En su momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que, a mediados de julio, se proclamará el resultado de las elecciones presidenciales. Será un mes o mes y medio de transición, hasta el 28 de julio, de un entorno de competencia electoral a otro en el que se pondrá en juego la gobernabilidad. Puede que se tenga estabilidad económica; es más difícil que se tenga estabilidad política. Son semanas en las que aparecen multitud de interrogantes difíciles de responder: ¿Cuál será el accionar del fujimorismo desde el Ejecutivo? ¿Cómo se comportará su bancada? ¿Logrará Juntos por el Perú (JP) mantener las alianzas forjadas en la campaña? ¿JP mantendrá activa la calle o esperará un tiempo? ¿Cuál será el rol del Partido del Buen Gobierno en un clima partidario polarizado? ¿Cómo será la dinámica entre la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Cuánto durará eso que todavía se llama "luna de miel", cada vez más menguante? Cuando, a mediados de julio, el JNE proclame al ganador, algunas de estas interrogantes comenzarán a aclararse porque, en ese lapso, se empezará a especular sobre el futuro gabinete, y eso será, en sí mismo, un primer mensaje. Mientras tanto, ¿cómo abordan este proceso los principales protagonistas de la segunda vuelta?

En Fuerza Popular hay dos tipos de comportamiento que abren aún más interrogantes sobre cómo sería su posible gestión de gobierno. Por un lado, predomina el silencio de quienes han competido por la Presidencia y volverían al Ejecutivo después de 26 años. Por otro, está la activa bancada naranja, que no deja de actuar en función de los intereses que ha venido gestionando todos estos años desde la Comisión de Constitución y, en general, desde el accionar y el voto de sus diferentes parlamentarios, entre los que destaca Fernando Rospigliosi en la Mesa Directiva. Por un lado, Keiko Fujimori se va de viaje y sonríe para las cámaras mientras acompaña a su hija, que inicia estudios en el extranjero. ¿El mensaje que quiere transmitir? Que espera, confiada, los resultados. Imagino que tiene más certezas sobre quién será elegido que sobre qué hará frente a un Congreso más complejo y un país fragmentado, que, en ciertos temas y territorios, está muy polarizado.

En paralelo, la bancada de Fuerza Popular, junto con Renovación Popular, modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para que los delitos y faltas cometidos por policías y militares en actividad, durante el ejercicio de sus funciones, sean procesados y juzgados únicamente por el Fuero Militar Policial, y así evitar que pasen por la justicia civil. ¿Ese sería el comportamiento que tendrían en el Congreso si Fuerza Popular llega al Ejecutivo? El nuevo Congreso tiene un Senado y una Cámara de Diputados más política. Allí, Renovación Popular podrá votar en distintos temas igual que Fuerza Popular, aunque hoy ambas agrupaciones aparecen como competencia de cara al 2031. Además, muchas de las bancadas que daban sus votos a cualquier cosa con tal de recibir prebendas ya no están. No es seguro que se mantenga una alianza de izquierda, pero hay incentivos futuros suficientes para pensar que podrían seguir vinculados por un tiempo. El fujimorismo se pasó el período 2021-2026 modificando la Constitución para darle más poder al Congreso, básicamente porque ya no estaba en el Ejecutivo. A futuro, lidiará con un Parlamento empoderado, donde no tiene genuflexos a su servicio.

Del lado de Juntos por el Perú (JP), las reacciones también son variopintas. Con todo derecho, siguen peleando en los Jurados Electorales Especiales (JEE), voto a voto, a fin de mejorar sus resultados. Sin embargo, muchas veces presentan acciones legales a destiempo o sin abonar los montos que corresponden para que el trámite prospere. Lo más sólido de los reclamos estaría vinculado a la demora en el envío del material electoral desde Argentina. Será un tema que el JNE deberá evaluar para ver si el pedido tiene sustento. Otro asunto es si esos números cambian la actual tendencia.

Pero lo central este miércoles es que Sánchez busca convertir esta coyuntura en un proceso de acumulación de fuerzas y construcción de una narrativa que probablemente se mantenga durante un tiempo. ¿Desde ahí construirá su forma de ser oposición? No hay duda de que el actual Congreso, liderado por Fuerza Popular, maniobró para fragmentar el voto y beneficiar a las actuales bancadas con más presupuesto y tiempo de campaña para sus candidatos. Eso llevó a que, en el sur, un sector de la población mirara el proceso electoral de primera vuelta como parte de un fraude liderado por el fujimorismo. Pero ese es un tema que estuvo sobre la mesa desde el comienzo y que ya fue bastante criticado. El discurso y accionar de JP en estos días busca conectar la percepción de injusticia en relación con Pedro Castillo, predominante en la sierra peruana, con la idea de que no se está haciendo "justicia electoral".

En su extremo, hay un discurso que considera que los resultados no serían legítimos. No se dice directamente, pero se reclama "transparencia" y "cero controversias", a la vez que se declara que "nuestro pueblo se siente ganador". En la conferencia del jueves se subrayó el derecho democrático de salir a protestar y defender el voto, así como la necesidad de invocar y cuidar que la marcha y las protestas no deriven en actos de violencia. No sabemos si JP está pensando hacer una oposición programática desde el plan de gobierno que presentaron al final de la segunda vuelta. Sin embargo, estas decisiones indican que, al igual que en el debate presidencial de segunda vuelta, Sánchez dará peso a la confrontación política y que el tema de la injusticia electoral se vinculará con la injusticia sobre Castillo y con la injusticia histórica que enfrentan amplios sectores de la sierra peruana. Los perfiles se van delineando.

Juntos por el Perú ha recurrido a los mecanismos institucionales disponibles para cuestionar resultados que considera irregulares. Los reclamos realizados merecen una evaluación seria, para el respeto del voto de todos. Y el hecho de que la ciudadanía haya financiado colectivamente las tasas que el partido no podía cubrir por sí solo no es un dato menor: dice algo sobre el tipo de apoyo que moviliza este proceso. Hay que decir también que los recursos declarados improcedentes en primera instancia no fueron derrotados en el fondo, sino en la forma, por falta de pago de tasas. Ahora, JP tiene la responsabilidad de sostener su reclamo con la solidez que la gravedad de la denuncia exige: no basta usar las herramientas del sistema, hay que usarlas bien.

Pero aun si los mecanismos institucionales resuelven la disputa, no resolverán la fractura. Un país que termina 50.11% contra 49.89% no está ante un empate técnico: está ante un mapa. Y ese mapa tiene nombre y dirección. El Perú que votó por Sánchez dentro del territorio —el sur, las regiones, los que cargan la informalidad y la inseguridad— no va a desaparecer el 28 de julio, cuando asuma el nuevo gobierno. La división no es un accidente del conteo. Es la política misma diciéndonos algo que preferiríamos no escuchar: que gobernar para la mitad es la tentación permanente del poder en el Perú y que la otra mitad lleva décadas pagando esa cuenta.

Y esa cuenta tiene rostros. Son los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que llevan años exigiendo verdad y justicia, y que saben por experiencia propia lo que significa que el Estado decida que sus muertos no cuentan. Son los defensores comunitarios criminalizados por oponerse a proyectos extractivos que no les dejan ni el agua. Son las mujeres esterilizadas a la fuerza, cuyo caso sigue sin condena o cuyos reclamos son burlados por negacionistas. La fractura electoral no es abstracta: se mide en impunidad acumulada, en instituciones debilitadas adrede, en un Congreso que —mientras se contaban los votos— aprobó en primera votación una ley para que los delitos de policías y militares contra la ciudadanía que se moviliza sean juzgados únicamente por fueros militares y policiales, blindándolos ante la justicia ordinaria. Gobernar ignorando esa mitad no es solo injusto. Es, como ya lo hemos visto, peligroso.

La pregunta no es si el fujimorismo tiene historia de hostigar y perseguir a quienes se movilizan. La pregunta es qué garantiza que ahora, con la presidencia además del Congreso, no lo hará con más furia y ensañamiento. Y la respuesta más honesta es que no todos pueden protegerse por igual de esa furia. El miedo es legítimo. Y nombrarlo también lo es.

Más de dos décadas después del informe de la CVR, el balance judicial es el que las propias víctimas califican de inaceptable. El IDEHPUCP documentó que los 538 casos de violación sexual registrados en el conflicto armado acumulan décadas sin sentencia condenatoria alguna. El caso de Manta y Vilca, donde mujeres de comunidades altoandinas de Huancavelica fueron agredidas sexualmente por militares en bases instaladas en sus propias comunidades, tardó 30 años en llegar a juicio oral. Los equipos de acompañamiento psicológico señalan que la impunidad prolongada agrava el daño original porque convierte la espera en una nueva forma de violencia institucional.

El Congreso saliente agravó esa situación con la Ley 32107, conocida como la Ley de Impunidad, que forzaría el archivo de alrededor de 600 episodios de graves violaciones de derechos humanos. La norma afectaría directamente a más de 550 víctimas, entre ellas las de casos tan emblemáticos como Barrios Altos y Pativilca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano frenar su aplicación. La ley sigue vigente y la Fiscalía advirtió que su aplicación comprometería décadas de investigaciones ya tardías.

El gobierno que asuma en julio tiene la oportunidad de revertir ese retroceso desde las primeras semanas. Derogar la Ley 32107 requiere voluntad política y coordinación con el nuevo Congreso bicameral. Dotar de recursos a los fiscales que llevan los casos del conflicto armado y garantizar acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas son decisiones que dependen de presupuesto y agenda. Las mujeres de Manta y Vilca llevan cuatro décadas esperando una sentencia del Estado que las agredió. El nuevo Congreso tiene en esa deuda uno de sus primeros exámenes de altura moral.

Esta colectiva recoge la premisa para transformarla en experiencia estética. La sala deja de ser un espacio neutro, deviene en una geografía donde cada obra es un organismo autónomo y, al mismo tiempo, trama mayor donde materiales, símbolos y relatos establecen vínculos inesperados. Lo que emerge es una constelación de preguntas sobre nuestra posición en la Tierra y sobre las posibilidades de coexistencia en un mundo profundamente herido.

La obra de Luisi Llosa, “Humanidad residual”, sitúa al visitante frente a una dimensión geológica de la existencia. Piedras intervenidas con pan de plata dialogan con lienzos de cromática mineral para construir una reflexión sobre la fragilidad humana y la persistencia de la materia. Las grietas, lejos de ocultarse, se exhiben como marcas de experiencia. Para que la piedra se convierta en metáfora del cuerpo y la erosión adquiera la dignidad de una escritura, como si el tiempo hubiese aprendido a grabar sus memorias directamente sobre la piel del mundo.

En contraste, Andrea Tregear propone con “Naturaleza viva” y “Naturaleza viva 2/3” una mirada donde lo artificial parece adquirir comportamiento biológico. El acrílico y el plexiglass generan formas translúcidas que evocan organismos marinos, corales mutantes o criaturas que emergen de un futuro todavía indescifrable. La artista transforma materiales industriales en presencias orgánicas, cuestionando las oposiciones tradicionales entre naturaleza y artificio. Cada transparencia es la piel fósil de un océano extinguido intentando emitir, desde la luz, una memoria.

Los dibujos de Nicole Franchy desplazan radicalmente la perspectiva humana. En “El amo de la tierra” y “La mirada del Jaguar” el animal deja de ocupar el lugar de objeto representado para convertirse en sujeto de observación. El jaguar nos contempla. La artista subvierte así una larga tradición visual occidental para proponer una relación más horizontal entre especies, pues la mirada también puede ser territorio y el mundo no pertenece exclusivamente a quienes creen nombrarlo.

La dimensión ritual aparece con fuerza en las instalaciones de Mariú Palacios. “Dile lo que no pudiste decirle” construye un espacio de memoria mediante tejidos, camisas, teléfonos y caracoles, elementos que evocan tanto la comunicación como la ausencia, mientras su “Blueprint, matriz” explora el símbolo uterino como origen, refugio y arquitectura afectiva. Sus obras poseen la intensidad silenciosa de los objetos que sobreviven a quienes los utilizaron.

Por su parte, Alice Wagner presenta “Panteísmo”, instalación cerámica compuesta por cuarenta y cinco piezas que cuestionan las formas tradicionales de espiritualidad. La artista sugiere que el futuro espiritual del mundo no residirá tanto en las viejas trascendencias verticales como en una sensibilidad horizontal capaz de reconocer inteligencia en todas las formas de existencia. Como si la materia, exhausta de servirnos, reclamara por fin una dignidad sagrada entre animales, minerales, ruinas, cuerpos y raíces.

La potencia de la muestra está en la trayectoria de sus protagonistas. Tregear ha dedicado más de veinte años a una rigurosa investigación sobre el acrílico y las posibilidades expresivas de la luz. Wagner es una de las artistas peruanas más reconocidas de su generación, con presencia en importantes museos y colecciones internacionales. Franchy ha desarrollado una carrera internacional marcada por residencias y exposiciones en Europa y Estados Unidos. Palacios ha construido una práctica multidisciplinaria atravesada por la memoria, el territorio y la experiencia ritual. Llosa, por su parte, ha consolidado un lenguaje propio donde la piedra se transforma en una reflexión filosófica sobre vulnerabilidad y permanencia.

Así, Maneras de estar vivo dialoga con debates fundamentales sobre antropoceno, ecologías críticas y pensamiento decolonial. Todo un tránsito a través del ecosistema donde cada piedra, tejido, animal y organismo híbrido funciona como umbral hacia una conciencia más vasta donde lo humano deja de ocupar el centro para reintegrarse a la trama infinita de relaciones existenciales. Un manuscrito coral, mineral y biológico cargado de entrañable belleza.

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Datos:

▪ Lugar: Vesper Tzu Galería

▪ Dirección: Av. Santa Cruz 1068, Miraflores. Lima – Perú

▪ Temporada: Hasta el 24 de junio de 2026

▪ Horario de visita: lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

▪ Ingreso: libre

Constantino Carvallo, educador peruano

Cada cuatro años, el planeta desea patear con más ganas una pelota. El Mundial de Fútbol, esa ceremonia global que convoca emociones, identidades y negocios, vuelve a ocupar titulares y conversaciones cotidianas. Pero más allá de estadios repletos y gestas épicas, el torneo despliega una trama paralela: la que se vive en casas y colegios, donde niños, padres y profesores terminan discutiendo, sin proponérselo, sobre competencia, consumo, frustración y valores deportivos.

Si apelamos a esos valores que el fútbol puede transmitir, vale recordar lo que afirmaba el escritor argelino Albert Camus, que “todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol”. Una idea que no contradice, sino que se complementa, con la mirada del uruguayo Eduardo Galeano, quien advertía que “el fútbol es un espejo del mundo: en él se reflejan sus virtudes y sus miserias”.

Desde esa perspectiva, podemos decir que la Copa del Mundo dejó hace tiempo de ser únicamente fútbol para convertirse también en una gran caja registradora. En ella no solo se celebran jugadas imposibles y goles memorables, sino que se promueven hábitos de consumo no siempre saludables. Es precisamente allí donde surge una oportunidad —a veces incómoda— para educar.

Basta mirar el fenómeno de los álbumes de figuritas. Para muchos adultos, el recuerdo es tibio: páginas incompletas, cromos repetidos y tardes de trueques sin conseguir el jugador esperado. Una nostalgia teñida de desilusión, pero también de ingenuidad. Hoy, ese rito ha cambiado de escala. El deseo de “llenar el álbum” ha sido absorbido por una lógica de mercado que convierte el pasatiempo en una inversión desproporcionada y, en no pocos casos, desbordada.

Las cifras no mienten. Un álbum básico de la marca que tiene los derechos internacionales ronda los 9.90 soles. Cada sobre de siete figuritas cuesta 4.20, y el “paquetón”, con poco más de cien sobres, supera los 380 soles, dependiendo de la oferta. Completar la colección —de 980 cromos— requeriría cerca de 600 soles en un escenario improbable de no tener repetidas. Pero la repetición es la regla en este juego. Entonces, cuando fallan los intercambios y el deseo de llenar el álbum crece, el gasto escala sin pudor. Un importe aproximado puede bordear los tres mil soles, si no renuncias antes de alcanzarlo. Una locura que encuentra su principal campo de acción en un lugar muy predecible: la escuela.

Es allí donde los álbumes dejan de ser cuadernillos ilustrados para convertirse en artefactos sociales. En los recreos se negocia, se compara, se presume y también se excluye. “Yala, nola”, “¿cuánto vale esta?”, “yo tengo más que tú”, “¿esta no la tienes? ¡Jajaja!”. El lenguaje del mercado se filtra en edades tempranas y surgen tensiones atravesadas por la presión del grupo y el deseo de autoafirmarse con la comparación. Los niños trasladan esa lógica a casa y presionan por más sobres; algunos padres ceden, otros se resisten, mientras no pocos docentes observan sin intervenir. Y quedan aquellos pequeños que, desde la orilla, están a la expectativa de un intercambio desigual por un producto cada vez más costoso.

Las preguntas son inevitables: ¿quién está acompañando este proceso? ¿Cuántos adultos advierten que, detrás del entretenimiento, se incuban patrones de consumo y jerarquías materiales que pueden dañar los vínculos? ¿Nos estamos ocupando realmente de esto?

Y en medio del barullo, el fútbol —paradójicamente— queda relegado. Valores como el esfuerzo, la disciplina, el honor o el trabajo en equipo ceden ante un criterio inmediato: el poder adquisitivo. Ya no importa la hazaña en la cancha, sino la capacidad de completar una página o conseguir el cromo deseado. El sentido formativo del deporte se diluye frente a la urgencia de acumular para evitar la decepción.

Pero no todo está perdido en esta fiebre coleccionista. Allí donde hay un problema, también hay una puerta. El entusiasmo por las figuritas puede transformarse en una herramienta pedagógica si se guía con propósito. Intercambiar figuritas puede ser aprender a negociar con justicia, valorar al otro y dominar la codicia. Completar un álbum puede dar lugar a ejercicios de cálculo, probabilidad y estadística. Analizar su información permite reconocer fuentes de datos secundarias. Cada jugador puede despertar curiosidad por su país, su historia o su cultura. Es decir, incentivar la investigación y el deseo de aprender con optimismo.

Quizá la clave no sea prohibir ni ceder sin más, sino resignificar el hábito, dotar de sentido al álbum antes que a sus figuritas. Convertirlo en una excusa para pensar, dialogar y aprender en comunidad. Porque, al final del torneo, muchas colecciones acabarán olvidadas o —vale decirlo— arrojadas al vertedero de la frustración o la vanidad. Eso ya lo conocemos los adultos.

Lo que no debería perderse, si el camino se recorre con conciencia, es la lección aprendida. El Mundial pasa; nosotros —y, especialmente, ellos— estamos convocados a trascenderlo con ilusión, criterio y responsabilidad.

Para que ustedes lo recuerden, el baobab es un árbol gigante. Su tronco puede superar los diez metros de diámetro y almacenar cientos de miles de litros de agua. Vale decir que, aunque sea un vegetal sediento, puede y podrá sobrevivir el calor seco de la sabana en África. Y mejor aún, es capaz de vivir más de dos mil años.

Si usted leyó El Principito, se acordará de que ese árbol tenía sus raíces donde debieran estar las ramas y que muchos lo llamaban “el árbol al revés”. Eso es una exageración, pero no tanto porque sus ramas, cual dedos pilosos, se levantan hacia el cielo como si estuvieran en oración perpetua.

Andariego, Jorge Cabrera Gómez, salió pronto de Trujillo y se fue a la universidad de Belo Horizonte, en Brasil, para luego terminar arquitectura en la UNI y después cursar maestría y doctorado en las universidades de Lovaina, Bélgica y París.

Me parece que nos vimos en una clase de Nathan Wachtel en La Sorbona, mientras estudiábamos el curso de “Dualismo en el mundo andino”. Con tan múltiples antecedentes académicos, es fácil imaginar que le fue sencillo conseguir un trabajo en las Naciones Unidas, donde lo enviaron a Guinea Bissau para apoyar a los “antiguos combatientes de la patria”, jóvenes que, dirigidos por Amílcar Cabral, habían liberado a su país del colonialismo, pero se encontraban dispersos y desocupados en 1981. Desde entonces, Jorge inició su relación amorosa con África.

Después de Guinea Bissau, pasaría a la isla Gorée, reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Aunque debería ser de la inhumanidad y el escarnio porque de allí partieron los barcos cargados de esclavos hacia América a lo largo de casi tres siglos, hasta 1848.

Cuando Jorge llegó a Guinea, la economía del país se basaba en la producción agrícola y ganadera. Cultivaban arroz, nuez de palma, coco, maíz, sorgo, maní y nueces de acajú, estos dos últimos para exportación. Producían también madera y caucho luego de explotar los grandes bosques de su territorio. La pesca era una actividad de autoconsumo.

Como él mismo me dijo, su misión consistía en apoyar la recuperación económica de los combatientes, quienes al fin de la guerra de independencia fueron desmovilizados. Eran más de dos mil, y cerca del cincuenta por ciento estaban inválidos. Este contingente -más las viudas y huérfanos de guerra- sumaba 6500 personas. Se comprendía, además, de manera indirecta, a sus familias, lo cual hacía un universo total de doce mil personas que era el ámbito del proyecto.

Aparte de Guinea, el incansable agente de la ONU, realizó tareas en Malí, donde habría de recorrer el país durante dos años, con la misión de organizar a los artesanos y apoyarlos con créditos, capacitación técnica y empresarial. Además de la novela El baobab, publicaría otros libros, pero acaso su corazón ha permanecido siempre al lado del árbol de la vida.

Así me lo dijo ayer, mientras conversábamos con otro peruano caminante del África, Eduardo González Cueva, quien es también un trabajador de las Naciones Unidas que informa sobre la situación de los derechos humanos en diversas naciones africanas. En ellas, Eduardo ha pasado muchos años, pero acaso lo que más recuerda es Malí y el árbol que tanto a él como a mi otro entrevistado parece haberles dado un evangelio de vida.

Debe decirse que al baobab se le llama también Árbol Botella y Árbol del pan del mono, así como Árbol Boticario y Árbol Mágico.

A su sombra se sentaron, en el siglo XIII, los rebeldes que, ya en esa época, escribieron una carta de los derechos humanos y los filósofos que frecuentaron en Tombuctú la Universidad de Sankore, uno de los primeros centros académicos en la historia de la humanidad.

Por todo lo que ha escrito Jorge en El Baobab, debe ser ese personaje vegetal el que ha atravesado el desierto para ofrecer a sus hijos una verdad escondida.

En ese árbol se resumen las vidas que nunca se vivieron, las promesas que nunca se cumplieron y el cielo en la tierra que todos los hombres y mujeres queremos edificar.

Hay un romanticismo muy extendido sobre el Perú; prestigiosos foros y titulares internacionales celebran su 'estabilidad económica' como si fuera un trofeo inmutable, mientras que la condición esencial de todo país -su democracia- se esfuma entre eslóganes y balances macro. Esa fascinación superficial privilegia indicadores financieros y calificaciones de riesgo, pero olvida que economía, institucionalidad y derechos son compatibles y, sobre todo, interdependientes. Una economía sana sin instituciones autónomas y sin respeto a los derechos fundamentales es, en el fondo, una apariencia; el cascarón de la prosperidad.

Gran parte del debate reciente prioriza la continuidad macroeconómica como si fuera el bien supremo. Eso soslaya que la calidad democrática impacta directamente en la economía; seguridad jurídica para la inversión, controles anticorrupción efectivos, capacidad administrativa estatal y protección de derechos sociales generan certidumbre real. Ignorarlos es construir estabilidad sobre arenas movedizas.

El conteo de presidentes -'ocho en 10 años'- se celebra como curiosidad, pero oculta causas, estrategias y responsabilidades concretas de quienes buscan imponer fórmulas de poder. La sucesión de crisis responde a liderazgos dispuestos a gobernar 'a cualquier precio' y a un Congreso que actúa, como se está imponiendo como regla, como instrumento político de remoción masiva, no como contrapeso republicano.

Tampoco se mira el papel de los grupos económicos y su relación con medios influyentes. Existe una alianza que promueve políticas económicas a la medida de intereses concentrados, financia proyectos políticos y legitima hegemonías. El resultado es control económico, influencia mediática y decisiones públicas que refuerzan privilegios.

Eso trae consecuencias graves. Declinación institucional, riesgos de una 'dictadura civil' desde un Congreso potenciado, corrupción e impunidad crecientes, y normalización de prácticas represivas que terminan en asesinatos presentados como operaciones de seguridad. No es estabilidad; es violencia con apariencia de orden.

La narrativa externa suele simplificar con atajos ideológicos -'no queremos otra Venezuela' o 'no al comunismo'- y otorga confianza automática a proyectos aunque socaven el Estado de derecho. Ese doble estándar legitima abusos y criminaliza demandas sociales legítimas. La democracia no se protege con etiquetas, sino con instituciones fuertes, transparencia y rendición de cuentas.

Propongo una mirada menos colonial y más atenta al contexto; no admirar solo la apariencia económica, sino defender la autonomía institucional, la protección de derechos y denunciar la instrumentalización del Estado para intereses particulares. Opinar desde la distancia sin ese contexto contribuye a la erosión democrática.

Defender la democracia es un deber ciudadano. No se trata de despreciar la economía, sino de entender que prospera solo en un marco institucional sólido. Antes de enamorarnos de un número o un titular, preguntemos por las causas, las responsabilidades y el costo humano y constitucional que se paga. Solo así la estabilidad será real y legítima; con instituciones autónomas, derechos garantizados y un Estado que sirva a la mayoría.

El Perú atraviesa una oportunidad histórica. La creciente demanda global de minerales críticos, impulsada por la transición energética y la electrificación, ha reforzado el papel estratégico de países mineros como el nuestro. El cobre se ha convertido en un insumo central para la transición hacia energías más limpias, para la infraestructura digital que requieren tecnologías como la inteligencia artificial —incluidos los centros de datos— y para procesos crecientemente electrificados, desde vehículos eléctricos hasta la nueva generación de camiones mineros. En paralelo, el país cuenta con una cartera de 67 proyectos mineros valorados en más de US$64 mil millones, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La pregunta ya no es si el Perú tiene recursos o potencial minero. La pregunta es si tendrá el talento para sostener ese crecimiento.

El principal cuello de botella de la minería peruana ya no es el recurso ni necesariamente la inversión: es el talento técnico especializado.

La señal es clara. Según el MINEM, el empleo minero alcanzó niveles récord en 2025, con un promedio superior a 264 mil trabajadores, y continuó creciendo en 2026. Pero la minería de hoy ya no se parece a la de hace 20 años. La operación moderna exige automatización, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, analítica de datos, control industrial y uso intensivo de tecnología.

Hoy un técnico puede trabajar tanto con una llave mecánica como con datos. Por eso, el problema no es únicamente de cantidad. También es de pertinencia.

La minería moderna sigue necesitando especialistas en mantenimiento mecánico, electricidad o procesos, pero ahora requiere además capacidades en automatización, software, redes industriales, ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos. La frontera entre operación industrial y tecnología es cada vez más difusa.

El reto es que el país todavía forma talento técnico a un ritmo insuficiente para responder a esta transformación.

Diversas estimaciones muestran que el Perú necesita alrededor de 300 mil técnicos al año para atender la demanda de sectores como minería, industria, energía, construcción, logística y servicios, mientras que el número de egresados técnicos es considerablemente menor. La brecha no es exclusivamente minera, pero la minería la siente con especial intensidad porque compite por talento en un mercado ya limitado.

El desafío empieza antes. De cada 100 jóvenes que culminan secundaria, apenas alrededor de 30 acceden a educación superior. De ellos, cerca de 10 optan por educación técnica. Sobre esa base, el país espera formar el talento que demandan industrias cada vez más tecnológicas y sofisticadas.

A ello se suma un problema cultural: durante mucho tiempo se instaló la idea de que la educación técnica era una segunda opción, cuando en realidad es una de las rutas más directas hacia empleos de alta especialización, empleabilidad y desarrollo productivo.

No se trata solo de formar más técnicos. Se trata de formar talento pertinente, actualizado y conectado con la realidad productiva. Eso exige una mayor articulación entre empresa, academia y Estado para anticipar necesidades de talento, actualizar permanentemente los programas formativos y acercar la formación a entornos reales de operación. Cuando esa conexión existe, la brecha se reduce.

La cercanía con la industria, el aprendizaje práctico y la actualización permanente permiten responder mejor a sectores que evolucionan rápidamente, como minería, energía o manufactura avanzada. Pero ningún esfuerzo institucional será suficiente si el país no asume este reto como una prioridad compartida.

La minería del futuro no dependerá solo del mineral bajo tierra. Dependerá, cada vez más, del talento sobre la tierra. Porque el verdadero recurso estratégico del Perú no será únicamente el cobre que exporte, sino las personas capaces de transformar esa oportunidad en productividad, innovación y bienestar para más peruanos.

Recientemente, millones de personas han experimentado cambios contextualizados en la cuarta revolución industrial. En el siglo XIX, las máquinas de vapor impulsaron una revolución en la industria y el transporte. A continuación, la electricidad y la electrónica marcaron el tránsito al siglo XX, y el siglo XXI viene siendo moldeado por los avances sostenidos de la digitalización de las actividades humanas y la creciente hiperconectividad.

La evidencia internacional muestra la velocidad que vienen alcanzando las distintas aplicaciones de la IA en la administración pública. Estas implican una secuencia que va mucho más allá de simples actualizaciones de programas. Incluso podría rediseñarse la arquitectura misma de la administración del Estado. Pero hoy el desafío ha mutado: ya no se trata de trasladar la burocracia del papel a la pantalla, sino de usar las nuevas tecnologías para transformar estructuras vetustas y costosas.

El impacto de las tecnologías emergentes es, por naturaleza, democratizador. Hoy, sistemas baratos, descentralizados y relativamente simples poseen la potencia necesaria para desafiar estructuras gigantescas que antes implicaban presupuestos elevados y numerosos funcionarios para tareas que la inteligencia artificial puede resolver en segundos. La paradoja actual es fascinante: la tecnología más avanzada nos ha regresado a lo más básico y esencial, que es poner al ciudadano al centro, como objetivo prioritario de toda acción estatal.

Por tanto, la modernización del Estado no es una meta, sino una constante que debe estar sintonizada con las demandas de una sociedad que no tolera la ineficiencia. En un escenario de recursos siempre limitados, la incorporación de inteligencia artificial y análisis de datos no es un lujo, sino un imperativo moral. Cada sol malgastado en un proceso burocrático redundante es un sol que se resta a un subsidio habitacional, a una atención de salud o a la seguridad de un distrito.

Imaginemos, por ejemplo, la focalización de la ayuda social. La tecnología nos permite identificar con precisión quién requiere realmente un subsidio económico, eliminar filtraciones y asegurar que el apoyo llegue a tiempo, por ejemplo, mediante el Sisfoh. No es solo un tema de eficiencia: es justicia social aplicada. Si fuéramos capaces de optimizar los tiempos en la administración pública, ya sea a nivel nacional o subnacional, sería como devolverle al ciudadano el activo más valioso que posee: su tiempo.

En conclusión, el manejo de la IA para mejorar los servicios que presta el Estado resulta fundamental para contar con un Estado más eficiente y eficaz, pues, por su alcance, constituye uno de los retos futuros más importantes que se deben enfrentar.

Esta polarización tiene en el Perú raíces de dos décadas. Desde el 2006, el país ha reproducido en cada segunda vuelta el mismo patrón: una mitad del territorio contra la otra, Lima contra las regiones, la ciudad contra el campo. La elección del 7 de junio replicó esa grieta con una precisión que ya resulta estructural. Lo que cambia cada cinco años son los candidatos. Lo que persiste es la lógica de la exclusión y el lenguaje que convierte al adversario político en enemigo.

La xenofobia contra la migración venezolana es un capítulo específico de ese patrón. El Perú acoge a más de 1,7 millones de venezolanos y en cada proceso electoral desde el 2018 los mensajes de odio contra esa población se disparan. El Barómetro de la Xenofobia documentó que un tercio del discurso sobre migración se orienta a vincular a los venezolanos con hechos delictivos, convirtiendo a personas vulnerables en chivo expiatorio de problemas estructurales que el Estado lleva décadas postergando.

El discurso de odio sobrevive al conteo de votos. Vive en las redes, en el lenguaje cotidiano y en la memoria de los grupos que fueron su blanco. El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de desescalar ese clima activamente, con declaraciones que distingan el debate político del ataque personal, con políticas de integración para la población migrante y con señales claras de que el racismo y el sexismo resultan incompatibles con el discurso oficial. Gobernar un país partido casi en dos mitades requiere, primero, hablarle como si fuera uno solo.

La semana pasada, los congresistas aprobaron, nuevamente, un proyecto para asegurar la impunidad de las Fuerzas Armadas y policiales en los casos en que cometan delitos durante el restablecimiento del orden en los estados de emergencia.

Por absurdo que parezca, con esta medida se intenta disfrazar la impunidad con supuestos argumentos lógicos, al asegurar que, en un estado de emergencia, no se deben tolerar conductas que obstaculicen el restablecimiento del orden constitucional o que favorezcan ilícitos y, por ello, se debe reforzar la responsabilidad penal para que los responsables respondan ante el fuero militar y no ante el fuero común.

Lo cierto es que, si en verdad tuvieran interés en revertir la impunidad, los implicados podrían empezar por cumplir con su deber de colaboración con la justicia y entregar información sobre los juicios por violaciones de hace 30 o 40 años. Por el contrario, aquí pesa más el espíritu de cuerpo para proteger la 'patota', la 'manada' o la 'banda uniformada'.

En Perú, la jurisdicción militar-policial juzga las acciones cometidas en el ejercicio de las funciones de la institución, como la disciplina, la obediencia y la seguridad institucional. Esto ya fue zanjado por el Tribunal Constitucional (EXP. N.º 4587-2004-AA/TC), en el caso del perpetrador Martín Rivas, al señalar que las ejecuciones extrajudiciales son delitos comunes y no de función, perseguibles en la jurisdicción ordinaria (párr. 79).

Ojo, no se dejen engañar: de acuerdo con esta lógica, de ninguna manera es un delito de función violar niñas o mujeres, como en la base militar de Manta; desaparecer estudiantes, como en La Cantuta; o ejecutar jóvenes, como ocurrió en Colcabamba en abril último. Definitivamente, la justicia militar no se corresponde de ninguna manera con la justicia común.