Hoy asume la presidencia Keiko Fujimori, hija de un exdictador, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo hace con el voto nacional en contra, habiendo perdido en el 71% del territorio departamental, y llega a un Palacio que su bancada contribuyó a preparar durante 10 años de hegemonía parlamentaria.

Lo hará con instituciones que recibe debilitadas, en parte, por las mismas manos que hoy las van a administrar, las de su organización política. Eso es parte de la realidad y nombrarla es un acto de honestidad, no de pesimismo.

Pero el Perú que no se rinde no es el de los discursos ni el de las banderas que ondean en los balcones. Es el de las madres de familia que sostienen el hogar, la educación de los hijos y la economía del barrio con una resiliencia que ningún indicador logra medir del todo. El de los microempresarios y emprendedores que construyen empleo y riqueza a pesar de la extorsión, la informalidad y un Estado que pocas veces llega a tiempo para protegerlos. El de los jueces que se negaron a aplicar leyes de impunidad y pagaron con procesos disciplinarios. El de los fiscales que siguen investigando cuando lo más fácil era dejar de hacerlo. El de los ciudadanos del sur que salieron a las calles a decir que sus muertos importan. El de los periodistas que documentaron lo que otros prefirieron ignorar. El de las comunidades indígenas que defienden su territorio y su lengua frente a un Estado que lamentablemente las ignora. Ese Perú no termina hoy. Ese Perú sigue.

La república que el solitario de Sayán, don José Faustino Sánchez Carrión imaginó en contraposición al ideal monárquico no era un simple destino sino una dirección. Una sociedad donde la ley vale igual para todos, donde las instituciones sirven a los ciudadanos y no al poder de turno, donde la memoria de las víctimas no se negocia y donde el que protesta tiene los mismos derechos que el que gobierna.

Ese proyecto no está cumplido. Pero tampoco está abandonado. Y mientras haya peruanos dispuestos a defenderlo, el 28 de julio seguirá siendo una fecha que vale la pena celebrar. ¡Felices Fiestas Patrias a ese Perú que no se rinde!

La instalación del nuevo Congreso bicameral, el pasado viernes, nos devolvió la imagen de una práctica a la que no siempre prestamos atención: el juramento de los congresistas como acto ceremonial antes de asumir el cargo. El rito es tan habitual e incluso aburrido que apenas prestamos atención. ¿Qué valor tienen, jurídico o moral, tales declaraciones públicas? ¿De dónde viene esta práctica que antecede a nuestras constituciones y que todas ellas, sin embargo, han preservado?

El juramento es más antiguo que el Estado. Antes de que existieran constituciones o parlamentos, las comunidades políticas se sostenían sobre la palabra empeñada ante algo que trascendía a quien la pronunciaba. Se cuenta que en el año 330 antes de Cristo, el orador Licurgo recordó a los jueces atenienses que lo que mantiene unida a la democracia es el juramento. Los ciudadanos juraban defender la ciudad y sus leyes, y los jueces juraban antes de juzgar. Para Cicerón, el juramento era una afirmación religiosa, una declaración que toma a los dioses por testigos. Lo que parece expresar el juramento, incluso en nuestros días, es que los cargos públicos no agotan toda su legitimidad en lo que los procedimientos legales establecen.

Quizá por ello el constitucionalismo moderno no eliminó el juramento, más bien lo transformó. La Constitución de Estados Unidos de 1787, por ejemplo, incluyó en su propio texto la fórmula que el presidente debe pronunciar al asumir el cargo. Pero al mismo tiempo dispuso que ninguna confesión religiosa podría exigirse como condición para ocupar un cargo público, y permitió a quien tuviera reparos en jurar reemplazar el juramento por una promesa solemne. De este modo, llevó el rito a la Constitución aunque desvinculándolo de la religión. Esa operación fue posible porque, como ha mostrado Giorgio Agamben en su Arqueología del juramento, la invocación de Dios o de los dioses nunca fue el núcleo de la institución, sino un refuerzo para asegurar su cumplimiento. Según sostuvo este autor, la cuestión central en el juramento es el compromiso de veracidad, el acto por el cual una persona responde con su conducta de lo que ha dicho, más allá de las obligaciones que impone la ley.

En algunos ordenamientos, el juramento es constitutivo del cargo. El presidente norteamericano no asume sin antes jurar el cargo. Por ello, en 2009, cuando el presidente de la Corte Suprema alteró las palabras del juramento de Barack Obama, la ceremonia tuvo que repetirse al día siguiente. Entre nosotros, la Constitución solo dispone que el presidente "presta juramento de ley" (artículo 116), sin fijar fórmula; el juramento parlamentario proviene del Reglamento del Congreso, que establece que ningún miembro puede asumir sus funciones sin haber antes jurado. Jurar es, pues, también aquí, condición para ejercer el cargo. Incluso hace algún tiempo, circuló un proyecto de ley que proponía una fórmula de juramento obligado que incluía a Dios, la patria, la defensa de 'La Carta Magna, la soberanía e integridad de la República' (Proyecto n.° 4540/2022-CR)

¿A qué se compromete, entonces, quien juramenta, hoy en día? El jurista español Alfonso Ruiz Miguel, en un notable estudio sobre el juramento parlamentario, propone distinguir entre el juramento de lealtad, que reclama una adhesión interna a una persona o a un régimen, y el juramento de acatamiento, que solo compromete respeto y obediencia al orden jurídico mientras no se lo cambie por las vías previstas. Lo primero pertenece a las monarquías y a los regímenes autoritarios, y ningún Estado democrático puede exigirlo, porque la adhesión íntima no se ordena desde fuera. Lo segundo es perfectamente compatible con la libertad de conciencia: en democracia, también el crítico de la Constitución puede jurarla, precisamente porque acatar no es adherir, sino aceptar las reglas del juego. Por eso Ruiz Miguel describe el juramento del representante como un compromiso de juego limpio democrático. Así, quien quiere participar en la formación de las leyes declara públicamente que respetará las reglas que hacen posible esa participación.

Esta parece ser la clave para comprender la función del juramento en las actuales democracias. El juramento permite vincular el compromiso público con las convicciones personales de quien lo presta. Esa es su fuerza y también su tradición. Pero de esa vinculación no se sigue lo que a veces se pretende. Es decir, que las convicciones privadas del representante puedan gobernar o incluso supeditar el encargo que recibió en las urnas. Ocurre más bien lo contrario. Incluso cuando los ciudadanos votan esperando que sus creencias o sus opciones, cualesquiera que estas fueran, sean privilegiadas por su representante, el ejercicio del cargo queda siempre supeditado al orden constitucional, no a la conciencia de sus electores o del propio representante. El juramento no reemplaza a la Constitución ni a la ley. Quien jura por Dios, por su familia o por su tierra, expresa lo que ama, y nada hay que objetar a ello; pero no adquiere con ello un título para actuar en la vida pública como quien cumple un mandamiento religioso o el programa de una facción moral de la sociedad. Al contrario, lo que el juramento hace es poner esas convicciones al servicio de un compromiso que es superior, el de ejercer una función que no le pertenece a quien la ocupa.

Si esto es así, parece que los antiguos tenían razón. También en los tiempos actuales, el juramento todavía puede cumplir un papel relevante. No porque las palabras tengan poderes mágicos, sino porque la república se sostiene, en última instancia, con personas capaces de obligarse públicamente a través de la palabra. Quienes juraron el viernes, al margen de lo que hayan invocado en cada juramento, si lo han hecho con veracidad, asumieron ese compromiso: el de defender una Constitución que está por encima de sus propias convicciones cuando se trata del servicio público.

El próximo 28 de julio se cumplen cinco años desde que concluyó el Gobierno de Transición y Emergencia con una accidentada transmisión de mando y sin entrega protocolar de la banda presidencial. El desplante de la Presidenta del Congreso al Presidente de la República, quien, de acuerdo con la Constitución “es el Jefe de Estado y personifica a la Nación” (art. 110), fue un presagio del deterioro de los poderes Ejecutivo y Legislativo durante los cinco años siguientes. El exabrupto del actual Presidente del Congreso al intentar reproducir ese desplante, así como su rápida y dudosa rectificación, son una demostración del refrán “lo que mal empieza, mal acaba.”

​Antes de esbozar algunos desafíos que enfrenta el nuevo gobierno que inicia su gestión el 28 de julio de 2026, quizás sea pertinente recapitular algunos resultados de la gestión gubernamental que me tocó encabezar.

​El Gobierno de Transición y Emergencia inició su laborel 17 de noviembre de 2020 sin contratos firmes para comprar vacunas, con una aguda escasez de oxígeno medicinal y de unidades de cuidades intensivos, la peor caída económica en decenios, y con protestas sociales. El elevado número de víctimas de la pandemia, las restricciones de movilidad y la pérdida de ingresos habían creado incertidumbre, desazón y angustia en la población, y las elecciones generales estaban programadas cinco meses más tarde en un ambiente político polarizado y tóxico.

Al terminar nuestra gestión el 28 de julio de 2021habíamos asegurado dosis para vacunar tres veces a la población objetivo, aumentado siete veces el suministro de oxígeno, triplicado las unidades de cuidados intensivos y recuperado el crecimiento económico. Enfrentamos las protestas sociales respetando los derechos humanos;denunciamos a los dos efectivos policiales que incumplieron órdenes expresas de no usar armas de fuego y causaron tres fatalidades. Ninguno de los ministros del Gobierno de Transición y Emergencia ha sido acusado o investigado por corrupción.

Estos logros fueron posibles gracias a la colaboración entre las entidades públicas, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas y las iglesias que, superando los antagonismosexhibidos durante los gobiernos precedentes, unieron esfuerzos y trabajaron coordinadamente para superar los desafíos de la pandemia. El apoyo de la ciudadanía en todo el país fue fundamental para sostener las iniciativas conjuntas y enfrentar razonablemente los desafíos que enfrentó el Gobierno de Transición y Emergencia.

Los siguientes cinco años han sido una oportunidad perdida. Los cuatro presidentes entre 2021 y 2026 no aprovecharon lo que dejó el Gobierno de Transición y Emergencia, incluyendo el informe final de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial y las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú. Un absurdo intento de golpe de Estado, una matanza de ciudadanos en el Sur del Perú, unidas a exhibiciones de corrupción, frivolidad e incompetencia, caracterizaron a quienes ejercieron el cargo más alto en el Poder Ejecutivodurante ese período.

Salvo honrosas excepciones, los miembros del Congreso con mayor rechazo en la historia reciente demostraron su desprecio a la ciudadanía, aprobaron leyes que favorecen la impunidad de los delincuentes, aumentaron el gasto público sin pudor, duplicaron su propio presupuesto, y legislaronfavoreciendo a grupos de interés afines a ellos. Interfirierongroseramente en la administración de justicia, rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado, y se autoerigieron en una Asamblea Constituyente clandestina, modificando más de cincuenta artículos de la Constitución sin consultar a la ciudadanía.

El gobierno entrante enfrenta una situación complicada. A los problemas urgentes de la inseguridad ciudadana con extorsiones, traficantes y sicarios por doquier, el impacto del fenómeno de El Niño que se anticipa el más severo de los últimos decenios, y el colapso de los sistemas de salud y educación pública, se une el descalabro de las instituciones gubernamentales en todos los ámbitos. La corrupción en el gobierno central, los gobiernos regionales, provinciales y los distritales ha llegado a niveles sin precedente, al mismo tiempo que se han paralizado miles de obras públicas por la incompetencia de sus autoridades y funcionarios.

La precaria estabilidad económica de que hemos gozado durante un largo tiempo se basa en los extraordinariamente altos precios de nuestros productos de exportación, y especialmente los minerales, que podría durar algunos años más. De revertirse esta situación excepcional por una crisis económica o financiera internacional, quedaremos expuestos a sufrir una recesión que ni el último bastión meritocrático de la administración pública: el Banco Central de Reserva, podría evitar. De suceder esto, al tener una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y el Caribe, una reducción de nuestras exportaciones generaría una severa disminución en la recaudación de impuestos que, unida a la farra fiscal aprobada por el Congreso, nos llevaría a una recesión, aumento de la pobreza y a protestas ciudadanas generalizadas.

Por otra parte, es posible utilizar el momento excepcional que favorece nuestras exportaciones para reordenar la estructura tributaria, racionalizar el gasto público, promover la inversión privada y el crecimiento económico inclusivo, y utilizar sustentablemente el rico acervo de recursos naturales con que hemos sido privilegiados. Sin embargo, no existe la posibilidad de aprovechar oportunidades, neutralizar amenazas y responder a los desafíos sin reformas institucionales. Entre otras cosas, esto implica recomponer el aparato estatal, reestablecer el equilibrio de poderes, evitar el copamiento del Sistema Judicial y de otras entidades del Estado por funcionarios y políticos inescrupulosos. Requiere también atender los justos y urgentes reclamos de las regiones postergadas, especialmente en el Sur y en el Oriente de nuestro país, además de promover y destrabar la inversiónprivada ahora atrapada en una maraña de regulaciones sin sentido.

Una visión de futuro realista, una imaginación práctica y una concertación de esfuerzos ayudarían al nuevo gobierno en el diseño e implementación de estrategias y políticas sensatas que nos acerquen progresivamente a lo que podemos y debemos ser como país. Esta es la tarea para el gobierno que se inaugura este 28 de julio; como diría el maestro Jorge Basadre, es a la vez un problema y una posibilidad.

¿Estará la Presidenta de la República limitada por compromisos adquiridos a lo largo de los años con quienes la han apoyado? Aún más importante, ¿podrá hacerlo considerando la manera en que se ha comportado su partido, Fuerza Popular, durante los últimos años en el Congreso?

Para definir el desafío de la Presidenta Keiko Fujimori, quizás sería útil recurrir a Miguel de Cervantes y su caballero andante, Don Quijote, quien sostenía que “es mi oficio y ejercicio andar por el mundo enderezando tuertos y desfaciendo agravios.” Sólo que los tuertos y agravios los ha perpetrado, apoyado y tolerado durante un decenio su propio partido, Fuerza Popular, en colusión con congreistas protervos.

En el Congreso unicameral saliente lo vimos con frecuencia, parlamentarios que juraban una cosa y votaban otra, que cambiaban de bancada con la misma facilidad con que se cambia de camisa y que convertían el voto popular en moneda de cambio personal. El nuevo Congreso bicameral llevaba apenas horas de vida cuando ese personaje reapareció.

El bloque opositor conformado por Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación había alcanzado un acuerdo preciso y transparente. Votar en bloque y mostrar públicamente sus cédulas para que el país pudiera ver con sus propios ojos que cada parlamentario cumplía lo que había prometido.

El acuerdo era necesario precisamente porque los votos estaban empatados y cualquier desviación tendría consecuencias directas sobre el resultado. Alguien del bloque decidió no cumplirlo.

En la segunda vuelta, todos mostraron su voto menos una persona, según confirmó el propio candidato de la lista opositora, Daniel Barragán. El resultado de la votación cambió por un solo voto.

El senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, sostuvo que estamos frente a un acto de traición.

Traicionar un acuerdo político en el primer acto legislativo del nuevo bicameralismo no es un descuido, es una señal. Y la señal que envía no es sobre el fujimorismo sino sobre la fragilidad de cualquier coalición que no tenga mecanismos reales para garantizar la lealtad de sus miembros cuando el momento decisivo llega.

El Consenso por la Democracia anunció que mantendrá su unidad y que no nombrará responsables hasta esclarecer lo ocurrido. Esa decisión es correcta.

Lo que este primer episodio le enseña al bloque es que la transparencia no puede depender de la voluntad individual de cada parlamentario. Necesita reglas, mecanismos de rendición de cuentas internos y la disposición de actuar cuando alguien los incumpla.

El tránsfuga regresa siempre, si es que en la practica alguna vez se fue. El reto será lograr que la oposición democrática esté preparada para lograr transparencia en beneficio de los contrapesos necesarios.