Alejandro Céspedes García: José, ¿cuál es hoy la mayor fortaleza de la macroeconomía peruana?

José Távara: La principal fortaleza de nuestra macroeconomía es que tenemos una inflación baja, a pesar de las dificultades del contexto internacional y de lo que se viene con El Niño. También tenemos una deuda pública comparativamente reducida en relación con el valor total de los bienes y servicios que producimos. El Perú es un país con deuda baja y, por eso, puede acceder a financiamiento externo en condiciones relativamente razonables, con tasas de interés comparativamente reducidas frente a otros países de la región. Podemos emitir bonos: el Tesoro peruano los emite para financiarse y para reestructurar la deuda. Cuando sale a ofrecer, por decir, 100, la demanda llega a 400. Eso nos da posibilidades de financiarnos.

Pero hay que decirlo con claridad: esto se mantiene a pesar de una conducta irresponsable del Congreso saliente, que ha aprobado una serie de leyes que comprometen gastos hacia el futuro y generan riesgos advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal. El Tribunal Constitucional, hace pocos días, cambió de criterio y ahora reconoce que es grave e irresponsable dar iniciativa de gasto a congresistas que responden a motivaciones políticas de corto plazo, según el ciclo electoral, y no a políticas de Estado con una mirada de largo plazo.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué otros riesgos enfrenta la economía peruana?

José Távara: Un dato muy preocupante es la baja calidad de la inversión pública, que además tiene impacto de largo plazo. Buena parte de los proyectos se inician y terminan paralizados, con obras abandonadas y los fierros de las estructuras oxidándose. Es una dilapidación de recursos inadmisible.

Esto tiene que ver con la corrupción en gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, y debe combatirse con la mayor energía. No podemos seguir con hospitales a medio construir y abandonados, carreteras o puentes que se caen poco después de construidos. Eso es inaceptable.

Hay que fortalecer la Contraloría General de la República, que a veces se queda en procedimientos formalistas sin llegar al fondo del asunto. Quienes son responsables de ese tipo de decisiones, o de actos de corrupción, deben asumir las consecuencias y ser sancionados. Los mecanismos de evaluación de la inversión pública deben ser mucho más robustos, y ahí la responsabilidad recae también en el Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano central.

Alejandro Céspedes García: Se habla de buenas perspectivas de crecimiento. ¿Cuánto dejamos de crecer por la economía informal, la minería ilegal y el narcotráfico?

José Távara: Me gustaría afinar un poco la pregunta: más que cuánto más podríamos crecer, la pregunta relevante es cómo crecemos. Ese es un viejo debate que tengo con colegas: para algunos, salvo el crecimiento del PBI, todo es ilusión, y hay que crecer, crecer y crecer. Yo no comparto esa perspectiva. El tipo de crecimiento es muy importante. Nadie discute la importancia de crecer con mejores servicios públicos, mejor educación, mejores sistemas de salud. Eso debería reflejarse, por ejemplo, en mayor productividad de los trabajadores y las empresas, en desarrollo cultural, en un mayor consumo de bienes inmateriales y contenidos artísticos que integren al país y a nuestra diversidad.

Esto se relaciona con una distinción que enseñan las buenas escuelas de economía: la diferencia entre los flujos y los fondos, los stocks. Una cosa son los ingresos y otra el patrimonio, los ahorros, la casa: eso son los stocks. Si uno crece depredando sus recursos, ese crecimiento no es sostenible. Si crecemos con tala ilegal, con oro extraído ilegalmente que contamina los ríos, si permitimos que se siga destruyendo la Amazonía, en algún momento eso nos pasará factura.

A escala global hay evidencia de que El Niño ocurre cada vez con mayor frecuencia y se intensifica. Estamos batiendo récords de temperatura en el planeta y también en nuestro país. Estamos llegando a límites biofísicos planetarios. No es filosofía: hay estudios de los mejores científicos de la física, la geografía y la astronomía que muestran, con evidencia contundente, que el planeta tiene límites, y que una vez que se cruzan ciertos umbrales los resultados pueden ser irreversibles.

El Perú no es responsable de las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Somos un país pequeño, no industrializado, no intensivo en consumo de energía por habitante. Pero tenemos la responsabilidad de proteger uno de los pulmones más importantes del planeta, la cuenca amazónica, y la estamos destruyendo. Con El Niño vienen lluvias que expanden la vegetación; luego llega la sequía, se seca, y eso se convierte en pasto para las llamas. Cada año se destruyen decenas de miles de hectáreas por incendios.

Proteger la Amazonía supone combatir con eficacia la minería ilegal, que contamina los ríos con mercurio, con niños que se bañan en aguas amarillentas. Hay corrupción en algunos sectores de las fuerzas policiales que permite que las dragas circulen impunemente, y eso debe combatirse enérgicamente. El Estado debería estar presente en la Amazonía, especialmente en las reservas naturales que ya están legalmente protegidas pero cuya protección hoy es puramente nominal.

Deberíamos aprender de otras experiencias. Sudáfrica, por ejemplo, tiene turismo hacia sus reservas naturales y cadenas de hoteles públicos presentes ahí. Otro ejemplo son los paradores españoles, una cadena de hoteles públicos. ¿Por qué no pensamos en un plan de inversiones así? Eso requeriría una ley expresa que autorice la presencia de inversión pública, por ejemplo en servicios de hostelería en estas áreas críticas, lo que además movilizaría inversión privada en otras áreas. Hay que proteger la Amazonía, y no se protege si se abandona: hay que estar presentes ahí, con infraestructura y servicios de calidad, todo regulado, para evitar la depredación de uno de los principales pulmones del planeta.

Alejandro Céspedes García: ¿Cómo afecta la inseguridad y el crimen organizado a la economía y a la política monetaria del Banco Central?

José Távara: Es una buena pregunta. El objetivo central de la política monetaria es la estabilidad de precios, la fortaleza de nuestra moneda, y no debemos desviarnos de eso. Pero para cumplir ese objetivo, con un horizonte más amplio, hay que tener en cuenta los impactos de la destrucción de nuestros ecosistemas provocada por la criminalidad: las drogas, la tala ilegal, la minería ilegal, que están destruyendo la Amazonía. Combatir la criminalidad es una tarea compleja que tiene que ver con los problemas macroeconómicos de más largo plazo.

Alejandro Céspedes García: Mencionaste al Banco Central como una institución fuerte. ¿Esa fortaleza depende solo de que Julio Velarde continúe al mando?

José Távara: Entre las fortalezas que mencioné está tener una institución fuerte como el Banco Central, gracias al liderazgo de Julio Velarde, pero también, y sobre todo, al extraordinario nivel de desempeño de los equipos profesionales, del gerente general para abajo, algo que a veces no se reconoce. De hecho, es contradictorio decir que el presidente del Banco Central tiene que quedarse porque si no todo se viene abajo, y al mismo tiempo afirmar que es una institución fuerte: o es una cosa o la otra. Las instituciones no pueden depender exclusivamente de una sola persona. Julio tiene un liderazgo muy valioso y legítimamente reconocido, mas no hay que dejar de lado el reconocimiento a los equipos profesionales, hasta la última línea, hasta las áreas de servicio.

Alejandro Céspedes García: ¿Por qué el Perú, con instituciones sólidas como el Banco Central, tiene resultados tan malos en salud o en educación?

José Távara: Hay un colega que investiga que en casi 200 años desde la independencia no hemos logrado establecer un pacto fiscal. El contraste entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica por el lado de la inflación, y el hecho de que el Perú encabezó el número de muertes por la pandemia en el mundo, o que estemos en los últimos lugares en las pruebas PISA, nos tiene que decir algo. No puede ser que tengamos instituciones fuertes y una macroeconomía estable por el lado de la inflación y, al mismo tiempo, un Estado fiscalmente raquítico. El tamaño fiscal del Estado es muy reducido comparado con otros países de la región, ni qué decir con los de la OCDE. No hemos logrado un acuerdo sobre la necesidad de una base tributaria más amplia, de mayor recaudación para sostener una provisión de bienes públicos esenciales con un mínimo de calidad para todos los ciudadanos. Se necesita una reforma tributaria que ensanche la base, y que la gente entienda que paga impuestos porque recibe servicios a cambio.

¿Pero qué ocurre cuando las madres de familia van con sus hijos o esposos al hospital y les dicen que vuelvan dentro de cuatro meses porque no hay citas? ¿O cuando en la escuela pública de una zona rural hay un solo maestro, cuando la infraestructura se cae en pedazos, cuando no hay buena provisión de servicios de calidad? Yo estudié en la UNI, que tiene cerca de 13.000 o 14.000 alumnos, mientras que algunas universidades privadas, con fines de lucro, tienen 200.000. ¿Por qué la Universidad Agraria no ha crecido, por qué no tiene 100.000 alumnos como la Universidad de Buenos Aires o más? Ahí hay un serio problema de educación de calidad, y lo mismo puede decirse de la precariedad en la educación primaria y secundaria, que se traduce en los resultados de las pruebas PISA.

La seguridad es otro servicio: si tienes dinero, contratas seguridad privada, o el guachimán de la cuadra si el barrio es de clase media. Pero si es un barrio popular, te asaltan, o tienes que cerrar tu negocio. Se están cerrando cientos o miles de bodegas por la extorsión, y la gente no paga impuestos, pero sí paga el cupo al extorsionador, en lugar de pagar impuestos que podrían fortalecer la calidad del servicio de las fuerzas policiales, lo que pasa por combatir la corrupción. Y la corrupción se combate barriendo la escalera de arriba hacia abajo: no se combate solo metiendo preso al policía que recibió la coima, sino viendo quiénes son los generales que dirigen la institución y que podrían estar comprometidos por complicidad u omisión. Ahí hace falta una reforma muy radical, pero como punto de partida hay que entender la necesidad de un pacto fiscal.

Alejandro Céspedes García: Con los precios altos del cobre y el oro, ¿corremos el riesgo de repetir errores del pasado, como con el guano?

José Távara: Ahora que el país recibe precios de metales de exportación muy altos, y con ellos ingresos fiscales de la minería, como antes fue el guano, estamos viviendo la prosperidad falaz de la que hablaba el gran maestro Basadre. Con el cobre y el oro por las nubes, el pueblo recibe ingresos y estamos contentos: la gente no tributa, el Estado hace como que gobierna y la gente hace como que trabaja. Estamos en un equilibrio de bajo nivel, y eso no puede continuar. Tenemos que elevar la calidad de los servicios para que el niño que nació en Huancavelica reciba un nivel de educación parecido al niño que nació frente al golf de San Isidro y accede a una escuela de calidad: ahí no pueden existir esas diferencias. Yo he vivido en el extranjero, mis hijas fueron a la escuela pública, y esa escuela ofrecía un alto nivel de calidad. Eso lo vemos en Europa, incluso en Estados Unidos: los países capitalistas desarrollados tienen escuelas públicas de calidad. Eso no lo tenemos en el Perú, lamentablemente.

Alejandro Céspedes García: Hay una pregunta que siempre surge ante un pacto fiscal como el que propones: de acuerdo, se pagan más impuestos, pero antes tiene que haber una reforma de la capacidad del Estado para que esos impuestos no se vayan en la corrupción. La gran corrupción, como lo anunció Proética a fines del año pasado: obras que no tienen mucho sentido, como la compra de aviones muy caros, o financiar el déficit de empresas como Petroperú.

José Távara: Exactamente. Hay que preguntarnos por qué en otros países las empresas públicas funcionan razonablemente bien y aquí no. No es que en el Perú seamos marcianos que no sabemos manejar empresas públicas. El ejemplo de España, los paradores en monasterios, castillos y palacios, el patrimonio arqueológico que el Perú tiene y que podría aprovecharse bien, como las huacas abandonadas en Lima, sobre todo en la Amazonía y en las zonas de frontera, muestra que hay que pensar en cómo se gobiernan las empresas públicas, adoptando principios de buen gobierno corporativo del sector privado: directorios con personas íntegras, nombradas por periodos definidos, que no puedan ser removidas sin expresión de causa. Eso está en una propuesta elaborada por profesores de derecho constitucional de la Universidad Católica, para darle autonomía a instituciones como la Sunat, el órgano que recauda impuestos.

Alejandro Céspedes García: ¿Y en el caso del Banco Central, cómo funciona esa protección frente a las presiones políticas?

José Távara: El Banco Central está protegido: a mí no me pueden remover salvo con dos tercios de los votos de los congresistas en el Congreso anterior; ahora, con el nuevo Senado, será con el 50% de los votos de los senadores. Eso da cierto nivel de protección: salvo falta grave, no te pueden sacar hasta que cumples tu periodo. Yo estoy a punto de cumplirlo, y me iré en los primeros días de agosto, cuando nombren a los nuevos directores. Cumplí mis cinco años sin que nadie me presionara; no acepto ningún tipo de presiones, y no me pudieron sacar durante ese periodo porque no cometí falta grave. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Sunat? Hemos tenido tres superintendentes en los últimos 23 años. En el Indecopi, igual: a pesar de que la ley establece que el presidente y los miembros del consejo directivo deben ser nombrados por cinco años y no pueden ser removidos sino por falta grave, los sacan por presiones políticas y ponen como director al asesor del ministro de turno, para que responda a la lógica política del ministro en lugar de responder al bien común.

Necesitamos construir el Estado y separarlo del gobierno de turno. El Estado no puede ser el botín del gobierno de turno. Hay que fortalecer las decisiones sobre el Banco Central: es una lógica que los políticos y la ciudadanía deberían asimilar. Necesitamos instituciones del tipo del Banco Central, con autonomía. Eso podría pasar, por ejemplo, por reformar Servir y darle autonomía, para que ordene el ingreso a la carrera pública, las promociones y la formación de gerentes públicos. En España existen las oposiciones: uno entra al Estado por un concurso, compitiendo con otros aspirantes, con pruebas de conocimiento, no porque tiene un amigo que le da trabajo, como ocurre lamentablemente en nuestro país. Ese chip lo tenemos que cambiar. Tenemos que reconstruir el Estado, barrerlo primero de quienes han entrado sin mayores calificaciones y no quieren que nada cambie, y restablecer la carrera pública, entendiendo que quienes trabajan en el Estado son servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos. Como muchas personas no pagan impuestos y tampoco reciben buenos servicios del Estado, estamos en este equilibrio de bajo nivel, en esta trampa.

"La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber. "

Estas líneas pertenecen a las conclusiones 13, 14 y 53 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Conviene leerlas y releerlas, porque los tiempos que vienen pretenden instalar una mentira: que la CVR restó responsabilidad a Sendero Luminoso y desconoció a los buenos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales.

El segundo fujimorismo, en típica actitud autoritaria, busca ya desde hace años una reescritura de la historia. Solo esta semana hemos tenido varias columnas y entrevistas de adulones del presente y del pasado que han negado las actitudes autoritarias de Fuerza Popular desde el Congreso desde los últimos años, han olvidado convenientemente la corrupción en la que nos hundió Alberto Fujimori y sus huestes, y finalmente han tratado una vez más de eliminar de nuestra historia un esfuerzo por reconocer a quienes nos faltan, que es lo que el Informe Final de la CVR propone.

La instalación del nuevo Congreso de la República y el accionar de la bancada de Fuerza Popular en tándem con el Ejecutivo ya ocurre desde diciembre de 2022, pero ahora será sin caretas o disimulos. Es fácil anticipar que su conducta no será más democrática ni resguardará al país de las economías ilegales y las organizaciones criminales; por el contrario, lo entregarán con mayor desparpajo

No se trata de ser fatalista, sino de mirar la evidencia. No se trata de hacer futurología, sino de acercarnos a una línea histórica reciente de comportamiento de una organización política con legajo criminal. Por ello importa no perder de vista los hechos —mientras otros no pierden de vista carguitos y consultorías— y defender la memoria como lo que es: una tarea colectiva que no admite reescrituras.

En educación, los primeros cien días siempre revelan una manera de entender las urgencias del país. Hay gobiernos que empiezan cambiando nombres de programas, removiendo funcionarios o peleándose con el currículo. Hay gobiernos que convierten la educación en un botín: reparten cargos, pagan favores y subordinan el futuro de millones de estudiantes a la lógica del regalo político. Y hay gobiernos que empiezan por hacerse las preguntas correctas: ¿por qué un niño de tercero de primaria todavía no comprende lo que lee? ¿Por qué un maestro siente que el Estado solo se acuerda de él cuando toca evaluarlo o cuando un conflicto sindical altera la calma de Palacio?

No hace falta inventar una nueva revolución educativa. Sí es inexorable dejar de usar la educación como campo de la batalla política.

Lo que hace falta es decidir. Y decidir es establecer prioridades. Presidenta, si la educación va a ser una prioridad de verdad, estas son siete decisiones que no admiten espera.

 1. Recupere los aprendizajes.

No permita que otra generación pague el costo de la demora y el ausentismo del Estado. Recuperar los aprendizajes no es un programa; debe ser el objetivo de justicia que ordene todo el sistema educativo. Cada escuela debería saber, con evidencia, quiénes están quedándose atrás y contar con recursos diferenciados, horarios extendidos, alimentación segura, tecnologías digitales y acompañamiento docente para recuperarlos.

Ningún estudiante debería terminar la primaria condenado a aprender menos que uno en la zona urbana o la capital. El mundo acelera; el Estado no puede seguir llegando tarde.

 2. Devuélvale prestigio a la profesión docente.

No les pidamos excelencias heroicas si el Estado no les ofrece una carrera excelente. La docencia no es heroísmo, es profesionalismo.

La carrera docente hoy parece una suma de piezas sueltas. Conviértala en una trayectoria. Articule en un solo sistema la formación inicial de los Institutos Pedagógicos, abandonar los contratos temporales por la atracción a la carrera pública, la formación continua en cada territorio aliando universidades, escuelas superiores y sector privado, evaluaciones que lleven a mejores compensaciones y a la diversificación profesional. El docente necesita una trayectoria completa, exigente y predecible, y ser reconocido por la sociedad como referente para la vida de nuestros hijos, que son protagonistas del cuidado, de la protección y de la inspiración ciudadana.

 3. Invierta en darle dignidad a las escuelas.

La infraestructura no es cemento. Es dignidad.

Colegios de excelencia y del talento son positivos, claro, pero empiece por donde más duele la indiferencia: agua, desagüe, alimentación, conectividad y salud. Inicie una estrategia de aceleración del saneamiento físico-legal de los terrenos escolares. Una escuela cuyo terreno está regularizado deja de ser propiedad de un ministerio lejano y puede convertirse en un proyecto cooperativo del sector privado y toda la comunidad.

 4. Proteja las escuelas como espacios seguros

Una escuela insegura deja de ser una escuela para exhibirse como una amenaza más.

Convierta la protección de niñas, niños y adolescentes en una política compartida entre Educación y otros sectores, Interior, Ministerio Público, gobiernos locales y familias. La salud emocional y mental de nuestra adolescencia es un ancla trascendental del carácter, empatía y estabilidad de sus futuros. La violencia ya no está fuera del colegio; está dentro de sus familias, dentro de ellos mismos, y espera todos los días a la hora de entrada con los estudiantes.

 5. Conecte la educación superior con el futuro de los jóvenes

El diseño de un Ministerio actualizado al Perú de hoy ya está aprobado, pero no se ha tenido el coraje de implementarlo. Cree por fin el Viceministerio de Educación Superior, la autoridad que articule las trayectorias y los tránsitos entre la educación Técnica, Tecnológica, Pedagógica y Universitaria, que conduzca con liderazgo sólido un sistema de aseguramiento de la calidad con una Sunedu autónoma de sus supervisados, y con una rectoría capaz de planificar la oferta educativa pública según las necesidades productivas de los territorios y sus economías, no según las presiones políticas del Congreso. Renueve por todo lo alto una estrategia de becas y crédito educativos que devuelva esperanza de estudios superiores a los que se lo han trazado. La educación superior debe responder al país que queremos construir, no al siguiente ciclo electoral.

 6. Una al Estado educador.

El Ministerio de Educación no educa solo. Hay más instancias públicas y privadas haciendo educación, pero no las reconocemos así.

Cada año el Estado invierte miles de millones formando personas desde otros sectores: hospitales, centros de innovación tecnológica, capacitación laboral, programas de autonomía económica, educación técnico-productiva, formación de jueces, policías y servidores públicos. Nadie los articula. Cree un Sistema Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos que convierta esa suma de esfuerzos en una política de capital humano para la competitividad y la descentralización real de capacidades.

La educación es un vehículo para una ciudadanía que recupere el valor de la democracia y la justicia, que abrace una historia con memoria común, que reconcilie con dignidad y sin impunidad. De ese tamaño es la responsabilidad de un Estado educador.

 7. Escuche antes de decidir con expertos.

Gobernar es escuchar.

No convoque otra comisión de expertos si no es para un diálogo abierto y nacional donde docentes, familias, empresarios, sindicatos, investigadores y autoridades locales construyan soluciones para cada territorio. La educación necesita menos decretos escritos en Lima y más acuerdos construidos en las provincias. El espacio ciudadano y empresarial por la educación ha crecido mucho desde los años 90 a la fecha, el país que pone la educación en la agenda ha cambiado. Convóquelos.

 La educación no necesita otro gobierno que empiece de cero. Necesita un gobierno que tenga el coraje de tomar las decisiones correctas antes que las decisiones populares.

Presidenta: el Perú ya perdió demasiadas generaciones esperando que alguien haga de la educación una prioridad y no un discurso.

No permita que la siguiente también tenga que esperar.

En la gestión pública peruana padecemos de un síndrome parecido. Siempre me he resistido a esa frase que dice que no debemos enamorarnos de nuestras reformas. Pero es cierto que la empecinada y obsesiva atracción de hacer de la reforma del Servicio Civil en la Ley 30057 y de su complejo proceso de implementación un único e intocable vehículo, no nos ha permitido alcanzar el fin que persigue: meritocracia, predictibilidad y servidores idóneos para el ciudadano. Nos quedamos contemplando el barco atascado en el lodo de la montaña, aplaudiendo su magnanimidad, la buena idea que llevó a su creación, el esfuerzo de empujarlo, mientras el río de la administración pública sigue desbordándose por otro lado, y la meta sigue en un horizonte lejano.

La realidad nos demuestra que la estrategia basada en el tránsito voluntario y progresivo de las entidades públicas simplemente no funcionó. En el Perú convivimos hoy con regímenes laborales que albergan a 1 millón 600 mil servidores públicos (300 mil más que hace 10 años). Sin embargo, la paradoja de este universo es devastadora: tras más de una década de vigencia de la reforma, el número de personas que efectivamente ha transitado al nuevo régimen de SERVIR apenas supera los 1.800 trabajadores en todo el país. Lograr que, en promedio, solo 100 trabajadores por año migren a la meritocracia formal no es avanzar; es quedar atrapados en un laberinto burocrático.

Mientras nos obsesionamos con el interminable checklist del tránsito idealizado, la precarización camina por la vereda de enfrente. La planilla pública costó en el último año una cifra aproximada de S/79 mil millones (un incremento del 65% con el escenario de una década atrás), empujada abrumadoramente por las carreras especiales y el régimen CAS, que hoy alberga a más de 400 mil trabajadores. De la genial idea de contar con centenares de Gerentes Públicos en puestos claves hoy tenemos menos de 75 a nivel nacional.

Pero el síntoma más alarmante de la distorsión del sistema se encuentra en una mutación interna. Tras la aprobación de leyes que convirtieron a un grupo importante en CAS Indeterminados (unos 100 mil servidores que encontraron estabilidad eterna sin ninguna línea de carrera), la necesidad de flexibilidad operativa de las entidades no desapareció. Al contrario, abrió la puerta a un nuevo atajo: la proliferación de contrataciones bajo nuevas e innovadoras etiquetas.

Se estima, y no hay cifra cierta porque siempre hay forma de esconderla, que más de 200.000 servidores son contratados en un limbo normativo y en un enorme bolsón de locadores o terceros que emiten órdenes de servicio para realizar funciones subordinadas y permanentes de oficina. Estas figuras representan el gran atajo de las entidades públicas: una válvula de escape para sortear las restricciones de contratación y, sobre todo, para evadir los rigores de la meritocracia y el concurso público. Mientras la burocracia reformista diseñó el puente perfecto que lideraba SERVIR, las entidades y sus ortodoxas formas de sobrevivir cruzaban el río usando la informalidad y contratos grises, sin rendir cuentas a nadie.

Cuando las herramientas de una reforma se vuelven un fin en sí mismas, la gestión pública se deshumaniza. Reconocer este fracaso no implica renunciar a la meritocracia ni claudicar ante el clientelismo, por supuesto que no. Al contrario, urge salvar el fondo del asunto buscando otra ruta.

De cara al próximo gobierno, pensar por dónde comenzar es clave. Si el tránsito masivo, homogéneo e institucional falló, la nueva estrategia debe ser quirúrgica y priorizada desde los puestos que más urgen. No necesitamos reestructurar de golpe los organigramas de todos los ministerios o municipalidades; necesitamos identificar y blindar los puestos más críticos del Estado. La meta debe ser ambiciosa pero focalizada: si todos tienen una alta respetabilidad por figuras como las de Julio Velarde, bueno, ¿cómo lograr tener más de 100 "Julios Velardes" liderando la administración pública en sectores críticos?

Comencemos con asegurar que los directivos que aprueban el planeamiento de las inversiones multianuales en Educación y Salud sean profesionales intachables y competentes, que lo sean quienes regulan el acceso a medicamentos y equipos médicos en Salud, aprueban las reglas de la formalización minera, contratan a gran escala las compras y distribución de textos escolares, dirigen la mejora regulatoria de la libre competencia, de la simplificación administrativa y la tramitología municipal, los que emiten licencias y autorizaciones que afecten la sostenibilidad ambiental en equilibrio con la inversión consciente y el ordenamiento territorial, sean los mejores de los mejores. Gerentes Regionales y Municipales que entran por concurso, no por favor, que sean los mejores profesionales de sus territorios, que conozcamos quiénes son y a quién responden.

La propuesta es clara: el nuevo gobierno debe elegir un grupo acotado de entidades públicas con funciones críticas y de prestación directa de servicios a la ciudadanía. En ellas, se debe seleccionar un núcleo de mandos medios directivos —jefes de operaciones, directores de línea, responsables de logística— para ser elegidos bajo estrictos criterios de mérito y solvencia ética, en concursos públicos realmente públicos, con veedores de la sociedad civil que compongan comités de idoneidad para proponer ternas de candidatos, con mecanismos que transparenten y pongan en la mano de los ciudadanos toda la información sobre los intereses y los conflictos potenciales que pudieran haber de los funcionarios que entran a puestos de sensibilidad al clientelismo o la corrupción.

Ellos deben ser el verdadero punto de partida para integrarse de forma definitiva y protegida a la carrera pública. Al asegurar la calidad y la meritocracia en esta columna vertebral del servicio, no solo garantizamos que las políticas públicas se ejecuten bien, sino que desencadenamos un efecto demostrativo de buenas prácticas que, por gravedad, decantará en las demás áreas de la administración. Comencemos con 50; luego con 300, luego adicionemos a los responsables de logística, luego sumemos a los gobiernos regionales y locales, luego con los Oficiales de Integridad, y así. Y cada año, planteemos alcanzar una montaña más. Hagamos que las metas del SERVIR sean sin prisa y sin pausa, rendibles y medibles en el desempeño de los mejores.

Es hora de dejar de empujar el barco por la montaña. El servicio civil sigue siendo una urgencia nacional, pero el camino diseñado ya dio todo lo que tenía que dar. Si queremos que el Estado funcione, debemos bajarnos del fetiche del escritorio, abandonar el mito de 'Fitzcarraldo' y empezar a navegar, de una vez por todas, en las aguas de la realidad.

No obstante, pasaron solo pocos años para que en estos mismos países la izquierda regresara al poder. Alberto Fernández (2019) ganó las elecciones en Argentina, Lula da Silva (2023) en Brasil, Pedro Castillo (2021) en Perú y Gabriel Boric (2022) en Chile. Esta realidad no solo demostró la fragilidad del giro a la derecha, sino también el predominio del tradicional péndulo latinoamericano.

En el siglo XXI, el único giro político que se ha dado en la región fue la llamada “ola rosada”. El giro a la izquierda de aquella época perduró por más de una década, transformando, para bien o para mal, nuestros países. Con el fin de este proceso, en América Latina predominó el péndulo político: después de un gobierno de derecha viene un gobierno de izquierda (o viceversa).

Salvo algunas excepciones, como el caso de Claudia Sheinbaum (2024) en México (heredera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) o Nayib Bukele (2024) en El Salvador (aunque este por razones autoritarias), la región tiende al cambio.

En la actualidad vemos que esta dinámica continúa. A pesar de la popularidad de Gustavo Petro en Colombia, que bordea el 50%, esto no evitó la victoria de la derecha más dura e intolerante. En Bolivia, luego del gobierno de Luis Arce, la izquierda prácticamente desapareció, definiéndose la elección por dos candidatos de derecha, uno más radical que el otro. Y en Chile, José Antonio Kast, en su tercer intento, derrotó a la coalición de izquierda que había gobernado dicho país.

En Perú ha sucedido algo similar. Formalmente, Keiko Fujimori va a suceder a un gobierno de izquierda. Aunque la realidad es más compleja, la izquierda no pudo repetir la victoria del 2021. Se viene la elección en Brasil. ¿Volverá a manifestarse el péndulo o la izquierda seguirá dirigiendo al gigante sudamericano? Mientras la izquierda siga en el poder en México y Brasil, no se puede hablar de un giro a la derecha, más aún cuando es muy probable que en pocos años el péndulo latinoamericano traiga de regreso a gobiernos de izquierda en la región.

La primera razón radica en que se trata de una iniciativa que muy probablemente solo vaya a existir mientras Trump se encuentre en el poder. Al igual que la “Junta de Paz”, que surgió para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza luego de la destrucción causada por Israel y que pretendería reemplazar a las Naciones Unidas, el “Escudo de las Américas” solo se entiende como parte de una narrativa que Trump busca imponer en el mundo. Muchos países latinoamericanos, por afinidad ideológica o por miedo ante el accionar prepotente de la potencia mundial, terminan alineándose.

La segunda razón está relacionada con la forma como esta iniciativa enfrenta la problemática de la seguridad. Si bien resulta de mucha importancia que los países que sufren el flagelo de la delincuencia transnacional busquen crear mecanismos institucionales que favorezcan la cooperación, puede resultar un “arma de doble filo” el hecho de que el “Escudo de las Américas” considere a estas organizaciones ilícitas como grupos terroristas. Ya existen suficientes problemas para definir a nivel internacional el fenómeno del terrorismo como para incluir más actividades ilícitas dentro de dicho concepto. Para darle importancia a una actividad ilícita no es necesario llamarla terrorismo, pero vende. Además, la “guerra contra el terrorismo” le da a EE. UU. la posibilidad de utilizar la fuerza sin permiso del Congreso. Esta lógica justifica la intervención militar en Venezuela o cualquier futuro ataque que pueda realizar contra estas organizaciones en el territorio de algún país latinoamericano. Tanto hemos preservado el “principio de no intervención” como para acabar destruyéndolo.

Finalmente, la tercera razón es que esta iniciativa abre la posibilidad de cooperar para hacer frente a otras “amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”. En tal sentido, Trump ha señalado que esta coalición también busca hacer frente a las “influencias extranjeras malignas”. Considerando el regreso de la Doctrina Monroe con el “Corolario Trump”, es claro que el “Escudo de las Américas” también puede ser utilizado como una coalición contra la influencia china en América Latina. ¿A un país como el Perú le conviene esto? Obviamente no.

Con la colonia, esa mirada cambió. Durante tres siglos, el Perú fue reorientado hacia España y Europa. Lima y el Callao se consolidaron como cabeza política y puerto principal de un sistema imperial diseñado para administrar, extraer y enviar riqueza. La geografía peruana dejó de utilizarse como red de integración y pasó a funcionar como engranaje de un circuito externo.

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La república, lamentablemente, no corrigió esa deformación. Hubo proyectos ferroviarios, carreteras, discursos descentralistas y reformas regionales. Pero el resultado histórico fue un país cada vez más concentrado en Lima-Callao. La Amazonía quedó desconectada, la sierra fragmentada, los puertos secundarios debilitados y las ciudades intermedias sin suficiente actividad económica. En vez de recuperar una visión territorial amplia, al estilo incaico, el Perú se fue encogiendo territorialmente e institucional, económica y mentalmente hacia Lima.

Hoy, con el puerto de Chancay, la promoción del cabotaje, el nuevo aeropuerto Jorge Chavez, y el proyecto del tren y carreteras bioceánicas; el nuevo gobierno tiene ahora la oportunidad de construir el Perú como plataforma amazónica sudamericana y transpacífica. Pero esta visión enfrenta serias dificultades. El espacio y los hubs aéreos fueron entregados a los extranjeros hace años; la reciente ley del cabotaje no asegura condiciones de desarrollo nacional; y los grandes puertos se están estructurando bajo reglas que pueden permitir que la mayor parte de la renta geográfica sea capturada por operadores, navieras, traders y capitales externos. El problema no es que venga inversión extranjera, bienvenida sea ella. El problema es entregar posición estratégica sin exigir transferencia tecnológica, proveedores peruanos, empleo cualificado, industria auxiliar, datos logísticos, participación de capital nacional y valor agregado en el territorio. No se puede seguir concesionando geografía como si fuera un terreno baldío. Se necesita captura nacional de valor. Esa debe ser la nueva doctrina.

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¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el cabotaje debe operar con reglas de presencia económica peruana: formación progresiva de tripulaciones locales, uso de astilleros y mantenimiento local, rutas de integración norte-centro-sur, transparencia de datos y control de competencia. Significa que los puertos con posición dominante (Callao, Chancay, Corio) tengan obligaciones de acceso abierto, tarifas auditables, proveedores nacionales, capacitación técnica y reinversión territorial, y que Matarani, Ilo, Bayóvar, Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco y la Amazonía se integren paulatinamente. Significa que Zonas Económicas Especiales, ZEE, parques industriales, centros de distribución y zonas de transformación en el centro, norte y sur del país capturen valor público medible, además de beneficios privados.

 Si el Perú quiere convertirse en plataforma integradora nacional necesita además una red de ciudades intermedias con nodos productivos: Pucallpa para la bioeconomía y la conexión con Brasil; Bayóvar y Piura para fertilizantes, agroindustria y pesca; Arequipa, Cuzco y Puno para el sur industrial y la conexión con Bolivia y Brasil; Tarapoto, Yurimaguas e Iquitos para la Amazonía; y la sierra central como articuladora de producción, energía y servicios.

 El Perú debe dejar de concesionar geografía solamente para que los de afuera extraigan y envíen riqueza al exterior, y debe impulsar una nueva doctrina de gobernar geografía. Quienes vengan a operar puertos, trenes, cabotaje, minas, zonas económicas, parques y corredores deben, además de mover carga, dejar capacidades, tecnología, empleo, datos, proveedores, impuestos, industria y desarrollo regional.

 El cambio que tiene que ocurrir en la visión estratégica y gobernanza del territorio debe movernos hacia un Qhapaq Ñan moderno. Es lo que Juan de Dios Guevara y Santiago Roca, en el libro Propuestas para Gobernar el Perú 2026-2031 han denominado “Perú el empalme estratégico: nacimiento industrial e integración soberana”. El Perú no puede seguir siendo un país centralista encogido en Lima que mira cómo la carga pasa por su territorio rumbo a Asia. Le toca recuperar una mirada de valor amplia: andina, amazónica, sudamericana y transpacífica. Chancay puede ser el detonante. Corío puede ser el contrapeso. La conexión con Brasil puede ser el nacimiento de nuevas actividades económicas de vuelta. La industria naviera y el cabotaje hacia el norte y sur del Pacífico puede integrar al Perú y Sudamérica por el mar y amarrarlo al desarrollo interno nacional. Pero el objetivo no debe ser tener un hub en el Perú. El objetivo debe ser que el Perú sea el hub, y que los peruanos capturen la renta geográfica correspondiente, sin tener que hipotecarse a ninguna de las grandes potencias.

*El autor es miembro del G12, Profesor-Investigador de CENTRUM, PUCP.

Si bien no todos los objetivos se cumplieron, dichas movilizaciones permitieron comprender la complejidad y diversidad de oposición ciudadana. Movimiento andino. Danzas, cuerpos y repertorios de protesta en la ciudad (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2025, 201 pp.) de la Dra. Ignacia Cortés es un estudio a profundidad de una de las muchas formas que los movimientos sociales han adquirido en estos últimos años. La autora estudia ese fascinante espacio que separa (o une) la fiesta de la protesta, y lo hace a partir de un grupo de comparsas de música andina en Santiago de Chile.

Si bien el epicentro del análisis es Santiago, las coordenadas espaciales en que se mueve el libro son mucho más amplias. La autora desglosa con mucha habilidad cómo los ritmos del neo-folclor boliviano y la música peruana conformaron una identidad andina abierta a incluir a la comunidad mapuche y en abierta oposición a los imaginarios de una identidad homogénea y occidental que se buscaban imponer en el país. Los espacios en que se desarrolló esta mezcla de música, danza y política fueron los talleres, con ritmos tan heterogéneos como los huaynos, huaylarsh, taquirari, caporal y tinku, entre otros.  

El análisis abarca un periodo importante, desde el retorno de la democracia en Chile hasta el presente, aunque hace guiños a las primeras décadas del siglo XX. Estas tres últimas décadas constituyen una perspectiva novedosa porque combinan procesos políticos como la dictadura y la transición con otros menos visibles, como la migración y los intercambios artísticos. Los 'tambos andinos' y las peñas, además de los talleres ya mencionados, permitieron una mixtura de ritmos y creación artística que luego serían llevados a las calles y plazas, así como a escenarios, fomentando una actividad política y cultural contestataria.

El despliegue creativo descrito en el libro y que tuvo lugar en estos espacios durante los difíciles años de la dictadura de Pinochet contradicen a su vez la idea de un 'apagón' cultural, y donde solo con el retorno a la democracia habrían reaparecido dichas manifestaciones. Lo que es evidente es que hubo una presencia de la oposición no solo en grupos armados, activistas en el exilio o en fábricas y oficinas, sino también, entre artistas y danzantes, que retomaron su dinámica luego del fin de la dictadura en coyunturas como los 500 años de la 'conquista' (1992) y las movilizaciones a favor de la educación de 2005 en adelante.

Desde 2005, los grupos de danzantes exhiben una cohesión no solo en cuanto al repertorio musical sino también a su naturaleza de resistencia pública. Su participación se da en distintas ocasiones, incluyendo la muerte del dictador Augusto Pinochet en 2006. En palabras de la autora, esta sucesión de movilizaciones dio lugar a una presencia pública más cohesionada de las danzas y bailes neo-folclóricos principalmente bolivianos y que recibirán el nombre de tinkunazo. Más que una performance esencialmente 'artística', el tinkunazo traslada el componente ritual de un equilibrio interno a través de la violencia hacia las calles y los espacios urbanos, articulándose con otras manifestaciones de grupos que también protestan.

Lejos de ser una práctica homogénea, el tinkunazo cambia a través del tiempo, incorporando nuevos actores y con ello nuevas coreografías. Así, se distingue la presencia cada vez mayor de 'capuchas', a propósito de los movimientos estudiantiles de 2011, o el uso al año siguiente de pañoletas para cubrir los rostros de los danzantes, con motivo de los Detenidos Desaparecidos. Utilizar el folklore para denunciar problemas sociales no hace inmunes a quienes realizan estas danzas y bailes. Por el contrario, en no pocas ocasiones estos grupos estuvieron expuestos a represión y a la misma violencia que denunciaban en sus coreografías.

Entre varias razones, el libro sobresale por la sensibilidad con que la autora estudia a estos grupos de danzantes. No solo inserta esta experiencia dentro de marcos teóricos sugerentes sino que nos lleva desde la formación temprana de los danzantes hasta los talleres ('tambos') donde los más experimentados comparten espacio con novatos y recorren juntos las calles cuando salen a manifestarse. Ella misma ha participado como danzante de estas comparsas, conociendo el movimiento por dentro y acompañándolo por varios años. Además de su propia experiencia personal, el libro se enriquece por la consulta de prensa así como por entrevistas y archivos personales de sus integrantes.

La mirada enriquecedora del libro hace que tenga muchos públicos interesados: desde quienes deseen análisis documentados sobre repertorios musicales de influencia andina hasta quienes busquen nuevas miradas sobre cómo las protestas se reinventan a lo largo del tiempo. Movimiento andino llega en un momento crítico en el que el populismo radical manifiesta su agotamiento en Estados Unidos y Argentina y donde se espera que las movilizaciones sociales y el activismo digital den lugar a nuevas formas de liderazgo.

El libro recuerda además que las protestas no son estáticas y que es necesario mirar más allá de los actores y espacios tradicionales para encontrar nuevas formas de política y organización.

He conversado sobre este tema con destacados internacionalistas venezolanos y me he convencido de que el derecho internacional ofrece el camino más sólido para procesar la delicada situación de Venezuela.

En el contexto del colapso incontenible del país, es evidente que América Latina debe abandonar su pasividad y dejar de asumir que la “Casa Blanca” resolverá la crisis. No lo hará, y la situación se agrava cada día.

OEA y ONU: es hora de actuar

Una propuesta concreta es convocar de urgencia una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA con un único punto en la agenda: la situación de Venezuela.

En esa sesión debería presentarse un proyecto de resolución que establezca la fecha de las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), disponiendo que ambos procesos sean organizados por la OEA y la ONU, bajo la conducción de un(a) representante del Secretario General de las Naciones Unidas.

En ese mismo marco, debería aprobarse el despliegue de una Misión de Paz por cinco años, renovables, así como fijar las reglas para el interinato y la celebración de contratos internacionales durante la transición. Por ejemplo, que los contratos o convenios de mayor cuantía sean aprobados tanto por la nueva Junta de Gobierno como por la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional.

La comunidad internacional aún dispone de instrumentos jurídicos y políticos para contribuir a una transición democrática en Venezuela. Los mecanismos existen. Basta decisión política para ponerlos en marcha.

En temas de derechos humanos, la ONU cuenta con Comités (mecanismos convencionales que dependen de los tratados) y con Procedimientos Especiales (mecanismos extraconvencionales a los que el GT pertenece). No son tribunales y sus opiniones no son sentencias.

Los Comités actúan si los Estados han firmado el tratado correspondiente y aceptado su competencia. Así, en el 2023 el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño emitió el informe del caso Camila, ya que en 1990 el Perú ratificó ese tratado y en el 2016 aceptó su competencia.

Los Procedimientos Especiales se refieren a expertos independientes, cuya actuación no depende de la aceptación de los Estados. Cuando el GT recibe una comunicación sobre una posible detención arbitraria, se comunica con el Estado respectivo pidiendo sus descargos y luego emite una Opinión. En la respuesta del Perú en el caso Castillo, el Gobierno reconoció que “no presentó una demanda de competencia frente a los hechos del 7 de diciembre del 2022 como debía haberlo hecho” (párr. 69), entre otros temas.

Por tanto, la conclusión del GT sobre la existencia de una detención arbitraria no fue un hecho unilateral, sino que contaba con información estatal. El documento recomienda la liberación de Castillo, dando un plazo de seis meses para que le informen sobre el tema y ofreciendo una visita de trabajo al Perú. Ahora, el Perú podría emitir una respuesta jurídica sólida, incluyendo la aceptación de la visita al país como signo de transparencia y buena fe, ya que el GT no ha excedido sus funciones ni ha atentado contra la soberanía nacional.

Finalmente, recordemos que, aunque el GT no sea un tribunal, eso no significa que la opinión no importe, ya que la validez de un mecanismo internacional no depende de la falta de conocimiento jurídico ni de los intereses políticos subyacentes.

Una de las mejores aproximaciones es el equilibrado ensayo de Ann Powers en National Public Radio. Llama al disco un tour por toda la obra del conjunto musical, pero le reconoce méritos propios: "Asombrosa energía física, una capacidad de equilibrar exitosamente entretenimiento confiable con una actitud generosa y vital frente al envejecimiento". Añade que es un disco al que hay que entrar por el lado del baile.

En efecto, el título evoca la insolente lengua pop roja que los acompaña desde hace decenios. Para los fans del conjunto, este disco trae lo que esperaban: rock A-1, blues moderno, irreverencia, homenajes a su propia leyenda, en que participan Paul McCartney (toca el bajo en una canción) y el rescate musical del difunto Charlie Watts.

La música es de una impecable coherencia consigo misma, pero la irreverencia sí se ha desgastado con el tiempo. El innuendo sexual no puede competir con el explícito perreo tropical. Da la impresión de que la realidad, por momentos, devora las alusiones políticas. Como que lo sofisticado ha entrado en reemplazo de lo que antes fue chocante.

La canción (son 14 en total) donde aparece una libertad poco simpática, "con el ceño fruncido", ¿es una alusión a Donald Trump? Nunca lo sabremos. Algunos han visto allí un comentario sobre lo difícil que resulta ser libre en estos tiempos. Igual de difícil se ha vuelto también ser contestatario en el rock.

Al final, la música de los Stones N.° 25, magistralmente interpretada, es más elocuente y eficaz que sus letras. Aun así, los críticos del género se han ubicado en los dos extremos, proclamándolo el mejor o el peor disco en decenios. El chorro de fuerza creativa ha hecho que muchos se pregunten si todavía se sumará un N.° 26 a la serie.

Con Mick Jagger y Keith Richards con sendos 82 años, y Ronnie Wood con 79, se ve por qué no harían por lo menos un par de álbumes más, con su respectiva gira en el medio.

La sucesión es un capital familiar cada vez más cotizado. Presidentes democráticos, tiranos asolapados, políticos exitosos, todos quieren que sus hijos y nietos sigan por el mismo camino. En términos generales, al público no le molesta. El tema de fondo es el reconocimiento de una marca electoral, que el mercado va siguiendo dócilmente.

La sucesión es una de las esencias de la monarquía, pero en una república democrática debería caer mal. Después de todo, es el aprovechamiento de una ventaja familiar, que va a contrapelo de la igualdad de todos los ciudadanos. Se dice que la familia presidencial también tiene derecho a competir por cargos públicos. Es verdad, pero igual cae mal.

Así, la monarquía absoluta devino constitucional para sobrevivir, y la democracia liberal asumió algunos hábitos monárquicos, lo cual incluye ciertos toques nobiliarios. Son muchos los políticos plebeyos que desean ver a su familia bien instalada en política. El deseo no se cumple en todos los casos, pero sí, a veces.

La ventaja de los reyes en ese juego es el concepto de dinastía. La persona que no está calificada para tomar el reemplazo en el trono es sustituida por otra que sí lo está, y la cosa sigue igual. Todo queda automáticamente en familia. Aunque, a veces, el trono puede saltar de una familia a otra, con o sin una guerra de por medio.

El Perú ha tenido algunas cortas sucesiones presidenciales, como en las ricas familias Pardo, Prado y, ahora, Fujimori. En Brasil, los Bolsonaro se preparan para hacerla larga con su apellido. Mientras tanto, las monarquías cuidan su reproducción y su aprobación; aunque, a pesar de las crisis familiares, este es un buen momento.

Casi no hay partido político peruano que no sea una suerte de empresa familiar, donde el éxito de uno apunta hacia la prosperidad de todos. Hijo o hija, sobrino, cuñado, primo: todos entran en las bonanzas producidas por los votos. Pequeños príncipes cuyos tronos son las urnas.

Soltar a Pedro Castillo en la hora undécima se le volvería una tragedia personal a José María Balcázar, que, según algunos, podría terminar en la cárcel. Balcázar no niega la posibilidad, pero da largas. “En trámite” es su más reciente recurso. ¿Pero qué trámite cabe para indultar a días del cambio de gobierno?

La expresión parece querer decir, más o menos: estoy tratando, pero no me dejan. Todo parece ser parte de una promesa a Castillo y su gente. Pero era más fácil de cumplir si Roberto Sánchez hubiera ganado. La derrota, sin embargo, le ha chancado los dedos al interino y, además, los ganadores han empezado a presionar en una serie de temas.

¿Cuál es el interés de Balcázar por excarcelar a Castillo? Sería el acto más sonado de su flaca presidencia, un desafío al orden judicial del país. En cierto modo, sería un golpe de Estado más en la cadena. Sobre todo si lograra sacarlo de la cárcel y del Perú. Con eso, la carrera política de Balcázar en la izquierda quedaría asegurada.

El fujimorismo no le va a perdonar a Balcázar estas vacilaciones en torno a Castillo, y el castillismo tampoco lo va a ver con simpatía. No ha sido poca cosa terminar quedando mal con todas las partes del juego político por indeciso. Hasta el Poder Judicial le va a querer hincar el diente y, de hecho, ya ha comenzado.

Sánchez, en un momento, dijo que solo reconocería el triunfo de Fujimori si Castillo era excarcelado. Terminó reconociendo sin necesidad de excarcelación, disimulando el hecho en una alianza parlamentaria con dos sachaizquierdistas. Castillo se ha vuelto carne de traición política.

Será un pequeño suplicio escuchar las diversas explicaciones de Balcázar sobre por qué no llegó a indultar a su carnal Castillo, o a ayudar siquiera a su cuate Vladimir Cerrón, hoy más escondido que pericote de Junín.

Debemos entender que este paralé a la ilegal iniciativa de gasto parlamentaria se va a mantener. Pues de otro modo, no tiene sentido que Julio Velarde siga presidiendo el BCR o que el Consejo Fiscal siga funcionando. Se rompe así, esperamos, un efecto del llamado pacto mafioso, tan vinculado a las bandas-partido universitarias.

Otro ajuste, este más tentativo que el del TC, es el pedido a José María Balcázar para que evite nombrar funcionarios durante el muñón de gobierno que le queda. La respuesta del interino ha sido insolente. Decir que seguirá nombrando si le siguen renunciando no tiene ni pies ni cabeza; para eso están viceministros y directores.

A juzgar por lo que vemos en la cartera de Educación, los enroques de Balcázar están claramente direccionados. En este caso, es un favor a los amigotes del Fenate-Movadef, a los que el fugaz ministro de Balcázar y militante del clan Cerrón quiere devolver a la legalidad. ¿Qué recibió su predecesor por su expeditiva renuncia?

Está claro que, nombrados hace unos meses o nombrados hace poco, a los ministros de Balcázar les queda un par de semanas en el cargo. Aunque un operador decidido puede lograr mucho en ese breve plazo. Por ejemplo, dejar sembradas bombas de tiempo económicas y otros problemas para que resuelva el siguiente gobierno.

Este trabajo de baja policía puede prolongarse, pues tiene que ver con casi seguros ilícitos cometidos bajo Pedro Castillo y los tres presidentes que le siguieron. En ese tiempo se ha hecho moco la institucionalidad económica y la otra, y en todos los poderes del Estado faltas y delitos han aparecido hasta debajo de las piedras.

Pero no olvidemos de dónde están proviniendo estos primeros llamados de atención a la chusma política. El fujimorismo tiene un bien ganado prestigio como socio activo de la crisis política en curso. ¿Estamos presenciando unos primeros actos de arrepentimiento? ¿Con Acuña y Luna metidos en la transición? ¿Cómo se llama la obra de teatro?

Un puñado de estudios del BCRP sobre los efectos económicos de la Oscilación del Sur (ENSO) y el Niño costero en la economía peruana de este año y los próximos ratifica que la situación es monstruosa. Lo es comparada con los efectos de pasados Niños, y también en sí misma. En el fuerte Niño de 1982/1983, el PBI cayó casi 12%. Esta vez el daño puede ir mucho más allá, y es probable que lo haga.

¿Cómo va a ser ese daño? La primera línea son las ciudades y casas derrumbadas, o el agro agotado por la sequía, y las familias que lo pierden todo. El BCR recoge esos dramas humanos en una abstracción: lo que vamos a ver producirá fuertes presiones inflacionarias y propiciará una reducción en el PBI de este año y el próximo. La preocupación de los trabajos es cómo calibrar la política monetaria adecuada a las circunstancias.

¿Veremos pronósticos algo más cálidos que los de las cifras económicas? Al nuevo gobierno le toca proporcionarlos a la ciudadanía y enfrentarlos con eficacia. Hasta el dramatismo de viejos videos puede servir para que la población en peligro pueda ponerse a buen recaudo. Lo que se precisa, entonces, es una cruzada instantánea contra esta catástrofe repetida por siglos.

Poner a cargo a un equipo técnico y a un “zar del Niño”, como se ha hecho antes, no le va a funcionar a Fujimori si ella misma no aparece a la cabeza del proceso. Asumir la conducción. Es una postura riesgosa, pero lo puede ser más aparecer en un segundo plano, enredada en problemas menores. Para instalarse en el primer plano y mantenerse allí, la presidenta tiene pocos días. El interino José María Balcázar debe estar buscando ya un gesto que lo favorezca en el tema.

Mientras tanto, algunos candidatos regionales y municipales se van a convertir, ellos también, en verdaderos Godzillas en el tema.

En este contexto, un Plan Estratégico de Política Exterior constituye el principal instrumento para organizar y orientar la acción internacional del Estado. Su finalidad consiste en traducir los intereses nacionales en objetivos, prioridades, agendas y estrategias que permitan conducir de manera coherente y eficaz la acción internacional del Perú. Se trata de un instrumento de dirección política que vincule la acción exterior con los objetivos permanentes del Estado y con las prioridades del desarrollo nacional, entendido este último como un proceso orientado a impulsar el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la cohesión social y territorial.

La planificación estratégica de la política exterior debe concebirse como un proceso continuo que integra el análisis del entorno internacional, la identificación de los intereses nacionales, la definición de objetivos, la formulación de agendas, la selección de estrategias, la asignación de recursos y la evaluación permanente de los resultados obtenidos. Su propósito es asegurar que la acción internacional responda a una visión de largo plazo, mantenga coherencia entre las distintas instituciones del Estado y contribuya efectivamente a aumentar el nivel de vida, la seguridad y  el bienestar de todos los peruanos. De todos.

La formulación del Plan Estratégico debe inspirarse en el principio del realismo transformador. Este enfoque parte del reconocimiento de que la política exterior debe sustentarse en una apreciación objetiva de las capacidades nacionales y de la distribución del poder en el sistema internacional. Al mismo tiempo, implica que la acción internacional del Estado no debe limitarse a preservar el statu quo cuando este resulte favorable —como ocurre con la diversificación de los mercados de exportación, la apertura comercial o la integración militar plural y diversa—, sino que debe promover cambios que fortalezcan la posición internacional del país y amplíen sus oportunidades de desarrollo económico y social. En este sentido, el fortalecimiento del multilateralismo, la defensa del derecho internacional y el impulso de regímenes internacionales orientados a combatir la pobreza, mejorar la salud, erradicar el hambre y reducir el analfabetismo, constituyen objetivos compatibles con una visión estratégica de la acción exterior. El realismo transformador combina pragmatismo, capacidad de anticipación, estrategias de cambio viables y compromiso con el derecho internacional, articulando una política exterior orientada simultáneamente a la estabilidad y a la transformación.

La política exterior debe sustentarse, en primer lugar, en el interés nacional, entendido como el fundamento y la finalidad de toda acción internacional. La defensa de la soberanía, la autonomía nacional, la seguridad, el desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la democracia, los derechos humanos y la disminución de las desigualdades territoriales y sociales constituyen objetivos permanentes que deben  la actuación del Estado en el ámbito externo. El interés nacional proporciona, además, el criterio rector para la selección de prioridades

La continuidad constituye igualmente un elemento esencial de la política exterior. Los intereses nacionales trascienden los períodos gubernamentales y requieren una acción sostenida en el tiempo. En consecuencia, el Plan Estratégico debe proporcionar estabilidad a las grandes orientaciones de la política exterior, permitiendo al mismo tiempo introducir los ajustes necesarios frente a las transformaciones del entorno internacional. La continuidad no implica inmovilismo, sino la capacidad de preservar los objetivos permanentes del Estado mientras se adaptan las estrategias y prioridades a nuevas circunstancias.

La formulación del Plan Estratégico requiere un diagnóstico integral que permita comprender tanto las condiciones internas del país como las características del sistema internacional dentro del cual se desarrollará la acción exterior. El diagnóstico tiene por finalidad identificar oportunidades y restricciones para la realización de los intereses nacionales.

Este análisis debe comprender la evolución de la estructura del sistema internacional, considerando la distribución del poder, las tendencias económicas, las transformaciones tecnológicas, la gobernanza internacional y la aparición de nuevos desafíos globales, como el cambio climático, las migraciones, las pandemias, la inteligencia artificial y las amenazas transnacionales. El mundo contemporáneo atraviesa un período de transición caracterizado por la erosión de las estructuras tradicionales de poder y el surgimiento de nuevas formas de competencia estratégica.  El sistema internacional evoluciona hacia una situación de unipolarismo fragmentado, en la que la concentración  del poder coexiste con crecientes espacios de autonomía regional y competencia estratégica.

El diagnóstico debe sustentarse, asimismo,  en una apreciación objetiva de las capacidades y competencias nacionales. La política exterior solo puede formularse adecuadamente cuando responde a las necesidades del desarrollo interno y se apoya en una evaluación realista de las fortalezas y limitaciones del país. La capacidad institucional del Estado, la calidad del Servicio Diplomático, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, y la eficacia de los mecanismos de coordinación intersectorial constituyen variables esenciales para determinar el alcance de la acción internacional.

La planificación estratégica exige, además, una evaluación permanente de la posición internacional del Perú. La calidad de las relaciones bilaterales, la participación en organismos internacionales, el grado de integración económica y la capacidad de influencia en los principales espacios multilaterales constituyen elementos indispensables para comprender las ventajas comparativas de la política exterior peruana y definir las áreas en las que resulta necesario fortalecer la presencia internacional del país.

El análisis del presente debe complementarse con una visión prospectiva. La política exterior no puede limitarse a reaccionar frente a los acontecimientos internacionales; debe desarrollar la capacidad de anticipar tendencias, construir escenarios y preparar al Estado para enfrentar contextos futuros caracterizados por elevados niveles de incertidumbre. La prospectiva estratégica constituye, en este sentido, un instrumento fundamental para fortalecer la capacidad de decisión del Estado y reducir los riesgos asociados a las transformaciones del sistema internacional.

El Plan Estratégico de Política Exterior debería concebirse como un instrumento dinámico de una política de Estado, que incluya a los gobiernos subnacionales, las instituciones, gremios y sectores sociales involucrados. La planificación estratégica no constituye únicamente una técnica de gestión, sino una condición indispensable para asegurar que la política exterior contribuya de manera efectiva a la realización del interés nacional y al fortalecimiento de la presencia internacional del país en el siglo XXI.

Luego de cuatro años, y después que el Congreso aprobó 258 leyes que generan gasto público, el TC decide que la lluvia de millones debe terminar. Hace poco, han suscrito la sentencia 158/2026, en la que se arrepienten de lo que permitieron; y han regresado a interpretar la sinfonía original, de la que nunca debieron apartarse, sin embargo, no solo han retornado arrepentidos sino culpando de su decisión a sus antecesores.

Señalan que son víctimas de la influencia de la doctrina Ledesma. Dicen que esta ha sido tan potente, pero tan potente, que les ha afectado su comprensión lectora y su capacidad de reflexionar y razonar sobre lo que decidieron en la citada sentencia 337/2022 en setiembre del 2022.

Esta “doctrina Ledesma,” ha sido tan poderosa, que ha evitado que cerca de cuatro años los integrantes del TC, no hayan recuperado la comprensión lectora de los antecedentes que consultaron para expedir la citada sentencia 337/2022. Felizmente hoy se iluminó el pensamiento jurídico y procedieron a corregir el desmadre que ya habían generado. Ello, es una buena noticia, aunque el arrepentimiento vaya de la mano -coincidentemente- con el retiro de los congresistas, quienes nombraron a estos integrantes del TC.

No solo han procedido a arrepentirse sino a señalar con el dedo acusatorio que la responsable de su decisión es la “doctrina Ledesma.” Suena cómico lo que digo, pero, es una historia real, cuya narrativa es promovida por los propios integrantes de este alto tribunal de justicia, quienes dicen que han sucumbido al poder de la “doctrina Ledesma”.  Es como si, en la sinfonía, el director decidiera interpretarla de manera distinta y luego termina culpando de su decisión a quien escribió las notas musicales; pero en el caso que comento, ni siquiera las notas musicales se interpretaron como debe ser, sino que hicieron sus propios arreglos, para luego, terminar reclamando de su decisión, a quien ni siquiera tenía vela en ese entierro. Rectificar una jurisprudencia equivocada fortalece la legitimidad del Tribunal Constitucional. Lo que la debilita, no es reconocer el error, sino intentar desplazar la responsabilidad hacia terceros de una “doctrina” que nunca produjo el cambio jurisprudencial.

El arrepentimiento del TC

Esta historia tiene tres momentos. El primero, hasta 2022, existía una jurisprudencia uniforme que prohibía la iniciativa parlamentaria de gasto; el segundo, a partir del cambio introducido por el propio Tribunal en 2022; y el tercero, con la rectificación y el intento de explicar el cambio mediante la denominada doctrina Ledesma en el 2026.

Frente a este panorama, nos preguntamos ¿el TC puede cambiar de criterio? La respuesta es afirmativa; si lo puede hacer, para lo cual, utilizará la técnica del overruling; esto le permite deshacer algunos criterios y fijar otros, en adelante. No es frecuente recurrir al overruling, pues se asume que los criterios judiciales buscan sostenerse en el tiempo para generar predictibilidad; toca ahora preguntarnos por los efectos que va a generar la sentencia del arrepentimiento (158/2026) con las leyes que se han construido promoviendo gasto público y las expectativas que han generado a los beneficiarios con ellas.

Dice el TC, ser víctima de la “doctrina Ledesma,” y busca encontrar culpables de lo que ellos decidieron. Recurren a la vieja estrategia de la “falsa atribución” para diluir o encubrir su responsabilidad, como es, el haber fallado contra el texto expreso del art. 79 de la Constitución.

Han creado una llamada “doctrina Ledesma,” a manera de chivo expiatorio, para librarse de su propia culpa, cuando su real doctrina ha sido la de corresponder a los intereses del congreso, de manera genuflexa, y por ello, flexibilizaron la prohibición de la iniciativa del gasto público a los congresistas.

Hoy la historia tiene que terminar, porque los congresistas concluyeron su labor y es urgente cerrar el festín del gasto público desde el Congreso, sin embargo, sospecho que se trasladará hacia otro ámbito de acción que el TC ya lo debe saber.

Algunas sentencias que se deben releer

El gasto público impulsado desde el Congreso no es una novedad. Ya en el Congreso del 2017 se impulsó, en el caso: pensión militar y policial (Ley 30683). Aquí, el TC controló ese exceso del Congreso, pero no tuvo éxito. Dicha Ley 30683, se terminó ejecutando con los fondos de contingencia del MEF.  

El Ministerio de Economía planteó su inconstitucionalidad. El TC, en la sentencia 881/2021 sostuvo la inconstitucionalidad de dicha Ley, pero, no se obtuvo los cinco votos necesarios para expulsarla del ordenamiento jurídico; por ello, sigue generando efectos en el presupuesto estatal hasta hoy. Esa sentencia debe ser de lectura obligatoria para los miembros del TC, a fin que aprecien los argumentos que ahí se desarrollaron sobre la prohibición del gasto público desde el Congreso.

Otro caso, es la Ley de negociación colectiva (D. de Urgencia 014-2020). Mediante la Sentencia 32/21, se afirmó su constitucionalidad porque no generaba erogación del presupuesto público. Dicha ley regula los niveles en que se debe desarrollar la negociación colectiva estatal y el contenido del informe económico financiero emitido por el MEF para la negociación. Dichos actos no generan gasto público. No se debe confundir, la regulación de las condiciones para el ejercicio de un derecho fundamental, con la habilitación de gastos públicos; son dos temas distintos.

Lo que el TC oculta

La autoridad de un tribunal constitucional descansa, ante todo, en la transparencia de sus razones y en la responsabilidad institucional por sus propias decisiones. Cuando un tribunal modifica su jurisprudencia, debe explicar con honestidad por qué lo hace y asumir la autoría de ese cambio, sin atribuirle responsabilidad -retrospectivamente- a quienes no participaron en su decisión.

Alguna vez, escuché decir, que los tribunales no pierden autoridad cuando se rectifican, sino cuando necesitan que otros asuman la autoría de decisiones que, en realidad, les pertenecen.

No está en duda el derecho del Tribunal a cambiar su jurisprudencia. Esa rectificación debe sustentarse con transparencia y no atribuyendo, retrospectivamente, responsabilidad a terceros, sobre todo si ha sido el propio TC, quien decidió cambiar el sentido de la jurisprudencia.

Rectificar una jurisprudencia no debería avergonzar a un tribunal constitucional. Lo cuestionable es cuando, en vez de asumir plenamente el viraje, se intenta presentar como causa determinante una doctrina anterior que no produjo, por sí misma, ese cambio.

Machado, un destacado poeta, decía que se hace camino al andar. En las instituciones, como en la vida, el camino se hace al andar. Rectificar no es ocultar el paso anterior, sino reconocerlo, por ello, la verdad no necesita maquillaje ni chivos expiatorios. Tarde o temprano, los hechos encuentran su propia luz. Al final las decisiones valen por la responsabilidad con la que se asumen y no por las excusas con las que se cubren y con las que buscan lavarse la cara.

La globalización tiende a uniformizar las culturas y erosionar las particularidades de los grupos étnicos, poniendo en riesgo lenguas, tradiciones y cosmovisiones. Frente a ello, la diversidad cultural constituye un patrimonio que enriquece al país. La revalorización de las identidades étnicas responde a la demanda de reconocimiento de grupos históricamente discriminados. Reafirmar sus tradiciones fortalece su autoestima colectiva y visibiliza las brechas de oportunidades originadas por siglos de exclusión.

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Aunque el sistema de castas heredado de la colonia se ha debilitado con el mestizaje —que Ricardo Palma resumió en su célebre frase 'el que no tiene de inga tiene de mandinga'—, el racismo sigue profundamente arraigado. En momentos de tensión aflora mediante expresiones despectivas y atraviesa todos los estratos sociales. Como sostiene Jorge Bruce en 'Nos habíamos choleado tanto' (2007), el choleo es la expresión cotidiana del racismo, incluso entre quienes afirman rechazarlo. No se limita a la oposición entre blancos e indígenas, sino que clasifica a las personas según su apariencia, color de piel, forma de hablar, nivel educativo, lugar de origen y posición social.

La pregunta sobre la autoidentificación étnica en el Censo 2025 generó una intensa controversia. Algunos sostenían que sobredimensionaría a grupos con reivindicaciones territoriales, afectando proyectos de inversión mediante la consulta previa; otros consideraban que obligaría a las personas a encasillarse en categorías con las que no necesariamente se identifican. Organizaciones indígenas, por su parte, cuestionaron el diseño y la ejecución del censo por no incorporar adecuadamente a los pueblos minoritarios, perpetuando su invisibilidad y limitando el reconocimiento de sus derechos y de sus demandas de protección territorial y cultural.

Ninguno de estos temores se confirmó. Los resultados del Censo 2025 son consistentes con los de 2017: el 61,8% de la población se autoidentificó como mestiza, el 17,2% como quechua, el 9% como blanca, el 6% como afrodescendiente, el 2% como aimara y el 1,6% como perteneciente a pueblos indígenas amazónicos. La autoidentificación étnica no implica que esa sea la identidad principal de las personas. Según la ENAHO, muchos se identifican antes que nada con su comunidad o territorio: esta constituye la principal referencia para el 29,8% de los amazónicos, el 26,6% de los aimaras, el 22,2% de los quechuas y el 12% de los afrodescendientes, mientras que solo el 10,6%, 5,6%, 4,5% y 5,1%, respectivamente, señalan como principal identidad a su grupo étnico. ¿Implica ello una fragmentación de los grupos étnicos? La evidencia sugiere que no. La identidad étnica coexiste con otras formas de pertenencia, particularmente la comunidad y el territorio.

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Sin embargo, la pertenencia étnica también puede ser motivo de discriminación. La primera modalidad es la discriminación directa, que se manifiesta mediante la negación de derechos o un trato desigual en espacios públicos, centros de trabajo o establecimientos comerciales. La exposición reiterada a comentarios despectivos sobre el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, el acento, las costumbres o la vestimenta puede generar lo que la psicología denomina indefensión aprendida (learned helplessness): las personas terminan percibiendo la discriminación como inevitable, reducen sus expectativas y aspiraciones, dejan de reclamar sus derechos e incluso interiorizan los estereotipos negativos sobre su propio grupo. Así, la discriminación deja de ser solo una práctica externa y restringe la autoestima, las aspiraciones, las capacidades y las oportunidades. Una ilustración de ello es que, según la ENAHO, menos del 5 % de quienes se identifican como quechuas, aimaras, indígenas amazónicos o afrodescendientes declara haber sufrido discriminación por su color de piel, rasgos físicos, lengua, origen o vestimenta, aunque los aimaras reportan una incidencia relativamente mayor.

La segunda modalidad es la discriminación indirecta o estructural. No se expresa mediante actos abiertos de exclusión, sino a través de normas, prácticas e instituciones aparentemente neutrales que generan desventajas sistemáticas para determinados grupos. Se refleja en el acceso desigual a una educación de calidad, servicios de salud, empleos bien remunerados y posiciones de liderazgo, así como en las persistentes brechas de ingresos, productividad y movilidad social que afectan desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente. Aunque menos visible que la discriminación directa, sus efectos son más profundos porque reproducen las desigualdades entre generaciones y consolidan las jerarquías sociales.

Esta forma de discriminación suele ser imperceptible para quienes la padecen. Una persona difícilmente puede saber si recibe un salario inferior al de otra con las mismas calificaciones, pero perteneciente a un grupo étnico distinto. Como la experiencia individual es necesariamente limitada, solo el análisis estadístico del mercado laboral permite identificar la existencia de discriminación y medir su impacto sobre las diferencias de ingresos.

Nuestras estimaciones muestran que la población indígena continúa enfrentando una desventaja significativa en el mercado laboral. Aunque la brecha de ingresos se redujo de 26,6% en 2019 a 23,4% en 2025, la disminución fue modesta. La mayor parte de esta desigualdad responde a brechas en educación, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales, mientras que la brecha residual entre trabajadores comparables es reducida.

En conjunto, estos resultados sugieren que las políticas orientadas a cerrar las brechas en capital humano, acceso al empleo formal, calidad del empleo y oportunidades territoriales tendrían un mayor impacto en la reducción de las desigualdades de ingresos que aquellas centradas exclusivamente en corregir diferencias de ingresos entre trabajadores con características similares. En otras palabras, la principal fuente de desigualdad no parece ser la discriminación directa entre trabajadores comparables, sino las desventajas estructurales que limitan el acceso de la población indígena a mejores oportunidades educativas y laborales. Superar estas brechas constituye el principal desafío para avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.

Cerrar estas brechas estructurales no solo permitiría reducir las desigualdades de ingresos, sino también avanzar hacia ese “nosotros diverso” al que aspiraba Carlos Iván Degregori: una sociedad donde la diversidad cultural deje de ser una fuente de desigualdad y se convierta plenamente en un fundamento de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de orgullo para toda la ciudadanía peruana.

Los presidentes de las cámaras son muy importantes porque tienen voto dirimente en caso de empate en las votaciones. En el caso del Senado, en votaciones 30 a 30, la presidencia será determinante. Además, son las mesas directivas las que tienen el control administrativo del Congreso y pueden manejar la agenda de las sesiones del pleno. Sin esa fortaleza, de poco servirá una oposición contra un Ejecutivo que domina el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría, y cuyo vocero, Fernando Rospigliosi, pretende “barrer” el Poder Judicial.

Ante esta apremiante urgencia política, lo lógico sería ver una indicación de ¡unidad o muerte! como la consigna por seguir. Pues no lo parece. Sin mucho esfuerzo, Fuerza Popular puede neutralizar a sus opositores. Es decir, parece que prefieran morir antes de empezar.

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Revisemos los hechos. El viernes, en el foro de despedida convocado por Flor Pablo en el Congreso, escuchamos al senador Alfonso López Chau darnos un estado de la cuestión. Él afirmó que ya se reunieron y pactaron una coalición entre tres partidos: Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. De acuerdo con su declaración, se han repartido las presidencias del siguiente modo: JPP en Diputados y Obras en el Senado. Ahora Nación declina las presidencias (es el partido con menos miembros: 10 diputados y 4 senadores), pero tiene presencia en la Mesa Directiva.

¿Cuál es el problema con este anuncio? Uno de aritmética simple. Los tres partidos tienen 56 votos en Diputados y necesitan 66 votos para ganar. En el Senado tienen solo 23 y necesitan 31. ¿Y qué pasa con Buen Gobierno? De acuerdo con la declaración de López Chau: “Somos tres frente a uno, ganamos”. Es decir, Buen Gobierno tiene que aceptar el reparto de las presidencias como la sopa de Herodes, considerando, además, que no les han informado a cuál de los cinco angelitos de Obras quieren de candidato a presidente del Senado, poder en el que Buen Gobierno tiene siete senadores. Las matemáticas de López Chau no son políticas. Su coalición no vale por tres. Vale cero mientras no tenga los votos de Buen Gobierno. Parece que le es imposible entender ese punto.

López Chau ha señalado públicamente que Jorge Nieto es un viejo amigo de sus años de estudiante en México, pero que no ha querido ni contestarle el teléfono. Está ofendido por el desplante. Por su parte, Nieto ha señalado que toda negociación hacia la izquierda se encuentra “adormecida”, aunque ha insistido, ante Keiko Fujimori, en que las presidencias de ambas cámaras deben estar en manos de la oposición. Ha dicho “las presidencias”, no necesariamente toda la conformación de las mesas directivas.

Por otro lado, a Fuerza Popular, sumado a Renovación Popular, solo le falta un voto, uno solo, para colocar a Miguel Torres como presidente del Senado. Un guiño al pasado de su padre, presidente del Congreso mientras Alberto Fujimori era presidente del país. Una reivindicación simbólica para ambos hijos: que él le ponga la banda presidencial a Keiko Fujimori. Torres, el de la gran metida de pata en campaña, necesita este triunfo. Solo por esa foto van a hacer lo imposible para que suceda. Tengo la sospecha de que no tendrán problema y tal vez sea más de uno. Total, el voto en esta elección es secreto y puede salir de cualquiera de los cuatro partidos, supuestamente de oposición. En este tipo de operaciones, el fujimorismo tiene amplia experiencia histórica y los partidos, amplias debilidades e indisciplinas. Ese solo voto también le falta a la oposición, pero ellos no tienen forma de quebrar la disciplina que tienen al frente.

Así, mientras que los cuatro opositores se ofenden como divas, el fujimorismo ya casi tiene el Senado. En Diputados es otra la pelea porque le faltan diez votos. Si Buen Gobierno (con 18 votos) se les alía, a cambio de la presidencia que le niega López Chau, pues adiós coalición opositora. Nieto ha pedido varias cosas a Fujimori: presidencia de las cámaras, derogatoria de leyes procrimen, justicia para las víctimas de asesinatos de Estado e indulto para Castillo. ¿Y si Keiko Fujimori le da la lista casi completa? Es decir, todo menos la presidencia del Senado. ¿Van a quedarse a apoyar una propuesta para el Senado, a la que también le falta un voto, presidida por Obras? Salvo que la estrategia sea “ya sabemos que vamos a perder”, eso no es viable. Sánchez y López Chau deberían saberlo.

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La otra posibilidad es que el fujimorismo consiga los diez votos que le faltan en Diputados. Tampoco es imposible. Los partidos opositores son débiles en muchos sentidos y sus conciencias, fácilmente impresionables. La novatada se paga caro y el creer ingenuamente que no todo es correlación de fuerzas, como dijo López Chau. Falso: en este punto todo es aritmética básica. El fujimorismo llega lleno de cuadros curtidos y experimentados en el arte de conseguir votos, sobre todo en el último quinquenio. Si pudieron pactar con los hermanos Cerrón, lo que viene es bastante más sencillo.

El país votó en contra del pacto que ha gobernado el país en los últimos cinco años. Siete de diez partidos no regresaron al Congreso. Un tercio del país votó nulo o no fue a votar y otro tercio votó por partidos que no pasaron la valla. Este Congreso, ya poco representativo de la gran mayoría de peruanos, será capturado también por el fujimorismo. Con esta oposición, tan necia y torpe para la negociación política, nunca la han tenido tan sencilla.

Dios quiera, por supuesto, que me equivoque. Pero no veo una señal auspiciosa aún. Y si empiezan así, en un par de meses el congresista promedio estará más interesado en saber si le pueden dar otra cochera, si le van a pagar el viaje a Timbuktú, si le van a contratar a su cuñada o si, por fin, le va a caer un bono. En ese predicamento, ya saben quién gana y quién pierde por otros cinco años. Nunca es el pueblo que votó por ellos.

En la Fiscalía, la fiscal de la Nación elegida, Delia Espinoza, permanece suspendida e inhabilitada, con tal vehemencia que ha llevado a perseguirla creando una ley que crea un colegio improductivo para el país como el de artistas para meter de contrabando prohibiciones para que ella ejerza un cargo en el Colegio de Abogados de Lima. Y el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputa ahora a Gustavo Gorriti, el periodista que más de cerca cubrió ese caso, revirtiendo sin hechos nuevos un archivo que él mismo dictó en diciembre de 2025.

En el Poder Judicial, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema enfrenta proceso disciplinario de la JNJ por haber aplicado el control de convencionalidad en casos de derechos humanos. El juez Richard Concepción Carhuancho fue suspendido. El juez Oswaldo Ordóñez fue destituido. Jhonny Contreras renunció a la presidencia de la Corte Penal Nacional bajo presión de la JNJ. Y la propia JNJ debate investigar a todo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a partir de una denuncia de un congresista de Renovación Popular, cuyo líder ha sido beneficiado contra la propia jurisprudencia del JNE y el TC, para que renuncie a su cargo como senador y pueda postular de contrabando a la alcaldía de Lima.

En el Congreso saliente, la Comisión Permanente aprobó en sus últimas sesiones la Ley 32107 para prescribir crímenes del conflicto armado, una ley de fuero militar que traslada delitos de policías y militares al ámbito castrense, y una definición de lesa humanidad con estándares más exigentes que los del Estatuto de Roma.

Estas fiestas patrias, la señora Keiko Fujimori recibirá un sistema de justicia donde los fiscales y jueces que investigaron a su partido han sido removidos, sancionados o imputados, y donde las leyes que podrían protegerlos de nuevos procesamientos ya están aprobadas. Llamar a eso coincidencia sería subestimar la inteligencia de los peruanos.

El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputa al periodista Gustavo Gorriti el delito de cohecho activo específico. Sostiene que Gorriti dirigió la investigación del Caso Cocteles a partir de su relación con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que tuvo como principal imputada a la presidenta electa Keiko Fujimori. La imputación llega precisamente cuando el fujimorismo está a puertas de asumir el gobierno.

El giro de Casaverde se enmarca en un patrón más amplio. En diciembre de 2025, el propio fiscal archivó este caso porque concluyó que los hechos carecían de relevancia penal. Ahora cambia de criterio sin exponer un solo hecho nuevo que lo justifique, en el mismo periodo en que otras instituciones de justicia revisan posiciones que antes protegían la investigación de posibles delitos de líderes políticos.

La imputación se sostiene en declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal Patricia Benavides, que el propio Ministerio Público descartó por falta de corroboración en otros casos. Sobre Gorriti tampoco existe evidencia que acredite entregas, ofrecimientos o promesas concretas. El informe convierte especulaciones en presuntas pruebas.

Criminalizar la relación de un periodista con sus fuentes equivale a criminalizar el periodismo de investigación mismo. Si existió una filtración de información reservada, la responsabilidad recae en quien filtra y no en quien recibe y procesa la información con fines periodísticos.

El periodismo de investigación resulta sistemáticamente perseguido por quienes, en lugar de rendir cuentas ante la justicia, prefieren silenciar a quienes documentan sus actos. Esa lógica amenaza a la prensa libre y, sobre todo, a la libertad de expresión de cualquier ciudadano como condición de la democracia. Esta casa editorial se suma al pedido del gremio periodístico que insta al Ministerio Público a desestimar las conclusiones del informe Casaverde respecto de Gustavo Gorriti y a investigar el patrón de reversiones institucionales antes que a quienes las denuncian.

¿Voy a escribir, después, sobre mi doble?

…

Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre.

¿Cabrá aludir jamás al Yo profundo?

Otro busca en el fango huesos, cáscaras,

¿Cómo escribir, después, del infinito?”.

Cualquiera de las imágenes de “Un hombre pasa con un pan al hombro” evidencia las raíces cristianas de esta y toda la poesía de César Vallejo. Más todavía, en varios de sus poemas y artículos, se descubre su gran afinidad con el texto bíblico “Yo soy el buen pastor” (Juan X, 11-18).

“El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas…

Yo soy el buen pastor… y doy la vida por las ovejas”.

“El buen pastor” alude a los personajes más humildes de la sociedad. Es un tema central en el cristianismo, y es el que hace de este una religión de pobres, oprimidos, excluidos y presos.

En la parábola cristiana, el buen pastor cuida todo el tiempo de sus ovejas. Ninguna está excluida. Y si más bien alguna se extravía, el hombre deja el resto del rebaño y va a buscarla. Más todavía, el Redentor da su vida por sus ovejas.

En Lima, una joven acaba de pintar su versión del buen pastor. No ha sido su objetivo crear una revelación artística y, sin embargo, es una obra trascendente para los tiempos que corren. María José Padrón, interna del Penal Anexo de Chorrillos, ha pintado lo que a su juicio es “el buen pastor” y su obra ha sido recibida y encomiada en el Vaticano por el papa León XIV.

En ese establecimiento penal, la directora Zelinda Ora conduce una serie de proyectos culturales dirigidos a las internas para que su reincorporación a la sociedad se produzca en las mejores condiciones y lograr que la esperanza en ese futuro estimule su esfuerzo.

Justamente, dentro de sus planes, acaba de organizar un concurso de dibujo a carboncillo en el que participó una gran cantidad de internas. A ese acto cultural se suman otros que mantienen un clima de interés por el desarrollo personal de cada una de las mujeres allí recluidas.

Hay que añadir que las condiciones actuales en el establecimiento no son las mejores. Existe una sobrepoblación, acompañada por falta de recursos, que se hace evidente. El personal penitenciario es profesional en varios terrenos, como el de la psicología y otros, pero su tarea se ve obstaculizada por las condiciones materiales y las últimas medidas de rigor en el sistema carcelario adoptadas en el país.

Cuando conversamos con María José Padrón, la autora, nos confesó que ha encontrado en la pintura un camino diferente para ella. Le preguntamos quién la ha inspirado para dibujar el rostro del buen pastor, y ella se refirió con amor y añoranza a su padre, y a los días hermosos de su infancia en los que “el buen pastor” cuidaba de ella todo el tiempo, y dibujaba para los niños un mundo dulce e inolvidable.

La imagen cristiana del buen pastor alcanza paralelismos en el hinduismo con la figura de Krishna, a quien se le llama también Govinda (protector de las vacas), que en esta tradición espiritual es un pastor divino que protege del mal. En el budismo, la figura más cercana sería la del bodhisattva, próximo a la iluminación, quien es permanente guía de los seres humanos.

Con la guía de un profesor de pintura voluntario, así como otras internas con experiencia universitaria y pedagógica, las asistentes al taller de pintura han conocido y explorado diferentes representaciones del tema, incluyendo la dulzura del niño de Murillo. Después, han tratado de reproducir la que más se les acerca.

La imagen elaborada en el penal de Chorrillos tiene ancestros culturales en todo el mundo, pero, tanto en la poesía de Vallejo como en los textos evangélicos, el pastor es el buen amigo de sus ovejas, sobre todo de las excluidas, las presas y las más pobres.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz,

Porque serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,

porque el reino de los cielos les pertenece”.

Por eso, en junio, durante su visita pastoral a España, León XIV visitó el Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona, y mantuvo un encuentro profundamente humano con sus residentes.

Allí, el papa no habló de castigos. No habló de condenas. No habló de estadísticas. Habló de dignidad. Habló de esperanza. Habló de la posibilidad de volver a empezar.