- Bueno, yo creo que para este gobierno de Trump, de Trump 2.0, a diferencia del primer mandato, hay un cambio dramático. No se puede comparar el primero con el segundo. Está muy claro que la democracia no es un interés, un tema prioritario; ha pasado a segundo plano, o ha desaparecido. Si uno analiza la Estrategia de Seguridad Nacional que salió a fines del año pasado, hay una serie de temas de interés: narcotráfico, seguridad, migración, China. Pero no aparece democracia ni derechos humanos, que tradicionalmente han sido, por lo menos, temas de alguna importancia tanto para administraciones demócratas como republicanas. El impacto de esto es dar, de alguna manera, luz verde a regímenes y gobiernos más autoritarios para actuar sin ninguna presión, sin ninguna preocupación, por lo menos, de parte de esta administración de Estados Unidos.

- ¿Cómo describiría esta reanudación de la doctrina Monroe en Washington?

- No recuerdo un momento en el que haya habido tanta actividad de Estados Unidos en América Latina en los casi 50 años que llevo estudiando las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La lista es muy larga: México, Cuba, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. Lo que hemos visto en este último año y medio de esta administración plantea la pregunta de si hay una estrategia, un plan, una coherencia detrás de este conjunto de acciones. Obviamente hay un interés en proyectar fuerza, poder, dominación en la región; el uso de la coerción y de lo militar, algo nuevo con este gobierno. Pero si esto realmente significa una estrategia bien pensada, con consecuencias y objetivos de interés nacional claros —tanto para Estados Unidos como para América Latina— es otro tema. Ya llevamos varios años de gobierno de Trump y hemos visto muchas idas y vueltas; no queda clara la estrategia, ni siquiera para sus aliados temporales, porque también hemos visto que sus aliados pueden serlo por tres días y al cuarto ya no. Lo vemos, por ejemplo, en la relación de Estados Unidos con Israel, pero también en los vaivenes de los aranceles con Canadá, con México.

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- ¿Cómo afecta esta falta de coherencia a la estabilidad democrática de la región?

- Yo creo que con el presidente Trump no hay previsibilidad; no se puede predecir lo que va a pasar. Hay cambios muy bruscos, es muy impulsivo, reacciona ante las circunstancias. Si hay una persona que le dice "presidente, ¿por qué no haces esto?", es muy capaz de cambiar de posición, de cambiar de decisión. Entonces Estados Unidos no es un socio confiable en ese sentido. Alguien me preguntó si alguna vez lo ha sido, y mi respuesta es que sí, hay un espectro: ha sido más confiable que ahora. Siempre ha habido dudas sobre hasta qué punto Estados Unidos es totalmente confiable, pero con este presidente, con un gobierno muy personalista, muy arbitrario en sus decisiones —y los aranceles son un ejemplo muy claro de esto— no hay lealtad ni siquiera hacia los aliados más cercanos. Él es capaz de aplicar castigos, sanciones, aranceles, si le da la gana, sin respetar los límites ni las reglas. Está violando muchos de los tratados que se han hecho con Perú, con Colombia, con México, con todos. Con razón hay muchos gobiernos preguntándose hasta qué punto pueden confiar en Estados Unidos. Para el tema democrático, creo que va a ser cada país y sus fuerzas políticas las que determinen la fortaleza institucional democrática, porque Estados Unidos no es, en este momento, un socio muy confiable para fortalecer la democracia. Lo digo con mucha pena: parece que se ha prescindido de los valores democráticos para dar paso a una protección —ya veremos de qué manera y qué tan eficiente— de la seguridad interna y transnacional de los países de América Latina.

- ¿Por qué cree que América Latina ha ganado prioridad ahora para Washington?

- Uno se pregunta por qué, y creo que es porque la seguridad significa proteger el territorio de Estados Unidos, proteger la nación: es el "America First". Ese es el gran tema, y la seguridad entra en esa lógica. Pero la pregunta es con qué estrategia, cómo abordar el tema de seguridad.

- En el Perú ya se han aprobado nuevas bases, y algo similar ocurre en otros países de la región. ¿Puede esta militarización generar mayores problemas para la democracia?

— Me parece un tema preocupante. Ya sabemos que la historia de intervención militar unilateral por parte de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica y el Caribe —menos en Sudamérica— tiene una historia poco feliz. Creo que hay riesgos crecientes de violaciones de derechos humanos, con una tendencia a militarizar operaciones que en realidad son temas de law enforcement, temas que pertenecen a la policía. Hay mucha criminalidad en América Latina y también en Estados Unidos, pero hay distintas formas de abordar ese tema. La eficacia es muy importante, pero hay que combinarla con el respeto a las normas democráticas y a los estándares de derechos humanos. Ese es el riesgo, a mi juicio.

— ¿Podrían las guerras por proxy que hemos visto en Medio Oriente trasladarse a escenarios latinoamericanos?

— Yo creo que América Latina es muy distinta. Todo el fenómeno de Irán e Israel me parece muy particular de Medio Oriente. Pero sí creo que podría militarizarse todo y hacerse operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses y fuerzas de países latinoamericanos. Eso podría complicar mucho el escenario de estabilidad regional, no solamente en algunos países, sino cruzando fronteras, creando una dinámica preocupante.

— En el Perú, el puerto de Chancay reavivó la competencia con China. El entonces embajador Brian Nichols dijo que Estados Unidos demostraría ser el principal socio del Perú frente a China. ¿Cree que ese conflicto puede seguir escalando?

— Sí, claro. No se equivocó, a pesar de que ideológicamente no comparte la misma visión de Donald Trump. Yo creo que Perú es tal vez el país latinoamericano donde esa competencia entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos, está más presente. En otros países existe el tema, pero en Perú está muy fuerte, por Chancay y por la presencia y el papel que ha jugado China en la economía peruana durante muchos años; esto no es algo reciente. Y claro, el puerto de Chancay genera ese gran interés. Creo que es un gran desafío para el gobierno peruano cómo va a manejar y navegar esa relación. Es posible, y ojalá se maneje bien: China es un socio fundamental para Perú y para otros países de la región, pero Estados Unidos también. Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, está cooperando mucho en materia de seguridad, en narcotráfico; eso también es un tema para Perú, y la cooperación es importante, porque Perú no puede solucionar ese problema solo. Me parece bien que Estados Unidos esté apoyando y cooperando con Perú en esa materia, pero creo que hay roles y áreas que corresponden a distintos actores. Lamentablemente, Estados Unidos no ha mostrado, para mí, suficiente interés en invertir en grandes proyectos en América Latina. Y Perú necesita grandes proyectos, importantes para la economía peruana, y lo mismo otros países de Sudamérica, como Brasil y Ecuador. China tiene una estrategia, un interés, una disposición; entonces lo está haciendo, y eso es algo que Estados Unidos debería reconocer, entender y aceptar como la situación real de países como Perú. Creo que hay oportunidades tanto para Estados Unidos como para China, y espero que la administración Trump empiece a entender que no debería obligar a escoger entre uno u otro. Perú, junto con otros países de la región, quiere maximizar relaciones en distintas áreas con ambas superpotencias y también con otros socios: Japón, India, Europa. Vivimos en un mundo multipolar; esta es la nueva realidad. Estados Unidos y China son los dos grandes, pero hay otros poderes que están ganando fuerza y protagonismo en distintos temas económicos y comerciales en el mundo.

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— ¿Cree que Trump pueda moderarse si pierde el Congreso en las elecciones de medio término?

— Yo creo que va a perder, por lo menos la Cámara baja, y tal vez el Senado también. Él es muy impopular, ha perdido mucho apoyo en Estados Unidos, sobre todo por el costo de vida; la gente está muy frustrada, muy ansiosa, con mucha rabia. Y la guerra de Irán ha sido un fiasco para él, para Estados Unidos y para el mundo, para la posición y la reputación de Estados Unidos. Creo que ha perdido mucho con esa guerra, que fue un cálculo muy equivocado del presidente Trump en febrero. Ahora, si esto significa que Trump va a moderarse, no creo que él sea capaz de eso, pero sí podría empezar a tener ciertos límites y frenos sobre su actuación, al tener un Congreso que asuma el papel que le corresponde, como está en la Constitución: el primer artículo de la Constitución es del Congreso, no del Ejecutivo. Lamentablemente, a mi modo de ver, en estos primeros dos años de Trump el Congreso no ha cumplido su función. Creo que esto podría cambiar después de las elecciones de medio término en noviembre, por lo menos en una Cámara y tal vez en las dos, con investigaciones, audiencias, debates, porque el presidente Trump, en el caso de Irán por ejemplo, ha actuado sin consultar al Congreso, sin que este lo cuestione. Creo que esa dinámica podría cambiar, y sería muy saludable que cambiara a partir de noviembre.

— ¿Cómo describiría el estado actual de organismos multilaterales como la OEA frente a esta nueva dinámica de Washington?

— Con respecto a América Latina, en toda mi carrera, que lleva más de 40 años, nunca he visto la región más fragmentada. Cada país va por su cuenta, busca alianzas y socios propios, toma decisiones sobre cómo abordar los temas de su agenda nacional. Creo que el multilateralismo está en un momento muy difícil, muy complicado, precisamente porque multilateralismo significa actuar de manera coordinada, colectiva, trabajar conjuntamente. Lamentablemente, tanto en América Latina como en el mundo en general —en Europa un poco menos— hay mucha fractura, mucha fragmentación, a pesar de que en América Latina hay muchos gobiernos con una tendencia de derecha, como se ha visto en las últimas elecciones. Aun así, no veo gran consenso ni grandes oportunidades de acción colectiva coordinada. El multilateralismo sufre por eso. Ha habido pruebas de multilateralismo que no han estado a la altura de los desafíos; Venezuela es un ejemplo muy claro: hubo una crisis venezolana y, al final, Estados Unidos tomó las riendas, hubo una intervención en violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional para sacar a Maduro del poder. Esto refleja la incapacidad y la falta de acción de mecanismos multilaterales como la OEA para actuar antes de que Estados Unidos interviniera. La crisis del multilateralismo no empezó con Trump; venía de antes, había un desgaste, un deterioro, pero se ha agravado y acelerado con Trump. Creo que hay que inventar algo nuevo: las estructuras creadas después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, y la OEA también —que fue creada en 1948 en Bogotá, Colombia— tienen que crear nuevas formas de multilateralismo, de cooperación. Ese es el gran desafío; hay que ser muy creativo e imaginativo en este contexto, porque las actuales instituciones no están cumpliendo su función de manera adecuada.

— ¿Cree posible una intervención de Estados Unidos en Cuba en los próximos meses?

— Con el presidente Trump cualquier cosa es posible; sería tonto descartar cualquier escenario. Dicho esto, no creo que sea lo más probable; a mí me sorprendería, porque sería muy riesgoso para Cuba y también para Estados Unidos. La administración piensa en sus propios intereses, y en Cuba no hay una figura equivalente a la oposición venezolana que pueda asumir el poder. ¿Quién gobernaría Cuba si Estados Unidos decidiera intervenir militarmente? ¿Quién asumiría esas funciones?

— ¿Marco Rubio?

— Pero ya tiene suficientes cargos; no va a ser presidente de Cuba. ¿Y con quién trabajaría? ¿Va a mandar a toda la diáspora cubana de Miami a tomar el país? Yo creo que esto es más complicado, más riesgoso, que lo de Venezuela. Venezuela fue una situación mucho más compleja: había una oposición con experiencia tratando con empresas internacionales, con China, con europeos, y Estados Unidos jugó con eso; hubo una preparación previa para una eventual transición tras Maduro. Ese escenario no se puede duplicar en el caso cubano.

— En el caso venezolano incluso hubo negociaciones en Catar.

— Así es. En el caso cubano no se ve nada parecido todavía.

— Muchos jóvenes sienten que la democracia no les ha traído beneficios tangibles. ¿Qué les diría usted? ¿Vale la pena seguir defendiéndola?

— Es cierto que en muchos países —el mío incluido, Estados Unidos, que ahora entra también en esa categoría más amplia— los gobiernos democráticos no han dado resultados, no han sido eficaces. Creo que todo el mundo, no solo los jóvenes, valora mucho los resultados: en materia de seguridad, económica, social. Entonces la democracia tal vez fue mal vendida: no es la solución mágica que va a resolver todos los problemas de la gente. Es un marco, un marco de valores, de límites al gobierno, de respeto por los derechos civiles y los derechos humanos, y dentro de ese marco hay que aplicar políticas públicas que resuelvan los problemas. Creo que a veces hay una confusión sobre lo que es y lo que no es la democracia en sí misma. El desafío es que hoy el líder más popular en América Latina es Nayib Bukele, y todos quieren ser otro Bukele, todos quieren "bukelizar" el país.

— En el Perú, usted sabe mejor que yo, hay mucha gente que habla en esos términos, constantemente.

— Pero eso presenta un enorme reto para los gobiernos que todavía son democráticos, donde hay contrapesos, donde hay Estado de derecho, para tener políticas públicas de seguridad más eficaces. El ejemplo de Bukele debería obligar a esos gobiernos a mejorar, porque lo que se ha documentado en El Salvador son muchas violaciones. Bukele tiene poder absoluto; es casi un dictador en El Salvador. Ya puede reelegirse indefinidamente, no hay contrapesos.

— ¿Cuál es la diferencia con Ortega en Nicaragua?

— En esos aspectos, objetivamente, no hay mucha diferencia. Obviamente está solucionando, o ha solucionado hasta ahora, un problema que preocupaba mucho a los salvadoreños: el homicidio y la inseguridad en el país. Ha mejorado, nadie lo niega. Se puede preguntar si eso es sostenible, si va a continuar. Pero la gran pregunta es a costa de qué, porque el costo ha sido enorme. Y ya sabemos, por la historia de América Latina y del mundo, que los regímenes no democráticos generan violaciones masivas de derechos humanos y represión contra la libertad. Creo que los jóvenes y la gente de América Latina siguen valorando y apreciando eso; no es que no lo aprecien, es que además quieren eficiencia y eficacia. El reto es cómo combinar ambas cosas. Creo que es posible, no es fácil, pero ese es el desafío que enfrenta la región, el mundo, y el propio Estados Unidos, porque un régimen autoritario de una sola persona —sea Bukele, Ortega, Trump o Hugo Chávez— no funciona en el mundo moderno. Hay que tener coordinación con otros actores democráticos: el Congreso, las cortes, la sociedad civil, los medios independientes, la prensa, como La República. Eso cumple una función fundamental en una democracia.

— El ministro de Justicia del Perú pidió a la presidenta reformar el sistema interamericano de derechos humanos, alegando un exceso de funciones de la justicia supranacional. ¿Le parece sensata esa medida?

— Para mí, el sistema interamericano de derechos humanos es muy importante, y hay que protegerlo, hay que defenderlo. Eso no significa que no tenga problemas, que no se haya equivocado; hay decisiones erradas, no acertadas. Pero es el único sistema de jurisprudencia que existe en las Américas, y dentro de la OEA ha sido su parte más valiosa. Si hay que hacer reformas, hay que hacerlas, y trabajar para que funcione mejor. Pero retirarse, debilitarlo o terminar con ese sistema sería un grave error, porque ha logrado muchas cosas muy importantes a lo largo de los años. He conocido en mi carrera a profesionales muy comprometidos con los derechos humanos, que toman su trabajo en serio, que no son políticos sino gente comprometida con valores. Me parece importante que tanto Perú como otros países de la región sigan formando parte del sistema, e intentar hacer correcciones y reformas si hay problemas. Se puede reformar, se puede mejorar siempre el sistema interamericano de derechos humanos. Pero la solución no es salir, retirarse, debilitarlo o terminarlo, porque su historial ha salvado muchas vidas en situaciones muy complejas a lo largo de muchos años, y eso es importante mantenerlo.

— Se celebraron 25 años de la Carta Democrática Interamericana, firmada aquí en Lima el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados en Estados Unidos. Estuvieron presentes Colin Powell, el canciller Diego García Sayán y hasta Hugo Chávez, que la firmó. ¿Qué reflexión le merece ese aniversario en el contexto actual?

— Creo que en otras partes del mundo se ha leído ese documento, la Carta Democrática firmada en esta ciudad, en un día terrible para Estados Unidos y para el mundo por los atentados. Es importante recordarlo cuando se abren discusiones sobre retirarse de este sistema. Si hay problemas, hay problemas; hay que mejorar, hacer reformas, proponer y trabajar en eso. Pero no abandonar.

Estamos completamente seguros de que en la Iglesia católica sopla el cambio. Sin embargo, ha habido mucho racismo en el mundo y sus consecuencias han sido devastadoras porque han generado desigualdades, injusticias y sufrimientos para millones de personas.

Leo en estos días San Martín de Porras, de José Antonio del Busto, un libro bien enterado, sapiente y, en todos los sentidos, histórico. Acabo de comentar la excelente narración Negro de Julio Arbizu. Sin embargo, a este artículo periodístico más bien lo acompañan algunas anotaciones que hice hace un tiempo sobre la mitología popular.

Comencemos por la infancia de Martín. A los ocho años de edad, ya sabía muy bien lo que significa ser un hombre color de la chancaca, pero había muchas cosas que todavía no lograba comprender.

A su madre, la pobre Ana, se le caía el alma por la dificultad de explicar a los niños, Martín y Juana, la ausencia del padre y el hecho de que ellos no pudieran ir a estudiar como los otros chicos de su edad.

¿Por qué Dios había hecho a los negros y a los blancos en vidas y funciones tan distintas? Recordemos lo que tal vez fue su primer portento. Ocurrió cuando el niño Martín fue a comprar algunos alimentos por encargo de su madre. La leyenda popular nos cuenta que se detuvo en una esquina de La Merced para escuchar a un fraile estentóreo llamado Bernardo de Portillo.

A este le decían “La trompeta de Dios”. Explicaba temas tan diversos como las diferencias raciales o sus personales dudas sobre la redondez de la Tierra.

Ese día, el pequeño Martín se olvidó del tiempo escuchándolo porque hablaba de un tema que él no podía llegar a comprender. “¿Y los negros?”, se preguntaba una y otra vez fray Bernardo, mientras se colocaba el dedo índice entre el ceño, gesto que le confería las luces de una sobrenatural inteligencia, y respondía: “¿Los negros?, ¿qué negros? No habrá negros porque, por haber sido bautizados, se despertarán blancos y resplandecientes como hijos de la luz y no de las tinieblas”.

La explicación alegraba a Martín, pero no del todo. Se preguntaba qué iba a pasar con él metido entre tanta gente blanca y resplandeciente. Tal vez no iba a poder reconocer a su madre ni a su hermanita.

Lamentablemente, la erudita charla, a la vez que la distracción y la generosidad habitual en Martín, hicieron que regresara del mercado a casa con la bolsa vacía de provisiones y sin el mango que le había prometido a su hermanita. Todo eso se lo había obsequiado a un indigente cuyos ojos, como todos los ojos de los pobres, le parecían idénticos a los ojos de Dios.

En la puerta de casa, Martín se preguntaba muchas cosas, pero la más importante era lo que diría su madre al verlo llegar con la bolsa vacía, aunque a él no le preocupaba mucho el castigo, sino el llanto de su hermanita y la posible mirada asustada de su madre, o los perdidos ojos de ambas, como seguro son los ojos de la gente más triste de este mundo.

Sin embargo, un milagro ocurrió… y aquí me quedo con el relato popular que escuché:

Martín se dijo que todo es posible cuando cierras los ojos porque hasta Dios entra en ellos sin importarle que seas negro, y sonrió, y por eso, cuando su madre abrió la puerta de casa, a él no le extrañó que le preguntara: “¿cómo has podido comprar tanto con lo que te di?”, y “mira, Juanita, qué hermoso mango te ha traído tu hermano”. Tal vez ese fue su primer milagro. Y cerró los ojos con más fuerza hasta lograr que lo que veía por dentro, o sea el color interior de sus pupilas, fuera rojo y azul y después violeta y por fin dorado.

Ah, me olvidaba… mi segundo nombre es Martín. Me lo puso mi madre en gratitud a que le había nacido, por fin, un hijo varón, aunque con el tiempo le resultara distraído y algo mentiroso o, más bien, cuentista.

El martes 15 de septiembre, un estudiante de 16 años fue presuntamente agredido sexualmente por ocho compañeros dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en el distrito de San Borja, con dos adultos presentes que dicen no haber percibido lo que ocurría.

Tras la acusación pública, los padres han señalado que la institución recibió denuncias previas sobre drogas, armas y amenazas a profesores que esperaron respuesta sin recibirla. Incluso una maestra del mismo centro educativo denunció represalias en su contra por denunciar actos violentos por parte de alumnos.

La Marina, hasta el cierre de esta edición, no emitía ningún pronunciamiento. El gobierno anunció el traslado del colegio al Minedu. El INDECOPI fiscalizó. En otras palabras, todas las instituciones llegaron después del daño. Pero esto no es exclusivo de dicho distrito capitalino.

En Condorcanqui, en la región Amazonas, entre 2024 y julio de 2026, más de 1,253 niñas y adolescentes indígenas Awajún y Wampis fueron víctimas de violencia sexual. Y la respuesta es brutal. Solo hay una psicóloga para atender a todas. Los antirretrovirales para las menores que viven con VIH producto de violaciones que sufrieron son insuficientes. Y, peor aún, a finales del año pasado, se retiraron fiscales y defensores públicos de comunidades enteras.

Ante ello, una misión de la OEA visitó la zona y concluyó que la violencia es estructural. “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia”, sostuvo la presidenta del Comuawuy, Rosemary Pioc, cuando la prensa le pidió sus impresiones del problema.

En lo que va del año, el sistema SíSeVe registra 2,059 reportes de violencia sexual en colegio. Y 173 denuncias siguen sin respuesta.

Pero el fondo del problema va más allá. Se trata de un sistema que no solo abusa sino que tolera el abuso hasta que la violencia llega a este tipo de extremos profundamente lamentables. Ese es el ciclo de violencias que como sociedad se debería romper. Y, ante esa demanda, el Estado peruano sigue llegando muy tarde.

El problema es que estos discursos construyen una infancia abstracta, homogénea, sin género, territorio ni desigualdades, imaginaria; más útil para la política que las vidas concretas de niñas, niños y adolescentes atravesadas por violencia y exclusión.

En ese terreno, la educación sexual integral, el enfoque de género y otros avances aparecen hoy como “amenazas”, precisamente porque ayudaron a nombrar aquello que durante años permaneció en la oscuridad de lo “privado” y el abandono estatal; como la violencia sexual y el castigo físico y humillante en familias, escuelas e iglesias. Más de 22% de adolescentes mujeres peruanas entre 12 y 17 años sufrió violencia sexual en el último año, y en siete de cada diez casos, el agresor era de su entorno cercano (ENARES, 2024).

Por eso, cuando quienes se presentan como defensores de la niñez enfrentan cuestionamientos por la gestión de albergues, la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual, la disputa no es solo moral. Es de influencia y legitimidad para resguardar intereses políticos, económicos e ideológicos concretos.

Las niñas y los niños necesitan un Estado que los reconozca como sujetos de derechos, no solo como objetos de control, un Estado que responda a la exclusión y desigualdad que atraviesan sus vidas con la misma urgencia con la que hoy se les invoca en el debate político.

Colabora Susana Osorio Torres, socióloga

Su régimen normativo se articula en torno a cuatro pilares: 1) los recursos genéticos marinos y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización; 2) los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las Áreas Marinas Protegidas (AMP); 3) las evaluaciones de impacto ambiental; y 4) la creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina. Se trata de cuatro materias de directa relevancia para el Perú, en su condición de Estado marítimo.

Conviene precisar que el Acuerdo no regula la pesca en alta mar, la cual permanece sujeta a las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, entre ellas la Organización Regional de Ordenación Pesquera 1 del Pacífico Sur, competente respecto del jurel y la pota, y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) en materia de túnidos, cuyos mandatos el propio tratado ordena no menoscabar.

El Perú suscribió el instrumento el 9 de junio de 2025, en Niza, durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. Al 26 de agosto de 2026, el Acuerdo registra 145 signatarios y 93 Estados Parte. En nuestra región lo han ratificado ya Chile, Ecuador, Brasil, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana. El expediente de perfeccionamiento interno peruano, en cambio, está pendiente de ratificación.

Es indispensable esclarecer un equívoco recurrente. La ratificación del Tratado de Alta Mar no comporta, en modo alguno, la adhesión del Perú a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En la declaración interpretativa formulada al momento de la firma, nuestro país dejó constancia de su condición de Estado no parte de dicha Convención y precisó que toda referencia a ella le será aplicable únicamente en la medida en que constituya parte del derecho internacional consuetudinario o refleje principios generales del derecho.

Antes que comprometer las posiciones peruanas en materia de dominio marítimo, la ratificación permitiría defenderlas en la interpretación y el desarrollo mismo del Acuerdo, que es donde tales posiciones quedan expuestas a lecturas expansivas.

A ello se suman intereses estratégicos de primer orden. La Cuenca del Perú, situada más allá de las 200 millas marinas, alberga nódulos polimetálicos de alto valor para la transición energética. ² Ratificar el instrumento habilitaría al país a incidir en las evaluaciones de impacto ambiental que se practiquen si la comunidad internacional avanza hacia la minería submarina, resguardando los ecosistemas oceánicos.

Del mismo modo, Chile y Panamá impulsan ya la creación de un área marina protegida en las dorsales de Salas y Gómez y Nazca, contigua al límite exterior de nuestras 200 millas. Sin ser Estado parte, el Perú tendrá posibilidades limitadas de incidir en su diseño, gobernanza y condiciones de uso.

Además, el calendario apremia. Del 11 al 22 de enero de 2027 se celebrará en Nueva York la primera Conferencia de las Partes, que adoptará las reglas de procedimiento, los órganos subsidiarios, los mecanismos financieros y de información e, incluso, la sede de la Secretaría, disputada por China, Chile y Bélgica. Esas decisiones fundacionales sentarán precedentes políticos y jurídicos duraderos.

Sin la ratificación, el Perú concurriría únicamente como observador, sin voz ni voto. Como en otras materias de nuestra conducta internacional, los principios jurídicos y las consideraciones de orden práctico apuntan aquí en una misma dirección. Corresponde remitir con prioridad al Congreso de la República el expediente respectivo, a fin de culminar la aprobación legislativa antes de la COP1.

Un país cuya identidad histórica, científica y económica está indisolublemente ligada al mar no puede permanecer ausente cuando se define el régimen jurídico de dos tercios del océano.

*Ex Canciller de la República del Perú y Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional

El temor de la humanidad ante la máquina se ha ido estableciendo en capas. La primera: su posible uso militar en manos de fuerzas enemigas. Luego fue su desarrollo de alguna forma de conciencia propia. Ahora es el temor de que esa conciencia pueda replicarse y avasallar a los humanos, en muy poco tiempo.

En 1950 Isaac Asimov publicó Yo, robot, sobre la ética entre las máquinas y las personas. La pátina benévola de R.U.R. se mantenía, pero es obvio que ya se estaba buscando la forma de que el robot no se independizara del humano ni se volcara contra él. El film Odisea espacial 2001, de Stanley Kubrick, fue elocuente y le dio al tema máquina vs. hombre dimensión masiva.

Ahora nos asomamos a esa tercera capa (la humanidad derrotada por la máquina), pero ya no en la imaginación literaria, sino en el cruce pragmático de los negocios, la geopolítica y la tecnología, empeñados en jugar con la posibilidad de una autodestrucción. La inteligencia artificial como la bomba nuclear del siglo XXI.

¿Puede serlo realmente? Depende de a quién escuche uno, y las versiones siguen muy de cerca los intereses particulares. Por lo pronto cada vez más altos funcionarios dejan las empresas de IA para desmarcarse de las peores profecías. Otros altos funcionarios, como Donald Trump, insisten en que no pasa nada.

Así, en solo 100 años el robot ha pasado de ayudar a la humanidad a amenazarla. En torno de eso hay una polémica científica y otra política. Al igual que Trump, Xi Jinping no teme las consecuencias del avance de la IA. Más bien teme que los EE. UU. le ganen en la carrera hacia el desenlace, cualquier desenlace.

En el caso atómico, el temor a la autodestrucción nos mantuvo controlados. Hasta el momento nada parecido está sucediendo con la autonomía absoluta de las máquinas, hacia la cual estaríamos avanzando a toda velocidad, concentrados en las ventajas militares y comerciales del fenómeno tecnológico.

Esta semana, Iquitos vuelve a paralizar sus actividades en señal de protesta por 72 horas con las mismas demandas: el alza del combustible, los cortes de electricidad y la minería ilegal que avanza sin control en la región. Y ante ello, la lectura más inmediata es que el gobierno firmó sin capacidad de cumplir.

Al respecto, las tres demandas principales del paro merecen leerse por separado porque cada una tiene una causa distinta y una responsabilidad estatal específica. El alza del combustible es consecuencia directa de la tensión en el Estrecho de Ormuz que ya documentamos en estas páginas.

Por otro lado, los cortes de electricidad en Iquitos tienen una causa estructural diferente. La ciudad amazónica, como la gran mayoría de ellas, sigue operando con un sistema eléctrico aislado que depende de generadores a diésel porque nunca fue conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Y la minería ilegal, que en Loreto avanza sobre ríos y comunidades sin que el estado de emergencia ni el despliegue militar hayan producido resultados concretos, es otro problema mayor para quienes habitan esos territorios. Este último, más allá de las particularidades naturales, presenta el mismo patrón que se documenta en Pataz.

Lo que une las tres demandas es un Estado que llega tarde, firma acuerdos sin presupuesto verificable y regresa a la siguiente crisis sin haber resuelto la anterior. En ese sentido, el centralismo sigue siendo la causa más profunda.

Sin embargo, esa brecha se ensancha más cuando los compromisos no se cumplen ya que genera falsas expectativas en la población, valga decir, seriamente afectada en su supervivencia diaria por las demandas que presentan en esta acción última a la que dicen recurrir.

La Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) es transformadora e incluye a la EBA, pero va más allá de ella. Señalemos algunas urgentes líneas de trabajo hasta el 2031, sobre la EPJA:

· Alfabetización. Tenemos 1218857 analfabetos. Hay que reducir esta realidad por lo menos en un 50%, principalmente entre mujeres, de los departamentos de Huánuco, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Áncash.

· Educación Básica incompleta en 7850000 peruanas/os. Los CEBA atienden con muy baja calidad al 2.6% de esta potencial demanda. En este quinquenio deberíamos atender a un 10%, conjugando o unificando el trabajo de CEBAs, CETPROs y Educación Comunitaria;

· El Congreso debería aprobar una Ley creando la EPJA, asumiendo lo de la EBA-ETP-EC, pero añadiendo otras disposiciones como las siguientes: toda institución laboral (pública o privada) debe actualizar a sus trabajadores; los Gobiernos Locales deben promover y organizar la formación de los trabajadores de mercados e informales de su ámbito (ambulantes, mototaxistas, madres de comedores populares y otros), atendiendo también a personas de la tercera edad; las UGEL deben articular y organizar territorialmente los servicios de educación para jóvenes y adultos, como lo sugiere un reciente estudio de la Universidad Ruiz de Montoya.

La calidad educativa conlleva rendimientos + pertinencia. El joven o adulto que estudia o participa en un evento busca que lo aprendido le sirva para su vida personal o colectiva y así cambie su vida personal, familiar y social en general. Si no existe esta pertinencia, se genera un desinterés estructural. Por ello, es connatural a la EPJA el ser transformadora.

Colabora Sigfredo Chiroque-Instituto de Pedagogía Popular IPP

No estamos haciendo una acusación genérica, pero sí tratando de hacer notar lo dinámico y recursero que es el modelo de negocios del crimen organizado. Las enseñanzas del ingenioso narcotráfico internacional están presentes en las sombrías extorsiones que abruman a nuestros comerciantes. Algo que comienza por la infiltración en la política.

El cantante de marras organizaba las cobranzas desde su trabajo en el escenario, movía el dinero de la banda mediante sucesivos intermediarios bancarios, mantenía el contacto con el jefe de la banda, que todavía vive muy cómodo en España. Era, pues, el hombre orquesta de los delincuentes. ¿Existen casos parecidos en el gremio del transporte?

Quizás el caso de los Malditos del Sur ayude a entender los ya numerosos casos de atentados contra músicos de algunos otros conjuntos. Serían personas que se han negado a traicionar a sus colegas, sus empleadores o su público. Son un blanco perfecto para los psicópatas de las bandas criminales.

Al comienzo hemos dicho “hampones de los dos lados del mostrador”. Quizás hemos debido decir tres, pues la corrupción policial es un evidente protagonista del desborde criminal que se está viviendo. En la reciente masacre están vinculados a la policía los uniformes usados para el atraco, las camionetas y varios personajes.

Si los asaltantes se disfrazan de policías, entonces no tiene tanto sentido que las unidades de transporte sean blindadas, como proponen algunos. Pues los criminales están cada día más infiltrados dentro de los propios negocios. Los libros de contabilidad van camino de volverse secretos, bajo pena de muerte.

El sujeto que servía a una banda criminal desde su conjunto musical le debe al público una explicación de cómo llegó a esa condición de traidor. ¿Fue presionado y cedió por miedo? ¿Fue un simple caso de ambición económica? ¿Le gustó más cobrar cupos que pagarlos? En cualquier caso, es un episodio lamentable. ¿Irá preso? ¿Saldrá libre? ¿Lo asesinarán para taparle la boca?