Cada mañana a las 9.00 a. m., Ucrania se detiene.

En todas las ciudades de Ucrania, los altavoces que normalmente se utilizan para advertir sobre ataques aéreos rusos inminentes transmiten el constante tic-tac de un reloj.

Las calles de la ciudad, normalmente llenas de vida, quedan en silencio.

Los semáforos se ponen en rojo. Los automóviles se detienen.

Durante un minuto, todo un país hace una pausa.

Este es el momento diario de silencio de Ucrania, un acto nacional de conmemoración para quienes han perdido la vida en la guerra ilegal de Rusia. En lugares de trabajo, hogares, escuelas, mercados y carreteras, los ucranianos hacen una pausa para honrar a quienes dieron su vida defendiendo la soberanía y la libertad de su país, y para recordar a los miles de civiles cuyas vidas se han perdido a causa de la agresión rusa.

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Este silencio también refleja la ausencia que sienten miles de familias cuyos seres queridos aún no han regresado a casa.

Entre ellos se encuentran los miles de niños ucranianos que han sido trasladados por la fuerza y deportados ilegalmente por Rusia a lo largo de la guerra. Separados de sus familias y comunidades, muchos han sido privados de elementos fundamentales de su identidad: su idioma, su cultura e incluso sus nombres.

Otros son civiles detenidos ilegalmente en territorios temporalmente ocupados por Rusia. Muchos han sufrido represalias por enseñar su idioma, practicar su cultura, expresar su oposición a la ocupación o compartir la verdad sobre lo que han presenciado. Algunos han sido trasladados a centros de detención en Rusia, donde permanecen retenidos sin el debido proceso, privados del contacto con sus seres queridos, sin acceso adecuado a atención médica y fuera del alcance de una supervisión independiente.

Las condiciones de los prisioneros de guerra ucranianos bajo custodia rusa siguen siendo igualmente preocupantes. Quienes han regresado han denunciado malos tratos, mientras que organismos independientes han documentado abusos generalizados, incluidas torturas y violencia sexual.

Estas no son consecuencias colaterales de la guerra de Rusia. Las acciones de Rusia constituyen violaciones reiteradas y ampliamente documentadas del derecho internacional, cometidas a gran escala en un intento de quebrantar la voluntad del pueblo ucraniano.

Detrás de cada caso hay una historia humana: un padre o una madre esperando a un hijo, una pareja esperando una llamada telefónica, una familia esperando que alguien regrese a casa.

Sabemos que la verdadera medida de la paz se encuentra en estas historias centradas en las personas. Se encuentra en un niño que regresa con su familia, en un civil liberado de una detención ilegal, en un prisionero de guerra reunido con sus seres queridos y en una comunidad que tiene la oportunidad de sanar y reconstruirse.

La magnitud de este desafío es inmensa, y ningún país u organización puede afrontarlo por sí solo. El éxito requiere una cooperación sostenida entre gobiernos, organizaciones internacionales, actores humanitarios y la sociedad civil.

Por esta razón, Canadá, Noruega y Ucrania reunirán a ministros de Relaciones Exteriores y socios internacionales en Toronto los días 28 y 29 de septiembre para la segunda Conferencia Internacional 'Caminos hacia la Paz: Retorno de los Niños Ucranianos, los Civiles Detenidos y los Prisioneros de Guerra'.

Basándose en los avances logrados en la conferencia ministerial sobre este mismo tema, organizada por nuestros tres países en Canadá en 2024, la conferencia reunirá a socios internacionales para apoyar los esfuerzos de Ucrania destinados al retorno, la rehabilitación y la reintegración de los niños ucranianos deportados, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra.

Su regreso es un imperativo humanitario y un elemento fundamental de cualquier proceso de paz, ya que contribuye a generar confianza y a sentar las bases de una paz justa, duradera y digna. Cada persona que regresa reúne a una familia. Cada familia reunida fortalece una comunidad. Y cada comunidad que prospera contribuye a la reconstrucción de Ucrania.

Cada mañana, millones de ucranianos hacen una pausa para recordar a quienes ya no están y a quienes aún no han regresado. En ese ejercicio de memoria, y con una valentía e ingenio extraordinarios, también reparan lo que Rusia ha destruido, se cuidan mutuamente y fortalecen las comunidades que la agresión rusa ha intentado desgarrar.

Nuestra esperanza es que Caminos hacia la Paz movilice a la comunidad internacional no solo para hacer una pausa junto a Ucrania en señal de recuerdo, sino también para actuar a su lado y ayudar a traer de regreso a cada niño deportado, cada civil detenido y cada prisionero de guerra.

Pero hay un factor que podría complicar más lo descrito y este respondería a la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva (BCRP), con la inflación anualizada a agosto en 4,44%, bastante mayor al tope de 3% establecido, y la perspectiva es que los precios suban más, dada la reducción de oferta de producto por ocurrir y la tendencia al alza del precio del petróleo. Veamos más de cerca esto.

El índice de precios internos al alza continuada podría ser una razón por la cual el BCRP pueda próximamente subir la tasa de interés de política monetaria y, con ello, un encarecimiento del crédito originar una contracción del gasto en la economía, lo cual eventualmente podría quitarle viada a la inflación, a pesar de responder esta a factores de oferta. Pero un resultado indeseado es la afectación adversa sobre la ya golpeada dinámica de la producción. El punto es que la presión para la subida de la tasa de interés no respondería solo a la incrementada inflación local, sino a lo que viene ocurriendo con la tasa de interés determinada por el banco central gringo, o sea, la Reserva Federal (Fed).

El tema local es que, si no se incrementase la tasa de interés de política monetaria por el BCRP, una tasa de rendimiento más alta de activos financieros externos podría originar una desordenada salida de capitales; una menor oferta de dólares resultante presionaría al alza del tipo de cambio, en el peor de los momentos, con precios internos al alza. Este nuevo factor externo no es poca cosa, con lo cual las próximas decisiones del BCRP serán seguidas con mucha atención.

Las fuerzas democráticas se prepararon para la reelección del régimen híbrido, cierto, pero no estaban preparadas para que la continuidad sea casi total y cubra la mayoría de espacios y quehaceres gubernamentales. Hubo poca conciencia de que la continuidad es lo único que puede producir un régimen que solo pudo quedarse en el poder a costa de decenas de muertos, que evitó agónicamente una implosión generalizada y que llegó exhausto al fin del proceso electoral.

En el mejor de los casos, hubo una visión matizada que estimó que el nuevo gobierno tenía la capacidad de innovación para producir una especie de borrón y cuenta nueva y, al mismo tiempo, dejar intacta y servirse de las estructuras del régimen que se impuso de modo cruento. El gobierno contribuyó a esta percepción con el discurso relativamente exitoso de que estaba recibiendo un país destrozado.

Nada de eso ha sucedido. La continuidad es virtualmente absoluta, y aunque existe la posibilidad de giros tecnocráticos neoliberales con distintos grados de autoritarismo, el que Fuerza Popular prometió en la campaña electoral, son cada vez menos probables esos desenlaces innovadores de lo que ahora se tiene como administración del Estado. Cualquier giro neoliberal autoritario sería gemelo del autoritarismo del periodo Boluarte y, aunque se multiplique por varias veces, no se alejaría de ese referente.

La pregunta es cómo asumir la cuestión de la gran continuidad como un hecho concluyente y cómo relacionarla con el primer dato de la realidad, de que esa continuidad sigue haciendo del régimen actual uno no democrático.

Ahí se ubican las primeras dificultades porque el trabajo realizado, especialmente de modo personal por la presidenta, hasta poco antes de su viaje a EE. UU. -por estrategia o por intuición- rebajó varios grados de radicalidad y ferocidad a la nueva administración complementado con un gabinete que expresaba una mayor amplitud de la que se presumía. También es probable que los recientes discursos de la presidenta, hasta ahora un giro narrativo, intenten ser convertidos en realidad, aunque para ello la gran continuidad tendría que asumir la fisonomía de un gran continuismo feroz.

En cualquier caso, la rebaja de radicalidad y ferocidad que se le presumía al nuevo gobierno genera un momento en el que se discute de modo intenso casi todo y muy poco la esencia antidemocrática del gobierno. Las oposiciones también se han dejado llevar por la normalización de la gran continuidad, tanto aquellas cuyo programa mínimo incluía la recuperación de la democracia como las que creen que pueden desempeñar el papel de bisagras con el Ejecutivo.

De acuerdo con lo señalado, se hace necesario no sólo revisar la naturaleza del gobierno, sino también el papel de las oposiciones. En la primera vuelta el Perú votó mayoritariamente contra el pacto parlamentario y en la segunda vuelta, en volumen de votos, la mitad del país votó por una política que pugna por superar el estado de cosas de la República Obscena: las instituciones capturadas, las reglas constitucionales autoritarias, las leyes antidemocráticas y la economía mercantilista, para instalar un régimen democrático, deliberativo e íntegro. Las oposiciones no recibieron un mandato continuista o de mejora continuista, sino de democratización.

En los 60 días de gobierno se sucedieron o agruparon por lo menos nueve pequeñas coyunturas, demasiadas en poco tiempo: el pedido de delegación de facultades, la transformación del LUM, las movilizaciones fuera de Lima por el alza de combustibles y pasajes, las amenazas de paro transportista en Lima, los sucesos de Trujillo a inicios de setiembre, el Escudo de las Américas y la visita de Rubio, los asesores ad honorem y el caso Cerimedo, la interpelación al ministro del Interior y el escalamiento del crimen, y el viaje a Nueva York.

Las oposiciones no recuperaron la palabra en todas estas coyunturas a pesar de que enviaban el aviso sobre el carácter no democrático del gobierno. La delegación de facultades y la escalada del crimen han ocupado entendiblemente la mayoría de sus actividades, y aún en esos casos las oposiciones perdieron la oportunidad de presentarle al país sus innegociables, por ejemplo incorporar en la delegación de facultades como condición indispensable la supresión de las leyes pro crimen y de impunidad.

La relación principal de las oposiciones es con el gobierno y con los grandes medios de comunicación aliados y sostén del gobierno, y solo de modo secundario con la sociedad. Le han arrebatado la agenda al gobierno y minimizado su iniciativa, cierto, pero han hecho de esa agenda un picadillo de temas y convertido en una composición temática.

En las últimas semanas las oposiciones han cedido en la agenda grande, la gran agenda política del país que es la recuperación de la democracia, una demanda presente en todas las coyunturas de los 60 días de gobierno. Salvo excepciones personales cada vez más visibles, la política democrática es mediática o principalmente mediática, de modo que los opositores caen en el juego de los grandes medios orgánicos al poder que los tildan de obstruccionistas al mismo tiempo que los insultan, se burlan de su inexperiencia -solo de la inexperiencia opositora porque la inexperiencia de la oficialismo es pasada por alto- adulan y seducen a los posibles tránsfugas, investigan los conflictos de interés de los paramentar sino de los ministros  y colocan debajo de la alfombra los temas más importantes vinculados a la democracia.

Aceptar y someterse al framing del rival ya tiene sus costos. La última encuesta de IEP deja mal parado al Parlamento que, considerando los votos en la primera y segunda vuelta, debería ser el centro de la recuperación de la democracia. En cambio, se aprecia una gradual subordinación de la agenda democrática original resultado del desplazamiento temático. En la experiencia peruana estos movimientos terminan en dos procesos, el mimetismo político o pérdida de la identidad por la que votaron los electores de los grupos que deberían honrar ese mandato desde la oposición, y la domesticación parlamentaria, un proceso al que asistimos en vivo y en directo entre 2022 y 2026 y que llevaron a la pérdida de inscripción electoral del grupo de izquierda que pactó con la ultraderecha (Perú Libre) y de los partidos del llamado centro político (APP, Somos Perú, AP, Partido Morado).

En su diversidad, la oposición tendría siempre que recuperar la palabra como un inicio de la recuperación del cambio. Además, se trata también de recuperar el país o de emprender esa tarea. De lo contrario, la gran continuidad que opera en el ámbito del gobierno también operará en el ámbito de los grupos democráticos que accedieron al ejercicio del poder parlamentario prometiendo recuperar la democracia.

Ese es el caso del gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió funciones el 28 de julio con una aprobación del 60%. Hoy, a dos meses exactos, la aprobación cayó a 42%, según Datum para América.

La organización política que prometió orden registró en su primer mes 151 homicidios, el peor dato en nueve gestiones presidenciales. Todo esto mientras los decretos de urgencia prometidos el 28 de julio para combatir la inseguridad con mayor presupuesto para inteligencia en la PNP no se concretaron. Al contrario, solo repite la respuesta ineficiente de decretar estados de emergencia.

En estos dos meses, el crimen organizado ha asesinado a más de 200 personas y secuestrado a un empresario en Trujillo, liberado solo tras haberse pagado por su liberación. En paralelo, el presupuesto 2027 presentado por el gabinete Galarreta ha recortado S/ 519 millones a seguridad ciudadana, mientras ha elevado 283% el de Defensa.

La primera renuncia ministerial antes de los 100 días llegó por un conflicto interno de recursos entre carteras irresuelto, lo cual resulta ser la imagen más clara de un gabinete sin coordinación ni línea común de trabajo.

Además, el aumento anunciado en Pensión 65 fue postergado hasta 2027. Y los operadores siguen activos, ya que la JNJ destituyó al juez Concepción Carhuancho, a pesar de la alerta expresa remitida por la ONU.

Lo que estos dos meses exhiben es la distancia entre las pugnas que algunos ministros y parlamentarios eligen librar y las urgencias reales de los más vulnerables. Mientras se debate sobre ideología en las aulas o se relativiza la violencia sexual con argumentos culturales, un adolescente de 16 años falleció en Loreto por sarampión, la primera víctima mortal por esa enfermedad en décadas. El brote ya supera los 2.357 casos confirmados.

Lo que faltó fue presencia estatal en territorios donde las campañas antivacunas encontraron el espacio que el abandono institucional les dejó. Esa es la urgencia que debería estar en el centro de cualquier gestión. Y eso es lo que el 42% de desaprobación le está diciendo a la presidenta.

Esa es una pregunta importante, porque mucha gente dice "quiero al distrito" o "quiero hacer el bien" sin más. Hay que entender que la política en el Perú es dura: ser alcalde significa gastar tiempo, gastar plata, alejarte de tu familia y exponerte a denuncias, aunque no hayas hecho nada malo. Por eso siempre me pregunto por qué alguien se mete en política en el país, y creo que hay dos razones posibles: o eres un "ladrón" que busca poder o negocio, o eres de los que él llama "locos", que tienen otra motivación. Me considero dentro de esa segunda categoría.

Veo que Lurín está retrocediendo. En los cinco problemas principales del distrito —agua y desagüe, seguridad, pistas y veredas, saneamiento y ordenamiento territorial, y salud— uno esperaría que el municipio priorice sus recursos ahí. En Lurín es al revés: la ciudad sigue creciendo, no se hacen pistas, las antiguas se rompen y la seguridad está descuidada. Además, tenemos una municipalidad cada vez más agresiva, que usa fiscalización y rentas como mecanismos de presión sobre la población en lugar de apoyarla.

Hoy mismo estamos viendo amenazas por poner carteles de campaña: te dicen que eres de tal candidato y te clausuran, o retiran carteles y llaman diciendo que son de la municipalidad. Sí, creo que hay una guerra sucia en este momento.

Tengo seis generaciones en Lurín —mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo—. Me da mucha pena pensar que mi hija, el día que yo no esté, termine vendiendo todo e yéndose, como le está pasando a gran parte del distrito. Mi razón para meterme en política es parar esa desgracia.

Hablemos de uno de los principales problemas de Lurín: el ordenamiento territorial. ¿Cuál es su propuesta?

Me da mucha pena, porque Lurín era considerado el último valle verde de Lima. Machacamarca y Cieneguilla siguen siendo verdes, pero Lurín ya casi no tiene tierras agrícolas ni espacios verdes. Mucha gente ha migrado a sembrar grass, entre otras cosas por la contaminación: nadie quiere comprar un producto sembrado en Lurín y regado con desagüe.

El distrito ha crecido de forma desordenada. Hay fábricas fuera de zonificación —el plano base que define qué actividad puede darse en cada zona— porque simplemente no se respeta; se ha construido negociando con la municipalidad de maneras poco claras. A eso se suma un desorden registral que viene de la reforma agraria, donde muchas vías y caminos aún figuran a nombre de una hacienda o una comunidad que ya no existe.

¿Propone sanear los espacios públicos?

Totalmente, es uno de los capítulos centrales de mi plan de gobierno. Como geógrafo, es algo en lo que he trabajado mucho: se trata de levantar todo el distrito, jalar la información de registros públicos y sanear las titularidades, porque muchos títulos pertenecen a empresas, asociaciones o comunidades que ya no existen. Si queremos instalar agua y desagüe o hacer pistas sin ese saneamiento previo, estaríamos invirtiendo indebidamente en propiedad privada.

También tenemos mucho desarrollo inmobiliario cuyos proyectos de habilitación urbana nunca terminan de entregarse a la municipalidad —pistas, parques, áreas de salud y educación—. No es porque el empresario no quiera, sino porque la municipalidad pone trabas: así se excusa de mantener esos espacios. El saneamiento físico-legal es crítico también para definir el límite entre lo público y lo privado. Mientras eso no se haga, la gente sigue "comiéndose" la pista, como está pasando en Lurín, y eso ya está generando un caos de tránsito, porque muchas salidas hacia la Panamericana ya no se podrán abrir: se las han apropiado.

¿Qué proponen para combatir el tráfico de terrenos?

Ya tenemos identificadas a muchas de las personas involucradas. En Lurín hubo el conocido caso Orellana, que sigue en curso, con sentenciados y otras personas señaladas que tenemos ubicadas. Es esencial que la municipalidad ponga orden: no puede ser que el área de catastro no tenga un catastro real, o que en el área de rentas se permitan barbaridades como doble registro o gente tributando sobre un terreno ajeno. Eso se corrige actuando correctamente, sin permitir que alguien pague por cambiar un nombre de manera irregular.

¿Cuál es su opinión sobre la gestión del alcalde actual?

La peor gestión de la historia del distrito. Es una desgracia. Tienes a toda una población pidiendo, tocando la puerta: "hazme la pista, hazme un muro de contención". Un alcalde no puede vivir de espaldas a su pueblo. Cuando uno mira la estructura de gasto del municipio, uno esperaría que se priorice el desagüe, las pistas y la seguridad por encima de una piscina temperada o un parque de diversiones. En Lurín es al revés: hemos detectado que se gastan más de 30 millones de soles al año en cosas extrañas.

Están saliendo publicaciones esta semana sobre los llamados "gastos mágicos": compras menores a 43 mil soles —por debajo de 8 UIT—, que no requieren aprobación del consejo ni licitación. Hay más de 42 mil soles en sánguches, agua y bloqueador solar, y proveedores que lo mismo te pintan un edificio que te venden alcohol. Es muy probable que ahí se esté perdiendo dinero, porque lo ejecutado en obra es mínimo frente a lo que recibe el distrito.

Siempre digo que uno reconoce la actitud de una autoridad por sus primeras acciones. La primera factura de esta gestión, el 2 de enero, fue por medallas para el alcalde y los regidores: coticé esas medallas y la más cara cuesta 186 soles. La factura fue por 20 mil soles. Ahí uno se da cuenta de que el interés no es ahorrar ni hacer las cosas bien. Si eso no es robar, no sé qué lo es.

Ha tenido una polémica reciente con la candidata Rosa Torrejón, quien lo acusa de prepotencia. ¿Qué pasó?

Vengo analizando a los candidatos desde hace tiempo y tengo información sobre esta candidata que en parte ya ha salido en noticieros. El origen del incidente fue un problema personal: en mi casa tenemos un muro de adobe de más de 60 años que constantemente sufre pintas ilegales. Un día, volviendo con mi familia, vi a un grupo pintando el muro. Bajé, les pregunté si tenían autorización, dijeron que sí pero no pudieron mostrarla —"la tiene tal persona"—. Les dije que ahí estaban pintando mi casa.

Mientras hablábamos, envié un video a gente que investiga conmigo el tema de los albergues en Lima —un asunto que ya ha cubierto La República— y me confirmaron que varias de esas personas provenían de esos albergues. Me molesté, seguían pintando sin hacerme caso, y subí el tono hasta pasarme de la raya; le pedí que le dijeran a la candidata que se fuera, porque vi su nombre en la pinta que estaban borrando —y repintando encima de una pinta nuestra—. Poco después llegó una camioneta a toda velocidad con gente en la tolva, y me preocupé por si estaban armados.

Reconozco que no debí hablar como hablé; después publiqué un video disculpándome. Pero en ese momento no tenía a quién recurrir salvo a la policía, y me sentí en la necesidad de defenderme mientras me insultaban. La candidata luego difundió un video presentándose como víctima, mostrando solo un fragmento de lo ocurrido. Además, insiste en que el muro no es mío, cuando en realidad tenemos dos: el muro de adobe original y otro que levantamos después, unos metros hacia adentro, por un tema de seguridad, para evitar los trámites que implicaba tumbar y reconstruir el primero. Negar que es nuestro muro es simplemente negar la realidad.

¿Por qué usted sería la mejor opción frente a Rosa Torrejón, que lo sigue de cerca en las encuestas del distrito?

Yo no estoy investigado por peculado, ni por organización criminal, ni por ninguna otra causa; nunca he tenido un juicio ni una denuncia archivada. Ella sí enfrenta señalamientos públicos por esos temas, y el caso de los albergues —que resultó terrible— ya demuestra una actitud.

Me considero un vecino de Lurín con mucha historia en el distrito. Además, soy geógrafo: estudiamos el territorio, las dinámicas sociales, los recursos, y cómo conjugarlos para generar una ciudad sostenible. La mayoría de los demás candidatos son abogados, y un abogado no necesariamente tiene visión de futuro sobre el desarrollo de una ciudad —no es su especialidad—. Por eso muchas campañas se limitan a listas de obras en cada pueblo, sin una visión de conjunto, y por eso la gente termina decepcionada cuando no se cumple.

¿Lurín debería industrializarse, como proponen otros candidatos y las visiones de expansión de Lima hacia el sur?

Lurín ya está industrializado. Vienen inversiones grandes —Volvo estaría evaluando una planta de ensamblaje— y Macrópolis sigue creciendo. El desarrollo es positivo siempre que sea ordenado y controlado. Hay que consolidar la zona industrial existente, zonificarla y ordenarla bien, pero ya no queda mucho espacio para expandirla: hacia el este está El Portillo Grande, uno de los botaderos de basura más grandes del país. Lo que realmente va a limitar el crecimiento del distrito es el agua y la situación municipal.

¿Qué propone respecto al agua en Lurín?

Me gusta pensar las cosas de manera sencilla. Si la municipalidad hoy invierte entre 10 y 15 millones de soles al año en obra, tenemos que multiplicar esa cifra por diez —usando mecanismos como obras por impuestos; este año había 57 millones aprobados y no se ejecutaron—. Creo que podemos llevar el presupuesto de obra a 100 millones de soles al año, y de eso, entre 40% y 50% debería destinarse a agua y desagüe.

El tema del agua potable y alcantarillado le compete a Sedapal, pero la municipalidad puede hacer convenios, entregar terrenos para cámaras de bombeo, lagunas de oxidación o plantas de tratamiento, y buscar aliados como el gobierno japonés, que financió en el pasado uno de los proyectos de tratamiento de aguas más grandes, por 500 millones de dólares. Hay que sentarse a conversar con Sedapal y, si hace falta, presionar para que cumplan con el mantenimiento de sus plantas. Agua hay —tenemos río, tenemos playa—; el problema es que las entidades no están haciendo su trabajo.

Lurín tiene dos realidades muy distintas: zonas de grandes casas y exhaciendas, y sectores mucho más precarizados y abandonados. ¿Qué les propone a estos últimos, además del agua? ¿Cómo garantizará la participación vecinal?

Mi propuesta no consiste en prometer obras, sino en generar un quiebre: que desde nuestra gestión en adelante, los siguientes alcaldes tengan que trabajar bajo otra metodología. Hoy se destina un 70% u 80% del presupuesto a planillas y un porcentaje alto a gastos poco lógicos, dejando muy poco para lo esencial. Hay que actualizar la municipalidad —que hoy opera bajo unos 11 sistemas que no se comunican entre sí, generando trabajo redundante— e impulsar un programa de "papel cero" que agilice la gestión y libere presupuesto para las prioridades: agua y desagüe, seguridad, pistas e iluminación.

Mi compromiso es asegurar que el dinero se gaste bien en lo importante, actualizando además las ordenanzas municipales, muchas de las cuales datan de hace años y hasta contravienen la ley vigente. Ya hemos comenzado a armar equipos técnicos —por ejemplo, de ingenieros que levantan información para armar expedientes—. Vamos a los pueblos, explicamos la propuesta y, si hay interés, la población se acerca y nos dice qué necesita priorizar: pistas, agua, lo que sea. A partir de ahí trabajamos juntos el expediente, y cuando llega financiamiento —obras por impuestos u otro mecanismo—, priorizamos los proyectos que primero se organizaron. Es una forma de recompensar al vecino que se involucra: el que participa, su proyecto avanza primero. Es retomar algo que existía antes en Lurín, cuando los dirigentes se organizaban con la población para gestionar sus proyectos, y que se perdió hace muchos años. Ya hemos retomado la comunicación con los dirigentes de todo el distrito.

"Muy complicada, muy difícil, perdimos compañeros, muchos quedaron con discapacidad, pérdida de miembros inferiores, pérdida de la vista, pero no me arrepiento ni un minuto de haber estado y haber luchado contra el terrorismo durante los mejores años de mi vida. Muy joven, ingresé al ejército a los 17 años, seguí la carrera militar y en el grado de capitán me dan la misión de ir a rescatar a estos 36 peruanos en Camisea que fueron secuestrados por Alipio y Gabriel, el hermano de los Quispe Palomino, y al final de la operación es donde sufrimos ese enfrentamiento, una emboscada de más de 200 metros de carga explosiva artesanal. Se lograron liberar a esos rehenes y también logramos sacar a los cuerpos de las policías, en el caso más importante la capitán Nancy Flores, heroína que fue derribada en un helicóptero, el suboficial Tamán y el suboficial Vilca. Después de 15 operaciones de alta complejidad para poder recuperar mi pierna izquierda y reconstruirme todo el cuerpo, tuvieron que amputarme la pierna izquierda. Eso no hizo que me derrote."

No se dio por vencido, y después se convirtió en atleta paralímpico.

"Son la historia de un peruano promedio, trabajador, luchador, que no se derrota. Después me metí al deporte paralímpico, participé en las paralimpiadas de Río 2016, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el próximo año hay Panamericanos en Lima. Estuve también en el Mundial Militar de China, justo antes de la pandemia del 2019, justo en Wuhan, cuando ahí es donde inicia la pandemia. Estoy contento de haber traído muchos logros al país, muchas medallas, soy medallista de mundiales militares y de muchos eventos deportivos."

¿Por qué quiere ser alcalde de Pueblo Libre?

"Dentro de nuestras propuestas principales está recuperar la paz y la tranquilidad y devolver la seguridad a nuestro distrito, con obras de infraestructura vial y mejores servicios. Me considero un patriota, una persona con mucha vocación de servicio. Ha sido una decisión muy difícil tomada en familia, pero yo creo que el país vive una inseguridad tremenda y me he preparado muchísimos años. Tengo más de 20 años de experiencia en gestión pública y privada, he trabajado en gobiernos locales y en el gobierno central, hasta hace poco en el Instituto Peruano del Deporte como director nacional de Recreación y Promoción del Deporte, y conozco la gestión pública desde adentro."

¿Cuál es su agenda priorizada para los primeros 300 días de gobierno?

"Reducir considerablemente las incidencias delictivas del distrito. Cada año se incrementa en 20% las incidencias delictivas, de acuerdo al Observatorio del Delito del Ministerio del Interior. Nosotros proponemos implementar un C4, un centro de comando, control, cómputo y comunicaciones con tecnología de primer nivel, con inteligencia artificial y analítica de video, que va a permitir acortar los tiempos de respuesta en coordinación con la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo sus capacidades y las del personal de serenazgo. El tema de la seguridad muchas veces no solo radica en la coordinación edil, sino en las trabas que existen en la coordinación con la Policía Nacional, donde se entrampa cualquier persecución de delito."

¿Cómo plantea mejorar la coordinación con la Policía Nacional?

"Soy un experto en seguridad ciudadana. La ley SINASEC viene del 2003 y el crimen organizado va migrando, va mutando, y los planes no deben ser estáticos. Se debe mejorar considerablemente esta ley para que los ciudadanos también participen con mayor actividad a través de las juntas vecinales policiales organizadas, y fortalecer la Policía Nacional a través del gobierno central, que tiene que tener esa decisión política de darle los recursos necesarios para equipar las comisarías. He recorrido todo el Perú por mi profesión militar, están sin equipamiento, sin material, en muchos casos sin papel para hacer los atestados. El gobierno local tiene que apoyar a la policía para hacer este trabajo conjunto y permitir que la población recupere esa confianza que ha perdido en las autoridades."

Hay denuncias de extorsión de comerciantes en el distrito. ¿Cómo va a enfrentar este problema?

"Nosotros proponemos trabajar con inteligencia táctica, con la Policía Nacional, con los grupos Terna, con los grupos especializados, para trabajar de la mano con la policía informática y tecnológica y poder detectar estos casos. Sabemos que las denuncias o las extorsiones vienen de los penales, de los grupos de crimen organizado, y ahí tenemos que trabajar siempre de la mano con la Policía Nacional del Perú."

Muchas zonas públicas de Pueblo Libre están deterioradas. ¿Qué propone para las áreas verdes?

"Pueblo Libre ha sido abandonado por sus autoridades por más de casi 20 años. En las últimas cuatro gestiones y un poco más se han descuidado el ornato, la infraestructura vial, las vías locales, las veredas, los parques y jardines. Pueblo Libre tiene 77 parques y más de 100 áreas verdes en todo el distrito, somos uno de los distritos con mayores áreas verdes de Lima Metropolitana, con solo 4.38 kilómetros cuadrados. Sin embargo, esas áreas verdes no son cuidadas como corresponde, por falta de voluntad, de gestión y de capacidad de las autoridades, específicamente de la actual gestión de renovación popular, que no ha sido buena en todo sentido y que ha mirado de espaldas a los vecinos. Nuestro segundo eje prioritario, después de la seguridad ciudadana, es la infraestructura vial, que incluye el ornato y el mantenimiento de pistas y veredas, que están destrozadas en muchos lugares. Pueblo Libre es, sin temor a equivocarme, el distrito de Lima Centro con las peores vías locales y metropolitanas de toda Lima Metropolitana."

Compite con Leguía, García y Costa, que en algunas encuestas distritales lo superan. ¿Por qué usted y no ellos?

"Porque nosotros somos la opción diferente. No somos el continuismo, no somos el reciclaje político, no somos las mismas caras de siempre. Esas personas ya han sido autoridades, ya han sido funcionarios de la Municipalidad de Pueblo Libre, han sido regidores, y son parte de cómo está hoy día Pueblo Libre, y no han hecho absolutamente nada. Soy un patriota, soy una persona honesta, transparente. Lo he demostrado en el campo de batalla, ofrendando mi vida al servicio del país hasta perder parte de mi cuerpo. Lo he defendido en el campo militar, en el campo deportivo, trayendo muchos logros para el país, y en el campo social, porque tengo una asociación de personas con discapacidad que promueve la actividad para personas con discapacidad. Soy un activista en los derechos de las personas con discapacidad, hace más de 10 años que adquirí la discapacidad, y vengo trabajando más de 20 años en la administración pública."

¿Qué propone para las personas con discapacidad del distrito?

"Tenemos un programa de inclusión permanente para las personas con discapacidad. Primero, fortaleciendo los talleres técnico-productivos de la SOMAPED, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, y terapias permanentes para el grupo de neurodivergencia de los chicos con espectro autista. Vamos a exigir a la empresa privada que cumpla la cuota laboral, y vamos a empezar por casa, por la municipalidad, cumpliendo la ley general de la persona con discapacidad, que exige que el 5% de todos los trabajadores de cualquier institución pública sean personas con discapacidad, y la empresa privada con más de 50 trabajadores, el 3%. Vamos a ejecutar al 100% nuestro presupuesto de inversión pública, que es un poco más de 9 millones de soles. Al final de la gestión vamos a ser el referente de una ciudad segura, una ciudad accesible para todo tipo de adultos mayores y personas con discapacidad, y una ciudad preparada ante emergencias y desastres, porque también me he preparado y he sido funcionario de defensa civil durante muchos años."

Pueblo Libre tiene una población de adultos mayores bastante alta. ¿Qué les ofrece?

"Pueblo Libre tiene aproximadamente un poco más del 30% de adultos mayores. Nosotros proponemos, primero, culminar esta gestión, que inició unas obras en abril para refaccionar, acondicionar y remodelar la Casa Integral del Adulto Mayor y que está paralizada. Nos comprometemos con los vecinos a terminar esa obra y a habilitar espacios para sus actividades recreativas y técnico-productivas, para sus emprendimientos, para el tai chi, para la recreación. También vamos a hacer espacios para la telemedicina, para el geriatra municipal, y vamos a tener el servicio de motoambulancia como primera respuesta para los adultos mayores. En los parques habrá actividades físicas totalmente gratuitas: hoy en Pueblo Libre, las personas que quieren hacer algún tipo de actividad también tienen que pagar. Vamos a contratar instructores en todas las zonas del distrito para que los adultos mayores, y toda la población en general, puedan hacer actividad física totalmente gratis, y vamos a implementar el programa Deporte para Todos en Pueblo Libre."

"No, ya he estado en otras contiendas, en otros colores partidarios, nací con Somos Perú realmente, pero mi vocación de servicio viene desde más atrás. Estuve militando como cinco años en una casa que me acogió muy bien, pero ya por diferencias tuve que apartarme de Somos Perú. Yo soy abogada, entonces hay espacios en que de repente tú no puedes pensar o accionar como te lo exigen, y yo tengo mis propios valores, mis propios principios. Digo no porque no me parece correcto y me abro."

¿Qué plantea en materia de seguridad ciudadana?

"Hasta el momento la imagen de mi querido distrito, trabajador, pujante, con gente que ha migrado para salir adelante, está caracterizada como el más peligroso. Nosotros planteamos desde Renovación Popular trabajar de la mano con la policía, porque nos falta personal policial en el distrito y también nos faltan serenazgos. Si bien el paquete integral implica la tecnología, debemos trabajar con la prevención, y la prevención viene desde casa, con las familias, con la apertura de espacios públicos para que los jóvenes hagan deporte y talleres de cultura. Es un paquete integral que se debe trabajar con la organización, con la población, de la mano con la gestión, porque la gestión de Carmen Castillo con Renovación Popular va a ser de puertas abiertas."

¿Qué significa para usted una gestión de puertas abiertas?

"Es transparencia, honestidad. Lamentablemente las gestiones que han venido pasando por nuestro distrito no usan la tecnología, la transparencia, el aplicativo para tener todo en redes, donde entras y ves el uso de nuestros recursos, de lo que nosotros pagamos. Por ello una de nuestras propuestas es la auditoría de los 23, 24 años de gestiones anteriores, la fiscalización, y eso es justamente en lo que más les ha dolido y en lo que más me han empezado a hacer una guerra sucia."

¿En qué consiste esa guerra sucia?

"Se crean cuentas falsas donde insultan, denigran, por el hecho de que uno es mujer, hacen bullying. Tampoco nos han dejado espacios para ser visibles, no podemos poner nuestras pancartas porque atemorizan al vecino, dicen que no pongas ninguna pancarta de ningún color partidario porque te cae multa. Esas cosas que han venido sucediendo en mi distrito, la verdad, es penoso."

¿Cómo va a reestructurar la municipalidad de El Agustino?

"Respetando sus derechos laborales sobre todo. Hoy en día se conoce por las mismas redes sociales el uso del poder, donde convocan a los mismos trabajadores o a organizaciones sociales a hacer caminatas, a hacer presencia, para que digan que tal gestión tiene el poder absoluto en el distrito. Nosotros, con una cara humana, no vamos a hacer ese uso. La política es para servir, no para servirse. Y si una persona, un servidor, no quiere caminar con la gestión, no se coacciona, no se amenaza."

¿Qué propone frente a la congestión vehicular cerca del mercado mayorista y la Panamericana?

"Hemos presentado un proyecto ya conocido, sobre el ferrocarril central que tenemos en el túnel de Cerenza o Puente Atarjea. Ya ha sido presentado también a la gestión, y vamos a trabajar de la mano con el señor Rafael López Aliaga para ampliar y mejorar el ferrocarril, donde va a transitar el tren que ya está aquí y que solamente tiene que ponerse operativo."

El Agustino tiene una población joven muy amplia. ¿Qué les propone?

"A los jóvenes, que ya ahorita son un 60, 70% de quienes van a participar en estas elecciones, la propuesta es generarles e impulsar trabajo. Eso es lo que va a evitar que los muchachos vayan por el mal camino, y generar educación para ellos, carreras técnicas como soldadura, carpintería. El Agustino tiene espacios, tienen sus locales comunales, se les puede dar vida para dar educación y talleres de carreras técnicas. Tenemos que crear una academia de bajo costo y darles la oportunidad de ser becados, haciendo convenios con academias o empresas educadoras."

¿Por qué un vecino de El Agustino debería votar por usted y no por sus contrincantes?

"Porque las gestiones que ya pasaron, 23 años de las cuales se va a auditar, ya tienen cansados a los vecinos, y el ping-pong ha sido así, cuatro años uno, cuatro años el otro. Ha habido conflictos de violencia entre ambos y ellos hacen que el vecino piense que son los únicos dueños del distrito. Carmen Castillo, desde Renovación Popular, con mano firme, con honestidad y con transparencia, tiene que romper esa dinastía."

Usted es abogada. ¿Qué opina sobre la reelección encubierta de alcaldes?

"Si vamos a verdades, hay vacíos legales, pero eso no te quita el derecho de participar en política. Con esos vacíos, lo que hacen muchos políticos es ampararse en la Constitución y decir que tienen derecho a participar. Es el caso de la gestión en El Agustino, donde el padre renuncia y asume el hijo como primer regidor, no como alcalde, y eso lo saben muy bien los vecinos."

¿Se refiere al caso del señor Rafael López Aliaga?

"Por supuesto, así es. En mi caso no hay ninguna sola pancarta que lo denomine alcalde, él es regidor uno, y regidor uno es su inscripción, con toda su lista. Eso lo hace cada militante, no lo hace el mismo candidato."

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Rafael López Aliaga en temas como los trenes, la inseguridad o las bombas que nunca llegaron?

"Para nosotros la llegada del tren ha sido muy importante. Que todavía no esté en funcionamiento por motivos burocráticos, eso ya escapa de las manos de los mismos vecinos, tiene que llegar a activarse, y los trenes van a ser de gran beneficio para Lima Este. Los trenes ya están aquí, la misma señora presidenta ha dicho que también se va a operar."

¿Apoyaría usted una reacción como la del señor López Aliaga en la primera vuelta, de no reconocer las elecciones?

"Cuando uno hace una denuncia pública de ciertas irregularidades, no puedes aceptar un cargo cuando van en camino ciertas denuncias. Yo no puedo aceptar un cargo cuando yo mismo estoy haciendo la denuncia."

¿Usted cree que hubo fraude en las mesas 900K?

"No hay ninguna sola denuncia sobre el tema de las mesas 900K que finalmente se ha descubierto por la ONPE y por otros organismos autónomos que era mentira. Yo me quedo con mi verdad, y la verdad es que no existieron las mesas 900K, como dicen muchos."

Para cerrar, ¿qué le diría a sus contrincantes?

"Le diría a la gestión que respete el voto ciudadano, que hagamos unas elecciones, unas fiestas democráticas, que evitemos la violencia. El día de ayer ha habido un caos terrible en El Agustino justamente por este tema de quién puede más, quién jala más para su molino. Como gestión debería dar el ejemplo y ser el primero en respetar las leyes. Y al vecino ciudadano, que me dé la oportunidad de ser la primera alcaldesa de El Agustino."

Usted es docente. ¿Por qué quiere ser alcaldesa de San Martín?

Yo soy Pilar Saavedra, soy maestra de profesión, tengo casi 38 años de servicio en el magisterio, pero además he alternado el trabajo en aula con responsabilidades de gestión en los distintos niveles de gobierno. He sido directora en el Ministerio de Educación, en varias direcciones del Ministerio de Educación, he trabajado para el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, he trabajado para Naciones Unidas con algunos proyectos para UNESCO, UNICEF. Pero fundamentalmente soy maestra de aula y creo que eso me da el cable a tierra para reconocer también los problemas que tenemos en nuestra provincia. He nacido acá en Tarapoto, he vivido acá en Tarapoto, me formé acá en Tarapoto, y la razón por la que participo de estas elecciones regionales y municipales fundamentalmente se debe también a una retribución que hay que hacer a la tierra que nos vio nacer, que nos dio lo que somos. Me he formado profesionalmente aquí y creo que tengo condiciones y capacidades, y es el momento para ponerme al servicio de la población.

Tarapoto ha crecido de forma muy desordenada. ¿Cuál es su visión de ordenamiento territorial?

Sí, Tarapoto también es un potencial gastronómico, turístico, efectivamente, pero también soporta la más alta tasa migratoria que tenemos casi a nivel país, Tarapoto distrito. La provincia tiene 10 distritos y Tarapoto es la capital de la provincia, y además es la puerta de entrada a la región, porque en Tarapoto está nuestro aeropuerto. Entonces, efectivamente, Tarapoto ha crecido de manera desordenada.

Nosotros tenemos dos instrumentos de gestión que tienen que ser aplicados, actualizados y, sobre todo, reconocidos por la población como herramientas que nos ayudan a ordenar el territorio. Tenemos un plan de desarrollo urbano que no solamente es de Tarapoto, sino que integra a cinco distritos aledaños al distrito de Tarapoto, capital de la provincia, que hace que pensemos la ciudad desde esa perspectiva más integral y además articulada a otros distritos. Y también la zonificación ecológica económica, que nos dice dónde está el recurso que hay que conservar, dónde está el recurso turístico que hay que potenciar como producto turístico, dónde están las zonas para la expansión urbana, que tiene que ser totalmente ordenada, y además poniendo también ordenanzas serias para ser implementadas con la importancia inmobiliaria que tenemos en la provincia, que además fracciona el territorio, fraccionan los lotes y se olvidan de que allí va a vivir gente que va a necesitar servicios de agua, saneamiento, escuelas, postas, calles, parques, áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un derrotero que nosotros asumimos con mucha responsabilidad.

Pero también el tráfico que tiene la ciudad. La ciudad es una de las más ruidosas que tenemos a nivel país, altamente contaminada, soportamos decibeles por encima de 80. Tenemos un parque automotor también grande, compañeros, colegas, amigos mototaxistas que viven de este servicio público, y hay que entender que es un servicio público. Entonces, lo que planteamos en la ciudad es ordenar también el tránsito, porque no tenemos transporte público urbano en Tarapoto, y tiene que ser un transporte público urbano de calidad y accesible. Estamos hablando de una troncal que venga desde Cacatachi, que es el distrito, hasta Juan Guerra, por lo que conocemos como la Fernando Belaunde Terry, y dos líneas internas urbanas. Una que sale de la universidad y regresa a la universidad, haciendo círculo por la ciudad, y otra que sale desde el aeropuerto y regresa al aeropuerto. Entonces, allí descongestionamos, evitamos contaminación acústica, contaminación por quema de combustible, devolvemos a la ciudad una condición vivible. Y los compañeros mototaxistas serían también nuestros [aliados], formalizándolos, obviamente, y señalándoles los paraderos, que ahora son totalmente informales, ocupan el espacio público, conversando con ellos para ubicar los paraderos autorizados. Pero ellos tendrán que ser los que terminen siendo los grandes alimentadores de estas unidades de tránsito urbano. Entonces, allí hay una perspectiva más integral para poder atender a la población, sentar las bases ahora para un desarrollo más sostenible y sustentable para los próximos veinte años, sentando las bases en este periodo de gobierno.

El desarrollo inmobiliario sin fiscalización pone en peligro los humedales de Ricuricocha. ¿Qué medidas tomaría?

Uno, la protección irrestricta de esa zona, porque es una belleza paisajística, es un espejo de agua, básicamente, Ricuricocha. Ahí hay visos de corrupción que ahora ya están en manos del Poder Judicial, de las autoridades que ejercen el cargo hoy. Hay una serie de pruebas que han estado señalando un compromiso de la autoridad en actos ilegales. Y las inmobiliarias tendrán que someterse a los parámetros constructivos y a lo que la propia ley y las ordenanzas establecen. Entonces, se necesita un ejercicio de poder firme, pero sobre todo éticamente solvente, para poner mano firme a una prácticamente invasión, o un querer hacer lo que se nos viene en gana porque ha habido alguna prebenda o alguna acción bajo la mesa de las propias autoridades, que han permitido que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Ricuricocha.

Felizmente, sociedad civil organizada, gente que está totalmente comprometida con los temas ambientales y con la protección de nuestros humedales, ya se apersonó. Iba a haber una audiencia justamente sobre el tema hoy y se ha postergado para diciembre. En tanto, los procesos judiciales, con la implicación de los responsables de esta situación que hoy convoca a la población a movilizarse, continúan, ¿no? De modo que hay una acción de sociedad civil importante, profesionales que se han sumado a esta causa. Nosotros también, desde sociedad civil, ahora estamos contribuyendo para que los humedales se conserven y Ricuricocha sea lo que en su naturaleza es, un espejo de agua que regula el clima. Pero también la zonificación ecológica tiene sus propias restricciones, y no se ha respetado esa herramienta de gestión, que es de uso obligatorio para todo lo que tiene que ver con catastro, el crecimiento urbano y el uso en función de la capacidad de los suelos y de nuestros recursos. De modo que eso es lo que vamos a hacer.

Muchos jóvenes votarán en estos comicios. ¿Qué les ofrece?

Sí, fíjense que nosotros estamos en constante comunicación con ellos desde la Red de Jóvenes de San Martín, desde colectivos que tienen iniciativas, por ejemplo, para arborizar, para hacer voluntariado en hospitales, etcétera, y estamos en contacto con ellos. Ellos ya nos han comentado por dónde van sus preocupaciones, fundamentalmente por el tema del empleo, por el tema de potenciar sus competencias laborales y también certificarlas. Nosotros tenemos propuestas muy claras en nuestro plan. Una de ellas es justamente tener un bono semilla, un presupuesto semilla, para impulsar bionegocios con jóvenes. Es un fondo no retornable. La única condición es que se asocien y que estos bionegocios estén orientados a los productos bandera que tenemos en San Martín, café, cacao, y además también procesos de reforestación. La cuenca requiere, la ciudad requiere procesos de arborización, tenemos un plan para ello también, y desde esa perspectiva trabajamos con los jóvenes.

Y, por otro lado, tenemos operadores de turismo que, habiendo terminado la secundaria, para vincularse al mundo del trabajo a través de algunas agencias, empresas, se necesita también capacitarlos, pero también certificar esas competencias laborales. Nosotros tenemos la ruta. Yo trabajo en SINEACE, sé que el Ministerio de Trabajo y otras entidades certifican las competencias laborales para poder cualificar también la labor que desarrollan los operadores de turismo, los que atienden en la mesa. Tarapoto tiene un potencial turístico no solamente por todos los recursos y los productos turísticos que ofrecemos, sino también por su gastronomía. Aquí se come rico, se come harto, se come siempre, y se come bien, y barato, así es.

Todas esas posibilidades tenemos con los jóvenes. Nosotros tenemos un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que es un monto pequeño que pagamos en nuestro recibo de agua, precisamente para reforzar, arborizar o reforestar las cabeceras de cuenca, mantener nuestras fuentes de agua, ¿no? Y allí también hay empleo. O sea, necesitamos jóvenes, profesionales, técnicos, que de manera permanente tendrían que participar de esta actividad, seleccionando las semillas, produciendo las semillas, sembrando, manteniendo este recurso que es tan vital en este periodo tan crítico que vivimos ahora. El cambio climático nos afecta a todos, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos, y hay maneras que hemos pensado también desde la propia experiencia como profesionales que somos, pero también desde lo que la propia tierra nos ofrece. De modo que hay muchas posibilidades para los jóvenes. Ellos van a ser también la fuente laboral que ha de dar soporte a una gestión, para brindarle energía, talento y, sobre todo, amor por la tierra, amor por nuestra provincia, por nuestro distrito.

La inseguridad amenaza ese potencial. ¿Qué propone?

Mira, y yo voy a ser, sin intención de ser dramática... Ayer hemos tenido un hecho lamentable. Un joven empresario ha sido baleado a quemarropa a plena luz del día, y a lo Fuenteovejuna casi lo linchan, o sea, toda la población. Esto ocurrió en Sauce, un distrito tan turístico, con tanto potencial, que jamás ha ocurrido. O sea, eso ocurrió hace 15, 20 años atrás, y se vuelve a repetir una escena como esta. Entonces, el sicariato, la violencia común, realmente está cundiendo no solamente en nuestra provincia, tranquila, serena siempre, sino en todo el país, y ese es un problema que nosotros vamos a afrontar.

En principio, hay que recuperar el liderazgo del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. El liderazgo estaba totalmente ausente. Y allí nos sentamos policía, fiscalía, rondas campesinas, comités vecinales, para definir por dónde va la estrategia y la implementación que nos compromete a todas las autoridades a trabajar en un mismo sentido. Entonces, ese es un primer aspecto de institucionalización para tomar las decisiones y legitimarlas, e identificar los focos de la delincuencia, las zonas de alto riesgo, que los tenemos bastante bien marcados, para intervenir de manera sinérgica todos los actores que estamos preocupados por este tema y que tenemos la obligación de atenderlo. Y lo otro es que tenemos que trabajar con la sociedad, con la comunidad y con los vecinos de manera organizada. Las juntas vecinales, los barrios, tienen que organizarse nuevamente, armar sus juntas, no solamente para trabajar por el tema de la seguridad, para las alertas, sino también para trabajar el entorno verde.

¿Qué garantía tienen los vecinos de que la autoridad los escuchará?

Porque esa es nuestra práctica. O sea, nosotros hemos trabajado, donde hayamos estado, con canales totalmente abiertos, dialogantes, convocantes, para tomar decisiones y legitimarlas. Eso es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer de otra manera las cosas, ¿no? Pero, además, hay que sembrar el alumbrado. El alumbrado público es precario en Tarapoto, Morales, La Banda. Por lo tanto, donde hay iluminación, eso es un elemento de disuasión. Hay que recuperar los espacios públicos también, ¿no? Hay que perseguir el delito. Vamos a instalar las cámaras, trescientas cincuenta cámaras, más o menos es el cálculo que hemos hecho, para tender por la ciudad, en constante disuasión y alerta también. Y luego la vigilancia en línea, que tiene que ser veinticuatro siete. Todo eso está relajado ahorita en la provincia. Es como que no tuviéramos autoridades, y realmente eso es lamentable.

El agua potable también es un problema.

También es un problema, sí. El tema del agua potable es un problema ya casi histórico. Estoy hablando de hace treinta años que no movemos el asunto, porque se requieren soluciones integrales. Y se está trabajando un proyecto grande, con miles de millones, que va a alimentar de agua casi todos los distritos de la provincia, hablamos de seis o siete, que es agua del río Mayo, y eso implica una inversión muy fuerte, en partes por gravedad, en partes con tecnología, para tener los reservorios, el abastecimiento, etcétera. Es lo que le llaman todos los políticos, y lo llamo yo también, un megaproyecto. Pero, en tanto eso ocurra, tenemos que atender las necesidades urgentes.

Por un lado, está esta propuesta que tenemos de extraer agua del subsuelo para que, a través de reservorios, tengamos una conexión que por lo menos incremente en tres, en cuatro horas más, ojalá más, el servicio de agua potable en la ciudad, que es precario, que es complejo y que ahorita es totalmente escaso, y es un problema muy serio. Y lo otro es todo el tema de cuidar las cuencas, que ya te comenté, con el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, que también nos garantiza que los cauces de nuestras quebradas y nuestras fuentes principales de agua se mantengan, se conserven, devolviéndole al suelo, al cauce, sus mecanismos naturales de acopio y de generación de agua, que son los árboles.

¿Cómo enfrentará el tráfico?

Sí, mira, en realidad yo mencioné cómo estaríamos descongestionando, por un lado. Por el tema de la seguridad vial, Tarapoto, Morales y La Banda, siempre hay que mencionar estos tres porque estamos ya juntitos, juntitos, pero somos diez distritos que integran la provincia, son ciudades pensadas para las unidades móviles, son ciudades pensadas para el tráfico.

Para los carros.

Los carros, las motos, los mototaxis, pero no para los ciudadanos de a pie, no para los que queremos caminar. Uno, porque no hay sombra, y otro, porque está hecha para eso. Incluso ni siquiera hay señalética peatonal, los semáforos no siempre están funcionando. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que empecemos a ordenar el sentido del tránsito. Tenemos que poner la señalética. El tema de la arborización en la ciudad es también un imperativo. No solamente es fierro y cemento. Nuestras políticas tienen que estar orientadas al ciudadano, y todo tiene que estar pensado en el ciudadano, en su bienestar, en su salud mental y también, obviamente, en su salud emocional. Tarapoto parece una ciudad también bombardeada, baches por todos lados que producen accidentes, los rompemuelles no están pintados, no tienen señal. Entonces es un caos alrededor de lo que vivimos, ¿no?

Los turistas llegan y van directo a su alojamiento. Pero ellos no votan.

Pero ellos no votan, exactamente. Todos estos problemas que estamos mencionando... Nosotros tenemos una estrategia que le llamamos el 4x4. Vamos a trabajar cuatro cuadras a la redonda para ser visible, que efectivamente es posible sin mucho presupuesto. Empezar resanando las calles, parchando lo que se tenga que parchar, limpiando las cunetas para que el sistema de drenaje también tenga ruta, comunicando a la población que no tiene que botar los residuos sólidos allí, porque tenemos una pésima gestión de los residuos sólidos, que es la otra gran tarea que tenemos.

Mira, hay un montón de problemas, pero tenemos fuerza, tenemos energía, tenemos condiciones, tenemos la mirada integral y específica también, tenemos equipo técnico, tenemos un poco de experiencia para poder servir al ciudadano y entregarle una ciudad que tiene que ser vivible para todos, pensando en el ser humano como sujeto de derechos. Para eso se eligen autoridades, para servir a la población, y ese es nuestro propósito. No nos anima absolutamente nada más que entregar a esta tierra bendita todo lo que nos ha dado, de la manera más ética, sirviéndola desde el ejercicio del poder que delega el pueblo a través de su voto.

Hoy, el Palais Concert de la política registra sus peores episodios en una ciudad aterrada por las extorsiones y atrapada en un tráfico sin ley, donde lo único que fluye sin interrupciones son las malas noticias. La Ciudad de los Reyes —como la huachafería de todos los tiempos gusta llamarla— ya ni siquiera distingue las estaciones del año, afectada por el cambio climático. Y en esta continuidad de un verano sin fin, languidecen la ley y la Constitución, igual que en el resto del país. En eso sí, ahora como antes, el Perú es, en efecto, Lima, sobre todo la Lima de estos días.

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En Lima, las elecciones de estos tiempos son también como en el Perú, o, mejor dicho, las elecciones del Perú han terminado pareciéndose a las de Lima. Ahora, en cada provincia, los candidatos no solo tienen su propia emisora radial y su set de televisión, también su propio periodista que los entrevista e incluso su propia encuestadora que proclama al ganador con bastante antelación. Pero en estas elecciones, en Lima hay algo más grave. La Constitución misma se ha puesto a prueba.

La Constitución a prueba

No exagero. Frente a una cadena interminable de abusos y corrupción en los gobiernos municipales, en marzo de 2015 se aprobó la Ley 30305, que reformó el artículo 194 de la Constitución para prohibir la reelección inmediata de los alcaldes. El texto no deja espacio a las dudas: “No hay reelección inmediata para los alcaldes”. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que ratificó la constitucionalidad de la reforma, sostuvo que se trata de una limitación bastante frecuente en el derecho comparado, concluyendo que “ni la República, ni la descentralización, ni la separación de poderes dependen de que se reelija inmediatamente o no a determinados funcionarios públicos como los alcaldes” (Exp. 00018-2019-PI/TC).

“In claris non fit interpretatio”, dice un viejo adagio de los abogados. Cuando la ley es clara, no hay necesidad de interpretarla. Es verdad que aquel brocardo escondía una cierta ideología sobre la interpretación, la del juez que se limita a repetir mecánicamente la ley. Pero conviene recordarlo porque defender la Constitución, en este punto, no exige grandes esfuerzos interpretativos. Lo que sí demanda, como ocurre con toda norma, es un mínimo de sentido común y compromiso con el orden constitucional.

La Constitución no protege la trapacería, ¿el JNE sí?

Es lo que esperábamos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero la máxima instancia electoral ha preferido enredarse en las cuestiones formales, los plazos y los reglamentos, sin afrontar el fondo de la cuestión. Y el fondo de esta cuestión era defender la Constitución. Frente al silencio de la autoridad, el propio candidato ha salido a los medios a explicar su particular interpretación de la Constitución. En una emisora de alcance nacional ha declarado: “Lo que dice la Constitución es, ‘prohibido candidatear […] a ser alcalde de Lima’” (RR. PP., sic). No postula para alcalde, pero ejercerá como alcalde. Y ese es, precisamente, el fraude a la Constitución que se pretende consumar el próximo domingo. En el JNE, el magistrado Gunther Gonzales Barrón tuvo un voto disidente. Sostuvo que la prohibición constitucional alcanza a todos los mecanismos, directos o indirectos, que busquen burlarla, y advirtió del riesgo de convertir a los candidatos a alcalde en simples testaferros. “La Constitución no protege la trapacería”, se lee en uno de los extremos de su voto.

Pero la trapacería ha pasado la valla del órgano que tenía la obligación de hacerle frente. El fraude a la Constitución está consumado formalmente. Las autoridades electorales han permitido que quien tiene prohibida la reelección haga campaña abierta a favor de su reelección; incluso han organizado un “debate electoral” para que los candidatos a la alcaldía presenten su propuesta. También las encuestadoras y los noticieros presentan a López Aliaga como candidato a la alcaldía. Todos han olvidado que, como él mismo afirma, solo postula para teniente alcalde. Si la máxima autoridad electoral promueve la violación de la Constitución, ¿qué les podemos pedir a los demás?

El derecho al sufragio como defensa de la Constitución

Aunque para que el fraude a la Constitución sea irreversible hace falta algo más. Hace falta que la ciudadanía también pase por encima de la Constitución este domingo. Hace falta que olvidemos que el primer derecho que la Constitución nos garantiza para reafirmar nuestra autonomía moral y política es el sufragio, precisamente. Hace falta, en suma, que a la mayoría de quienes residen en Lima les resulte irrelevante el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

Si la ciudad capital del país termina reeligiendo a su alcalde contra la prohibición constitucional, solo quedan dos explicaciones posibles. O aceptamos que el voto del domingo funcionará como un referéndum que habrá derogado el artículo 194 de la Constitución, y con ello abrimos también el camino para sustituir la Constitución, pese a que, hasta hace poco, esta era la pesadilla de un sector de la política nacional; o reconocemos que la Constitución está siendo violada de manera sistemática sin que haya autoridad que la proteja y sin que a nadie le cause mayor alarma. Ninguna de estas dos alternativas debería dejarnos tranquilos si aún nos interesa vivir bajo la protección de una Constitución a la que también la ciudadanía debiera defender.

¿Por qué quiere ser gobernador regional del Callao?

Bueno, mira, mi principal [objetivo] como gobernador regional del Callao es trabajar fuertemente el tema de la salud, porque en el hospital Carrión hemos perdido cuatro años de esta gestión, tanto municipal como regional, y no se ha logrado construir. Este es un tema de fondo fuerte, la salud está siendo reclamada a mayor. Luego, el segundo tema es el alto congestionamiento que tiene realmente el Callao. La avenida Faucett, cuando tú vas al aeropuerto, o la Gambetta, cuando vas al puerto, son significativamente unos atrasos tremendos, y las obras que se han hecho no han permitido hacer el descongestionamiento esperado. El trabajo está en separar lo que significa los camiones de carga a través de una vía directa. Esa es nuestra propuesta, la Litoral, una vía litoral del Callao que pueda conectar el puerto del Callao con Bahía Blanca, y de ahí a Ancón y a Chancay. Eso va a permitir una mejor utilización del tiempo y de la productividad de los camiones, que actualmente toman más de cuatro horas en llegar. En esta conectividad vamos a reducirlo al cincuenta por ciento. Este es un tema de fondo.

Por supuesto, la vigilancia, la seguridad, es un tema nacional, que en el lado del Callao, el aeropuerto, es un tema que vamos a trabajar a nivel de barrios y que va a rendir fruto. Pero el proyecto estrella que tenemos, el más fuerte, el más contundente, es el de Pachacútec. Realmente Pachacútec en más de veinte años no ha logrado tener el agua, no ha tenido la energía, la gente no logra tener un trabajo cercano, y realmente los tiempos de vida y la calidad de vida de las personas no están a tono con lo que está sucediendo en todo el Callao. Esto es un reto bastante fuerte para Fuerza Popular, y vamos a hacer un programa de reconversión total para que se involucren los temas de la salud, los temas de la seguridad, los temas de la educación, porque son temas que impactan directamente en la familia. De modo que la recuperación, llamémoslo así, del Callao para los chalacos es el objetivo principal de toda la propuesta que tiene Fuerza Popular.

Y esto significa chamba para todos. Chamba para todos significa que vamos a darle oportunidades de trabajo. El Procompite, por ejemplo, con el 5% que actualmente se tiene, lo vamos a dar al 10%. Esto significa que, de los 7.000 nuevos puestos de trabajo que normalmente [se generan] al año, lo vamos a hacer a 20.000, y nuevas oportunidades comerciales, industriales y de servicios, que realmente van a generar empleo nuevo cada año y que van a beneficiar a los chalacos. Ciertamente, esto también se acompaña de programas de fortalecimiento, de obras por impuestos, para solucionar los temas de zonas económicas especiales que deben implementarse en el Callao, para que el eje Callao-Chancay pueda tener mayor generación de empleo para los chalacos, y que ese congestionamiento que hoy sucede podamos trabajarlo de acuerdo con las competencias regionales, y aquellas que pertenecen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones puedan tener una transferencia para ser manejadas en el gobierno regional con su presupuesto respectivo. Entonces, nos ha llamado mucho la atención que Renovación Popular, que es justamente la oposición nuestra...

Quien lidera las encuestas es Pedro Spadaro, de Renovación Popular. ¿Por qué un chalaco debería votar por usted?

Bueno, Pedro Spadaro realmente no es chalaco, no vive en el Callao. Nosotros somos auténticamente chalacos, nuestra familia es chalaca, y realmente en el Callao hay que tener bastante identidad para poder identificar, a través de la propia gestión, cuál es el rol que tiene que tener un gobernador regional del Callao. Su gestión municipal deja mucho que desear para los chalacos. Por ejemplo, el tema de la pesca artesanal es un tema que no lo ha atendido, vive de espaldas al mar. Claro, él nació en [inaudible], entonces tiene otra orientación cultural. Definitivamente, para nosotros, el tema de la identidad cultural, los factores más importantes del chalaco, van a tenerse en cuenta. No ha tomado la generación de empleo, el desarrollo económico, ha guardado mucho silencio con respecto a lo que significa Chancay, no ha atendido el tema de Pachacútec, con un nivel de pobreza fuerte, con grandes temas de anemia, a pesar de que él ha sido alcalde distrital de Ventanilla. Y el señor Omar Marcos, que está en Ventanilla, ha sido tres veces alcalde y no ha logrado solucionar fuertemente los temas de Pachacútec. Entonces, hay una demanda de cerca de trescientas mil personas que no pueden vivir en este nivel de calidad de vida. No hay pistas, no hay veredas, no hay un catastro urbano en el que tú puedas saber cuál es la ruta, a pesar de las grandes áreas que se tienen. Y se han desarrollado parques muy grandes desde el punto de vista turístico y no hay turistas. Entonces, ha sido una inversión en vano.

Nosotros vamos a desarrollar un hospital para Pachacútec, vamos a trabajar un parque industrial como Dios manda y vamos a tener una corriente de comercio desde la costa, sierra y selva, que son las zonas limítrofes del Callao, para promover mayor valor agregado en el Callao. Yo creo que esas son las razones fundamentales, porque conocemos el Callao. Las obras de parques y jardines le corresponden a un alcalde, yo creo que eso está bien, pero lo que necesitamos no es eso. Necesitamos que los jóvenes tengan el beneficio de una nueva propuesta educativa que tenga acceso a lo que es la clase mundial en todo el esquema virtual. O sea, significa que el blockchain, la inteligencia artificial que vemos hoy, tiene que estar orientada al joven chalaco, que tiene el puerto, el aeropuerto, oportunidades de oro. Y en Carmen de la Legua-Reynoso, en La Chalaca, que son barrios populares, solamente se ha hecho un puente de conectividad.

Muchos asocian el Callao con la inseguridad. ¿Cómo la enfrentará?

No, seguro que sí, porque mira tú, cuando uno está en Miraflores y no saben que uno es chalaco, realmente te dicen "no, no vayas al Callao, hay bastantes choros". Entonces, yo creo que esa corriente de opinión la tenemos que cambiar aquellos que somos chalacos, y tenemos una fiel coincidencia de que un programa de seguridad ciudadana bien concebido, en el cual la tecnología ayuda... Un C5I no ha sido aplicado en el Callao durante los últimos 5 años, y tiene vigencia esta plataforma. Los distritos, cada uno hace lo que puede con la seguridad, y tú ves que todo el tema de extorsión, los camiones, inclusive crímenes, suceden. Entonces no se está utilizando la tecnología adecuadamente. Se compran cámaras, pero no funcionan adecuadamente más que para identificar las placas, pero no las caras de los delincuentes. Y hoy día, uno de los temas importantes de la tecnología, que ya está en el Perú y por cierto el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior la tienen disponible, significa que esa tecnología tiene que adecuarse a través del comité regional, el CORESEC, que corresponde al gobierno regional, para que se articule toda una plataforma de ayuda a la Policía Nacional y cumpla su trabajo. Y ciertamente los barrios tienen que tener también su propio protocolo, que son diferentes cada uno de ellos. Por ejemplo, La Punta es un barrio muy seguro, no hay delincuentes, y lo mismo sucede en Chucuito. Entonces no es coincidencia, a pesar de que tienen negocios, tienen...

En La Punta y Chucuito ayuda la geografía. Y el Callao crece hacia el norte.

Exactamente, lo que usted menciona es totalmente correcto. Por eso nosotros pensamos que ese contagio, esa bahía que tienen La Punta y Chucuito, debe proyectarse por todo el Pacífico. Toma en cuenta que todo el mar Pacífico es el mismo y es la misma ribera. Por eso nosotros pensamos, por ejemplo, en Oquendo. Oquendo va a tener justamente a los pescadores artesanales. Acabamos de estar con los gremios de pescadores, hemos firmado un convenio, un compromiso de desarrollo de un DPA, mirando justamente a la bahía que tiene el Callao, propiamente en Oquendo. Y si en Oquendo hay conectividad con Márquez, que es el litoral chalaco, igualito que La Punta y Chucuito, nosotros proyectamos ese mismo esquema de relacionamiento en Oquendo, en Márquez, y por qué no podemos continuar eso a Ventanilla y a Bahía Blanca, que es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo mar. ¿Por qué no se desarrolla esa corriente? Entonces, nosotros tenemos una propuesta de un malecón, justamente de conectividad a través del litoral, para que poco a poco la gastronomía, la seguridad, la luz... ¿Por qué? Porque la inseguridad no es un tema exclusivamente de la seguridad y la defensa, también tiene que ver con otros sectores, como la educación, la salud, el empleo. Esto significa que esta respuesta que usted ve en Chucuito, que antes no era muy seguro, realmente hay que promoverla a través de todo el litoral. Esto hay que hacerlo y nosotros nos comprometemos a hacerlo.

Es más, el transporte vial. Por eso estamos considerando un corredor vial justamente para el transporte de carga a través del litoral, porque este proyecto ya ha estado en ProInversión, se ha retirado, pero nosotros lo vamos a activar plenamente para que la ruta del Callao, puerto a puerto con Chancay, sea mucho más viable. Hoy día toma cuatro horas y media, nosotros lo vamos a hacer en 2 horas, como corresponde. Esto significa nuevos tipos de infraestructura, nuevos tipos de desarrollo, megaproyectos que hay que hacer, y el Callao tiene un fideicomiso que lo vamos a utilizar, lo vamos a crear, para que realmente todo funcione financiera y viablemente, porque hoy no todo lo tenemos que hacer con fondos públicos. Tenemos que hacerlo con fondos APP, y vamos a hacer ese fideicomiso que permita que la inversión privada venga al Callao. Ya tenemos inversión en los puertos, en las concesiones, cada vez con más años. Tenemos mayores oportunidades de empleo, pero no están al alcance del chalaco. Ciertamente, eso significa unas oportunidades magníficas que tenemos para contagiar a todos los distritos, y eso es lo que nosotros activamos.

En muchos distritos del Callao no hay parques ni espacios públicos. ¿Qué propone?

Qué buen punto el que usted menciona, porque recuerde usted que la pesca fue un elemento motivante para todo el Callao, porque desarrolló una cantidad de negocios, de comercio y de inversión. Nosotros vamos a promover un gran megaproyecto que ya lo estamos trabajando desde la parte internacional, buscando realmente una inversión. Ya estamos conversando con candidatos desde Italia, España, que pueda realmente activar un centro deportivo de alta gama en base a un deporte como es el fútbol. Estamos promoviendo el desarrollo de un gran estadio que no sea solamente para los 90 minutos que tiene un partido, sino que involucre un atractivo. Tenemos muy buenos equipos en el Callao, que realmente pueden ser el motivante de un nuevo tipo de turismo. [...] Es de oro, porque va a hacer que la educación, el deporte y la cultura funcionen de la mano.

Le hablo de áreas verdes, en una región desértica y llena de polvo.

Usted lo dice muy bien, porque nosotros estamos promoviendo en la zona de Pachacútec toda una zona de arborización, porque es un gran arenal en el cual ha habido durante más de 20 años una escasez de esos espacios públicos. Y se han hecho parques, sí, pero parques de fierro y cemento, que realmente no ayudan a que el turismo florezca. Entonces, usted tiene mucha razón. No tenemos árboles, no tenemos áreas verdes, no hay sombra. Entonces eso es importantísimo, sin lugar a duda, en Bahía Blanca. Usted tiene un espacio tan igual como puede estar en el mar Adriático, en la zona, llamémosla así, italiana, o en la Costa Azul, y no se aprovechan esas grandes bahías, esas grandes riberas. Y ahí se puede hacer lo que usted menciona perfectamente bien.

Por eso nosotros estamos trabajando un proyecto de financiamiento de Pachacútec para todo un sistema inmobiliario que permita solucionar los diferentes tipos de problemas que tiene Pachacútec, porque acuérdense que hay un tema que se llama Cerro Gorila, en el cual realmente se han ido las personas que tienen más necesidades. No tienen la luz adecuada, no tienen la seguridad adecuada, un centro de salud no tienen, y hay más de 50 mil personas viviendo en esa zona. Nosotros estamos solicitando ese tipo de apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, para que el Banco Mundial también participe en una forma APP. Estos fondos internacionales sí hacen esto en otros países, y nosotros podemos hacerlo de la mano, teniendo un gobierno nacional que tiene el mismo escudo nuestro, la K, para realmente hacer un trabajo conjunto, con un buen expediente técnico. Pachacútec es una ciudad que quiere ser distrito, debe ser distrito, pero no tiene un hospital, no tiene colegios de categoría, y la gente, después de tantos años, todavía no logra tener una calidad de vida. Es inaceptable.

Integrarse con Lima en transporte público es difícil. Los buses informales tardan una vida.

Usted lo menciona, me encanta la información que usted menciona, porque, por ejemplo, Renovación Popular ha sacado un bus rosado que lleva gratuitamente a 50, 60 personas, y lo hace seguir por la ruta de la Gambetta, en todo el tráfico y el congestionamiento que se tiene. Entonces tú agarras y dices, esa es la propuesta que pone Renovación Popular en cuatro años de gestión. Quiere decir que no entienden la problemática del transporte, que primero hay que descongestionar, primero hay que hacer muy buenas carreteras, que no se te caigan, porque no se estudia bien el suelo, y esto es lo que ha sucedido acá en la Gambetta. Entonces, nosotros tenemos que tener un trabajo mucho más responsable, de poder ofrecer salidas que tienen que ver con una conectividad urbana, metropolitana. Por eso es la separación del tráfico, y por eso distritos como Mi Perú también tienen ese mismo tipo de problemáticas, que se conectan con un distrito como Puente Piedra.

Hace años hubo un hundimiento de pista en Mi Perú.

Sí, sí, una caída, y tiene usted, imagínese, más de cinco centímetros de espesor la pista, y usted ve el hueco debajo. O sea, quiere decir que no se estudió el suelo. Yo soy ingeniero, es una de las ventajas más importantes que tengo para el desarrollo de la infraestructura, y ellos pues tienen otras profesiones, que son más de arte, y no tienen la capacidad de respuesta rápida y no tienen los equipos adecuados inmediatos. En el caso mío, toda mi vida profesional he trabajado en el tema de la ingeniería, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como en la parte ambiental y en la parte de la gobernanza, de modo que entender los deseos de una inversión privada, del privado y del público, hace que nuestra gestión sea mucho más efectiva. Yo he sido durante dos periodos, cinco años, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, una institución con más de 136 años de existencia de pura ingeniería y arquitectura. Actualmente estoy como presidente del Colegio de [Valuadores], más multidisciplinario. Tenemos equipos de profesionales, y tenemos que tener un componente social, ambiental, que acompañe a lo económico. No todo es económico.

Y cuando usted ve que estas pistas, como usted muy bien menciona, se caen, uno no se preocupa de tener una conectividad entre lo que es Mi Perú, que es un distrito chico y que debiera tener una conectividad con Ventanilla Norte, y esa Ventanilla Norte debería tener una conectividad con Pachacútec. Pachacútec debería tener esa ventanilla deseada para todos, que crezca, que tenga un PBI. O sea, usted ve que la tarea no está bien hecha para tantos años de gestión pública. Entonces, yo creo que el ventanillense, el pachacutense, la persona de Mi Perú, realmente está entendiendo esta llegada que tiene Fuerza Popular a través de su candidato al gobierno regional del Callao. Acuérdense que yo soy independiente, he sido invitado para participar en esta fórmula, y le estoy dando, como todo chalaco, alma, vida y corazón a esta oportunidad que tengo de ayudar, de desarrollar dentro de mi profesión como ingeniero. Pienso que es un momento oportunísimo para realmente aprovechar las inversiones que ya están en el Callao y hacer que otros tengan una oportunidad de acceso a nuevos tipos de empleo.

Porque imagínese usted, nosotros no podemos estar todo el tiempo trabajando en niveles bajos de la curva, llamémoslo así, de empleo, carpintería, metalmecánica, cuando estas industrias de la madera, la parte forestal, se han desarrollado fuertemente, y la industria exportadora, en la cual el Perú realmente hace el valor agregado, y la minería, realmente son componentes importantes, teniendo en cuenta las grandes empresas que tienen en el Callao un acceso a buenos talentos y que pueden contagiar un desarrollo y una profesionalidad que el gobierno regional va a tomar en cuenta. Porque ese es nuestro relacionamiento. Nosotros vamos a hacer contacto con SENCICO para que diga cómo hacer con chalacos la construcción de pistas y veredas, de modo que las empresas, los gremios de constructores privados, puedan tener un relacionamiento y puedan contratar también, como Dios manda, a los chalacos, y estos puedan ser ejemplos válidos de que el Callao florezca mucho más rápido.

No puede ser posible que un gobernador regional termine su gestión haciendo un puente. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que un puente entre Carmen de la Legua-Reynoso hacia La Chalaca, en plena Faucett, es un mérito, algo increíble. Un puente se hace en seis meses, no puede costar más de un millón de soles. Sin embargo, muchos fondos públicos no son aprovechados por la falta de competencia que tienen las autoridades. Entonces, ha llegado un momento en el cual el chalaco tiene que tener una preferencia por aquel chalaco que tiene más conocimiento, pero además más preparación, y está más desarrollado para aplicar lo que sabe, con un equipo técnico de primera línea y con realmente un municipio regional, un municipio cercano a la provincia, un municipio distrital, para trabajar en conjunto, simultáneamente, todo lo que falta para cada uno de los chalacos en los siete distritos del Callao. Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro.

"No porque yo sea del mismo partido o porque haya trabajado en esta gestión quiere decir que va a haber una continuidad de lo negativo. Yo soy la antítesis de Carlos Canales, con esto no digo que soy mejor ni peor, simplemente somos totalmente diferentes desde la comunicación, desde el liderazgo, desde la cercanía con el vecino, desde la gestión, desde la vestimenta también. Soy enfático en decirlo, Carlos Canales no estará en mi gestión, ni directa ni indirectamente, ni como asesor, ni como gerente general, ni como gerente municipal."

¿Cuál es su visión sobre el estadio Bonilla?

"Toda esa parte del estadio es un relleno donde estaba la cancha de fútbol, y por ahí pasaba un río, entonces esa cancha ya se ha hundido 20 centímetros, no en esta gestión sino en gestiones anteriores. Ya hay una preocupación de que no puede tener mucho peso esa parte porque podría caerse, e imagínense si hablamos de un gran terremoto. Yo necesito darle valor a ese estadio. Mi base es el deporte, a mí me encantaría que todo ese estadio sea deportivo, porque los vecinos así lo quieren y yo también lo quiero así, pero tengo que ver exactamente cómo voy a recibir ese estadio, porque hay un contrato del grupo Intercorp que todavía tengo entendido que no está anulado al 100%. Si yo lo desconociera, vamos a entrar a arbitraje, vamos a entrar a juicio, y ese estadio va a estar cerrado 3, 4 años más. El 5 de octubre revisaría si está firmado o no, y negociaría para más espacios deportivos. Todo el área tiene aproximadamente 44 mil metros, quieren hacer un multiespacio para 5 mil personas bien pegado al ejército, y el resto hacerlo parques, un gran parque, porque a esa zona le faltan áreas verdes. Lo que haría yo es una cancha de fútbol 11, que se divide en 4 de fútbol 7, y una pista atlética. No puedo pensar en gimnasio ni en muchas más cosas, porque es un relleno y no puede haber tanto peso."

¿Tiene usted la visión de seguir desconociendo contratos, como se ha visto en Renovación Popular, o plantea algo distinto?

"Si yo recibo ya un contrato firmado, si yo lo desconociera, vamos a entrar a arbitraje, vamos a entrar a juicio, y ese espacio va a estar 3, 4 años más cerrado. Yo necesito darle valor a ese espacio."

Ha habido una renuncia masiva de regidores en su lista. ¿Qué está ocurriendo?

"Es cierto, ya lo vengo diciendo, y eso no es que yo lo esté escondiendo de nada, porque eso está en transparencia, en el Jurado Nacional de Elecciones, desde hace por lo menos un mes y medio. Yo tenía la lista 2, había una lista 1 del señor Molina, internamente se decidió que yo sea el candidato con la lista de los regidores del señor Molina. Ellos decidieron que yo no debería ser el candidato para ellos y renunciaron. Yo prefiero, si alguien no quiere trabajar conmigo, que renuncie. Me quedé con mis regidores invitados y llegué a convencer a dos de los regidores del señor Molina para que se puedan quedar en mi lista."

¿Cómo garantiza un trabajo técnico si es elegido alcalde?

"Yo vengo trabajando en gestión hace muchísimos años. He trabajado en la empresa privada, en negocios personales, en federaciones, ahorita soy vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Squash, he trabajado con el Club Regatas Lima. Mi expertise no viene solamente de tres años y medio de estar en una gestión municipal, eso me ha servido para conocer temas municipales, pero toda mi trayectoria viene trabajando en temas de gestión."

El cuidado de las áreas verdes y espacios públicos de Miraflores ha caído. ¿Va a continuar con eso?

"No, por supuesto que no. Esos espacios son públicos, son para utilizar tanto por los vecinos miraflorinos como por cualquier visitante. Lo que se tiene que hacer es una mayor fiscalización, un mayor ordenamiento. Un domingo o un sábado llegan 10, 12 buses, se estacionan sobre las cocheras del malecón sin dejar entrar a los vecinos, y se toman fotos, bautizos, promociones, por lo menos 3 o 4 en una hora. Lo que yo quiero es que vayan, porque es un espacio hermoso, pero que manden una solicitud, nosotros la aprobamos, para tener un ordenamiento, una foto o una promoción por hora."

¿Va a permitir las clases de deporte que se organizan en los parques?

"Hay que diferenciar. Si veo una escuela que tiene 20 chicos entrenando y cobrándole a los padres, y en esa clase los chicos malogran el grass, por supuesto que no, tienen que alquilar un espacio para hacerlo. Pero si yo veo a un papá jugando con sus 2, 3, 4 hijos, por supuesto que sí. El parque no es solamente un tema para respirar o visual, también es para utilizarlo, pero de una manera responsable."

¿Cuál es su plan de seguridad ciudadana?

"Estadísticamente Miraflores es uno de los distritos más seguros, hay una baja de los delitos menores de aproximadamente 45%. Sin embargo hay una percepción mayor, no solamente en Miraflores sino en Lima, en el Perú y en Sudamérica en general. Tenemos un plan para que cada vecino que salga a cualquier hora, dentro de las 14 zonas, tenga que ver un patrullaje de serenazgo, en moto o a pie. Lo vamos a trabajar por geolocalización, con las 1.400 cámaras que hay actualmente, creeríamos que con 2.000 cámaras vamos a poder trabajarlo por cuadrante. No lo estoy inventando, es un caso práctico que viene de una ciudad de Japón, hay que tropicalizarlo y traerlo a Miraflores."

¿Qué opina sobre las reelecciones encubiertas de alcaldes?

"Yo opino que siempre que esté dentro de la ley todo es posible. La ley te dice exactamente cuál es el camino que puedes seguir, y si estás dentro de esa ley... ahora, si me dices que la ley está mal ejecutada o mal armada legislativamente, eso es otra cosa. Pero la ley está para cumplirse."

¿Apoyaría usted un desconocimiento de los órganos electorales, como se vio en la primera vuelta de este año?

"Ya está fuera de tiempo, fuera de plazo, ya no tendrían ni siquiera que dar una respuesta a favor o en contra. Nosotros estamos trabajando acá en Miraflores, no pensando directamente en eso. Obviamente va a ser muy importante que Rafael sea alcalde de Lima o entre como primer regidor, porque le va a hacer mucho bien a Lima, a los más necesitados, como ya lo viene haciendo."

¿Cree que el sobreendeudamiento actual le hace bien a Lima?

"Si lo ves como sobreendeudamiento, es una opinión... pero finalmente ese sobreendeudamiento ha tenido que ver con muchas obras. Ese sobreendeudamiento está dentro de la ley, porque no somos buenos gestores y no valoramos los excedentes técnicos. Yo no puedo quedarme dentro del marco de la ley con los brazos cruzados si el sistema no me deja trabajar, yo soy un gestor de naturaleza y voy a trabajar para los vecinos, dentro del marco de la ley."

- Usted ya ha sido alcalde de Barranco. ¿Por qué quiere volver a intentarlo?

- Por dos razones. La primera, porque la gestión anterior no alcanzó para poner los cimientos de una municipalidad mucho más eficiente, que aproveche sus recursos y su presupuesto, cosa que no venía pasando. Y la segunda, porque muchas de las políticas que implementamos, sobre todo las sociales, han sido cortadas de cuajo y se ha dejado sin esos servicios a los vecinos, sobre todo en las zonas más vulnerables.

- ¿De qué políticas sociales habla?

-  Un ejemplo concreto: en el barrio de Malambo, que es una zona bastante olvidada y golpeada del distrito, instauramos un programa de atención a los chicos con educación y cultura los fines de semana, con un voluntariado de gente que iba a enseñarles a leer, a jugar, en fin. Eso finalmente se convirtió en un edificio que iba a albergar estas funciones de manera institucional, con guardería, sala de trabajo para que los muchachos hagan sus tareas, con internet, escritorios y sala de usos múltiples. Ese edificio se cerró el primer día de la gestión actual. La guardería se desalojó, la biblioteca se desmanteló y ahora está convertido en una oficina más.

- La actual gestión de Renovación Popular también busca la reelección. ¿Por qué el vecino barranquino debería optar por su candidatura en vez de a otros exalcaldes que también lo intentan?

- Ahora la Municipalidad de Barranco está dirigida por Renovación Popular, por [la alcaldesa] Vargas y por su gerente municipal, el señor Manuel Espinosa. Y los barranquinos sabemos que nuestro distrito está desordenado, descuidado, falta patrullaje, las calles están llenas de orines de perro, las discotecas y locales nocturnos no tienen ningún control. Se ha aumentado el gasto corriente de manera exorbitante. Por eso creo que deberíamos regresar a quien ya ha mostrado resultados. No vengo a ofrecer promesas en el aire; vengo a decir que quiero repetir las cosas buenas que hice en mi gestión y corregir lo que nos faltó hacer o en lo que nos equivocamos.

- Existen espacios públicos abandonados. ¿Cuál sería su primera acción para recuperarlos?

- Lo primero es lo que hicimos en la primera gestión: una limpieza general de todo. Empezamos baldeando, limpiando, sembrando los espacios de tierra, poniendo adoquines para que sean más habitables, porque los sitios de tierra no sostienen bien la siembra de flores —lo intentamos en algunos lugares y no funciona—. Tener buenos árboles bien regados, limpieza, iluminar las calles oscuras: ese es el principio para recuperar las condiciones de seguridad y de orden en el distrito. Luego, movilizar en el espacio público nuestros programas sociales: atención a niños, a personas mayores. Teníamos programas de deporte en los parques, donde cerrábamos calles para ampliar el espacio y que la gente lo pudiera usar. Son acciones inmediatas que no cuestan gran cosa pero generan mucho beneficio a los vecinos.

-¿Garantiza recuperar la participación vecinal en las decisiones ediles?

- Claro que sí. Nosotros multiplicamos las juntas vecinales, que eran nueve, a 24. ¿Por qué? Porque la participación vecinal se tiene que dar en contextos pequeños; no podemos pensar que la gente se va a agrupar en una zona de 15 o 20 manzanas, porque no se conocen entre sí. La experiencia nos demostró que, más allá de que la gente simpatizara con el alcalde, si hay un proceso de trabajo donde se acoge y se atiende el pedido del vecino, la relación fluye muy bien. Yo no necesito rodearme de una corte de seguidores para que las cosas funcionen. Eso ya se demostró en la práctica con las juntas vecinales.

- Hay otros candidatos que aparecen como favoritos. ¿Cómo pretende superarlo en las pocas semanas que quedan?

- Mezarina es un alcalde que todo el mundo conoce y tiene un grupo de gente que lo apoya, pero son vecinos que están mirando más su problemática personal, porque él les ofrece beneficios directos, y eso genera una expectativa en ese grupo de personas. Pero Mezzarina también tiene un rechazo muy grande en la mayoría de la población. Esas encuestas están para desanimar a las personas, para que digan "no quiero que gane Mezzarina, entonces el mal menor será el señor Espinosa". Y no es así: aquí las personas peligrosas para el distrito son Mezarina, por su historial que todo el distrito conoce, y el señor Manuel Espinosa.

- De qué historial habla.

- Mezarina es quien permitió que Bordemar funcionara aun cuando había violado totalmente los términos de su contrato: le cambió el uso de deportivo a comercial, y ahí comienza el gran problema de Bordemar. También, contra viento y marea, concesionó el Estadio Unión, que ahora todos los vecinos reclaman esperando que, cuando él hable de "recuperarlo", lo devuelva como espacio municipal de alcance vecinal. Y no es así: el Estadio Unión está concesionado y va a funcionar administrado por un concesionario privado, y eso no lo dice.

- El tráfico en Barranco es un suplicio. ¿Qué plantea hacer?

- Hablar con las constructoras y generar una ordenanza de horarios de descarga y vaciado de concreto, porque eso también genera problemas en horas punta. Otro tema importante es coordinar con la Municipalidad de Lima y con la ATU, que administran los semáforos en Barranco y en toda Lima, para que se sincronicen.

También tenemos un par de proyectos de playas de estacionamiento en la entrada del distrito: uno debajo de lo que hoy es la Central de Seguridad Ciudadana de Serenazgo, en la esquina de Bulevar con San Martín, conservando la infraestructura de arriba —no vamos a mover el Centro de Atención al Adulto Mayor— y construyendo abajo un sótano de estacionamiento, para que los visitantes dejen el auto ahí y caminen hacia la zona comercial, en lugar de alimentar la congestión que los fines de semana es mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Son medidas que queremos implementar mientras presionamos, junto con los demás alcaldes de Lima, para que se ejecuten medidas que mejoren el sistema de transporte metropolitano. Eso es sumamente importante.

Tiene menos de 35 años. ¿Por qué quiere ser alcalde de San Juan de Lurigancho?

Bueno, yo he crecido, he nacido y he vivido hasta el día de hoy, sigo viviendo en San Juan de Lurigancho. Tengo mi hijo, tengo mi madre, tengo mi familia, y es una preocupación muy latente el que mi hijo no pueda salir a una calle por peligro, por miedo a la delincuencia que hay el día de hoy. También mi madre, mis hermanas. Por eso es que el día de hoy me pongo a disposición para poder hacer ese cambio que San Juan de Lurigancho necesita. Y no vengo a improvisar, ya vengo preparándome para este gran reto más de tres años.

Otras gestiones prometieron mucho contra la inseguridad e hicieron poco. ¿Qué promete usted?

Sí, como mencionas. Muchas veces, inclusive, por ejemplo, ahora el señor Jesús Maldonado dice que no es su responsabilidad el tema de seguridad ciudadana, que ese es un tema netamente de la Policía Nacional. Pero hay algo que hemos visto que en gestiones municipales ha dado resultados, que es el verdadero liderazgo del presidente del CODISEC. El presidente del CODISEC es el alcalde distrital, que trabaja de manera articulada con la Policía Nacional. Eso no lo vemos el día de hoy en San Juan de Lurigancho.

Hay vecinos que denuncian y la Policía les dice "no te metas". ¿Cómo lo resolverá si el problema es estructural?

Claro, pero por eso está la autoridad municipal, para poder elevar al Ministerio del Interior. Si vemos que efectivamente desde las comisarías no hay un trabajo, como es en las quejas de los propios vecinos, el alcalde tiene esa autoridad de solicitar al Ministerio del Interior que haga un cambio y una rotación del efectivo policial, porque necesitamos gente que esté comprometida. Y muchas veces los alcaldes prefieren no hacerlo por no pelearse quizá con las autoridades o con la Policía Nacional. Nosotros sí. Yo vengo ya trabajando con la Policía Nacional, porque yo soy una víctima de extorsión. A mí me han extorsionado, a mí me han disparado mi casa, a mí me han disparado mi negocio.

¿Cómo se salvó de la extorsión?

Hice mi denuncia a la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional, como bien mencionas, tiene, como en todo grupo, toda institución, personas que no están comprometidas y no quieren trabajar.

Tuvo suerte. Muchos vecinos denuncian y nadie los escucha. ¿Por qué a usted sí?

Bueno, como yo le digo, es la constante insistencia. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que muchos vecinos tampoco no denuncian. O sea, yo me he encontrado con muchos amigos empresarios, emprendedores, que, como tú mencionas, como ya dudan de la Policía Nacional, prefieren hacer caso omiso y pagar las extorsiones, aceptar el cupo, porque no confían en la Policía Nacional. Necesitamos recuperar eso. Para eso tenemos que tomar acciones inmediatas y buscar esos buenos policías para que trabajen en San Juan de Lurigancho. Pero tenemos que pedir una rotación. El que trabaja mal, lo sacamos. Y es, por ejemplo, lo que vamos a hacer también en nuestra municipalidad, porque no solamente es la policía, sino también un municipio donde hay trabajadores que no cumplen su función.

¿No teme generar anticuerpos en la Policía con tantas exigencias?

No, porque nosotros vamos a dar todas las herramientas posibles y facilidades para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. Yo soy una persona que siempre apoya, no solamente a la Policía Nacional, a los bomberos de San Juan de Lurigancho, a todas las instituciones que lo requieren. Y justamente muchos de los comisarios, comandantes, no apoyan porque tampoco hay una reciprocidad por parte de la municipalidad distrital. La municipalidad distrital lo único que hace es utilizar también a la Policía Nacional. ¿De qué forma? Con los patrullajes integrados, por ejemplo. ¿Para qué lo hacen? ¿Con la finalidad de combatir la delincuencia? No. El municipio lo hace con la única finalidad de cumplir las metas que le pone el gobierno central para recibir un incentivo. Y de ahí no hay absolutamente nada de ayuda por parte del municipio.

Hay muchas cámaras en San Juan de Lurigancho que no funcionan.

Sí, sí, y nos da mucha pena. ¿Por qué? Porque esta actual gestión ha sido la gestión más beneficiada con transferencias de dinero justamente para combatir la inseguridad, más de 150 millones de soles, y transferencias para otro tipo de proyectos también, que en suma, en los cuatro años, nos dan 2.000 millones de soles. Entonces, es mucho dinero que no ha sido bien gestionado en el distrito de San Juan de Lurigancho y que están haciendo en pistas de galleta que se están partiendo todos los días, y que, por ejemplo, el diputado Víctor Piñán ya está inspeccionando y está llevando a Contraloría para supervisar todas esas malas obras que se vienen haciendo en el día a día en San Juan de Lurigancho.

Si no es en tren, entrar y salir del distrito toma muchísimo. ¿Qué hará con el tráfico?

Bueno, nosotros estamos esperando a ver cómo culminan este proyecto que está haciendo el señor Rafael López Aliaga. Hay un proyecto que se está haciendo en la avenida Próceres de la Independencia que no sabemos cómo va a terminar, porque es un proyecto que no tiene expediente técnico, es un proyecto que el día de hoy está paralizado. No sabemos si realmente va a solucionar el problema del tráfico que existe el día de hoy en San Juan de Lurigancho.

Nosotros, en las vías principales, vamos a hacer las coordinaciones con Lima Metropolitana para poder comenzar a corregir. Y nosotros, como gobierno local, sí nos corresponde corregir las vías transversales, donde, por ejemplo, hay mucha congestión de mototaxis, hay mucha congestión el día de hoy de minivanes. ¿Qué hacen? Son las troncales que el día de hoy alimentan las vías principales para llevar a las partes altas del distrito, que por lo general están aglomerados en la propia pista. Tenemos que hacer una reubicación en espacios que sí hay, porque nosotros ya estamos trabajando con profesionales que conocen del tema. Para el distrito que tenemos, tenemos una subgerencia. Nosotros vamos a hacer una gerencia de transporte para poder hacer una reubicación del mototaxista y de los colectivos que en San Juan de Lurigancho existen, porque hay una necesidad.

La playa artificial hoy parece una cloaca y faltan parques. ¿Qué hará con los espacios públicos?

Bueno, nosotros vamos a hacer... Primero, nosotros necesitamos tener proyectos dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. Necesitamos tener expedientes técnicos. Por eso vamos a hacer una oficina de proyectos para hacer todos los expedientes técnicos que el distrito de San Juan de Lurigancho necesita, porque sabemos que el recurso de San Juan de Lurigancho no va a abastecer para hacer todos los parques que el distrito necesita para poder embellecer, para poder mejorar. Por eso vamos a hacer estos proyectos para llevarlos a Lima Metropolitana, a través de Invermet, al gobierno central también, mediante el Ministerio de Vivienda, y ya estamos coordinando inclusive con instituciones extranjeras, con embajadas, para poder traer estos apoyos y comenzar a suplir estas necesidades que han generado estas gestiones de mucho retraso en San Juan de Lurigancho.

Muchos vecinos no tienen título de propiedad. ¿Qué propone?

Sí, y te comento que es una vergüenza porque, por ejemplo, el señor Jesús Maldonado se ha preocupado más el día de hoy en tener su propia propiedad en San Isidro, cuando muchos [vecinos] de San Juan de Lurigancho no tienen título de propiedad. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde el gobierno central y COFOPRI para darles todas esas facilidades, porque el día de hoy necesitamos un alcalde que trabaje con la población, que camine con la población, que los escuche al menos, para poder trasladar estas problemáticas a las diferentes entidades del gobierno central y brindar soluciones. El día de hoy no tenemos eso. El día de hoy tenemos una autoridad totalmente indiferente, que solamente se dedica a hacer campaña política y prometer muchas cosas como si no hubiese sido autoridad.

Nosotros tenemos un equipo técnico que ya conoce del tema. Como mencionaba, ya tenemos estos tres años formando profesionales en diferentes áreas, y es más, estamos trayendo inclusive profesionales de El Salvador. El día de hoy están viniendo diputados de El Salvador que conocen temas de seguridad, pero algo más importante que queremos implementar en San Juan de Lurigancho es la prevención, porque no queremos que se formen más delincuentes a futuro. Así que tenemos que trabajar en los jóvenes y en los niños, como viene haciendo el país de El Salvador de manera muy excelente.

Naciones Unidas ha constatado crímenes contra los derechos humanos en El Salvador. ¿Es un ejemplo?

Rescatamos lo positivo.

¿Qué hará en prevención con jóvenes y niños?

En San Juan de Lurigancho nosotros vamos a hacer las academias preuniversitarias gratuitas, que ya se han hecho, por ejemplo, en Magdalena del Mar. Vamos a traer nuevamente al SENATI a San Juan de Lurigancho, que ya se ha retirado porque no cumplía con las características técnicas, y necesitamos formar más técnicos. Vamos a hacer el primer examen de admisión de la Universidad Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que ya se había propuesto iniciar el año pasado, pero lamentablemente por celos políticos no funciona el día de hoy. Y nosotros, como municipalidad, tenemos un espacio que se llama Villa Campoy, que anteriormente era un instituto peruano-alemán, donde el día de hoy funciona una academia de serenazgo. El alcalde, señor Jesús Maldonado, le negó la oportunidad de que muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder empezar una carrera universitaria, simple y llanamente por celos políticos, porque uno de los promotores estaba postulando al Congreso. Y, finalmente, ¿quién es el perjudicado?

¿Usted no tiene celos políticos?

No, no, yo acá trabajo para la población. Es más, justo hace un momento estábamos conversando con el ingeniero Oswaldo, también de JP, y dentro del distrito de San Juan de Lurigancho también tenemos esa conexión con todos los partidos de izquierda, porque lo que nosotros buscamos, más que un tema de derechas o izquierdas, es trabajar para la población. Y yo, como persona, como buen vecino, estamos promoviendo toda la parte social. Hemos trabajado con la parte cultural del distrito de San Juan de Lurigancho, que necesitamos recuperar y que nadie se preocupa. Yo estuve la semana pasada en las huacas de Mangomarca y muchos vecinos del distrito no sabían que existían huacas en San Juan de Lurigancho. Y ahí necesitamos hacer un museo, y por eso estamos trabajando con los jóvenes de estas instituciones que vienen promoviendo ya hace bastante tiempo la cultura.

Las lomas del distrito están en grave riesgo por el tráfico de terrenos. ¿Cómo las protegerá?

Así es. Nosotros hemos conversado justamente con las instituciones que las están protegiendo, porque son grupos de personas, porque al municipio no le interesa. Y lo que nosotros queremos, a través de estas áreas que vamos a cuidar y queremos proteger, así como las huacas que tenemos, es repotenciar la identidad del distrito de San Juan de Lurigancho. Y algo que muchas veces las autoridades no ven, y yo converso mucho con las personas, es que esto genera economía, porque genera una ruta turística dentro del distrito de San Juan de Lurigancho. Uno, nos genera identidad. Dejamos de ser el distrito de delincuentes, de extorsionadores, al distrito cultural de huacas, al distrito donde hay lomas, al distrito donde podemos hacer una ruta inclusive gastronómica, porque hay muy buenos restaurantes en San Juan de Lurigancho. ¿Y eso a qué va a ayudar? A generar un dinamismo dentro de la economía.

A mí me gustó cuando fui a las lomas que los que te hacían de guías y te explicaban toda la historia eran chicos de quinto y cuarto de secundaria, que ya se comenzaban a ganar un dinero. ¿Y quiénes hacían las manualidades, como las artesanías? Adultos mayores y también los chicos. Entonces le generas empleo, le generas una ocupación, generas identidad y todos ganamos. Muchas veces los alcaldes no lo hacen porque ahí no está la famosa comisión, no está el famoso diezmo, pero sí vemos algo que ganan todos los vecinos, y eso es lo que busco yo. Yo soy un emprendedor, he podido crecer gracias a Dios, y quisiera que más personas, así como yo he podido lograr el éxito, también lo hagan. Y la parte social es muy importante, y nadie la toca.

En San Juan de Lurigancho ha habido alcaldes vinculados a la corrupción. ¿Qué garantiza que no será un trampolín?

Bueno, alcaldes no, los hijos de un alcalde. Lamentablemente lo mataron, el día de hoy está preso. Y yo, como te digo, siempre que voy a conversar con todos los vecinos, lo primero que les digo es que, cuando una persona quiere postular a la alcaldía, lo primero que tiene que hacer es resolver su vida. Porque si tú no has resuelto tu vida personal, ¿cómo piensas resolver la vida de millones de personas? Entonces, yo soy profesional, soy ingeniero, tengo mi negocio, tengo mi empresa, vivo tranquilo. Entonces ya tengo esas posibilidades de poder decirles que yo puedo hacer muchas cosas por mi distrito de San Juan de Lurigancho. No entro a enriquecerme. Mi familia no está metida en política, soy el primero de toda mi generación que ingresa a esto, y quiero hacer una buena gestión por mi hijo, por mi familia y porque veo que muchos chicos realmente lo necesitan. O sea, me sorprende el día de hoy ver chicos que están danzando y que no hay ni siquiera un concurso de danzas promovido por el municipio. Vemos muchos chicos que practican el fútbol y nadie hace ni siquiera una mínima competencia municipal para los chicos de los colegios, de los barrios.

Las pichangas terminan siendo reuniones con alcohol y drogas.

Me haces acordar justamente, por ejemplo, hoy día el señor Pepe Luna hace campaña en las pichangas, donde justamente se liba licor y un sinfín de cosas. Eso no es promover el deporte. ¿Por qué no apoyar a los niños? Porque ahí es donde empiezan. Yo apoyo a muchos profesores que ayudan y lo hacen de manera gratuita.

Las encuestas lo ubican quinto. ¿Por qué deberían votar por usted?

Bueno, como te digo, yo no vivo de la política. Mi familia no vive de la política. Es la primera vez que yo postulo a esta candidatura y, como te vuelvo a repetir, lo hago de manera responsable, formando y trayendo a los mejores profesionales para hacer una buena gestión. Muchos me critican que no tener experiencia en política es negativo. Creo yo que, al contrario, es muy positivo, porque la vieja política, acostumbrada a robar, a corromperse, a acomodar a la familia, nos va a dar los mismos resultados de siempre. Entonces necesitamos hacer un cambio generacional y refrescar la política el día de hoy. Por eso, dentro de mi equipo, y yo donde voy, trato de incentivar a más jóvenes, que quizá como yo en un momento [eran apolíticos], a decirles que hay que formarse, porque el cambio no lo vamos a hacer desde afuera criticando, el cambio tenemos que hacerlo desde adentro.

Y he encontrado muy buenos chicos que el día de hoy están muy motivados, y es justamente por eso que yo ingreso a esto, porque no quiero defraudarlos. Yo quiero que se formen nuevos líderes dentro de mi distrito, quiero que sean los próximos alcaldes, por qué no, presidentes, congresistas, siendo el distrito más grande. Necesitamos recuperar esos buenos valores. A mí, gracias a Dios, se me dio esa oportunidad. No fue muy fácil llegar a una candidatura, porque hay muchos obstáculos, hay mucha gente mala que te pone trabas, hay mucha gente que con mucho dinero piensa que te puede pasar por encima. Pero algo que siempre el doctor Francis Allison menciona, por qué me dio la oportunidad, es por la perseverancia, y que yo nunca me detuve a pesar de todas las dificultades que en algún momento también quizá hubo dentro del partido internamente. Y estamos acá, en la carrera.

¿Por qué postular ahora a la alcaldía de Miraflores?

Porque no soy político. Entonces, a mí no me da absolutamente nada ser alcalde de Miraflores. Me parecería un orgullo, porque vivo en Miraflores hace por lo menos 60 años. Miraflores es lo conocido de siempre.

Es cierto que he estado en un montón de cargos. He estado en el Ministerio de Energía y Minas, he sido ministro, pero haciendo siempre las cosas que había que hacer. Por eso me conocían en diferentes gobiernos.

He trabajado con Alfonso Barrantes, he trabajado con Edmundo Montemayor, he trabajado con Alberto Andrade. En términos municipales, he trabajado con mucha gente. Pero estaba haciendo falta hacer algo por Miraflores.

El Miraflores que yo conocía no se parece en nada al de ahora. Yo creo que es una ciudad que necesita regulación en prácticamente todos los ámbitos.

- ¿A qué regulaciones se refiere?

- Yo diría que una de las cosas que se pueden aportar mejor es la regulación de la construcción. No es posible que, si usted tiene un terreno de 800 metros cuadrados, quiera hacer un edificio y pueda ocupar prácticamente los 800 metros cuadrados con la construcción de un edificio que requiere un área municipal.

Y el área verde que debería venir con la construcción de alguna cosa que va a ser para, de repente, 150 o 120 familias. Y lo peor de todo es que durante la construcción se usa la mitad de la pista de una cuadra completa. Es espacio público.

Me parece que la Municipalidad de Miraflores necesita regulación en un montón de cosas: tránsito, ornato, cultura, el goce de las playas. Necesita regulación.

La playa no es algo que solamente sea para los jóvenes. La gente mayor y los niños quieren pasear en la playa. ¿Y cómo hacemos? Está el funicular.

Yo he ido a mirar y resulta que la parte de abajo, donde el funicular aterriza en la playa, se come un espacio enorme de la poca playa que le queda a Miraflores. Y, además, el alcalde nos ha contado —yo lo he escuchado y la gente también— que van a ser cinco o seis líneas de funiculares para que esto fluya.

-¿Cuál es su propuesta sobre los funiculares? ¿Los continuaría de ser electo?

-No. Yo pienso que, afortunadamente, no va a tener mucho tiempo para poner muchas cosas más. Yo no sé si usted conoce Valparaíso, pero ahí la ciudad está arriba y la playa está abajo. Y toda la gente sube y baja permanentemente. ¿Cómo sube y baja? Con unos ascensores que tienen capacidad para 60 o 70 personas. Y bajan hasta la vereda de abajo. Hasta puede entrar un anciano en silla de ruedas.

- ¿Usted propone ascensores en la Costa Verde?

- Por ejemplo. Falta hacer un estudio, falta saber que efectivamente se puede y que existe la posibilidad de hacerlo allí.

- ¿Plantea revisar los parámetros de altura y zonificación?

- Yo planteo revisar. Creo que parte de la seguridad ciudadana no es solamente que le roben a uno. Parte de la seguridad ciudadana es dónde vive uno y con qué garantías vive ahí. En un sitio que es Perú, todo Perú está en el cinturón de fuego. Hay hartos temblores y derrumbes. Y tenemos los ejemplos rapiditos de Venezuela y de Colombia.

¿Será que se están aplicando sistemas y normas conocidas, normas que impliquen resistencia a sismos y que sean de verdad aplicadas? Se tiene que chequear eso. Yo creo que el miraflorino necesita saber que el edificio en el que va a invertir su plata, porque no son baratos esos departamentos, tiene garantía de calidad.

Usted llega a Miraflores: son 500.000 visitantes a Miraflores todos los días. Visitantes, trabajadores, gente que va por los pequeños negocios. Estamos hablando del tránsito también.

- ¿Propone activar los baños públicos?

- No. Todo servicio de cafetería, restaurante, lo que fuera, que da servicio al público, tiene que tener la disponibilidad de un baño para que entre cualquier persona.

-También concentra actividades culturales y turismo.

- Sí, pero últimamente en los plantones habíamos dicho que ya no vamos a llamar Miraflores, sino «Miratierra».

Porque gran parte de las áreas están muy maltratadas desde el punto de vista de la jardinería. Hay jardineros muy buenos que ya no están. Entonces se contrata una empresa de jardinería y ya no entienden y solamente toman por partes.

Hay un tema: la limpieza pública. La municipalidad tomó bajo sus riendas todo, pero usted sabe que las municipalidades no tienen una estructura empresarial.

- ¿Cómo enfrentaría la inseguridad?

- Primero, nosotros tenemos un trato directo con Harvy Colchado, que es de Ahora Nación.

- Los vecinos también reclaman estacionamientos.

¿Qué hacemos, un edificio de 20 pisos para carros? Eso no tiene ningún sentido.

Atengámonos a las consecuencias y caminemos, usemos la bicicleta, usemos el transporte.

Y, por supuesto, también estamos planteando transporte intradistrital para las personas de la tercera edad y los niños.

- ¿Por qué debería votar por usted un vecino indeciso?

-Porque los vecinos se quejan de este alcalde y del anterior, todos. Pero vamos a seguir votando por los mismos. Es un contrasentido.

Y es que no conocen, no saben. Ven Ahora Nación y algunos se les ocurre decir: «¡Ah, rojo!». Oigan, no. Rojo está pintado ahí. Yo de rojo no tengo nada.

He trabajado, ya le digo, con todos los alcaldes que usted se puede imaginar y con todas las autoridades. He trabajado con Alberto Fujimori. Después cambiaron las cosas, pero mucho después. Entonces, sí creo que se pueden hacer muchas cosas muy buenas en Miraflores.

- ¿Cómo garantizaría la participación vecinal?

- Aquí esto tiene que ser un cabildo abierto bimensual.

- Lamentablemente esta gestión fue decayendo en el tiempo, y el vecino comenzó a sentir ese abandono en la buena comunicación y, sobre todo, en el acontecer diario: pistas, veredas, áreas verdes, limpieza, seguridad. Todo esto ha llevado a que esa voz crítica que yo he tenido desde el Concejo se transforme en una candidatura natural, promovida por vecinos, y esa es una particularidad que estoy seguro que no tienen los otros candidatos. Tenemos un músculo vecinal muy importante, y la comunidad dijo: no podemos perder cuatro años más. Por eso esta candidatura se sostiene y viene impulsada por la comunidad miraflorina.

- ¿Cómo vas a tratar el uso de los espacios públicos?

- El tema del espacio público es clave en un Miraflores que no solo atiende a sus residentes, sino que recibe una gran población flotante. Nuestra propuesta busca, primero, mantener en correcto estado estas áreas verdes; tenemos 78 parques en el distrito. Nuestra intención es que sean espacios vivos, donde se puedan desarrollar actividades artísticas y culturales dentro de un programa establecido.

Tenemos tantas áreas lindas que, en lugar de destinar un gran presupuesto, podemos aprovechar el talento de muchos vecinos que tienen capacidades maravillosas y están dispuestos a poner esa vocación de servicio al servicio de estas actividades. Es algo que tratamos de impulsar, pero lamentablemente me convertí en un enemigo político de la gestión y no se me permitió hacer más.

- ¿Qué es lo que no se te permitió hacer?

- El distrito tiene espacios culturales que deberían tener mayor apertura hacia la comunidad, con descuentos e incentivos, becas para los vecinos. Lamentablemente quedaron solo como buenas intenciones, y eso es algo que tenemos que retomar. Nuestro mensaje va en esa línea: el vecino tiene que volver a ser el eje central, no aislarlo ni relegarlo.

- ¿Por qué Renato Otiniano y no Muñoz, von Ehrer, Encinas o Zúñiga?

R.O.: Porque el candidato Muñoz representa un regreso al pasado, y el vecino lo que quiere es pensar en el futuro y avanzar. El otro día lo tuviste acá y lo escuchaba decir que hay que poner al vecino como eje central. El señor Muñoz se robó el eslogan de nuestra campaña, pero no para invitarlo a reuniones los miércoles a que nos cuente sus historias. Yo no quiero que los vecinos nos cuenten sus problemas; quiero que sean partícipes de las decisiones.

Te lo explico rápido: el Concejo Municipal funciona como el Congreso, tiene comisiones de trabajo —seguridad ciudadana, movilidad, desarrollo urbano, participación vecinal—. Nuestra propuesta, que está en nuestro plan de gobierno, es que esas comisiones incorporen a delegados vecinales, a los colectivos, a los actores que sienten y pueden tener voz ahí. Lamentablemente, en casi todas las últimas gestiones esas comisiones se reducen a los tres regidores discutiendo con el funcionario, sin mayor debate, para luego elevarlo al Concejo. Nosotros buscamos esa cercanía real: que el vecino venga y tome decisiones con nosotros en las comisiones de trabajo, que luego derivan en ordenanzas, reglamentos o normativas.

- La inseguridad no ha cesado, sobre todo en las zonas limítrofes de Miraflores, las que colindan con Surquillo y San Isidro

- Queremos atacar el problema desde dos frentes. La tecnología tiene que funcionar, y esas cámaras deben operar. Pero también hemos perdido al sereno de barrio, cercano al vecino. Hoy el miraflorino camina dos, tres, cuatro cuadras por el malecón y no encuentra un solo efectivo de serenazgo. Los serenos con diez, doce, quince años de servicio ya no están en la municipalidad. Perdimos esa sintonía porque apostamos por la tecnología y descuidamos la parte humana, y eso es algo que nuestra gestión va a reforzar.

A.C.: En cuanto a las playas, muchos reconocen que en los últimos años la seguridad de la Costa Verde para los surfistas —no solo de Miraflores, sino de todos los que llegan— está tomada incluso por jaladores, y abandonada. ¿Cómo vas a tratar este tema?

R.O.: Partimos de que Miraflores prácticamente ya no tiene playas, porque nunca hubo un programa de recuperación del espacio costero. Hoy tenemos la situación de los surfistas que usan la playa Makaha, donde se está desarrollando un proyecto de 120 días que ya lleva 90 y no completa ni un tercio de avance. La intención con Makaha es recuperar ese espacio para poner orden: hay escuelas de surf, hay personas que van a disfrutar de la playa, lo cual es válido, pero también hay jaladores que complican la zona. Hemos conversado con los surfistas que usan Makaha, porque sí es necesario ordenarla: se convirtió en un caos, con comercio ambulatorio, basura y vehículos ocupando el borde de la playa. El deportista reclama orden, y hacia eso debemos apuntar.

Hay otra playa, hacia el límite con San Isidro, llamada Los Delfines, justo debajo del Bonilla, que hoy es solo tierra. Cuando uno recorre la Costa Verde y sale de San Isidro —que es verde, con el Parque Bicentenario— y entra a Miraflores, la diferencia se nota de inmediato: todo es marrón, tierra, arena. Dentro de nuestro proyecto de recuperación de playas y espacios públicos, planteamos convertir ese espacio en uno deportivo para el vecino, que hoy no lo tiene; existen dos o tres canchas de fútbol que no se aprovechan para el disfrute vecinal. Este proyecto sería complementario al del Bonilla, no un reemplazo.

- ¿Y qué va a pasar con el proyecto del teleférico? ¿Cuál es tu visión?

-Ese proyecto viene de la gestión anterior, que firmó un convenio con una empresa privada para instalar el teleférico en superficie, cerca del parque Homero Solá, detrás de la iglesia Fátima. Es curioso: cuando se cuestionaba a la actual gestión por la demora —el proyecto viene desde el año 2022 y estamos en 2026— respondían que no era un proyecto municipal, sino privado, y que las complicaciones eran del privado. Pero ahora lo anuncian con bombos y platillos. El teleférico está a puertas de inaugurarse, entiendo que el próximo mes. Esta gestión tenía en mente construir más teleféricos, algo que no está en nuestra propuesta. Quiero ser claro con el vecino miraflorino: en nuestro plan no hay ninguna megaobra, porque Miraflores no la necesita. Lo que necesita el miraflorino es recuperar su tranquilidad al circular por sus calles, y eso pasa también por tener pistas y veredas en buen estado.

- Uno de los principales problemas de los últimos años ha sido la destrucción constante de pistas, siempre con la promesa de recuperarlas. ¿Tienes intención de seguir con esa dinámica?

- Hay que ver qué pistas se están trabajando. Por ejemplo, en la Alameda Pardo, una alameda tradicional, hoy la están destrozando: han retirado las bancas y farolas tradicionales para poner bancas de cemento, y han quitado los ladrillos y la berma central para volver a poner prácticamente lo mismo. El vecino se pregunta a dónde está yendo el dinero que tributa. Miraflores tiene varios problemas con sus avenidas principales: en Pardo solo pusieron una capa de asfalto; Benavides está en condiciones terribles, mientras que en la zona de Surco el mantenimiento es adecuado. La respuesta de la gestión es que se trata de una vía metropolitana, y aunque eso es cierto, hay que gestionar los permisos necesarios para intervenirla. En nuestra propuesta, la palabra "mantenimiento" tiene que volver a tener sentido, porque en esta gestión ha desaparecido.

- ¿Qué le ofreces a los jóvenes, que en las últimas gestiones han visto su participación bastante relegada?

- Hago un llamado a los jóvenes y a los no tan jóvenes también. Hay una encuesta que muestra que el 70% de los vecinos está decepcionado de la autoridad actual, el señor Canales. Para nosotros es clave recuperar esa confianza, y en ella está la cercanía. Existe, por ejemplo, el Consejo Municipal de la Juventud, que no se ha activado en todo este periodo. Me he reunido con sus jóvenes miembros y tienen grandes iniciativas —talleres, tecnología, temas smart— que no los han dejado desarrollar.

Lo mismo pasa con el adulto mayor. Se les dice que ya tienen cuatro casas del adulto mayor, pero las personas mayores de 60 años todavía tienen capacidad para seguir aportando. Una de nuestras propuestas es trabajar la intergeneracionalidad: que los adultos hagan mentoría con los jóvenes, y que los jóvenes los apoyen en tecnología. El adulto mayor miraflorino no solo quiere talleres en la casa del adulto mayor, también quiere poner su talento y experiencia al servicio del distrito, algo que hasta ahora no se ha permitido pese a varias iniciativas que hemos presentado. Eso queda pendiente y es parte de nuestra propuesta: el adulto mayor y el joven, con voz y capacidad de decisión en el distrito.

¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Bueno, yo estoy en licencia porque estoy candidateando para Lima Metropolitana. Me siento preparado, tengo las estadísticas, las numéricas en cuanto a mi gestión. Desde que ingresé a la gestión, a pesar de que hemos recibido el golpe de la naturaleza por el cambio climático, estamos en el primer lugar de la ejecución presupuestal a nivel de todo Lima Metropolitana. Lurigancho-Chosica ha logrado ejecutar el 100% en el año 2025 del presupuesto y aparte somos la segunda inversión más grande después de Lima Metropolitana en lo que es la partida 068, que es gestión de riesgos y desastres. Porque en Lurigancho-Chosica tenemos problemas por las lluvias intensas, por el río Rímac, que se puede desbordar. Entonces hemos identificado mayor presupuesto para el tema de lo que es los muros de contención, las escaleras para la gente que puede evacuar, hemos trabajado puentes. Realmente una gestión bastante preventiva en cuanto a enfrentar a estos fenómenos naturales, sobre todo el Niño costero.

¿Chosica ya no corre riesgo ante un Niño?

No va a correr riesgo como antes ocurría, en dos aspectos, salvo el río Rímac, que todavía tiene puntos críticos. En el río Rímac hemos descolmatado para ambas márgenes, pero no es suficiente, porque el río Rímac tiene más de 32 puntos críticos mapeados. Sin embargo, en lo que es el Huaycoloro, recuerda que el año 2007 el río Huaycoloro se desbordó y se llevó el puente en Prialé, generó un problema en Sedapal. Yo trabajé en Sedapal, yo soy ingeniero químico, y ahí hemos logrado que todo ese huaico de Huaycoloro, con alta turbidez, con alto contenido en metales pesados, pase de frente al río. Pero Sedapal se quedó sin agua y una semana casi no se entregó agua a la población, cerca de 11 millones de habitantes. Pero ahora eso no va a pasar, porque ya el Huaycoloro, 10,5 kilómetros, ya está canalizado. Si está canalizado, esto ya no va a desbordarse. Eso es lo más importante, lo que hemos avanzado en mi gestión. Desde que empezamos la gestión, hasta hace unos cuatro meses ya tenemos ese canal Huaycoloro que está totalmente canalizado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Chosica, tenemos más de 21 quebradas activadas y 9 quebradas...

Que pueden activarse.

Claro, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo se activaron con el Yaku, pero 9 quebradas ya tenían barreras dinámicas. Las barreras dinámicas son una especie de atrapahuaicos y ya no sucede lo que antes pasaba. En Chosica se acumulaba mucho lodo y rocas en la Carretera Central, cosa que ahora ya no es así. Ahora esas quebradas ya están con barreras dinámicas. ¿Qué es una barrera dinámica? Una barrera dinámica es una infraestructura metálica importada de Suiza y que está instalada en la margen derecha y en la margen izquierda de la quebrada y también en la parte baja. Cosa que cuando se van llenando los huaicos ya se hace como una barrera y luego vuelve a su lugar.

Esas barreras ya existían. ¿Solo se limpiaron?

Está operativo totalmente. ¿Existía por qué? Porque yo he sido gestor. Antes de ser alcalde, yo trabajé en el tema de esas barreras dinámicas con el gobierno en ese entonces. Yo siempre me dediqué. A pesar de que había un alcalde ahí, nunca quiso poner esa barrera. Yo sí, con los dirigentes he trabajado. Desde el año 2016.

Ese exalcalde busca volver.

Sí, pero ya la gente se da cuenta que realmente él en tema de gestión de riesgos de desastres no ha sido...

Pero lidera las encuestas. Vayamos a Lima. ¿Cómo enfrentará las extorsiones?

A mí me parece extraño de que un alcalde de Chosica quiera ser alcalde de Lima. Me parece extraño. Pero, sin embargo, antes de responderte, es que Lurigancho-Chosica es un distrito enorme. Cinco veces más grande que Surco y 65 veces más grande que Magdalena. Y ambos distritos que te acabo de mencionar son netamente urbanos. Y mi distrito es urbano, periurbano y rural. O sea, es como Lima Metropolitana. Es un laboratorio de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque Lima tiene parte urbana, periurbana y rural. Y las obras que ejecutamos ahí son enormes obras. No son lo que se hace en Surco ni lo que se hace en Magdalena. Entonces, a veces no comparan esa parte. Y aparte, la ejecución presupuestal está por encima de lo que hacen Magdalena y Surco.

¿Y su propuesta contra la inseguridad?

No estoy de acuerdo a lo que están queriendo implementar tanto el exalcalde de Surco y Lima Metropolitana. ¿A qué me refiero? Quieren implementar una policía municipal. Yo voy más por el tema de lo que... Sabemos que en la policía hay problemas. Si ya existe una institución especializada en lo que es reducir la inseguridad, tenemos que fortalecer.

¿Fortalecerá el serenazgo?

Totalmente. Totalmente voy a fortalecerlo, pero no voy a formar una policía municipal. Al contrario, fortalecerlo y articular bien con la Policía Nacional del Perú. Y yo digo por experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Lo que pasa es que cuando no hay compromiso de una autoridad, es bien complicado. Cuando tú no tienes conocimiento, no quieres lograr objetivos, es bien complicado. Pero yo sí soy un gestor que sí trato de lograr objetivos. Porque a mí en matemáticas no me ganan. Yo estoy muy bien en los cumplimientos de las metas y los compromisos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema del serenazgo, Lima Metropolitana tiene que cumplir un porcentaje importante en cuanto a lo que es el patrullaje integrado. A mí me exige, como alcalde de Chosica, cumplir un patrullaje integrado. Nosotros hemos sobrepasado 500 veces el número de patrullaje integrado que me exige justamente el Ministerio de Economía y Finanzas para ver si estoy cumpliendo o no mis metas en cuanto al patrullaje. ¿Y por qué? Porque en mi gestión he comprado... En primer lugar, he logrado un financiamiento de parte del gobierno central de 12,3 millones de soles. Es difícil arrancar un presupuesto al Ministerio del Interior. Es difícil. Yo firmé un convenio con ellos y me han transferido 12,3 millones de soles en tres años. He comprado camionetas, motolineales, cuatrimotos, bicicletas y aparte un convenio con Lima Metropolitana por 70 motolineales. Y todo ese aparato, toda esa parte de equipamiento, lo sé utilizar al 100%. Yo sí reporto, cosa que otros distritos no hacen. Han devuelto las motos porque les falta combustible, les falta presupuesto, pero en cambio el gobierno de Chosica, a pesar de las deudas, ha sabido sacar adelante la reducción de la inseguridad.

Los comerciantes de Chosica siguen denunciando extorsiones.

Sí, en todos los mercados hay extorsión. Hay mucha gente que no denuncia, de un 33% en cuanto a las extorsiones. Ojo, las extorsiones mapeadas, mapeadas, porque hay mucha gente que no denuncia una extorsión. O sea, hay gente que paga y no denuncia esto.

¿Cómo evitará que las economías ilegales infiltren al serenazgo?

Mire, en nuestro caso, nosotros estamos en permanente capacitación a los serenazgos. Y los serenazgos nuestros tienen tres aspectos de especialidad. Un serenazgo que es el que hace la del vigilante, el que camina por las calles, el que está haciendo presencia en el territorio. Un serenazgo que camina, que firma un cuaderno de control comunitario en una bodega, y entonces, de esa manera, hacemos que esté presente, porque está firmando un cuaderno. Se va a otra cuadra, firma nuevamente el cuaderno. Entonces, la estrategia nuestra es poner cuadernos de control comunitario en diferentes partes del territorio. Entonces, por lo tanto, los vecinos están contentos porque tienen un sereno que está caminando. Es más, no solamente el sereno, también el motolineal, también las camionetas pasan y firman su cuaderno de control comunitario.

La falta de presencia y de reacción es uno de los grandes problemas.

Exactamente. Y el trabajo de este sereno también está en trabajar la organización de los vecinos, que haya juntas vecinales. Si no hay juntas vecinales, este sereno solo está prácticamente vulnerable. Mira, mataron a un sereno en Surco, un lugar donde hay más cantidad de serenos, y lo mataron. ¿Por qué? Falta de capacitación, falta de preparación, y se expuso ante un delincuente que sí planifica, que tiene arma letal. En mi caso, tenemos una cantidad de cerca de 550 serenos que estamos trabajando y, es más, todo el equipamiento que he manifestado, hemos comprado 200 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, con reconocimiento de placas, con inteligencia artificial, que es la última tecnología, pero el sereno hoy está capacitado en uso de las tecnologías, en hacer un mapeo. El sereno que maneja bien las tecnologías en las cámaras de videovigilancia está viendo, por ejemplo, todas las cámaras y ve que hay un acto sospechoso, que pasó una vez, pasó dos veces o tres veces. ¿Qué está pasando hoy con este señor? O con esta unidad móvil que está dando vueltas dos o tres veces. Esa información entra al data center, al sistema, a la plataforma, y esa información inmediatamente permite tomar decisiones porque ha pasado cinco veces. El problema de muchos distritos en Lima es que existen muchas cámaras, pero o están apagadas o simplemente no tienen el personal idóneo para que las gestione. Por eso la capacitación en tecnologías. Yo mantengo siempre un nivel de capacitación a mi personal. Yo soy muy exigente. A mí me han exigido y yo soy muy exigente. Y aparte también nuestros serenos están capacitados en lo que es la emergencia. Ellos rescatan en el río Rímac, en las quebradas, cuando hay incendios, cuando se desborda el río Rímac, ellos rescatan. Están preparados para rescatar.

En el debate fue muy crítico con López Aliaga. ¿Qué le pareció que se presentara?

Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones dio una salida legal al tema, ya no se puede hacer más. Pero nosotros pedimos que solamente los candidatos a la alcaldía sean los que vayamos al debate. Y bueno, yo siempre he pedido que el Jurado Nacional de Elecciones sea más transparente en sus acciones, porque en realidad no ha respondido a tiempo respecto a las consultas que hicimos, a lo que es la reelección encubierta.

¿Sigue considerando que es una reelección encubierta?

Sí, totalmente. Rafael López Aliaga ha trabajado conmigo. Hemos trabajado juntos. Él es bien ejecutivo. Yo también soy ejecutivo, como ingeniero. Pero él no es ingeniero.

Es ingeniero industrial, creo.

Tiene estudios, pero no es ingeniero. Bueno, yo sí soy ingeniero. Entonces yo soy bien práctico. Y yo sí dialogo con la gente. Él no. Pero sí soy proactivo. Soy muy proactivo, pro proyectos, pro obras. Por lo tanto, el tema del marco legal es un tema importante y él se ha salteado a eso. El otro también. ¿Cómo es que el Jurado le acepta renunciar a un cargo importante que la población lo eligió como senador? Y eso es un acto irrenunciable. Sin embargo, ¿cómo el Jurado le ha aceptado esa renuncia? Entonces, estos son casos que creo que el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido totalmente transparente en ese aspecto. Pero bueno, estamos en el juego político, estamos en pleno proceso eleccionario. Él ha ido al debate, ha dado sus propuestas. Y yo lo que he dicho es que, por ejemplo, el tema del tren, que es un tema que él también lanzó, y yo también soy proactivo. El tren es chosicano. Todo chosicano quiere un tren. Y yo no he dicho que el tren sea chatarra, nunca lo he dicho así.

¿No le parece chatarra?

No, yo soy práctico. Yo he viajado a California y conozco muy bien esos trenes antiguos, que tienen 80 años de vida útil. Le faltan 40 años. Entonces, ha funcionado ese tren. Hemos probado con Lima en ese momento y ha pasado el tren hasta Chosica. Entonces, lo que falta es que el MTC, que se hace el loco, el MTC que le ha pasado de taquito a ProInversión la ejecución de ese proyecto, para que se queden meses y meses, hasta un año de repente, y se empolve ese proyecto. Entonces, lo tienen ahí guardado. El MTC tiene que certificar las locomotoras y los vagones para que puedan operar. Y eso es lo que yo voy a exigir como alcalde de Lima, para operar, porque no es tan complicado.

Hay muchos pasos a nivel por sanear. ¿La responsabilidad es solo del MTC?

Totalmente, es la unidad ejecutora la que tiene que ver con este proyecto.

Chile compró trenes más modernos por mucho menos. ¿Lima debe conformarse con locomotoras viejas?

Mira, no tenemos que conformarnos con eso, ¿no? Ese es el fondo del asunto. Hoy en día se habla de trenes bala, ¿no? Esos trenes que le dicen, pues, en Europa o en Asia, ¿no? Y que son ecosostenibles y son mucho más rápidos.

A Chile le tomó menos de tres años, desde el expediente hasta la llegada de los trenes.

Sí, pero es otra historia.

¿Por qué conformarnos con malas gestiones?

No nos conformamos con eso. Yo no soy conformista, yo sí soy práctico. Yo utilizo al máximo los recursos. Si veo que esos trenes están empolvados, tengo que ver que operen. Eso es, como todo ingeniero, nos han enseñado a ser más eficientes y eficaces en el trabajo, sobre todo en el uso de los recursos al máximo. Por eso que yo, mi ejecución es al 100%.

Lima perdió parcialmente un arbitraje y podría heredar una deuda enorme. ¿Cómo la manejará?

Mira, esa es la razón por la que él quiere volver, ¿no? Mira, yo soy, como ingeniero, yo soy un gestor. Como alcalde voy a ser un gestor. Porque, mira, ojo, en mi distrito nada más, en Lurigancho-Chosica, hemos logrado el financiamiento, la ejecución de obras por cerca de 1.500 millones de soles. En ningún otro distrito ha habido esa cantidad de financiamiento, de ejecución presupuestal. En Lurigancho-Chosica, sí. Entonces, esa capacidad de gestión yo la tengo. Con mi experiencia como ingeniero, más de 35 años en la gestión pública y también en la privada, haciendo uso de esta modalidad de ejecución de obras por impuestos con la empresa privada. Entonces, Lima requiere un gestor, pero también requiere un líder en el tema de lo que es el manejo de la gestión pública. ¿A qué me refiero? Lima, así como está, tiene un presupuesto de cerca de 1.800 millones de soles. Menos la deuda que está dejando el candidato López Aliaga. Es un problema. O sea, realmente va a ser bajísima la ejecución del presupuesto y no va a tener muchas obras ejecutadas. Ojo, mira, Lima tiene un presupuesto participativo de 15 millones de soles. En Lurigancho-Chosica, 22 millones de soles. Te cuento, un distrito con mayor presupuesto participativo que Lima Metropolitana, que tiene que priorizar proyectos para 43 distritos. Entonces, ahí te das cuenta de lo que es la capacidad de gestión. Entonces, Lima requiere un gestor que tenga esa capacidad. Mira, el alcalde de Surco, Carlos Cruz, solamente ejecuta 19 obras en el año 2025 y se pone un techo bajo para cumplir las 19 obras en poco tiempo. "Hemos sido 100% en inversiones", dice, pero yo he logrado más de 80 obras en inversiones, y encima en un lugar más dificultoso. Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, no hay comparación. Yo tengo que cerrar brechas. Él no cierra brechas.

¿Cuál es su propuesta para el tráfico y el transporte público?

En principio, fortalecer el trabajo que viene haciendo el Metropolitano. No todos los jóvenes utilizan el Metropolitano. En horas punta, yo sí también lo utilizo. He recorrido norte, hacia sur también, pero el este no tiene. Por ejemplo, no tiene el Metropolitano del este. Pero el que va al norte o hasta el sur tiene que fortalecerse. O sea, más unidades de Metropolitano y una ampliación hacia Puente Piedra, y otro que puede estar incluso hasta Pucusana, o de repente antes, pero que amplíe el Metropolitano.

En horas punta la gente no puede ni entrar ni salir. ¿Basta con más buses?

La ampliación de las vías del Metropolitano. Y también continuar con el Metro 2, que ya pronto va a operar para conectar desde Ate Vitarte hasta el Callao. El tema del Metro 3, también de norte a sur, de sur a norte, hacia Lima. Y el Metro 4, que también es otro proyecto que debe continuar.

Los chosicanos piden extender el metro hasta Chosica.

Exactamente, exactamente. Mira, hace 30 años yo viajaba desde Chosica hacia Lima para irme a la UNI. Ahora no tenemos Metropolitano. Ni siquiera tenemos alimentadores al Metro 2. Entonces, voy a trabajar en esos proyectos para los alimentadores y también para el Metropolitano, porque en Lima Este hay 3 millones de habitantes. En Lima Norte hay un poquito más de 3 millones de habitantes. Entonces, tenemos que darle mayor apoyo y transporte seguro a la población, sobre todo a los jóvenes. Mira, muchos jóvenes dejan de estudiar, dejan de trabajar, porque quieren venir a Lima y no pueden. Y ahí los llaman los ninis. Entonces, creo que ahora, con mi gestión, nosotros vamos a implementar una plataforma que se llama Mi Chamba 4.0, que funciona en Chosica, y que lo vamos a hacer a nivel de todo Lima Metropolitana.

¿En qué consiste?

Las empresas privadas buscan talentos, jóvenes talentosos, profesionales, que puedan trabajar en sus empresas. Convocan concursos para poder trabajar. Entonces, esa plataforma es justamente para que las empresas privadas puedan colocarse ahí, en esa plataforma, y convocar concursos para convocar a los jóvenes. Y nosotros hemos logrado que más de 500 jóvenes puedan entrar con todos los beneficios en las empresas privadas. Y hemos ganado un premio con Migraciones. ¿Por qué? Porque esa plataforma también ha brindado la oportunidad de trabajo a jóvenes extranjeros. Entonces, ese programa permite, justamente, incluir a estos ninis, para las oportunidades, y también, no solamente de trabajo, también de estudios. Porque muchos... Mira, yo tenía que irme de Chosica hasta la UNI. Muchos dejan de ir a estudiar, porque, aparte, es tranca. Ya dejan de estudiar.

Se pierden horas de vida y felicidad.

Así es. Por esa razón, nosotros tenemos que trabajar por ese bienestar de la juventud. Tenemos que trabajar por el bienestar de las personas con discapacidad, del adulto mayor. Porque, en realidad, como gobiernos locales, tenemos que pensar más en trabajar con rostro humano. Yo sé que hay [inaudible] concretos que hay que trabajar, pero el tema humano es lo más importante.

¿Cuál es su visión para Lima?

Una Lima segura. Una Lima con un desarrollo sostenible. Una Lima ambientalmente, socialmente y también económicamente sostenible, que permita el desarrollo para que nuestra población tenga las condiciones mínimas y que ese desarrollo sostenible se mantenga siempre en el tiempo. Esa es mi visión para Lima. Y, bueno, sobre todo, la seguridad. Porque cuando hay seguridad, hay desarrollo. Pero antes de la seguridad, es la educación. Sin educación, no hay seguridad.

¿Qué propone en educación?

Mira, yo soy uno de los alcaldes que ha trabajado con los colegios, con el sector educación. Hemos invertido en construir sus servicios higiénicos, darle su agua potable, sus fachadas, [inaudible], canchas deportivas, grass sintético. Cerca de 20 colegios de mi distrito están totalmente atendidos. Cosa que no lo ha hecho el Ministerio de Educación. Pero nosotros estamos trabajando en la infraestructura, conjuntamente con las APAFA. Pero más allá de eso, es que debemos trabajar más en el tema académico, en la formación. Estamos últimos en la prueba PISA. Y eso es lamentable. Todo el tiempo con esa mala noticia, no puede ser. Yo creo que hoy en día el rol de un alcalde también está en trabajar el tema de la educación. Y a mí me gustaría entregar libros, porque eso no hemos logrado, porque queríamos trabajar el tema de bibliotecas. Pero desde Lima vamos a trabajar en la construcción y también la implementación de bibliotecas, y darle los libros necesarios para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

¿Por qué votar por usted y no por quienes lideran las encuestas?

En primer lugar, yo tengo que saludar y agradecer a quienes apostaron en segunda vuelta por Juntos por el Perú, un 40% de la población, sobre todo la gente de los cerros. Yo nací en un cerro, al costado de la quebrada, y me siento un ingeniero que siempre viene apoyando los proyectos para la gente que más necesita en las zonas vulnerables. Me refiero a la zona periurbana y rural. Me dirijo a ellos y también a toda la población de todo Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de identificación de gente de los cerros, porque tengo el color de los cerros, sino más allá también del tema de que soy un gestor como ingeniero. He logrado los mejores indicadores de gestión en cuanto a la reducción de la criminalidad, en cuanto a la reducción de la anemia, hemos reducido el 10%, en cuanto al acceso al agua, a pesar de que no son mis funciones, pero estoy invirtiendo más de 10 millones de dólares en el tema del agua, y también en el tema de transportes y lo que es gestión de riesgos de desastres. Soy el único alcalde que ha logrado trabajar en el tema de prevención y estoy más preparado ante cualquier situación de riesgo, y eso ya no impactará en la Gran Lima. Por esa razón, yo pido a la gente y a toda la población de todo Lima, que tienen aquí a un hijo de provinciano, que ha nacido aquí en Chosica y que está muy identificado con el desarrollo sostenible de todo Lima Metropolitana, que este 4 de octubre no se olviden de marcar [el símbolo] de Juntos por el Perú.

¿Por qué quiere ser alcaldesa de La Punta?

La Punta siempre se ha caracterizado por ser un sitio seguro, ordenado, donde todos nos conocemos, casi como tíos, primos y sobrinos. Eso ha ido cambiando: casi el 40% de los habitantes son adultos mayores, y el resto ha ido llegando de afuera con las nuevas construcciones. Es momento de retomar nuestra casa. La Punta es nuestra casa, y las playas son nuestro patio, nuestra playa particular. La compartimos con la gente, pero la cuidamos tanto que no podemos permitir que se cambien costumbres que antes no teníamos. Recibimos mucha gente de afuera porque los partidos políticos grandes imponen cosas, no somos un distrito autónomo. La idea del punteño no es política, el que entra de alcalde es más vecino que político, y ahí es donde se malogra el pueblo.

¿A qué costumbres se refiere?

En La Punta siempre se han hecho fiestas representativas del distrito, como los carnavales o la Noche Veneciana en las playas, y antes eran puros punteños con amigos. Hoy en día va mucha gente desconocida: en una fiesta encuentras un 20% de vecinos y el resto ya no es del barrio. El vecino ya no está sintiendo ni compartiendo nuestras costumbres, se están perdiendo. Los visitantes son bienvenidos, pero lo disfrutan más que el mismo punteño. El sábado hubo un concierto de rock con bandas de mi época, como Río, y de gente menor, como Mar de Copas, y fue lindo ver la cantidad de gente punteña que había. Ahí nos dimos cuenta de que el punteño quiere eso, algo que lo identifique.

¿Cree que el vecino punteño no está participando en las decisiones de la municipalidad como debería?

Porque no se les está tomando en cuenta. Los temas políticos en el distrito no se manejan por partido, se manejan por vecino. Al vecino le gusta que sus autoridades le avisen, por ejemplo, si van a construir un edificio al costado de su casa. Si de la noche a la mañana le pones un letrero, el vecino se siente aislado, sin voz: se entera de una obra recién cuando ponen la primera piedra. Es una acción impuesta, impositiva, en la que los vecinos deberían estar incluidos.

Hay un proyecto de muelle flotante para La Punta. ¿Cuál es su perspectiva?

No es un espigón, lo que quieren poner es un muelle flotante. Yo particularmente haría embarcaderos para los pescadores, que son las personas que llegaron primero a ese distrito, antes que nosotros, y hoy se les trata con mucha indiferencia. Falta principio de autoridad: si eres autoridad, das una ordenanza, indicas cómo deben funcionar las cosas, y al que no cumple se le saca del lugar. Acá se ha hecho todo lo contrario, han esperado que pase algún problema para, de frente, querer cortar cabezas. El pescador dejó la pesca desde la pandemia, y con el cambio climático la actividad ha bajado más; por eso encontraron una forma de vida con los paseos en bote por la bahía, y no tienen ningún puente propio. Además tenemos vecinos que practican sandfish, vela, remo, kayak y paddleboard, un grupo de personas náuticas que también quiere un muelle, y en verano llegan academias de natación, de sandfish y de vela que llenan la playa. Hay que ordenar los deportes náuticos, pero construir un muelle no sería bueno: tenemos clubes como Universitario, Regatas, Unión y el Canotieri que podrían alquilarles el puente. Nuestras playas ya se han achicado con los maretazos y los oleajes anómalos. Meterle ahí un muelle flotante, aparte de antiestético, no es funcional, cuando se puede encontrar otra forma.

Compite contra varios candidatos, entre ellos el de Renovación Popular. ¿Por qué usted sería mejor candidata?

Yo ahorita estoy de licencia, hasta el 4. Soy la teniente alcalde del distrito, entré invitada a esta gestión y nunca me inscribí en el partido; actualmente estoy en Unidad y Paz, inscrita hace casi tres años. Considero que soy la candidata porque soy una persona muy frontal, muy transparente. Nunca he visto La Punta ni los temas de la municipalidad como un lucro, yo me dedico a otras cosas. Desde que empezó mi gestión vi que las cosas no iban como yo pensaba: no éramos una entidad autónoma, siempre había alguien arriba dirigiendo los caminos del distrito, los partidos grandes. Yo nunca me inscribí con Renovación Popular porque desde el sexto mes de mi gestión ya tenía diferencias, no con el alcalde como persona, sino como gestor: no estaba de acuerdo con la gente que trabajaba con él, con los gerentes. Mi labor era fiscalizar, y eso no le gustó; quedé un poco aislada, pero no dejé de cumplir mi función. El candidato de Renovación Popular, Renzo Figallo, vivió su adolescencia y niñez en La Punta, y ha regresado este año para postular. La campaña está recontra dura, con memes y troles, hasta avergüenza salir a las redes; no voy a pelear con el trol ni con el meme, aunque pongan fotos de mis hijos y mis nietos. No quiero que mi distrito llegue a esto, es una degradación. Renovación siempre ha sido visto como un partido responsable, pero en el Callao no se está viendo bien: los partidos se están usando por intereses personales, ahí no está el vecino.

¿Y el tema del presupuesto?

Si te dijera que en un distrito de diez cuadras este año estamos recibiendo 52 millones de soles anuales, deberíamos vivir como reyes; sin embargo, tenemos de las peores pistas. Los gastos corrientes se van en planillas, porque tenemos 900 empleados en un distrito de diez cuadras. No es la idea de entrar y sacar a la mitad de la gente de un momento a otro, hay que hacer una reorganización, aunque reducir ese gasto es complicado. El distrito necesita que los vecinos se sientan contentos con sus autoridades, que salgan a la calle y se sientan bien en seguridad, que no les corten la luz una o dos veces al mes por el tema de la humedad y los cableados mal instalados, o que tengan un sistema de agua que a veces ya no aporta. Cada tres meses rompen las pistas y las veredas, encima que ya están malas, y no hay una denuncia formal ante las entidades responsables porque la municipalidad, que es la usuaria, no denuncia.

¿Cuál es su visión de La Punta?

Queremos que La Punta vuelva a ser lo que los vecinos desean, que sean felices, que disfruten el distrito. Darles la bienvenida a la gente y tener algo que ofrecerles, no un distrito sucio y roto, porque tenemos hermosas playas. Hay que crear espacios turísticos: tenemos restaurantes que la municipalidad debería incentivar con un sello municipal, y hacer convenios con el resto del Callao para armar una ruta turística, porque hoy solo tenemos, en la entrada, la Torre de la Marcela, de las batallas del 2 de mayo. Y lo que más me interesa, en vez de construir más obras, es recuperar áreas verdes: La Punta ya no tiene dónde tirar más cemento. Tenemos casonas hermosas, la mayoría de propietarios adultos mayores, en las que vamos a invertir junto con los vecinos para convertirlas en galerías de arte, como pasó en Barranco o en Miraflores, para que la cultura regrese al distrito.

Llegar hasta La República le tomó hora y media desde San Miguel

Las interrupciones han sido accidentes, cuestiones no previstas, que son una de las principales causas del tráfico que tenemos. Tenemos que enfocarnos en solucionar esas disrupciones. Si lo logramos, vamos a incrementar la velocidad media de desplazamiento, que es el objetivo por lo menos dentro de los tres primeros meses, y no solamente en las horas punta. Además, tenemos que tener una ruta dedicada, exclusiva, para que el parque automotor pesado atraviese Lima y llegue al puerto de Chancay. Estamos hablando de la carga exportable que viene del sur.

Es un proyecto de gran envergadura.

Por supuesto, pero puede iniciar en este momento y terminar en 10 años. Yo estaba viendo los proyectos que tiene el Ministerio de Transportes a través de la ATU con relación a los trenes, donde tienen un plazo de 10 años para terminar solo los expedientes. Es demasiado tiempo. Tenemos que ponernos metas a corto plazo, quizás ejecutar simultáneamente los proyectos. Necesitamos expedientes. El expediente es como la partida de nacimiento de las ideas.

El alcalde que busca la reelección encubierta ha demonizado los expedientes técnicos. ¿El vecino los ve como una excusa para no hacer, o para robar?

Desgraciadamente quizás no se ha explicado bien ese tema. Un expediente técnico te delimita el presupuesto. Tienes que iniciar con un presupuesto y terminar en lo posible con ese presupuesto. Ya tienes un límite de gasto y una planificación en un cronograma. No podemos decir "vamos a iniciar una ejecución" sin saber cuánto costará. Tenemos que saberlo el primer día para ver cuándo vamos a terminar y cómo podemos acortar los plazos, porque el desarrollo de un pueblo se fortalece cuando ejecutas un gasto y ahorras sobre ese gasto. Si no tienes presupuesto, imagínate, una obra que debe costar mil soles termina costando diez mil soles.

Es lo que costará arreglar la Vía Expresa Sur.

Claro. Con las obras en ejecución, esos costos se incrementan, se triplican en muchas ocasiones, porque las formas de ejecución, los cronogramas, la maquinaria y hasta la tecnología ya no son los mismos. Vas a tener que trabajar en horarios nocturnos, con traslapes de personal, con la vía restringida. Son varios aspectos que van en contra del beneficio del proyecto.

En Chosica tienen tren, pero igual tardan tres horas en llegar a Lima y volver.

La idea es que tengan un tren moderno. No es justo que por ser Chosica tengan un tren de hace 40 años. En 1986, cuando yo era alumna de la Universidad Nacional de Ingeniería, llevé un curso llamado Caminos 2. Llegó al salón un grupo de estudiantes chilenos, tres militares y dos civiles, que terminaron el curso y se fueron a su país. Después de 20 años me enteré de que eran los iniciadores de su plan de vialidad en Santiago. En agosto de 2025, ellos descargaban en su puerto el vagón más moderno de América Latina. El 15 de agosto de 2025, nosotros descargábamos los trenes de Caltrain de 40 años de antigüedad. Y ojo que en esos años ellos eran un gobierno militar y nosotros ya teníamos democracia. Estamos 40 años atrasados por no haber llevado una política que vea esos aspectos.

Seguir haciendo parches en vialidad, agua potable y medio ambiente va a significar que en 50 años vamos a estar 100 años atrasados. El gobernante tiene que conocer de primera mano cómo tiene que ser el camino y tener las herramientas para tomar decisiones efectivas, para saltar esos 40 años que desperdiciamos. Hoy tenemos herramientas poderosas, como la inteligencia artificial.

¿Cómo las aplicaría?

Cuando me hablan de drones, para mí es un tema serio. Sí quiero utilizar drones para la vigilancia, pero no quiero comprar drones comerciales. Eso es un error. ¿Cómo vamos a confiar nuestra información a una empresa privada y a veces extranjera? ¿Cómo vamos a entregar una plataforma de reconocimiento a una empresa israelí? Tenemos la capacidad de desarrollar esas tecnologías acá. Podemos implementar drones de 70 dólares en promedio de costo para tener por lo menos 1.400 drones efectivos en el territorio de Lima. No es que voy a vigilar una calle. Tengo que vigilar todo, si no, no vigilo nada. Si me compro un drone comercial que cuesta 2.000 dólares, el más económico, ¿te imaginas la inversión?

Hay dos Limas. Una central, con San Isidro, Miraflores o San Miguel, y otra que parece otro país. San Juan de Lurigancho, Comas o San Juan de Miraflores sufren desorden urbano, extorsión y tráfico de terrenos. ¿Qué hará?

Aquí va por un tema de ordenamiento territorial. En el gobierno de Kuczynski, uno de los objetivos de la reconstrucción fue reconstruir mejor. Pero los alcaldes olvidaron una función muy importante, que es proporcionar y habilitar zonas de crecimiento en su territorio. Eso no lo hacen. Entran en contubernio con los traficantes de terrenos y creen que así se amplía la frontera urbana. Pero no hay Estado, no hay municipalidad, no hay proyecto de urbanismo. Esa tarea tiene que liderarla el gobierno metropolitano.

También estamos en una zona sísmica y tenemos que cambiar el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya no debemos permitir en la zona céntrica de Lima edificios de más de cinco pisos que no tengan ninguna infraestructura de amortiguamiento. En el norte y el sur, donde tenemos suelo blando, arenas y lentes de arcilla, necesitamos construcciones que no vayan más allá de los tres niveles y especificaciones de cimentación reguladas por la municipalidad. Si todos están calladitos, cada quien construye como quiere. En zonas de Villa María, donde los cerros están habitados casi verticalmente, cualquier terremoto de más de 6 o 7 grados puede hacer que todo se venga abajo hasta la pista. Son peligros que debemos prever, y para eso está la norma.

La próxima gestión heredará una ciudad desfalcada y un posible pago de más de 400 millones de dólares. ¿Cómo financiará sus propuestas?

Es un presupuesto bastante ajustado, y en el primer año ejecutaremos lo que ya se aprobó este año. Sin embargo, un informe de Contraloría sobre 2023 detectó corrupción municipal a nivel nacional por algo más de 24 mil millones de soles. A la Municipalidad de Lima le correspondían aproximadamente 970 millones.

¿Cómo recupera esos 970 millones?

Haciendo la reingeniería de la función pública. Lo planificado tiene que ejecutarse dentro de los montos y las funciones previstas. El origen de esos casi mil millones fue inconducta funcional y corrupción pura. Inconducta funcional es cuando el funcionario hace un acto fuera de la ley. Firma el pago de una obra no prevista o autoriza una compra que no se hizo. Evitando eso ya recuperas ese dinero. Y eso es lo documentado. Imagínate lo que no está documentado, las coimas que se cobran cuando se ejecuta.

En el debate hablé de un modelo de caja negra. Cuando la municipalidad entrega la adjudicación de un proyecto al PNUD, le entrega un presupuesto y ellos lo distribuyen de acuerdo a un convenio privado, que no es público. No sabemos cuánto costó la obra, cuánto costó la supervisión, si hubo expediente o no. La Contraloría tampoco lo publica. Tenemos que tener acceso a esa información, sabiendo el antecedente que tienen las municipalidades con la ejecución presupuestal.

Muchos barrios no tienen parques, y los que hay están abandonados. En San Juan de Lurigancho se quiso hacer una playa y hoy es una cloaca.

¿Tú sabes lo que le da vida a un parque? El agua. Si no tienes agua, no tienes vegetación. Puedes poner veredas y un letrero que dice "parque", y la gente se va, porque es tierra. Pero si pones árboles y pasto, con piedritas para los caminos, la gente entra. Para eso necesitamos agua. Entre La Chira y La Taboada estamos botando al mar 26 metros cúbicos por segundo. Si procesamos toda esa agua servida de origen urbano, podemos regar el 80% del área de Lima Metropolitana.

Tenemos que reglamentarlo. Hay que obligar a que los edificios nuevos de más de 12 departamentos tengan una plantita de microtratamiento para que el agua que emiten riegue sus áreas verdes colindantes, o el parque más cercano. Esas plantas deben tener paneles solares para que sigan funcionando si hay un apagón de más de seis horas. Es una política que tenemos que emprender como Municipalidad de Lima Metropolitana.

Si quiero masificar el ciclismo, también tengo que poner áreas verdes. No puedo dejar a los ciclistas expuestos al monóxido. En Europa, las ciclovías paralelas a las vías de los autos tuvieron cifras observadas de cáncer de pulmón.

Lima está pensada para los carros, no para las personas. ¿Mantendrá esa visión?

Las vías internas deben ser para los peatones o para el transporte. Las ciclovías van a integrar muy bien Lima, pero ese es mi horizonte a 50 años. Hoy tenemos que impulsar corredores viales, porque no todos manejamos bicicleta. Yo necesito una de tres llantitas, por si acaso me caigo. ¿Cuántos corredores tiene Chile? Ocho, y el área es menos de la mitad de Lima.

Si seguimos comparándonos con Chile, nos vamos a deprimir.

Y el problema es que queremos quedarnos en Lima. Lima es hermosa. Teniendo el agua, le ponemos flores, no solamente verde. Yo le pregunto a mis amigos que hacen proyectos de pistas, veredas y corredores viales dónde está el jardín y cómo lo van a regar. Me dicen que eso no es importante, que lo riegan con cisterna. Eso es regar con balde.

Los vecinos no se sienten escuchados. ¿Cuál es su propuesta de participación vecinal?

Tenemos una pirámide. Primero el dirigente vecinal, luego el serenazgo y los funcionarios. El dirigente vecinal plantea la necesidad en primera instancia y además será nuestro informante, porque sabe dónde se ubica el acto delictivo. Ayer presentamos nuestra app para las mujeres. Vamos a poner una app a disposición de las mujeres en todo Lima que, al accionarla, transmitirá una señal a nuestra central de vigilancia. Primero se activará a los dirigentes vecinales cercanos, antes que el serenazgo, con un protocolo de intervención.

A nivel metropolitano tienes que tener protocolos para todo. Un perrito sale sin correa, protocolo. Una emergencia mujer, protocolo. En el centro de vigilancia no solo tiene que estar la policía, también la fiscalía y el SAMU si hay un accidente. El tráfico de hoy en las vías metropolitanas se debió a tres accidentes simultáneos.

Hay mucho abandono en las vías metropolitanas.

Y la presencia de la policía de tránsito en esos momentos no es efectiva. El policía no debe estar manejando el tráfico en horas punta. Eso deberían hacerlo los semáforos. Por eso es necesaria la central de vigilancia. Hace un par de días vi que están por inaugurar la central 911 y me dio impotencia. ¿Un millón de llamadas al 911, y tienes que construir un edificio que cueste más de 100 millones? No puede ser.

Para cerrar, ¿cuál es su propuesta prioritaria?

La inseguridad ciudadana nos está rebasando y es lo que tenemos que solucionar. Nuestra central de vigilancia de la seguridad y del transporte, porque es un tema integrado, tiene que ser una realidad. La vigilancia tiene que ser efectiva por aire, por tierra y en las playas de Lima. Necesitamos un ejército de 1.400 cámaras como mínimo, con un respaldo de la misma cantidad. Cámaras hechas en el Perú. Plataforma digital hecha y desarrollada aquí en el Perú por nuestros profesionales. Tenemos carreras de inteligencia artificial y de mecatrónica, con más de 200 ingenieros en el mercado. Tenemos que convocarlos y desarrollar software a nuestra medida. Y la policía tiene que estar presente, porque vamos a manejar información sensible, información personal. Es un tema muy delicado.

Va a ser una solución efectiva, como lo ha sido en Corea del Sur. El año pasado pude ver una central de vigilancia en Washington. Sí vamos a progresar y recuperar los años en que no hicimos nada.

Antes de que Flor Pucarina fuese Flor Pucarina, Leonor Chávez Rojas había nacido en la sierra central en 1935, el mismo año que se conmemoraba el cuarto centenario de la fundación de Lima. En ese momento, estaba muy lejos de imaginar siquiera que conquistaría la capital junto con otros artistas folklóricos. Pero eso estaba a punto de cambiar. Una nueva ola de migración hizo posible reducir las distancias, geográficas y sociales, entre los peruanos de las regiones y quienes vivían en la capital, facilitando su desplazamiento y asentamiento en ese espacio hostil conocido como Lima.

El libro Hasta que por fin llegaste (publicado por la editorial Lliu Yawar) y el documental Flor Pucarina. Rebelde hasta los huesos (dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo) son parte de una feliz coincidencia. Y ambos permiten mostrar no solo el lado humano de una de las artistas más importantes que ha tenido nuestro país, sino también adentrarse en un lado más íntimo y desconocido de su trayectoria profesional y en cómo intentaba conciliarla con su vida personal hasta su muerte en 1987.

Para el público joven puede que sus canciones sean un tanto lejanas, pero lo cierto es que estas nunca dejaron de sonar en radios, YouTube o eventos familiares. Lo paradójico es cómo alguien que es tan importante en la cultura nacional no ha recibido mayor reconocimiento por parte de los medios y las autoridades. De manera póstuma, Flor Pucarina recibió numerosos homenajes, desde su propia localidad, que la declaró Hija Predilecta de Pucará, hasta el Gobierno, que la nombró Personalidad Meritoria de la Cultura en 2021. No menos importante es que Unesco reconoció su labor para que Huancayo fuese declarada como Ciudad Creativa.

Los testimonios y registros visuales que acompañan el libro y el documental dan cuenta de la enorme importancia que tuvo la escena cultural andina en Lima hasta los años 1980. Llegado el fin de semana, miles de personas, fueran provincianas o no, se volcaban a los coliseos para conseguir entradas y disfrutar de las presentaciones en vivo de sus héroes musicales. Artistas como La Pastorita Huaracina, El Picaflor de los Andes, El Jilguero del Huascarán, La Princesita de Yungay contribuían a establecer vínculos entre los migrantes y sus comunidades de origen.

Esta escena musical andina se convirtió en un verdadero fenómeno: ocupaban los primeros lugares en las listas de venta de discos y casetes, tenían shows en televisión y reflejaban (junto con las asociaciones provinciales) cómo ese enorme flujo humano se estaba adaptando y cambiando a su vez la capital y a los limeños. Flor Pucarina tuvo un rol especial en esta tarea, rompiendo el molde que asignaba a los provincianos una identidad única y monótona para mostrar, más bien, la diversidad cultural del país y del folklore wanka. Junto con ella, Zenobio Dhaga y Picaflor de los Andes compitieron con los artistas ancashinos que llenaban los coliseos cada fin de semana.

Otro aspecto que el libro y el documental resaltan es el carácter independiente de Flor Pucarina como artista mujer. En una escena dominada principalmente por artistas y bandas masculinas, la migración ofrecía nuevos espacios y oportunidades para que mujeres y artistas pudiesen desarrollar una carrera propia, algo que estaba comenzando a darse en la música criolla y en menor medida en la nueva ola y el rock local. Con todo, las letras de sus canciones podían hablar de amor, de desamor, de nostalgia y de su región, sin que ello menoscabe su rebeldía y deseo de autonomía.

Tanto el libro como el documental no solo reconstruyen su vida y fama, sino que también dan pistas para comprender su legado. Flor Pucarina se formó a partir de la rica cultura de la sierra central no solo en su música sino también en la comida y los vestidos. No redujo este rico conjunto de tradiciones a un producto destinado a satisfacer a un público, sino que contribuyó a llevar esa misma cultura a distintos rincones del país y del extranjero. La vestimenta en sí, que ella misma confeccionaba para sus shows, pudo ser exhibida masivamente en sus distintas vertientes, tanto en los espectáculos en vivo como en la televisión.

En un momento en que la cultura parece ser monótona y la pantalla grande solo parece mostrar secuelas interminables de superhéroes o de una imaginada clase media limeña, Hasta que por fin llegaste y Flor Pucarina. Rebelde hasta los huesos ofrecen una alternativa distinta, y permiten adentrarnos en una cultura viva que, a cuarenta años del fallecimiento de Flor Pucarina, existe aún en la capital y en muchos rincones del país. Si bien no contamos con lugares públicos que celebren la enorme contribución de los migrantes a lo que hoy conocemos como Lima, las canciones de Flor Pucarina y de otros artistas pueden seguir siendo escuchadas.

Es una feliz coincidencia ver cómo su figura reaparece en el papel y la pantalla grande. No siempre eso ocurre, de modo que, apenas puedan, consigan el libro y vean el documental, y de ese modo estarán recuperando (y ayudando a extender) una historia que persiste a pesar de todo.

Esta bala lleva tu nombre. Genealogía de la extorsión en Trujillo y el Perú (1993-2014) ha sido publicado por dos editoriales independientes (Reino de Almagro y Punto Cardinal). Su autor, Jorge Nureña, escribió una primera versión para su tesis de historia en la Universidad Nacional de Trujillo. Su estudio encaja en lo que conocemos como “historia reciente”, pero más aún, responde a una preocupación al ver cómo su ciudad se ha convertido en un espacio de criminalidad en las últimas tres décadas. Una de las ventajas del análisis histórico, que Nureña aplica muy bien, es el de brindar una visión panorámica de un proceso, estableciendo cronologías, actores y quiebres.

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Así, el libro aprovecha los numerosos estudios y reportajes sobre el tema, que no obstante brindaban visiones muy específicas y que impedían ver la transformación de Trujillo. A pesar de su importancia, el libro llevaba varios años agotado y circulando de manera limitada solo en el norte del país, de apenas doscientos ejemplares. Cien de estos se vendieron y los otros cien (por esas ironías de la vida) fueron robados. Esta reedición hace del libro una lectura urgente, en un momento en el cual en estos últimos seis meses se han registrado más de doce mil denuncias; es decir, tres denuncias por hora.

Para el autor, la extorsión no surgió de un día a otro. Hay dos etapas muy marcadas en su aparición. La primera (1993-2014), donde el declive de la violencia política deja en evidencia la existencia de crímenes y robos que, si bien pueden considerarse menores, permitieron la formación de pandillas. Estas fueron el germen de las futuras bandas criminales como “Los Pulpos”, que rápidamente (desde 2005) desarrollaron formas más sofisticadas de crímenes a partir del establecimiento de territorios y la influencia de bandas como Los Maras Salvatruchas y, posteriormente, de El Tren de Aragua.

De igual modo, el libro establece tres factores que favorecieron esta evolución. En primer lugar, la migración desde el interior hacia el área urbana de Trujillo, que creó dos espacios muy marcados: las viviendas construidas y ya existentes, si bien saturadas; y los nuevos distritos que surgieron de estos desplazamientos, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. La ausencia de planes gubernamentales permitió que el incremento poblacional agravara las desigualdades en las nuevas generaciones de trujillanos. Deserción escolar, desempleo y crisis hicieron el resto, permitiendo que los delitos comunes dieran paso a otros más violentos.

En segundo lugar, el sistema penitenciario y otras instituciones relacionadas con la justicia favorecieron la reproducción y ampliación del crimen en Trujillo y luego a nivel nacional. La ausencia de centros penitenciarios adecuados, el endurecimiento de las leyes que hacían que los presos pasaran más tiempo encerrados y las condiciones lamentables en las que el personal desarrollaba su tarea se tradujeron en hacinamiento, descontrol y corrupción. En 2011, el penal El Milagro contaba con un guardia de seguridad por cada 200 internos. Las fugas, el fracaso de las requisas y la venganza contra las autoridades de los penales (como el asesinato de uno de sus directores) formaban parte del trajín diario.

Si la calle era la escuela del crimen, la cárcel era el equivalente de la universidad. Las pandillas que se fueron formando desde los años noventa se hicieron más organizadas. Algunas tenían orígenes familiares y, a medida que se hacían más complejas, también lo eran sus fuentes de financiamiento. Los cupos a transportistas y luego a compañías de transporte a cambio de seguridad se hicieron más frecuentes. Pasar de delincuentes comunes a pandillas significa además más poder de fuego, como quedó demostrado con la matanza de ocho civiles en La Esperanza en 2005, y que trajo una reconfiguración del poder delincuencial en la región.

Al entregar esta visión panorámica de la delincuencia en Trujillo y su transformación en un sistema criminal de cobro de cupos, el libro responde varias interrogantes sobre la naturaleza de este fenómeno y brinda las herramientas a las autoridades y especialistas para desarrollar aproximaciones más específicas de políticas públicas. El autor utiliza diversas fuentes, desde documentación judicial hasta la prensa y entrevistas, lo cual contribuye a un análisis sólido y original.

Hay preguntas que considero pueden ser mejor desarrolladas en una próxima edición del libro. Por ejemplo: ¿por qué Trujillo dio lugar a un fenómeno delincuencial así considerando que muchas otras ciudades atravesaron por problemas similares de migración, corrupción e ineficiencia de la justicia? ¿En qué consiste (de manera más amplia) el “método” que Trujillo exportó al resto del país? ¿Cómo se articuló este “método” con las bandas extranjeras que llegaron al país? Considero también que reformular algunas secciones respecto de su formato original de tesis podría ayudar a explicar puntos importantes de manera más solvente.

Esta bala lleva tu nombre es un libro que debe motivar nuevas investigaciones sobre cómo la extorsión constituye uno de los problemas más urgentes para la población civil y cómo las instituciones encargadas de prevenirlo y contenerlo fracasaron en diversos espacios y momentos. Para los escépticos que repiten que las Humanidades y las Ciencias Sociales no tienen impacto, les invito a leer este estudio y a preguntarse cómo podemos presionar a las autoridades para que detengan esta hemorragia, antes de que las balas enviadas por los extorsionadores lleven nuestros nombres.

Hace cuatro meses aproximadamente, la Resolución Viceministerial 085-2026-MINEDU, en aplicación de la Ley 32535, derogó los lineamientos de ESI y los cambió por una "educación sexual con base científica, biológica y ética". Si bien esta frase no suena mal, este cambio retiró el enfoque transversal de género como eje de la educación. El autocuidado, la prevención, los derechos, el consentimiento y demás temas importantes para la niñez y juventud quedan fuera. La paradoja es que la propia norma cita la cifra que la hace absurda: en 2025, los Centros Emergencia Mujer atendieron 21.609 casos de violencia sexual contra menores. Nueve de cada diez víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.

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Por otro lado, es importante mencionar la estrategia de colocar nominalmente a las leyes etiquetas que no corresponden a la realidad. Le pusieron "científica" en el nombre. [Texto ilegible en el original]. Cochrane revisó 24 ensayos sobre programas escolares de prevención del abuso sexual, con casi 5.800 niños en siete países. Quienes recibieron esos programas sabían más sobre cómo reconocer el abuso y protegerse. Seis meses después lo recordaban, y era más probable que contaran lo que les pasaba. Los programas no aumentaron su miedo ni su ansiedad. La Guía Técnica Internacional de la UNESCO, avalada por varias agencias de Naciones Unidas, confirma lo que sus detractores no quieren oír: la educación sexual integral no adelanta ni aumenta la actividad sexual. En muchos casos la retrasa y la vuelve más protegida. Los programas que solo promueven abstinencia no muestran efectos.

Condorcanqui lo muestra con claridad que espanta. Un informe del Minedu registra 524 víctimas de violencia sexual cometida por personal educativo entre 2010 y 2024. Muchas son niñas awajún y wampis que vivían en internados, lejos de sus familias: unas tres víctimas al mes durante quince años. Prescribieron 195 casos. Esta semana, las mujeres awajún rechazaron en su congreso que se atribuya esa violencia a "prácticas culturales". Tienen razón: lo que se repite ahí no es la cultura, es la impunidad. Y la impunidad vive del silencio de niñas a quienes nadie enseñó que aquello tenía nombre ni que había a quién contarlo.

Nada de esto convierte a la ESI en una varita mágica. Tampoco permite afirmar que habría evitado lo ocurrido en un bus de San Borja o en Amazonas. Sí permite afirmar que ante la herramienta de prevención con más respaldo empírico, el Estado peruano eligió retroceder, citando en su propia resolución las cifras que cuestionan esa norma.

La pregunta, entonces, no es ideológica. Es si un niño de siete años tendrá las palabras para decir "esto que me hicieron está mal" y si habrá un adulto preparado para escucharlo.

El lunes, en la presentación del Plan Nacional de Educación y junto a la presidenta Keiko Fujimori, el ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se retirará "todo tipo de ideología" del Currículo Nacional. No precisó cuál, no mostró una sola evidencia de que tal ideología exista en el currículo, pero lo afirmó con la mandataria asintiendo a su lado.

Días después amanecimos con una noticia atroz: la presunta agresión sexual grupal contra un adolescente de 16 años —de cuarto de secundaria— por parte de diez compañeros de quinto del colegio Liceo Naval, en San Borja. ¿Tiene que ocurrir algo así en un distrito de la llamada "Lima moderna" para que los tomadores de decisiones reaccionen? ¿Seguirán pensando igual los ministros Álvarez y Chang? ¿Habrá un ápice de reflexión sobre la responsabilidad que han asumido?

Oponerse a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la transversalización del enfoque de género en las escuelas no es "defender la familia tradicional", ni "proteger a los niños de ser homosexualizados", ni "eliminar ideologías". Es, por el contrario, negar la evidencia sólida sobre la intervención más eficaz para prevenir la violencia en las aulas. Es dejar en absoluta indefensión a niños y niñas: sin herramientas para identificar tempranamente señales de alerta, para saber cómo defenderse y a quién pedir ayuda. Y es privar a docentes y directivos de la formación necesaria para abordar casos como el que acabamos de conocer.

Solo una precisión: la ESI no está bajo amenaza, ya fue eliminada. En mayo, el Ministerio de Educación la derogó (RVM 085-2026) en cumplimiento de la Ley 32535, que el Congreso anterior aprobó con el respaldo entusiasta del fujimorismo y la derecha conservadora, y que hoy el Gobierno de Keiko Fujimori ejecuta y celebra. No es un cambio técnico: es una decisión política que redefine qué violencias reconoce el Estado y cuáles decide dejar de mirar.

El Estado no puede estar al servicio de sectores que no legislan sobre evidencia de política pública, sino sobre fanatismos religiosos particularísimos. Ese abordaje es antitécnico, es político-religioso y es profundamente responsable de los hechos que estamos viendo.

Tenemos un gobierno enemigo de la niñez. Y en esto quiero ser enfática: de toda la niñez. Desde Condorcanqui hasta San Borja, la desprotección es total, por acción y por omisión. Pero hay rutas. Desde el Congreso, derogar normas nefastas como la Ley 32535, que nos trajo hasta aquí. Desde la sociedad civil, sostener los caminos que no dependan de autoridades cegadas por el fanatismo, esas que están entregando la niñez a la barbarie.

Una reciente actualización del IPE estima que en 2026 más de la mitad del oro exportado por el país sería de origen ilegal. ¿Sorpresa? Para nada. El virtual empate al cierre de 2025 ya anticipaba este desenlace. El valor exportado este año alcanzaría al menos US$16 mil millones. Si se contabilizara como un rubro separado, sería el segundo de mayor valor exportado, solo detrás del cobre (US$30 mil millones), e incluso superaría ligeramente la suma de todas las agroexportaciones (US$15 mil millones). Con estos ingresos, queda claro que estamos ante una industria, muy lejos de la imagen de una actividad marginal.

Un factor clave es la cotización internacional del mineral. Entre 2020 y 2023, el precio del oro rompió nueve veces sus propios récords. Desde 2024 a la fecha, lo ha hecho 102 veces. Sin embargo, frente a los buenos vientos externos, solo la actividad ilegal despegó. El precio internacional beneficia a legales e ilegales, pero las condiciones para aprovecharlo son muy distintas.

Las exportaciones de oro de origen ilegal como proporción del total despachado pasarían de 18% en 2009 a por lo menos 52% en 2026. Del otro lado, la producción legal retrocede y no hay nuevos proyectos en cartera que inicien pronto operación y permitan revertir esa caída. Además, recuperar terreno se vuelve más difícil cuando la inversión formal debe enfrentar, además de la permisología, a una minería ilegal que invade sus concesiones. Y, sin embargo, esta sí avanza donde se frustraron grandes proyectos, como Conga. Así, el récord exportador del oro encubre una transformación dolorosa: la ilegalidad gana el espacio que la actividad legal pierde.

Veamos la lógica. Una operación legal debe financiar permisos, seguridad laboral y obligaciones ambientales, además de pagar impuestos. La extracción ilegal puede eludir parte de esas obligaciones y trasladar sus consecuencias a trabajadores y comunidades. El Instituto de Criminología documenta trabajo forzoso, trata de personas y explotación infantil en La Rinconada, Ático y Pataz. La vulneración de derechos humanos forma parte de las condiciones que sostienen este negocio. Si, además, es improbable que la autoridad detecte la operación y sancione a sus responsables, entonces estamos ante un negocio redondo: tiene todos los beneficios y ninguno de los costos u obligaciones.

¿Cómo hemos llegado al punto en el que el segundo mayor producto de exportación tiene un origen ilegal? La respuesta empieza con el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo temporal de transición para pequeños mineros y mineros artesanales. Sus múltiples extensiones y el blindaje de responsabilidad administrativa, civil y penal lo convirtieron en un paraguas de legalidad para la expansión de la principal economía ilegal del país. Así, si permanecer en el proceso permite seguir operando y cada vencimiento trae una nueva oportunidad de prórroga, disminuye la urgencia de culminarlo. En ese sentido, resulta positivo que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite la demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra la ley que lo prorrogó.

La escala de esta actividad obliga a mirar más allá de la extracción. El mineral necesita insumos, plantas, transportistas y empresas que lo exporten. El Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) recibe poca atención en el debate. En lo que va de 2026, se registran diariamente, en promedio, 3,5 empresas procesadoras y 2,1 comercializadoras, casi el triple que antes de la pandemia. Esa expansión exige comprobar que sus compras correspondan a lo que sus proveedores pueden producir legalmente. El registro de una empresa no acredita el origen del oro.

¿Qué opciones tenemos? Empecemos por qué cosas no hacer. El Gobierno puede cerrar el Reinfo y mantener intacto el incentivo que explica su fracaso. Ese es el riesgo de la propuesta del Minem, que plantea que no haya otra ampliación del registro, pero que sus inscritos vigentes continúen bajo un nuevo proceso de formalización más simplificado. La condición de inscrito vigente no basta para distinguir a quienes quieren y pueden formalizarse de quienes no. Si el nuevo mecanismo omite esa diferencia, el cambio equivaldrá a otra prórroga.

La trayectoria del Reinfo debería servir de advertencia: los esfuerzos de formalización iniciados en 2002 han cambiado de nombres, requisitos y plazos mientras la actividad que debía ordenarse adquiría mayor escala y financiamiento.

En ese sentido, simplificar procedimientos ayudará a los pequeños productores que quieren y pueden formalizarse. Querer debe expresarse en avances verificables, mientras que poder supone que su actividad pueda cumplir las exigencias legales, técnicas y ambientales. A ellos les corresponden requisitos claros, asistencia técnica y autoridades capaces de resolver sus expedientes. Una demora del Estado no demuestra falta de voluntad del minero. Pero una operación en una zona prohibida no se vuelve formalizable por estar inscrita. Quienes desarrollan actividades que no pueden ejercerse legalmente o persisten en incumplir deben enfrentar fiscalización y sanciones, incluida la interdicción cuando corresponda.

Por eso, esa distinción exige trazabilidad, fiscalización y control territorial. Cada operación debe acreditar dónde extrae, cuánto puede producir y a quién vende. Esa información debe coincidir con el mineral que reciben los intermediarios y finalmente se exporta. Los registros deben orientar inspecciones y permitir seguir el dinero hasta quienes financian la extracción ilegal. Las intervenciones deben sostenerse para impedir que el negocio se recomponga. El éxito se medirá en productores formalizados y en operaciones ilegales que dejen de funcionar.

Los precios internacionales seguirán fuera de nuestro control, pero las reglas y su cumplimiento son responsabilidad nuestra. Mientras operar al margen de la ley resulte más viable que cumplirla, cada nueva alza del oro reforzará esa ventaja. Así, el milagro peruano al revés seguirá sumando exportaciones y restándole al Estado capacidad para gobernar el territorio.

En efecto, la reforma constitucional no le reconoció al Senado iniciativa legislativa. A cambio, sin embargo, pareciera haberle otorgado la facultad de cerrar, unilateralmente, el debate parlamentario. Es lo que ahora sostienen algunos senadores, quienes consideran que los artículos 102-A y 105 de la Constitución les confieren la posibilidad de “aprobar, modificar o rechazar” cualquier iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, sin limitación alguna. No obstante, el artículo 142.a.2) del Reglamento del Senado solo les permitiría “modificar” sin “desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados”. En medio del debate sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo, la tensión entre las dos cámaras, una presidida por la oposición y otra por el oficialismo, ha puesto en evidencia las falencias de un modelo que pareciera diseñado para la confrontación y no para el diálogo.

Sorprende, en ese sentido, que no se hayan introducido mecanismos bastante comunes en el derecho comparado, precisamente para resolver los bloqueos que son frecuentes en el proceso de aprobación de leyes en un Congreso bicameral. Me refiero a las denominadas comisiones mixtas o las conference committees del derecho norteamericano. Estas comisiones mixtas intercámaras suelen ser comisiones paritarias, como en Francia, donde están compuestas por siete miembros de cada cámara y su función es, precisamente, llegar a un acuerdo sobre las disposiciones que aún están en debate.

Estas prácticas no han sido ajenas a nuestra propia experiencia. Desde la Constitución de 1920 (art. 103) y, en el mismo sentido, la Constitución de 1979, se preveían mecanismos de diálogo entre las cámaras. La Constitución de 1979, en su artículo 192, disponía que los proyectos aprobados por una cámara pasaban a la otra para su revisión, y si la cámara revisora los modificaba o rechazaba, la cámara de origen podía insistir en su versión con el voto de dos tercios de sus miembros, mientras que la cámara revisora podía, a su vez, insistir en el rechazo o la modificación con esa misma mayoría; solo si ninguna alcanzaba los dos tercios, prevalecía el texto de la cámara de origen.

Sin embargo, en la reciente reforma que reintroduce el Senado, aunque no se ha previsto una comisión mixta para el procedimiento legislativo ordinario, el Reglamento del Senado sí contempla una institución cercana, aunque limitada al caso de la reforma constitucional. El artículo 126 dispone que “si el Senado modifica la fórmula legal remitida por la Cámara de Diputados [esta] se tramita como nueva iniciativa de reforma constitucional”, lo que reabre el trámite con intervención de ambas cámaras. El artículo 124, además, prevé una “conferencia entre las comisiones competentes en materia constitucional del Senado y de la Cámara de Diputados” antes de aprobar el dictamen, y de nuevo durante el cuarto intermedio si hay modificaciones. Así, aunque sería recomendable introducir reformas que incorporen una comisión mixta paritaria, también para las leyes ordinarias, nada impediría, desde mi punto de vista, que en el marco del diálogo político necesario entre ambas cámaras, estas hicieran uso de los instrumentos con los que ya cuenta para casos sustancialmente idénticos, retomando así una tradición con la que se inauguró el bicameralismo en la Constitución de 1920.

Para adoptar un procedimiento tal, bastaría con acudir a la práctica de la integración normativa a partir de principios propios de la práctica parlamentaria. Por un lado, el principio de continuidad del procedimiento legislativo exige interpretar el artículo 142.a.2) extendiendo, por analogía, la conferencia intercomisiones prevista para el procedimiento de reforma constitucional. Por su parte, el principio democrático exige que una modificación del Senado no se convierta en ley sin que la Cámara de Diputados tenga, al menos, la oportunidad de manifestar su conformidad o su discrepancia, tal como ya ocurre con las reformas constitucionales. También el principio de lealtad entre cámaras obliga, mientras no exista una regla expresa, a activar esa conferencia antes de cerrar un dictamen con modificaciones relevantes. Finalmente, el principio de la democracia representativa exige no dejar fuera de la deliberación a la cámara de representación por excelencia, que es la de Diputados, a la que la reforma le confiere la iniciativa legislativa y que hoy, paradójicamente, podría quedar excluida de la deliberación final sobre la propia iniciativa que la Constitución le concede.

La reforma constitucional que introdujo el Senado ha merecido todo tipo de críticas; la más relevante ha sido su falta de legitimidad, al haber sido aprobada en contra del referéndum. No obstante, entre los argumentos que se esgrimen para defenderla está, precisamente, la mejora de la calidad del procedimiento legislativo. Se suele sostener que las leyes deliberadas en dos cámaras tienen mayores probabilidades de corregir errores y mejorar sus contenidos. Sin embargo, esa premisa fundamental de la reforma quedaría en entredicho si ambas cámaras no son capaces de activar el diálogo democrático en defensa de su propia legitimidad.

El vetado es un autor con media docena de novelas muy bien acogidas, y no es el primer escándalo en los 120 años del premio. Pero esta vez lo llamativo ha sido el motivo: presentar una obra hecha con IA descalifica. La idea parece ser que el firmante del libro no lo ha producido, que se ha aprovechado de los talentos de una máquina.

Detectar si un texto ha sido producido por la IA se ha vuelto un ejercicio socorrido. Unos métodos apuntan a la estructura gramatical, otros a las repeticiones, y todos, en el fondo, buscan tics en la redacción, como los de un jugador de póquer. Wikipedia se declara libre de IA; en The Economist ya ayudar a detectar es casi un servicio a los lectores.

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Parte del asunto con la IA está en que usarla es un pecado de lesa originalidad. Pero más serio es que cada vez más países solo reconocen derechos de autor a obras producidas por seres humanos. Lo cual, para un premio literario, es un problema insalvable. Además, ¿a quién se está premiando en el fondo?

En las novelas, hay el peligro de que estas empiecen a salir de una línea de montaje. Quizás algunos bestsellers ya lo han hecho, indetectados. Con lo cual empieza la búsqueda del equivalente del producto hecho a mano, que equivale a decir, hecho a la medida, en otras áreas. ¿Pero escriben todos los humanos novelas tan buenas como las máquinas con IA?

En las frecuentes enumeraciones de empleos que la IA va a hacer desaparecer todavía no figura el de creador literario. Pero ya asoman en el horizonte los concursos para textos producidos por (o con) la IA, a los que podrían seguir las competencias entre máquinas y humanos, se entiende que con un jurado mixto.

Mientras tanto, a la novela expulsada del Goncourt, C’était ça ou mourir (Era eso o morir), le va a ir muy bien. Es, a su manera, un succès de scandale, un éxito de escándalo, y muchos van a querer saber si los del Goncourt se equivocaron. Es decir, comparar al expulsado con el ganador.

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¿Qué destino podemos imaginar para esa suma? Lo primero que viene a la mente es la compra de armamento, pertrechos, vehículos, sueldos y cosas similares que la PNP ya tiene, y que no le han servido de mucho en estos años, a juzgar por las cifras. La institución ya tiene un presupuesto de, digamos, US$4.000 millones para el 2026.

Las respuestas a la interpelación de Astudillo no convencieron, pero a la vez, ni el Gobierno ni la oposición se han tomado la molestia de revelar el contenido de ese interrogatorio. Solo sabemos que la guerra al crimen fue el centro del discurso de Keiko Fujimori en la ONU, pero Astudillo, extrañamente, no fue incluido en la delegación.

Quizás fue por su declaración según la cual Óscar Arriola no podía ser retirado de la jefatura de la PNP antes de dos años. El hombre salió en pocos días, dejando en su reemplazo a un oficial cercano. A la luz de eso, su negación de que el relevo de Víctor Revoredo y el asesinato de la candidata Polo son casi una acusación.

Astudillo es un hombre de declaraciones que se mueven entre lo banal y lo infeliz.

La idea es que los jueces del Perú insisten en juzgar a militares y policías con méritos propios en la lucha y derrota del terrorismo. Es un concepto que se apoya en la iniciativa que Fernando Rospigliosi convirtió en ley, y que ya ha producido roces entre el Poder Judicial y el Congreso. Fujimori ha convertido los roces en reales chispas.

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Una presidenta enfrentada a su propio Poder Judicial, en cierto modo, evoca los choques de Trump con sus propios jueces en los EE. UU. Es una forma sutil y oblicua de franela que no va a pasar inadvertida por el imperio del norte. Como si más franela fuera realmente necesaria para instalarnos bajo esa ala geopolítica.

Una frase de impacto en el discurso fue “guerra contra la delincuencia”. Loable propósito, que sin embargo no disimula que bajo el actual gobierno la delincuencia todavía goza de buena salud. Se nos dirá que el tiempo en el gobierno es corto. Pero los planes no asoman por ninguna parte. El problema hoy no son los jueces, sino los hampones.

No sorprende, entonces, que la presidenta del Poder Judicial le haya saltado al cuello a Fujimori, declarando inaceptables sus palabras ante la ONU. Con lo cual, la guerra que realmente está lanzando Fujimori puede terminar siendo con los jueces, muchos de ellos ya en rebeldía con la ley Rospigliosi y sus consecuencias.

Que el ministro de Justicia se haya lanzado al ruedo a defender a su presidenta no mejora las cosas. Ese funcionario ya metió la pata en sus declaraciones una vez, y ahora busca protección de las alturas. Como Janet Tello solo puede permanecer hasta el fin de este año, no hay peligro alguno en atacarla por sus opiniones.

La insistencia de Fujimori en la seguridad ciudadana dentro del Perú, expuesta ante la mirada internacional de la ONU, equivale a un compromiso, cuyos resultados le serán reclamados más temprano que tarde.

Para algunos analistas, lo clave de la visita ha sido el encuentro personal con Trump, donde hablaron de elecciones. Para otros, ha sido la indiferencia de Rodríguez frente a los ataques de Trump a Cuba. También ha levantado cejas la dedicación de la interina al tema económico, en las ramas de petróleo, minería, comercio y también seguridad.

Entonces, la Asamblea ha asistido, y con ella la ciudad de Nueva York, a dos grandes silencios: frente a la palabra Cuba y frente a la palabra imperialismo. El primero habla de una gran distancia frente a la hora crítica de la isla. El segundo da a entender que podría estar pasando la hora crítica de Venezuela. También está el silencio sobre Machado.

Los seguidores de Machado protestaron fuerte ante la presencia de Rodríguez. ¿Ven en ella una fuerte competencia electoral con apoyo del norte? ¿O una potencial dictadura con apoyo trumpista? En todo caso, el discurso de Rodríguez no es lo que se esperaba en su discurso ante la ONU, trufado de pragmatismo económico y acercamiento a EE. UU.

Otra mirada crítica al discurso de Rodríguez podría ver el lanzamiento de una nueva Venezuela como el prolegómeno de un primer ataque militar a Cuba. Algo de eso ha insinuado Trump desde sus palabras en la ONU. Dijo que están dispuestos a usar la fuerza militar para defender los intereses de su país e ir contra los cárteles de la droga.

En lo diplomático, el mensaje de Rodríguez fue sofisticado, con el pedido de un regreso de Venezuela al sistema multilateral, una defensa del diálogo y la cooperación, y el regreso a las relaciones con los entes financieros internacionales. Tanto así que se reunió con el Banco Mundial, el FMI y el BID.

¿Qué piensa el chavismo en casa? ¿Siente un alivio frente a un sistema que obviamente no funcionaba más allá de la cúpula? ¿O se siente víctima de una puñalada por la espalda?

Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha peleado con las manos atadas. Europa moderaba el tono para no provocar la enemistad con Moscú, que de todas maneras vino. Para Trump, las relaciones con Rusia siempre fueron un buen negocio. Además, nadie pensaba que Zelenski iba a poder resistir a Vladímir Putin, como viene sucediendo.

Hoy existe la sensación de que Putin no pierde esa guerra solo porque las democracias occidentales lo protegen, mientras Rusia se va entregando a los cuidados del régimen chino. Al igual que en las traiciones de Trump, el nombre de estas maromas finalmente prorrusas también es petróleo. Más ahora que el precio sigue subiendo.

En una situación así, no sorprende que Putin no quiera la paz, a pesar de no estar ganando. Un país en guerra es un argumento óptimo para perpetuar una presidencia autoritaria. Tanto así que las elecciones truchas de este mes fueron presentadas como un referendo sobre la guerra. Allí sí Rusia le ganó a Ucrania.

Si la guerra fuera un asunto de materias primas y demografía, Rusia la hubiera ganado hace tiempo. Pero hay muchos otros factores. Un pueblo que lucha por su libertad tiene una energía muy distinta que un pueblo que apoya a un gobierno invasor de su vecino. Por lo general, este último profesa un patriotismo mezclado con desgano.

La invasión de Ucrania ha servido para reforzar a la Unión Europea, sobre todo en torno de la OTAN. Lo mismo se ha dado frente a la indecente actitud de Trump, que confunde aliados con víctimas de su rapiña. Que se haya pedido a Ucrania no apuntar contra las refinerías rusas lo pinta de cuerpo entero, como un mercachifle posando de estadista.

Ante ese personaje es que la Cancillería peruana se está inclinando en todos los escenarios. Algo que no parará hasta haber convertido a China en un enemigo.

Ese acontecimiento único al que nos hemos referido es lo que se llama un caso. A menudo es algo así como lo habitual disfrazado de excepción. En esta quincena hemos tenido tres casos: un secuestro sangriento en Trujillo, un escolar violado por sus compañeros en Lima, una candidata asesinada en Áncash. Lo primero es un asunto de todos los días, como los secuestros; lo segundo es parte de algo poco difundido, y menos comentado; lo tercero es un asunto de sicarios.

Los delitos definidos como casos tienen, pues, algo de negación de la realidad. La violación del Liceo Naval, tratada como excepción, disimula la fea idea de un país de violadores. Lo mismo pasa en el secuestro con cuádruple asesinato, o el delito electoral. No son casos individuales, sino fenómenos sociales. Una vez olvidados, el problema que encarnan se va al olvido con ellos, hasta nuevo aviso.

Policías y fiscales pueden llegar a resolver un caso particular, y a menudo lo hacen. Pero los políticos no pueden resolver el drama humano que subyace a la criminalidad. Se resuelve lo ocasional que aflora, pero de ninguna manera se cura lo permanente. Capturar una banda de hampones termina siendo, sobre todo, hacerle lugar a otra. Pero el hecho suele ser cacareado como una solución.

El acceso a la publicidad es un activo para el hampa. El caso como género periodístico muestra el lado heroico, por así llamarlo, del crimen, y oculta otros aspectos, como la familia, la salud mental, los complejos, la mitología. Facetas indispensables para el trabajo de inteligencia, frente a cualquier tipo de organización hostil.

¿Qué conviene? No tocar los casos es imposible. Pero se les puede tratar desde el inicio como parte de una realidad más amplia, que los explica y donde está la raíz de un evitamiento de lo excepcional como apariencia. Podríamos parafrasear un dicho chino según el cual hay que socavar los cimientos para derribar la torre.

Las dos cosas han aumentado exponencialmente. Unos lo atribuyen al negocio de la droga enquistado en un hampa norteña que lo estaba esperando. Otros mencionan la llegada de olas de delincuentes de Venezuela y Colombia, entre otros. También se alude al deterioro de la capacidad policial del país. Son tres factores que no se contradicen, y más bien se potencian.

El crimen empezó a colmar la paciencia de la población después del 2021, en el periodo de los ministros chicha de Pedro Castillo y los presidentes que le siguieron. Robo en los ministerios, asesinatos en las calles y corrupción en la policía. Fue cuando la delincuencia violenta empezó a expandirse y a especializarse. De la droga a la minería ilegal, del asalto al azar a los cálculos de la extorsión.

Los golpes espectaculares y los paros del transporte bajo fuego le empezaron a costar la cabeza a ministros, pero eso solo sirvió para poner en evidencia la mediocridad del alto personal del Estado peruano, y para atizar la furia política de los medios y las redes. El crimen organizado se volvió la espada de Damocles de la política, y el pan con mantequilla de las campañas electorales.

Eso es lo que ha llegado hasta la presidencia de Keiko Fujimori. El crimen violento está igual que ayer, y acaso peor. La protesta ciudadana no ha recomenzado porque todavía son pocos días de gobierno. Pero los hampones están avanzando más rápido que los políticos, los policías y los militares. Los extorsionados y los muertos se están acumulando, y nada indica que el fujimorismo va a cambiar las cosas.

El secuestro de Trujillo se ha ido revelando como un guion de farsa teatral, mientras las autoridades van esperando que las cosas se calmen. Ninguna de las hipótesis se sostiene. Una suerte para los gobernantes que El Niño esté a la vuelta de la esquina. Pero con Niño o sin él, los criminales siguen disparando contra las unidades de transporte, llenas de pasajeros o no.

El anuncio se produce a un día de concluir el ejercicio Southern Vanguard en la Amazonía peruana. Incorpora a Perú, Argentina, Chile y los EE. UU., con el explícito propósito de mejorar la capacidad de este cuarteto de operar juntos en territorios amazónicos complicados. En la Amazonía no solo hay narcos; también pacíficos ciudadanos selváticos.

Cuando Washington anuncia cruzadas contra los narcos, hay que mirar dos veces. EE. UU. ha estado en todas las guerras perdidas contra la droga y, además, en esta administración mantiene una mirada interesadamente laxa sobre el problema. En pocas semanas, la Venezuela chavista ha pasado de país narco a país que no colabora con el narcotráfico.

Entonces, las armas gringas no llegaron este año a Caracas a perseguir narcos (que exportan su producto sobre todo a Europa), sino persiguiendo a rostro descubierto el control de las reservas de petróleo de ese país. Por lo cual, el argumento antidrogas para penetrar militarmente esta región necesita ser detallado. Hay numerosas hipótesis.

Una hipótesis muy difundida es el deseo de ponerle músculo al nuevo auge de la doctrina Monroe. Por ejemplo, desanimando a China de su avance comercial en el continente. Otra hipótesis es el deseo de adelantarse a previsibles triunfos electorales izquierdistas en muchos de estos países. Hacer de toda Sudamérica una base militar del Comando Sur de los EE. UU.

Frente a este tipo de perspectivas, la caza del hampón peruano, urbano sobre todo, es un tipo de tarea geopolíticamente menor. Para eso está el FBI, que ahora último ha ayudado en unas pocas capturas. Pero el narco de la Amazonía y el criminal de las ciudades tienen relaciones muy densas. Esperemos que la nueva presencia de los EE. UU. ayude.

No está tan lejano el día en que veremos un choque militar entre China y los EE. UU. en aguas y tierras de América Latina. Nos espera, pues, un siniestro cielo lleno de drones.

Carlos Spencer, historiador y periodista, acaba de publicar Swan Song (El canto del cisne), una memoria sobre su hermana, a 30 años de su muerte. El libro empezó a ser presentado por extractos ayer en el Daily Mail de Londres, el segundo diario de más venta en el país. El autor sale, como se dice aquí, con la pata en alto.

La frase elegida para lanzar la obra es una en que el reciente viudo de Diana le dice a Spencer por teléfono que la princesa pronto será olvidada. Carlos III respondió como el editor esperaba, con un comentario oficial sobre que el dolor del duelo puede alterar la razón y afectar el juicio y los recuerdos de formas irreconocibles para otros.

Entre el hijo Harry y el ex cuñado Spencer, Carlos III se perfila como el malo de la película sobre la vida y muerte de la princesa Diana. Un drama que con los decenios no ha perdido su interés para el gran público. Los libros sobre el tema son muchos y siguen apareciendo. Este último promete vender muchísimos ejemplares.

Para el rey, el tema de su primera esposa no va a desaparecer. Es lo que explica que ocupe un segundo lugar en el ranking de popularidad real, luego de su hijo William y pareja. Con un 55% en la encuesta Ipsos, el sentimiento pro-monárquico es el más bajo en 33 años. Si algún cisne canta hoy, ese es Carlos III, con su problema oncológico.

A tres decenios del accidente, y con un rey que subió al trono muy tarde en la vida, los conflictos en la familia real inglesa tienen cada vez más un sabor a historia antigua. Por eso, quizás Harry y Meghan, los duques de Sussex, recién regresados de California, aparecen desorientados, mirando la cámara como almas en pena.

Si se trata de liquidar la política económica peruana, esos opositores, mayormente de izquierda, pero no solo, no han necesitado una salida de Velarde. Ya el Congreso que acaba de concluir produjo un nivel de gasto público inconstitucional que hizo sonar las alarmas del Consejo Fiscal sobre el futuro económico del país.

Al escribirse esto, es obvio que es muy poco probable que el Senado acepte una salida de Velarde. Pero los seguidores, directos u oblicuos, de Juntos por el Perú ven el cuestionamiento del prestigioso y popular presidente del BCR como un golpe psicológico al capital y a la derecha política. Por eso, quizás Indira Huillca afirma que esa no es la cuestión de fondo hoy.

La cosa es debilitar al Ejecutivo todo lo posible. Pues el amplio pedido de facultades delegadas ha sido percibido como un intento de restarle capacidades a los diputados. Todo ha debido comenzar con una negociación, y no ha sido así. Comenzó como una lucha a pedradas, lo cual siempre le da oportunidad a los peores.

En cuanto a Velarde, este es importante para mantener en su sitio el horizonte de excelencia de la economía peruana, pero él mismo ha dicho que no se siente indispensable. Aunque es posible que las acusaciones que le llegan desde la izquierda le den ganas de seguir en el cargo, ahora con un nuevo directorio.

Es lamentable lo mucho que se vienen pareciendo el actual Ejecutivo y la actual Cámara Baja a sus versiones pre-2026. Vuelve a reforzar la hipótesis de que lo dañado es el sistema político, necesitado de reformas. Así, los roles de las personas cambian, pero los mecanismos siguen iguales, siempre al filo de la ilegalidad, o de lleno en ella.

Volviendo a Velarde, no es su persona lo que quieren afectar, sino la independencia del BCR. Un ente emisor sometido al poder político es la “cuestión de fondo” para avanzar en el asalto al Estado.

 Esa reforma no es profunda. Es una vieja receta que ya se probó y que no funcionó del todo. Y es, en el fondo, algo distinto de lo que dice ser. Más que una política para mejorar los aprendizajes es un instrumento para atender la seguridad pública y para avanzar una agenda moral conservadora.

Lo conocido del plan —más colegios, kits escolares, conectividad, capacitación docente, una escuela de directores y ajustes curriculares — descansa en el supuesto de que, si se mejoran los insumos, los resultados positivos llegarán por añadidura. Fue la hipótesis de cambio de las reformas de los años noventa, la que la banca multilateral promovió en toda América Latina y que en el Perú tomó forma en el Mecep. Fue, también, la política educativa del gobierno de su padre.

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 Las evaluaciones de aquellas reformas coincidieron en lo esencial. Los insumos mejoraron en algo, pero los resultados, no. Y aun esos resultados se entendieron de manera restringida, como puntajes en pruebas estandarizadas. La hipótesis, entonces, no falló por falta de recursos. Falló por su premisa.

 Merilee Grindle distinguió entre reformas de acceso, que expanden el sistema y suman aulas, plazas y presupuesto, y reformas de calidad, que obligan a redistribuir poder y a rendir cuentas por lo que los estudiantes efectivamente aprenden. Las primeras son fáciles de anunciar, mientras que las segundas son difíciles de sostener. La “reforma profunda” tiene la forma de las primeras y el discurso de las segundas.

 En rigor, como sostiene Thomas Popkewitz, reformar supone cambiar los fines y principios de la educación, no solo la operación del sistema. Una reforma empieza por preguntarse qué personas quiere formar la escuela y qué sociedad espera construir con ellas. Solo después se pregunta qué insumos hacen falta para lograrlo. El plan nacional de educación 2026-2031 hace el camino inverso y por eso más que una “reforma profunda” es un programa de inversiones.

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 Sin embargo, una finalidad sí apareció en Nueva York. Solo que no era educativa. La presidenta presentó las fallas del aprendizaje como “combustibles de la criminalidad”, pidió restablecer la autoridad en las aulas y atribuyó el desorden escolar a una agenda ideológica ajena al país. La escuela aparece allí como dispositivo de orden y de prevención del delito, y el currículo como terreno de una disputa moral que ya tuvo su primer capítulo en mayo, con la eliminación de la educación sexual integral. La reforma no está pensada para que los estudiantes aprendan. Está pensada para que el gobierno hable de seguridad y de moral.

 Por eso, nada de lo que hoy golpea a la escuela peruana cabe en esta propuesta. No la violencia escolar, que no se previene con autoridad punitiva sino con instituciones capaces de nombrarla y atenderla. No el debilitamiento de la ciudadanía democrática, en una generación que es hoy la más abierta a alternativas autoritarias. Y no las desigualdades de aprendizaje, que dependen del lugar donde se nace y que no se corrigen solo con un colegio nuevo o una mochila.

 Lo dije el día en que se presentó el plan: me preocupa el retroceso en PISA, pero me preocupa más el retroceso que representa el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031.

 Si en el quinquenio pasado se desmontaron las reformas, este nuevo gobierno empieza retrocediendo treinta años. Presenta como futuro una reforma rancia, mientras siete de cada diez adolescentes de quince años no alcanzan el nivel básico en Matemática, mientras la satisfacción con la democracia entre jóvenes de 18 a 24 años cayó de 42% a 26% en menos de dos décadas y mientras en 2024 se registraron alrededor de 20.000 reportes de violencia escolar. Nada de eso se resuelve con más insumos: cemento, capacitaciones masivas, directores convertidos en gerentes. Menos aún solo con disciplina entendida como castigo.

 La reforma educativa que nos hace falta es la de un país que sepa para qué educa.

Maricarmen se negaba a irse del lugar donde había vivido, crecido y envejecido y que era parte del edificio que en 2018 fue vendido a la empresa Urbagestion con la idea de construir apartamentos que serán vendidos por mucho más dinero del que se invirtió. Es un negocio redondo, menos para Maricarmen, su vida y sus recuerdos.

Ella es parte del numeroso grupo de mujeres que nacieron y envejecieron con leyes machistas que no les reconocían derechos como alquilar o comprar propiedades, que les asignaron labores de cuidado sin consultarles, que las condenaron a matrimonios infelices y a maternidades no deseadas, porque esa era la garantía de no quedarse solas y, por ejemplo, no ser desalojadas. Y en países como el Perú, donde la pobreza se inicia desde el nacimiento y las oportunidades tienen un color y un apellido específico, la vejez es la culminación de una vida de sufrimiento en la cual la dignidad pasa a segundo plano. No todas las vejeces son iguales y la vejez de las mujeres es aún más dura y solitaria.

Por eso, es muy valioso el proyecto uruguayo de vivienda colaborativa por medio del cual las mujeres mayores envejecen juntas sin perder autonomía y que cuenta con el apoyo de la intendencia de Montevideo. Esta es una esperanza para las mujeres que han vivido con libertad y que se niegan a que, como dice el poema de Silvina Ocampo, envejecer signifique cruzar un mar de humillaciones. 

Un día hubo una disputa entre un campesino y un hombre poderoso. El juez escuchó a ambos y, después de revisar las pruebas, le dio la razón al campesino. El hombre poderoso miró al juez y le dijo: ¿Sabes quién soy yo? El juez respondió: Lo sé. Pero aquí no importa quién sea usted. Aquí importa qué dice la ley y qué muestran las pruebas.

El poderoso no cuestionó el veredicto del juez, pero decidió atacar al juez. Comenzaron los rumores. Luego vinieron las investigaciones. Y finalmente alguien dijo: ese juez debe ser retirado. ¿Cuál fue su pecado? Haber demostrado que la balanza podía inclinarse contra el poderoso.

La destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien envió a prisión no solo a líderes políticos y grandes empresarios, es un ejemplo de ello y es la antesala de lo que vendrá para los jueces que tomen decisiones que incomoden al poder. La independencia judicial no se mide cuando el juez dice lo que el poder quiere escuchar; se mide cuando el juez se atreve a decir lo que el poder no quiere escuchar.

Instituciones ya tomadas

Controlar la labor de los jueces siempre ha sido una constante del poder político y económico. Hay que recordar que cuando el general Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, en 1968, destituyó a todos los jueces de la Corte Suprema e intervino el Poder Judicial. En igual forma, cuando Fujimori dio su autogolpe, en 1992, destituyó a decenas de jueces de diferentes instancias e intervino el Poder Judicial, a través de José Dellepiane Massa, miembro de la Marina.

Hoy se pretende hacer lo mismo, controlar el Poder Judicial, bajo el siguiente método:

1) el poder político en el Congreso aprueba leyes abiertamente inconstitucionales, como el juzgamiento de delitos comunes en el fuero militar, la amnistía y la prescripción de delitos de lesa humanidad, el proceso de colaboración eficaz, por citar, con el fin de debilitar la labor judicial y alcanzar impunidad; 2) se busca que el Tribunal Constitucional valide la constitucionalidad de esas leyes, y para ello, el defensor del pueblo es el vocero y promotor del control; 3) si los jueces, cumpliendo su deber constitucional, inaplican por control difuso o convencional esas leyes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) les inicia procesos disciplinarios para luego destituirlos; 4) se tejen paralelamente narrativas que destruyan la autoridad del juez ante la opinión pública, para justificar su futuro retiro; 5) el poder político, utilizando su posición de poder, amenaza a los jueces que inapliquen las leyes del Congreso; y, 6) se formalizan denuncias de manera selectiva, para forzar su destitución del cargo.  Todo está alineado bajo el libreto que siguen el TC, JNJ, Defensoría y el Congreso, para alcanzar el control de la institución judicial.

 A todo ello, se agrega el silencio del Ministerio Público, de no cumplir con el deber constitucional que le asigna el artículo 159.2 de la Constitución, de "velar por la independencia de los jueces." No hemos escuchado pronunciamiento alguno en defensa de la independencia judicial, por parte del Ministerio Público, como sí lo han hecho organismos internacionales como la ONU y la Corte IDH, que han cuestionado la labor de la Junta Nacional de Justicia.

Este método que ejecuta la JNJ de la mano del poder político apela al miedo y al amedrentamiento. Nadie coloca una cadena alrededor del cuello de los jueces. Nadie les ha dicho directamente qué sentencia deben dictar. Simplemente se apela al efecto disuasivo que las decisiones de la JNJ puedan generar en ellos.

Tener jueces independientes es una protección para los ciudadanos. Eso es lo que hay que reafirmar: los ciudadanos somos los directamente beneficiados con la independencia judicial, para ello, el diseño constitucional contempla una serie de garantías para que los jueces desarrollen su labor sin miedo, con libertad, tranquilidad e imparcialidad (art. 146 Constitución).

Choque de trenes

Recientemente, Keiko Fujimori como presidente de la República ha sostenido ante la ONU, que, en el país, no se respeta el debido proceso en el juzgamiento a los militares, lo que ha motivado la inevitable respuesta enérgica de la jueza Janeth Tello, presidenta del Poder Judicial. Si se habla dentro del país de respeto a la independencia judicial y separación de poderes, ese compromiso debería verse sostenido por igual ante la comunidad internacional.

Fujimori representa al Estado dentro y fuera de la República (118.2 Constitución). No puede tener un discurso para afuera y otro distinto para los ciudadanos. Nos preguntamos, ¿realmente se defiende el debido proceso o se está usando como excusa, para deslegitimar las decisiones judiciales que incomodan a quienes ejercen el poder?

Nuevamente, la balanza se pone a prueba. Las víctimas necesitan jueces independientes, tanto como los acusados necesitan un debido proceso. Una cosa no debe sacrificarse en nombre de la otra. Por eso, desacreditar jueces de manera sistemática, sin evidencias válidas, puede terminar debilitando eso que se dice defender, el Estado de Derecho.

Liderazgo y personalidad

Frente a este panorama, se aproxima la elección del nuevo presidente del Poder Judicial. Resulta importante el liderazgo y la personalidad del nuevo presidente que se elija, pues tendrá el reto de hacer frente al poder político y económico que busca avasallar la autonomía institucional y sobre todo quebrar la independencia de los jueces en su labor.

En este nuevo escenario, de copamiento de instituciones, de leyes abiertamente inconstitucionales y de un debilitamiento del Estado de Derecho, tendrá que transitar el nuevo presidente del Poder Judicial. Para ocupar ese cargo no solo se requiere méritos académicos, sino tener liderazgo y autoridad para dirigir la nave de la institución judicial hacia un escenario en el que se afirme el reparto, la separación y el ejercicio equilibrado del poder.

Ante las decisiones que toma la JNJ, muchos jueces se vienen preguntando, en su fuero interno, ¿qué pasará conmigo si mañana dicto una sentencia que incomoda al poder? Cuando un juez pierde su independencia, no se pierde a un juez, se pierde una parte de la protección que tenemos los ciudadanos frente al poder.

Siempre debemos recordar que la independencia judicial no existe para proteger a los jueces de los ciudadanos. Existe para proteger a los ciudadanos frente al poder. Es muy fácil defender la independencia de los jueces cuando sus decisiones coinciden con lo que el poder espera. La verdadera prueba aparece cuando un juez decide en sentido contrario; el caso Concepción Carhuancho es un ejemplo de ello.

El Perú se abstuvo en la votación, contrariando su propia historia diplomática. La Cancillería, durante 79 años, mantuvo —más allá de matices respecto de hechos o situaciones coyunturales— una posición histórica de pleno respaldo al principio de libre determinación del pueblo palestino; a su derecho a constituirse en un Estado libre e independiente; y de apoyo sistemático a la solución de dos Estados con fronteras seguras, viabilidad económica y convivencia pacífica, como única solución al conflicto persistente.

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Esta política de Estado se mantuvo y consolidó independientemente de la orientación y del origen —constitucional o no— de los regímenes de turno. Concurrieron a su desarrollo o a respetar su intangibilidad gobiernos democráticos como los de Bustamante, Prado, Belaúnde, García, Toledo o Humala, gobiernos militares de muy disímil orientación (Odría, Velasco, Morales Bermúdez) o de facto, como el del propio Alberto Fujimori, en cuya gestión el Perú votó a favor de la A/RES/54/42, que demandó garantizar los derechos inalienables del pueblo palestino, especialmente su derecho a la libre determinación, demandó el retiro de Israel de los territorios ocupados en 1967 y otorgó el respaldo de la comunidad internacional a la solución de dos Estados.

Esta política de Estado asumió, además, compromisos específicos en relación con la participación de Palestina en las Naciones Unidas. El 7 de julio de 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Perú votó a favor de la Resolución A/RES/52/250, que amplió los derechos y privilegios de participación de Palestina en las Naciones Unidas, otorgándole el derecho a participar en la Asamblea General. Lo que se le quiso negar ahora. En 2012 se produjo un avance cualitativamente mayor. La Asamblea General aprobó, el 29 de noviembre, la Resolución A/RES/67/19, mediante la cual reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. El Perú votó a favor del texto y fue copatrocinador.

Analizada la abstención del Perú en este contexto histórico y jurídico, representa una modificación drástica de la posición del Estado peruano sobre la participación de Palestina en las Naciones Unidas. Tiene, además, como mar de fondo el proceso contencioso que sigue la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de genocidio en contra de Israel, la masiva violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Gaza, y el hecho que la violencia israelí haya provocado «la crisis económica más grave jamás registrada en el mundo», como lo ha documentado Naciones Unidas en el más reciente informe de la UNCTAD.

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La significación de la abstención debe apreciarse, por tanto, no aisladamente, sino en el contexto actual de la situación en Gaza y Cisjordania y, especialmente, en relación con los actos anteriores del propio Estado peruano ya reseñados. No constituye simplemente una decisión circunstancial sobre un procedimiento de la Asamblea General.

El voto en abstención introduce una revisión sustantiva de la posición que el Perú había venido expresando respecto del derecho de Palestina a participar efectivamente en los trabajos de las Naciones Unidas. Denota una indiferencia política y ética sobre la gravísima situación que vive el pueblo palestino y que Emmanuel Macron ha identificado como una violenta tragedia que la sociedad internacional no puede ignorar ni soportar. Se trata ya, en el mérito del voto, de una decisión contraria a las posiciones que el propio Perú había adoptado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación del Estado palestino.

La pregunta que salta a flor de piel del análisis de los hechos, sus antecedentes y referentes jurídicos es: ¿en función de qué interés nacional se adoptó esta decisión?

La determinación del interés nacional peruano puede establecerse objetivamente a partir de la posición del Perú como Estado de poder relativo medio en América Latina, de menor grado a escala global, y cuya viabilidad depende esencialmente de principios y normas que aseguren su integridad territorial, soberanía, independencia y viabilidad económica y social.

Los intereses en juego en la votación eran los de las Naciones Unidas y de la inmensa mayoría de Estados que, incluidos aliados importantes de los Estados Unidos como Japón, comprometidos con la defensa de la legalidad internacional, y los de los Estados Unidos e Israel, que buscaban impedir la participación del jefe de Estado de Palestina, Mahmoud Abbas.

Desde este punto de vista, la cuestión central no era optar entre un interés palestino y un interés estadounidense. El gobierno debió tener en cuenta que existía un interés propiamente peruano en preservar una regla general: que ningún Estado sede pueda impedir, mediante decisiones nacionales, el ejercicio de derechos de participación reconocidos por las Naciones Unidas. Esa regla protege a Palestina en este caso, pero protege igualmente al Perú y a todos los Estados y representantes que participan en el sistema de Naciones Unidas.

El interés nacional del Perú frente a la cuestión palestina no debe identificarse con una adhesión política a una de las partes del conflicto, sino con la preservación de intereses permanentes de su política exterior. Entre ellos, la vigencia del derecho internacional, el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, el fortalecimiento del multilateralismo y la solución pacífica de las controversias. Para un país como el Perú, la existencia de reglas internacionales efectivas y de instituciones multilaterales capaces de limitar las relaciones puramente de poder constituye un interés propio y permanente.

En ese marco se inscribe también la posición histórica peruana favorable a la libre determinación del pueblo palestino y a la solución de dos Estados. Esta posición es compatible con otro interés nacional igualmente importante: mantener relaciones normales y constructivas con Israel y Palestina, favorecer la paz y estabilidad en Oriente Medio.

Forma parte, también, del interés nacional peruano preservar la autonomía, continuidad y credibilidad de la política exterior. Una política sostenida durante decenios por sucesivos gobiernos en favor del derecho internacional, el multilateralismo, la solución de dos Estados y la participación de Palestina en las Naciones Unidas que constituye un activo diplomático del Estado. Por ello, el Perú tiene también un interés propio en que los derechos de participación que ha contribuido a reconocer a Palestina sean efectivamente ejercidos y en que sus decisiones internacionales mantengan coherencia con las posiciones que el propio Estado ha sostenido históricamente. El Perú no puede ni debe extraviar sus intereses nacionales. No puede ni debe decidir la política exterior en función de los intereses de otro Estado, por más que sea una potencia unipolar.

Los temas que más preocupan son la violencia del tráfico (y de los conductores), así como estar siempre atento a un potencial robo. Este tenso clima cotidiano predispone a algunos a buscar soluciones drásticas e inmediatas. En lo que más se fijan es en las características del candidato. Un lugar común es pedir honestidad, entendida como el hecho de no robar, pero también con que se haga lo que se prometió.  Como veremos más adelante, algunos entienden que lo ofrecido se puede pagar en partes y que “finalmente, todos son políticos”. No hay mucha esperanza y se escoge entre lo que hay.  Otro elemento es el estilo de liderazgo: mientras un sector demanda "mano dura" contra la delincuencia y el caos vehicular, otro prefiere un perfil más técnico, estratégico y dialogante, que sepa negociar sin caer en enfrentamientos. Esperan que el alcalde conozca la realidad de toda la capital (no solo de los distritos residenciales). Esto se relaciona con la empatía hacia los diferentes sectores que habitan Lima y con la vocación de servicio. Finalmente, se habla de la importancia de la experiencia y capacidad de gestión pública. Se valora la trayectoria previa en la administración pública o en grandes organizaciones, “que haya hecho obra”.  Asociarse con obras no es casualidad. Es un comodín que beneficia indebidamente a quienes están postulando a la reelección, ante la mudez del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Comparto los comentarios sobre los tres más mencionados. Quienes votarían por López Aliaga (RLA) lo ven como alguien de "armas tomar", “de mano dura” en la lucha contra la delincuencia. Lo describen como un empresario que "no entra a enriquecerse" del Estado. Lo ven cercano a sectores populares, porque en sus redes sociales aparece (sin buscarlo) movilizándose en mototaxis o comiendo en carretillas. Sus potenciales electores destacan la ejecución de diversas obras de infraestructura, aunque no las haya terminado o hayan generado discusión sobre su impacto, como la extensión de la Vía Expresa Sur, Ramiro Prialé, puentes, peajes y trenes. Para ellos, lo importante es “hacer”, así sea "al caballazo", por encima de la elaboración de expedientes técnicos. Quienes no votarían por RLA, pero incluso los que sí lo harían, critican sus excesos verbales, su estilo tosco y confrontacional. La reelección encubierta y su renuncia a la alcaldía para postular a la presidencia es uno de los motivos por el que un sector no votará por él, y es algo que también critican los que sí lo harían. Sin embargo, sus votantes disculpan su comportamiento alegando que las obras pesan más que la formalidad legal o el trato respetuoso; que deben darle la oportunidad de terminar “sus obras”, no importa cómo. La cultura desformal, señalada por Martuccelli, en plena acción.

Bruce es percibido como alguien sereno, dialogante, técnico y moderado. Algunos de los que no votarían por él perciben esa moderación como "tibieza" o falta de la firmeza necesaria para lidiar con el caos urbano.  Así como se ve una particular conexión emocional entre el votante de RLA y el candidato celeste, quienes votan por “Techito” lo harían más desde una lógica de antivoto (no hacerlo por RLA) o por una evaluación más racional de sus capacidades y experiencia como alcalde.  Muchos conocen su trayectoria como ministro de Vivienda, congresista y alcalde en Surco (que la mayoría aplaude, aunque algunos critican). Su posición con relación a temas LGTBIQ+ genera apoyo en el electorado más liberal, pero cierta resistencia en sectores conservadores. Se le asocia más a distritos de clase media y alta. Para algunos sería el “menos malo” a elegir, pero no se percibe una intención del todo definida.

Allison, al momento de las entrevistas, estaba menos presente en la memoria limeña. Es visto como un gestor de acción directa a nivel distrital, enfocado en la resolución de problemas inmediatos. Varios destacan sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana con tecnología de vigilancia avanzada, planteando la implementación de cámaras con inteligencia artificial y patrullaje intensivo. Se destaca lo logrado en Magdalena del Mar, donde es reconocido por haber mantenido un distrito limpio, verde y seguro.  Se le reconocen obras a nivel distrital, pero la principal duda, entre los entrevistados, es si la capacidad demostrada en un ámbito mediano se puede trasladar con éxito a la magnitud de Lima Metropolitana. También se ubica en el grupo de los posibles “menos malos”, pero todavía no consolida una clara intención de voto.

La mención a las obras es una constante, pero más parece importar la identificación con una forma de hacer las cosas.  Algunos privilegian el “caballazo”, como ellos mismos mencionan; otros apoyan un estilo más técnico. La próxima semana es la última del proceso electoral. Para una ciudadanía cansada de políticos que no los miran, así como por el reciente proceso electoral, pareciera que los debates no tendrán mayor impacto. Algunos esperan las encuestas para decidir por su “menos malo”, pero no es un patrón generalizado. Como todo gira alrededor de las personas, cualquier movimiento puede suponer un cambio a favor o en contra de una candidatura. No sabemos quién saldrá, pero tenemos cierta idea de las diferentes cosas que privilegian los limeños.

En educación, el éxito no cristaliza en papeles ni en ceremonias oficiales. El éxito cristaliza en lo que sucede entre un alumno y un profesor durante una hora lectiva. En esa relación se define si la educación es de calidad; si el profesor es consciente del tamaño de su responsabilidad; si el alumno logra descubrir sus capacidades, desarrollar sus habilidades, en suma, aprender y ser una buena persona, respetuosa del entorno, sensible, curiosa y honesta. Cuando el problema se reduce a infraestructura y a insistir en pleitos ideológicos, entonces no se ha entendido el problema.

En la última prueba Pisa estamos jalados. Digo estamos porque los jalados no son solo los alumnos, sino también los profesores, los responsables del Minedu y, sin duda, todos aquellos que intervienen en el diseño de políticas educativas. También los congresistas, por cierto. ¿Acaso no hemos visto lo que han hecho con la educación en los últimos años? El consuelo es que no somos los únicos que estamos mal y que el desastre es más extenso y profundo. Ya sabemos que mal de muchos, consuelo de tontos. Falta autocrítica y soluciones. Hay, obviamente, un requisito: entender el problema.

Concentrémonos en la lectura. Pisa confirma que la inmensa mayoría de estudiantes no entiende lo que lee. No es novedad. Pregúntales a los profesores. ¿Quiere decir que no saben leer? No. Los jóvenes pasan horas todos los días leyendo en sus teléfonos o pegados a una pantalla. También lo hacen muchos adultos, incluyendo profesores, por cierto. De manera que sí tienen contacto con la lengua escrita y leen. Obviamente, no es el tipo de lectura que contribuye con el desarrollo cognitivo esperable en una educación de calidad; al menos, digámoslo así, no es el tipo de lectura que incrementa el espíritu crítico, ni la abstracción, ni las asociaciones, ni las inferencias y parece poco probable que forme ciudadanos en el sentido estricto del término. Las maneras de comunicar, es decir, lo que se entiende por decirle algo a otra persona tiene en ese mundo una concepción distinta de la que experimentamos en la comunicación cara a cara. Cuando se pasa de ahí a la realidad real, el contraste y la distancia se hacen evidentes y, muchas veces, siembran el alma con frustraciones, violencia y una soledad insoportable. Las normas y conductas de una no funcionan en la otra. No se lee igual, además.

 ¿Es responsabilidad de los estudiantes? No. La responsabilidad es de la lista de jalados que mencioné y que ignora el complejo proceso cognitivo y emocional que atraviesan los escolares y los universitarios durante sus años de formación. Si la lectura implica contacto con textos escritos, habría que empezar por invitar a los muchachos y muchachas a que aprecien la existencia de tipos textuales distintos, cada uno con sus exigencias y cada uno con sus propios desafíos. Leer un editorial, una novela, una ley o un wasap implica formas y estructuras, verbales y discursivas, que someten al lector a diversos retos de comprensión. Ya circula el proyecto de introducir una hora de lectura en los colegios. Ciertamente que una hora es mejor que nada. Pero, ¿en serio creen que esa es la solución para que un escolar comprenda un texto? Los tipos de lectura tienen su momento, su edad y requieren diferentes grados de madurez intelectual. Exigirle a un escolar que lea la primera parte de el Quijote o, en un ejercicio de patriotismo, aprenda y recite un poema de Trilce serviría para confirmar que el problema está lejos de una solución. Y algo peor, quienes lo sugieren no ofrecen indicios de ser buenos lectores.

 Leer y comprender un texto exigen acompañamiento, experiencia, conversación, tiempo y, sobre todo, tener alguien con quien compartir lo que la lectura ofrece al lector. No basta mover los ojos sobre una sucesión de palabras, ni pedir resúmenes. La comprensión se traduce en una opinión personal sobre la idea central de un texto. Repetir de memoria demuestra que se tiene buena memoria y que no se ha entendido nada. Cuando se comprende un texto, el lector debe poder argumentar y defender su interpretación. Esa es la base del espíritu crítico. El discernimiento. El argumento.

 Cuando una autoridad declara que se fomentará el espíritu crítico en los colegios, todos celebramos. Pero si un segundo después afirma que se limpiará el currículo de toda ideología recurriendo a una historia científica, sustentada en datos, queda claro que carece de espíritu crítico y de conciencia histórica; también queda claro que una frase puede ser su propia negación. Nadie duda de la importancia de la educación para construir un mundo mejor; sin embargo, mientras sea vista únicamente como un negocio y un instrumento que da réditos políticos, entonces seguiremos cuesta abajo. Sin una buena educación no habrá desarrollo.

 ¿Qué debe suceder para que escuchemos a los especialistas y a quienes diariamente asumen la responsabilidad de dictar una buena clase? Hay mucha literatura sobre estos temas. Empecemos, vaya paradoja, por leerla.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la campaña subnacional no ha prendido en el ánimo ciudadano y parece poco probable que lo haga en los días que quedan.

Hace un par de meses planteaba que las elecciones del próximo 4 de octubre podían ser una oportunidad para preguntarnos qué rumbo queremos para el país, esta vez en clave local. También podían permitirnos construir gobiernos subnacionales capaces de articular las necesidades de sus territorios con el gobierno central y, a la vez, funcionar como piedra de tope de los abusos que este pueda pretender cometer en el futuro.

Sigo convencida de la relevancia de estos comicios, aunque estén pasando más desapercibidos de lo habitual.

Ricard Gomá, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Institut Metròpoli, afirma en su Alegato por un municipalismo transformador que “aún hoy la escala nacional estructura imaginarios políticos y vertebra actores de cambio (…) Es posible, sin embargo, adoptar otra mirada. Una perspectiva orientada a rescatar la relevancia histórica de lo local como activador de transformaciones”.

La inseguridad ciudadana, por ejemplo, exige un trabajo conjunto entre el Ejecutivo nacional y los municipios, aunque todavía no se perfilen alternativas novedosas para esa colaboración.

Aunque los gobiernos regionales y locales no tienen competencias directas sobre la detención y persecución del delito, sí pueden colaborar con la investigación y, sobre todo, desarrollar políticas de prevención.

Algo similar ocurre con otro problema estructural: la vivienda. En el país, el mercado inmobiliario ha crecido con el apoyo de programas gubernamentales de crédito y bonos para la compra. Sin embargo, muchos proyectos mal llamados de “vivienda social” son impagables para la mayoría o solo ofrecen viviendas cada vez más pequeñas. Cabe preguntarse si responden al derecho a una vivienda digna o, más bien, al negocio de constructoras e inmobiliarias.

Frente a ello, los gobiernos regionales y locales pueden regular la zonificación y gestionar proyectos públicos que garanticen condiciones dignas a sus residentes.

¿Y qué ocurre con el espacio público? Tras la pandemia, nuestras sociedades parecieron revalorar los espacios abiertos, la arborización y el aire puro frente a formas de esparcimiento puramente privadas. Sin embargo, las autoridades no parecen compartir esa valoración. En 2024, la Municipalidad Provincial de Piura taló una veintena de árboles y cercó un parque para construir un conjunto de piletas. En Lima, quienes transitamos hacia el centro vemos día a día cómo el Campo de Marte va muriendo.

Existe también un ámbito menos tangible, pero altamente relevante: como los gobiernos regionales y locales pueden convertir una visión política y un horizonte para su ciudadanía en medidas concretas, les es posible confrontar posiciones regresivas, como las promovidas en los últimos años en el gobierno central y el Poder Legislativo.

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Así lo ha demostrado el Gobierno Regional de Arequipa al garantizar, mediante ordenanzas, la Educación Sexual Integral, el enfoque de género en la educación y, más recientemente, la salud menstrual digna en su jurisdicción. Estas medidas defienden derechos frente a una legislación nacional que buscaba restringirlos, especialmente para las mujeres.

Gomá sostiene que “en el contexto actual de cambio de época y de ofensiva reaccionaria (…) la política de proximidad ha sido y es un espacio generador de utopías cotidianas y practicables; quizás con niveles bajos de épica y simbolismo, pero con un potencial remarcable para alterar trayectorias vitales y colectivas, para liberarlas de ataduras e injusticias”.

Estos ejemplos recuperan una idea central: debemos llegar a las elecciones del 4 de octubre no con la resignación de quien solo busca impedir que una opción política se imponga, sino con la voluntad de elegir autoridades capaces de proponer miradas distintas y progresistas.

Necesitamos gobiernos que reemplacen a aquellos que nos han llevado a la crisis en que vivimos, sí, pero que también impulsen avances desde lo regional y lo local. Necesitamos recuperarnos de la resignación y recuperar nuestra capacidad de construir alternativas. Lo contrario implica aceptar pasivamente el destino privatista y desigual de nuestros territorios.

En Lima Metropolitana, por ejemplo, parecemos encerrarnos entre dos opciones que representan un mismo modelo conservador y privatizador de la ciudad; su diferencia es más discursiva que sustantiva.

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Salvo algunas excepciones regionales, la ausencia de un debate público sobre lo qué esperamos de estas elecciones nos empuja hacia un proceso que podría dejar como ganadora a la “mismocracia”, representada muchas veces por organizaciones políticas sin bancada parlamentaria y próximas a perder su inscripción.

¿Qué esperamos, entonces, de nuestras autoridades? ¿Estamos dispuestos a apostar por construir alternativas nuevas para nuestros territorios? Nos quedan solo algunos días para responder esta pregunta.

 En la reciente reunión del Escudo de las Américas en la ciudad de Nueva York, aprovechando la realización de la Asamblea General de la ONU, los países miembros acordaron una declaración en la que se hizo referencia a temas económicos que, para EE.UU., constituyen una afrenta a su seguridad. Se mencionó la necesidad de explorar mecanismos de control de inversiones, salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas, y promover un marco normativo para proveedores de confianza en infraestructura digital. Además de confirmar que el Escudo de las Américas no solo se ha creado para luchar contra el crimen organizado, resulta evidente que estas medidas están pensadas en China.

 La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada en noviembre del año pasado, desarrolla el llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Este busca restaurar el poder político, económico y militar de EE.UU. en América Latina, desalentando que nuestros países colaboren con otras potencias. El objetivo es lograr la preeminencia de EE.UU. en América Latina en desmedro de competidores ajenos al hemisferio occidental que han logrado mucha influencia en los últimos tiempos. Nuevamente, ¿a quién creen que se está refiriendo EE.UU.?

 Por ello, resulta preocupante que Trump haya afirmado ante la Asamblea General de la ONU que, de ser necesario, utilizará su poderío militar para satisfacer sus intereses en América Latina. Mientras que, en la reunión del Escudo de las Américas, Trump les ofreció a los Estados latinoamericanos la posibilidad de intervenir sus países en caso de que ellos no puedan hacer frente a la criminalidad. En otras palabras, nos propone, pero también nos amenaza, con intervenir militarmente en nuestros países. Eso es justamente lo que el Escudo de las Américas termina legitimando.

 Hasta el momento, EE.UU. ha logrado que Panamá y Venezuela rompan con China, el primero producto de las amenazas de recuperar el Canal por la fuerza y el segundo como resultado de una intervención militar. ¿Qué sucederá con el Perú?

Atrevámonos entonces a hacer algunos vaticinios basándonos en lo que la realidad, y no los discursos, nos ha mostrado en estas semanas. De entrada, es obvio que Keiko Fujimori, en materia de decisiones, anda más perdida que la mamá de Marco (chiste boomer) y, en capacidad de gestión, no es precisamente el lápiz más afilado del estuche. Es fácil notarlo en sus escasas declaraciones a la prensa: puras generalidades, lugares comunes y un afán de ofrecer obra pública en lugar de soluciones estructurales. También está su escaso protagonismo en los consejos de ministros en los que, según ha trascendido, apenas abre la boca para saludar y despedir a los asistentes.  

 ¿Otra señal? La pobreza de su discurso -incluyendo el que leyó en la ONU, que parecía redactado a cuatro manos por Fernando Rospigliosi y Milagros Aguayo- y las escasas muestras de eso que se suele llamar cultura general. Lo que hasta el momento conocemos de su bagaje intelectual es una fijación con cierto modelo de pensamiento mágico religioso que proviene de libros de autoayuda de dudosa factura. De allí que, a menudo, utilice términos como “manifestar”, “decretar”, “vibrar alto” y otras frases cliché que forman parte de lo que algunos llaman Ley de la atracción y, otros, pura superchería.

¿Pero todo eso indica, per se, que será una buena o mala presidente? No. Este país ha dado muestras por décadas de que el mejor mandatario que hemos tenido se llama Piloto Automático y, si un gobierno -de Keiko Fujimori o cualquier otro- se cuida de hacer demasiadas olas, probablemente ese piloto siga al mando, manteniendo lo que algunos llaman “equilibro de baja intensidad”. Es decir, un estado de cosas insatisfactorio, sí, pero estable, en el que no se alcance progresos reales, pero en el que tampoco se caiga en una hecatombe irreversible.

Y este escenario se traslaparía a todos los sectores del gobierno. En Educación, por ejemplo, se reflejaría en una medianía en la que el alumno promedio, tras su paso por tambaleantes colegios estatales, clases sin recursos adecuados y profesores poco capacitados -y peor pagados-, lograría terminar sus estudios para insertarse, a duras penas, dentro de un sistema laboral de explotación y sueldos de hambre. Lo mismo en Salud, con servicios cada vez más precarizados atendiendo a millones de pacientes que, mal que bien, recibirán algunos medicamentos genéricos y lograrán sobrevivir hasta la edad de la jubilación, para recibir una pensión lindante con la indigencia durante lo que les quede de vida.

Todo ello, por cierto, con la anuencia resignada de una población dispuesta a no exigir demasiado mientras cuente con cierta predictibilidad: cambio estable, precios que no se disparan y servicios de mala calidad, pero alcanzables. Un futuro a media caña. O sea, más o menos lo que hemos tenido en estas últimas décadas en las que se nos ofreció un fabuloso chorreo económico que jamás llegó.

Por terrible que suene, ese parece ser el mejor escenario que puede pintarnos una gobernante que ya ha demostrado (si tomamos como referencia los tres breves gobiernos que manejó desde la sombra) escasa competencia, carencia de un programa de gobierno de miras históricas, ausencia clamorosa de cuadros propios y nulo afán moralizador.

Sin embargo, ¡ay!, sin embargo, todo ese frágil equilibrio podría venirse abajo si al gobierno de la Señora K se le da por transitar pendientes resbaladizas. ¿Cómo? Por ejemplo, si, creyendo que esa estabilidad tembleque equivale a gobernar bien, se le diera por eternizarse en el poder, digamos, echando mano a las reservas nacionales para comenzar una campaña populista a lo Hugo Chávez. Ahí, no sólo le diríamos adiós al buen Julio Velarde (o al sufrido sucesor que eje en el cargo), sino también a la estabilidad de la moneda y, de paso, a la democracia.

Otra posibilidad, nadita despreciable, es que, ante el menor atisbo de rechazo popular, a la doña se le diera por reprimir manifestaciones, acabar con nuestras escasas libertades y perseguir a críticos y opositores. Ahí no habría escudo de las Américas que la salve (sobre todo porque, después de noviembre, Donald Trump pasará a ser un “pato cojo”) y terminaríamos en la lista negra internacional, como terminó su padre, ubicado en el deshonroso puesto número siete de los gobernantes más corruptos del mundo.

Pero crucemos dedos para que eso no ocurra y nos mantengamos en la medianía del peor es nada. Tal vez un día, en el futuro, podamos darnos el lujo de soñar con algo mejor: una sociedad en la que no se deje a nadie atrás, en la que todos tengamos las mismas oportunidades de partida, en la que los gobernantes busquen el bien común y donde no haya un solo niño más caminando descalzo como prueba viviente de nuestro fracaso.

El caso del aborto es un típico ejemplo que ilustra la discordia, la trampa. Defender la libertad de las mujeres a decidir no exige que el resto renuncie a sus convicciones éticas o religiosas; exige que una moral en particular no use el Código Penal para coaccionar el cuerpo y la intimidad médica de la ciudadanía. La postura liberal no impone procedimientos a quien los rechaza: garantiza la coexistencia, permitiendo vivir según la propia conciencia de las dos posturas sin que el Estado fuerce a ninguna a someterse al dogma del vecino.

En el debate sobre el LUM, la trampa es la misma. Un sector pretende censurar el recinto para acomodar el pasado a su conveniencia partidaria; otro busca congelar una curaduría como dogma cívico incuestionable. La salida republicana no es el catecismo oficial ni la clausura. El Estado debe limitarse a custodiar con rigor forense los hechos —la barbarie terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, junto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales—, dejando abierto el espacio para que el ciudadano evalúe la historia en libertad, sin interpretaciones obligatorias por decreto.

Este falso liberalismo asoma también cuando figuras políticas que enarbolan la bandera de la libertad reducen la esfera privada del adversario al objeto de sospecha y estigmatización moral. Es la libertad a la carta: soberanía para el mercado, pero tutela policial sobre el cuerpo y la cama.

La filósofa Chantal Mouffe plantea el concepto de agonismo como una salida a esta trampa de "nosotros contra ellos, ellos contra nosotros". La fricción eterna. Hay que aceptarla. Una democracia madura no busca erradicar el conflicto ni forzar consensos artificiales, sino transformar el antagonismo destructivo entre enemigos en una disputa civilizada entre adversarios bajo el marco del Estado de derecho. El agonismo de Mouffe no exige tolerar a quien busca destruirte: quien apela a la violencia, al terror o al totalitarismo queda fuera del juego democrático como un enemigo, que quede claro. La condición de adversario aplica solo a quien disputa el poder bajo las reglas del Estado de derecho.

La auténtica salida liberal no exige que todos piensen igual ni compartan la misma fe o memoria; exige que ninguna mayoría circunstancial utilice el aparato estatal como garrote moral contra el otro. Superar nuestra neurología básica implica entender que la libertad ajena empieza, precisamente, donde termina la pretensión de imponer certezas por la fuerza. El libertarismo que solo defiende la propiedad del dinero pero avala la coacción del Estado sobre el cuerpo ajeno y la memoria cae en la misma conducta expropiatoria que dice repudiar.

A diferencia de los mecanismos tradicionales, en los que se usaba solo un canal (auditivo o visual) para transmitir información, hoy se tiene la posibilidad del multimedia, que permite interactuar simultáneamente, utilizando variedad de plataformas para ello.

En este escenario, la información se comparte sin mayor control sobre la veracidad de su contenido. Incluso, puede ser infestada por una “granja de trolls”, en la que existe un grupo de cuentas, a veces falsas o automatizadas, que se coordinan para manipular conversaciones en línea. A través de ellas, se inundan las redes con desinformación, acoso o propaganda, con el fin de influir en la opinión pública, atacar a opositores o desviar debates importantes.

Esta práctica aparece con más intensidad en campañas electorales y no es nada positiva, porque amplifica la polarización y deteriora el debate democrático. Tiene efectos jurídicos porque vulnera la libertad de expresión, genera miedo a opinar, afecta el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a participar en asuntos públicos, en un ambiente libre y seguro, sin presiones ni acoso. En este contexto, hay un impacto jurídico como social, que resiente la convivencia y debilita el buen funcionamiento de la deliberación democrática.

La manipulación de la información no es un tema de hoy ni es una novedad; la diferencia es que hoy cambia la escala y la velocidad. Con bots, redes sociales y segmentación, se amplifican mensajes a millones en minutos, aparentando consensos que en realidad no existen.

Antes, la propaganda era más centralizada y lenta; hoy es distribuida, automatizada y personalizada, lo que complica tanto su control como su fiscalización. Con la tecnología se amplifica el alcance y se permiten mensajes segmentados e incluso automatizados para fabricar percepciones artificiales de consenso. Eso afecta la deliberación pública, porque la conversación ya no refleja necesariamente lo que la gente realmente piensa, pues se fabrican mayorías artificiales que nublan la voluntad popular y desequilibran la democracia. Definitivamente, quien tiene capacidad para controlar, amplificar o introducir determinados mensajes dentro de las redes de comunicación adquiere una forma muy poderosa de influencia política, llamada manipulación.

Hay que enfocar el caso Cerimedo

Recientemente, en Bolivia, se detuvo a Fernando Cerimedo, a quien se le atribuye ser productor de granjas de troles para implementar redes de desinformación y operaciones políticas, para influir en el resultado de las elecciones en diferentes países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Perú.

El caso no ha sido desapercibido en nuestro país; por ello, se viene impulsando una moción en la Cámara de Diputados para indagar sobre esas intervenciones en el proceso electoral de nuestro país.

Una campaña masiva de desinformación afecta a todos los electores, a todos los ciudadanos. Afecta la libertad de sufragio y el derecho a participar en asuntos públicos, porque el voto pierde autenticidad si la voluntad se forma bajo manipulación artificial.

Afecta, además, principios como elecciones libres, la calidad de la información y la igualdad en la contienda. Dicho en otras palabras, la integridad del proceso electoral, que es un pilar del Estado constitucional, también termina siendo afectada.

No se debe minimizar el caso Cerimedo, pues con esa práctica también se afecta el ejercicio de la soberanía popular, la libertad de información, el pluralismo, la participación política, las elecciones libres y su legitimidad frente a esta práctica.

Habermas diría que el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio de manipulación. Dice Habermas: si los ciudadanos reciben información artificialmente producida o amplificada, la formación de la voluntad política deja de ser plenamente autónoma.

Otro dato que se debe relevar es la necesidad de la protección absoluta del proceso de formación de la voluntad política. No se trata de proteger una verdad absoluta, sino un proceso (repito, proceso) auténtico de formación de la voluntad.

El peligro de la manipulación

La manipulación de la opinión pública, como mecanismo de ejercicio del poder, tiene impacto en la legitimidad democrática. Como diría Chomsky, la opinión pública puede ser moldeada mediante mecanismos de propaganda y “fabricación del consenso”. El problema es quién controla los canales de información y qué intereses persigue. La realidad impactada y manipulada a través de estos mecanismos digitales requiere una regulación jurídica especial.

El punto clave es encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y la integridad del ecosistema informativo, sin aniquilar el debate, pero cuidando las condiciones mínimas para que el voto siga siendo libre e informado. La reflexión constitucional debe girar sobre cómo proteger espacios de deliberación auténtica, sin sacrificar libertades fundamentales.

El fenómeno digital requiere complementarse con el análisis de datos, microsegmentación y el poder de las plataformas, para que la libertad de expresión conviva con un debate público no manipulado.

El poder de manipular a las masas a través de la opinión pública no es nuevo. Lo novedoso es que hoy la tecnología permite hacerlo de una manera mucho más masiva, rápida, personalizada y difícil de detectar. Esto es lo peligroso.

La ciudadanía cree que está formando libremente su opinión, pero las condiciones en que esa opinión se forma pueden estar previamente condicionadas. Se trata de una fina intervención, de una alta cirugía comunicacional, donde el elector piensa que está construyendo su proceso deliberativo de manera libre y autónoma, sin darse cuenta de que está consumiendo un libreto ya establecido.

Nuevamente, para Habermas, el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio manipulado. Si una granja de bots crea artificialmente miles de voces, puede producir la apariencia de un consenso que realmente no existe.

Con esto no quiero decir que la comunicación digital pone en peligro la democracia, porque también hay diversas alternativas que están atentas para defenderla, como la intervención desde el Congreso (investigación y regulación jurídica), la fiscalización ciudadana, los movimientos sociales, por citar algunos.

Hay que proteger la voluntad ciudadana

El derecho a no ser manipulado tiene una consecuencia constitucional importante: la libertad del voto, que no significa que nadie obligue físicamente al ciudadano a votar por determinada opción. También implica que su voluntad política pueda formarse libremente.

Una manipulación masiva y artificial de la opinión pública podría plantear un problema mucho más profundo que la simple difusión de una noticia falsa: podría afectar las condiciones de formación de la voluntad popular, que es la base de la democracia.

Uno de los retos más grandes de las democracias contemporáneas es cuestionar no solo la información falsa, la mentira, sino la fabricación artificial de un consenso.

Cuando mediante bots, trolls o campañas coordinadas de desinformación se simulan mayorías, entonces se puede ver afectada la libertad con la cual el ciudadano forma su voluntad política.

La tarea desde el Estado constitucional no consiste en decidir qué deben pensar los ciudadanos, sino en garantizar que esa decisión sea auténticamente libre y no el resultado de una narración que se fabrica premeditadamente.

No se trata de decir no a la tecnología, pero sí de estar en contra de la manipulación que distorsione el debate público.

Políticos y oportunistas en campaña conocen tu reflejo condicionado: te venden militares en la calle, fuerza, orden y aprueban leyes a la medida para garantizar impunidad ante cualquier exceso policial. Te dan circo punitivo porque sale barato. Pero cuando se encienden los reflectores sobre el verdadero motor del crimen organizado, la bravata de tus caudillos se evapora y, también, observo, tu furia justiciera misteriosamente se apaga.

Es sabido que el mayor poder del hampa nacional ya no es el narcotráfico tradicional ni se dirige desde una celda común: opera a vista y paciencia de todos en los socavones de la minería ilegal. Es una industria criminal multimillonaria que dinamita torres de alta tensión, acopia arsenales de guerra, secuestra, corrompe autoridades, somete regiones enteras a la trata y financia ejércitos de sicarios y bandas de malandros.

Frente a esos poderes fácticos y armados, la mano dura que tanto vitoreas arruga de inmediato: se convierte en su mejor aliada burocrática. Poner a un pelotón de soldados a pedir documentos en una avenida de clase media es teatro para el noticiero del mediodía; interdictar de verdad —ingresar a las cuencas tomadas, dinamitar dragas, incautar maquinaria pesada, dinamita, explosivos, reventar plantas clandestinas y cortar el suministro de combustible y cianuro— exige quebrar el capital del negocio y arriesgar el pellejo frente a columnas con fusiles de asalto. Ahí nadie se atreve. Con el oro sobre la mesa, no.

Fuerza Popular y casi todo el arco parlamentario —incluyendo, por supuesto, a la izquierda de Juntos por el Perú— prefieren engreír a las mafias, prorrogarles indefinidamente el Reinfo y atar de manos a fiscales y policías para impedir cualquier interdicción real. El fusil y el discurso del orden se guardan en el cajón apenas asoman el financiamiento de campañas, el lavado de dinero, los votos de gremios informales y el chantaje de paralizar las carreteras y las calles por gente a la que no pueden terruquear. Todo un tinglado disfrazado de problema social.

Y tú, que te desgañitas pidiendo plomo en redes sociales, guardas silencio. Clamas por el ojo por ojo para celebrar la humillación del choro de celular, el raquetero, o el sicario de barrio, pero te tragas entero el sapo de quienes blindan al gran crimen financiero. Me temo que si exiges paredón para el eslabón más miserable de la cadena, pero toleras que los capos del oro ensangrentado manejen las leyes y el país a su antojo, lo tuyo no es anhelo de justicia: es cobardía moral.

 En el 2024 se introdujo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) una nueva causal de cancelación de inscripción de los partidos políticos. Además de la ya existente que mide éxito electoral de las organizaciones en las elecciones congresales (acceder a la distribución de escaños en por lo menos una de las cámaras), agregó una de participación en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM): participar en el 50% de circunscripciones regionales (13 regiones) y 20% de las provinciales (40 provincias).

La justificación jurídica de fijar este requisito es que los partidos políticos al ser de alcance nacional deban participar en las ERM, abandonando la lógica binaria de que existen partidos municipalistas y partidos con ambiciones nacionales. Ahora, parecería que la intención política del anterior Congreso con esta modificación era eliminar a la competencia y evitar la consolidación de proyectos políticos nuevos, contando con la propuesta de eliminar los movimientos regionales como seguro para su propia supervivencia para así poder ofrecer sus marcas como vehículo electoral para aquellas organizaciones que mejor rinden históricamente en las ERM a nivel nacional, aunque por la presión de estos movimientos terminó siendo descartada.

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En junio de 2026 y con el proceso electoral de las ERM ya iniciado (las elecciones internas ya se habían llevado a cabo en mayo), el Congreso aprobó al caballazo por iniciativa del excongresista Guido Bellido (quien inscribió su partido “Pueblo Consciente” en 2025) una modificatoria al mínimo de participación en las elecciones regionales para mantener las inscripciones, bajando el requisito del 50% al 30%, es decir, de 13 a 9 regiones en las que tenían que participar. Como las elecciones internas ya habían ocurrido, los partidos con representación en el Congreso tomaron consciencia que con las reglas que ellos mismos establecieron en 2024, todos con excepción de Renovación Popular iban a perder la inscripción.

Adelantándose al partidicidio inminente que iba a ocurrir en enero de 2027, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones publicó el sábado 5 de septiembre un Acuerdo donde señaló que no iba a aplicarse la modificatoria aplicada en junio de 2026 en estas elecciones, ya que al momento de su aprobación había iniciado el proceso electoral y los partidos ya habían participado en este en las elecciones internas. Según esta inesperada pero correcta lectura del Pleno de los 6 partidos en el actual Congreso, 5 perderían su inscripción (ver el cuadro1). Una democracia sin partidos.

Ahora, el débil sistema de partidos nunca ha sido la mayor de las preocupaciones de nuestro representante promedio, por lo que surge la pregunta, ¿cuál es el interés en mantener las inscripciones? sencillo, el financiamiento público directo. Sumando OBRAS, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Fuerza Popular y Ahora Nación, junto con la inscripción perderían también 169 millones de soles aproximadamente (ver cuadro2).

Desde la publicación del Acuerdo distintos políticos y abogados electorales han esgrimido distintas interpretaciones al Acuerdo y a la LOP con el objetivo de aferrarse a la plata proveniente de todos los peruanos que los partidos debieron usar para fortalecer sus organizaciones y con esto darle robustez al sistema político peruano; pero que cuyo uso ha sido destinado a favorecer económicamente a amigos y militantes, y claro, a contratos con algunos de estos abogados.

 Una de estas interpretaciones no merece mayor análisis ya que es respondida desde la lingüística y no desde el derecho, ya que han querido leer la “y” como si fuera una “o” en el literal f. del art. 13 de la LOP: “Cuando el partido político no participe en las elecciones regionales en, por lo menos el 50% de las regiones; y en las elecciones municipales conforme al siguiente detalle (…)”, por lo que cumpliendo con la participación mínima regional o provincial mantendrían la inscripción, ya no con ambas.

Sin embargo, el nuevo argumento usado es sobre qué se entiende como participación en las elecciones regionales y municipales. Entendiendo que el Pleno del JNE aún no se ha manifestado sobre esta materia ya que es la primera vez que tenemos una causal de cancelación basada en participación y no en resultados, han argumentado una lectura a mi juicio errónea del Acuerdo del Pleno, señalando que la participación del partido en una circunscripción se da por la presentación de la/s lista/s de precandidatos en esa provincia o región a elecciones internas. Más allá de discutir si el Pleno del JNE dio a entender esto o no en su Acuerdo, me parece necesario explicar por qué sería un error que se interpretara de esta manera, ya que con esta lectura todos los partidos con representación parlamentaria salvarían su inscripción (y su financiamiento público) salvo OBRAS, burlando la ley con una interpretación contraria a la razón de la reforma.

Esta interpretación, llevada a la práctica, significaría que la participación de un partido a nivel provincial y regional se mide por cuántos DNIs de militantes de los partidos en esa circunscripción se ingresaron a la plataforma virtual habilitada por la ONPE, sin necesariamente su consentimiento, ya que en esta etapa solo se ingresan a la plataforma los DNI, no algún documento que constate la manifestación de la persona de aceptar ser candidato a las internas, como la Hoja de Vida o la Declaración Jurada, que se presentan en la etapa de inscripción de la lista completa. Por eso las listas sometidas a las internas no son definitivas para determinar la participación de un partido en una circunscripción, ya que en el periodo entre las internas y la inscripción de la lista ante el JEE los candidatos ratificados por las internas podrían renunciar o negarse a firmar los documentos requeridos, haciendo que la lista completa no pueda inscribirse si es que no hay accesitarios.

Si la intención de la reforma es medir la capacidad de los partidos de ofrecer oferta política a la ciudadanía en cierta cantidad de circunscripciones, el sometimiento de una lista en las internas no asegura ningún tipo de oferta real a la ciudadanía ni participación efectiva. Esto solo se da con la inscripción de la lista de candidatos por el JEE correspondiente.

Espero que el JNE, atribuyéndole valentía al Acuerdo ratificado en mayoría y no malinterpretando el hueco vacío dejado en la interpretación de desde dónde empieza la participación, no ceda a la presión de los partidos en riesgo de perder su financiamiento y mantenga una lectura acorde a la ley y al espíritu de la norma. En este contexto, el tema de fondo y que merece mayores reflexiones: ¿cómo un partido que lleva 20 años queriendo gobernar el país, y que se señala a sí mismo como el partido más sólido e institucional del panorama actual, no ha sido capaz de presentar (ni digamos ganar la elección) candidaturas en más de 9 regiones? Cada vez sorprende menos su bajo desempeño en varias regiones del país en las Elecciones Generales y el bajo rendimiento de su primer mes en Palacio.

Así se destruyó la reforma educativa, se desmanteló la reforma universitaria, se revirtió la reforma electoral aprobada en referéndum, se impuso el bicameralismo contra la voluntad popular de 2018, se aprobó la iniciativa de gasto parlamentario y se extendieron beneficios tributarios a agroexportadores en contra de la evidencia técnica.

Renovación Popular, como lo fue Perú Libre en la legislatura anterior, no es ajena a ese modelo, sino una de sus consecuencias más recientes. Ya negociaron antes con el mismo fujimorismo. Prueba de ello son la conformación y abdicación a la tutela de derechos y funciones en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, las comisiones clave del Senado, y la fiscalía. Son hoy la expresión de espacios de poder distribuidos entre socios bajo la misma lógica con la que hoy reclaman favores pendientes.

Es el ajuste de cuentas natural entre quienes comparten un mismo negocio que consiste en hacer de lo público su renta privada. Uno le reclama al otro que no cumplió su parte del acuerdo. Y lo más grave es que por lo visto, el fujimorismo está más que dispuesto a seguir negociando su parcela pública. El ciudadano, mientras tanto, no está en esa mesa, pero está pagando toda la cuenta.

Eso es lo que estos días exhibe la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, con frivolidad y de manera errática. Una postulación que solo se sostiene en el abuso flagrante de las reglas electorales y en la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones que prefirió resolver sin respetar la Constitución ni su propia jurisprudencia.

Y esta es, para desgracia de los peruanos, la demostración más elocuente de que las organizaciones políticas no saben gobernar un país con tantas demandas pendientes. Por eso, solo saben hacer sobrevivir su propio ecosistema prebendario.

Entonces, la pregunta que el país debe hacerse no es por qué la oposición fiscaliza sino por qué el gobierno prefiere ajustar cuentas con su socio antes que usar las herramientas que ya tiene para gobernar. Además, recordar que el reto de la democracia y de saber gobernar es liderar negociaciones con transparencia, reglas claras y gestionar así las decisiones de las mayorías, y no el reparto entre quienes intentan imponerse a la fuerza.