Lo que ha pasado con esta niña no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión y vulneración sistémica a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de las comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui. Algunos datos. Las niñas son violentadas por personas de su entorno más cercano: principalmente docentes y familiares. También se enfrentan a un sistema de justicia que responde con encubrimientos, demoras e impunidad para los responsables. Las víctimas y familiares muchas veces no pueden acceder a un servicio de salud de calidad: ni en lo físico ni en lo emocional. Y a ello agreguemos la distancia geográfica, la lengua, las características culturales, y la pobreza que atraviesan las comunidades. Hablamos, por lo tanto, de una población altamente vulnerable y de un Estado históricamente ausente. Mientras esto pasa, el Congreso de la República, liderado por la bancada de Renovación Popular y por la congresista Milagros Jauregui, eliminó la Educación Sexual Integral y el enfoque de género (Ley 32535), herramientas fundamentales para que las niñas, los niños y la comunidad educativa identifiquen situaciones de violencia y puedan prevenirlas y denunciarlas.

Pero en medio de la tragedia, este caso nos deja algunas lecciones que salvan vidas. La más importante es el rol de las mujeres indígenas organizadas, que hicieron eco para que un hecho de abuso dentro del entorno familiar no quede en el silencio y tenga un alcance nacional. Fue el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) el que informó y denunció este abuso en redes sociales, logrando una respuesta rápida de las autoridades. En estos tiempos, donde la sociedad civil es estigmatizada, las voces organizadas de las mujeres siguen siendo clave. En muchas zonas, sobre todo rurales, las organizaciones de base, las rondas campesinas o los frentes de defensa son la primera línea de atención frente a los casos de violencia. Necesitan capacitación, herramientas, recursos y coordinación permanente con la justicia ordinaria para un trabajo articulado, con enfoque intercultural y de derechos humanos.

El caso de esta niña no ha pasado al olvido gracias a la acción ciudadana y comunitaria. Pero hay cientos de casos más esperando por justicia. No puede haber democracia en un país que abandona y vulnera a sus infancias.

A estas alturas Porky no está solo. Una piara de docenas de candidatos bamba ocupa buena parte del país electoral, haciendo de la viveza una vanguardia del pensamiento político peruano. ¿Todos ellos encabezan las encuestas? En provincias casi no hay encuestas dignas de ese nombre, pero alguno habrá que lleve la delantera.

López Aliaga encabeza la encuesta Ipsos en Lima, con una cifra modesta pero real. Ha relegado a Carlos Bruce al segundo lugar con 13%, y a los demás al dígito único. El 20% cree que la candidatura es legal, 28% cree que es ilegal y 40% la considera poco seria. Aun si gana, nadie la va a considerar una victoria limpia. Pero en el chiquero esas consideraciones no cuentan.

Lo sorprendente con este primer lugar en la encuesta es que el candidato abandonó la alcaldía por otra candidatura, la dejó profundamente endeudada, con mentirosas promesas incumplidas y un reemplazo que se manejó mucho mejor que él. Es como para creerle a los promotores de la teoría del electorado idiota.

¿Y del complaciente JNE qué sabemos? ¿La burla que ha sufrido, y sigue sufriendo, es una sarna con gusto? ¿Es producto de un acuerdo pre-segunda vuelta entre Keiko Fujimori y López Aliaga? Si los miembros del JNE piensan igual es porque, como dijo alguien, tampoco allí nadie está pensando demasiado.

No queremos creer que el tal Roberto Burneo, presidente del JNE, vaya a derivar del truchazo un beneficio personal. Porque lo que pierde con este caso, y las protestas que va a causar por todo el país, supera cualquier beneficio inmediato. Nadie lo va a premiar, muchos van a intentar cobrarle el mal paso.

¿Puede esta situación de viveza cambiar en pocas semanas? Los demás candidatos no van a invertir en una batalla legal con pocas posibilidades. El Estado ya está mirando en otra dirección. Pronto los ganadores truchos serán un lobby con capacidad de impedir que cambien las cosas, hasta inventar la próxima viveza. ¿Alcaldía automática para el primo?

Su paso por el Perú en 1960 fue un empujón de modernidad y afecto. La modernidad llegó con sus obras, rápidamente traducidas y publicadas aquí. El afecto fue para Martín Adán, en quien entonces Ginsberg reconoció a un colega de igual nivel y drama, y al que dedicó tres poemas perdurables (traducidos por Antonio Cisneros para la revista 'Amaru' N.° 7).

Se habían conocido en el café Cordano, frente a Desamparados, en los bajos del Hotel Comercio, donde los presentó Jorge Capriata. En su crónica de 'Hueso húmero' N.° 32 Capriata describe un encuentro complicado, pero el mutuo recuerdo poético de ambos es entusiasta; más el de Ginsberg que el de Adán, que se limita a hacer alusiones que son reconocimientos.

Los títulos de los tres poemas son elocuentes: 'A un viejo poeta en el Perú', 'Muere en su soledad con grandeza', 'La inteligencia deslumbrante'. Con ellos el cosmopolita Ginsberg nos dejó su recuerdo. Hasta su muerte en 1997 lo seguimos desde aquí en su trayectoria de poeta nacional de la oposición radical gringa.

En medio de la excelencia de su trato con el inglés, fue un poeta político y un eficaz activista. Muchos lo consideran un maestro de Bob Dylan, con quien realizó mucha obra al alimón. Estuvo presente en las más importantes movilizaciones sociales de su siglo. Sus poemas fueron best sellers entre los jóvenes, desde el primer día, y siguen circulando.

Los poemas sobre Adán, la traducción de Cisneros y su comentario a su paso por el Perú, la edición del poema 'América' por Javier Sologuren en 'La Rama Florida', más el texto de Capriata, y otros que se nos pasan darían una estupenda plaqueta, que podría incluir poemas escritos entonces en otros países de la región.

Desde esa visita ayahuasquera de 1960 muchos hemos intentado ser poetas beatnik criollos. ¿Cuántos lo han logrado? Nadie fue tan descarado como Ginsberg y sus amigos, y para el caso, casi nadie ha sido tan peligrosamente sincero como Adán. Ese es el misterio de lo barroco en el Perú.

Que León XIV, de trayectoria, empatía y nacionalidad peruanas llegue en un contexto de devastación, particularmente en la zona donde realizó la mayor parte de su trabajo, tiene algo de parábola religiosa. Los más creyentes esperarán soluciones. Pero esos mensajes no pueden ir más allá de la solidaridad con los más necesitados.

En el juego más amplio del pulseo en el Vaticano, incluir a Perú en esta gira quizás ha sido una forma de recordarle a la cristiandad su triunfo sobre el Sodalicio, y por extensión sobre la extrema derecha de la Iglesia Católica local. Es obvio que será atacado por la prensa ligada a esos sectores. El precio de toda victoria.

Para los políticos locales la presencia papal se va a traducir en una carrera hacia las cámaras fotográficas. La ventaja será del oficialismo, pero es probable que algunos de los progresistas prominentes también sean tomados en cuenta para saludos y fotos. Reuniones reducidas o amplias, según la importancia de los convocados.

Toda la visita se va a articular en torno a un mensaje central, necesariamente crítico, en cuanto este papado se ubica en la perspectiva de la defensa eclesial de los pobres, percibidos como víctimas de un poder desconsiderado. Las palabras de monseñor Carlos Castillo en el pasado Te Deum pueden ser vistas como un adelanto en ese sentido.

Si Castillo se lanzó contra quienes utilizan a la Iglesia Católica para perseguir objetivos personales, debemos suponer que parecidas críticas recibirán los políticos que se proclaman católicos sin serlo en el fondo de su alma, y se les nota. Habrá palabras sobre corrupción, inseguridad y masacres de ciudadanos.

La atmósfera podrá estar cargada, pero será una ocasión feliz. El papado es inmensamente popular en el Perú, y las reuniones masivas lo han demostrado. Es poco probable que en Argentina o Uruguay se vean similares muestras de afecto popular.

Carlos Espá. Es el nombramiento más misterioso de la baraja. Su historia laboral en la US Embassy no es el problema. Más bien hay una cuestión de domicilio político. ¿Es un liberal recomendado por Álvaro Vargas Llosa, como dice Fernando Vivas? ¿O es el duro de derecha que va a reemplazar a Fernando Rospigliosi en la corte?

Keiko Fujimori. Negociando el voto de confianza. Problemas ideológicos con su gabinete, y también políticos con algunos. La relativa discreción de la presidenta está siendo interpretada como luz verde para despacharse desde el Ejecutivo. A algún ministro le gustaría mudarse a Palacio en lugar de ella. ¿Habrá salvoconducto para Betsy Chávez?

Rafael López Aliaga. Líder en el más reciente chanchullo electoral, que muchos ya practican: la reelección con renuncia. Dice que es infame preguntar por qué renunció el N.° 1 de la lista de RN a la alcaldía de Lima. Pero ese señor Rubio, el de traje blanco en las fotos, nos debe una explicación. ¿Tiene RN chances de ganar Lima en octubre? No parece.

Jorge Nieto. Se siente más cómodo cerca de la izquierda, pero quizás no va a pasar mucho tiempo antes de que la deje. Su presencia en la bancada opositora complica las cosas para Sánchez. El centro político e ir actuando cuestión por cuestión siguen siendo sus dos mejores opciones. Si le interesa el 2031, tiene que ir actuando fuera del Congreso.

Rafael Rey. Viene tratando su importante ministerio como un programa de TV. Decir que la tragedia de Nasca es un accidente es no decir realmente nada, y lo mismo decir que seguimos una reglamentación aerocomercial rígida. La noticia dio la vuelta al mundo.

Roberto Sánchez. ¿Qué está liderando? El bloque opositor en el Congreso no parece tan de izquierda como él plantea. Todavía no ha aparecido el tema que los obligue a ponerse de acuerdo. Más bien flotan en el aire los elementos de un choque con el Ejecutivo. El castillismo no quiere a Sánchez, por obvios motivos.

A JPP en ningún momento le preocupó el prontuario de Pérez, pues era, y es, amigote de personajes como Guillermo Bermejo o Guido Bellido o Pedro Castillo. El fondo de la cuestión: el ayacuchano reconvertido en candidato cusqueño ha sido un significativo acopiador de votos cocaleros, y por lo tanto un bolo fijo en las listas.

El electorado sabía muy bien por quién estaba votando, básicamente un defensor de intereses cocaleros. Habría que revisar la hoja de vida con que se presentó, y que evidentemente no conmovió a nadie. No era mejor ni peor que otros tantos sujetos que prueban suerte en la aproximación a la caja fiscal.

Pérez ha logrado dividir desde muy temprano a gobierno y oposición. JPP quiere que pase piola, con los más especiosos argumentos. FP sostiene que la paliza aplicada por el diputado es un delito común al que no corresponde la inmunidad de un diputado. Mientras tanto sus abogados hablan las habituales sandeces.

¿Qué va a pasar? Podemos imaginar que Pérez se vuelva tema de un canje que lo deje limpio de toda culpa. O bien, ya que la presidenta es mujer, Pérez sí será sancionado, con uno de esos castigos bastante ridículos que les caen a los parlamentarios. ¿Alguna mujer querrá trabajar con él en alguna comisión del Congreso?

Tiene razón Keiko Fujimori cuando lamenta que una persona así sea diputado. El diputado Pérez lamenta que su caso afecte el prestigio del Congreso. Su abogado acusó a los policías de San Miguel por dejar solos al pegalón cocalero y a su víctima. Ahora Pérez quiere que le retiren la denuncia. Sería un error garrafal.

El maltrato a las mujeres, incluido por cierto el feminicidio, es un fuerte problema social en el país, sobre todo en algunas zonas alejadas, pero no solo. Hacer del lamentable sujeto Pérez un ejemplo ayudaría mucho frente a la campaña que quiere invisibilizar ese problema. ¿Cómo está la cosa en los archivos del Poder Judicial?

Su única promesa respecto a la docencia fue imprecisa: fortalecer su formación. No especificó si impulsará la urgente reforma de la formación docente inicial, si restituirá el acompañamiento pedagógico, si los librará de la carga administrativa que los agobia o mejorará los incentivos para docentes de zonas rurales, de frontera y EIB.

El discurso también mencionó la brecha educativa y dio cifras sobre calidad de los aprendizajes, desnutrición infantil y embarazo adolescente. Buena señal. Pero la respuesta no puede limitarse a kits escolares, mochilas y chompas. Se necesita una propuesta educativa diferente, que priorice a quienes están más excluidos del sistema. La educación pública será una verdadera herramienta de igualdad cuando logremos que el lugar donde nace un niño no determine las oportunidades que tendrá durante su vida.

Ambos desafíos nos llevan a uno que los atraviesa: la gobernanza. Necesitamos fortalecer la descentralización, revisar qué funciones corresponden realmente al Minedu, a los gobiernos regionales y a las UGEL, y trasladar capacidades profesionales hacia donde se necesitan. También debemos fortalecer el liderazgo y la autonomía de las escuelas, reducir la carga burocrática y utilizar la información no solo para medir, sino para tomar decisiones y rendir cuentas por resultados.

Nada de esto se resolverá en cinco años. El nuevo gobierno tiene una oportunidad mayor: construir una agenda educativa de largo plazo, con metas verificables y políticas capaces de trascender gobiernos. No necesitamos empezar otra vez. Necesitamos acordar un rumbo, sostenerlo y tener la capacidad institucional para llegar a destino.

Ernesto Cavassa (Fe y Alegría), Marilú Martens (CARE Perú), María Amelia Palacios (Foro Educativo)

La ciencia política contemporánea ha profundizado en la relevancia del principio de responsabilidad y rendición de cuentas. Guillermo O'Donnell distinguió la accountability vertical —la que ejercen los electores y la sociedad— de la horizontal, que exige un conjunto de agencias estatales dotadas de autoridad legal y de autonomía real para actuar sobre otras, con capacidad de fiscalizar, transparentar y, llegado el caso, sancionar el comportamiento público. Como puede advertirse, la denominada accountability horizontal no es otra cosa que las "precauciones auxiliares" de Madison.

¿Existe este principio en nuestro sistema constitucional? El artículo 45 de la Constitución dispone que el poder emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución impone; el 39 establece que los congresistas son funcionarios públicos al servicio de la Nación; el 41 obliga a declarar bienes y rentas al asumir, durante el ejercicio y al cesar. A partir de estos enunciados, el Tribunal Constitucional se refiere al principio constitucional anti-corrupción y sostiene que uno de los mecanismos más efectivos de prevención es la publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los funcionarios, porque los expone ya no solo ante los órganos de control, sino ante cualquier persona interesada (STC 04407-2007-PHD/TC). En el sistema interamericano puede citarse el caso Claude Reyes vs. Chile, donde se destacó que el acceso a la información pública habilita el control social y que, para que el individuo ejerza el control democrático, el Estado debe garantizarlo.

No obstante, al tratarse de un enunciado tan genérico, el principio de responsabilidad o accountability requiere no solo decisión política para su defensa, sino también instituciones y mandatos más precisos que lo desarrollen y lo conviertan en norma cotidiana para el control del poder. Tratándose de la rendición de cuentas de los parlamentarios, los nuevos reglamentos de las dos cámaras disponen que los congresistas informen sobre su actuación parlamentaria, pero no fijan estándares mínimos ni prevén sanciones por su incumplimiento. Los informes de gestión los redacta, edita y evalúa cada despacho en su propia página del portal institucional, sin controles mínimos. Con cierta frecuencia, los medios informan de actividades inexistentes e incluso de personal “fantasma” a los que el Congreso retribuye sin mayores controles. También la Comisión de Ética investigó en 2019 informes con eventos no realizados y fotografías ajenas. Si bien la Ley 26300 regula la demanda ciudadana de rendición de cuentas, solo la habilita frente a quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria: alcaldes, regidores, autoridades regionales, jueces de paz. Los congresistas quedan fuera de ese control.

Lo que nos falta es una institución que obligue a rendir cuentas a nuestros representantes: una agencia de control con mandato, plazos y publicidad oportuna. Francia la tiene: sus parlamentarios depositan la declaración patrimonial de fin de mandato entre siete y seis meses antes de que este expire, para que la Alta Autoridad la contraste con la de entrada y el ciudadano la consulte antes de votar. En Alemania, nueve diputados impugnaron las reglas que obligan a publicar sus ingresos paralelos invocando el mandato libre; no obstante, el Tribunal Constitucional Federal descartó la vulneración alegada en una decisión del año 2007; desde entonces el Bundestag publica esas actividades e ingresos. El mandato representativo impide instruir o revocar al parlamentario, pero no lo exime de responder ante la ciudadanía.

El nuevo Congreso ofrece una oportunidad, aunque las cifras son desalentadoras. De 91 congresistas que buscaron la reelección, 24 lo lograron; varios cargan con investigaciones a las que deberán responder ante la justicia. Un senador recibió su credencial pese a una condena de primera instancia por difamación agravada y pese a que la Constitución fue reformada para impedir que cualquier ciudadano pudiera siquiera postular si tuviera una condena de primera instancia. El Jurado, contra la lógica más elemental, ha interpretado que si bien está prohibido postular, no lo está juramentar ni ejercer el cargo para un sentenciado.

Aun así, las cosas podrían mejorar, si se pensara en serio en aquellas "Precauciones auxiliares" a las que se refería Madison. La responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas son principios que se desprenden de la Constitución republicana, pero que requieren de compromisos más firmes por parte de quienes ejercen el poder por delegación.

Por Heriberto Gálvez Herrera - presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín

Conforme a nuestro texto constitucional la sociedad es la titular del servicio de justicia, por lo que el poder que tenemos los jueces deriva directamente de ella; y es ésta quien escoge, a través de los mecanismos constitucionales desarrollados en la Ley de Carrera Judicial y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, a las personas que por capacidad e idoneidad deben ejercer tan necesaria como trascendente función. Necesaria, porque se deben resolver los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas que surgen en la relación social; trascendente, porque corresponde ser independiente e imparcial en la solución de esos conflictos e incertidumbres con la finalidad de garantizar paz social y vigencia del Estado de Derecho Constitucional protegiendo los principios y derechos fundamentales con el propósito de equilibrar sensibilidad social y autonomía discrecional como afirma Owen Fiss.

Pero el cumplimiento de los estándares mínimos de conducta profesional, el desarrollo de capacidades, la justificación de las decisiones con argumentos racionales, el ejercicio de la independencia frente a las arbitrariedades, el desarrollo de los dilemas de imparcialidad, reserva y diligencia es de responsabilidad individual de cada juez.

Es por eso que el poder que recibimos nos impone exigencias no propias para un ciudadano común que ejerce un poder privado, en tanto sus efectos repercuten dentro de esa esfera particular; es decir, desde que somos jueces aceptamos ese poder público al que quedamos sometidos, el que además de darnos ventajas, derechos y beneficios, también nos impone deberes, cargas, limitaciones y desventajas inclusive. Y no tenemos por qué desdeñar a estas últimas, porque son consecuencia del ejercicio de dicha función en nombre de esa sociedad. Conocemos que es “poder público” porque nuestras decisiones tienen efectos en los derechos, en los bienes y en los intereses de terceros que integran la sociedad; pero, el poder que ha sido conferido al juez no es para su engrandecimiento personal. Es para proteger el núcleo más íntimo de la vida de los ciudadanos como afirmó el libertador Simón Bolívar.

La consecuencia de lo anterior es que a los ojos de la sociedad titular de esa potestad al juez no solo le corresponde ser juez sino también parecer juez para evitar que se susciten dudas acerca de la manera como ejerce el servicio de justicia delegado por la sociedad mandante.

Aun cuando Fernando Savater afirme “No creo que la ética sirva para zanjar ningún debate, aunque su oficio sea colaborar a iniciarlos todos,” porque en realidad es la “reflexión crítica,” estamos convencidos, que la ética judicial viene a ser, entonces, un punto de equilibrio entre los valores del juez como ciudadano común y como titular del poder público que ha recibido; esto es, aquélla “se desplaza de la mera obediencia normativa hacia una consolidación de hábitos morales que le permitan sostener decisiones justas, aun en escenarios de conflicto, incertidumbre y de presión,” se trata entonces que “Quien juzga sea un sujeto moral reflexivo, no un aplicador mecánico de normas” según Martha Nussbaum.

Sin embargo, es necesario tener presente que mientras las normas del Derecho actúan cuando la afectación ya se produjo, las de la ética judicial están principalmente orientadas a mejorar el comportamiento del juez con la finalidad de lograr un servicio excelente, es decir, la excelencia judicial. Pero, si bien el poder puede ser discrecional, no puede ser bajo ninguna circunstancia arbitrario. Esto último tiene consecuencias disciplinarias con un marco constitucional y legal. Lo discrecional muchas veces implica adoptar una decisión que la ley no ha previsto sobre todo en casos difíciles en los que la ética exige prudencia y probidad.

Ignacio Morales concluía que “En materia jurídica, uno de los temas pendientes es cómo lograr un buen ejercicio de la función de juzgar, evitando así las arbitrariedades y los errores.” Un Código de Ética clarificaría las conductas, es decir, precisaría cuál es la que debe optar por un juez frente a un determinado hecho en concreto, ahorrándole así tiempo y temor de ser denunciado por un hecho que no es inconducta, y no solo al juez sino también a las partes. Nosotros no solo contamos con un Código de Ética de la Función Pública sino también con un Código de Ética del Poder Judicial.

Si bien “La justicia es la reina de las virtudes republicanas” como dijo Simón Bolívar, no es un “poder ajeno ni terrible” sino un servicio público esencial que debe ser “ejercido por y para personas,” razón por la cual debemos hablar de excelencia judicial.

Max Weber en relación a la función pública hablaba de la ética de la convicción y de la ética de la responsabilidad; la primera solo implicaba “actuar según los principios, independientemente de las consecuencias”, en tanto que con la segunda se debía “asumir las consecuencias de la propia decisión.” Para encontrarnos frente a la excelencia judicial el juez debe integrar ambas dimensiones porque “El juez que solo aplica la ley sin preguntarse por sus efectos actúa desde la convicción y el que sopesa los impactos sociales actúa desde la responsabilidad”. Este es un reto personal como juez, no depende ni de la sociedad como tampoco de la Junta Nacional de Justicia.

Complementando lo anterior, la excelencia judicial va a surgir siempre que el juez resuelva con independencia subjetiva o autonomía intelectual de la que habla el juez argentino Rodolfo Vigo; que lo haga con imparcialidad subjetiva que implique ausencia de un juicio personal por eso Montesquieu afirmaba que era la condición necesaria para evitar la arbitrariedad estatal; resolver con honestidad intelectual a la que se refiere Manuel Atienza, esto es, sin inclinaciones o sesgos personales; cuando se justifique racionalmente la decisión que se adopte como exigía Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll, razón por la que Jurgen Habermas indicó que la motivación era un imperativo democrático; resolver con valentía conforme a la justicia material reclamada por Robert Alexy; sin sesgos de conformación, heurística de disponibilidad o presión de conformidad a los que se refieren Daniel Kahneman y Amos Tversky; sin desvanecimiento ético (ethical fading) tratado por Max Bazerman y Ann Tenbrunsel.

Resolver sin ausencia de los cuatro componentes de integridad judicial (sensibilidad moral, juicio moral, motivación moral y carácter moral) tratados por James Rest. También habrá excelencia judicial cuando se desarrollen las audiencias puntualmente; cuando haya cortesía de trato tanto hacia el equipo con el que labora el juez como hacia el usuario; pues ésta no reside en la cantidad de expedientes resueltos “sino en la capacidad de las sentencias de restaurar la paz social.”

Si bien es importante la independencia institucional en tanto aporta el marco de garantías estructurales que protegen al juez frente a presiones de otros poderes del Estado o de actores influyentes (externa) o del propio Poder Judicial (interna), la doctrina considera que es insuficiente; se exige también para esa excelencia judicial, independencia subjetiva entendida como la capacidad interna de decidir conforme a la convicción jurídica libre de presiones psicológicas, ideológicas o emocionales.

Sí, por ejemplo, un juez afirmara “mataron al fiscal que fue mi amigo; yo voy a hacer justicia,” o si ese mismo juez antes de iniciarse la etapa intermedia o citación a juicio oral, antes de desarrollarse dicho juicio o sentencia o apelación, volviera a afirmar “al acusado lo voy a absolver pero le voy a fijar una indemnización como reparación civil,” o si una jueza afirmó “Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla, se hubiera matado antes,” advertiríamos ausencia de excelencia judicial y por lo mismo de justicia, porque habría carecido de independencia subjetiva pero también de imparcialidad subjetiva porque su decisión tendría sustento en un juicio personal, sesgado, vengativo, arbitrario por haber estado predispuesto a decidir con animadversión; podría haber tenido sensibilidad moral, pero sin duda habría carecido de juicio moral, de motivación moral y de carácter moral.

En palabras de James Rest, ese juez no tendría integridad judicial. Tampoco independencia subjetiva porque ésta, según Rodolfo Vigo, “exige desarrollar una autonomía intelectual que permita resistir influencias externas e internas incluyendo prejuicios personales y presiones mediáticas.” Mucho menos, honestidad intelectual, pues Manuel Atienza considera que “el juez debe segregar sus inclinaciones personales para actuar conforme al deber jurídico.” Es más, la imparcialidad judicial no solo es “ausencia de un interés personal sino la capacidad de decidir como si no supiéramos qué posición social ocupamos ni a qué parte favorece nuestra decisión en ello.”

Las emociones son inestables, esa es la razón por la que Inmanuel Kant decía que “la verdadera justicia no puede depender de tu estado de ánimo,” entonces, mal haría ese juez si persistiera en dirigir esos procesos cuando la “ética del deber” aconseja su apartamiento a través de la inhibición o de la recusación, mecanismos procesales “al servicio de la imparcialidad del juez y no instrumentos de debilitamiento,” es decir, cuando un juez se inhibe o es recusado no debe entenderse que fue derrotado, ni debilitado, sino que hubo “fortalecimiento de la legitimidad institucional” y para lograr ello el juez debe ser lo suficientemente honesto para evaluar y decidir apartarse no solo cuando existe un conflicto real, sino también, cuando “las circunstancias generan una percepción razonable de parcialidad.”

En esa línea, los Principios de Bangalore precisan que “Quien juzga debe evitar situaciones que generen dudas razonables sobre su neutralidad incluso cuando no exista un conflicto de interés real,” por eso la Comisión de Venecia indicaba que “Si no existen jueces independientes, los derechos y libertades no pueden aplicarse de una manera correcta y legal. Por lo tanto, la independencia del poder judicial no es un fin en sí mismo. No es un privilegio del que gozarían los jueces a título individual, sino que se justifica por la necesidad de permitir que los jueces cumplan su misión de guardianes de los derechos y las libertades de las personas.”

Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ese doble estándar, imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva “porque el sistema judicial requiere de decisiones correctas y además de decisiones que inspiren la confianza social.”

Por eso en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se regula no sólo la independencia como “el derecho del ciudadano a ser juzgado exclusivamente desde el Derecho vigente, sin influencias externas ni internas” sino también la imparcialidad en tanto “El estándar del observador razonable que obligue al juez a inhibirse incluso cuando la mera sospecha de parcialidad lo acusa,” entre otros once principios de excelencia que contempla.

En estos tiempos no deja de ser un mito que “el juez es un ermitaño del Derecho” y que su “única preocupación es la exégesis solitaria del expediente” porque actualmente el juez no solo decide, también, “gestiona recursos, conduce equipos, rinde cuentas, genera incentivos directos en el tejido social.” Fue Tadeusz Kotarbinski quien incorporó la palabra praxiología para definir “la ciencia de la acción eficaz” por lo que aplicado al servicio de justicia, éste no solo debe ser eficaz y eficiente sino también debe implicar ética de la ejecución.

En consecuencia, un despacho desordenado, una mora persistente, una gestión opaca, un trato descortés, justiciables que no fueron escuchados o aparentemente escuchados (cámara apagada en audiencias virtuales) o haberles denegado audiencia presencial, trae como consecuencia “incentivos negativos que se extienden mucho más allá del expediente, desalientan el acceso a la justicia, refuerzan desconfianza institucional y empujan a las personas a la resolución extraprocesal de sus conflictos. La finalidad de la democracia es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible”.

Lo anterior tal vez porque históricamente -y hasta la actualidad en nuestro medio- la gestión judicial ha sido medida con indicadores cualitativos: tasa de resolución de causas, tiempo promedio de duración de los procesos, expedientes cerrados por periodos entre otros que, si bien son importantes no son los únicos ni los necesarios, por eso el Centro de Estudios de Justicia para las Américas ha precisado que “Un despacho con mora cero puede seguir siendo un sistema fallido si sus decisiones carecen de sensibilidad hacia los derechos humanos o si el trato hacia las víctimas es deshumanizado.”

En las 100 Reglas de Brasilia encontramos indicadores cualitativos como “imparcialidad percibida, eliminación de sesgos de género y protección efectiva de grupos vulnerables.”

Entonces, si concluimos que la excelencia judicial “no reside en la cantidad de expedientes resueltos, sino en la capacidad de las sentencias para restaurar la paz social,” la presidencia de una corte debería también optar por una política de “incentivos positivos al desempeño ético, reconocimiento a la mejor sentencia, premios a prácticas innovadoras de acceso a la justicia, publicación de jurisprudencia ejemplar” que motiven y contribuyan a lograr la función praxiológica de Kotarbinski.

Finalmente, la excelencia judicial determinará la legitimidad institucional. Siguiendo a Tom Tyler podemos compartir que “La percepción de legitimidad del sistema judicial de parte de la ciudadanía depende menos del resultado de los casos que de la calidad del trato recibido durante el proceso” es por eso que “las personas que sienten que fueron escuchadas, que el proceso fue transparente, tratadas con dignidad aceptan incluso las decisiones desfavorables y a confiar en el sistema.” 

Es deber nuestro evitar un trato indiferente, con menosprecio o arbitrariedad en el trato, con venganza, con animadversión, con sesgos de cualquier índole, porque todo ello va a generar más desconfianza en el sistema de justicia que el resultado adverso de la decisión que firmemos y estaríamos alentando -sin ese propósito- a que los justiciables afirmen que solo “Hay jueces en Berlín” como escribió José Esteve Pardo, basándose en la anécdota de Federico El Grande.

La decisión justa, legítima, independiente, imparcial y final está en cada uno de nosotros.

En el Perú, la Constitución permite que un ciudadano preste servicio militar en el extranjero siempre que cuente con autorización previa del Estado. Esta es la diferencia entre una decisión libre y un delito. Y esa diferencia es exactamente lo que parece estar pasando en el caso de los 459 peruanos enlistados con engaños en las fuerzas rusas.

La Cancillería peruana confirmó este domingo que once compatriotas han muerto, 114 permanecen desaparecidos y 3 han sido capturados por el Ejército ucraniano.

Al respecto, hay quienes entre los 459 eligieron enlistarse voluntariamente, atraídos por una paga que puede superar los 3,000 dólares mensuales, una suma inalcanzable en el mercado laboral peruano. Pero hay un grupo documentado de víctimas que creyeron ir a trabajar en construcción o seguridad privada y terminaron en el frente de combate. Una familiar lo dijo frente a la Embajada de Rusia en Lima con palabras que el Estado peruano debería escuchar.

Se sabe que algunas familias han presentado denuncias por trata de personas en abril. Sin embargo, estos expedientes duermen en la Fiscalía. La Cancillería emitió notas diplomáticas a Rusia sin recibir respuesta y solicitó el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para localizar a los desaparecidos.

El nuevo gobierno tiene dos agendas urgentes. La diplomática, que es presionar a Rusia con todos los instrumentos disponibles para obtener información sobre los desaparecidos. Y la judicial interna, que es desarticular las redes de captación que operan en el Perú con total impunidad.

Por eso, el contexto importa. Digo esto no para poner el parche antes de que salga el chupo. Es inevitable cambiar y es deseable que así sea, cuando el cambio es justificable. En la política ese cambio debe orientarse al bien común. García, por ejemplo, creía en 1988 en la estatización. En el 2006 había abandonado, felizmente, esa espantosa idea. No le fue muy difícil explicar el porqué. 18 años después, había abandonado una corriente de izquierda que es letal para la libertad y, esa vez, no se equivocó.

En estos días, sin embargo, no vemos grandes transformaciones ideológicas nacidas del descubrimiento personal de nuevos horizontes. Pero vaya que vemos cambios en la conducta de los políticos en el poder. El incidente diplomático con México ha traído a la mesa un buen ejemplo de los niveles de fariseísmo político en el Perú. Vamos a los hechos. Betsy Chávez fue condenada por su participación en el delito de rebelión en la modalidad de conspiración. Para que se entienda, para la justicia, es una golpista. Eso esinmutable mientras esa condena esté vigente. Pero, en simultáneo y de manera discreta, ella tramitó un pedido de asilo, acogiéndose a la Convención de Asilo de 1954. El Estado peruano no tuvo ni el tiempo ni el espacio para persuadir a México sobre la conducta estrictamente delictiva de la exministra. Nos enteramos, todos juntos, cuando ella ya había obtenido el asilo y estaba dentro de la Embajada. Lo único que correspondía era darle el salvoconducto para que saliera del país. ¿Qué hizo el Estado peruano? Desconocer el tratado y romper relaciones. ¿Con el apoyo de quién? De los partidos que hoy están en el poder: Fuerza Popular y Renovación Popular.

Un acto de salvajismo diplomático no trae nunca nada bueno. Por eso es por lo que hay que dejar estos temas en manos de profesionales de la política exterior. En la primera semana de gobierno, Fujimori concede el salvoconducto y restaura relaciones con un aliado en la importante Alianza del Pacífico. ¿Era lo correcto? Por supuesto. Pero lo increíble es que los mismos fujimoristas que gritaron para romper relaciones con México son los que alaban a nuestra magnánima señora presidenta por su visión de estadista. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si Roberto Sánchez ganaba y otorgaba el salvoconducto? Ya estarían tramitándole la vacancia.

No le hace ningún bien a Keiko Fujimori (y a ningún político) rodearse de sobones que ladran en redes sociales. Menos aún, cuando hace muy poco, levantaban la voz contra ella. Lo que cualquier político sagaz entiende es que no han cambiado nada. No hay un descubrimiento de hechos nuevos que los haga cambiar de conducta. Lo único que ha cambiado es que Fujimori es presidenta del Perú. Estos “conversos” de último minuto (y de años anteriores) a lo que aspiran es a su cuota en ese poder efímero y frágil. Entonces levantan la voz y el dedito apuntando a los “caviares que viven del Estado” mientras hacen cola en el besamanos del reciclaje. La política peruana es fácil de seguir: cambian los nombres de los partidos, sus colores y banderas, pero las personas son las mismas. Solo cambian de camiseta. Nada les atrae más que el poder. Lo que debería atraerlos es servir, pero eso sería mucho pedir. Mientras Fujimori los acoja, engría y premie, ahí estarán, moviendo la cola y lamiendo la mano.

El problema es que los límites del poder se conocen rápido. Si el proyecto de ley de facultades legislativas fue un globo de ensayo del ministro de Economía, este explotó. Elmer Cuba es el único ministro con personalidad propia y un plan. No tiene con quién jugar en un gabinete de políticos reciclados y sobones a quienes les han hecho el favor de ser ministros. Sus reformas requieren audacia y docencia política. Pero Fujimori de eso no sabe ni tiene experiencia y prefiere el populismo. Apenas se deslizó la posibilidad de debatir el exceso de feriados creados por el Congreso en el último quinquenio (una propuesta bien fundamentada con los impactos en el PBI), lo abandonaron todos. Y ese es un solo ejemplo.

¿Cómo van a derogarse las cuatro leyes que pueden quebrar la caja fiscal si fueron aprobadas por el fujimorismo? ¿Cómo va a discutirse (no digo ya aprobarse) una reforma laboral si nadie, dentro del gobierno, apoya al MEF? Cuba ha preferido anunciar cuatro comisiones de economistas expertos y muy respetados. Veamos si logran convencer siquiera dentro de casa. Los nombramientos del Ejecutivo que controla el MEF (BCR, Sunat, Tribunal Fiscal, directorio de Petroperú) nos dan una indicación mucho más clara de su orientación en política económica y profesionalismo que el gabinete Galarreta. El enfrentamiento entre el populismo del fujimorismo y el programa liberal del MEF va a explotar en cualquier momento. Solo un ciego no se da cuenta. Basta con comparar el mensaje de 28 de julio con el pedido (abortado) de facultades.

El oficialismo en el Congreso no será de ayuda para el MEF. Sus congresistas, reelegidos o exempleados parlamentarios, traen intactos el populismo, el mercantilismo y el militarismo del último quinquenio. El irreconocible Fernando Rospigliosi, como vocero del fujimorismo, no solo le hace daño a las Fuerzas Armadas, sino a la propia Fujimori. Con ambos, sus niveles de sobonería son indescriptibles. Su caso no es el de alguien que cambió de opinión con el tiempo. Solo una lobotomía puede generar tal transmutación de la personalidad. No hay explicación racional para su conducta actual. Su fanatismo va mucho más allá del oportunismo y causa al gobierno un daño político profundo, que también, tarde o temprano, va a explotar. Un pueblo no aguanta el maltrato ilimitadamente.

Sin embargo, nada de esto es casual. En un interesante estudio de Fanny Munoz y Vanessa Laura, se cuenta cómo la creación del término “ideología de género” fue una reacción de los sectores conservadores  ante el avance del feminismo y los estudios de género que cuestionaban la  desigualdad y subordinación de las mujeres.  

 En un artículo pasado, hablaba de la revolución del género, explicando que este enfoque permite cuestionar roles y estereotipos que han sido asignados a las personas desde su nacimiento, que están a la base de la desigualdad y que fueron recogidos en la ley. Por ejemplo, en el Código Civil de 1936 se establecía que sin el consentimiento del marido la mujer no podía ejercer su profesión o trabajar fuera de la casa y en el ámbito penal hasta 1997 si un violador sexual se casaba con su víctima, no iba a la cárcel.  Los cambios que hoy celebramos cuestionan el rol tradicional de las mujeres que les impedían participar en la vida pública, librarse de un matrimonio con violencia, ir a la universidad y construir su propia vida. Es esa autonomía la que se quiere eliminar con discursos falsos que en realidad corresponden a una estrategia pensada desde lo cultural y lo político.

 Por ello, les invito a informarse, a construir sus propias reflexiones y a no dejarse manipular por discursos creados para asustar a las personas, pero que en el fondo buscan volver al pasado donde la subordinación femenina era la regla.

La virtualidad es una solución de emergencia, como lo fue durante la pandemia del COVID-19, pero convertirla en norma es artificializar la política. La ciudadanía ha visto cómo se ha reducido a pantallas donde el debate pierde fuerza y la rendición de cuentas se diluye.

Al respecto, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, propuso que las sesiones sean presenciales como regla general, reservando la virtualidad solo para casos justificados como viaje o enfermedad. Hasta el momento, el respaldo parece avanzar transversalmente: Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular lo apoyan. El senador de Renovación Popular, Javier Cipriani, afirmó que el Pleno del Congreso exige presencia y responsabilidad frente al país.

Sin embargo, quien lo rechaza es Miguel Torres, presidente del Senado y líder de Fuerza Popular, que defiende los avances tecnológicos como argumento para mantener la virtualidad. Esa posición tiene una lectura política que cada ciudadano puede hacer por su cuenta.

Porque el Congreso que aprobó las leyes procrimen, el fuero militar y la ley de lesa humanidad restrictiva lo hizo gracias a una virtualidad que facilitó la opacidad de la acción política, sin cámaras encendidas de prensa independiente y, sobre todo, sin el peso del debate presencial. La presencialidad es una condición mínima para que la fiscalización ciudadana sea posible. Los diputados opositores que ya respaldan este proyecto deben entender que aprobarlo es una herramienta para hacer su propio trabajo de fiscalización y una demanda de la ciudadanía que es muy clara. Y la bancada fujimorista que lo rechaza, si es que persiste en esta irresponsable práctica, debe saber que contradiría a la presidenta Keiko Fujimori, quien ha rechazado que la opacidad sea su forma de gobierno. Los peruanos verán cuál de los dos Fuerza Popular se hará presente en el debate la siguiente semana.

Hace casi veinte años el Perú tomó una decisión trascendental para la educación: construir una carrera docente basada en la meritocracia. El ingreso por concurso público, las evaluaciones periódicas, los ascensos por desempeño y la formación continua marcaron un cambio profundo en la profesión docente y sentaron las bases de una de las reformas más importantes del Estado peruano.

Hoy esa política constituye uno de los principales consensos en educación. Sin embargo, toda reforma debe evaluarse no solo por aquello que logró, sino también por aquello que dejó pendiente. Y la reforma meritocrática del magisterio aún tiene una tarea inconclusa: la jubilación.

El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas para el Magisterio, el pasado 15 de julio, evidenció que los avances alcanzados en la actualización del padrón de docentes cesantes y jubilados y en la coordinación técnica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS no estuvieron acompañados de la decisión política necesaria para culminar el proceso. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no extingue la obligación del Estado. Por el contrario, corresponde ahora al nuevo gobierno culminar la reglamentación e implementar una ley que continúa plenamente vigente.

En el debate público, el primer cuestionamiento a esta ley ha sido su costo fiscal. Pero esa mirada resulta insuficiente. Toda política pública importante exige recursos. La verdadera pregunta es qué debe hacer un Estado cuando enfrenta una política pública que supone un desafío fiscal: ¿declararla inviable o asumir la responsabilidad de construir una implementación sostenible?

Creo que esa es la verdadera discusión.

La política de meritocracia docente comenzó durante la primera gestión del ministro José Antonio Chang (2006–2011), en el segundo gobierno de Alan García. Durante el debate parlamentario la Ley de Carrera Pública Magisterial en 2007, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas, entre ellos el hoy presidente del Consejo de Ministros, entonces congresista, Luis Galarreta, quien defendió una carrera docente sustentada en la meritocracia, con evaluación para el ingreso y la permanencia. Posteriormente, esta política fue consolidada con la Ley de Reforma Magisterial durante las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra (2011-2016), en el gobierno de Ollanta Humala, y sostenida por los gobiernos que les sucedieron. También ha resistido los intentos de contrarreforma impulsados durante el gobierno de Pedro Castillo y por un sector del Congreso en los últimos cinco años. Esa continuidad ha permitido que la carrera docente trascienda los cambios de gobierno y se consolide como una política de Estado. Hoy, más del 70% de los docentes de la escuela pública pertenece a la Carrera Pública Magisterial, una política que ha fortalecido el desarrollo profesional docente y constituye uno de los pilares para mejorar la calidad del sistema educativo.

Hoy cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben, en muchos casos, pensiones que fluctúan entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los docentes en actividad tiene entre 50 y 65 años, lo que anticipa una importante renovación generacional del magisterio y la necesidad de fortalecer la formación inicial de quienes ingresarán a la carrera docente. Pero esta transición también plantea un desafío ineludible para el Estado: responder con políticas públicas al creciente número de maestras y maestros que culminarán su vida laboral. Completar la reforma meritocrática supone asumir ambos desafíos de manera simultánea: preparar a las nuevas generaciones de docentes y garantizar que quienes dedicaron su vida a educar al país puedan culminar su trayectoria con una jubilación.

Un segundo cuestionamiento sostiene que reconocer una mejora en las pensiones del magisterio abriría un precedente para todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, este argumento parte de una premisa equivocada: la Carrera Pública Magisterial es una carrera pública especial, basada en el mérito, y no puede equipararse a otros regímenes laborales del Estado. Precisamente por esa naturaleza, la respuesta previsional también debe ser coherente con la trayectoria profesional que el propio Estado exige a los docentes. Si durante 25 o 30 años se demanda ingreso por concurso, evaluaciones permanentes, ascensos por desempeño y formación continua, esa lógica no puede desaparecer cuando concluye la vida laboral. La jubilación no es un beneficio adicional: es la etapa final de la carrera docente.

Un tercer cuestionamiento sostiene que la ley pretende que los docentes se jubilen con la misma remuneración que percibían al finalizar su carrera. Esa afirmación tampoco corresponde al contenido de la norma. Por el contrario, la ley adopta un criterio de equilibrio entre mérito, justicia social y sostenibilidad fiscal al establecer como referencia únicamente la remuneración correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Se trata de un piso previsional, no de una equiparación de ingresos. Su propósito es garantizar que quienes dedicaron décadas al servicio de la educación concluyan su trayectoria con un nivel mínimo de protección, coherente con la carrera meritocrática que el propio Estado les exigió construir.

El propio Estado peruano ha demostrado que, cuando considera prioritaria una política pública, también encuentra mecanismos para financiarla. Este año se aprobó una reforma del régimen pensionario del personal militar y policial que permitirá que sus pensiones correspondan al 100% de la remuneración consolidada según el grado alcanzado en actividad. Se estima que esa decisión demandará una inversión cercana a S/ 14 mil millones, aproximadamente el triple de lo que requeriría garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los docentes jubilados.

No se trata de cuestionar esa decisión. Quienes sirven al país desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una protección previsional adecuada. En ese mismo sentido, el Estado debe asumir el compromiso de completar la reforma meritocrática del magisterio, garantizando una pensión mínima acorde con la carrera meritocrática.

Actualmente, el Estado destina alrededor de S/1.500 millones al pago de pensiones docentes. Además, cerca de 500 mil maestros en actividad aportan al sistema previsional y contribuyen al financiamiento del Estado mediante el impuesto a la renta de quinta categoría. Culminar esta política requerirá recursos adicionales, pero, sobre todo, la decisión política de asumirla como una prioridad de Estado.

Las alternativas existen y son técnicamente viables. Muchas de ellas han sido planteadas por las propias organizaciones de docentes cesantes y jubilados, quienes no solo han demandado el cumplimiento de la ley, sino que también han formulado propuestas para hacer viable su implementación. Entre ellas destacan la revisión de exoneraciones tributarias cuya eficacia ya no se justifica, el fortalecimiento de la recaudación y una mejor priorización del gasto público.

Al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori le corresponde culminar la reglamentación e implementar una ley vigente, construyendo una ruta técnica y fiscalmente sostenible para hacerla realidad. Al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Diputados, le corresponde ejercer una fiscalización rigurosa y promover los acuerdos políticos necesarios para su implementación. Ambos poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de convertir una ley vigente en una política pública efectiva. Ese es el verdadero desafío de quienes gobiernan y de quienes legislan.

Hace casi veinte años el Perú apostó por una carrera docente basada en la meritocracia. Hoy el desafío no es iniciar una nueva reforma, sino culminar una política de Estado que quedó inconclusa. Solo así la carrera docente será coherente desde el ingreso hasta el retiro y el Perú habrá fortalecido una de las políticas públicas más importantes del sistema educativo.

En el extremo oriental de Ucayali hay una piedra que separa dos países. De un lado está la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, en el Perú. Del otro está Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Para los mapas son dos jurisdicciones distintas. Para nosotros son la misma familia extendida, con los mismos abuelos, la misma lengua y los mismos muertos. La frontera nos dividió en el papel; nunca nos separó en la vida.

Empiezo por ahí porque casi toda discusión sobre esta frontera empieza mal cuando empieza por el mapa. Para nuestros pueblos el territorio no es una parcela ni una propiedad: es el espacio donde vive nuestra cosmovisión, donde se transmiten el idioma y el conocimiento de la medicina, donde están enterrados nuestros antepasados y donde rigen normas propias de convivencia. El territorio es un cuerpo y es una historia. Por eso, cuando se decide algo sobre él sin consultarnos, no sentimos un trámite incumplido: sentimos una rotura.

Y en esa rotura han crecido otras cosas. El puesto de control fronterizo del Hito 38 permaneció abandonado durante casi una década. En ese tiempo, el Comando Vermelho y las economías ilegales aprendieron el camino de los ríos y de las trochas mejor que cualquier funcionario. Nadie ocupa un vacío con discursos: lo ocupa quien llega. Si nosotros no lo ocupábamos con organización propia, iba a ocuparlo otro. Ya estaba ocurriendo.

Por eso, desde ORAU, junto con ACONADIYSH y AIDESEP, impulsamos la restauración del Hito 38 y la instalación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Quiero decirlo sin adornos: no lo hicimos porque quisiéramos reemplazar al Estado. Lo hicimos porque el Estado no estaba, y porque los apus y monitores que enfrentan a la tala ilegal y al narcotráfico reciben amenazas de "plata o plomo", sufren atentados y, en varios casos, han sido asesinados, a varios días de navegación del puesto policial más cercano.

Ese acto de emergencia es parte de una propuesta política ordenada. Hoy la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya reúne a 28 territorios indígenas de 13 pueblos de ambos países, con ORAU y ACONADIYSH del lado peruano y OPIRJ y APIWTXA del lado brasileño. No es un invento reciente ni la ocurrencia de una gestión: llevamos cinco años en esto, con asambleas comunitarias, congresos y encuentros binacionales. Lo que hicimos fue nombrar y ordenar un tejido territorial que ya existía antes de que existiera la línea de frontera.

Cada vez que presentamos esto nos preguntan lo mismo: si estamos reclamando un territorio fuera del control estatal. La respuesta es no, y conviene entenderla bien. Lo que estamos construyendo es una autonomía dentro del Estado: una autoridad territorial indígena que decida en asamblea qué se hace con el bosque, cómo se vigilan los ríos, cómo se resuelve la superposición de intereses entre pueblos distintos. Esas estructuras no sustituyen al Estado. Llenan el hueco que el Estado dejó y, al mismo tiempo, nos dan la fuerza organizada para exigirle que cumpla lo que firmó, empezando por el Convenio 169 de la OIT.

Lo digo con todas sus letras: la autonomía indígena es la garantía de la presencia del Estado, no su negación. Llevamos décadas pidiendo esa presencia con oficios y solo recibimos promesas. Hoy la pedimos con una plataforma binacional que puede recibir al Estado, coordinar con él y evaluarlo.

Hay una razón adicional para la urgencia. En esta misma franja está la Reserva Indígena Murunahua, de 470.305,89 hectáreas, creada para proteger a los pueblos Chitonahua y Mashco Piro en aislamiento y al pueblo Amahuaca en contacto inicial. Son los más vulnerables entre los vulnerables: un contacto no controlado, una epidemia o una invasión pueden significar su exterminio. Desde 2011 venimos sosteniendo ante el Estado la propuesta del Corredor Territorial Pano Arawak, en el marco de la Ley 28736, y seguimos esperando una implementación con fuerza real. Valoramos que en mayo de 2026 los ministerios de Salud del Perú y del Brasil se reunieran en Pucallpa con la OPS/OMS para avanzar en un plan de contingencia binacional; pero un plan sanitario para los PIACI que se diseña sin las organizaciones indígenas en la mesa nace incompleto.

El 28 de julio de 2026 asumió un nuevo gobierno en el Perú, y con él se abre una ventana que no deberíamos desperdiciar. La seguridad soberana en la Amazonía no se defiende con anuncios en Lima: se defiende con presencia efectiva en el Hito 38, en el Hito 40C y en cada punto donde hoy el crimen organizado transnacional entra y sale sin que nadie lo registre. Nosotros somos la primera información, la primera alerta, la única presencia y muchas veces la única muerte. Tratarnos como aliados estratégicos de la seguridad nacional, y no como una zona ingobernable que hay que administrar desde lejos, es exactamente la diferencia entre una frontera protegida y una frontera entregada.

Al Brasil le decimos lo mismo, porque el Comando Vermelho y otros grupos criminales cruzan la línea en ambos sentidos y ninguna estrategia unilateral va a funcionar. Hace falta coordinación binacional de inteligencia, patrullaje conjunto y persecución penal articulada, con las organizaciones indígenas fronterizas como socias reconocidas y no como observadoras invitadas.

Y hace falta entender que la ausencia de servicios no es un problema aparte del problema de seguridad: es su antesala. Donde no hay posta, ni escuela intercultural, ni energía, ni alternativa económica, la economía ilegal ofrece lo único que parece llegar rápido. Educación intercultural bilingüe con maestros formados en su propia cultura, salud itinerante que cruce la frontera sin condiciones, conectividad, transporte fluvial y economías indígenas sostenibles no son concesiones: son política de seguridad.

No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado peruano y el Estado brasileño cumplan lo que les corresponde en un territorio donde, durante décadas, solo estuvimos nosotros. La Guardia Indígena Transfronteriza y la reapertura del Hito 38 ya demostraron que los pueblos indígenas sabemos organizarnos frente a la crisis. Falta que los gobiernos respondan con la misma determinación.  El Yurúa–Juruá–Alto Tamaya no es una frontera olvidada. Es un territorio vivo, binacional, defendido por sus propios pueblos. Lo único que esperamos es que deje de ser un territorio abandonado.

Don Ildefonso Nuño me dio un obsequio gratísimo: un amarillento ejemplar de poesía de Luis Cernuda que había conservado durante los años de su exilio en Moscú.

El mar, personaje de sus versos… “Con una voz insomne decía cosas vagas, / barcos entrelazados dulcemente / en un fondo de noche, / o cuerpos siempre pálidos, con su traje de olvido / viajando hacia nada”.

Y yo caminé embrujado por páginas cuya lectura repetía frente a las mesas del café Comercial. Allí, un joven me soltó: ¡Conque leyendo a Cernuda!

Era peruano, se llamaba Alonso Cueto y había llegado con una beca para estudiar la poesía del asombroso Cernuda. Por mi parte, yo estudiaba Lingüística y Literatura en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

Esos son mis primeros recuerdos de Alonso, así como nuestra total coincidencia en la admiración por Juan Carlos Onetti, a quien él dedicó más tarde su tesis doctoral.

Tiempo después, una de las obras de Cueto, Grandes miradas, me hizo preguntarme de qué forma la dictadura de Fujimori contaminó la sociedad, y de qué manera era inexcusable sentir su hedor.

Recientemente, conversando con Cueto le he pedido algunas opiniones:

- Tu novela La hora azul mostró la infamia y el dolor de la guerra interna. Y, por su parte, Miriam fue la mujer encargada de exhibir la bestialidad de la represión.

¿Qué piensas?

AC: Justamente a partir de ese personaje me interesó explorar más la conciencia femenina y su percepción de la historia.

- Alonso, algunos observadores patriarcales enarcan las cejas cuando el escritor centra su obra en una mujer combativa. A mí me acaba de ocurrir en el caso de Manuela Sáenz y la luna de Paita. Durante mi presentación, alguien apagó el micrófono y más tarde alegó que yo estaba escribiendo sobre una terrorista del siglo XIX. ¿Qué piensas tú?

AC: Me parece que las mujeres en general tienen una conciencia de las relaciones humanas más sensible y aguda que los hombres. Nosotros con frecuencia estamos muy encerrados en nosotros mismos, pero las mujeres se proyectan en los demás y los conocen más a fondo.

- Eso es lo que ocurre en el caso de Memorias de una limeña, me parece, la novela que presentas en la Feria.

AC: En efecto, Adriana tiene una vida ejemplar y feliz hasta que ocurre algo que la arroja a un abismo. A partir de entonces tiene que sobreponerse a las consignas de la sociedad. Como ella, siempre me han interesado los personajes que se reconstruyen.

- ¿Cómo dibujas a la limeña de tu novela?

AC: Siempre me ha intrigado esa voluntad secreta que tenemos los seres humanos para persistir en nuestras consignas. En el caso de la limeña de mi novela y de otros personajes, me llama mucho la atención que no haya ninguna ideología, doctrina o religión que los impulse. Solamente el puro instinto de vida.

Descubrir cómo puede aparecer ese instinto frente a los fracasos y las tragedias, es una de las obsesiones que siempre he tenido como escritor.

- Pero hay algo más en tus personajes. Creo que el pasado los persigue.

AC: Tienes razón, pero son capaces de enfrentarlo. El recuerdo es una forma de inventar un pasado nuevo.

- En resumidas cuentas, ¿para qué sirve escribir?

AC: Escribir es un modo de conversar con uno mismo. Me interesan los personajes femeninos emprendedores e independientes. Quizá soy un escritor feminista, aunque recién ahora me doy cuenta.

- Recuerdo estos versos de Cernuda sobre la muerte: “Vas en la blanca nube que orlándose de fuego / de un dios es ya el ala transparente…”. ¿Qué te dicen?

AC: Ese es el asunto central de una obra, creo, encontrar las diversas maneras que hemos inventado para convivir con la muerte.

Una novela debe ofrecernos el testimonio de una vida vista en su profundidad y en su complejidad, pero una novela también debe ser entretenida, debe cuidar la intriga, la expectativa, todo eso que la hace un sueño coherente.