Esta bala lleva tu nombre. Genealogía de la extorsión en Trujillo y el Perú (1993-2014) ha sido publicado por dos editoriales independientes (Reino de Almagro y Punto Cardinal). Su autor, Jorge Nureña, escribió una primera versión para su tesis de historia en la Universidad Nacional de Trujillo. Su estudio encaja en lo que conocemos como 'historia reciente', pero más aún, responde a una preocupación al ver cómo su ciudad se ha convertido en un espacio de criminalidad en las últimas tres décadas. Una de las ventajas del análisis histórico, que Nureña aplica muy bien, es el de brindar una visión panorámica de un proceso, estableciendo cronologías, actores y quiebres.

Así, el texto aprovecha los numerosos estudios y reportajes sobre el tema, que no obstante brindaban visiones muy específicas y que impedían ver la transformación de Trujillo. A pesar de su importancia, el libro llevaba varios años agotado y circulando de manera limitada solo en el norte del país, de apenas doscientos ejemplares. Cien de estos se vendieron y los otros cien (por esas ironías de la vida) fueron robados. Esta reedición hace del libro una lectura urgente, en un momento en el cual en estos últimos seis meses se han registrado más de doce mil denuncias; es decir, tres denuncias por hora.

Para el autor, la extorsión no surgió de un día a otro. Hay dos etapas muy marcadas en su aparición. La primera (1993-2014), donde el declive de la violencia política deja en evidencia la existencia de crímenes y robos que, si bien pueden considerarse menores, permitieron la formación de pandillas. Estas fueron el germen de las futuras bandas criminales como Los Pulpos, que rápidamente (desde 2005) desarrollaron formas más sofisticadas de crímenes a partir del establecimiento de territorios y la influencia de bandas como Los Maras Salvatruchas y, posteriormente, de El Tren de Aragua.

De igual modo, Nureña establece tres factores que favorecieron esta evolución. En primer lugar, la migración desde el interior hacia el área urbana de Trujillo, que creó dos espacios muy marcados: las viviendas construidas y ya existentes, si bien saturadas; y los nuevos distritos que surgieron de estos desplazamientos, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. La ausencia de planes gubernamentales permitió que el incremento poblacional agravara las desigualdades en las nuevas generaciones de trujillanos. Deserción escolar, desempleo y crisis hicieron el resto, permitiendo que los delitos comunes dieran paso a otros más violentos.

En segundo lugar, el sistema penitenciario y otras instituciones relacionadas con la justicia favorecieron la reproducción y ampliación del crimen en Trujillo y luego a nivel nacional. La ausencia de centros penitenciarios adecuados, el endurecimiento de las leyes que hacían que los presos pasaran más tiempo encerrados y las condiciones lamentables en las que el personal desarrollaba su tarea se tradujeron en hacinamiento, descontrol y corrupción. En 2011, el penal El Milagro contaba con un guardia de seguridad por cada 200 internos. Las fugas, el fracaso de las requisas y la venganza contra las autoridades de los penales (como el asesinato de uno de sus directores) formaban parte del trajín diario.

Si la calle era la escuela del crimen, la cárcel era el equivalente de la universidad. Las pandillas que se fueron formando desde los años noventa se hicieron más organizadas. Algunas tenían orígenes familiares y, a medida que se hacían más complejas, también lo eran sus fuentes de financiamiento. Los cupos a transportistas y luego a compañías de transporte a cambio de seguridad se hicieron más frecuentes. Pasar de delincuentes comunes a pandillas significa además más poder de fuego, como quedó demostrado con la matanza de ocho civiles en La Esperanza en 2005, y que trajo una reconfiguración del poder delincuencial en la región.

Al entregar esta visión panorámica de la delincuencia en Trujillo y su transformación en un sistema criminal de cobro de cupos, el libro responde varias interrogantes sobre la naturaleza de este fenómeno y brinda las herramientas a las autoridades y especialistas para desarrollar aproximaciones más específicas de políticas públicas. El autor utiliza diversas fuentes, desde documentación judicial hasta la prensa y entrevistas, lo cual contribuye a un análisis sólido y original.

Hay preguntas que considero pueden ser mejor desarrolladas en una próxima edición. Por ejemplo: ¿por qué Trujillo dio lugar a un fenómeno delincuencial así considerando que muchas otras ciudades atravesaron por problemas similares de migración, corrupción e ineficiencia de la justicia? ¿En qué consiste (de manera más amplia) el “método” que Trujillo exportó al resto del país? ¿Cómo se articuló este “método” con las bandas extranjeras que llegaron al país? Considero también que reformular algunas secciones respecto de su formato original de tesis podría ayudar a explicar puntos importantes de manera más solvente.

Esta bala lleva tu nombre es un libro que debe motivar nuevas investigaciones sobre cómo la extorsión constituye uno de los problemas más urgentes para la población civil y cómo las instituciones encargadas de prevenirlo y contenerlo fracasaron en diversos espacios y momentos. Para los escépticos que repiten que las Humanidades y las Ciencias Sociales no tienen impacto, les invito a leer este estudio y a preguntarse cómo podemos presionar a las autoridades para que detengan esta hemorragia, antes de que las balas enviadas por los extorsionadores lleven nuestros nombres.

Solo por presión pública, Juntos por el Perú pasó de afirmar que evaluarían sanciones a anunciar, cinco días después, que suspenderán a Julián Pérez.

El primer congresista condenado por violación sexual fue Leoncio Torres Ccalla. Después de larga batalla judicial por tentativa de violación sexual contra una menor de 16 años traída desde Puno para trabajar en su despacho congresal, el congresista de Perú Posible fue condenado a 8 años de prisión. Meses después rebajaron su condena a 6 años. Inicialmente, el Congreso optó por suspenderlo 120 días, no por levantarle la inmunidad, como correspondía. Solo se la quitaron cuando el Poder Judicial lo pidió.

Durante todo el segundo semestre del 2022, el Congreso blindó a Freddy Díaz, congresista que, según constató la sentencia judicial en 2024, drogó y violó a una de las trabajadoras de su despacho. Recién en enero de 2023, el Congreso lo inhabilitó por diez años. El Poder Judicial lo condenó a purgar prisión por 13 años y luego elevó la pena a 20 años.

Fue a raíz de este caso que el abogado de la víctima, José Ugaz, acuñó el término “delito de poder”.

Y nada más cierto: aunque todos los delitos de agresión contra las mujeres y de violación sexual son terribles, la particularidad de estas agresiones es que se cometen al amparo del poder. Los agresores se escudan tras el poder que les da ser congresistas frente a la justicia. Amparados, también, por sus colegas. O por un porcentaje importante de ellos. Encubrimiento corporativo.

El poder usado para protegerse de la sanción por los delitos cometidos acaba así convirtiéndose en escudo frente a la justicia. Y así se configura otro delito, el delito de poder contra las mujeres.

Por Mabel Barreto Quineche. Periodista. Consultora en prensa y comunicación social.

En un sistema bicameral como el que el Perú estrena, las comisiones del Senado tienen además una función específica que consiste en revisar y corregir lo que la Cámara de Diputados aprueba. Quien las preside decide qué se discute, cuándo y con qué urgencia. Por eso la distribución de presidencias es un acto político de primer orden. Y lo que ocurrió en el Senado merece leerse con atención.

Fuerza Popular se quedó con cuatro presidencias de comisión. La de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, por donde pasan todas las reformas constitucionales, quedó en manos de la bancada que en su último acto desde la presidencia del Congreso saliente promulgó la ley del fuero militar y que denunció ante la JNJ a la fiscal especializada en Derechos Humanos.

El fujimorismo también se quedó con Inteligencia, con Presupuesto Bicameral y con Control Político sobre los Actos Normativos del Ejecutivo. Esta última es la que más llama la atención ya que la comisión diseñada para fiscalizar al Ejecutivo la preside el mismo partido que gobierna ese Ejecutivo. Eso es un conflicto de interés estructural el cual, con miras a un primer momento de gobernabilidad del gobierno de Keiko Fujimori, la ciudadanía espera que se maneje con transparencia y responsabilidad institucional, cosa que si bien sería novedad, también es una urgencia institucional que necesita el país y por ende una demanda mínima vigente.

Por otro lado, Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que amenazó durante el último proceso electoral con desaparecer al JNE y que respaldó las leyes procrimen, presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es una paradoja que el propio Congreso debería explicarle al país en su labor parlamentaria.

No obstante, la oposición logró presidencias importantes. Juntos por el Perú conducirá Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. Buen Gobierno presidirá Salud, Educación y Cultura. Ahora Nación presidirá Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor. Son espacios con capacidad de fiscalización y el Consenso por la Democracia tiene ahí una oportunidad concreta de demostrar que esta legislatura funciona distinto a la anterior, que piensa en la gobernabilidad y en representar adecuadamente las demandas de los peruanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó al Estado peruano por la ausencia de medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres lideresas indígenas que defienden sus territorios en la Amazonía. La denuncia llegó de las propias lideresas. El Estado, hasta el momento, ha respondido con silencio.

La realidad es que los defensores enfrentan una situación que combina varios tipos de violencia al mismo tiempo. La que proviene de las empresas extractivas que avanzan sobre sus territorios sin consulta previa. La que proviene de las redes criminales vinculadas a la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Y la que proviene de la propia inacción del Estado, que no garantiza ni su seguridad física ni el reconocimiento legal de sus territorios.

La Constitución peruana reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, la consulta previa y la propiedad de los territorios comunales. De la misma manera, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú como estado no como una medida temporal de un gobierno, establece obligaciones específicas de protección. Y la CIDH acaba de recordar que esas obligaciones no se están cumpliendo.

El gobierno de la señora presidenta Keiko Fujimori tiene en este cuestionamiento una agenda concreta que parte de la implementación de un mecanismo de protección para defensores y lideresas indígenas, y con ello, la ratificación del Acuerdo de Escazú la cual su bancada en su momento se dedicó a desprestigiar sin sustento técnico real. Con ello resuelto, será posible la aplicación de políticas de Estado que aceleren de una vez por todas la titulación de territorios comunales pendientes y la garantía de que la consulta previa sea un proceso real.