Ante las comisiones de Cultura y de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales, afirmó que los huacos dañan a los niños y “les despiertan a una sexualidad para la que no están neurológicamente preparados”. Además, aseguró que ha realizado mesas de trabajo con psiquiatras y psicólogos que avalaron su tesis; sin embargo, no hizo públicos sus nombres. Pero, además, si revisamos el proyecto de ley original, PL 3383/2022-CR, presentado por Jáuregui hace cuatro años, el único sustento de la supuesta afectación psicológica es la opinión del Dr. Gabriel Flores Ciani, psicólogo argentino conocido por asesorar a organizaciones de ultraderecha, evangélicas y provida, quien afirma que las imágenes eróticas generan alteraciones en las emociones de los menores, con posibles consecuencias en sus vidas.

Presentar proyectos de ley sin sustento o basados en datos y fuentes no rigurosas es la nueva normalidad. Todo vale: me invento un daño que la comunidad científica no sostiene, refiero fuentes no reconocidas por ningún órgano internacional y utilizo “expertos” que acaban resultando correligionarios solapados. En este caso, los dos puntos fundamentales que deben probarse son: la relación huaco erótico-daño psicológico al menor y la relación huaco erótico-incitación a una sexualidad temprana. De lo primero, no hay evidencia y así lo han manifestado varios psicólogos y organizaciones civiles que señalan que no existe ningún estudio que atribuya secuelas neurológicas o psicológicas a la observación de piezas arqueológicas o culturales, mientras que el verdadero factor de riesgo es el consumo prematuro de pornografía en internet. Expertos como el Dr. Gary Manuel Rivera Molina, psicólogo clínico del Ministerio de Salud del Perú y miembro de la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual, sostiene que la curiosidad de los niños frente a estas imágenes debe abordarse mediante una comunicación natural y sencilla por parte de los padres, adaptada a su etapa de desarrollo.

Ante la evidente avalancha de indignación de algunos y burlas de otros, la diputada Paola Martínez, de Renovación Popular, salió a echar una mano a su colega Jáuregui y dijo en RPP TV que tenemos una cultura hipersexualizada y que “existen informes de las UGEL y de las DREL que indican que los niños se están iniciando tempranamente dentro de las unidades educativas”. No he encontrado rastro de tales informes, por lo que he realizado un pedido al Minedu solicitándolos. Mientras tanto, la evidencia consta en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), que realiza el INEI cada año. La última publicada, referida a datos de 2025, refleja que la edad media de la primera relación sexual de las mujeres que hoy tienen entre 25 y 49 años —a los hombres ni les preguntan— fue de 18,2 años, dato que no ha tenido variación significativa en los últimos cinco años. Por regiones, la selva es la de inicio más precoz, con 16,8 años, y la costa y la sierra empatan con 18,5 años. Por etnias, las mujeres que se autoidentifican como blancas son las de más temprano inicio —a los 17,8 años en promedio— y las mestizas, las más tardías, con 18,4. No parecería, entonces, que la edad sea tanto el problema, sino otros factores: de un lado, las relaciones sexuales forzadas, es decir, la violencia; y, del otro, el desconocimiento sobre la protección frente a enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado.

Los abanderados de la infancia deberían preguntarse a qué se debe que la encuesta demográfica más importante del país no aplique un cuestionario de salud sexual y reproductiva a los hombres y dejar de despilfarrar nuestros impuestos en proyectos de ley absurdos e inconducentes. Y, sobre todo, están a tiempo de restituir la educación sexual en las escuelas, pues cuatro de cada diez mujeres encuestadas no utilizaron preservativo en su primera relación sexual, el 17,3 % desconocía que el preservativo es la forma de evitar el VIH y la mitad de las que utilizaban la abstinencia periódica como método anticonceptivo ni siquiera conocía su período fértil.

*Profesora de la Pacífico Business School

En el Perú, la dimensión del problema quedó reflejada en los resultados de PISA 2025: el país obtuvo 390 puntos en lectura y una proporción importante de alumnos no alcanza el nivel 2 de lectura, considerado el umbral en el que los estudiantes comienzan a demostrar capacidades para participar de manera efectiva en la vida social. Esta situación revela una dificultad que va más allá del curso de Comunicación, pues para comprender una consigna, resolver un problema matemático o interpretar un texto científico resulta indispensable comprender lo que se lee, para referirnos solo al ámbito académico.

Este déficit en los estudiantes también tiene consecuencias fuera del aula. Quien no comprende adecuadamente la información escrita enfrenta mayores dificultades para analizar mensajes, distinguir hechos de opiniones y tomar decisiones fundamentadas; en definitiva, se ven afectadas las posibilidades de generar nuevos conocimientos y favorecer su desarrollo integral. Por ello, fortalecer la comprensión lectora no significa solamente mejorar las calificaciones, sino ampliar las herramientas con las que los alumnos, como ciudadanos activos, interpretan su realidad y participan en ella.

El pedagogo brasileño Paulo Freire, quien investigó profundamente la dimensión social del aprendizaje de la lectoescritura, sostenía que “la alfabetización no solo es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos”. Según su propuesta, aprender a leer adecuadamente proporciona una herramienta fundamental para ampliar los conocimientos y mejorar las oportunidades socioeconómicas de las personas.

No solo es tarea del maestro

Frente a esta problemática, el papel del docente es fundamental. Dentro del aula, su trabajo, ligado a la retroalimentación, constituye una herramienta clave. No se trata de corregir con un simple «está bien» o «está mal», ni de entregar inmediatamente la respuesta correcta. Su labor es incentivar el proceso cognitivo que permita al estudiante reconocer dónde se encuentra, qué objetivo debe alcanzar y cuáles son los pasos que puede seguir para mejorar.

En efecto, el rol del magisterio es determinante, pero para afrontar esta problemática se necesita el compromiso del Estado, las familias y la comunidad. Es fundamental promover la lectura desde la infancia, facilitar el acceso a libros, fortalecer la formación docente y crear espacios de acompañamiento. Pero, para alcanzar ello, se deben reducir las desigualdades sociales y económicas que dificultan el aprendizaje. No es solo un tema relacionado con el trabajo en el aula: se trata de desarrollar competencias que nuestros estudiantes puedan utilizar para impulsar la mejora de su entorno.

La tendencia Latinoamericana

Los resultados de PISA 2025 muestran que la crisis de la comprensión lectora no es un problema exclusivo del Perú, sino –lamentablemente— una tendencia internacional que ya era observada antes de la pandemia. La lectura figura entre las áreas que más han retrocedido en la última década. Frente a este indicador, se suma la disminución de la lectura por placer, el creciente uso de dispositivos digitales y la exposición a contenidos breves y fragmentados que pueden afectar la capacidad para comprender textos extensos y más complejos.

Por esto, el Perú debe convertir la comprensión lectora en una prioridad de sus políticas públicas y actuar desde ahora, sin esperar a que una nueva evaluación confirme lo que ya sabemos. No basta con acumular datos, emitir diagnósticos ni limitarse a la autocrítica burocrática. Es necesario pasar a la acción y asumir con responsabilidad la búsqueda e implementación de soluciones. Solo así podremos superar el estancamiento social –y político— al que nos ha conducido relegar la educación durante tanto tiempo.

El paro de 24 horas convocado en la capital regional ha expresado el rechazo unificado de organizaciones vecinales a la permanencia del Organismo Técnico de Administración del Servicio de Saneamiento. Este ente del gobierno central facultado para intervenir en empresas municipales de agua, hace ya varias semanas, no ha solucionado la falta del líquido elemento en muchas zonas de esa región. Los manifestantes exigen la destitución de los funcionarios responsables y una declaratoria de emergencia del servicio.

En pocas palabras, piden que la administración de la presidenta Keiko Fujimori disponga las capacidades técnicas de su gobierno para solucionar esto más pronto que tarde. Que una ciudad se vea en la necesidad de detener su vida para pedir agua en pleno año 2026 es algo más que tendría que suscitar una discusión de Estado que apunte a reducir este deuda vital.

Los peruanos, desde hace varios años, ha sido testigo que todavía hay quienes se ven obligados a tener que protestar para exigir condiciones básicas para si quiera subsistir. Por un lado, los transportistas públicos y muchos empresarios que demandan seguridad para poder trabajar sin el temor diario a ser asesinados a balazos víctimas de la extorsión y el sicariato en Lima. Y, por otro, compatriotas huanuqueños luchando por que se garantice su derecho a este recurso natural elemental.

La garantía de este acceso requiere de un Estado que trabaja en dotar a las alcaldías de los instrumentos técnicos necesarios para que la ejecución de presupuesto en las prioridades ciudadanas se dé de forma eficaz. Y, por supuesto, del compromiso de las autoridades locales en asumir cargos y asumir el compromiso de administrar los recursos públicos. En el caso del distrito de Huánuco, según el portal Transparencia al cierre de la presente edición, no superaba en 10% de nivel de ejecución presupuestal anual para saneamiento urbano. La falta de agua es su consecuencia.

Hay una oportunidad que no podemos desperdiciar: la confianza que conserva el sector productivo. Puede convertirse en inversión, empleo y crecimiento. Pero hace falta un norte. El gran ausente de estos cien días ha sido el rumbo. Un país que no sabe hacia dónde va difícilmente avanza.

También hay señales que preocupan. Es importante fortalecer nuestras relaciones con todos los países, especialmente con las principales potencias económicas. Pero cooperación no significa sumisión ni puede implicar renunciar a nuestra soberanía. El Perú debe relacionarse con el mundo desde sus propios intereses, con dignidad y autonomía.

Tampoco podemos normalizar los retrocesos en derechos humanos ni abrir paso a la impunidad. Las propuestas de amnistía que busquen impedir la investigación, el procesamiento y la sanción, cuando corresponda, son inadmisibles, vengan de donde vengan. Contravienen las obligaciones internacionales del Perú y debilitan la lucha por la verdad y la justicia.

El equilibrio de poderes es indispensable para la democracia. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de gobernar y el Legislativo de legislar, fiscalizar y ejercer sus atribuciones. Pero preocupa que estemos entrando en un juego perverso, más parecido a una campaña electoral permanente que al ejercicio de las responsabilidades de gobierno y a una oposición constructiva, pero firme.

La delegación de facultades no puede convertirse en una excusa para no avanzar. La Constitución contempla distintas herramientas para legislar y dar prioridad a las iniciativas urgentes del Ejecutivo. Cuando hay claridad sobre lo que se necesita y voluntad de construir acuerdos, siempre hay caminos. La Cámara de Diputados no puede convertirse en una mesa de partes donde se decide qué ingresa, pero se pierde la capacidad de deliberar e incidir en lo que finalmente se aprueba.

En seguridad no bastan operativos, anuncios ni visitas a los penales. Se necesita una política pública sostenida, inteligencia para desarticular redes criminales y decisiones firmes que se cumplan. No se debe concentrar a los cabecillas en un mismo penal: podrían coordinar sus redes desde allí.

El sistema penitenciario exige firmeza y visión de futuro. En febrero de 2026, el INPE registraba 104.555 personas en los penales: 38.485 procesadas y 66.070 sentenciadas. El 95% de quienes hoy están presos volverán a la sociedad. Mi apuesta es la resocialización. La cárcel no puede ser una escuela del delito ni un centro de extorsión.

Eso exige control, tecnología, tratamiento y deshacinamiento. Y enfrentar la corrupción. Ningún plan funciona si la corrupción lo captura. Hay que controlar los recursos y asegurar que las decisiones se cumplan. La inteligencia debe servir para anticipar delitos, nunca para perseguir opositores.

Pero tampoco se trata de inventar soluciones simples para problemas complejos. Nada bueno es fácil. Se necesita capacidad, perseverancia y políticas públicas que pongan a las personas en el centro. No podemos perder de vista a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad: los pueblos indígenas, los niños y niñas, las mujeres y tantas personas que viven sin acceso efectivo a sus derechos y oportunidades. Gobernar también es mirar donde el Estado todavía no llega, escuchar, proteger y generar condiciones para que las personas puedan salir adelante. Necesitamos solidaridad, empatía y compromiso.

También debemos prepararnos para enfrentar los efectos de las lluvias y del fenómeno El Niño. No es momento de buscar a quién echarle la culpa por lo que no se hizo, sino de sumar capacidades y trabajar juntos para hacer, desde ahora, todo lo que esté a nuestro alcance.

No voy a fingir una confianza que todavía no existe. La confianza se construye cada día, con resultados. El país tiene oportunidades; necesitamos un gobierno que las convierta en seguridad, trabajo y esperanza.

porque echan azote' sin cesá”

La noche pasada y con ocasión del Día de la Canción Criolla, escuché este doloroso estribillo que aún se canta en el Perú. La tortura y las vejaciones sufridas por los esclavos negros son evocadas allí.

No era la primera vez que lo oía, pero en los años ochenta tuve la suerte de conversar con un peruano extraordinario, Nicomedes Santa Cruz (1925-1992), quien me contó la historia que da sentido a ese panalivio.

Según me relató Nicomedes, al hacendado de La Molina, diecisiete esclavos se le habían fugado, pero los recuperó después de un mes en el que los cimarrones no pudieron encontrar un sitio donde esconderse. Entonces, aunque su caporal le había aconsejado que solamente les cortara las orejas, los mandó a ejecutar al sentirse presionado por el pedido general de los otros patrones que se veían amenazados por el mal ejemplo.

“Cuando se sacrifica un toro en la arena, por lo menos se puede aprovechar su carne”, pensó.

Le respondieron: “Es la ley, y usted tiene que cumplirla”.

Pensó que la ley le iba a significar un dispendio considerable, puesto que los diecisiete negros habían sido ejemplares de crianza, robustos y carísimos representantes de su raza, y tal lo fueron que no fue necesario atarlos a una estaca para ser flechados porque preferían la muerte a continuar en La Molina.

 “A la Molina no voy más porque echan azote sin cesá”, eso dicen que cantaban antes y después de morir.

-¿Después de morir cantaban?

-¡Claro!, porque dejaron fantasmas.

Cimarrón era llamado por entonces el esclavo que se rebelaba en busca de la libertad. En nuestros días, el poeta Santa Cruz, con su poesía brava y montaraz que es un desafío permanente, puede merecer el mismo nombre: cimarrón.

Me acuerdo de que conocí a Nicomedes en la Casa de la Cultura. Él era poeta, decimista, investigador y promotor cultural. De inmediato nos hicimos amigos y comenzamos a tratarnos de compadres. Más joven que él, me sentía feliz de tener amistad con un hombre que promovía los derechos del pueblo afroperuano e intentaba reconstruir su memoria histórica.

Era un poeta permanente y creaba décimas con todo lo que estuviera frente a sus ojos. Ese es acaso su primer aporte. El segundo es su formidable contribución a la música afroperuana. Y el tercero es su permanente investigación que ayudaría a sistematizar el folklore afroperuano.

Escribiría Nicomedes:

“Del África llegó mi abuela

vestida con caracoles,

la trajeron los españoles

en un barco carabela.

La marcaron con candela,

la carimba fue su cruz.

Y en América del Sur

al golpe de sus dolores

dieron los negros tambores

ritmos de la esclavitud”.

Hay poemas como el que acabo de evocar que dan información sobre la bestial explotación que han sufrido los esclavos y sus herederos en el Perú.

“Por una moneda sola

la revendieron en Lima

y en la hacienda ‘La Molina’

sirvió a la gente española.

Con otros negros de Angola …”.

Las diversas convulsiones y movimientos sociales que han buscado cambios hacia el progreso en nuestra historia intentaron lograr que todos los peruanos ocupen el espacio que les corresponde. Sin embargo, la emergencia abusiva de un pasado criminal ha aplastado mucho de aquello.

Recordar voces como las de Nicomedes significa comenzar a comprender al Perú y tal vez sea algo de lo que debemos hacer en adelante. Nicomedes es uno de los libertadores de nuestra cultura, y debemos recordar todo el tiempo su afán por ubicar al pueblo afrodescendiente en los espacios políticos y sociales que le corresponde.

-Ojalá hubieras nacido en el norte del Perú. Ya tendríamos escrita nuestra historia -le dije una vez.

Nicomedes sonrió y comenzó a recordar unas décimas que había escrito a Chepén, el pueblo de mi nacimiento.

“Antes que el rudo Pizarro

y antes que el Inca también

cuando el cerro era un guijarro

ya Chepén era Chepén.

Diez siglos antes de ahora,

mil años de cien en cien,

cuando era niña la jora

ya Chepén era Chepén”

Un día en que yo caminaba con mi amigo Desiderio Blanco (después rector de la Universidad de Lima), nos topamos con Nicomedes y se me ocurrió presentarlos. A la manera española, Desiderio dijo su apellido y esperó que Nicomedes repitiera el suyo.

-Blanco -dijo y repitió: -Blanco. Blanco -esperando el apellido de su presentado.

Nicomedes se lo quedó mirando y respondió:

-¡No-é’ para tanto!

Vale aclarar que este período ciertamente no basta para resolver los problemas estructurales de un país, que en el caso del Perú no son pocos.

Teniendo todo esto en consideración, el recuento de esta primera centena de días de la presidenta Keiko Fujimori, para pesar de los postergados peruanos, no habla de logros incompletos ni de reformas en tránsito, sino de un Estado que opera bajo los mismos parámetros en que fue recibido.

La seguridad, que fue el eje central de la oferta fujimorista sigue en condiciones parecidas a la gestión de Boluarte, Jerí y Balcazar. Al cabo de este primer trimestre, la tendencia delictiva se mantiene sin que emerja una política de seguridad articulada que justifique la expectativa sembrada durante la campaña.

Paralelamente, los mercados populares reflejan, con más fidelidad que cualquier estadística oficial, la presión que la canasta básica acumula sobre los hogares peruanos. En otras palabras, no es casualidad que los precios de los productos de primera necesidad hayan continuado su escalada sin que el partido gobernante haya exhibido una propuesta de estabilización, más allá de pronunciamientos que no han encontrado traslado en las finanzas públicas.

En este desgobierno destaca en los mismos términos la gestión del canciller Carlos Espá, quien además de exponer a la jefa de Estado al bochornoso viaje a El Salvador, ha marcado un giro que contrasta con la tradición diplomática peruana, cimentada durante décadas en el respeto al derecho internacional y en la independencia de criterio frente a los bloques de poder de turno.

Esa línea no es menor porque ha acelerado la precarización de lo que fuera una de las islas de eficiencia en el Estado peruano. Y esa pérdida de liderazgo es sentida en el sistema internacional. Lo único aprobado ha sido el Escudo de las Américas que hasta ahora no ha presentado al país una hoja de ruta que justifique su adhesión.

Sin embargo, el episodio más revelador de esa brecha entre el discurso y la ejecución es la delegación de facultades que el oficialismo obtuvo del Congreso, luego de desnaturalizar su reglamento para imponer puntos sin consenso. A cien días del inicio del mandato, ningún decreto ha sido publicado hasta el momento.

Pero este desgobierno corresponde a la continuidad de un régimen que carece de voluntad y capacidades reales para convertir compromisos en acción para luchar contra la criminalidad y gobernar para los peruanos. Y eso, por el bien del país, debe corregirse pronto.