Jorge Eslava, escritor y educador peruano

En los colegios, cuando se plantea el trabajo de Educación Física, suele recurrirse al fútbol como un simple medio para la preparación física. Muchos entrenadores se concentran casi exclusivamente en desarrollar la potencia, la velocidad o la técnica, dejando de lado que cada sesión es también una oportunidad privilegiada para formar en valores. Sin embargo, el campo de juego puede entenderse como algo más profundo: un escenario —casi como en la tradición griega— donde el individuo se enfrenta a sus propios límites, a sus temores y a sus posibilidades, en la búsqueda de su fortalecimiento personal al servicio del colectivo.

En ese contexto, cuando un niño aprende a levantar la cabeza después de una derrota, a confiar en sus capacidades o a colaborar con sus compañeros para lograr la victoria, está construyendo herramientas que lo acompañarán toda la vida. El deporte logra, en muchos casos, aquello que el aula tradicional no siempre alcanza: convertir el error en un aprendizaje concreto, vivido en el cuerpo, en el sudor y en la emoción, y transformar el esfuerzo en una fuente genuina de autoestima. Así, el alumno comprende que la fortaleza no es únicamente corporal, sino también emocional y moral.

Esto implica, además, formar el criterio para evitar entender, por ejemplo, que la derrota es un fracaso personal y que el enojo, la frustración o, incluso, el ánimo de revancha justifique actos antideportivos. Esa “falsa competitividad” reduce la experiencia al resultado y termina, muchas veces, generando conflictos. Por ello, el deporte también es una instancia para enseñar que competir supone aprender a gestionar emociones intensas y a establecer límites. Y, si es necesario —para lograrlo—, detener el juego para que los involucrados puedan atender sus problemas.

Muchas veces en el colegio el aprendizaje se reduce simplemente a la repetición de contenidos; allí el deporte aparece como una experiencia pedagógica viva, dinámica y significativa. En el juego, el niño no memoriza ni repite: actúa, decide, se equivoca y vuelve a intentar. Explora sus fortalezas, reconoce sus límites y busca superarlos. De este modo, se construye un tipo de conocimiento que nace en el cuerpo, pero que se proyecta hacia la confianza interior y la autonomía.

Por eso, el fútbol, en particular, debido a su alcance social, representa una oportunidad excepcional para educar la voluntad, moldear el carácter y enseñar a convivir. Revalorizar su papel implica reconocer que no es una actividad marginal, sino un pilar en la formación integral de los estudiantes y en la construcción de vínculos más conscientes con los demás. Darle ese lugar no solo beneficia al individuo, sino que contribuye a la construcción de una comunidad más justa y sensible.

El fútbol puede ayudar a movilizar dimensiones esenciales como la disciplina, la resiliencia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Transmitir que cuando esta perspectiva se pierde, y se prioriza únicamente el rendimiento o el resultado, se desnaturaliza su verdadero sentido formativo. Aún más problemático resulta cuando irrumpen en la formación de menores la lógica del negocio y las promesas de éxito rápido asociadas a un contrato. Frente a ello, es claro que una práctica deportiva bien orientada fortalece la fibra moral, consolida hábitos positivos y contribuye a formar ciudadanos íntegros.

Como bien señalaba el escritor cubano José Martí, “a los niños, sobre todo, es preciso robustecer el cuerpo a medida que se le robustece el espíritu”. En el fútbol, cuerpo y espíritu se educan simultáneamente: el esfuerzo físico no es un fin en sí mismo, sino el camino para formar voluntad, carácter y sentido de logro. La experiencia del esfuerzo revela el placer de superarse, un placer que se siente tanto en la piel como en el corazón. Dominar una técnica, resistir la fatiga o colaborar con un equipo permite al niño experimentar una alegría que trasciende lo puramente físico.

Así entendido, el fútbol deja de ser una actividad complementaria y se convierte en una escuela para la vida. Aprender ya no es acumular información, sino experimentar, luchar y encontrar sentido en el propio esfuerzo con fines más amplios. Allí, en esas pequeñas batallas cotidianas que ofrece esta disciplina, el niño accede a una épica personal: aquella que, si no se encuentra en los libros, se percibe intensamente en la cancha. El escritor argentino Eduardo Sacheri creía que “el juego tiene ese toque catártico reparador que a veces la vida no tiene” y podemos darle la razón.

En este sentido –dada la coyuntura—, ver y comentar los partidos del Mundial de Fútbol con niños y adolescentes adquiere un valor formativo insospechado, ya que trasciende el mero espectáculo para convertirse en una experiencia que acompaña la labor educativa cuando se destacan ejemplos positivos. En cada encuentro, el alumno puede reconocer, a gran escala, las mismas lecciones que vive en su propia práctica. Se confirma así aquello que el escritor francés Jean‑Paul Sartre sugería: que el aficionado no es solo un espectador, sino parte de un “nosotros” colectivo.

Keiko Fujimori ganó con 9,223,396 votos, el 50.135% de los sufragios válidos, frente a los 9,173,755 de Roberto Sánchez. La diferencia es de 49,641 votos en una elección de casi 20 millones de emitidos.

En nuestro modelo democrático, manipulado desde hace diez años por el fujimorismo, gana quien más votos válidos obtiene y Fujimori los tiene. Eso es un hecho y este diario lo reconoce. Pero hay otros hechos que merecen estar en la perspectiva ciudadana y política.

Dentro del territorio peruano, con todas las regiones contabilizadas incluyendo Lima provincias, Roberto Sánchez obtuvo 50.088% y Keiko Fujimori 49.912%, una diferencia de 32,014 votos. Ese resultado no puede leerse como un respaldo entusiasta a Sánchez. Es en buena medida un voto antifujimorista acumulado durante dos décadas, el mismo rechazo que en el sur llegó al 75.1% y en las zonas rurales al 67.8%.

Lo que el Perú votó dentro de sus fronteras no fue tanto a favor de un candidato como en contra de una historia política que amplias mayorías del interior siguen exigiendo que se repare, la de los muertos, los desaparecidos y las mujeres esterilizadas a la fuerza durante los años noventa, cuya memoria el fujimorismo ha pisoteado durante la última década desde el Congreso.

La hija del exdictador perdió ese voto. Ganó la presidencia gracias a los peruanos migrantes en otros países, que le entregaron una ventaja de 81,655 votos que invirtió el resultado por completo.

La lideresa de Fuerza Popular solo ganó en 7 de los 24 departamentos. El candidato antifujimorista ganó en 17, el 71% del territorio departamental. En el sur Sánchez obtuvo 75.1% frente al 24.9% de la hija del exdictador. Cerca de 1.3 millones de peruanos prefirieron viciar su voto antes que elegir entre las dos opciones, una cifra que supera veinte veces el margen de victoria y que es también otra expresión del mismo rechazo.

No obstante, ese mapa no es nuevo. En 2021, Pedro Castillo ganó el sur y el centro mientras Keiko se imponía en Lima y el norte. Esta vez los peruanos migrantes y Lima pesaron lo suficiente para revertir el resultado.

La nueva presidenta gobernará un país que en más del 70% de su territorio votó en sentido contrario al suyo. Eso no le quita legitimidad, pero sí le impone una responsabilidad que va más allá de gobernar para quienes la eligieron. Por ello, solo apelar al orden, sin contemplar lo que explica este editorial, puede convertirse en caldo de cultivo de abusos estatales contra quienes como ciudadanos libres quieren hacer efectivo su derecho constitucional a la disidencia.

Este 29 de junio, feriado por San Pedro y San Pablo, el Perú celebra a esas familias con discursos y ferias. Lo que esos discursos no dicen es que la ley que protegería su sustento frente a la pesca industrial sigue sin existir y que esa ausencia tiene responsables con nombre y apellido.

El Instituto del Mar del Perú documentó en un informe técnico que la pesca industrial dentro de la Reserva Nacional de Paracas captura ejemplares juveniles. Según biólogos, ello interfiere directamente con depredadores superiores y reduce la disponibilidad de alimento para otras especies.

Según datos oficiales, la reserva alberga alrededor de 200 especies de aves residentes y migratorias. De la misma manera, lobos marinos, delfines, ballenas y tortugas marinas también habitan en esos ecosistemas. El problema es que el área de interés de la flota industrial dentro de sus límites supera las 120 mil hectáreas.

Más de 400 científicos advirtieron, además, que las zonas con menor presión industrial registran mayor biomasa y poblaciones más resistentes frente a fenómenos como El Niño.

A pesar de ese aporte familiar y ambiental, el trato del Estado es desigual. Mientras Produce fiscaliza con rigor al pescador artesanal, 99 sanciones contra empresas industriales por pescar dentro de Paracas, por más de S/12 millones, quedaron prácticamente archivadas debido a un vacío legal del 2025. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular, mantuvo fuera de la agenda, hasta la última sesión de la legislatura, el dictamen que corregiría ese vacío.

El congresista fujimorista Raúl Huamán Coronado recomendó directamente archivar la iniciativa, mientras la SNP visitaba el Congreso 136 veces en el mismo periodo y obtenía la anulación de multas por pescar en la reserva. Ese mismo gremio fue, según el Ministerio Público, aportante de la campaña fujimorista en 2021.

El nuevo Congreso recibe la decisión de aprobar lo que esta legislatura dejó pendiente. Las familias que viven del mar no necesitan más homenajes en su día. Necesitan una ley que el propio Poder Judicial ya respaldó y que el fujimorismo, desde la conducción del Congreso, se negó a debatir.

Entre ellas destacan la ilegal aceptación de la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con el proceso en marcha; el cambio en el registro y envío de actas provenientes del extranjero entre la primera y segunda vuelta, y el inusual vuelco del conteo rápido de IPSOS, históricamente preciso y que solo tuvo un antecedente similar en las fraudulentas elecciones fujimoristas del año 2000.

El mapa electoral actual muestra un país en el que Keiko Fujimori no obtuvo la victoria: ganó en solo 9 regiones, mientras Roberto Sánchez lo hizo en 16. Así, la candidata que llegó a segunda vuelta con apenas el 16% de los votos (gracias al diseño electoral de su pacto) y arrastrando el mayor antivoto de la política peruana iniciará su gobierno con una legitimidad social muy precaria. En ese escenario, lo esperable de un partido demócrata sería empezar a tender puentes. Sin embargo, los hechos recientes muestran el camino elegido por el fujimorismo: la persecución política y la censura.

Los ataques se han concentrado contra tres sectores: periodistas de investigación y comunicadores independientes críticos; fiscales y jueces que han llevado adelante las investigaciones que la llevaron a la cárcel, así como magistrados que, bajo el amparo de la ley, se han negado a aplicar la inconstitucional ley de amnistía promovida por el fujimorismo; y dirigentes y opositores políticos, como el doctor Hernando Cevallos, por tan solo llamar a la ciudadanía a organizarse para defender el voto y exigir explicaciones frente a las irregularidades denunciadas.

La intensificación de la persecución política contra Gustavo Gorriti; los fiscales Vela y Pérez; la exfiscal de la Nación Espinoza; el juez Carhuancho; y, ahora último, la denuncia de la procuraduría contra voces críticas de la actividad partidaria y voces disidentes del activismo y el periodismo (denuncia en la que se me incluye) se suma a recientes leyes aprobadas por el fujimorismo, como la ley de censura contra los artistas (algunos muy vocales antifujimoristas en el Perú) y la ley de impunidad para policías y militares, que transmiten una señal muy preocupante sobre la forma en que el próximo régimen busca gestionar su precaria legitimidad social y las protestas en las calles: carta libre a las FFAA y policiales para transgredir derechos, censura de voces discordantes y persecución de quienes pueden investigarlos.

Estos ataques contra periodistas, fiscales, jueces, activistas y opositores, junto con las últimas iniciativas, advierten de un patrón orientado a la intolerancia política y contra los agentes fiscalizadores desde la prensa independiente y el sistema de justicia, lo que pone en riesgo desde ya derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

Keiko Fujimori prometió gobernar como su padre. Hoy, rodeada de figuras históricas del régimen corrupto y asesino de Alberto Fujimori (Aguinaga, Salgado, Chávez, Moyano, entre otros), esa promesa adquiere un significado macabro: perseguiré como mi padre, aplastaré a la oposición política como mi padre.

Igual que su padre, el keikismo ha logrado capturar en los últimos 10 años el TC, DP, JNJ y parte del MP, y asegura la lealtad por impunidad a las FFAA y policiales. Pero el Perú de este miércoles ya no es el de los años noventa. Existen más medios independientes, más espacios digitales, una ciudadanía más vigilante y una oposición democrática firme que, a la luz de estas señales, se articula en defensa de derechos y libertades.

Si este gobierno decide inaugurar su mandato con persecución, censura y violencia de Estado, encontrará una sociedad dispuesta a defender la democracia y sus derechos. La historia demuestra que ningún poder es absoluto cuando existe una ciudadanía organizada y decidida a exigir que la Constitución y el Estado de derecho sean respetados. Pudimos contra el padre, que acabó en la cárcel por sus delitos junto con gran parte de su cúpula; podremos contra la hija y sus secuaces cada vez que sea necesario.

Las regiones del sur andino, juntas y por separado, parecen cada vez más descontentas, y las elecciones simplemente son el mecanismo y el momento para mostrarlo. En otras palabras, no es el magnetismo de Pedro Castillo o Roberto Sánchez, sino la oportunidad de enfrentarse al llamado Perú moderno de la costa.

El ruido político que rodea a varias campañas de derecha aprovecha para el vejamen del rival político, pérfidamente convertido en enemigo del Perú entero. Esta vez se ha notado bien que el asunto no ha sido derecha-izquierda, sino otra cosa, que comienza por un pulseo territorial y luego se profundiza en un poco velado racismo.

Las ideas que alimentan lo anterior son poco brillantes y nada nuevas. Una de ellas es la monserga de un supuesto limitado cociente intelectual andino. Otra es que al Perú le iría mejor sin las regiones del sur. Una adicional es que hay en esa zona una incapacidad de velar adecuadamente por sus propios intereses. O que lo andino frena al país.

En otras palabras, hay una ultraderecha, a veces disfrazada de alguna otra cosa, que cuestiona la peruanidad de lo andino desde lo geográfico, cultural y político. Al mismo tiempo hay un ande bastante harto con su situación social, sobre todo bajo gobiernos truchos que han hecho regresar al país a antiguos niveles de pobreza.

Por todo esto, cuando Keiko Fujimori informa que trabajará por la unidad de todos los peruanos, la idea es buena, pero uno tiene que pedirle más precisión. ¿Es solo un nuevo pacto entre partidos del Congreso? Todavía estamos a tiempo para evitar que el país se desguace en más de una dirección, pero el plazo no es eterno.

Ahora los perdedores de la segunda vuelta estarán doblemente resentidos. Es con ellos, no con sus líderes impostados, con quienes es urgente ensayar la unidad. Algo que, por cierto, no se ha reflejado en los recientes presupuestos. Por su parte, el mundo andino debería refinar unas opciones políticas hoy demasiado reactivas.

Además, la norma pretende marcarle la pauta a la Corte Suprema al establecer que esta deberá resolver las posibles cuestiones de competencia, prefiriendo siempre la jurisdicción militar policial. Se ha tratado de desviar la discusión diciendo que siempre ha existido el fuero militar policial en el Perú, cuando eso no es lo central: lo cuestionable e inconstitucional es que se pretenda que dicho fuero tenga una competencia que no le corresponde para atentar contra los derechos humanos y el acceso a la justicia, considerando el espíritu de cuerpo que impedirá una investigación imparcial.

El presidente Balcázar tiene la oportunidad de observar dicha norma y dejar alguna huella positiva de su breve mandato. El Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar una norma que va contra la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, honrando sus funciones pese a las represalias que jueces y juezas decentes vienen enfrentando.

Tengamos siempre presente que, mientras algunos pasarán a la historia dejando un honroso legado de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, otros serán recordados por extender la alfombra roja de la impunidad, la que cubre los principios y valores que alguna vez dijeron tener, para que sobre ella camine con tacón alto una nueva era de arbitrariedad e injusticia.

Un estudio de la consultora global Accenture muestra que el descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre ha retrocedido en 68% en los últimos 15 años. Algunas cifras apuntan que en el período 2010 y 2016 se descubrieron 22 depósitos de cobre de clase mundial o mega yacimientos, mientras que entre 2017 y 2023 la cifra se redujo a apenas siete descubrimientos.

¿Qué es lo que explica esta situación? En primer lugar, desde la última década del siglo pasado y en las dos primeras décadas del siglo XXI, la exploración en todo el planeta avanzó a pasos acelerados, incorporando nuevos territorios, y los grandes yacimientos de cobre que fueron descubiertos se pusieron en valor y vienen operando desde hace un tiempo. En minería, la geología manda y, por ahora, todo indica que la tierra no está ofreciendo la misma cantidad de nuevos mega yacimientos.

Por ello, la tecnología, la inteligencia artificial, el análisis de big data y todas las herramientas de digitalización se han puesto a trabajar para identificar nuevas áreas con alto potencial geológico, aunque todos estos procesos significan que los costos de explorar nuevas áreas sean bastante más altos que hace 20 años. Como respuesta, varias empresas mineras vienen optando por caminos menos costosos y que representan menores riesgos, como, por ejemplo, ampliar la vida útil de sus minas que se encuentran operando. En los últimos años, la inversión para ampliar minas ya existentes (brownfield) aumentó en casi 40% en todo el planeta: la inversión en exploración en zonas nuevas, que apunta a encontrar nuevos yacimientos, ha retrocedido en la última década del 33% al 23%. Por el contrario, la inversión para ampliar y optimizar minas ya existentes creció del 24% al 40%.

El Financial Times sentencia que el mundo se está encaminando “hacia una escasez de cobre que representaría un “riesgo sistémico” para el crecimiento económico global”, en un contexto de creciente demanda debido a la transición energética, la expansión del sector de la inteligencia artificial, etc. Se estima que el déficit alcanzará los 10 millones de toneladas de cobre, equivalente a casi un tercio de la demanda mundial actual, para 2040, si no se produce una 'expansión significativa de la oferta'. Por supuesto, estos análisis siguen planteando una lógica de crecimiento ilimitado, que no toma en cuenta los evidentes límites que impone el planeta.  

El mismo Financial Times cita a Daniel Yergin, vicepresidente de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s: “El cobre es el gran facilitador de la electrificación, pero el ritmo acelerado de la electrificación es un desafío cada vez mayor para el cobre”, “Lo que está en juego es si el cobre seguirá siendo un facilitador del progreso o se convertirá en un cuello de botella para el crecimiento y la innovación”.

En este contexto, la cotización del cobre ha venido superando máximos históricos desde el año pasado y, salvo que ocurra algo inesperado en los próximos años, los precios seguirán altos frente a una demanda que no dejará de crecer, si es que se sigue concibiendo la transición energética desde una perspectiva corporativa, de crecimiento ilimitado y pensada desde los intereses del norte global.

El caso peruano

El Perú es un buen ejemplo de estas tendencias, tanto de las actuales como de las pasadas. Las inversiones mineras alcanzaron un pico en el período que va entre 2011 y 2015. Era el momento en que inversiones de envergadura, en varios yacimientos de clase mundial, se estaban desarrollando: Antapaccay, Toromocho, Constancia, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Quellaveco, entre los principales. Desde el momento en que esas inversiones entraron en fase operativa, se duplicó la producción de cobre en el Perú y nos convertimos (2017) en el segundo productor de este metal a nivel mundial, aunque cabe precisar que, desde finales del año 2024, hemos sido desplazados al tercer lugar por la República Democrática del Congo.

Si uno revisa nuestra actual cartera de inversión minera, hay cambios notorios. Pese a que predominan los proyectos de cobre, hay una notoria menor presencia de yacimientos de clase mundial que representen montos de inversión significativos, como ocurrió en su momento con los proyectos mencionados. Además, en el Perú, como está ocurriendo en otros países, han comenzado a predominar las inversiones en ampliaciones de proyectos que ya están operando: de los 67 proyectos que figuran en la cartera de inversión en minería, 36 son brownfield (ampliaciones, reposición, reaprovechamiento, optimización), que en conjunto suman US$23,035 millones. Varios de estos proyectos están en desarrollo en la actualidad: es el caso de Reposición Inmaculada, Ampliación Toromocho y Reposición Antamina, entre los principales, que sostienen las cifras de inversión minera.

Todos estos aspectos son claves para entender lo que se puede venir en la agenda minera y con el nuevo escenario político que se abre a partir del próximo 28 de julio. Para algunos, de lo único que se trata es de aprovechar al máximo la actual coyuntura de precios altos y poner en valor, en el más breve plazo posible, toda la cartera de proyectos. ¿Qué significa esto? Ratificar las líneas matrices de la política minera heredada de la década del 90 del siglo pasado, presionando al mismo tiempo para que se hagan los ajustes que los empresarios demandan en la actualidad: menos exigencias ambientales y sociales, lo que ellos denominan como 'tramitología' y lo que, en buen cristiano, significa desregular o bajar estándares.

Lo que se pretende es seguir haciendo la vieja minería de las últimas décadas y descartar cualquier intento de reforma que siente las bases de una nueva forma de hacer minería. La idea fuerza sigue siendo extraer todo lo posible en el más breve plazo de tiempo. No hay que olvidar que los períodos de mayor conflictividad social que el país ha vivido se dieron cuando se trató de forzar la inversión minera, sin tomar en consideración aspectos sociales y ambientales básicos.

También queda como incógnita si se tendrá la capacidad de abordar en serio la expansión de la denominada minería informal y la abiertamente ilegal, que ya no es solo aurífera. En un reciente informe, el FMI estima que la extracción ilegal de cobre en el Perú habría representado hasta 5% de las exportaciones de dicho mineral en 2024. En la campaña electoral este tema fue abordado a punta de generalidades y sin una sola propuesta concreta que permita pensar que se tenga diseñada una estrategia distinta a la ya observada en los últimos años.

En suma, habrá que seguir con atención lo que se viene en este nuevo período, donde la presión, externa e interna, para poner en valor la cartera de inversión minera estará entre las prioridades del nuevo gobierno.