Hace unos días, con 85 votos a favor, el Congreso aprobó el proyecto de ley que declara junio como el Mes de la Vida y la Familia, una iniciativa impulsada por la congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular. Lamentablemente, esta norma hace referencia a un solo tipo de familia: la tradicional y natural. En ningún párrafo del proyecto de ley se abordan otras dinámicas familiares presentes en nuestra realidad, como las familias monoparentales, las familias migrantes, las familias extendidas, las familias conformadas por personas del mismo sexo o las familias con un alto nivel de vulnerabilidad, donde la madre es una adolescente, por ejemplo. Pero, además, invisibiliza problemas críticos que se desarrollan, precisamente, dentro del seno familiar: en 2024, de las 154 víctimas de feminicidio en el Perú, 68 casos fueron perpetrados por el esposo, la pareja o el conviviente (INEI, 2025); y no olvidemos que muchos de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son cometidos en el entorno familiar.

También llama la atención que las preocupaciones planteadas en el proyecto de ley giran alrededor de la reducción de la población peruana y de la baja tasa de matrimonios en el país. Pese a que, al 2023, el 35,9% de los hogares peruanos tienen como jefa del hogar a una mujer (ENAHO), el proyecto de ley reduce a las mujeres a una estadística de natalidad y a su rol reproductivo.

Esta ley pudo ser una oportunidad para generar mayor conocimiento sobre los problemas y desafíos estructurales de las familias peruanas, y obtener insumos para diseñar mejores políticas públicas, así como generar diálogos entre sectores. Pero lo que acaba de aprobar el Congreso es solo una fecha simbólica, de acciones conmemorativas que responde, claramente, a una agenda política provida y excluyente.

Sería absurdo pensar que esos dos bloques son monolíticos. La clamorosa evidencia del mal menor -pero el mal al fin, nunca hay que olvidarlo- desbarata ese relato integrador. Lo cierto es que ambos bloques son polimetálicos, para tomar una metáfora prestada de la minería. Hay de todo, como en botica. Gente democrática que optó por Fuerza Popular, asustada por los vínculos de Roberto Sánchez con Antauro Humala o el Movadef. Gente que votó con su bolsillo y se sintió más segura de sus bienes -grandes o pequeños- con la presidencia de Keiko Fujimori. Hay que abandonar la idea de que todos esos votantes de FP o JP son unos oportunistas.

No tengo una muestra como las de las encuestadoras, pero en mi consultorio he escuchado a personas decididamente democráticas que votaron por la opción más derechista por variados motivos. Desde los económicos hasta la presión de su entorno más cercano, laboral, amical o familiar. Existen, por supuesto, bolsones autoritarios que han elegido a Fuerza Popular convencidos de que es la única esperanza para derrotar a la delincuencia y los remanentes del terrorismo. Es inútil argumentar que, en la práctica, ya gobernaban: hasta el momento de escribir estas líneas continúan dando leyes procrimen, como esa que permite a los integrantes de la PNP y las FFAA ser juzgados por sus instituciones. Esa evidencia no les moverá un pelo a quienes han optado decididamente por el totalitarismo: parafraseando una vieja frase leninista -las vueltas que da la historia-: ¡Todo el poder para los Sóviets!

Y entre esas dos opciones extremas del mismo bloque, quienes votaron por FP bloqueando su mente y quienes lo hicieron con entusiasmo, hay una cantidad inconmensurable de personas con las motivaciones más diversas para hacerlo. No creo, como bien señaló Luis Jaime Cisneros en Hildebrandt en sus Trece, que esto se deba a la cobertura abrumadoramente mayoritaria de los medios de comunicación en favor de FP. Hace tiempo que esos medios han perdido la capacidad de influir en el voto que alguna vez tuvieron. Hoy un periodicazo puede ser más leve que un TikTokazo.

En el otro bloque sucede lo propio, mutatis mutandis. Están quienes ven en JP y Roberto Sánchez la única manera de evitar volver a caer en un régimen autoritario que controla todos los poderes del Estado y cuenta con el apoyo de los grandes medios económicos. Muchos de estos hubieran preferido a Rafael López Aliaga, pero Porky fue su propio Elmer Gruñón. Vale decir que se suicidó políticamente, víctima de su incapacidad para contener su discurso, tan violento como incoherente y falaz. Para muestra, un botón: aseguró que no aceptaría el cargo de senador y ahora no solo ha saltado sobre este, sino que incluso amenaza con volver a postular a la Alcaldía de Lima. Como él diría: Dios nos coja confesados.

Con el avance de la segunda vuelta, muchos comenzaron a verle a Sánchez virtudes que, cuando era compinche de Antauro o cuando votó varias de las leyes procrimen, no se notaban, por decir lo menos. Esta necesidad tan humana de racionalizar decisiones que poco tiempo atrás nos resultaban inaceptables hizo su trabajo. Al advertir lo peligroso que resulta que un grupo político ultraderechista controle instituciones como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo o la Sunedu (agreguen las FFAA, la PNP, siguen firmas), no les quedó otro remedio que ver en Sánchez al paladín de la democracia que poco antes era considerado un riesgo para ella. Este es el lado perverso de la lógica del mal menor: fuerza la modificación de las convicciones con la finalidad de tener un Gobierno más fácil de controlar, uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El punto es que ninguno de los dos bloques separados por la malhadada brecha o fractura es homogéneo. Por el contrario, la heterogeneidad es su sino fundamental. La tranquilidad con la que la candidata Fujimori se va de viaje con su hija, mientras que Sánchez sigue dando batalla para impugnar actas de votación, no deja casi lugar a dudas acerca de quién juramentará el 28 de julio. La suerte está echada. En años anteriores, el grito de ¡fraude! continuó hasta bien pasada esa fecha. Su calma de ahora, como diría Umberto Eco, hace sistema. Sabe que, a la cuarta oportunidad, logró vencer la maldición del panetón.

Lo cual está muy lejos de ser una bendición. Puede que sea un bálsamo para la herida narcisista de haber perdido en las tres oportunidades previas. Pero sus nuevos y enormes problemas no hacen sino comenzar. La lógica del chivo expiatorio perderá fuerza y magia. Ya no podrá decir que son los caviares quienes causan la delincuencia o los míseros servicios públicos. Ahora deberá asumir la gigantesca responsabilidad que la mitad del país le ha confiado. Ojalá entienda que tendrá que hacer política y pactar. No en balde, totalitario rima con solitario.

La inversión privada explica buena parte de esa brecha. Creció a doble dígito en 2025, pero el IPE proyecta una desaceleración al 3.2% en 2026, directamente asociada a la incertidumbre del ciclo electoral. Los inversionistas privados postergaron decisiones durante los meses previos a la segunda vuelta, acumulando proyectos y recursos a la espera de señales claras sobre el rumbo del país. El nuevo gobierno tiene en esas semanas iniciales una ventana real para destrabar esa inversión con mensajes concretos sobre estabilidad y política económica.

Los riesgos son precisos. El Fenómeno El Niño, en plena fase de intensificación, opera como un choque de oferta sobre sectores clave. El BBVA Research identificó el Niño Costero como factor de presión a la baja sobre el PBI y al alza sobre la inflación en 2026. La pesca ve a la anchoveta alejarse hacia aguas más profundas y la agricultura norteña acumula pérdidas de cultivos que ya afectan la cadena alimentaria. A eso se suma la informalidad laboral, que mantiene a millones de peruanos al margen del circuito productivo formal y frena la transmisión del crecimiento hacia los hogares más vulnerables.

El margen para actuar existe. Los inversionistas internacionales ya establecidos en el Perú continúan apostando por el país y las utilidades reinvertidas representan más del 85% de la inversión extranjera directa, lo que refleja una confianza persistente. La inflación está bajo control y el contexto externo seguirá siendo favorable. Lo que el país necesita del nuevo gobierno es precisión en las señales al sector privado, claridad en la política fiscal y una estrategia de empleo que alcance la formalización real. Las condiciones para crecer más están sobre la mesa.

Esta era la primera etapa del viaje que emprendía nuestro compatriota, cuyo objetivo era ver al rey de España y solicitarle que reconociera los servicios prestados a la Corona en el Perú por su fallecido padre Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas.

Nos lo contó con pelos y señales, y como si hubiese estado ahí presente, José Antonio Mazzotti, quien era el organizador de un congreso sobre el Inca que se celebraría en Sevilla, en septiembre del 2008.

Fallecido hace dos años, Mazzotti, el mayor de los investigadores sobre el tema y también mi fraternal amigo, me propuso hacer un libro sobre el evento. Obviamente acepté y publicamos Garcilasismo creativo y crítico: nueva antología (Axiara Editions). De ese libro, y de mi mala memoria, provienen estos recuerdos.

Al llegar a la capital del imperio portugués, lo primero que se dibujó en el aire fue la deslumbradora torre de Belém.

Lo que primero llamó la atención de Garcilaso fue un rinoceronte de piedra. No tenía conocimiento de que existiera esa raza animal. Gualterio Palacios, su amigo y acompañante, le explicó que el primer ejemplar había llegado de la India.

-Nuestros colonos se lo enviaron al rey.

Elefantes había ya en Lisboa, pero el rinoceronte era una bestia inimaginable. Viajeros de uno y otro país iban exclusivamente a visitarlo, y su fama llegó hasta el propio papa León X, quien expresó su deseo de conocerlo.

-El rey, con gran pesar de su parte, embarcó a su querido rinoceronte en una travesía hacia Roma. Lamentablemente, una tempestad hundió el barco y mató a toda su tripulación. El cadáver del rinoceronte fue rescatado y, en su homenaje, Manuel I mandó cincelar una bestia de piedra en el baluarte.

Después de tocarlo y olerlo, Gómez Suárez se puso delante de él y le preguntó al capitán Palacios:

-¿Me parezco a él? ¿Soy yo también un rinoceronte?

Se refería al escaso conocimiento que había en Europa acerca de los hombres que habitaban América.

Según la imaginación popular, algunos de ellos tenían cabeza de perro y ladraban en vez de hablar.

En América caminaban hombres con un ojo en la frente y otros marchaban con cascos de caballo. Los había sin nariz, de cara plana, sin boca, y eran dueños de un orificio por el cual respiraban, bebían y comían.

Quienes no habían salido de la península preguntaban a los viajeros si se habían encontrado con hombres de una sola pierna que saltaban con la agilidad de los conejos o con sujetos de pies invertidos a quienes no importaba adónde iban sino de dónde venían.

De acuerdo con ellos, pululaban en ese otro mundo personas que veían mejor de noche que de día, y hombres de pelo blanco en la juventud y negro en la vejez, quienes aprovechaban la sabiduría de la edad para emprender aventuras amorosas.

No hablar el mismo idioma de los colonizadores ni darle el mismo nombre a la divinidad revelaba, por un lado, carencia del lenguaje y, por otro, escasez de Dios, y, por eso, tales hombres no podían ser dueños de nada y habitaban sus tierras sin derecho alguno. Ese razonamiento hizo fácil al papa Alejandro VI firmar la bula en que entregaba esas tierras -supuestamente sin dueño- a los reinos de España y Portugal.

Había tenido que pasar medio siglo desde la llegada de Colón para que, en 1537, la bula papal de Pablo III declarara que los indios americanos eran hombres verdaderos, racionales y dotados de alma.

Sin embargo, la declaración del papa no era conocida por todos.

-Capitán, en Cusco, mi tierra, cuando nacía un mestizo, la comadrona le contaba los dedos de los pies por temor de que hubieran nacido con once, doce o más.

-Y usted, Garcilaso, ¿cuántos dedos tiene?

-Es posible que me tomen por un rinoceronte.

El Inca, que por entonces tenía veintidós años, llegó después a Madrid, pero no consiguió lo que buscaba.

Por fin, el licenciado Lope García de Castro, presidente del Consejo de Indias, le espetó en su cara que su padre era un traidor.

Felipe II no lo recibió. Acaso, el primer mestizo de América, el futuro autor de los Comentarios Reales de los Incas -y uno de los tres escritores más importantes de su siglo, junto con Cervantes y Shakespeare-, se quedó pensando: “Sí, tal vez soy un rinoceronte”.

¡Otra vez se repite la historia! Grupos políticos que no tienen una alta preferencia electoral son finalistas en la competencia por la administración del Estado. Digo esto porque, en las elecciones presidenciales del 2021, Pedro Castillo obtuvo el 19% frente al 12% de Keiko Fujimori; hoy, en 2026, Roberto Sánchez logra el 12% de la votación nacional y Keiko Fujimori, el 17%; dicho en otras palabras, la candidata Fujimori de hoy es el Castillo del 2021.

¿Qué implica esto? La administración del país se viene entregando a personas que no encarnan una representación ciudadana significativa. En el Perú tenemos 27 millones de electores. Me pregunto: ¿qué representan los 2 millones de votos que obtuvo Sánchez sobre los 27 millones de electores? ¿Qué representan los 2 millones 800 votos que obtuvo Fujimori sobre el universo de los 27 millones? Definitivamente, ambos tienen un grado mínimo de aceptación electoral, que se reproduce incluso desde las elecciones del 2021; sin embargo, uno de estos dos candidatos, Fujimori o Sánchez, se disputará la administración del Estado.

No se trata de candidatos que tienen una amplia aceptación en el electorado; todo lo contrario: su aceptación es bastante reducida, pero las actuales reglas electorales habilitan que votaciones débiles permitan pasar a la segunda fase y competir como gigantes por la administración del Estado. Este sistema debe ser reformado para no crear ídolos de barro y para que el ejercicio de la presidencia de la República sea una real expresión de la voluntad ciudadana.

Se anuncia entre los dos finalistas de la segunda vuelta que hay un empate técnico; cada grupo tiene un 50% de preferencia, en el que concurren otras variables en la apreciación del elector. El candidato que gane gobernará con un 50% de electores contrarios a su oferta electoral. Su electorado real es el que obtuvo en primera vuelta, y ello va a tener incidencia directa sobre la legitimidad de su ejercicio, a pesar de ser el ganador.

El resultado de la elección

Como apreciamos, estamos ante un diseño de elección popular calculadamente diseñado, pero ¿cómo se utilizará el poder? En el caso del fujimorismo, dejará de gobernar detrás del trono y lo asumirá con el rostro descubierto. Una cosa es gobernar detrás de operadores y otra colocarse en la vitrina de la exposición social. Desde el lado de Sánchez, debo señalar que el sombrero que porta como emblema no es Castillo, sino el compromiso con las reivindicaciones sociales del interior del país, al que el crecimiento económico no le ha impactado en su desarrollo.

Se aprecia en estas elecciones, una vez más, un país fracturado y la persistencia de una discriminación ancestral que solo reconoce como ciudadanos a determinadas personas, más allá de lo que formalmente se diga: que todos somos iguales ante la ley. A todo ello hay que agregar que se ha utilizado la ideología como una marca política, pero su acción política no ha respondido a esa proclama ideológica, como sucedió en el caso del partido político Perú Libre, que terminó cogobernando desde el Congreso con el fujimorismo.

No se trata de cambiar un gobierno, sino de cambiar un orden político, un modelo político que no implique seguir manteniendo más de lo mismo. El poder hace daño, genera empacho y desequilibrio. Tener tanto poder es nocivo para quien lo tiene y no sabe administrarlo; termina generando su propia autodestrucción. En caso de que el fujimorismo llegue al poder, no me llamaría la atención que se apruebe una ley que permita la reelección presidencial. Total, no faltarán abogados que quieran interpretar una norma de la Constitución para decir lo que claramente no dice el texto constitucional. Para ello tenemos un Tribunal Constitucional que se apresurará a decir que ello es perfectamente válido, como ya lo ha dicho en otros casos, en los que se ha validado reformar la Constitución a través de una ley ordinaria.

Estas elecciones no pueden dejar de ser miradas desde la geopolítica, pues también van a tener un impacto en la política interna del país, como sucede en otros países de la región. Las órdenes de compra, ya no solo de armamentos, sino de otros bienes, ya no requerirán que provengan del vocero del Congreso, como sucedió con la compra de los aviones, sino que el propio Ejecutivo tendrá voz propia para ello. No se trata de ideologías, sino de intereses empresariales que sostienen la campaña electoral y, en ello, ninguna de las opciones está fuera del capitalismo, que permite diversas variantes, desde un Estado social hasta modelos ultraliberales.

Billetera mata galán

A todo ello se suman los medios de comunicación, que hacen su labor no con una lógica informativa, sino de adoctrinamiento del mensaje que quieren internalizar en la opinión pública. Intentan ser neutros, pero no hay puntos de vista diferentes; solo hay una sola voz con distintos voceros, y esto se verá gratificado desde el Ejecutivo, que tiene la billetera para colocar la publicidad estatal en prensa, siempre y cuando se alinee con el gobierno de turno.

En este extremo, es importante recordar el informe del monitoreo de los medios de comunicación realizado por la MOE-Unión Europea. Reveló que la cobertura de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, con un discurso hostil y discriminatorio. Frente a este informe, hay que recordar que estamos ante un movimiento provinciano no integrado, que aspira a administrar el país. Por ello, las élites políticas desde el principio expresaron su racismo y elitismo, a lo que se suma la situación obscena de los medios de comunicación, como refiere el informe de la UE.

El ejercicio del poder en el modelo del Estado constitucional ha sido alterado para debilitar el presidencialismo; hoy, quien ocupe ese cargo tendrá que moverse bajo un escenario en el que exista mayoría en el Congreso. No estamos ante el caso de un Ejecutivo débil, como sucedió con los últimos presidentes; esto posiblemente lleve a cambiar normas que permitan mayor margen de acción y, para ello, requiere el apoyo del Congreso.

El nuevo gobierno no partirá bajo el supuesto de tener un Estado fuerte; todo lo contrario: tenemos un Estado ineficiente y débil. No confundamos esta ausencia de Estado fuerte con un Estado autoritario; será, tal vez, un Estado policial o militar, pero no fuerte en el sentido de una administración social integradora que llegue a todos los ciudadanos, que es, al final, el reto por construir.

No estamos en la década del 90, cuando salíamos de una crisis económica con hiperinflación; tampoco bajo el escenario de un país quebrado que ha perdido la guerra. Ese no es el panorama; por tanto, la decisión que se tome en el contexto actual difiere de la de hace tres décadas, por más que se quiera remontar ese recuerdo en la oferta electoral.

Por otro lado, en materia de derechos fundamentales, el espacio privilegiado para afirmar el camino democratizador estará fuera de la institucionalidad estatal, y desde ahí se podría construir la nueva agenda política integradora. Como señaló Hannah Arendt, la libertad no es algo que se tiene de manera individual, es algo que se crea “colectivamente”, cuando se actúa con otros para transformar el mundo que se comparte, y esa es la tarea de la nueva clase política.

A cada uno se le entregó una escalera para que alcanzara el objetivo. Los contrincantes decidieron competir con campañas, mensajes confusos o alianzas temporales entre clanes rivales. De esta forma, cada vez que un clan crecía un poco, surgía alguna situación que lo diluía, y se debilitaban mutuamente. Todo esto ocurrió hasta que decidieron cambiar de estrategia y unirse para construir una gran escalera entre todos los enanos, que superara en fuerza y alcance al tradicional grupo que mantenía el poder.

A lo largo del cuento, se advierte que los demás clanes de enanos intentaban subir, pero siempre se encontraban con un recorte o con una barrera que solo quien controlaba el poder les impedía superar. Daba la apariencia de que todos competían, pero la cima era inalcanzable, pues mientras más divididos iban, más difícil sería la victoria. Fragmentar a los competidores es una estrategia para debilitar la conquista del poder. Al final, los enanos advirtieron que, sin importar cuántas escaleras se corten, siempre existía una guía invisible que impedía conquistar ese poder, y descubrieron que la fuerza para alcanzarlo no está en la dispersión de los votos ni en la fragmentación, sino en la unión entre todos los excluidos.

La historia no solo habla de que la unión hace la fuerza, sino que advierte que, en toda sociedad organizada entre una minoría que dirige y una mayoría que es dirigida, se debe observar no solo quiénes integran la élite de gobierno, sino la calidad de su camuflaje para ejercer el poder bajo la sombra.

La segunda vuelta electoral

En nuestro país, también estamos buscando nuevos líderes que lo dirijan. Se trata también de una competencia entre enanos. Se ha buscado licuar la oferta electoral entre 35 competidores, de tal manera que las preferencias electorales aparezcan diseminadas y no logren hacer sombra a los grupos políticos que gobiernan desde el Congreso, uno de ellos de manera especial. ¿Cómo prevalecer en un escenario donde las preferencias de los electores son mínimas? ¿Cómo sobrevivir y reinar cuando se es un enano? La respuesta es sencilla: hay que generar reglas que alienten la fragmentación de ese escenario, de tal manera que ningún competidor haga sombra, para seguir manteniendo el reinado de los enanos.

Los enanos finalistas tienen que convencer a sus electores de que son los mejores líderes para dirigir el país. Los programas de gobierno no garantizan su cumplimiento, como lo demuestra el caso de Alberto Fujimori. Su oferta electoral terminó virando hacia el programa de gobierno de Vargas Llosa; Ollanta Humala transformó su programa en una simple hoja de ruta; Vladimir Cerrón terminó abrazándose, aliándose con el fujimorismo y gobernando desde el Congreso.

Dicho en otras palabras, se aprecia que organizaciones nacidas para representar al pueblo acaban formando su propia casta administrativa, sin atender las promesas electorales vinculadas con las reformas estructurales que ofrecieron al país y a sus electores.

Hay problemas centrales en la agenda del debate público. Dice el IEP, en una encuesta nacional de marzo del 2026, que el 41% considera que la inseguridad es el principal problema que afecta a los ciudadanos. El INEI recuerda que, en el IV trimestre del 2025, el 36,6% de la población del país presentó déficit calórico. En Lima Metropolitana, esta condición deficitaria afectó al 40,4% de la población. A pesar del modelo económico impuesto, la pobreza continúa. El INEI señala que Cajamarca se mantiene como la región con mayor tasa de pobreza, al superar el 40% de su población, seguida por Loreto y Puno. La pobreza está ligada a la agricultura familiar, la falta de servicios básicos y la conectividad.

Al igual que en el cuento de los enanos, la élite gobernante prefiere la democracia porque no necesita eliminar el conflicto, solo administrarlo. No necesita silenciar a la multitud, sino fragmentarla. La élite domina porque logra que su visión del mundo parezca la única razonable, madura o responsable. Lo demás será infantil, radical, inviable, populista, extremista o peligroso para la estabilidad.

Sin embargo, la realidad es diferente. En la encuesta elaborada por IEP y el Instituto Bartolomé de las Casas, de marzo del 2026, el 37% menciona el fortalecimiento del Estado como lo más importante para salir adelante; el 49% votaría por un candidato que promueve grandes cambios; y el 52% menciona que hay mucha diferencia entre Lima y las demás regiones en cuanto a las oportunidades de desarrollo.

El estudio sostiene que esta percepción es mayor en jóvenes de 18 a 39 años, entre quienes pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C, así como entre quienes cuentan con educación superior. A todo ello se agrega la poca fe que se tiene en el modelo político. El 53% considera que estas elecciones mejorarán poco o nada sus condiciones de vida. Hay, definitivamente, insumos contundentes para debatir qué país queremos construir.

La bancada 'cero'

Las reglas que se han impuesto para construir la representación parlamentaria niegan a un considerable número de electores tener un escaño. Me explico: la ONPE reporta que, al 80,94% de la votación nacional para la elección de la Cámara de Senadores (Distrito Electoral Único), existen 4.120.353 votos nulos y blancos. En ese conteo, el partido político Fuerza Popular (FP) ha obtenido 1.809.310 votos válidos (14,717%); esto es, los votos nulos y blancos superan casi tres veces los votos válidos que ha obtenido FP en el Senado, como primera fuerza política.

Desde que nos constituimos como República se ejerce una democracia representativa; esto significa que nuestra voluntad colectiva ciudadana se va a expresar en la composición del Congreso. Sin embargo, hay un sector de la población, 4.120.353 personas, que no está representado en esa composición.

Se trataría de la 'bancada cero', integrada por escaños vacíos, en proporción al rechazo a los candidatos de la oferta electoral. El elector lo expresa viciando su voto o votando en blanco. Este rechazo debe estar representado en el Congreso, con escaños no ocupados, con escaños vacíos, porque es la foto de la voluntad ciudadana. No obstante, se maquilla la realidad. La elección se reparte estrictamente entre los votantes que expresan adhesión a determinados grupos políticos. Para el diseño de este sistema, no hay otra opción que elegir entre los candidatos que postulan; por ello, esta regla debería transformarse.

Si se estableciera que los votantes 'cero' tuvieran una bancada, con escaños 'cero', tendríamos una representación que respondería a la voluntad del elector.

Siempre he sostenido la necesidad de hacer reformas profundas en el ejercicio político y esta es una de ellas: el escaño vacío para la representación de votos inválidos. Ello motivará que los grupos políticos se esfuercen en presentar candidatos con una selección más rigurosa, que motive al ciudadano a elegirlos y a no seguir construyendo una representación entre enanos que terminan convirtiéndose en gigantes, de espaldas al pueblo.

¿Cuál es la situación actual de la remuneración mínima?

La remuneración mínima (RM) vigente en nuestro país es S/1130 mensuales, mientras que la canasta básica de consumo familiar equivale a S/1848 mensuales, con lo que queda en evidencia la significativa brecha entre ambas. Es más, si consideramos la RM neta de S/983 percibida por los trabajadores, tras los descuentos de sus aportes previsionales, dicho monto no alcanza a cubrir ni siquiera el componente alimentario (S/1040) de la canasta básica de consumo familiar, lo que permite afirmar que tenemos una RM de pobreza extrema.

Otro aspecto relevante es que entre los años 2018 y 2025, el poder adquisitivo de bienes y servicios de quienes ganan la RM se ha reducido en 7%, como resultado de la inflación, lo cual ha implicado un empobrecimiento de ese segmento de trabajadores. Incluso el actual poder de compra de la RM representa apenas la tercera parte del que tenía a inicios de la década del setenta.

En la misma línea, si analizamos la trayectoria real de la RM en Latinoamérica en el periodo 2012-2024, podemos apreciar que su poder adquisitivo creció 32% en promedio, y se redujo únicamente en Guatemala y Perú (ver gráfico). ¡Vaya “mérito”! Todo lo contrario de lo registrado en México, que encabeza el ranking de crecimiento del poder adquisitivo de la RM con una mejora de 140%, gracias a su política activa de actualización, la cual ha contribuido a reducir significativamente su nivel de pobreza.

¿Se justifica un incremento a S/1500?

Si se hubieran aplicado estrictamente todos los años los criterios de inflación y productividad establecidos en el mecanismo técnico del Consejo Nacional de Trabajo-CNT (2007) para actualizar la RM, al 1 de enero del 2026 ya debería haber ascendido a cerca de S/1400, lo cual muestra una brecha importante con la vigente (S/1130).

Tomando en cuenta las estimaciones de inflación y mejora de la productividad para el presente año, a inicios del 2027 la RM debería ubicarse muy cerca de S/1500, sobre la base del mecanismo técnico del CNT, espacio integrado por representantes del Gobierno, los principales gremios empresariales y confederaciones sindicales.

En cuanto al contexto económico y laboral, debemos señalar que se prevé que el PBI continúe registrando resultados positivos en el 2026 (3,2%), lo cual incidirá en una menor tasa de desempleo, subempleo e informalidad laboral de los asalariados privados. Además, según la Planilla Electrónica del MTPE, la RM representa apenas el 39% de la remuneración promedio en el sector privado formal, por lo que hay margen suficiente para incrementarla.

Respecto a la capacidad de las micro y pequeñas empresas (mype) formales para asumir el incremento de la RM, se observa que en las primeras la remuneración promedio es S/1700 y S/2800 en las segundas; por tanto, no tendrían mayores dificultades para absorber el referido incremento. Sin perjuicio de lo señalado, sería conveniente que la mejora de la RM de S/1130 a S/1500 se realice en dos tramos, con el fin de facilitar su aplicación en las mype. Un primer incremento se podría realizar en agosto del 2026 y el segundo a inicios del 2027.

¿Cómo impacta el incremento de la remuneración mínima?

Subir la RM a S/1500 beneficiaría directamente a 1,9 millones de trabajadores formales privados que perciben dicha remuneración o una cercana o vinculada a ella (7,6 millones de personas en total, si consideramos una familia promedio con cuatro miembros), quienes representan el 46% del empleo formal privado, según la Planilla Electrónica del MTPE.

Del total de trabajadores beneficiados, 36% correspondería a microempresas, 22% a pequeñas empresas y 42% a empresas medianas y grandes. Según la misma fuente estadística, los incrementos de la RM suelen mejorar la remuneración promedio real en todo el sector privado formal, mientras que, cuando no sube la RM, la remuneración promedio real tiende a reducirse o estancarse.

Además, de acuerdo con la Enaho del INEI, alrededor del 40% de los asalariados privados informales percibe una remuneración que al menos equivale a la RM, por lo cual un incremento de esta última podría servir como referencia para una futura mejora remunerativa en ese segmento.

Adicionalmente, se favorecería aproximadamente a 80 mil trabajadoras del hogar formales que suelen percibir la RM o una remuneración cercana. Entre formales e informales, 131 mil ganan al menos la RM, así que el efecto podría ser mayor (fuente: INEI, Enaho).

Cabe agregar que, al ser trabajadores de bajos ingresos (los beneficiados por la mejora de la RM), trasladarían rápidamente casi la totalidad de sus mayores remuneraciones a la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad (sobre todo a mype y autoempleados), lo cual contribuiría a seguir reactivando la economía.

¿Subir la remuneración mínima afecta el empleo formal?

Si bien desde el enfoque económico neoliberal se suele señalar que los incrementos de la RM tienen efectos negativos en el mercado laboral (como mayor desempleo o informalidad), la realidad muestra que aquellas mejoras de la RM que se han dado en contextos de crecimiento económico y, al menos, tomando como referencia criterios técnicos, como ha venido sucediendo en el caso peruano desde el 2007, no han revertido el crecimiento del empleo formal privado ni la tendencia decreciente observada en las tasas de desempleo e informalidad laboral, así como en el porcentaje de asalariados con remuneraciones inferiores a la RM (fuente: Planilla Electrónica del MTPE y Enaho/Epen del INEI).

Incluso, la mayoría de estudios que han tratado de estimar el impacto de los incrementos de la RM en el mercado laboral nacional no ha encontrado efectos negativos en el empleo o estos no han resultado significativos, como es el caso del realizado por el MTPE en 2022.

Aspectos adicionales a considerar

La RM es un instrumento para el sector asalariado formal que tiene como objetivo central garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. La informalidad laboral no se combate manteniendo la RM en niveles bajos ni precarizando más el empleo formal, sino mediante la implementación de políticas públicas de fortalecimiento de la fiscalización laboral, de promoción del incremento de la productividad y de incentivos económicos a sectores con alto potencial de generación de empleo asalariado formal.

Sin perjuicio de ello, existen regímenes laborales especiales para mype que reducen significativamente los costos extrasalariales respecto del régimen general, con lo que aminoran el impacto de un incremento de la RM.

Tareas pendientes

Es fundamental institucionalizar de una vez por todas vía una norma del Ejecutivo y previo paso por el diálogo social un mecanismo técnico de revisión de la RM, para contar con una política seria sobre la materia y dejar de lado arbitrariedades.

La institucionalización del referido mecanismo técnico permitirá que, gradualmente, la RM cubra la canasta básica de consumo familiar (S/1848), en cumplimiento del mandato constitucional y de manera sostenible. Ello sin dejar de lado la obligación estatal de fomentar la negociación colectiva entre sindicatos y empresas como principal mecanismo de mejoras remunerativas.

Nos encontramos a puertas de un nuevo quinquenio y resulta una gran responsabilidad de quienes están interesados en dirigir la nación lograr construir un Perú más sólido a partir de la experiencia, con prospectiva y, sobre todo, reconociendo una realidad resiliente.

Si bien existen diversos sectores neurálgicos que requieren atención prioritaria, es el desarrollo social, a partir de la inclusión, el que logra hacer coincidir los servicios y las prestaciones que la comunidad requiere. Así, durante la gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reconocimos que estábamos en un momento de transformación. Es un hecho que procedemos de una era en la que las transferencias monetarias fueron el oxígeno que mantuvo a millones a salvo de la asfixia de la pobreza extrema. En ese contexto, el Perú logró reducir la pobreza de 48% a 24%, fundamentalmente por programas como JUNTOS, de transferencia condicionada. Sin embargo, este miércoles nos corresponde hablar de algo más ambicioso que el alivio: la liberación económica.

Las transferencias monetarias no pueden ser un destino; deben ser el combustible para el despegue. En el Perú del 2026, hemos entendido que la verdadera inclusión social no es solo poner recursos en manos de los más vulnerables, sino herramientas para que puedan generarlos por sí mismos.

En el periodo al frente del sector, recorrimos nuevamente el diverso territorio peruano, llevando más que transferencias: activos productivos. A través de Mi Emprendimiento Mujer, invertimos 17 millones de soles y transformamos a socias de ollas comunes y comedores populares en dueñas de su propio destino. Esto significa que más de 2.600 mujeres son capaces de operar hornos industriales, máquinas de confección y equipos especializados. Vale decir que estamos pasando de la economía de subsistencia a la microempresa gastronómica y textil. Por esa esencia, lo llamamos “trascender a las transferencias” para convertir la red de protección social en una plataforma de impulso y promoción empresarial.

El nuevo gobierno recibirá un sector de desarrollo e inclusión social cuyo presupuesto asciende a 7.584 millones de soles, pero esa cifra no es la que importa, sino el enfoque. El 96% de dicho recurso está blindado para los programas sociales a partir de una nueva medición: el éxito será la cantidad de usuarios que salen de la pobreza, no la de quienes ingresan al padrón.

El programa JUNTOS ya no solo monitorea salud y educación; ahora impulsa autonomía mediante el acompañamiento productivo. Así, a nivel nacional, más de 9.000 usuarias ya cuentan con emprendimientos activos gracias a sus capacidades para lograr autonomía económica.

A través de FONCODES, se promovió la inversión en infraestructura básica y competencias técnicas para proyectos productivos, lo que benefició a hogares con emprendimientos con más de 224 millones de soles. Esto logró una articulación territorial con los usuarios de las zonas rurales del programa PAIS, que acerca servicios del Estado a las comunidades.

Este miércoles, el sector cuenta también con una versión mejorada del desarrollo infantil temprano gracias a la aprobación de la Política de Desarrollo Infantil Temprano, que pone en el centro de la política pública al sujeto de derecho y lo protege desde su concepción. Así, convergen las intervenciones entre JUNTOS y CUNA MÁS, y el programa CONTIGO es transversal para las personas con discapacidad severa. Siguiendo con el ciclo de vida, en la etapa escolar se cuenta con un nuevo modelo del Programa de Alimentación Escolar PAE, donde ya no hay espacio para intenciones perversas y se garantizan los procesos con presencia permanente de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Consecuentemente, al llegar a la adultez mayor, también está presente en PENSIÓN 65 la gestión de emprendimientos para una vejez digna y activa. De esa manera, se debe reconocer que el mundo enfrenta una fatiga de las políticas asistencialistas. La delincuencia organizada y la desigualdad social se alimentan de la falta de oportunidades económicas. Por eso, la propuesta es que el Perú encuentre un centro estable en el desarrollo de la autonomía económica, a través de una gestión que se allana a la transparencia, descentraliza presupuesto y entiende que el Estado debe ser el primer inversor de riesgo de sus ciudadanos más pobres.

Resulta necesario que, tras interiorizar lo descrito y apostar por la nueva medición de la pobreza con criterio multidimensional, en los siguientes cinco años nos alejemos de lo asistencial y reforcemos la promoción de emprendimientos para la autonomía económica, con la finalidad de que el legado no sea cuántos bonos se entregaron, sino cuántas familias se alejaron de la pobreza bajo un nuevo contrato social.

Constantino Carvallo, educador peruano

Cada cuatro años, el planeta desea patear con más ganas una pelota. El Mundial de Fútbol, esa ceremonia global que convoca emociones, identidades y negocios, vuelve a ocupar titulares y conversaciones cotidianas. Pero más allá de estadios repletos y gestas épicas, el torneo despliega una trama paralela: la que se vive en casas y colegios, donde niños, padres y profesores terminan discutiendo, sin proponérselo, sobre competencia, consumo, frustración y valores deportivos.

Si apelamos a esos valores que el fútbol puede transmitir, vale recordar lo que afirmaba el escritor argelino Albert Camus, que “todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Una idea que no contradice, sino que se complementa, con la mirada del uruguayo Eduardo Galeano, quien advertía que “el fútbol es un espejo del mundo: en él se reflejan sus virtudes y sus miserias”.

Desde esa perspectiva, podemos decir que la Copa del Mundo dejó hace tiempo de ser únicamente fútbol para convertirse también en una gran caja registradora. En ella no solo se celebran jugadas imposibles y goles memorables, sino que se promueven hábitos de consumo no siempre saludables. Es precisamente allí donde surge una oportunidad —a veces incómoda— para educar.

Basta mirar el fenómeno de los álbumes de figuritas. Para muchos adultos, el recuerdo es tibio: páginas incompletas, cromos repetidos y tardes de trueques sin conseguir el jugador esperado. Una nostalgia teñida de desilusión, pero también de ingenuidad. Hoy, ese rito ha cambiado de escala. El deseo de “llenar el álbum” ha sido absorbido por una lógica de mercado que convierte el pasatiempo en una inversión desproporcionada y, en no pocos casos, desbordada.

Las cifras no mienten. Un álbum básico de la marca que tiene los derechos internacionales ronda los 9.90 soles. Cada sobre de siete figuritas cuesta 4.20, y el “paquetón”, con poco más de cien sobres, supera los 380 soles, dependiendo de la oferta. Completar la colección —de 980 cromos— requeriría cerca de 600 soles en un escenario improbable de no tener repetidas. Pero la repetición es la regla en este juego. Entonces, cuando fallan los intercambios y el deseo de llenar el álbum crece, el gasto escala sin pudor. Un importe aproximado puede bordear los tres mil soles, si no renuncias antes de alcanzarlo. Una locura que encuentra su principal campo de acción en un lugar muy predecible: la escuela.

Es allí donde los álbumes dejan de ser cuadernillos ilustrados para convertirse en artefactos sociales. En los recreos se negocia, se compara, se presume y también se excluye. “Yala, nola”, “¿cuánto vale esta?”, “yo tengo más que tú”, “¿esta no la tienes? ¡Jajaja!”. El lenguaje del mercado se filtra en edades tempranas y surgen tensiones atravesadas por la presión del grupo y el deseo de autoafirmarse con la comparación. Los niños trasladan esa lógica a casa y presionan por más sobres; algunos padres ceden, otros se resisten, mientras no pocos docentes observan sin intervenir. Y quedan aquellos pequeños que, desde la orilla, están a la expectativa de un intercambio desigual por un producto cada vez más costoso.

Las preguntas son inevitables: ¿quién está acompañando este proceso? ¿Cuántos adultos advierten que, detrás del entretenimiento, se incuban patrones de consumo y jerarquías materiales que pueden dañar los vínculos? ¿Nos estamos ocupando realmente de esto?

Y en medio del barullo, el fútbol —paradójicamente— queda relegado. Valores como el esfuerzo, la disciplina, el honor o el trabajo en equipo ceden ante un criterio inmediato: el poder adquisitivo. Ya no importa la hazaña en la cancha, sino la capacidad de completar una página o conseguir el cromo deseado. El sentido formativo del deporte se diluye frente a la urgencia de acumular para evitar la decepción.

Pero no todo está perdido en esta fiebre coleccionista. Allí donde hay un problema, también hay una puerta. El entusiasmo por las figuritas puede transformarse en una herramienta pedagógica si se guía con propósito. Intercambiar figuritas puede ser aprender a negociar con justicia, valorar al otro y dominar la codicia. Completar un álbum puede dar lugar a ejercicios de cálculo, probabilidad y estadística. Analizar su información permite reconocer fuentes de datos secundarias. Cada jugador puede despertar curiosidad por su país, su historia o su cultura. Es decir, incentivar la investigación y el deseo de aprender con optimismo.

Quizá la clave no sea prohibir ni ceder sin más, sino resignificar el hábito, dotar de sentido al álbum antes que a sus figuritas. Convertirlo en una excusa para pensar, dialogar y aprender en comunidad. Porque, al final del torneo, muchas colecciones acabarán olvidadas o —vale decirlo— arrojadas al vertedero de la frustración o la vanidad. Eso ya lo conocemos los adultos.

Lo que no debería perderse, si el camino se recorre con conciencia, es la lección aprendida. El Mundial pasa; nosotros —y, especialmente, ellos— estamos convocados a trascenderlo con ilusión, criterio y responsabilidad.

El principal detonante de esta nueva ola inflacionaria es el conflicto en el Golfo Pérsico, iniciado hace tres meses. La producción de petróleo en la región y su transporte hacia los mercados internacionales se encuentran prácticamente paralizados. Cientos de buques petroleros permanecen bloqueados en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde transita alrededor del 35 % de la oferta mundial de petróleo y entre el 20 % y el 30 % de los fertilizantes. Como resultado, los precios internacionales se han disparado: en lo que va del año, el petróleo acumula un alza de 74 %. En Lima, durante los últimos doce meses, el transporte se encareció 15,5 % y los combustibles 31,4 %. Según la Sociedad Nacional de Industrias, el 37 % de los industriales prevé nuevos incrementos de costos y el 30 % planea trasladarlos a sus precios de venta, por lo que una parte importante de estas alzas terminará siendo absorbida por los consumidores, alimentando las presiones y expectativas inflacionarias.

El impacto no se limita a los combustibles. Los precios de los derivados del petróleo, especialmente de la urea —fertilizante clave para la agricultura—, han aumentado en 33 %. Esto reducirá su uso y la productividad por hectárea cultivada. Menor productividad implica menor oferta agrícola y, por tanto, mayores precios para los consumidores y menores ingresos para los productores. La inflación se propaga por toda la economía mediante efectos encadenados. El primer canal es el transporte. El aumento de los combustibles encarece el traslado de mercancías, elevando los precios de los bienes que llegan a los mercados, y también incrementa el costo de los desplazamientos de trabajadores y estudiantes. Según la ENAHO, en 2025 el 31 % de los trabajadores urbanos y el 25 % de los estudiantes realizaban sus actividades en un distrito distinto al de residencia, por lo que el encarecimiento del transporte afecta directamente sus presupuestos.

La inflación erosiona el poder adquisitivo de los ingresos y deja a los hogares con pocas alternativas: recurrir a sus ahorros, endeudarse o reducir el consumo. Sin embargo, sus efectos son desiguales. Los hogares de menores ingresos son más vulnerables porque destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos. Si estos aumentan más que el resto de bienes y servicios, el deterioro de su bienestar será proporcionalmente mayor. Además, los hogares pobres cuentan con menos mecanismos para amortiguar el golpe. Carecen de ingresos indexados a la inflación y de capacidad suficiente de ahorro o endeudamiento para enfrentar aumentos persistentes de precios. La respuesta suele ser inmediata: ajustar el cinturón. Primero se sustituyen alimentos más nutritivos por otros más baratos; luego se reducen las cantidades consumidas y, en los casos más extremos, incluso el número de comidas diarias. Las consecuencias sobre la salud son severas, especialmente para niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Por ello, suele afirmarse que la inflación es un impuesto ciego. Sin embargo, dada la desigual distribución de sus efectos, sería más preciso decir que se trata de un impuesto regresivo. No golpea a todos por igual.

La evidencia lo confirma. Céspedes y Huarancca, en un estudio publicado por el BCR, muestran que la inflación entre 2018 y 2023 tuvo efectos contractivos y regresivos sobre los hogares pobres, cuyos gastos se redujeron en alrededor de 8,6 %, mientras que los hogares de mayores ingresos lograron amortiguar mejor el impacto. Durante el episodio inflacionario asociado al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2023, el costo de la canasta básica aumentó en 7 % y el de los alimentos en 11 %. Según nuestras estimaciones, ese proceso añadió 2,7 puntos porcentuales a la tasa de pobreza nacional, 2 puntos en las zonas urbanas y 5 puntos en las rurales, contribuyendo al incremento de la pobreza extrema en estas últimas. La inflación, lejos de ser neutral, profundiza las brechas sociales y amplía la desigualdad.

Y como si ello no fuera suficiente, un nuevo riesgo se cierne sobre la economía peruana. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido sobre una elevada probabilidad de desarrollo del fenómeno El Niño a partir de mediados de 2026, tras observar un rápido incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico. En la misma línea, el ENFEN mantiene vigente la alerta de El Niño costero debido al calentamiento del mar frente al litoral norte y centro del país. La experiencia histórica muestra que los costos económicos pueden ser enormes. Callahan y Mankin (2023) estiman que, de no haber ocurrido el fenómeno El Niño de 1997-1998, el ingreso promedio habría sido cerca de 19 % mayor en 2003. Otros estudios calculan pérdidas directas de alrededor de US$ 1.000 millones, principalmente en la costa norte. Según el BCR, dicho evento ocasionó pérdidas equivalentes al 2,9 % del PBI y daños en infraestructura por otro 2,2 %.

De repetirse un episodio severo en 2026-2027, las presiones inflacionarias se intensificarán. La producción de alimentos podría verse afectada por inundaciones, sequías y otros eventos extremos, mientras que los daños en carreteras y vías de comunicación interrumpirían los circuitos de abastecimiento. Es una historia conocida: inundaciones en el norte, sequías y friajes en el sur, escasez de productos y aumento de precios.

Por ahora, apenas observamos las primeras señales de un año marcado por el encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y los costos de transporte. El verdadero impacto del choque externo de precios y del eventual choque climático se sentirá con mayor intensidad durante el segundo semestre de este año y a lo largo de 2027. Nos enfrentamos a un problema de oferta en un contexto de demanda interna débil. En estas circunstancias, la respuesta no pasa por enfriar aún más la economía mediante políticas fiscales y monetarias restrictivas. Se requiere una estrategia integral de corto y mediano plazo para mitigar ambos choques.

La buena noticia es que los instrumentos existen. Como ha advertido el ENFEN, resulta urgente reactivar y fortalecer los fondos de contingencia. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), constituido precisamente para enfrentar situaciones adversas, permanece prácticamente inalterado desde hace tres años, con recursos cercanos a los US$ 3.200 millones. Por su parte, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) enfrenta serias limitaciones: la deuda con los distribuidores aumentó 9 % durante el primer trimestre de 2026 y su capacidad para contener el alza de los combustibles es cada vez más reducida.

La inflación golpeará con fuerza a los hogares peruanos. Si a ello se suma un nuevo episodio de El Niño, el país enfrentará una combinación adversa de presiones externas y riesgos climáticos. Para millones de familias, literalmente, lloverá sobre mojado.

Ampliados

La combinación de inflación y el muy probable fenómeno El Niño amenazan con elevar la pobreza y profundizar la desigualdad en el país.

El Gobierno dispone de fondos e instrumentos para enfrentar la inflación y el riesgo de El Niño; la clave es actuar ahora, porque prevenir cuesta mucho menos que mitigar y reconstruir.

Cruel paradoja, ironía colosal que desnuda por igual el cinismo de nuestra derecha radical y de nuestra izquierda ideológica. Básicamente, todos nosotros en algún punto. Admitámoslo, es imposible escapar de esta contradicción tan peruana. Me refiero al tratamiento que les dan, respectivamente, a los votos de las mesas 900 de la sierra rural y a las mesas de votación en el extranjero. Es casi un espejo exacto de intolerancia, que puede ser graficado en el forzado arquetipo de, por ejemplo, un imposible Cangallo versus Miami.

Empecemos por la derecha. Cada vez que a un analista de televisión o de redes se le escapa, con total naturalidad, que una mesa de votación andina o con altos índices de analfabetismo —como las famosas mesas 900— jamás podrá "votar tan bien, con poco voto nulo" como una mesa urbana, lo que está haciendo no es ciencia política; está reviviendo el voto censitario del siglo XIX. Está escupiendo la rancia convicción colonial de que el ciudadano rural carece de la capacidad mental mínima para discernir. En su narrativa inconfesable, el habitante de la sierra es un retrasado cognitivo cuyo voto malogra el esquema diseñado desde Lima. Para ellos, la exclusión material también te despoja del derecho a decidir y hasta a pensar.

Ahora crucemos la vereda. La izquierda de personajes como Pedro Castillo o Roberto Sánchez incurre exactamente en el mismo pecado político, pero al revés. Esta izquierda, que se llena la boca hablando de la dignidad del pueblo, activa de inmediato su propia lógica excluyente cuando todo indica que ha perdido las elecciones fuera de nuestras fronteras. Como la diáspora peruana suele votar mayoritariamente por opciones de derecha o promercado, los líderes izquierdistas no dudan en deslizar, de manera solapada o abierta, que el voto de los peruanos en el extranjero "vale menos" o "no cuenta igual" porque "ellos no viven la realidad del país".

Mientras a la derecha radical le encanta decir que los votantes del interior merecen sufrir el comunismo como castigo por su voto, la izquierda propone que los peruanos en el exterior deberían regresar a vivir in situ el autoritarismo de sus opositores, por los que votaron, también como castigo.

La ironía es perfecta: son como las mesas 900, pero con el signo político invertido. Es la misma tara, la misma impugnación, con distinto color. Como dice el lugar común: dos caras de la misma moneda. Para la derecha radicalizada, el agricultor de Puno o Ayacucho es un "ignorante"; para la izquierda radicalizada, el migrante que trabaja en Madrid, Santiago o Miami es un "privilegiado desconectado sin derecho a decidir", es decir, también un "ignorante". Ambos desprecian el voto que no controlan.

El colmo del cinismo llega con las herramientas para la pataleta. Este miércoles vemos a esa misma izquierda apropiarse, sin ningún pudor, del libreto de sus peores adversarios: ahora son ellos los que salen a hablar de "defender los votos" y a agitar el fantasma del "fraude". El mismo guion de deslegitimación que tanto le criticaron a la DBA en el pasado. Al final, ambos bandos pretenden graduar la calidad de la ciudadanía y la validez de las instituciones según les convenga el resultado en las urnas.

Es como una tara cultural compartida. Se usa el innegable fracaso de los líderes locales de un lado, del sur andino, o el éxito individual del migrante lejano del otro, como coartadas perfectas para justificar el desprecio hacia el juego democrático y, lo que es aún peor, hacia el otro. Nos deshumanizamos mutuamente. De fondo, el eterno e interminable conteo de la ONPE, arreando la bronca de barrabravas con el cuchillo en la boca.

Lamentablemente, las segundas vueltas peruanas, particularmente apretadas, son gasolina para la polarización. Nuestra clase política, gran parte del periodismo y el mismo electorado seguimos tratando los procesos electorales como una guerra de sometimiento donde el voto del rival debe ser invalidado moral o legalmente. La respuesta ante la fractura nacional ya no puede seguir siendo la pataleta del fraude y graduar el valor de un peruano según su ubicación geográfica.

El último sábado participé en un coloquio convocado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la segunda vuelta y el constitucionalismo. Aquí resumo algunas de las ideas que compartí: la segunda vuelta no reporta mayor legitimidad ni mayor consenso para el ganador. Al contrario, al menos en el escenario peruano de los últimos procesos, exhibe un peligroso campo de polarización e injusticias que las elecciones no logran resolver.

Una elección es justa cuando todos los candidatos compiten en condiciones equivalentes de acceso a la deliberación pública, cuando los electores reciben información veraz y equilibrada, y cuando el resultado expresa preferencias auténticas y no miedos inducidos. Medida con esos criterios, la segunda vuelta peruana —especialmente las de 2021 y 2026— no supera el examen: es, antes bien, la plataforma donde esos problemas escalan.

El campo de juego desigual

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), en su declaración preliminar del último 9 de junio, lo documentó con preocupante claridad: los medios estatales mantuvieron una cobertura "neutral y equilibrada, mientras que la de la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú". Según documentaron, diarios como El Comercio, Perú21, Correo y Trome dedicaron más del doble de espacio a Sánchez que a su rival, predominantemente con tono negativo. Se difundieron asociaciones con el terrorismo, la minería ilegal, el financiamiento irregular y figuras políticas controvertidas. La incidencia de aquella campaña demoledora caló con mayor fuerza en los centros urbanos y, sobre todo, en Lima.

Una elección en la que los medios de mayor circulación alinean sistemáticamente su cobertura en una sola dirección no es una elección libre en sentido sustantivo. Puede serlo en sentido formal —nadie prohíbe votar—, pero la libertad de elección no se satisface con la libertad de marcar una cédula: requiere que ese voto esté informado. La MOE UE lo formuló con precisión: esa cobertura desequilibrada socavó "el derecho al voto informado". La injusticia no estaba en las urnas, sino en las estructuras del poder de las comunicaciones.

El racismo como arma electoral

La segunda vuelta no solo desnudó la asimetría mediática. Activó, con una eficacia perturbadora, los males estructurales que el Perú arrastra sin haberse atrevido a confrontarlos. La MOE UE documenta que "los casos de racismo y discriminación por motivos de género, origen étnico y clase social, presentes en el discurso de ambas partes, no encontraron respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes". El discurso hostil, precisa el informe, "fue dirigido principalmente contra la fórmula presidencial de Juntos por el Perú".

No es la primera vez. En 2021, el informe final de la MEE UE registraba que el 43% de los anuncios activos en redes sociales el día del ballotage contenían mensajes de miedo sobre el comunismo o la amenaza de una catástrofe económica si se votaba en contra del establishment. El terruqueo —asociación del candidato andino con el terrorismo— no es espontaneidad de las redes: es una estrategia probada y refinada en cada ciclo electoral.

Lo que la segunda vuelta hace es proveer el escenario óptimo para esa estrategia. La radicalización obligatoria entre dos polos amplifica los mecanismos de exclusión que en una primera vuelta más fragmentada tendrían menos oxígeno. El miedo es más eficaz cuando solo hay dos opciones.

El establishment y la trampa de la segunda vuelta

El politólogo Arend Lijphart sostenía que los sistemas que fuerzan consenso producen democracias más estables y legítimas ('Modelos de democracia', Yale, 1999). La segunda vuelta fue pensada como mecanismo de búsqueda del centro: obligaría al ganador a ampliar su coalición y sumar a quienes no lo eligieron en primera instancia. La realidad peruana invierte esa promesa: la segunda vuelta ha sido el escenario en que el poder establecido —concentrado en los medios capitalinos, en los gremios empresariales, en sectores políticos instalados en el Congreso— ha encontrado su instrumento más eficaz de veto ante cualquier candidato que cuestione el orden vigente.

Lo que llaman "estabilidad" u "orden" es, en realidad, la continuidad de un modelo de exclusión y centralismo. Y lo que llaman "comunismo" o "caos" suele ser la irrupción de una representación política del interior que Lima no controla ni comprende, y que exige desde hace tiempo cambios en las políticas que la excluyen.

Buscando alternativas

No se trata de suprimir la segunda vuelta. Se trata de reformarla para que deje de ser un mecanismo que premia la demolición del adversario por encima del debate de ideas. Dos correcciones son urgentes:

La primera: ningún candidato debería poder acceder al ballotage con menos del 20% de los votos válidos. La fragmentación extrema de la primera vuelta —que en 2021 permitió a Castillo pasar con el 19% y a Fujimori con el 13%— convierte la segunda vuelta en el duelo entre dos minorías que el sistema infla artificialmente hasta la mitad del electorado.

La segunda: recuperar la sabiduría de la propia Constitución de 1979, que para las elecciones de 1980 establecía que podían ser proclamados vencedores los candidatos que alcanzaran "la votación más alta, siempre que esta no sea inferior al treinta y seis por ciento del total de votos válidos". Un tercio del electorado en primera vuelta como condición suficiente de gobierno. Esa fórmula reconocía algo que la teoría de la mayoría absoluta olvida: que la legitimidad no es un porcentaje, sino la capacidad de gobernar con un mandato auténtico.

El constitucionalismo, en su versión más exigente, es una promesa de igualdad real en la participación política. Mientras las condiciones materiales de la deliberación sigan siendo tan desiguales como lo documenta la MOE UE, la segunda vuelta seguirá siendo, entre nosotros, una estrategia para impedir cualquier intento de cambio del estatus quo.

Ese reconocimiento tiene una historia que vale la pena recordar. Durante décadas, el huayno, la wifala, la kashua y otras expresiones de la canción andina encontraron en las radios limeñas y en la cultura oficial un espacio reducido. Era la expresión de un Estado que miraba hacia el extranjero en busca de referentes culturales mientras pasaba por alto la riqueza del país que gobernaba. Hoy, 20 años después del decreto que instituyó esta fecha, la canción andina ocupa escenarios que antes le cerraban las puertas. Que el reconocimiento siga siendo más simbólico que real, más decreto que presupuesto, revela una deuda que todos los gobiernos han atendido solo parcialmente.

El Perú que acaba de votar mostró una sociedad dividida territorialmente. Esa fractura tiene causas económicas y políticas, pero también culturales. Un Estado que trata la diversidad como un problema a gestionar en lugar de un activo a desarrollar contribuye a la fragmentación que luego deplora en las urnas. Las políticas culturales sostenidas, con financiamiento real, presencia en las escuelas y alcance en las provincias, son una herramienta de cohesión que el país tiene disponible y subutiliza.

El gobierno que asuma en julio llega en un momento en que la cohesión social importa más que nunca. Dotar al Ministerio de Cultura de presupuesto y capacidad de ejecución real es una decisión que trasciende lo simbólico. El Perú tiene en su música, sus lenguas, sus tradiciones y su cosmovisión una riqueza que puede ser puente entre las mitades que el voto reveló. Lo que la canción andina lleva siglos construyendo desde abajo, el Estado todavía puede aprenderlo desde arriba.

En Zaragoza, Sergiu N.R. fue condenado por haber violado a una compañera de colegio durante una fiesta. Cuando la violaba, le dijo frases como “ven aquí tonta” y “te va a gustar”. En Argentina, se condenó a Sergio Prados por haber violado a su hijastra desde que tenía 9 años hasta que ella cumplió 19. En su testimonio, la víctima contó que al inicio de los abusos Prados le decía siempre “esto no es malo, te va a gustar”.

Y podría seguir narrando casos de violencia y agresión contra mujeres y niñas, donde el lenguaje que utiliza el agresor es muy similar, en una suerte de falso y perverso convencimiento de que lo que hace es algo bueno para su víctima. La normalización de la violencia de género es tal que se pretende disfrazar los discursos agresivos como un chiste, cuando no solo son una expresión de machismo, sino que también pueden incluirse en los supuestos de la Ley 30364 contra la violencia hacia las mujeres.

Imposible no hacer este análisis cuando en estos días el congresista Juan Carlos Lizarzaburu ha utilizado las mismas palabras para responder un tuit de la artista Ebelin Ortiz, en el que ella expresaba su posición política. La sanción de la Comisión de Ética por las frases sexistas contra la congresista Patricia Juárez no le sirvió para reflexionar lo suficiente.

A ninguna mujer le gusta la agresión y, sobre todo, hay un marco legal que nos debe proteger de tanta impunidad. Basta ya.