Esta era la primera etapa del viaje que emprendía nuestro compatriota, cuyo objetivo era ver al rey de España y solicitarle que reconociera los servicios prestados a la Corona en el Perú por su fallecido padre Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas.

Nos lo contó con pelos y señales, y como si hubiese estado ahí presente, José Antonio Mazzotti, quien era el organizador de un congreso sobre el Inca que se celebraría en Sevilla, en septiembre del 2008.

Fallecido hace dos años, Mazzotti, el mayor de los investigadores sobre el tema y también mi fraternal amigo, me propuso hacer un libro sobre el evento. Obviamente acepté y publicamos Garcilasismo creativo y crítico: nueva antología (Axiara Editions). De ese libro, y de mi mala memoria, provienen estos recuerdos.

Al llegar a la capital del imperio portugués, lo primero que se dibujó en el aire fue la deslumbradora torre de Belém.

Lo que primero llamó la atención de Garcilaso fue un rinoceronte de piedra. No tenía conocimiento de que existiera esa raza animal. Gualterio Palacios, su amigo y acompañante, le explicó que el primer ejemplar había llegado de la India.

-Nuestros colonos se lo enviaron al rey.

Elefantes había ya en Lisboa, pero el rinoceronte era una bestia inimaginable. Viajeros de uno y otro país iban exclusivamente a visitarlo, y su fama llegó hasta el propio papa León X, quien expresó su deseo de conocerlo.

-El rey, con gran pesar de su parte, embarcó a su querido rinoceronte en una travesía hacia Roma. Lamentablemente, una tempestad hundió el barco y mató a toda su tripulación. El cadáver del rinoceronte fue rescatado y, en su homenaje, Manuel I mandó cincelar una bestia de piedra en el baluarte.

Después de tocarlo y olerlo, Gómez Suárez se puso delante de él y le preguntó al capitán Palacios:

-¿Me parezco a él? ¿Soy yo también un rinoceronte?

Se refería al escaso conocimiento que había en Europa acerca de los hombres que habitaban América.

Según la imaginación popular, algunos de ellos tenían cabeza de perro y ladraban en vez de hablar.

En América caminaban hombres con un ojo en la frente y otros marchaban con cascos de caballo. Los había sin nariz, de cara plana, sin boca, y eran dueños de un orificio por el cual respiraban, bebían y comían.

Quienes no habían salido de la península preguntaban a los viajeros si se habían encontrado con hombres de una sola pierna que saltaban con la agilidad de los conejos o con sujetos de pies invertidos a quienes no importaba adónde iban sino de dónde venían.

De acuerdo con ellos, pululaban en ese otro mundo personas que veían mejor de noche que de día, y hombres de pelo blanco en la juventud y negro en la vejez, quienes aprovechaban la sabiduría de la edad para emprender aventuras amorosas.

No hablar el mismo idioma de los colonizadores ni darle el mismo nombre a la divinidad revelaba, por un lado, carencia del lenguaje y, por otro, escasez de Dios, y, por eso, tales hombres no podían ser dueños de nada y habitaban sus tierras sin derecho alguno. Ese razonamiento hizo fácil al papa Alejandro VI firmar la bula en que entregaba esas tierras -supuestamente sin dueño- a los reinos de España y Portugal.

Había tenido que pasar medio siglo desde la llegada de Colón para que, en 1537, la bula papal de Pablo III declarara que los indios americanos eran hombres verdaderos, racionales y dotados de alma.

Sin embargo, la declaración del papa no era conocida por todos.

-Capitán, en Cusco, mi tierra, cuando nacía un mestizo, la comadrona le contaba los dedos de los pies por temor de que hubieran nacido con once, doce o más.

-Y usted, Garcilaso, ¿cuántos dedos tiene?

-Es posible que me tomen por un rinoceronte.

El Inca, que por entonces tenía veintidós años, llegó después a Madrid, pero no consiguió lo que buscaba.

Por fin, el licenciado Lope García de Castro, presidente del Consejo de Indias, le espetó en su cara que su padre era un traidor.

Felipe II no lo recibió. Acaso, el primer mestizo de América, el futuro autor de los Comentarios Reales de los Incas -y uno de los tres escritores más importantes de su siglo, junto con Cervantes y Shakespeare-, se quedó pensando: “Sí, tal vez soy un rinoceronte”.

El cargo central contra el juez consiste en haber adelantado opinión al incluir la imagen de Nicanor Boluarte en una diapositiva durante una exposición académica sobre prisión preventiva. A ese cargo se suma el haber dictado clases en un instituto privado y haber interpretado la canción 'Triciclo Perú' en un evento jurídico, conducta que la JNJ considera lesiva para la imagen del Poder Judicial. Ante ello, la defensa calificó la medida de desproporcionada y señaló que la ley exige razones graves para apartar a un juez de su cargo. La desproporción entre los cargos y la sanción es, precisamente, el punto político de la decisión.

Carhuancho es el magistrado más emblemático del sistema anticorrupción peruano. Fue uno de los jueces del proceso contra Keiko Fujimori por lavado de activos. Vale recordar que, en octubre de 2018, dictó su primera prisión preventiva por 36 meses.

Lo que ocurre con su suspensión es que, desde ahora, queda apartado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el tribunal que ve los principales procesos por corrupción y lavado de activos, incluidos casos contra líderes del pacto de gobierno que controla el Ejecutivo y el Congreso.

La decisión se adoptó tres días después de la segunda vuelta electoral, con el conteo oficial de la ONPE aún en curso y con la posibilidad, aún por oficializarse, de que la próxima mandataria sea la señora Fujimori.

No en vano, la virtual senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, consignó que "es un hecho sintomático ante la posible llegada de un gobierno acusado de cooptar estas instituciones". El contexto convierte el procedimiento disciplinario en una señal política de primer orden.

Hace un mes, el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, pidió públicamente "barrer" del Poder Judicial a los magistrados que defienden su independencia. Cuando el titular del Legislativo enuncia ese objetivo y, semanas después, la JNJ actúa en esa dirección, el expediente disciplinario adquiere el carácter de ejecución de una agenda declarada. La institucionalidad peruana enfrenta entonces la pregunta subsecuente: hasta dónde llegará "el procedimiento" y cuándo empezará la operación.

Pero alcemos la mirada. Cuando uno deja de mirar el expediente y mira Arequipa, Puno y Cusco desde la calle —no desde la mesa de partes—, la impresión es la contraria: hace falta una reforma profunda e integral de cómo se gestiona, con modernidad, la justicia en el sur andino, empezando por el arbitraje y sin invisibilizar a la gente.

Conviene recordar, además, que el doctor Amprimo no es un observador externo: él mismo declara integrar el consejo superior del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Su opinión es legítima, pero es la de un partícipe del ecosistema que vive de él, no la de un evaluador independiente. La pregunta de fondo no es si la justicia funciona para quienes la administran, sino si funciona para los arequipeños, cusqueños y puneños a quienes hemos invisibilizado.

La justicia bajo amenaza

Mientras Lima debate quién puede registrar un centro de arbitraje, en la periferia los operadores de justicia trabajan con miedo. Fiscales y jueces que investigan la minería ilegal reciben amenazas de muerte; tras los atentados contra sedes del Ministerio Público, muchos despachan a distancia o bajo resguardo: llegar a su propio despacho se volvió un riesgo. Y las fiscalías ambientales llevan años sin presupuesto para perseguir el delito.

A los periodistas les va peor: en 2025 fueron asesinados cuatro en el Perú y se registraron centenares de ataques contra la prensa, el peor año para el periodismo desde los noventa. Que la prensa denuncie las injusticias sin miedo no es un lujo: es parte integral de la justicia en una sociedad. Donde se asesina a los centinelas de la verdad, la impunidad deja de ser un accidente y se convierte en sistema.

Las preguntas incómodas

Alzar la mirada obliga a preguntas que el ecosistema legal prefiere no formular. ¿Por qué un abogado que defiende a mineros ilegales gana varias veces lo que ganan el fiscal que los investiga, el juez que los juzga y el periodista que los denuncia? ¿Cómo se explica que un árbitro en Lima, con corbata y aire acondicionado, cobre mucho más que el fiscal amenazado de muerte en Arequipa o Puno por hacer su trabajo? Cuando defender la ilegalidad paga más que perseguirla, el sistema dice con nitidez qué valora y a quién sirve.

Y la pregunta de fondo es más dura: ¿sirve nuestro sistema de justicia —incluido el arbitral— para dar justicia a la gente o para silenciarla? Por eso importa poner luz sobre quiénes tienen influencia desmedida en los centros de arbitraje: si intereses específicos capturan sus decisiones, esos centros pierden independencia y terminan sirviendo a un interés, no a los arequipeños, ni puneños, ni cusqueños.

Las dos ciudades

Hace 16 siglos, san Agustín preguntó en 'La Ciudad de Dios': sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Para Agustín, la justicia verdadera no era cumplir leyes: un Estado puede tener poder, riqueza y procedimientos, y haber perdido su legitimidad si no se orienta al bien común. La injusticia nace de un desorden en los amores —el ordo amoris—: cuando una sociedad ama más el poder, la riqueza y el prestigio que los bienes superiores, la justicia se corrompe aunque los tribunales sigan funcionando. Y no hay justicia donde se niega la verdad.

El corazón del libro es la imagen de dos ciudades que conviven, entrelazadas, en toda sociedad. La Ciudad de Dios se funda en el amor a los demás hasta el olvido de sí: es la ciudad de quien sirve. La Ciudad Terrena se funda en el amor desordenado de sí mismo hasta el desprecio del prójimo: es la ciudad de quien se sirve. En el sur andino, ambas tienen rostro. A la primera pertenecen el fiscal que despacha escondido, el juez que no se vende y el reportero que publica sabiendo lo que arriesga. A la segunda, quienes lucran con la ilegalidad y quienes la blindan con formas legales. Ninguna sociedad alcanza la justicia perfecta, advertía san Agustín, pero se aproxima a ella cuando promueve la verdad, la paz, la virtud y el bien común. La pregunta es cuál de las dos ciudades está ganando en el sur andino.

Pregúntate si hay justicia verdadera en San José de La Joya, en Arequipa, donde los vecinos denuncian vivir junto a un depósito de relaves, respirando polvo metálico, mientras la empresa denunciada ante la OEFA desde hace años sigue exportando oro a los Emiratos Árabes Unidos; en Islay, donde una azucarera allanada por presunta adulteración sigue operando sin que nadie responda; en La Rinconada, donde conviven minería ilegal, mercurio y trata de personas ante un Estado ausente; o en Juliaca, convertida en la gran plaza comercial donde ese oro ilegal se acopia, se blanquea y entra a la cadena formal a la vista de todos. El patrón es siempre el mismo: denuncia, titulares y, años después, nada.

La Ciudad Terrena tiene cifras: la anemia infantil supera el 70% en Puno, el 45% en Cusco y bordea el 37% en Arequipa; la pobreza alcanza al 38% de los puneños. Un sistema judicial que funcione no es un accesorio de estas cifras: es parte integral del bienestar de una sociedad. Cuando los honorarios de quien defiende la ilegalidad valen más que la vida de quien la persigue, el ordo amoris está invertido. No se puede pretender que todo está bien porque les va bien a ciertos intereses.

Una valiosa profesión que se ha perdido en el Perú

Y aquí hay que decir algo que duele: la profesión del letrado es esencial para el bienestar social —sin abogados íntegros no hay contratos confiables, ni propiedad segura, ni débiles defendidos— y, sin embargo, nos hemos perdido. Una profesión nacida para servir a la justicia no puede medirse por cuánto factura defendiendo lo indefendible. La reforma, por eso, no puede limitarse a normas y registros: debe alcanzar a quienes ejercen el Derecho. Eso exige reestructurar los Colegios de Abogados para que sean garantes éticos y no gremios de protección mutua; repensar las Facultades de Derecho; y recertificar periódicamente a todos los abogados peruanos, evaluando no solo el conocimiento de la ley, sino algo más importante: que la abogacía existe para servir al país y no a nosotros mismos.

Para esa reforma educativa, la pedagogía ignaciana ofrece una brújula probada, y nadie la formuló mejor que el padre Pedro Arrupe. En 1973 pronunció el discurso que transformó la educación jesuita: hay que formar “hombres y mujeres para los demás”. Recogía, en clave moderna, una intuición agustiniana: la persona plenamente realizada no es la que acumula poder o éxito, sino la que pone sus talentos al servicio de algo mayor que ella misma. Su advertencia parece escrita para la abogacía peruana: la excelencia académica no basta, porque el talento sin valores puede servir a fines egoístas; la vocación debe expresarse en justicia, entendiendo las causas de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

De Arrupe, nuestras Facultades de Derecho deberían tomar tres lecciones. Las experiencias que transforman: no basta estudiar los problemas sociales en un aula climatizada; el futuro abogado debe encontrarse con quienes los viven —pisar La Rinconada, conocer La Joya, La Pampa y Pataz— antes de recibir su título. La educación integral —la cura personalis de san Ignacio—: formar toda la persona —intelecto, carácter, vida espiritual, liderazgo y sensibilidad humana—, junto al magis (no preguntarse qué es legalmente defendible, sino qué es lo mejor para el bien común) y al discernimiento de si, en cada encargo, se sirve a la justicia o solo a un cliente que paga bien. Y la medida del éxito: una facultad o un colegio profesional no vale por cuántos graduados llegan al poder, sino por cuántos sirven a los demás. Un abogado formado así no necesita que un registro estatal lo vigile: lleva el tribunal dentro.

Auditar, no autocertificar

Alguien dirá que el centro de arbitraje de Arequipa ya cuenta con certificaciones ISO de calidad, antisoborno y seguridad de la información. Bien por ello. Pero esas normas certifican sistemas de gestión, no la imparcialidad de los laudos ni la sanidad de las relaciones entre los actores del arbitraje: es la diferencia entre tener un manual de ética y cumplirlo. El sur andino necesita la evaluación recurrente de un certificador internacional independiente, ajeno al ecosistema arbitral peruano, sobre lo que las ISO no miran: la transparencia real del sistema, su neutralidad y las comunicaciones de los árbitros con los abogados de los casos. Si el ecosistema arbitral de Arequipa es tan sano como afirman quienes lo integran, una auditoría así solo lo prestigiaría. Si no lo es, los ciudadanos del sur tienen derecho a saberlo. Arequipa se merece un ecosistema de arbitraje de excelencia.

Una reforma profunda e integral

Urge repensar dónde estamos y dónde queremos estar para emprender una reforma profunda e integral de la justicia en el sur andino: proteger de verdad a los fiscales y jueces amenazados y remunerarlos para retener al mejor talento; garantizar que los periodistas informen sin pagar con su vida; corregir los incentivos que premian a quien defiende la ilegalidad; transparentar quién manda —y para quién— en los centros de arbitraje; y reformar la propia profesión legal: sus colegios, sus facultades y la certificación regular de quienes la ejercen. Empezar por el arbitraje tiene sentido porque es lo más acotado, medible y realizable: la primera cuota de una reforma mucho mayor.

El doctor Amprimo pregunta, con suspicacia justificada, a quiénes quiere beneficiar el gobierno con sus cambios normativos. Es una buena pregunta. Permíteme devolverla con otra, más vieja y más honda: ¿hay justicia verdadera en el sur andino, o solo las formas de la justicia? San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden: el orden justo donde cada cosa ocupa su lugar y el amor se dirige a los bienes verdaderamente valiosos. El sur andino no tendrá paz mientras ese orden siga invertido: mientras un fiscal amenazado de muerte gane una fracción de lo que cobra quien defiende a sus amenazadores, mientras un reportero viva escondido por contar la verdad y mientras nadie independiente audite el statu quo. Arequipa, Cusco y Puno merecen algo mejor que la impresión de que todo está bien: merecen que alcemos la mirada. Y que elijamos, de una vez, en cuál de las dos ciudades queremos vivir.

Esa cifra, en todo caso, contrasta con el cómputo nacional, donde Sánchez sostiene una ventaja mínima. En términos generales, los peruanos que residen fuera del país se pronuncian en sentido opuesto al Perú que se quedó, aunque esa tendencia presenta fracturas internas que merecen atención.

Los peruanos establecidos desde hace décadas en países como Estados Unidos o España votan predominantemente por Fuerza Popular. Coincidentemente, es la opción cuya órbita ideológica se superpone con los gobiernos de Trump o las fuerzas que han construido el discurso antimigrante en sus países de residencia. Italia, en cambio, se inclina por Roberto Sánchez. Observar el conjunto confirma que la migración peruana no es un bloque uniforme sino un universo con diferencias que responden a factores propios de sus trayectorias migratorias.

No obstante, esa población incorpora además una capa nueva y joven. Vale la pena recordar que en el último quinquenio, más de 554,000 profesionales abandonaron el país. Son jóvenes que crecieron bajo ocho presidentes en menos de una década.

Dicha inestabilidad tiene autores identificables. La descomposición institucional que comenzó en 2016 tuvo como protagonista central a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que utilizaron el control del Congreso para derrocar gobiernos tanto de derecha como de izquierda.

Al otro extremo del mismo pacto de impunidad, Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo completaron el cuadro con incapacidad y el colapso de la confianza institucional. Entre ambos polos, varios otros partidos construyeron el Congreso más desprestigiado de la historia reciente.

Ese 65% exterior que hoy acumula Fuerza Popular merece una lectura adicional. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo el 17% de los votos válidos en el extranjero y Roberto Sánchez apenas el 2.5%. El grueso del voto rotulado como PEX en la ONPE fue entonces a otros candidatos que no llegaron a la segunda vuelta.

En ese sentido, lo que hoy algunos leen como una preferencia aplastante de los nacionales residentes en otras sociedades es, en realidad, una consolidación del voto anti-izquierda más que una adhesión orgánica a Fuerza Popular.

No tengo dudas sobre la forma que ha tenido la mayoría en el Congreso que se va, dispuesta como ha estado a sostener hasta el último momento esa rapacidad antiinstitucional que la ha definido. A cierta distancia, la composición del Congreso que viene ha movido sus propios márgenes en el tramo final de la campaña presidencial: Obras se aproximó a JP; Jorge Nieto, líder de BG, mantuvo la distancia que había anunciado con las dos candidaturas, aunque la izquierda ha asignado a esa distancia el valor de una traición. Puede llegar a formarse un Congreso a tres bandas. Pero esa es todavía solo una posibilidad.

La presencia central del fujimorismo en la escena hace mucho dejó de constituir una novedad. Tras 15 años de competencia electoral continua, esa permanencia es la señal que muestra la consolidación de una organización que, nos guste o no, está fuertemente instalada en el tejido social local, con una identidad propia y diferenciada. Se trata de un colectivo que nunca tuvo apego por el marco institucional nacido de la transición del 2000. La transición, de hecho, lo excluyó deliberadamente de sus acuerdos fundacionales. La firma de Alberto Fujimori, retirada del texto constitucional en noviembre de 2001 y repuesta en marzo de 2025, equivale en los hechos a una bandera repuesta por el fujimorismo en un territorio que pretendió serle hostil. La distancia entre el fujimorismo y el institucionalismo que presidió los acuerdos políticos del año 2000 explica su propensión a la demolición. Pero explica también la proximidad que acuñó con las franquicias, entidades tan propensas como el propio fujimorismo a desmontar instituciones.

Las franquicias adoptaron una forma política muy particular, fuertemente basada en intereses privados, que se incubó en la acción política local y regional hasta que tomaron el control del parlamento durante el Congreso corto de la pandemia. Las franquicias son antiinstitucionales. Los acuerdos políticos del 2000 les son ajenos. Pero además los controles institucionales limitan la capacidad de crecimiento de las economías informales que las nutren.

En estos últimos cinco años, las franquicias dieron al fujimorismo liderazgo sobre el Congreso, en un pacto virtual visiblemente alineado hacia el desmontaje de instituciones que ninguno de ellos estaba interesado en preservar.

Un par entre ellas, APP y Podemos, pertenecen a familias que acumularon fortunas con la flexibilización del régimen de universidades privadas que heredamos de los años noventa. La respuesta: el desmontaje de la Sunedu, la superintendencia que encabezó la reforma de la educación superior desde mediados de la década del 2010. Algún sector transversal a ellas se interesó más por los beneficios personales del puesto. Ahí está la explosión de los llamados 'mocha-sueldos' y el tráfico de influencias al que se refería el caso de 'los niños', un escándalo vinculado al régimen de Castillo que ha inspirado al menos dos de las llamadas 'leyes procrimen', para quedar encarpetado en un anaquel que ahora aspira al olvido.

Las franquicias ya no están. Esa sí que ha sido una sorpresa. Su ausencia es una de las variables que hace posible que el parlamento adquiera un equilibrio a tres bandas. Pero si queremos que las franquicias no vuelvan, tendremos que prestar mucha atención a las elecciones municipales y regionales de este año. Esa es su zona de origen. Y es ahora la plaza de refugio en que se hospedan.

El Congreso que se instalará en julio puede organizarse a tres bandas, aunque la del centro sea significativamente más pequeña. Fuera de las paredes de las cámaras, la sociedad también está dividida en tres, no en el falso par representado por la segunda vuelta. Sin embargo, en la economía ocurre algo distinto. Jamás deberíamos olvidar que la política tiende a adquirir la forma de la economía que la sostiene. Y ahora mismo, el motor que más combustible parece estar quemando se define en coordenadas distintas a las ideológicas; coordenadas instaladas alrededor de una de las ausencias más importantes de los discursos de campaña: las economías articuladas alrededor de los REINFO, algunas de ellas no diferenciadas de organizaciones criminales, y las economías que se están articulando alrededor de la exportación de metales no diferenciados por su origen.

Ninguno de estos sectores estaba en la escena de 2021. Hoy sí están, y han salido de este proceso con capacidad suficiente para articular buena parte del sistema de representación política.

En voz alta sus representantes, prácticamente invisibles, aún dicen poco. Pero han votado. Y pueden definir una agenda que pase por establecer el destino final de los ahora falsamente transitorios derechos de extracción no regulada de minerales y las reglas de exportación de concentrados metálicos y venta de oro al Estado, para empezar.

El discurso político en estas últimas semanas volvió a impregnarse de antifujimorismo y anticomunismo. Pero las principales disputas en el manejo de la economía y la política práctica están organizadas en coordenadas distintas.

Al cerrar esta entrega, la forma final del próximo gobierno aún se mueve en la bruma de la incertidumbre. Pero los factores que pueden determinar la forma del periodo que se avecina comienzan a ser visibles. El sistema político puede adoptar una forma estable. O puede entramparse nuevamente si no elige construir alguna forma de equilibrio que incorpore a esas economías que ya no son informales ni emergentes, sino actores influyentes que han madurado en la ilegalidad.

Jugamos en el teatro de las permanentes oportunidades perdidas.

Nos toca decidir si las perderemos nuevamente.