Instalarse en lo vitalicio le abre a la familia Ortega-Murillo, con siete hijos en total, la posibilidad de iniciar una dinastía. La de la familia Somoza duró más de 40 años dedicada al saqueo del país y al crimen. Prohibir las elecciones es una manera de instalar a uno o más hijos en la presidencia de Nicaragua de manera automática.

El otro significado de la medida es cancelar de plano toda organización que quiera disputar el poder al dúo. En los hechos es el establecimiento de una monarquía plebeya y absoluta, como la que Ortega ayudó a derrocar en su momento. Se trata de un paso adelante en la marcha del Caribe hacia las dictaduras personales.

¿Qué ha empujado a Centroamérica y el Caribe hacia tremendas dictaduras? Quizás el ciclo comenzó con la dictadura de empresas coloniales extranjeras, que impidió el establecimiento de una comunidad ciudadana cabal. La United Fruit Company, operando desde Nueva Orleans, es el ejemplo emblemático de lo anterior.

Sin embargo, no todo se originó en ese tipo de empresas, y las revoluciones también produjeron dictaduras, como en el caso de Haití, Cuba y, ahora último, Nicaragua. ¿Qué otro factor puede haber? ¿El temperamento de poblaciones reducidas en número? ¿Una tradición política asentada en ejemplos que funcionan?

El tándem Ortega-Murillo se enquista en el poder absoluto en un momento en que el autoritarismo es cada vez más tolerado, como parte de las ideas de extrema derecha. Las propias elecciones son trámites cada vez más falsos. ¿Se han excedido los Ortega? Al menos los EE. UU. han criticado la medida como una “cobarde muestra de autoritarismo”.

Ortega ha traicionado la democracia por la que tantos lucharon y murieron en Nicaragua, camino de convertir su país en un calco del que manejó la familia Somoza, que instaló lo que el poeta Ernesto Mejía Sánchez llamó “la cortina de mierda”. Los descendientes hacen negocios en los EE. UU., sin pena ni gloria. Deben sentirse reivindicados por Ortega.

La central de espionaje cubana G-2 es muy conocida por su eficacia. Pero no es ni la sombra del triángulo Estados Unidos-China-Rusia dedicado a interespiarse desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que Cuba espía es público y notorio, pero no se sabía que preocupara tanto a Estados Unidos, más allá del estado de Florida. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Estados Unidos está en guerra con Irán y todo espía le resulta peligroso. Hablar de espías iraníes, Hezbolá o hutíes en Estados Unidos podría sonar inverosímil; mejor echarle la pelota al G-2, en el que es mucho más fácil creer. Aunque es preciso reconocer que todo ese espionaje no le ha servido de mucho al gobierno cubano.

¿Pero qué es espiar en la era del satélite? La tecnología tiene mil maneras de penetrar los secretos de la sociedad y el Estado. Pero igual, de cuando en cuando leemos sobre personas de carne y hueso que disimulan su lealtad política o nacional para ayudar a su causa, o a sus empleadores. Son los espías de los libros y las películas, pero también de la realidad.

Ese tipo de espías, vamos a llamarlos presenciales, son los que las grandes potencias capturan, denuncian e intercambian con cierta frecuencia. Trump todavía no ha presentado a un solo espía cubano de ese tipo, que probablemente abunda en estos tiempos. Pero ya aparecerán a medida que se vaya acercando noviembre electoral.

Quizás la mejor expresión es agente secreto. Cuando el Perú despidió al embajador cubano Zamora de Lima, no lo hizo por creer que sabía más que otras embajadas, sino porque parecía más dispuesto a ayudar a sectores enemigos del orden establecido. Lo más probable es que con dinero venezolano, ahora que se ha agotado el famoso oro de Moscú.

Entendamos de una vez que hay espías y agentes por todas partes, en la paz y en la guerra. Verdaderos médicos y falsos médicos. Hay de todo.

Hay la idea de que ahora termina lo que se está llamando una época oscura. No estamos tan seguros, pero sí creemos que ahora ha habido mejores candidatos. Las figuras más peligrosas han sido puestas de lado, no por los votos, sino por el sentido común. No ha sido una elección marcada por el miedo a los resultados, como fue desde 1990.

Sin embargo, para algunos, no tan pocos, la llegada del fujimorismo a la presidencia es una tragedia. Algo así como una dictadura sangrienta, paralela a los tiempos de Vladimiro Montesinos. Algunos no son tan drásticos o racionales en su fobia, pero igual lo consideran una desgracia que era mejor evitar por todos los medios.

Sin duda se evitó que K llegara a Palacio en tres ocasiones. ¿Fue el volumen del puro voto antifujimorista? ¿Por el tamaño del sentimiento de izquierda o del rencor del voto andino? ¿Realmente ella no era tan buena candidata? ¿O fue su autoritarismo parlamentario post-2016? La pregunta es por qué llegó ella esta vez.

Quizás el secreto está en sus rivales. Pedro Castillo golpista y Antauro Humala anunciaban un futuro político temible, y era predecible un ciclo de violencia. La inseguridad ciudadana estaba (está) exigiendo un ciclo de estabilidad. Ofrecer estabilidad no fue muy sexy, pero a la postre sí funcionó.

Las instituciones. Con León XIV la Iglesia está como se pide. Con Julio Velarde en el BCR, las islas de excelencia económica parecen protegidas. La presidencia se está tomando su tiempo, y no hay en perspectiva ministros truchos. Incluso puede haber sitio para algún opositor razonable. Solo el Niño está nublando el horizonte.

Aunque una cosa es el cambio de gobierno, y otra ponerse en marcha para gobernar. Los problemas de la población son apremiantes. Los rencores son casi históricos. Inocentes reproches se convierten en atroces acusaciones. Por momentos, la frase "Felices Fiestas Patrias", aun sinceramente dicha, adquiere una maldad taimada.

Pero la secuencia flaca convocatoria, pequeña reunión, pequeña nota informativa puede durar para siempre sin cambiar las cosas. Lo que puede hacer Sánchez es prenderse de alguna manifestación de gran tamaño, y otro tema, para ganar indultos con avemarías ajenas. Aunque hay un límite a lo que se puede convocar sin efecto.

Todo eso es Sánchez. En cambio, las movilizaciones de protesta son muy otra cosa. Con elecciones a la vuelta de la esquina, nadie va a malgastar sus recursos para pedir una excarcelación con casi cero posibilidades. Más negocio sería concentrarse en pedir juicios sobre los muertos de Dina Boluarte, o en urgentes reclamos locales, los del Niño sobre todo.

Lo demás son pequeñas manifestaciones del tipo "perdimos las elecciones e insistimos en seguirlas perdiendo para siempre". Sin ellas, Sánchez ya no sería invitado a las reuniones de intención opositora que se dan en estos días. ¿Aunque de qué le servirían si casi no va a tener peso político o personal en el siguiente Congreso?

¿Qué puede hacer el hombre? Una gira por el país para ir saludando desde ahora a sus candidaturas preferidas no le haría daño. Necesitaría argumentos más interesantes que el fraude electoral en los consulados o la inocencia de Castillo, pero algo encontraría, o de otro modo se los darían los propios visitados.

No descartemos, empero, que en algunos municipios o regiones Sánchez no sea bienvenido. No por fujimorismo, sino por la atmósfera de perdedor con que se está rodeando. Además, no todos los candidatos del interior son de izquierda, y algunos preferirían tener a Keiko Fujimori en sus tabladillos electorales.

Esta no es una columna contra las manifestaciones populares. Bienvenidas sean, pero con oportunidad, sentido y, por lo tanto, con volumen. No basta con seguir amenazando en vano con los Cuatro Suyos, o la toma de Lima. Tácticas de malos publicistas y peores políticos. La oposición de izquierda se merece más que eso.

En verdad, el país no tiene por qué castigar el paso de un político por una presidencia transitoria. Al contrario, hay en ello un servicio rendido, y merece alguna recompensa. Pero acaso el potencial beneficiado no debería pedirlo, y menos a tan alto grado remunerativo. José María Balcázar lo vio, y retrocedió a tiempo.

Ahora estamos llenos de expresidentes castigados por la ley, con los cuales los del gran público no sabemos qué sucede en términos de dinero. Deben indemnizaciones, se les deben pagos, nada está claro en ese terreno. Esto se da a muchos niveles de la administración pública, y parece bastante costoso dilucidarlo.

En todo caso, el gesto de Balcázar (pedir y luego rectificarse) es indicio de que desea presentarse con los derechos de una conciencia tranquila. ¿Es el mismo caso de Boluarte y de José Jerí? Porque esos pedidos propician investigaciones. Aunque investigación habrá de todas maneras, aunque sea por costumbre.

Ahora bien, replegarse del rico sobre manila presidencial hacia los ingresos de los parlamentarios tiene algo de riesgoso. Mañana los congresistas pueden pasar por alto la suma en cuestión, y concentrarse en la idea de un pago jubilatorio vitalicio. Habría más de uno dispuesto a lanzar al mar un proyecto así, impopular al inicio, pero acaso después ya no tanto.

¿Por qué reculó Balcázar? Tal vez porque la suma era demasiado alta para un servicio tan breve, o porque los derechos del interinato presidencial no están claramente establecidos. Como dice Baltasar Gracián, la modestia funciona como un velo que cubre las limitaciones o las culpas de quien la practica. No hay que quitárselo.

Jerí no se ha lanzado a la modestia, pero sí a la cautela, al decir que no descarta pedir lo que solicita su sucesor. Está claro que la despedida infunde sobriedad, una lección que Roberto Sánchez podría hacer suya y con ello ahorrarse puyas.

El vuelco podría consistir en el paso de un gobierno responsable de las muertes a una protesta responsable de ellas. Durante cinco años, Boluarte no se atrevió a mirar en esa dirección. El nuevo gobierno lo está dando horas antes de su instalación, como una demostración de ñeque político que puede llevarlo lejos.

La oposición violenta al derrocamiento de Castillo logró instalarse bien en la escena política, al grado de pelearle la Presidencia y la mayoría del Congreso a la derecha. Aunque cabe hacer notar que el orden establecido entre 2021 y 2026 ha sido de una gran debilidad, y que los partidos derechistas del Congreso no tenían ganas de pelear, solo de lucrar.

Hoy parece que la derecha, su principal partido y su presidencia sí tienen ganas de obtener victorias. La relativa mansedumbre de la campaña de Keiko Fujimori ha sido engañosa; hay guardada allí una vieja furia. Pero un tema importante es la reconciliación, que tiene un buen número de defensores. ¿Hacia dónde va la nueva política?

Jurar por Castillo, llamar traidor a José María Balcázar por no indultar, abrirle investigación a toda velocidad, son gestos que desgastan el poder en general, incluido el de Fujimori y su partido, y el de la propia oposición. Esperemos el discurso presidencial del próximo 28, una brillante oportunidad para acercar a los peruanos entre sí.

La otra oportunidad son las elecciones de octubre. Ayudar a consolidar los poderes locales es una forma de reforzar al país. Fujimori debería participar activa e imparcialmente en ese proceso, sobre todo apoyando a candidatos regionales de calidad, oficialistas u opositores. Un tema importante para el discurso inaugural.

Un asunto en esta etapa es calmar a los rabiosos y acercarlos a lo mejor de la política popular. No hagamos de César Tito una víctima o un héroe; obliguémoslo a ser un activista serio de los intereses del pueblo, en sus palabras y en sus actos.

Lo dice Julio Arbizu González, quien es uno de los abogados más conocidos del país y, sin embargo, además de sus célebres pesquisas, recuerda más en este libro los golpes que ha recibido en mérito de esa pasión obsoleta, el racismo.

Además de obsoleta, la veleidad racista en el Perú es una pasión ilusoria y, en este mestizo rincón del mundo, no es practicada por blancos puros que aquí no existen, sino por quienes aspiran a serlo: cholos, zambos, blancoides e indioides, todos los cuales se “blanquean” choleando, provincianeando y negreando a los demás.

El racismo, en un país colonizado, es ridículo, pero a lo largo de todo el siglo XX ha mostrado su hedor, al punto de que, en los años 30, surgió un partido político subsidiario de la Alemania nazi, la Unión Revolucionaria, que proclamaba la supuesta excelsitud de la raza blanca. El líder, sin embargo, era un peruano zambo llamado Luis M. Sánchez Cerro, quien llegó al poder presidencial aupado sobre votantes afrodescendientes y la oligarquía del país.

Arbizu dice, y no le falta razón, que “en el Perú, lo blanco -más que los blancos concretos- se ha convertido en una medida abstracta, una vara invisible contra la cual se evalúan todos los cuerpos, todas las voces, todas las biografías. No importa que la mayoría del país tenga otros rostros, otros colores, otras genealogías: la norma no surge de la mayoría, sino de quien posee el poder de nombrarla”.

El autor-personaje recuerda su infancia en la que, por fortuna, su propia fuerza física le abrió camino frente a la torpeza de los racistas. Se refiere a uno de sus compañeros de clase que era el más popular porque era muy blanco y sus padres le habían puesto un nombre en idioma extranjero.

El contacto de los nudillos de su puño derecho sobre el pómulo de Gianfranco activó un movimiento inercial con el que su mano izquierda apretada fue a estrellarse contra la boca de su rival que lo estaba tratando de humillar.

Y, sin embargo, después de ganar la pelea, Julio lloró de impotencia. Sentía la injusticia de una realidad mayor que solo un puño no arreglaría, pero debía ser cambiada.

Otras anécdotas similares relatan los azares de una vida en la que su inteligencia y su fuerza moral se pusieron siempre por encima de ese sentimiento vergonzoso y caduco que aún existe en el Perú.

Debe recordarse además que su denuncia de los robos criminales de la dictadura en nuestro país le dio a su imagen el conocimiento y el respaldo que merece. Sin embargo, los partidarios del robo y el crimen creyeron fácil identificarlo como hombre a quien no se debe respetar, y todo el tiempo lo hicieron refiriéndose a particularidades de su aspecto físico.

Como procurador público, fue el terror de los corruptos y aquellos a su vez no encontraron mejor respuesta que calificativos como “terrorista” y “negro” o “cholo de mierda”, que suelen usar los casi iletrados corruptos contra los luchadores sociales.

Este libro no es un conjunto de historias personales ni tampoco un estudio sobre la discriminación racial en el Perú, pero algo de ambos tiene, pues, sobre todo, es un honesto, emotivo y a veces descarnado relato de experiencias que superan el ámbito personal y nos revelan -a veces incomodándonos- un elemento del tejido social peruano que, construido desde la Colonia, lamentablemente aún persiste entre nosotros.

Como Julio afirma, el criterio de que lo blanco es superior resulta más infame y peligroso aun cuando los que mandan “…miran con desconfianza los límites que imponen la igualdad de derechos y los pilares de una democracia liberal”.

Desde la época de la fundación de la capital del Perú, pocos escritores han trazado tan exactos retratos de Lima. Este que hace Arbizu es de los más completos y se añade al que nace del racismo peruano. Tal vez porque es un gran escritor y porque, después de dar un puñetazo, ha llorado.

El peruano promedio desconfía de todo, hasta del vecino, y vive aterrado, asumiendo que en cualquier momento lo pueden asaltar. El peruano promedio debería vivir aterrado también por la casa que habita: autoconstruida, sin licencia, sin ingeniero, eternamente inacabada, sobre terreno no planificado y con alto riesgo de colapsar en un terremoto. Aquella es otra historia que late sobre la urbe, como una espada de Damocles de la que después de cada temblor fuerte hablan los noticieros por un rato; luego todo sigue igual para él. Es decir, sabe que vive en una zona sísmica, vulnerable e inapropiada, pero ese terror puede esperar, porque su subsistencia inmediata, la de él y la de los suyos, está primero.

El peruano promedio gana entre 1.200 y 1.400 soles al mes. Su trabajo de vendedor ambulante, chofer, operario o trabajador independiente no calificado es, cómo no, informal. No tiene seguro, gratificación ni derechos laborales. A esta intemperie se suma una fragilidad económica absoluta, pues carece de ahorros suficientes para sostenerse un solo mes sin ingresos. En otras palabras, enfermarse o indisponerse es un lujo prohibido y, si algo de dinero extra tiene, no está bancarizado porque no confía en los bancos.

Además, se demora entre dos y cuatro horas diarias en llegar y volver de su trabajo. Es decir, pasa cerca de un mes de su tiempo, cada año, entre la jungla de combis, colectivos y mototaxis que lo movilizan en nuestro transporte público. El peruano promedio también es muy religioso y conservador: el caos de su propia existencia supera su psique en cualquier momento, y la fe lo ayuda a no quebrarse. Tal vez por eso no tiene tiempo de pensar en donar órganos a un prójimo o, me temo, porque la desconfianza lo persigue hasta el hospital: recela de los médicos del sistema público en el que apenas hay cupo para él y teme el manejo de su propio cuerpo. La donación de órganos es, para él, un tema ajeno y aterrador.

En estas Fiestas Patrias, lejos de la blanquirroja pirotecnia oficial, los desfiles castrenses y los discursos, habita este peruano real: el más frecuente, el más representativo. La fría estadística respalda esta descripción:

• Demografía y físico: Mediana de 34 años (nacido en 1992), +60% mestizo/indígena, 1,65 m (H) / 1,52 m (M), 72 kg y +65% con sobrepeso u obesidad (MINSA/INEI).

• Infancia y salud: +50% padecía anemia/desnutrición al nacer (década de 1990); hoy persiste una tasa de apenas dos donantes de órganos por millón de habitantes (ONDT/MINSA).

• Educación (Minedu): Secundaria completa formal; +65% de estudiantes no comprende textos complejos y el 80% no resuelve problemas matemáticos básicos (analfabetismo funcional).

• Trabajo, ingresos y vivienda: Ingreso mensual promedio de S/ 1.200 a S/ 1.400; +70% opera en la informalidad (ENAHO); 80% habita viviendas autoconstruidas o no planificadas (CAPECO) y +70% carece de ahorros para sostenerse un mes (SBS).

• Transporte y seguridad: Pierde de dos a tres horas diarias en el tráfico (ATU/Lima Cómo Vamos) y cerca del 90% percibe amenaza constante de delito (INEI/LAPOP).

• Institución y tejido social: +75% se declara católico (INEI), pero cerca del 90% desconfía de sus propios vecinos (LAPOP).

Este peruano promedio no es un mito de folclore ni un héroe de discurso oficial: es un sobreviviente pragmático, exhausto e hiperindividualista que aprendió que el Estado es un fantasma y la única red de protección social es su propia capacidad de resistir cada día de su vida. Estas circunstancias, amparadas en la estadística, moldean una idiosincrasia cuya alma es la desconfianza total hacia las instituciones y hacia el otro. En su universo, la informalidad, la fe privada y la evasión de la norma no son un acto de rebeldía, sino la única estrategia posible de supervivencia en un país de barro. ¿Feliz 28?

Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?

El también arzobispo de Lima fue claro sobre la naturaleza de la crisis. La catástrofe peruana, señalada por la presidenta, Keiko, Fujimori, y hace tan sólo unos días, y contrariamente a las razones que ella esgrimió, tiene distinta naturaleza.

Según el primado del Perú, la catástrofe existe y es de dignidad humana. Y su aseveración se sostiene en que la condición humana hoy está en sumo peligro.

No obstante, fue igualmente claro sobre lo que la reconciliación debe ser. La que el Perú necesita es la que, viendo claramente las injusticias cometidas, sabe hacer justicia restituyendo a la medida de lo posible a todos los perjudicados. Esas palabras, pronunciadas ante la nueva presidenta, son un recordatorio que este diario comparte.

La promesa de nuestra nación integrada por todas las provincias del Perú debe resistir tanta ambición y tantos planes macabros, según el cardenal Castillo. Y amplió la mirada hacia el contexto global en que las personalidades y grupos arrogantes, de mucho dinero y poder, pretenden repartirse el mundo como botín cambiando el mapa mundial, partiendo de las realidades diversas de cada país.

Para quienes han seguido la cobertura que esta casa editorial ha hecho de las leyes procrimen, el asedio a la independencia judicial y el festín fiscal del Congreso saliente, esa descripción tiene un referente preciso para el caso nacional.

Castillo evocó además la constitución vitalicia que Bolívar intentó imponer en 1826 y que duró apenas 49 días porque el pueblo lo impidió, para recordar que el Perú pertenece a todas sus provincias y que la república debe estar al servicio de sus ciudadanos.

Vale aclarar que si bien este diario defiende el laicismo del Estado y no necesita que ninguna institución religiosa valide sus valores democráticos, sí puede reconocer cuando una voz con autoridad moral dice en el momento más incómodo lo que muchos prefieren callar.

La catástrofe tiene nombre. La reconciliación exige justicia. Eso es lo que el nuevo gobierno y su bancada parlamentaria debería tener en ciernes.

Las formas fueron las de una presidenta que entiende que ganó con el 71% del territorio en contra y que necesita gobernar para todos. El problema es que esas formas contrastan de manera notable con el comportamiento que su bancada ha tenido en las últimas semanas.

La misma Fuerza Popular que respalda a Keiko es la que en las últimas sesiones de la legislatura saliente aprobó la ley del fuero militar, la ley de lesa humanidad con estándares más restrictivos que el Estatuto de Roma y la Ley 32107. Es la misma que, a través del senador Fernando Rospigliosi, denunció ante la JNJ a una fiscal de derechos humanos el mismo día en que recibía su credencial.

Es la misma fuerza política que en el primer acto del bicameralismo intentó impedir el acceso de periodistas al hemiciclo y amenazó con acusaciones constitucionales a parlamentarios que mostraran su voto.

Sin embargo, los anuncios del discurso tienen relevancia. El plan de contingencia frente a El Niño, la asistencia a agricultores, el bono a microempresas y las facultades delegadas que solicitará al Congreso son compromisos concretos que el país esperará ver cumplidos. No obstante, lo que el discurso no mencionó es igualmente significativo.

No hubo referencia a la independencia judicial, al proceso disciplinario de la JNJ contra los jueces que aplican el derecho internacional, ni a las leyes procrimen que su propia bancada aprobó.

En ese sentido, la pregunta que el Perú se hace es cuál de las dos Fuerza Popular gobernará. La de una presidenta que prometió diálogo y pluralidad en el hemiciclo, o la del bloque parlamentario que en sus primeras horas de vida demostró que opera exactamente igual que siempre. Esa distancia, si persiste, no es una señal de pluralismo. Es una señal de que la moderación fue para el discurso y la agenda real está en otro lado, como lamentablemente lo hemos verificado en los últimos 10 años de poder fujimorista en el Estado peruano.