Hace casi veinte años el Perú tomó una decisión trascendental para la educación: construir una carrera docente basada en la meritocracia. El ingreso por concurso público, las evaluaciones periódicas, los ascensos por desempeño y la formación continua marcaron un cambio profundo en la profesión docente y sentaron las bases de una de las reformas más importantes del Estado peruano.

Hoy esa política constituye uno de los principales consensos en educación. Sin embargo, toda reforma debe evaluarse no solo por aquello que logró, sino también por aquello que dejó pendiente. Y la reforma meritocrática del magisterio aún tiene una tarea inconclusa: la jubilación.

El vencimiento del plazo para reglamentar la Ley de Pensiones Dignas para el Magisterio, el pasado 15 de julio, evidenció que los avances alcanzados en la actualización del padrón de docentes cesantes y jubilados y en la coordinación técnica entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, la ONP y la SBS no estuvieron acompañados de la decisión política necesaria para culminar el proceso. Sin embargo, el vencimiento de ese plazo no extingue la obligación del Estado. Por el contrario, corresponde ahora al nuevo gobierno culminar la reglamentación e implementar una ley que continúa plenamente vigente.

En el debate público, el primer cuestionamiento a esta ley ha sido su costo fiscal. Pero esa mirada resulta insuficiente. Toda política pública importante exige recursos. La verdadera pregunta es qué debe hacer un Estado cuando enfrenta una política pública que supone un desafío fiscal: ¿declararla inviable o asumir la responsabilidad de construir una implementación sostenible?

Creo que esa es la verdadera discusión.

La política de meritocracia docente comenzó durante la primera gestión del ministro José Antonio Chang (2006–2011), en el segundo gobierno de Alan García. Durante el debate parlamentario la Ley de Carrera Pública Magisterial en 2007, recibió el respaldo de congresistas de distintas bancadas, entre ellos el hoy presidente del Consejo de Ministros, entonces congresista, Luis Galarreta, quien defendió una carrera docente sustentada en la meritocracia, con evaluación para el ingreso y la permanencia. Posteriormente, esta política fue consolidada con la Ley de Reforma Magisterial durante las gestiones de Patricia Salas y Jaime Saavedra (2011-2016), en el gobierno de Ollanta Humala, y sostenida por los gobiernos que les sucedieron. También ha resistido los intentos de contrarreforma impulsados durante el gobierno de Pedro Castillo y por un sector del Congreso en los últimos cinco años. Esa continuidad ha permitido que la carrera docente trascienda los cambios de gobierno y se consolide como una política de Estado. Hoy, más del 70% de los docentes de la escuela pública pertenece a la Carrera Pública Magisterial, una política que ha fortalecido el desarrollo profesional docente y constituye uno de los pilares para mejorar la calidad del sistema educativo.

Hoy cerca de 160 mil docentes cesantes y jubilados reciben, en muchos casos, pensiones que fluctúan entre S/ 400 y S/ 800 mensuales. Al mismo tiempo, más de la mitad de los docentes en actividad tiene entre 50 y 65 años, lo que anticipa una importante renovación generacional del magisterio y la necesidad de fortalecer la formación inicial de quienes ingresarán a la carrera docente. Pero esta transición también plantea un desafío ineludible para el Estado: responder con políticas públicas al creciente número de maestras y maestros que culminarán su vida laboral. Completar la reforma meritocrática supone asumir ambos desafíos de manera simultánea: preparar a las nuevas generaciones de docentes y garantizar que quienes dedicaron su vida a educar al país puedan culminar su trayectoria con una jubilación.

Un segundo cuestionamiento sostiene que reconocer una mejora en las pensiones del magisterio abriría un precedente para todos los trabajadores del Estado. Sin embargo, este argumento parte de una premisa equivocada: la Carrera Pública Magisterial es una carrera pública especial, basada en el mérito, y no puede equipararse a otros regímenes laborales del Estado. Precisamente por esa naturaleza, la respuesta previsional también debe ser coherente con la trayectoria profesional que el propio Estado exige a los docentes. Si durante 25 o 30 años se demanda ingreso por concurso, evaluaciones permanentes, ascensos por desempeño y formación continua, esa lógica no puede desaparecer cuando concluye la vida laboral. La jubilación no es un beneficio adicional: es la etapa final de la carrera docente.

Un tercer cuestionamiento sostiene que la ley pretende que los docentes se jubilen con la misma remuneración que percibían al finalizar su carrera. Esa afirmación tampoco corresponde al contenido de la norma. Por el contrario, la ley adopta un criterio de equilibrio entre mérito, justicia social y sostenibilidad fiscal al establecer como referencia únicamente la remuneración correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Se trata de un piso previsional, no de una equiparación de ingresos. Su propósito es garantizar que quienes dedicaron décadas al servicio de la educación concluyan su trayectoria con un nivel mínimo de protección, coherente con la carrera meritocrática que el propio Estado les exigió construir.

El propio Estado peruano ha demostrado que, cuando considera prioritaria una política pública, también encuentra mecanismos para financiarla. Este año se aprobó una reforma del régimen pensionario del personal militar y policial que permitirá que sus pensiones correspondan al 100% de la remuneración consolidada según el grado alcanzado en actividad. Se estima que esa decisión demandará una inversión cercana a S/ 14 mil millones, aproximadamente el triple de lo que requeriría garantizar una pensión equivalente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los docentes jubilados.

No se trata de cuestionar esa decisión. Quienes sirven al país desde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una protección previsional adecuada. En ese mismo sentido, el Estado debe asumir el compromiso de completar la reforma meritocrática del magisterio, garantizando una pensión mínima acorde con la carrera meritocrática.

Actualmente, el Estado destina alrededor de S/1.500 millones al pago de pensiones docentes. Además, cerca de 500 mil maestros en actividad aportan al sistema previsional y contribuyen al financiamiento del Estado mediante el impuesto a la renta de quinta categoría. Culminar esta política requerirá recursos adicionales, pero, sobre todo, la decisión política de asumirla como una prioridad de Estado.

Las alternativas existen y son técnicamente viables. Muchas de ellas han sido planteadas por las propias organizaciones de docentes cesantes y jubilados, quienes no solo han demandado el cumplimiento de la ley, sino que también han formulado propuestas para hacer viable su implementación. Entre ellas destacan la revisión de exoneraciones tributarias cuya eficacia ya no se justifica, el fortalecimiento de la recaudación y una mejor priorización del gasto público.

Al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori le corresponde culminar la reglamentación e implementar una ley vigente, construyendo una ruta técnica y fiscalmente sostenible para hacerla realidad. Al Congreso de la República, especialmente a la Cámara de Diputados, le corresponde ejercer una fiscalización rigurosa y promover los acuerdos políticos necesarios para su implementación. Ambos poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de convertir una ley vigente en una política pública efectiva. Ese es el verdadero desafío de quienes gobiernan y de quienes legislan.

Hace casi veinte años el Perú apostó por una carrera docente basada en la meritocracia. Hoy el desafío no es iniciar una nueva reforma, sino culminar una política de Estado que quedó inconclusa. Solo así la carrera docente será coherente desde el ingreso hasta el retiro y el Perú habrá fortalecido una de las políticas públicas más importantes del sistema educativo.

En el extremo oriental de Ucayali hay una piedra que separa dos países. De un lado está la comunidad asháninka de Sawawo Hito 40, en el Perú. Del otro está Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Para los mapas son dos jurisdicciones distintas. Para nosotros son la misma familia extendida, con los mismos abuelos, la misma lengua y los mismos muertos. La frontera nos dividió en el papel; nunca nos separó en la vida.

Empiezo por ahí porque casi toda discusión sobre esta frontera empieza mal cuando empieza por el mapa. Para nuestros pueblos el territorio no es una parcela ni una propiedad: es el espacio donde vive nuestra cosmovisión, donde se transmiten el idioma y el conocimiento de la medicina, donde están enterrados nuestros antepasados y donde rigen normas propias de convivencia. El territorio es un cuerpo y es una historia. Por eso, cuando se decide algo sobre él sin consultarnos, no sentimos un trámite incumplido: sentimos una rotura.

Y en esa rotura han crecido otras cosas. El puesto de control fronterizo del Hito 38 permaneció abandonado durante casi una década. En ese tiempo, el Comando Vermelho y las economías ilegales aprendieron el camino de los ríos y de las trochas mejor que cualquier funcionario. Nadie ocupa un vacío con discursos: lo ocupa quien llega. Si nosotros no lo ocupábamos con organización propia, iba a ocuparlo otro. Ya estaba ocurriendo.

Por eso, desde ORAU, junto con ACONADIYSH y AIDESEP, impulsamos la restauración del Hito 38 y la instalación de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Quiero decirlo sin adornos: no lo hicimos porque quisiéramos reemplazar al Estado. Lo hicimos porque el Estado no estaba, y porque los apus y monitores que enfrentan a la tala ilegal y al narcotráfico reciben amenazas de "plata o plomo", sufren atentados y, en varios casos, han sido asesinados, a varios días de navegación del puesto policial más cercano.

Ese acto de emergencia es parte de una propuesta política ordenada. Hoy la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya reúne a 28 territorios indígenas de 13 pueblos de ambos países, con ORAU y ACONADIYSH del lado peruano y OPIRJ y APIWTXA del lado brasileño. No es un invento reciente ni la ocurrencia de una gestión: llevamos cinco años en esto, con asambleas comunitarias, congresos y encuentros binacionales. Lo que hicimos fue nombrar y ordenar un tejido territorial que ya existía antes de que existiera la línea de frontera.

Cada vez que presentamos esto nos preguntan lo mismo: si estamos reclamando un territorio fuera del control estatal. La respuesta es no, y conviene entenderla bien. Lo que estamos construyendo es una autonomía dentro del Estado: una autoridad territorial indígena que decida en asamblea qué se hace con el bosque, cómo se vigilan los ríos, cómo se resuelve la superposición de intereses entre pueblos distintos. Esas estructuras no sustituyen al Estado. Llenan el hueco que el Estado dejó y, al mismo tiempo, nos dan la fuerza organizada para exigirle que cumpla lo que firmó, empezando por el Convenio 169 de la OIT.

Lo digo con todas sus letras: la autonomía indígena es la garantía de la presencia del Estado, no su negación. Llevamos décadas pidiendo esa presencia con oficios y solo recibimos promesas. Hoy la pedimos con una plataforma binacional que puede recibir al Estado, coordinar con él y evaluarlo.

Hay una razón adicional para la urgencia. En esta misma franja está la Reserva Indígena Murunahua, de 470.305,89 hectáreas, creada para proteger a los pueblos Chitonahua y Mashco Piro en aislamiento y al pueblo Amahuaca en contacto inicial. Son los más vulnerables entre los vulnerables: un contacto no controlado, una epidemia o una invasión pueden significar su exterminio. Desde 2011 venimos sosteniendo ante el Estado la propuesta del Corredor Territorial Pano Arawak, en el marco de la Ley 28736, y seguimos esperando una implementación con fuerza real. Valoramos que en mayo de 2026 los ministerios de Salud del Perú y del Brasil se reunieran en Pucallpa con la OPS/OMS para avanzar en un plan de contingencia binacional; pero un plan sanitario para los PIACI que se diseña sin las organizaciones indígenas en la mesa nace incompleto.

El 28 de julio de 2026 asumió un nuevo gobierno en el Perú, y con él se abre una ventana que no deberíamos desperdiciar. La seguridad soberana en la Amazonía no se defiende con anuncios en Lima: se defiende con presencia efectiva en el Hito 38, en el Hito 40C y en cada punto donde hoy el crimen organizado transnacional entra y sale sin que nadie lo registre. Nosotros somos la primera información, la primera alerta, la única presencia y muchas veces la única muerte. Tratarnos como aliados estratégicos de la seguridad nacional, y no como una zona ingobernable que hay que administrar desde lejos, es exactamente la diferencia entre una frontera protegida y una frontera entregada.

Al Brasil le decimos lo mismo, porque el Comando Vermelho y otros grupos criminales cruzan la línea en ambos sentidos y ninguna estrategia unilateral va a funcionar. Hace falta coordinación binacional de inteligencia, patrullaje conjunto y persecución penal articulada, con las organizaciones indígenas fronterizas como socias reconocidas y no como observadoras invitadas.

Y hace falta entender que la ausencia de servicios no es un problema aparte del problema de seguridad: es su antesala. Donde no hay posta, ni escuela intercultural, ni energía, ni alternativa económica, la economía ilegal ofrece lo único que parece llegar rápido. Educación intercultural bilingüe con maestros formados en su propia cultura, salud itinerante que cruce la frontera sin condiciones, conectividad, transporte fluvial y economías indígenas sostenibles no son concesiones: son política de seguridad.

No pedimos privilegios. Pedimos que el Estado peruano y el Estado brasileño cumplan lo que les corresponde en un territorio donde, durante décadas, solo estuvimos nosotros. La Guardia Indígena Transfronteriza y la reapertura del Hito 38 ya demostraron que los pueblos indígenas sabemos organizarnos frente a la crisis. Falta que los gobiernos respondan con la misma determinación.  El Yurúa–Juruá–Alto Tamaya no es una frontera olvidada. Es un territorio vivo, binacional, defendido por sus propios pueblos. Lo único que esperamos es que deje de ser un territorio abandonado.

Don Ildefonso Nuño me dio un obsequio gratísimo: un amarillento ejemplar de poesía de Luis Cernuda que había conservado durante los años de su exilio en Moscú.

El mar, personaje de sus versos… “Con una voz insomne decía cosas vagas, / barcos entrelazados dulcemente / en un fondo de noche, / o cuerpos siempre pálidos, con su traje de olvido / viajando hacia nada”.

Y yo caminé embrujado por páginas cuya lectura repetía frente a las mesas del café Comercial. Allí, un joven me soltó: ¡Conque leyendo a Cernuda!

Era peruano, se llamaba Alonso Cueto y había llegado con una beca para estudiar la poesía del asombroso Cernuda. Por mi parte, yo estudiaba Lingüística y Literatura en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

Esos son mis primeros recuerdos de Alonso, así como nuestra total coincidencia en la admiración por Juan Carlos Onetti, a quien él dedicó más tarde su tesis doctoral.

Tiempo después, una de las obras de Cueto, Grandes miradas, me hizo preguntarme de qué forma la dictadura de Fujimori contaminó la sociedad, y de qué manera era inexcusable sentir su hedor.

Recientemente, conversando con Cueto le he pedido algunas opiniones:

- Tu novela La hora azul mostró la infamia y el dolor de la guerra interna. Y, por su parte, Miriam fue la mujer encargada de exhibir la bestialidad de la represión.

¿Qué piensas?

AC: Justamente a partir de ese personaje me interesó explorar más la conciencia femenina y su percepción de la historia.

- Alonso, algunos observadores patriarcales enarcan las cejas cuando el escritor centra su obra en una mujer combativa. A mí me acaba de ocurrir en el caso de Manuela Sáenz y la luna de Paita. Durante mi presentación, alguien apagó el micrófono y más tarde alegó que yo estaba escribiendo sobre una terrorista del siglo XIX. ¿Qué piensas tú?

AC: Me parece que las mujeres en general tienen una conciencia de las relaciones humanas más sensible y aguda que los hombres. Nosotros con frecuencia estamos muy encerrados en nosotros mismos, pero las mujeres se proyectan en los demás y los conocen más a fondo.

- Eso es lo que ocurre en el caso de Memorias de una limeña, me parece, la novela que presentas en la Feria.

AC: En efecto, Adriana tiene una vida ejemplar y feliz hasta que ocurre algo que la arroja a un abismo. A partir de entonces tiene que sobreponerse a las consignas de la sociedad. Como ella, siempre me han interesado los personajes que se reconstruyen.

- ¿Cómo dibujas a la limeña de tu novela?

AC: Siempre me ha intrigado esa voluntad secreta que tenemos los seres humanos para persistir en nuestras consignas. En el caso de la limeña de mi novela y de otros personajes, me llama mucho la atención que no haya ninguna ideología, doctrina o religión que los impulse. Solamente el puro instinto de vida.

Descubrir cómo puede aparecer ese instinto frente a los fracasos y las tragedias, es una de las obsesiones que siempre he tenido como escritor.

- Pero hay algo más en tus personajes. Creo que el pasado los persigue.

AC: Tienes razón, pero son capaces de enfrentarlo. El recuerdo es una forma de inventar un pasado nuevo.

- En resumidas cuentas, ¿para qué sirve escribir?

AC: Escribir es un modo de conversar con uno mismo. Me interesan los personajes femeninos emprendedores e independientes. Quizá soy un escritor feminista, aunque recién ahora me doy cuenta.

- Recuerdo estos versos de Cernuda sobre la muerte: “Vas en la blanca nube que orlándose de fuego / de un dios es ya el ala transparente…”. ¿Qué te dicen?

AC: Ese es el asunto central de una obra, creo, encontrar las diversas maneras que hemos inventado para convivir con la muerte.

Una novela debe ofrecernos el testimonio de una vida vista en su profundidad y en su complejidad, pero una novela también debe ser entretenida, debe cuidar la intriga, la expectativa, todo eso que la hace un sueño coherente.

Y tiene razón. La Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes porque la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere continuar con la misma gestión o elegir una alternativa. Eso no es un capricho formal sino un mecanismo básico de control democrático. Usarlo para algo distinto, haciendo renunciar a un candidato de relleno para que el alcalde de facto asuma por la puerta de atrás, no es creatividad jurídica. Es eludir la voluntad popular con una maniobra que el propio sistema electoral reconoce como un abuso.

La buena noticia es que la respuesta legislativa ya existe. El diputado del partido Obras, Víctor Piñán, ha presentado un proyecto para impedir que un alcalde integre la lista de candidatos al Concejo Municipal en la siguiente elección. Los diputados opositores del Consenso por la Democracia tienen aquí una oportunidad concreta de legislar a favor de la integridad electoral desde sus primeras semanas en el cargo.

El JNE lo reconoció cuando Burneo dijo que se están generando estrategias para fraguar la ley, pero admitió que el marco normativo las permite y que el JNE se limita a cumplirlo. En ese sentido, para estas elecciones el daño parece estar ya hecho y los plazos hacen imposible que el TC o el Poder Judicial actúen a tiempo. En ese sentido, el único contrapeso real que queda es el voto ciudadano informado.

Y el Congreso bicameral tiene la obligación de debatir a fondo el proyecto de Piñán y otras que se sumen para que en 2030 esta puerta quede cerrada y que existan elecciones competitivas sin que algunos tramposos buscan sacarle la vuelta a la ley.

La primera versión oficial del Ejército habló de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas y de que la patrulla había sido atacada primero. Días después, las diligencias iniciales desmontaron esa versión ya que confirmaron que en la camioneta no había ni drogas ni armas. Lo que sí había eran deportistas que regresaban de un torneo de Copa Perú.

Jaime Brendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila de 18 años y William Núñez Soto, entre ellos eran jóvenes de comunidades campesinas del VRAEM que volvían a casa después de jugar fútbol.

Un sobreviviente, Ricardo Jampier Acuña Quispe de 20 años, declaró después que su primera versión, la que lo ubicaba como parte de un grupo que transportaba droga, fue obtenida bajo amenaza y con los militares sin identificarse. La cadena de custodia de las pruebas fue cuestionada. El juez dictó doce meses de prisión preventiva para los ocho efectivos investigados.

Sin embargo, esta semana, la Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó esa medida y los liberó. Y el capitán Luis Montenegro Pardo, uno de los investigados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior para que se investigue penalmente al juez que los había mandado a prisión. El que investigaba se convierte en investigado y el que debe responder por sus actos queda libre.

El Congreso completó el cuadro el 14 de mayo. El pleno rechazó la interpelación al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. El fujimorismo votó en contra. Con esta misma vehemencia, ahora plenamente el gobierno plantea militarizar las calles con la excusa de combatir la inseguridad ciudadana. ¿Con qué garantías cuenta la ciudadanía para protegerse de los abusos?

Sin verdad establecida, sin militares en prisión preventiva, con el juez denunciado y con el ministro protegido por el voto del Congreso, la impunidad avanza en Colcabamba. Las familias de Jaime, Cristian y William siguen esperando que alguien responda. Y lo harán tarde o temprano.