Conviene recordar el origen de ese modelo. Fue instaurado en la década de 1990, en el contexto de una dictadura, como respuesta al colapso económico de fines de los años ochenta marcada por una gravísima hiperinflación y una crisis fiscal devastadora. La liberalización de mercados y la disciplina macroeconómica fueron, además de decisiones técnicas, también políticas. Ello generó que dichas decisiones sean adoptadas en un escenario de concentración del poder que, de alguna manera, limitó también el debate público. Ese origen explica tanto sus fortalezas como sus omisiones a un modelo que puede mejorarse.

Hoy, esa otra cara resulta inocultable. Según el informe Riqueza y desigualdad en el Perú, elaborado con apoyo de Oxfam, una fracción ínfima —el 0.1%— concentra alrededor del 22% de los ingresos. El propio estudio advierte, además, que la desigualdad real podría ser mayor debido al subregistro de los sectores más ricos en las estadísticas oficiales.

El modelo de las últimas décadas apostó por la expansión del mercado, pero relegó la construcción de mecanismos de redistribución, protección social y formalización laboral. Así, la salida de la pobreza fue, para muchos, más frágil de lo que se quiso reconocer y la pandemia expuso esa fragilidad con crudeza.

El informe anota al Perú como el país con mayor desigualdad en el mundo en el 2022. Ante ello, persistir en la defensa acrítica del modelo equivale a ignorar la evidencia.

Además. vale la pena animar que el reconocimiento de algunos avances no implica negar las grandes deudas. En ese sentido, valorar la estabilidad macroeconómica como necesaria, no debería negar que es por sí sola insuficiente.

En medio de unos comicios complejos como los que viven los peruanos estos días también debería impulsar un debate alturado y con visión de Estado en cómo se debería emprender reformas que permitan equilibrar crecimiento con mayor equidad.

Negar esta discusión no la hará desaparecer. Solo profundizará una tensión social que ya está presente y, como observan los especialistas, cada vez de forma más dura.

Julia ganó el Oscar con una película sobre Erin.

Por su parte, aunque no completó su educación universitaria, Erin (nacida en 1960, en Kansas) ganó en la vida real un juicio contra una de las más poderosas empresas norteamericanas y se convirtió en la heroína y el símbolo de los hogares más pobres de ese país.

Pacific Gas & Electric (PG&E) había contaminado una zona con una sustancia tóxica llamada Cromo 6. Al usar el agua natural, los consumidores contrajeron problemas de salud como el asma, la tos crónica y la bronquitis, así como erupciones cutáneas, dolores articulares, hemorragias, y se pronosticaban enfermedades más graves todavía.

Erin, una mujer divorciada, con dos hijos y con muy escasos recursos, había acudido a un estudio de abogados para solicitar apoyo en un caso legal. Entristecidos por su condición económica, los abogados le dieron trabajo como asistente. Sin embargo, ella hizo mucho más.

Sin más recursos que un viejo Ford, la asistente legal visitó a centenares de familias de la zona y enfrentó las posibles represalias de la gran empresa.

Sin embargo, obtuvo las pruebas que necesitaba y con ellas se ganó el juicio. La PG&E pagó 334 millones de dólares distribuidos entre las personas que habían sufrido algún problema médico, pero lo más importante fue demostrar que David puede vencer a Goliat.

Además, con esta película y con Una acción civil, entre otras, el cine plasmó como una voz de orden para el nuevo siglo la lucha frontal contra la contaminación ambiental y otros abusos de los dueños del mundo.

Hace un mes concurrí a las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima e hice una breve encuesta: La ley de los audaces, según la mayoría, es la mejor serie de abogados que se ve actualmente en nuestra televisión. El abogado del Lincoln, en la que un hombre de leyes trabaja en su propio carro, es la otra, y ya llegó a la cuarta temporada.

Entre las más antiguas, los entrevistados citaron Matar a un ruiseñor, un valiente llamado a la justicia y Philadelphia, un hito en la batalla contra la discriminación.

Como se ve, todas esas películas y series están orientadas hacia estimular la lucha contra el abuso de los poderosos. Sin embargo, también hay algunas producciones sosas que dejan una idea no muy exacta acerca de los abogados norteamericanos.

Hace algún tiempo, Perry Mason y, después, Jack McCoy, de Law and Order, han mostrado al mundo la cara de lo que supuestamente es el abogado norteamericano: inteligente, ágil, valiente, irónico, veloz para adelantarse a sus adversarios e histriónico para impresionar al jurado.

Abogados en el bar

Sin embargo, Perry y Jack solamente existen en la TV. La verdadera imagen de muchos letrados de ese país parece ser otra. Un boletín del Bar Association Lawyers (Colegio de Abogados) de Massachusetts contiene algunas preguntas y diálogos sostenidos en audiencias que servirán para que ustedes mismos se hagan una idea.

Abogado: Doctor, antes de que usted hiciera la autopsia, ¿tomó el pulso?

-No.

-¿Le tomó la presión?

-No.

-¿Chequeó usted la respiración?

-No.

-Entonces, ¿es posible que el paciente aún estuviera vivo al inicio de la autopsia?

-No.

-¿Cómo puede estar seguro, doctor?

-Porque el cerebro estaba en una jarra, a unos metros de allí.

-No obstante, ¿podría haber estado vivo todavía el hombre?

-Sí. Es posible que estuviera vivo, y practicando la abogacía en una corte.

Preguntas sagaces:

-¿Estaba usted presente cuando le tomaron esta foto?

-¿A qué distancia, uno de otro, estaban los carros en el momento del choque?

-¿Usted estuvo allí hasta el momento en que usted salió?

-Entonces, ¿cuántas veces ha cometido usted suicidio?

Y más diálogos:

-Doctor, ¿cuántas autopsias de personas muertas ha hecho usted?

-Todas las autopsias las hago sobre personas muertas.

-¿Se dio cuenta de la hora en que usted examinaba el cuerpo?

-Sí. La autopsia comenzó a las 8.30.

-¿Y el Sr. Kensington estaba muerto en ese momento?

-No. Estaba sentado en un sillón y se preguntaba por qué estaba yo haciéndole una autopsia.

Y, por fin:

-¿Cómo terminó su primer matrimonio?

-Por muerte.

-¿Por la muerte de quién?

Nos preocupan las adolescencias. Las cifras de ansiedad y depresión aumentan, al igual que los casos de ideación y suicidio. Se señala a la pandemia como causa, pero el deterioro venía de antes. No es una crisis coyuntural: es el resultado de una deuda estructural.

Desde el proyecto 'Ser adolescente en el Perú', venimos observando desde 2019 qué sostiene su bienestar. Dos factores son claros: vínculos cercanos con familia y pares, y la posibilidad real de construir un proyecto de vida que permita salir adelante. Hoy, ambos están en riesgo.

El panorama es complejo. La mayoría no recibe acompañamiento escolar para diseñar trayectorias viables. Egresan de la secundaria con la idea de que el esfuerzo basta, aunque las condiciones materiales lo desmientan. Las familias, atravesadas por urgencias económicas, disponen de poco tiempo para acompañar. El Estado aparece difuso, asociado más a corrupción que a oportunidad. Y el acceso a la educación superior es, para muchos, simplemente inaccesible.

En ese escenario, las y los adolescentes quedan solos frente a sus aspiraciones. Cuando estas no se concretan, ¿sobre quién recae la frustración? Paradójicamente, la familia —principal fuente de bienestar— también es espacio de carencia: hay afecto, pero poco tiempo. Y los pocos momentos de conversación se vuelven un recurso escaso y profundamente valioso.

A esto se suma una narrativa adulta que insiste en reducir la adolescencia a problema, riesgo o etapa a "superar". Se les exige opinión política, pero se les niegan espacios reales de participación; no deciden en la escuela, no son escuchados en la familia, no son considerados en las políticas públicas.

Por eso, poner a las adolescencias en la agenda electoral no puede ser un gesto simbólico. Es una obligación política. Implica reconocerlas como actores sociales, garantizar espacios de participación efectiva, fortalecer la escuela como lugar de orientación y proyecto de vida.

Escuchar más y etiquetar menos no es solo una consigna: es un cambio de enfoque. Significa dejar de responsabilizar individualmente a las adolescencias por aquello que, como sociedad, aún no hemos sido capaces de garantizar.

Luego de un riguroso proceso de selección, 20.000 jóvenes y más de 300 profesionales fueron, respectivamente, galardonados con Beca 18 y Beca Bicentenario. Sin embargo, Pronabec les informó que no había dinero. Las autoridades no presupuestaron la cobertura de estas becas para 2026.

Las becas son un tipo de subvención (disposición dineraria) a través de la cual el Estado usa el poder del gasto público y el necesario control (focalización, monitoreo y fiscalización de la ejecución) para potenciar el talento joven, sin que esta técnica de fomento del bienestar tenga un uso clientelista o fraudulento.

¿Por qué esto importa en un país como el nuestro? La educación pública de calidad y las subvenciones para estudios universitarios (Beca 18) y de posgrado (Beca Bicentenario) son el puente entre la pobreza y el desarrollo económico, entre pésimos servicios estatales y un país con oportunidades para todas las personas. Además, en la era de la información y de retos globales como el cambio climático, es indispensable que el Estado invierta en conocimiento y cuente con profesionales competitivos (echemos un vistazo a cuánto del PBI de los países de la OCDE se destina a este fin).

¿Es deber del Estado otorgar becas? No. Sin embargo, es más costoso no hacerlo. Pierde talento joven que carece de recursos económicos y lo condena a la exclusión junto con sus familias. Desperdicia posibilidades de desarrollo económico y social en el territorio, especialmente en zonas alejadas de las capitales de provincia. No obstante, todo esto, hemos sido testigos del desfinanciamiento de ambas becas, a pesar de que ya había ganadores con expedientes impresionantes. Jugar con las expectativas de quienes menos tienen es un cruel acto de desprecio.

Ahora bien, ¿cuál tendría que ser el retorno por semejante inversión que sale de nuestros bolsillos? Corresponde financiarlas con los incentivos correctos, como compromisos de servicio al país, conectando las becas con una política seria de atracción y retención de talento: (i) prácticas profesionales o acceso a los primeros niveles de la carrera pública; (ii) financiamiento de especialidades vinculadas con la innovación, prioridades de Estado o desafíos globales; (iii) pasantías con mentorías en ministerios y gobiernos regionales y locales; (iv) voluntariado sostenido en programas sociales. En suma, que los jóvenes vuelvan con una oportunidad de servir al país. Así, también, las entidades públicas tendrían la posibilidad de renovar progresivamente sus cuadros y la ciudadanía, la esperanza de mejores servicios. Todos ganamos.

Entonces, no se trata de recursos escasos ni de lanzar dinero al agua. Se trata de cuáles son las prioridades estatales que se revelan con las decisiones de gasto. ¿Por qué elegimos aviones de US$3.500 millones sobre nuestros jóvenes si no estamos en guerra? Se trata de voluntad política. Voluntad real de dar la pelea por aplanar la cancha, para que todas las personas podamos correr, en igualdad de condiciones, la misma carrera de la vida.

Sin una interferencia tan grande como la que representó la pandemia en las elecciones del 2020 y en las del 2021, volvimos a un sistema de tres bandas definidas sobre cinco organizaciones políticas. La excepción, Obras, es una franquicia prácticamente nueva. Alcanzó representación porque la burbuja formada por la candidatura de Ricardo Belmont se levantó tarde y no llegó a pincharse del todo. Con algunos días más de campaña abierta, quizá habría terminado dentro del pelotón de los que no pasaron la valla.

La distorsión, sin embargo, es solo circunstancial. La clave que confirma esta primera conclusión proviene de la desaparición —ojalá definitiva— de las otras franquicias, las que poblaron el Congreso que cesa en julio de este año.

La segunda conclusión es más compleja: hay un factor nuevo en la escena. Uno cuyo peso político no hemos anticipado a tiempo. Las elecciones se han producido en un contexto marcado por el enorme incremento del peso relativo de la economía de metales de origen incierto en nuestro país. Oro, especialmente. No perder de vista que el valor total del oro de origen incierto exportado en el 2025 ha llegado muy cerca del total del oro de origen formal exportado el mismo año.

Cuando los actores de una economía alcanzan estas dimensiones, se diferencian en función de la posición que ocupan en el mercado. Pero, además, formalizan sus necesidades políticas en demandas específicas que necesitan canalizarse. Es el momento en que concentran sus preferencias. El resultado realinea el sistema de representación, que en una sociedad abierta no tiene cómo resistirse a su crecimiento diferenciado.

En estas elecciones, la economía del oro de origen incierto se ha mostrado dividida en dos subsectores: uno está formado por quienes concentran los mayores niveles de ganancia que se generan aquí: los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores. Este sector parece haber concentrado su apuesta en una candidatura, la de López Aliaga.

Al frente están los mineros que manejan operaciones asentadas en el campo. Estos mineros extraen metal de lugares ocupados físicamente, zonas sobre las que no tienen más derechos formales que las excepciones que les otorga el Reinfo. Usan procedimientos no supervisados ambientalmente y tienen poco acceso propio a plantas sofisticadas de beneficio. Son, en los hechos, proveedores del primer segmento.

Este segundo sector parece haber optado preferentemente por Sánchez.

El ascenso de estos dos actores cambia la agenda política. El primero, el que acumula los mayores márgenes de ganancia, parece interesado en lograr que el Estado compre más oro. La vía: cambiar el patrón de reservas internacionales del país del dólar a ese metal. La opción no es absurda. Como tendencia, este cambio ya se registra en la economía internacional. Pero el riesgo está en las formas. El patrón de reservas internacionales del país es un asunto en extremo sensible. La posibilidad de cambiarlo debería discutirse en un ambiente equilibrado, uno que parta del más absoluto respeto a la autonomía institucional del BCR. Aquí debe frenarse a tiempo toda tentación de forzar las cosas. Y, en nuestro medio, esas tentaciones están a la vista.

Al otro lado de la vereda, los mineros de campo parecen orientados a demandar que el Reinfo se convierta en un sistema de permisos extractivos permanentes. Para lograrlo, parecen interesados en reducir las protecciones legales con que ahora cuentan las concesiones mineras ya establecidas, especialmente las no explotadas de manera directa. Esta es una demanda basada en ocupaciones físicas no formalizadas. Ese ya es un punto de partida complejo para abrir el debate. Pero, además, aquí no se ha registrado una separación clara entre este sector de la economía y aquel otro que no tiene reparos en invadir zonas que deberían mantenerse protegidas por razones ambientales o comunitarias. Aquí la diferenciación, particularmente importante cuando se trata de alejarse de patrones violentos, debe convertirse en una condición mínima para abrir el debate.

Queda por revisarse una tercera conclusión. El Congreso que cesa en julio deja en el sistema una serie de enclaves capturados por la mayoría, que usó sus competencias para elegir autoridades constitucionales. Entre ellos hay dos que, por la caída de las franquicias, han quedado sin soporte político: Sunedu y la Defensoría del Pueblo. Ninguno de ellos tiene por qué mantenerse secuestrado en el periodo político que se abre en julio. Los beneficiarios directos del desmontaje de ambas entidades, APP, Podemos y Perú Libre, han salido de la escena. Y los encargados de ambas entidades han dejado en evidencia la facilidad con que han mezclado sus competencias con decisiones entregadas al juego directo de intereses privados. Tocará al siguiente Parlamento discutir las consecuencias prácticas de estas decisiones.

La cuestión más difícil de discutir es la suerte de la actual Junta Nacional de Justicia. Demasiados pasivos acumulados en tan poco tiempo en funciones. Un sistema institucional que surge dividido en bloques necesita espacios de mediación que le permitan resolver controversias en un ambiente libre de interferencias gruesas como las que crea la actual Junta. Su permanencia o su reemplazo debe entrar en la agenda de un Parlamento que no tiene por qué arrastrar las fallas de origen que provienen de un Congreso que se va, que cesa en la siguiente esquina.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ratifica con esta actuación su papel dentro de ese engranaje. El archivo de denuncias se convierte, una vez más, en herramienta de preservación política. Con total desparpajo un expediente carente de sentido jurídico serio y diligente refuerza una práctica donde la correlación de fuerzas antidemocráticas defi ne el destino de acusaciones que merecen definición meramente judicial.

Sin embargo, este episodio también contiene una señal de otro signo: la respuesta ciudadana ya llegó a las urnas. El resultado electoral, con la salida de más del 70% de los actuales legisladores, representa un mensaje de sanción política frente a cinco años de blindajes, alianzas de conveniencia y uso instrumental de las instituciones.

Ese resultado constituye un mérito de la ciudadanía peruana. Millones de electores utilizaron el voto como herramienta de corrección democrática y marcaron distancia frente a un Congreso que convirtió la representación en plataforma de protección mutua. Allí emerge una afirmación que es poderosa: cuando las instituciones se encapsulan en sus propios intereses, la ciudadanía conserva la capacidad de reordenar el escenario político.

Por eso, este Congreso ya saliente actúa hoy bajo una lógica de cierre. Están contra el reloj. Sus últimas decisiones revelan la voluntad desesperada y torpe de consolidar acuerdos y asegurar resguardos antes del relevo. En ese sentido, el blindaje a la expresidenta sometida desde el inicio a ellos forma parte de esa secuencia.