La República: Últimas noticias de última hora del Perú y el mundo

La ley del residentado médico amenaza la salud pública

Editorial — Tue, 07 Jul 2026 07:49:06 GMT

El residentado médico es el modelo con el que se forma a especialistas en casi todo el mundo. Consiste en un entrenamiento intensivo de tres a cinco años, presencial y bajo supervisión directa, en el que el médico atiende pacientes a diario. Por ejemplo, para ser neurocirujano, ese proceso dura cinco años. Su objetivo es dotar de competencia clínica a partir de la práctica supervisada acumulada, más allá de la mera teoría.

El Congreso del pacto aprobó con 83 votos el Proyecto de Ley 13830, impulsado por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que incorpora dos vías alternativas para obtener el título de especialista sin pasar por ese proceso.

Ante ello, el Colegio Médico del Perú protestó el 30 de junio frente al Ministerio de Salud junto con sociedades médicas y médicos residentes. De hecho, el mismo Ministerio de Salud también emitió una opinión negativa. Sin embargo, el pleno del Parlamento, que terminó funciones la semana pasada, la aprobó de todas formas.

El decano del CMP, Pedro Riega, señaló a La República el riesgo central. La norma abre la posibilidad de otorgar el título de especialista a médicos que no se han formado en un programa que garantice la adquisición de competencias mediante la experiencia práctica que establece el residentado como estándar mínimo. En ese sentido, la especialidad por competencias podría reconocer a médicos con 10 años de experiencia laboral mediante un portafolio y exámenes, sin entrenamiento supervisado. Riega agregó, además, una denuncia: que la norma beneficia negocios en el campo de la educación universitaria nacional e internacional.

No obstante, los defensores de la iniciativa también tienen un argumento real. Hay médicos peruanos con formación presencial rigurosa en el extranjero a quienes el CMP no reconoce el título porque los programas son más cortos que el residentado local. Ese vacío existe y merece una solución a partir de una homologación que no elimine fases fundamentales de la formación médica. El problema es que la ley resuelve ese caso junto con otros de estándares mucho más bajos, sin distinguir entre ambos.

El Gobierno de transición de Balcázar tiene la autógrafa en su escritorio, y el nuevo Congreso bicameral puede reformar la norma desde el 28 de julio. La salida pasa por lo que el CMP viene pidiendo: una mesa técnica con el gremio, el Ministerio de Salud y las universidades públicas y privadas para construir una reforma que cierre la brecha de 16.000 especialistas que demanda el sistema de salud peruano, sin sacrificar los estándares que protegen a los pacientes, que son, al fin y al cabo, la razón final de la salud.

La renuncia parlamentaria: un nuevo caso de interpretación constitucional

Columnista invitado — Mon, 06 Jul 2026 10:15:00 GMT

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado que no asumirá el cargo de senador para el que, en rigor, no fue votado. Su candidatura fue a la Presidencia de la República; pero la reforma que restableció la bicameralidad permitió que quienes postularan a la Presidencia pudieran hacerlo al mismo tiempo —por si la suerte y los votos no acompañaban— también al Congreso. Era una reforma con demasiadas ventajas para los grupos que maniobraban desde el propio Parlamento. Perdida la elección —a la que llegó tras dejar la alcaldía que había prometido no abandonar— y denunciando un fraude sin ningún sustento, el excandidato se niega ahora a ocupar el escaño al que ha accedido por default. La Constitución, en efecto, declara en su artículo 95: "El mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable". No obstante, al interpretar la Constitución, seguir la literalidad del texto no siempre es la opción más razonable. Muchas veces, la historia o una interpretación finalista permiten mejores comprensiones.

En el constitucionalismo peruano, la Constitución de 1933 introdujo por primera vez la palabra "irrenunciable", pero conservó la excepción para los supuestos de congresistas reelectos y hasta reguló el trámite de la renuncia ante la respectiva Cámara. La prohibición absoluta solo llegó con el artículo 178 de la Carta de 1979: en la Asamblea Constituyente se advirtió que admitir la renuncia expondría "a presiones al diputado y al senador" —eran los tiempos de las “renuncias en blanco” exigidas por las cúpulas partidarias— y se temía incluso la dimisión masiva. La Carta de 1993 heredó la fórmula sin reexaminarla y la reforma que introdujo el Senado se limitó a adaptarla a las dos cámaras. La irrenunciabilidad absoluta no es, pues, nuestra tradición: ha sido la excepción de las dos últimas constituciones. Y nació como garantía del mandato libre: para proteger la voluntad del representante, no para suprimirla.

El derecho comparado confirma que esa finalidad puede alcanzarse por vías menos rígidas. La Constitución de los Estados Unidos presupone la renuncia de sus legisladores al regular las vacancias, y su Corte Suprema, desde Powell v. McCormack (1969), protege el escaño frente al poder de la corporación partidaria, no frente a la voluntad del elegido. En Alemania, el mandato libre del artículo 38 de la Ley Fundamental convive con la ley electoral que admite la renuncia formalizada ante notario; lo que la doctrina y el Tribunal Constitucional Federal consideran nulo es la “renuncia en blanco” impuesta por el partido. En Colombia, la Ley 5.ª de 1992 reconoce la "renuncia aceptada". La Corte Suprema mantuvo su competencia sobre los renunciantes, la reforma de 2009 instauró la "silla vacía" y, hace unas semanas, la Corte Constitucional cerró la llamada "renuncia salvadora", que permitía eludir inhabilitaciones.

Al observar algunas de estas muestras del derecho comparado, no existe respaldo para una interpretación tan rígida como la que proponen algunos de nuestros constitucionalistas locales. Ninguna democracia constitucional convierte el escaño en una condena contra la libertad. El derecho a la representación tiene, es verdad, una importancia capital; pero ningún derecho se interpreta en el vacío, sin medirse en sus dimensiones con otros bienes de idéntico rango constitucional, empezando por la libertad misma. Frente al senador electo que se niega a jurar, cabe también preguntarse qué queda de su libertad de acción o de su propia manera de contemplar el proceso electoral, que no ha sido del todo impoluto. Ponderar los derechos en juego es el único antídoto contra la lectura literalista del enunciado del artículo 95. No sería, por lo demás, una novedad: en 2008 el Poder Judicial ordenó al presidente del Congreso someter al Pleno la renuncia presentada por Javier Valle Riestra, al entender que la prohibición del artículo 95 debe interpretarse en armonía con los demás derechos fundamentales y su finalidad protectora y garantista. La orden judicial llegó con el mandato vencido y no fue posible su concreción, pero quedó como antecedente.

El caso muestra un nuevo escenario para reflexionar sobre el papel de la interpretación constitucional como ciencia práctica. Cass Sunstein, cuyo magnífico libro sobre interpretación constitucional acaba de aparecer en español ('Cómo interpretar la Constitución', Palestra Europa, 2026), ofrece aquí el mejor consejo: antes que rendirnos a la letra o a las intenciones de los autores, busquemos en la Constitución los fines institucionales y la garantía máxima de las libertades básicas en una sociedad democrática.

A la luz de los datos, el exalcalde de Lima no ha tenido un comportamiento leal con sus propios electores; ese juicio, sin embargo, pertenece al terreno de la responsabilidad política, y serán los ciudadanos quienes lo administren. Una lectura rigurosa de la Constitución, atenta a todos los derechos en juego, no tiene por qué conducirnos a "condenar" al señor López Aliaga a asumir un cargo que, según todo indica, nunca estuvo dispuesto a aceptar y que obtuvo, en todo caso, al amparo de una ley fabricada por congresistas que buscaban su propia reelección. El artículo 95 nació para proteger la libertad del representante frente a los “dueños” de los partidos. Sería una ironía constitucional que hoy lo leyéramos para coactar la libertad del representante.

La educación postergada en el Perú

Editorial — Mon, 06 Jul 2026 07:48:22 GMT

Según el archivo histórico, un año después de declarada la independencia, el libertador José de San Martín fundó la primera Escuela del Perú. Lo hizo porque entendió que la República naciente precisaba de ciudadanos que supieran leer y escribir. Es decir, condiciones mínimas para ser libres.

De hecho, se calcula que en ese momento nueve de cada 10 peruanos eran analfabetos. Por ello, inspirados en los valores de la Ilustración, la escuela pública era la única manera de cambiar eso.

Hoy, más de dos siglos después, ese maestro sigue siendo la columna vertebral de la educación en el país.

De acuerdo con datos del Escale del Ministerio de Educación (2025), siete de cada 10 estudiantes de educación básica en el Perú asisten a un colegio público. Sin embargo, en regiones como la Amazonía, esa cifra supera el 95%.

Y ese maestro, el que enseña en los lugares más alejados, trabaja en condiciones muy distintas a las de un docente en Lima. En muchas escuelas rurales, enseña a varios grados al mismo tiempo en una sola aula. Todo ello lo hace con materiales insuficientes y sin conexión a internet.

Ante esta realidad, el sindicato de maestros (Sutep) lleva décadas pidiendo que el Estado destine el 6% del PBI a educación. El gobierno anterior prometió llegar al 5,1%. Lamentablemente, ese compromiso sigue pendiente.

José Antonio Encinas, el gran pedagogo puneño que dedicó su vida a la educación del indígena y llegó a ser rector de la decana de América, la Universidad de San Marcos, y Juana Alarco de Dammert, que fundó escuelas para los niños más pobres en una época en que nadie lo hacía, entendieron hace más de un siglo que educar es un acto de justicia. Y esa apelación sigue resonando en nuestros días.

El nuevo gobierno que asume el 28 de julio llega con recursos económicos excepcionalmente favorables. La decisión de usarlos para dignificar al maestro que sostiene la educación de la mayoría de los peruanos depende de la voluntad política de quien conduzca el Minedu. 204 años después de San Martín, esa sigue siendo la materia pendiente.

El fútbol escolar y la lección que podemos perder, por Diego Alonso Sánchez

Columnista invitado — Sun, 05 Jul 2026 15:00:00 GMT

En la escuela persiste una paradoja incómoda: declaramos querer formar personas críticas y autónomas, pero en la práctica seguimos educando para obedecer y actuar bajo parámetros rígidos. Esta contradicción no solo se manifiesta en las aulas; también se juega —y quizás con mayor severidad— en las canchas escolares. Los deportes, lejos de ser meramente recreativos, se transforman en un espejo donde se reflejan y reproducen las tensiones más profundas del sistema educativo y, por extensión, de la sociedad.

En muchos colegios, el deporte se enseña bajo la misma lógica que otras prácticas tradicionales: disciplina estricta, órdenes irrefutables y escaso margen para la autonomía. El resultado es previsible: alumnos que ejecutan, bien o mal, pero que no piensan ni deciden, asumiendo que la rigidez es parte del juego. Así, el fútbol pierde su potencial formativo y se reduce a un ejercicio de control, o a un espacio que se utiliza para “llenar” el tiempo cuando pareciera no haber nada más que enseñar.

A esto se suma un problema aún más profundo: el fútbol sigue representando un machismo estructural que valora la fuerza por sobre cualquier otra cualidad. La agresividad se celebra como virtud, mientras que la sensibilidad o la cooperación son relegadas, e incluso descalificadas como “femeninas”. Se masculiniza el contacto brusco y se feminiza la debilidad, consolidando un imaginario empobrecedor desde el punto de vista pedagógico.

Expresiones como “no seas niña”, “actúa como hombre”, “deporte de machos” o “el fútbol no es para mujeres” no son inofensivas, son manifestaciones cotidianas de un sistema patriarcal que ha convertido este deporte en uno de sus principales bastiones, reproduciendo estereotipos y excluyendo otras formas de participación.

El problema central no es cómo se juega, sino qué se aprende mientras se juega. Cuando se premian la intimidación o la dureza excesiva, se está enseñando que dominar al otro es legítimo si el objetivo es ganar. Cuando lo único que importa es el resultado, el deporte deja de ser una instancia formativa para convertirse en una herramienta para “alcanzar” el éxito.

El fútbol puede brindar una lección de vida: lo importante no es ganar o lograr objetivos, sino cómo estos se consiguen. Foto: AFP.

Las consecuencias son evidentes: estudiantes ridiculizados por su rendimiento, compañeros excluidos y equipos donde los físicamente dominantes se constituyen en una suerte de élite. En ese microcosmos, la cancha reproduce lo peor de las jerarquías sociales: concentración de poder, reconocimiento desigual y silencios cómplices frente a la humillación. Y, aun así, muchos seguirán insistiendo en que “solo es un juego”.

Aquí emerge el dilema ético central: la escuela, que debería promover igualdad y respeto, termina reforzando lógicas de exclusión mediante la repetición de la rudeza como lenguaje dominante. Se valora más el rendimiento que a la persona, instalando la peligrosa idea de que todo vale si conduce a la victoria.

No sorprende entonces que insultos, simulaciones o agresiones sean tolerados en nombre de la competencia. La violencia deja de ser una falta para convertirse en estrategia. El rival deja de ser un otro legítimo y pasa a ser un obstáculo que hay que superar, así se le dañe, perdiéndose el sentido más elemental del deporte: aprender con otros, no contra otros.

Frente a este escenario, el silencio adulto resulta especialmente nocivo. Cuando docentes o entrenadores no intervienen —o legitiman estas conductas— están educando en la violencia y justificando la segregación. Están transmitiendo una determinada idea de éxito y de moral que deja huella para el resto de la vida.

El desafío, entonces, es profundo. Implica repensar el lugar del deporte en la escuela y recuperar su dimensión ética. Volver a una idea simple pero fundamental: competir no es abatir al otro, sino crecer con él. Ganar no puede justificar cualquier medio, y el verdadero aprendizaje no está en el marcador, sino en cómo se alcanzan los objetivos de manera colectiva, respetuosa y consciente.

Si la escuela pretende formar ciudadanos y no solo competidores, debe comenzar por revisar qué está enseñando en sus propias canchas. Porque, al final, el fútbol escolar no solo forma jugadores: forma, sobre todo, personas. Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.