato de quienes lo interpretaban. Más adelante desapareció y, conforme aumentó la participación femenina en las fraternidades, fueron las mujeres quienes hicieron suyo este personaje hasta convertirlo en uno de los símbolos más reconocibles de la danza.

Por eso resulta llamativo que, hace apenas unos años, cuando una artista drag participó como china en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, algunas voces calificaran su presencia como una ofensa a la tradición. Paradójicamente, aquella participación evocaba una parte de la historia del personaje que había quedado casi olvidada.

Las tradiciones no son fotografías inmóviles. Son construcciones colectivas que cambian con el tiempo, incorporan nuevos protagonistas y resignifican sus símbolos. La morenada que hoy admiramos no es idéntica a la de hace un siglo, y precisamente allí radica parte de su vitalidad.

Conocer que artistas homosexuales y travestis contribuyeron decisivamente a la evolución de uno de sus personajes más emblemáticos no le resta autenticidad a la danza. Por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad y reconocer que el patrimonio cultural también se construye desde la diversidad de quienes lo crean, lo transforman y lo mantienen vivo.

Desconocer cómo se construyen nuestras tradiciones no solo empobrece la memoria colectiva. También puede llevarnos a confundir la defensa del patrimonio con el rechazo a quienes, como ocurrió tantas veces en el pasado, participan de su constante transformación.

La discriminación cultural ocupa un lugar importante dentro del universo de La Odisea. Un ejemplo revelador es el episodio de Polifemo, uno de los más conocidos del poema. La caracterización del cíclope como un ser monstruoso y salvaje contrasta con la supuesta superioridad cultural que representa Ulises. Desde la perspectiva homérica, los cíclopes constituyen un pueblo inferior porque no se rigen por las leyes, instituciones y costumbres de las polis griegas. No es casual que Ulises los describa como «seres sin ley», expresión que resume el desprecio hacia una sociedad diferente a la suya.

A partir de esta visión, el héroe considera a Polifemo la encarnación de la barbarie. Aunque termina atrapado en su cueva y presencia la muerte de varios de sus compañeros, logra escapar gracias a su ingenio y a una serie de engaños que tradicionalmente simbolizan el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza. Sin embargo, un análisis crítico permite matizar esta interpretación.

La violencia del cíclope se desencadena cuando descubre que unos extraños han ingresado en su hogar y han consumido parte de sus provisiones sin autorización, para luego exigir hospitalidad. En la antigua Grecia, la “xenía” era el deber sagrado de brindar alimento, refugio y protección a todo extranjero. Desde esta perspectiva, el conflicto no enfrenta únicamente a la civilización y la barbarie, sino también a dos formas distintas de entender el mundo. Polifemo es presentado como un monstruo, pero rara vez se considera su punto de vista: el de alguien que ve invadida su propiedad –y su modo de vivir—por desconocidos. ¿No ocurre algo similar en la actualidad, cuando se juzgan hábitos culturales diferentes y esos prejuicios terminan incluso desencadenando conflictos y guerras?

El cíclope no solo pierde la vista a causa de Ulises, sino que también es engañado y humillado por un sujeto que busca atribuirse la gloria de la victoria reafirmando la supuesta superioridad de su propia cultura. Desde esta óptica, la súplica de venganza que dirige Polifemo a su padre, Poseidón, aparece como una reacción comprensible de búsqueda de justicia. De hecho, será esa petición la que desencadene gran parte de los sufrimientos posteriores de Ulises, convirtiendo el episodio en una advertencia contra el orgullo, la arrogancia y los prejuicios hacia quienes pertenecen a mundos distintos.

La fidelidad arbitraria

La infidelidad constituye otro de los temas centrales de la obra. Durante la ausencia de Ulises, numerosos pretendientes intentan conquistar a Penélope, convencidos de que el rey ha muerto y de que el trono ha quedado vacante. La reina se ve sometida a una presión constante, pero logra preservar la fidelidad conyugal mediante ingeniosas estrategias. Al mismo tiempo, algunas esclavas del palacio establecen vínculos con los pretendientes, conducta que será juzgada con dureza cuando el monarca regrese a Ítaca.

Sin embargo, mientras Penélope es presentada como un modelo de fidelidad y perseverancia, la conducta de Ulises revela una evidente contradicción. A lo largo de sus veinte años de ausencia mantiene relaciones con Circe y convive durante años con la ninfa Calipso, aunque en el poema se enfatiza constantemente su deseo de regresar con Penélope. Desde una perspectiva contemporánea, estos episodios podrían interpretarse como actos de infidelidad. No obstante, dentro del contexto cultural de la época, tales comportamientos reflejan una sociedad patriarcal en la que los hombres ostentaban privilegios negados a las mujeres.

La epopeya presenta las relaciones con Circe y Calipso más como obstáculos en el camino de regreso que como faltas morales del protagonista. Ambas aparecen caracterizadas como mujeres dotadas de poderes extraordinarios, capaces de retener al héroe mediante la seducción y la promesa de una vida cómoda. El relato pone el énfasis en la capacidad de Ulises para abandonar esas tentaciones y continuar su viaje, y no en las implicancias éticas de sus acciones. De este modo, se afirma la imagen de un héroe que, pese a los placeres que encuentra en el camino, mantiene el deseo de recuperar a su familia y su reino.

La desigualdad se hace más evidente en el desenlace. Cuando Ulises regresa disfrazado de mendigo, recupera su autoridad al superar la prueba del arco y las hachas, demostrando que sigue siendo el legítimo rey de Ítaca. Después castiga severamente a los pretendientes y a las esclavas que los apoyaron. El relato presenta estos actos como una restauración de la justicia, pero una lectura crítica permite advertir una clara doble moral: mientras la fidelidad femenina constituye una obligación, las transgresiones masculinas a este compromiso son minimizadas o planteadas como conflictos de poder.

La propia estructura social de la obra refleja esta desigualdad. Incluso Telémaco, en el momento más complejo del conflicto con los pretendientes, ordena a su madre que se regrese a sus habitaciones y deje “los asuntos públicos” a los hombres, evidenciando el papel subordinado que la sociedad atribuye a las mujeres. Muchas figuras femeninas son definidas por su relación con sus contrapartes masculinos, ya sea como esposas, madres, sirvientas o amantes. ¿Les suena conocida esta situación?

Exaltación del ego

La universalidad de La Odisea reside precisamente en esta complejidad. Homero no presenta a Ulises como un modelo moral perfecto, sino como un personaje profundamente humano y contradictorio, capaz de combinar inteligencia, valentía y perseverancia con orgullo, egoísmo y discriminación. Su necesidad de revelar su identidad a Polifemo para obtener reconocimiento, aun cuando ello pone en peligro a sus compañeros y a sí mismo, constituye una muestra de ese ego que acompaña muchas de sus decisiones.

En términos pedagógicos, llevar esta discusión al aula enriquece la lectura de la obra y permite comprender por qué, a pesar del paso de los siglos, La Odisea continúa despertando el interés de millones de lectores. La vigencia de sus conflictos, personajes y contradicciones demuestra que los grandes clásicos no solo narran el pasado, sino que también ofrecen herramientas para reflexionar críticamente sobre los problemas del presente.

El titular del MEF, Elmer Cuba, declaró que no había razón para exagerar por un poco de agua hasta la rodilla y comparó la situación del Perú con la de países europeos, como si los vecinos de Villa El Salvador que perdieron sus enseres vivieran en circunstancias similares a las de una ciudad con infraestructura de drenaje moderna. Horas después, Mauricio Arnillas, a cargo del sector Vivienda, fue al campo, supervisó los daños y decretó la emergencia del distrito, anunciando obras para el bypass, entre otras medidas. En pocas palabras, dos integrantes del mismo gabinete, dos lecturas opuestas de la misma realidad. Y la mandataria visitó la zona y afirmó que el Estado carece de preparación y que la situación será catastrófica. Al respecto, los peruanos no saben si se trata de una advertencia o del reconocimiento de sus propias limitaciones.

Este diario alertó desde hace varios meses que el país enfrenta un doble fenómeno simultáneo, actualmeto con probabilidad del 81% de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. Las inundaciones del domingo llegaron por precipitaciones invernales sobre infraestructura abandonada durante décadas. Lo que se avecina entre setiembre y diciembre será, sin duda, de mayor magnitud y afectará territorios con menor capacidad de respuesta que la capital.

El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar que extrajo lecciones de lo ocurrido. Para ello, es urgente que presente a la ciudadanía un programa de mitigación concreto, con intervenciones identificadas, presupuesto y cronograma. Ese es el paso que corresponde ahora. Los habitantes de Villa El Salvador, VMT, Loreto, Ucayali y todas las zonas en riesgo merecen un documento que puedan consultar, monitorear y exigir que se ejecute. La ventana para prepararse se estrecha cada semana y la credibilidad del Ejecutivo no empieza con una transmisión sin interlocución por TikTok. Empieza por hablarle a la población con coherencia y comprensión de sus reales afectaciones.

Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan la unidad básica de la organización territorial del Estado; institucionalizan la participación vecinal y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La referida ley también establece que, conforme al principio de residualidad, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.

Sabemos bien que las normas no crean realidades, pero es claro que, en la crisis que vivimos, las normas cada vez aparecen en el extremo opuesto a lo que observamos en la realidad. Como quiera que la regionalización ha sido abandonada como política pública, lo que tenemos en la actualidad son centralismos nacionales o departamentales que han convertido al gobierno local en la extensión de la descomposición de un Estado incapaz de reaccionar frente al avance de la ilegalidad y el crimen en los distintos niveles de la estructura estatal. Por ello no es de extrañar que entre los candidatos a las alcaldías a lo largo y ancho del país se cuenten a condenados, procesados e investigados por narcotráfico, corrupción, terrorismo y por una larga lista de graves delitos que nos debieran preocupar.

Estas advertencias documentadas que no hace la prensa muestran la penetración del crimen organizado en estructuras políticas municipales que han avanzado con la anuencia y contemplación de organizaciones políticas que comparten y dirigen el poder desde el Ejecutivo y el Legislativo. El asesinato de más de un candidato como el ocurrido en Piura —baleado por sicarios— expone un patrón donde organizaciones criminales infiltran candidaturas y disputan el poder local sin que el sistema reaccione. En Trujillo, fue capturado un ex candidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir, quien contaba con una orden internacional de la Interpol por tráfico ilícito de drogas. Estos casos no son aislados. Al contrario, expresan la amenazante presencia del crimen organizado en los últimos procesos electorales.

Pero la crisis de legalidad que estamos viviendo y la vulnerabilidad de instituciones básicas de la organización del Estado, como es la municipalidad, no se producen de pronto hasta llegar a estas dimensiones. Antes está un fenómeno también extendido en todo el territorio nacional: la anuencia a las violaciones de la ley en distintas formas e intensidades. Vivimos asustados por la extorsión y el sicariato, pero no nos concita la misma conmoción otras ilegalidades cotidianas como las coimas que exigen los funcionarios en los municipios o en las comisarías. Tampoco nos enerva la sacada de vuelta a la propia constitución por parte de un buen número de alcaldes que van a la reelección pese a que la constitución lo prohíbe expresamente. Por ello, para aquellas candidaturas de personajes que han cruzado o que viven en los márgenes de la ley, la viveza de estos alcaldes que se presentan ahora como segundos de la lista para burlar la prohibición constitucional de la reelección de alcaldes, es seguramente una cosa menor, pese al grave desprestigio que supone para el imperio de la ley y el Estado de Derecho.

Vamos normalizando las infracciones a la ley y la propia Constitución, al punto que el Presidente del JNE ha declarado que, pese a que la Constitución es explícita al prohibir la reelección de los alcaldes, existiría una ventana abierta a nivel legal que permite que esto ocurra. Así, el sacarle la vuelta a la propia Constitución aparentemente es una costumbre hoy extendida que ninguna autoridad puede impedir. Un informe del Instituto Aklla Perú identificó 131 alcaldes elegidos en 2022 que postulan como primeros regidores en las Elecciones Municipales de 2026. En 63 de esas listas, el aspirante a alcalde renunció, dejando al alcalde saliente en posición de continuar en el cargo si la lista obtiene la victoria. Estamos ante una violación constitucional manifiesta que ocurre a vista de todo el sistema electoral y que puede llevar al Alcalde de Lima de regreso, pese a sus múltiples contradicciones y promesas incumplidas.

No es muy distinto, entonces, que postulen condenados o investigados por graves delitos, a quienes también la ley les deja la ventana abierta aun cuando los principios de integridad y de buen gobierno republicano dicen lo contrario en la propia Constitución. Cuando las autoridades como los alcaldes violan la Constitución sin consecuencias, poco es lo que les podemos decir a los narcocandidatos o a quienes han cometido delitos y participan invocando un derecho a la resocialización en medio de tantas proclamas sin contenidos.

Las ventanas abiertas a la ilegalidad, el delito y las mafias que hoy campean en los gobiernos municipales tienen que preocuparnos. Entre enero y diciembre de 2025, 76 alcaldes provinciales y distritales del Perú recibieron condenas en primera instancia por delitos contra la administración pública. Arequipa encabeza el ranking con ocho alcaldes condenados. Pero esa cifra solo considera sentencias ejecutoriadas; las municipalidades se mantienen como las entidades del Estado con más investigaciones por presuntos actos de corrupción en el país, según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En cualquier democracia, los municipios deberían ser un último baluarte contra la degradación institucional. No obstante, en medio del abandono de las políticas de descentralización, los municipios no han construido instituciones propias; no tienen autonomía presupuestaria real; no tienen capacidad administrativa que les permita desarrollar un gobierno independiente que lleve los servicios básicos hacia la primera unidad representativa del Estado, como dice su Ley Orgánica. Y ahora, en el momento en que más se necesitaría que fueran espacios de resiliencia democrática, los municipios parecen, en muchos casos, tomados por el crimen y esperando ser rescatados por sus vecinos. Ojalá que las próximas elecciones nos permitan algún nivel de recuperación y esperanza para el restablecimiento del Estado de Derecho.

Entre el 28 de julio y el 14 de agosto se registraron 102 muertes violentas, a un promedio de seis asesinatos diarios. El 77.5% ocurrió por proyectil de arma de fuego, la prevalencia más alta en nueve gestiones presidenciales consecutivas. El gobierno anterior de Balcázar registró un promedio del 71.3%.

Este récord llega mientras el Plan Escudo propuesto por el gobierno de la presidenta Fujimori despliega efectivos militares en las arterias de Lima. En medio de este “operativo” , un sicario atacó a un conductor de la línea 41 en Villa El Salvador mientras comenzaba ese operativo. Por otro lado, una abogada penalista fue ultimada, a plena luz del día, en Pacasmayo. Y hay una razón estructural para eso.

El mercado ilegal de armas que alimenta el sicariato tiene múltiples fuentes documentadas, tales como contrabando por fronteras porosas con Ecuador, Colombia y Brasil, robo de arsenales institucionales y, en casos también documentados por este diario, la complicidad de efectivos corruptos de la PNP.

En ese sentido, vale anotar que la presencia de uniformados militares en las calles no desmantela ninguna de esas fuentes. Lo que sí lo hace es inteligencia criminal sostenida, depuración interna de la institución policial y rastreo financiero de las organizaciones que trafican con armas y extorsionan a ciudadanos.

Sin embargo, la tensión entre el Ejecutivo y la cúpula policial agrava el panorama. El comandante general Óscar Arriola, responsable del manejo deficiente de la seguridad interna en el país, convocó a todos los altos mandos para coordinar acciones frente a las críticas de inacción, mientras el gobierno evalúa su continuidad. Una institución cuya conducción está en disputa con el poder político no ejecuta con eficacia ninguna táctica. La decisión que debe tomar esta semana es si está dispuesto a hacer lo que sí funciona antes que sea demasiado tarde. Y para ello, cómo no, resultaría lógico cambiar a la comandancia general de la PNP por una que sí tenga un plan de seguridad profesional.