El cuento de “llevamos 20 años preparándonos para ser gobierno” es falso. No hay un programa sólido de gobierno listo para ser ejecutado. El fujimorismo en su tiempo en el Congreso se dedicó a ser una oposición obstruccionista –sin voluntad de comprender las políticas públicas en curso de sus adversarios para buscar mejorarlas– y luego se transformó en una bancada de gobierno, un oficialismo de facto gobernando a la sombra.

Este comportamiento errático del gobierno en sus primeras semanas, recolocando a funcionarios de confianza de los gobiernos de Boluarte, Jerí y Balcazar, sin ser capaz de anunciar cambios de fondo en el manejo del Estado, sólo ratifica lo que muchos denunciaron: son su continuación. Confirman así que el fujimorismo es parte esencial del caos que ahora describen como una limitante en el Estado. Con sus decisiones en el parlamento y con su soporte político a los últimos gobiernos llegamos hasta acá.

Pero el incremento de la delincuencia y la inminencia del FEN no admiten ni continuidad ni improvisación. El congresista Harvey Colchado, que ha presentado no sólo un paquete de proyectos para derogar las llamadas Leyes Procrimen, sino que ha presentado ya una propuesta normativa para combatir la extorsión, parece tener mucho más claro qué hacer frente a la inseguridad que el ministro Astudillo, que sigue “buscando” el mecanismo que le permita cesar al actual jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

Sobre seguridad, el premier sólo planteó generalidades y repetición de promesas incumplidas o medidas efectistas, mas no efectivas. Requisas en penales, como las que hizo Jerí, no sirven de nada, y anuncio de penales, sin planes concretos, tampoco, peor aún cuando Boluarte malgastó tiempo anunciando la reconstrucción de El Frontón, pretensión sobre la que tampoco se pronunció el premier.

Lo que sigue anunciándose sin mayor explicación es la intervención militar en el orden interno. Galarreta fue más acotado que Fujimori. Él anuncia un apoyo puntual en algunas tareas como el control migratorio y las expulsiones, pero la presidenta señaló que estarían a cargo del orden interno en los territorios con Estado de Emergencia (EE). Cabe señalar que en el país el uso de los EE ha estado más relacionado con el control de conflictos sociales que con el combate real a la inseguridad. Es necesario que este punto sea aclarado.

Pero lo que considero más grave de esta presentación es la pobreza de sus propuestas para hacer frente a la emergencia por el FEN. Si PPK fracasó en su propuesta de una Reconstrucción con Cambios, Fujimori pareciera simplemente renunciar a la posibilidad de cambios reales.

Ni una línea sobre el ANIN y su desastre

Después de los estragos del Niño Costero del 2017, se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad encargada de hacer frente a dos tareas, por un lado, reconstruir la infraestructura que hubiera sido dañada y, por el otro, identificar los principales factores de vulnerabilidad y ejecutar proyectos integrales para reducirla. La razón era obvia: no sirve reconstruir para que se vuelva a destruir.

El 2023 colaboré con una investigación del Grupo Propuesta Ciudadana para ver el nivel de avance de la reconstrucción y sobre todo de los cambios propuestos. Los proyectos integrales debían intervenir quebradas, ríos y ciudades en las que se requería construir drenajes pluviales. De los casi 30 proyectos, al 2023, sólo había 15% de ejecución financiera y 10% de ejecución física.

La frustración en regiones como Piura o La Libertad era muy grande, pero por lo menos ya había una hoja de ruta trazada. En julio del 2023, Boluarte, con el apoyo del fujimorismo en el Congreso, decidió disolver la ARCC y crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, para que absorba las tareas pendientes y garantice su ejecución.

La solución fue peor que la enfermedad. Muchos proyectos se paralizaron, otros se encarecieron aún más. La realidad es que hoy, agosto del 2026, seguimos sin tener una solución integral para el río Piura, seguimos sin poner una piedra en el drenaje pluvial de Piura (Piura, Castilla, Catacaos y 26 de Octubre) o en el de la ciudad de Trujillo.

¿Qué hará el gobierno de Fujimori? Al parecer, nada. Galarreta no dijo una palabra. Era la oportunidad estelar para mostrar el desastre de gestión pública, pero no podían, porque el desastre se agudizó con su anterior presidenta, con Boluarte y con el apoyo fiel del fujimorismo en el Congreso.

Lo que sí da a entender es que se centrarán en la respuesta y dejarán de lado la prevención. Anuncian la creación de una Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, integrada por Agricultura, Defensa, Economía, Vivienda e INDECI. Una comisión que desde su diseño será puramente reactiva, cuyo gran anuncio es la descolmatación de 530 puntos en ríos y quebradas.

Desde el 2011, que en el Perú se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se definió que, si bien el trabajo de INDECI es central, está destinado exclusivamente a la atención de emergencias. Que la prevención del desastre requiere un equipo especializado y se dio el encargo a CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos, que debe ser la cabeza del sistema. Ellos no aparecen ni en la sombra del discurso ni están en la mira del gobierno que, probablemente, no sepa ni para qué se creó.

Subrayamos la palabra intercultural porque la educación bilingüe no siempre significó reconocer y valorar las culturas indígenas. Durante la Colonia y gran parte de la República, predominó una visión asimiladora que utilizó las lenguas originarias para la evangelización y la educación como medio para incorporar a los pueblos indígenas a la cultura dominante.

En este siglo hubo avances: en 2012 se creó la CONEIB, con participación de organizaciones indígenas y afroperuanas, y en 2016 se aprobaron la Política Sectorial y el Plan Nacional de EIB. Sin embargo, muchos compromisos siguen pendientes. En un país con 55 pueblos indígenas y 49 lenguas originarias, persiste una mirada que asocia diversidad cultural con atraso. La Ley N.° 32390, que permite prescindir, en determinados casos, del dominio de una lengua originaria para nombrar docentes en escuelas EIB, es una expresión preocupante de ello.

En el país, más de 26 mil instituciones educativas brindan EIB, muchas de ellas con serias carencias de docentes especializados, infraestructura, mobiliario, materiales y equipos. En los internados secundarios, la inseguridad es aún más grave: desde 2010 se han registrado 524 casos de violencia sexual contra escolares awajún y wampís en Condorcanqui, Amazonas.

Nos encontramos ante el proceso de consulta previa de la Política Nacional de EIB, una propuesta elaborada en gabinete sin la participación de los pueblos indígenas. Plantear la EIB como un derecho individual y universal invisibiliza su dimensión colectiva: para los pueblos indígenas, es un derecho fundamental para fortalecer nuestra identidad, memoria histórica, lenguas y cultura. Tratarla como un derecho para todos, sin reconocer nuestras particularidades y prioridades, también oculta las desigualdades estructurales que enfrentamos.

El reto es comprender que interculturalidad significa diálogo entre culturas en condiciones de igualdad, no asimilación. Una EIB de calidad exige reconocer nuestras diferencias y enfrentar las desigualdades que persisten. En el contexto actual, defenderla es más urgente que nunca.

Por Ketty Marcelo López

Líder indígena

Efectivamente, los problemas no se van a solucionar en quince días. Pero lo que la ciudadanía sí espera es un gobierno preparado, técnica y políticamente, para tomar decisiones clave y para brindar respuestas efectivas, sostenibles y descentralizadas frente a demandas históricas. Ya no es momento de diagnósticos. Fuerza Popular viene de cuatro postulaciones a la presidencia desde el 2011, ha elaborado cuatro planes de gobierno, ha sido mayoría absoluta en el Congreso durante el 2016 y ha tenido presencia relevante en los últimos períodos parlamentarios. Por lo tanto, sí ha habido tiempo para conocer las problemáticas estructurales del país y profundizar en ellas. Hoy, la población pide que ese conocimiento se traduzca en decisiones.

Por otro lado, en un país fracturado como el nuestro, la confianza no se tiene que pedir. Necesita ser reconstruida. En los últimos años, la confianza hacia las instituciones y entre los mismos ciudadanos se ha deteriorado. Gobernar en medio de este contexto, donde nadie cree en nadie, requiere hechos y gestos concretos: capacidades técnicas, transparencia, diálogos multiactor y descentralizados, y una participación inclusiva de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones. El gobierno debe tener una lectura territorial de los problemas que nos aquejan y comprenderlos en sus propios contextos locales. El paro en Ucayali, por ejemplo, ya no es únicamente por el alza del combustible. Es también por un hospital paralizado, por la falta de agua potable, por la falta de saneamiento de los predios rurales y por la situación de la educación universitaria. Cualquier convulsión social nos lleva a un problema estructural, y estos problemas estructurales no pueden ser atendidos únicamente con medidas de emergencia o respuestas temporales.

A menos de un mes de haber tomado el poder, es importante que el nuevo gobierno sea consciente de que le está pidiendo paciencia y confianza a un país que ha visto juramentar a ocho presidentes en los últimos diez años, mientras que las denuncias por extorsión se han multiplicado, el sistema de salud continúa colapsado, la minería ilegal avanza, las comunidades indígenas ven amenazados sus territorios, las violencias contra las mujeres y niñas se agudizan y millones de peruanos se enfrentan a la pobreza y a la precariedad laboral. Me temo que la paciencia se ha agotado y la confianza hay que ganársela.

A lo anterior hubiera podido sumarse el alza en el precio de los combustibles. Fujimori ha mitigado esto con un subsidio del 20%, por tres meses. Pero la indignación por la incuria del gobierno frente al crimen sigue allí. La convocatoria al paro es también un llamado a que el gobierno reciba a los gremios del transporte antes del 25.

Es muy probable que esa invitación se produzca, y que ello logre desactivar el paro, un tiempo. Aunque esto último dependerá de qué es lo que logre darle Fujimori a los paristas. Pero ella ya ha entregado su carta del subsidio económico, y no hay en el horizonte propuestas convincentes frente a extorsionadores y sicarios en el transporte.

A lo largo de los pasados tres gobiernos, dos de ellos provisionales, los paros de transportistas fueron relativamente frecuentes, y no funcionaron. El Ejecutivo se mantuvo indiferente frente a los atentados, produciendo cambios cosméticos en la Policía. Imaginamos que hoy la tentación de seguir más o menos en lo mismo es grande.

Tentaciones aparte, es obvio que quienes vienen pasando por el gobierno, a cualquier nivel, carecen de la capacidad para dar siquiera soluciones parciales al problema de la criminalidad, en el transporte y en otras actividades. Con lo cual los paros tendrán que pedir mucho más que reuniones con las cúpulas gobernantes, cuando estas son estructuras vacías.

¿Por qué parar si la medida no funciona? Quizás porque un paro realizado muestra a las bases gremiales que sus dirigentes están haciendo algo, aunque ese algo sea irritante para los usuarios del transporte. Pero ahora los pasajeros son parte de la carne de cañón de los extorsionistas y sus sicarios. Fujimori está rápido llegando al nivel Boluarte, que no parecía el suyo.

Mientras tanto, el ministro del Interior no quiere cambiar al jefe de la Policía, el ministro de Justicia le exige cambios a la Presidencia en una carta abierta, Fujimori y el ministro de Transportes discrepan en el tema de los trenes comprados en California. Paro en el transporte, cambios en el gabinete.

El detonante fue el alza del combustible. En la Amazonía la gasolina ya era extremadamente cara —el diésel llegó a S/ 22 por galón en Pucallpa— y un incremento la vuelve simplemente prohibitiva. El precio subió, sí, por factores externos: la situación en Medio Oriente y la disputa por el control del estrecho de Ormuz, agravadas por un presidente de los Estados Unidos obstinado en demostraciones de poder y en frenar el unilateralismo chino a cómo dé lugar. Pero el factor externo no explica el abandono: explica el encarecimiento, no la desigualdad estructural que hace que en la selva un galón cueste tanto. El subsidio ofrecido —focalizado, del 15% al 20% del precio y por apenas tres meses— llega tarde, parcial y anunciado bajo la presión de la calle.

El conflicto ya dejó un muerto: un hombre con un ACV falleció mientras era trasladado en ambulancia, con el traslado obstaculizado por los bloqueos. Pero represión también hubo: la noche del 14 de agosto, cuando la policía acudió a Campo Verde a liberar la vía, el enfrentamiento terminó con heridos y detenidos. Nada de esto tuvo cobertura mediática suficiente. Y solo eso ya debe preocuparnos, porque anticipa el comportamiento de la prensa frente a los conflictos y movilizaciones que vendrán: el silencio. Debemos reforzarlo cuantas veces sea necesario: cuando el silencio lo ejercen quienes tendrían que ser la voz de la ciudadanía, ese silencio legitima la violencia desde el poder y garantiza la impunidad.

Esta semana también trajo movilizaciones en Ayacucho. El miércoles 19, convocadas por el FREDEPA, comerciantes, transportistas y trabajadores salieron a las calles de Huamanga contra el alza del combustible, pero también contra el sicariato y la extorsión. Mientras tanto, el premier Luis Galarreta dedicó ante el Congreso todo su primer eje de discurso a prometer que combatiría la extorsión. Por ahora, solo palabras.

El discurso de Galarreta tiene un tono de derrota anticipada. Reconoce haber recibido “un Estado que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias”, y lo revelador es esto: este es su gobierno solo en el papel; en la práctica, este poder ya gobernaba desde antes. Fujimori no recibe el Estado: lo continúa, ahora con banda presidencial. La cantidad de funcionarios reubicados o reciclados así lo confirma. Promete además un gobierno “abierto a escuchar y a conversar con todos”, mientras en Ucayali los gremios denuncian que el fin de la huelga se anunció de forma unilateral, sin dialogar con todas las organizaciones que sostenían la protesta.

Las protestas de Pucallpa y Ayacucho indican que la tregua que se le suele conceder a todo gobierno entrante no existe. Hay un país que salió a la calle en la tercera semana, y un poder que responde con subsidios tardíos, acuerdos firmados a espaldas de quienes protestan y una prensa que mira hacia otro lado. Ese es el patrón que hay que observar desde ahora, porque es el que probablemente va a repetirse.

Durante años, el fujimorismo y sus bancadas aliadas ejercieron una oposición de demolición implacable, fiscalizando al milímetro cada error ajeno con el aplauso militante de su tribuna. Sin embargo, hoy que sostienen el tablero del poder y cogobiernan desde el Congreso, sus reglas del juego se han invertido: cualquier escrutinio se procesa como un sacrilegio.

Una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir; una cosa es torear desde la barrera y otra entrar al ruedo; no es lo mismo disparar que poner el pecho, ¿no? Pues no. Cuando toca fiscalizar votaciones, leyes con nombre propio, nombramientos de altos cargos, blindajes o el reparto de cuotas institucionales, la feligresía arruga y traza la línea: todo lo que no aplauda es sospechoso de ser izquierdista, el cuco, los únicos malos de siempre. Nosotros o ellos. Alinéate, no hay matices, tibio. Derecha liberal, centroderecha... ¿qué es eso? Tibio, le haces el juego a los tucos. Caviarón, dice quien se aterra ante las dudas y se refugia en la cómoda rigidez. Bien valiente.

Esta postura no reside únicamente en los voceros de turno, sino en la conducta cotidiana de la gente en las redes, en los chats, en la conversa, en la calle. Frente al dato incómodo, la respuesta no es el argumento de fondo, sino el reflejo condicionado del etiquetado sumarísimo ante quien no hace barra: «rojo», «comunista», «caviar». Enemigo.

En los sectores más recalcitrantes, el binarismo opera a nivel neurobiológico, como una adicción dopamínica a la trinchera donde no caben ni los datos ni los hechos. Hoy, hasta el uso de la palabra «narrativa» está en pugna: paraíso para los filósofos. Para la barra naranja con puntitos celestes, la historia y el camino hacia la tierra prometida se congelaron a finales del siglo pasado: bajo su prisma, absolutamente todo lo que vino después de la caída de Alberto Fujimori califica como «izquierda» o «caviarismo». Esquema dicotómico que anula veinticinco años de historia para justificar cualquier componenda en el presente; una pulsión que ya debería haber inspirado un videojuego, una aplicación antiestrés o un paintball que se llame «Cazando zurdos», si acaso, por ahí, el sexo faltara. A la presidenta no solo hay que aceptarla: hay que hacerle barra. El largo invierno post Alberto ya pasó.Paradójica, reclamable y divertida a veces, violenta otras, la hipersensibilidad de quienes hicieron del cuestionamiento implacable su marca de fábrica y hoy se arañan ante el menor indicio de fiscalización, pregunta o recuerdo. Aunque en esa escala Rafael López Aliaga y sus lambiscones marcan el estándar de la sobrerreacción —donde cualquier objeción técnica equivale a una conspiración internacional—, el fujimorismo de base no se queda atrás al exigir sumisión para dejarte entrar al club, arrogándose la selección y entrega del carné oficial de la derecha peruana.

Ya lo sabes: si cuestionas, ejerces ciudadanía, eres por lo menos sospechoso. Cuidado, porque en este momento deberías estar silbando, tratando de hacer negocios y viviendo tranquilo porque «el Perú se va para arriba». Ojalá que sí, qué bueno fuera, pero ese no es el punto. Quien ejerce, apoya o cogobierna el poder asume el deber cívico de rendir cuentas sin derecho a pataleta. En una democracia de ciudadanos libres, ningún nombre es sagrado. Viva la libertad. Toda, no solo la económica.

Más allá del monstruo amigable

Shrek y Fiona rompen el relato tradicional: el ogro puede ser afectuoso y la princesa puede rechazar los cánones convencionales de belleza. Sin embargo, la historia también utiliza sus rasgos para construir bromas que, incluso contemplando el doble sentido, pueden reforzar estereotipos. La pregunta, entonces, es si realmente celebra las diferencias o si meramente las convierte en una excepción divertida.

Que el protagonista convierta lo grotesco en una marca de autenticidad, desde sus costumbres hasta su apariencia, no evita que la película incurra en contradicciones. Su complexión e incluso sus hábitos son asociados constantemente con el mal olor, la suciedad y aquello que se considera indeseable, como si esos rasgos fueran incompatibles con la dignidad que suele atribuirse al héroe. En consecuencia, la narración parece compensar esos atributos mediante su ingenio, su carisma y sus buenos sentimientos. Shrek es aceptado no porque su aspecto deje de ser objeto de rechazo (corpulento, con rasgos faciales gruesos y extremidades desmedidas, es decir, como muchas personas), sino porque posee otras cualidades que lo redimen: es grosero, pero noble; es sucio, pero amable; es desproporcionado, pero gracioso.

La historia de Fiona expone una tensión similar: aunque al permanecer, al final de la película, como ogra puede interpretarse como una declaración de autoestima y un rechazo a los ideales tradicionales de belleza, también puede entenderse como la resignación ante un cuerpo considerado durante años imperfecto. La aceptación de su apariencia llega, además, después de encontrar el amor y la aprobación de otra persona. Si bien Fiona posee criterio, habilidades y capacidad para enfrentar peligros, desafiando el papel de la princesa pasiva que espera ser rescatada, que el matrimonio aparezca como la culminación de su conflicto personal refuerza la idea de que su realización y autonomía permanecen vinculadas a la unión romántica tradicional.

Algo parecido ocurre con Lord Farquaad. La película cuestiona su obsesión por la belleza, el orden y la uniformidad, pero convierte su baja estatura en una fuente constante de burla. Así, denuncia el rechazo hacia quienes no cumplen ciertos estándares mientras utiliza otras diferencias corporales como motivo de risa. La contradicción se profundiza cuando la imagen estereotipada de la masculinidad es “feminizada”: el villano es ridiculizado por su crueldad, pero también por alejarse de un modelo físico y de género que desea cuestionar en principio.

Por otro lado, si analizamos la abundante cantidad de referencias sexuales presentes en las acciones y diálogos, sobre todo del doblaje latinoamericano, resulta difícil sostener que todo se reduzca a la ironía o a juegos de palabras inocentes. En muchos casos, las insinuaciones son tan evidentes que ponen en duda el cuestionamiento de los roles de género que propone el film, sobre todo ante los ojos de los niños.

Valorar y cuestionar lo que vemos

Estos cuestionamientos no obligan a considerar a la primera entrega de Shrek una mala película. Tampoco implican que todos los espectadores recibamos el mismo mensaje, entendiendo que es un producto reflejo de su época. No obstante, algunos niños podrían quedarse únicamente con el chiste y no percibir la crítica social que intenta plantear la historia

Por eso, el problema no se limita a lo que contiene la película, sino a la manera en que interactuamos con ella. Verla en familia puede convertirse en una oportunidad para conversar: ¿quién es presentado como diferente?, ¿quién tiene poder?, ¿quién es objeto de burla?, ¿y por qué esa situación resulta graciosa? También es importante distinguir entre una obra que critica los prejuicios y una representación que, sin proponérselo, puede exaltarlos.

Y se toma sus tiempos, dadas las complicaciones que se presentan en los costos, métodos de investigación, búsqueda de financiación y captura de las situaciones o emociones que involucra, avanzando muchas veces con sus propios recursos. Situación que hace que sus películas se desarrollen a lo largo de varios años y casi al ritmo de la vida misma, caminando con ella. Recorriendo esos espacios paralelos, registrándolos, documentándolos, siendo un testigo vivo de las transformaciones accidentales o provocadas que suceden en los casos que capta o denuncia. Nos muestra su versión vivida del periodismo, ese que habla sobre los sucesos sociales del momento o que se involucra en situaciones de conflicto y en historias personales más radicales, insistiendo en eso de que no se puede abandonar una historia cuando el camino se vuelve duro y difícil.

Y así es el cine en el Perú; requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Más aún en el documental independiente, en donde el interés no está ligado a los éxitos o a las ganancias, sino a evidenciar espacios y tiempos que son importantes para los conflictos que conllevan las subsistencias. Así trabaja Delia, subrayando temas que nos son vitales, que hablan sobre crecimientos culturales, fenómenos adversos, la comunicación o lo que fuera necesario y capte su aguda atención. Visita, investiga y observa (tanto en nuestras zonas urbanas como en las rurales), cómo en este país vivimos apoyándonos permanentemente en nuestros esfuerzos por la supervivencia. Porque en el Perú la supervivencia es un tema de esfuerzos, y las realidades nos son hostiles.

Y lo evidencia y manifiesta con una vocación intensa, larga y firme en sus posiciones. En películas como El Señor de Pachacamac, que marcó su camino como documentalista. Alas de Vida, Madre Mar, Esas voces que curan y El Rey del desierto se está muriendo. Luego vino Volviendo a la luz, que le tomó cuatro años y en donde desarrolla un tema que la perturbó desde niña, el Holocausto. Aquí se compromete con sus emociones más perturbadoras y entrevista a sobrevivientes judíos que han escapado del horror vivido en carne propia, reconstruyendo sus vidas en el Perú. Un trabajo muy intenso y emocional para ella, en donde muchas veces apaga la cámara para llorar y abrazarse con sus entrevistados.

Y es así como se compromete en reflexiones, denuncias o simplemente subrayando realidades que considera importantes, y lo son. Ahora, involucrada en la decisión de abogar por nuestra naturaleza con El Llamado de la Llama, un documental en proceso que tiene a este animal como protagonista y cuenta con 5000 años de historia andina. El trabajo analiza el drama de las llamas, las familias llameras y las razones que empujan su dramático declive. Es una obra de gran relevancia que apoya el llamado por la supervivencia de sus protagonistas, no solo en el Perú, sino en las comunidades pastoriles de todo el mundo, las cuales en sus memorables luchas eventualmente se debilitan y flaquean. Y eso es lo que observa y divulga, porque su mirada es vasta, profunda y trae consecuencias; tiene memoria.

Tomemos, por ejemplo, el tema de los feriados. El ministro de Economía tenía una posición a favor de la revisión, bien sustentada en su proyecto. La presidenta lo desautorizó y Galarreta ni lo mencionó. ¿Aumento del sueldo mínimo? Lo anuncia la presidenta, el ministro lo parte en dos, y lo posterga; y Galarreta ni lo recuerda. ¿Obra pública? Fujimori se quedó sola. Ni Cuba, ni Galarreta han hablado de las obras que ella ofreció el 28 de julio. Y así podríamos seguir.

La inconsistencia no está en las tres distintas manos que escribieron tres distintos textos. El problema es que el trío mas poderoso el Perú no esta alineado. Obviamente, hay consenso (hasta con la oposición) en lo que es inminente. Nadie se opone a reducir la delincuencia o la anemia infantil, y todos queremos que los niños entiendan lo que leen. Pero, en asuntos que pueden ser impopulares, Fujimori y Galarreta corren y Cuba (que es el único que puede defender técnicamente sus reformas) se está quedando solo. Hasta la solicitud de facultades legislativas, parece que ya solo será para revisar tributación de pymes.

Pero, además de la incoherencia interna, hay otro problema. Las normas que el fujimorismo promovió, para el enemigo, son las normas con las que tiene que gobernar. El primer obstáculo, ya superado, es la iniciativa de gasto del Congreso, pero el daño causado aún no ha sido remediado y en esto se juega todo, en solitario, el ministro de Economía. Va a tener que enfrentar a maestros que creían que volvía la cédula viva (un régimen pensionario impagable), a militares que iban por lo mismo y a trabajadores CAS que cobrarían como personal nombrado. Su única esperanza es el Tribunal Constitucional, que no es precisamente, un templo del liberalismo económico. Sobre el déficit fiscal ni una palabra de Galarreta o Fujimori. Tal vez, porque saben que es ridículo culpar a gobiernos anteriores como en pleno debate lo hizo el ahora diputado de Fuerza Popular, José Arista. ¿El exviceministro de Hacienda de Alan García, exgobernador, exministro de Economía de Manuel Merino y de Dina Boluarte, reclama por la mala gestión de gobiernos anteriores?

Keiko Fujimori se especializó en fastidiar a los ministros de Kuczynski con citaciones, interpelaciones y censuras. Con Pedro Castillo no tenía una bancada tan grande, pero construyó una alianza para lo mismo. Uno de los objetivos fue controlar todas las contrataciones de personal de alto nivel en el Ejecutivo, bajo la premisa de no permitir que los incompetentes amigos de Castillo entren al poder. Se impusieron normas tan rígidas que hoy Galarreta se queja de la imposibilidad de atraer al Ejecutivo a personal calificado o de confianza.

El peor ejemplo de este control sobre el Ejecutivo es el caso de Óscar Arriola, comandante general de la Policía. El ministro del Interior ha reconocido que no puede sustituirlo porque la Ley 31570 (aprobada con entusiasmo por las hoy bancadas de gobierno) lo prohíbe. Dijo Astudillo ante el Congreso: “¿Por qué pasó? Ya no es materia de análisis”. Pues yo sí creo que debemos recordar. Pedro Castillo había cambiado cinco comandantes generales de Policía en 13 meses de gobierno. Con razón o sin ella, era una prerrogativa del presidente de la República. Como tantas otras cosas que le quitaron a la institución presidencial en el quinquenio pasado, obligaron a que se dé estabilidad de dos años a quien fuera nombrado. 82 votos a favor tuvieron para aprobar la norma, votos de muchos de los reelegidos hoy de Fuerza Popular y Renovación Popular. Por supuesto, ahora el ministro del Interior pide que deroguen la norma. ¿Por qué la van a derogar los mismos que la aprobaron? ¿No está la demostración más evidente de que Fuerza Popular ha mal gobernado el país por años?

Al margen de la ley, poca vergüenza puede tener un funcionario para no renunciar cuando el ministro dice que solo lo mantiene porque está impedido de removerlo. Pero eso de la vergüenza parece ser un valor olvidado en la Policía Nacional. Restarle 500 muertos a la estadística embrujada de asesinatos da cuenta de cómo va la moral interna. ¿Así creen que van a vencer al crimen? ¿Con un líder descalificado por el propio gobierno?

Dos asuntos son la primera y más urgente preocupación del país y ambos están en el discurso de Galarreta. El primero es la seguridad. El segundo, el clima. El problema más grave es que en ambos hay un conjunto de medidas sueltas, pero ningún plan. ¿Las medidas pueden ser positivas? Sin duda. Hacer control migratorio y regular el uso de motocicletas son acciones deseables, pero ¿son las fundamentales? Usar cuarteles en desuso como cárceles es una medida transitoria, pero no eficiente a largo plazo. El ahora diputado Harvey Colchado (que conoce del tema) ha propuesto un par de medidas legislativas bastante más eficaces y sensatas para acabar con la extorsión. Y todo pasa por dinero invertido en la Policía. Solo así se hace inteligencia. Rodear a los penales de soldados no va a reducir ni el sicariato ni la extorsión.

Para desgracia del país, el domingo pasado, mientras Keiko influencer hablaba de maquillaje, una lluvia histórica anegó el sur de Lima. siete milímetros son nada en una ciudad con drenaje y extensas áreas verdes. Lima no tiene ninguna de las dos. Más al sur, afectando Arequipa, Moquegua y Tacna, varias quebradas secas se activaron, interrumpiendo la Panamericana Sur. En el Perú las carreteras son las arterias de la economía. Si se cortan, el país se infarta. Dos escenarios, urbano y carreteras, que son solo un pequeño anticipo de lo que nos espera con un Fenómeno del Niño bautizado por la prensa como 'Godzilla'. Algunos modelos pronostican que puede ser el peor de los que se tenga registro.

¿Estuvo a la altura el gobierno? Seis días para abrir pase en la Panamericana (sigue restringido mientras escribo) y un pésimo manejo de la comunicación por parte del ministro de Economía es el saldo de esta primera semana. Falta de todo. Motobombas, helicópteros, puentes Bailey, batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas, lugares de refugio, centros hospitalarios designados como a prueba de inundaciones. Es decir, un inventario es urgente y no lo conocemos. ¿Lo conoce el Ejecutivo?

Keiko Fujimori se convirtió en congresista en 2006. Los veinte años siguientes se preparó para ser presidenta. Este es el examen final. Ser oposición, en mayoría, es fácil. Se hace daño y no respondes por este. Ser gobernante es otra cosa y las respuestas al país no van a llegar desde la frivolidad.

En 2015, el Congreso aprobó la Ley N° 30305, que modificó la Constitución para prohibir que los alcaldes se reelijan de manera inmediata. La idea era que ningún burgomaestre pueda perpetuarse en el sillón en que los ciudadanos tengan garantizada la posibilidad de elegir algo distinto si así lo deciden. Esa norma sigue vigente. Lo que también sigue vigente es la creatividad de quienes no quieren dejar el poder.

Al respecto, lo que ocurrió antes del 5 de agosto, fecha límite para renuncias de candidatos, merece recordarse. 135 alcaldes elegidos en 2022 se inscribieron como primeros regidores en las listas de sus propios distritos, poniendo a otra persona como candidato a la alcaldía. En la mayoría de casos, el candidato a la alcaldía es alguien de la misma gestión, un funcionario de confianza, un colaborador cercano o un familiar directo. El caso más conocido es el del alcalde que dimitió a su gestión a Lima, Rafael López Aliaga, pero el fenómeno se extiende por Arequipa, Ucayali, La Libertad y decenas de distritos en todo el territorio.

En varios de ellos, el renunciante es un familiar directo de la autoridad actual. Somos Perú lidera el patrón con 12 casos, seguido por Alianza para el Progreso con 10 y Renovación Popular con 6. Es un modus operandi y tiene un solo propósito: garantizar que la misma gestión continúe independientemente de quién figure en la papeleta como candidato principal.

El problema que esto le genera al votante es concreto. Quien vota creyendo elegir algo distinto puede estar eligiendo exactamente lo mismo que ya tiene. Y si la gestión actual es deficiente, con obras paralizadas, servicios deteriorados o denuncias sin resolver, ese sufragio termina siendo una prórroga involuntaria de lo que precisamente quería cambiar.

Por eso, es fundamental, en aras del mejoramiento de la democracia -esto es, de la calidad de los servidores públicos que se eligen para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía-, preguntarse quién figura como teniente alcalde de la organización política por la que se opte y si ese nombre coincide con la autoridad actual del distrito. A partir de ese discernimiento, cada votante decidirá si premia la gestión o la castiga optando por otro candidato.

El voto ciudadano consciente es el único mecanismo disponible para reconocer las buenas obras u optar por opciones diferentes. El siguiente depende del Congreso, que debería impulsar un debate para determinar si se habilita la reelección en comicios subnacionales.

El Perú conoce eso como muchos países de la región. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó decenas de miles de fallecidos y personas desaparecidas. Esos afectados tienen rostros distintos y victimarios distintos.

Pero esa es una tarea pendiente. De acuerdo con el propio presidente de la CVR, Salomón Lerner, dicho informe nunca fue presentado como un punto final sino como una base para profundizar la búsqueda de la verdad. Veintitrés años después, esa tarea sigue abierta.

Están los campesinos quechuahablantes del sur andino masacrados por Sendero Luminoso, los policías y militares asesinados en emboscadas, los huérfanos que crecieron sin padre ni madre, así como aquellas víctimas ultimadas por agentes del Estado y actuaron fuera de todo marco legal. Todas esas familias, todas víctimas, merecen el mismo reconocimiento, la misma verdad y la misma reparación. La distinción del perpetrador no puede ser razón para que las instituciones atiendan a unas y abandonen a otras.

Lo que el nuevo gobierno ha hecho en sus primeras semanas apunta en una dirección que preocupa. El titular del Minjus propuso trasladar el LUM a su cartera. Esto mientras los aliados del Ejecutivo en el Congreso impulsaron la Ley 32107 para prescribir los crímenes del conflicto y una tipificación de lesa humanidad más restrictiva que el propio Estatuto de Roma.

En la misma línea, el presupuesto para las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos sigue siendo insuficiente y nada en el pedido de facultades delegadas sugiere que esa situación vaya a revertirse.

No obstante, resultan destacables iniciativas cívicas como las de la diputada del partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, quien ha propuesto convocar a la ciudadanía a visitas guiadas en el LUM, con expertos. Es fundamental que los peruanos puedan dar fe de la importancia de estos espacios para la convivencia pacífica. Solo lo que se conoce puede defenderse.

Por lo tanto, en el día internacional de las víctimas del terrorismo este diario recuerda que la reconciliación que el Perú necesita pasa primero por la verdad y la justicia. La preservación de la memoria son mandatos del Estado frente a sus propios ciudadanos y frente a la comunidad internacional, como garantía de civismo. En esa línea, ningún gobierno ni parlamento debería desmontarlas ni siquiera intentarlo.