Por su parte, las artes, especialmente la música, la poesía y el teatro, desempeñaban un papel decisivo en la educación ética e intelectual de la población. Mediante la reflexión sobre cuestiones como la justicia, el poder, el deber y las decisiones humanas, fomentaban el pensamiento crítico y la conciencia social. En este contexto surgió la noción de catarsis, entendida como la experiencia emocional que permitía a los asistentes de un espectáculo confrontar sentimientos profundos como el miedo, la compasión o la indignación, fortaleciendo así su juicio moral y su capacidad para actuar con responsabilidad incluso en situaciones adversas.

De esta manera, artes y deportes actuaban complementariamente para alcanzar el ideal de la kalokagathía, es decir, la armonía entre la excelencia física y la virtud moral. Este equilibrio no solo favorecía el desarrollo individual, sino que también contribuía a la cohesión de la comunidad, ayudando a moderar las tensiones propias de la vida social y política en las polis griegas.

Las ARMY y el efecto Bangtan

El fenómeno social que rodea el éxito de la banda surcoreana BTS puede analizarse desde una perspectiva similar a la de la Antigua Grecia. La comunidad de sus fanáticos o ARMY establece con la música y el espectáculo una conexión que va más allá del entretenimiento, participando activamente de una experiencia colectiva cargada de significado, tanto dentro como fuera de los estadios. Las canciones del grupo abordan temas como la autoestima, la salud mental, la perseverancia y la aceptación personal, mensajes que muchos seguidores incorporan a sus propias experiencias de vida.

Hay estudios que señalan que la participación en el fandom de la banda surcoreana fortalece el sentido de pertenencia, la identidad personal y el bienestar emocional de sus miembros. Esto ayuda a comprender el impacto del término Bangtan, abreviatura del nombre en coreano de la agrupación (Bangtan Sonyeondan), que puede traducirse como Boy Scouts o chicos buenos a prueba de balas, una idea asociada a la fortaleza frente a las críticas, las dificultades y las presiones de la vida común.

De muchas formas, esta influencia puede relacionarse con la noción griega de catarsis. En el teatro ateniense, los ciudadanos experimentaban emociones intensas mediante las tragedias y comedias, reflexionando colectivamente sobre la justicia, la responsabilidad y el bien común. De manera semejante, los conciertos, las presentaciones y la interacción constante de BTS con sus seguidores generan respuestas emocionales profundas que permiten expresar alegría, esperanza, tristeza, empatía y sentimientos de superación dentro de su comunidad.

Cabe señalar que el vínculo que las ARMY establecen con la música y los mensajes del grupo se prolonga en la vida cotidiana a través de espacios de identificación, apoyo mutuo y acción colectiva, muchas veces con acciones de ayuda social. Así como las artes y los deportes ayudaban a construir la identidad de las polis griegas, BTS ha dado origen a una comunidad global unida por valores, símbolos y objetivos comunes.

Buscando alianzas pedagógicas

La educación griega no tuvo que enfrentar los desafíos de la hiperconectividad digital que caracterizan a nuestro tiempo. Hoy sabemos que las redes sociales pueden fomentar la dependencia de la interacción, la búsqueda de aprobación y, paradójicamente, el aislamiento detrás de una pantalla. Por ello, resulta indispensable promover entre los jóvenes una formación integral que combine el cuidado del cuerpo, la salud emocional, el pensamiento crítico y el compromiso con la comunidad.

Las nuevas generaciones necesitan más que nunca espacios para practicar deportes, participar en actividades artísticas, dialogar cara a cara y colaborar en proyectos colectivos que fortalezcan vínculos reales. En un país donde la oferta cultural es limitada, vale la pena observar experiencias como la comunidad ARMY, que ha transformado una afición musical en un espacio de pertenencia, apoyo mutuo y formación de valores. Todo aquello que ayude a los jóvenes a utilizar el mundo digital como una herramienta para crecer, relacionarse y comprometerse con los demás, en lugar de aislarse, merece ser estudiado y promovido. Si siete muchachos de Corea del Sur pueden generar un impacto positivo de esa magnitud, bienvenida sea la lección de Bangtan.

El Ministerio de Educación ha presentado lineamientos para gestionar la disciplina escolar. La propuesta incluye criterios para que las medidas sean proporcionales a las faltas. Es necesario que los docentes tengan autoridad y que la escuela pueda actuar cuando las familias no cumplen su responsabilidad.

La discusión no es si debe haber reglas, sino si las escuelas tendrán el respaldo necesario para aplicarlas. Durante décadas, el país fue construyendo un modelo de convivencia centrado en la prevención: anticiparse a los problemas en lugar de intervenir solo después de que ocurran.

La nueva propuesta pone el énfasis en las sanciones, sin asegurar los recursos que deberían acompañarlas.

Los lineamientos describen al SíseVe, el sistema de reporte de violencia escolar, como un mecanismo de “fiscalización punitiva y burocrática” contra los docentes y propone reemplazarlo con una nueva unidad del Ministerio.

Si los maestros temen reportar casos por las consecuencias que podrían enfrentar, corresponde corregir ese problema. Pero proteger su autoridad no puede significar que la violencia deje de registrarse. El SíseVe ha permitido hacer visible lo que ocurre en las escuelas. Registrar los casos ayuda a las familias a conocer el problema y al Estado a identificar dónde debe intervenir.

Cualquier cambio debe preservar esa función y mejorar la respuesta. La propuesta también promete acompañar al estudiante durante los procesos disciplinarios.

Sin embargo, las escuelas públicas carecen de suficientes psicólogos y el planteamiento no precisa qué presupuesto permitirá cubrir esa falta.

Sin profesionales ni recursos, el acompañamiento queda en el papel. La situación es aún más grave en zonas donde las redes criminales captan a niños de diez u once años. Allí, sancionar sin ofrecer apoyo deja sin atender el riesgo de fondo. La escuela necesita autoridad, pero también respaldo: psicólogos, formación docente y un currículo que fortalezca la prevención y la convivencia.

El Estado no puede exigirle que resuelva sola problemas para los que no le da herramientas. Los padres de familia tienen mucho que perder si ese apoyo no llega, y razones de sobra para exigirlo.

Crecí entre dos mundos que en mi casa eran uno solo. Mi padre, Francisco Iriarte Brenner, entendía la cultura como un asunto identitario: que se protege porque es parte de nuestra historia nacional. Mi madre, Milly Ahón Olguín, la entendía como cuerpo, ritmo, pañuelo, coqueteo y respeto. Él trabajaba la memoria desde la historia. Ella, en forma de movimiento.

Hubo un tiempo en que proteger patrimonio significaba, casi exclusivamente, proteger piedra, huacas, templos, casonas. Lo que se podía tocar y fechar era lo que el Estado sabía nombrar. Una danza no se deja encerrar. Se transmite de cuerpo a cuerpo, se transforma, se discute, y por eso es tan frágil.

Que la primera declaración de patrimonio inmaterial de la Nación haya sido la de la marinera no me parece casualidad. Y que ocurriera cuando mi padre estaba al frente del patrimonio cultural tampoco lo veo como simple coincidencia, aunque me divierte pensarlo así. Me gusta imaginar que en esa decisión hubo algo de lo que se hablaba en casa: una nación no es solo lo que hereda en piedra, sino lo que sigue haciendo en la vida misma.

Con los años, dedicado a tecnología y derechos, entendí que aquella discusión era, sin saberlo, sobre bienes comunes. La marinera lo es en el sentido más bello: nadie la inventó solo, es absolutamente mestiza, nadie la posee y, sin embargo, cada pareja que la baila la vuelve suya por tres minutos.

Mi madre sabía eso sin teoría. La marinera no es una coreografía que se ejecuta, sino un diálogo que se sostiene: pregunta, respuesta, desafío, cortejo, con una elegancia que no admite estridencias. De ella aprendí que la “marinera no se baila con los pies, sino con el corazón”. Y al verla enseñar, entendí lo que significa transmitir. Cuando dirigió la Escuela Nacional de Folklore, tomaba partido por una idea de país en la que la tradición se aprende en comunidad, con rigor y sin solemnidad vacía.

El Día de la Marinera me hace pensar en esa doble custodia. Mi padre protegía lo que mi madre encarnaba, y mi madre encarnaba lo que mi padre protegía. El papel sin el cuerpo es archivo muerto; el cuerpo sin el papel queda a merced del olvido o de la apropiación. Hacen falta ambos: reconocimiento y transmisión.

El 30 de enero de 1986, con la RS 022-86-ED, el Estado peruano declaró Patrimonio Cultural de la Nación a las formas coreográficas y musicales de la marinera, en sus diversas variedades regionales. El Ministerio de Cultura reconoce hoy aquel acto como la primera declaratoria de este tipo realizada por el Estado peruano.

Es decir: antes de que existiera la actual arquitectura institucional del Ministerio de Cultura, antes de que habláramos cotidianamente de “patrimonio cultural inmaterial”, antes de que la Convención de la UNESCO de 2003 estableciera internacionalmente un lenguaje común para proteger estas manifestaciones, el Perú ya había dado un paso fundamental.

Hoy esa tensión es más urgente. Las redes han hecho que miles de personas descubran la marinera y la imiten en clips de quince segundos. Eso me alegra. Pero me pregunto qué se pierde cuando la danza se vuelve imagen y deja de ser encuentro, y quién cuenta la historia cuando todos pueden contarla.

Por eso, cuando me preguntan qué significa este día, respondo con una imagen: mi madre con el pañuelo en la mano, a punto de empezar, y mi padre en la mesa haciendo que el Estado entienda que algo que se baila también se hereda.

Mi invitación es sencilla: bailen una marinera, con el corazón. Miren una con atención. Pregunten quién la enseñó. Y agradezcan a quienes la bailaron cuando nadie la declaraba, y a quienes firmaron el papel para que nadie pudiera decir que no importaba.

Yo lo agradezco desde la mesa donde aprendí que la memoria de un país se cuida con amor por lo que somos y quienes somos.

En los últimos años, Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga, ha rescindido contratos unilateralmente desde su rol como alcalde de Lima, acusó de fraude sin pruebas en las últimas elecciones, renunció inconstitucionalmente a su curul en el Senado y se presentó como candidato a la reelección en la capital, en contra de lo establecido en el artículo 194 de la Carta Magna.

En paralelo, el partido de gobierno, Fuerza Popular, desde la Comisión de Constitución del Senado, anunció que agregaría nuevos ítems al pedido de facultades delegadas aprobado por la Cámara de Diputados. El problema radica en que el texto aprobado es justamente la versión previamente discutida y acotada por consenso con las mayorías en la cámara baja. En ese sentido, advertir que sumarían pedidos a un documento cuyos requerimientos ya habían sido recortados constituiría una desnaturalización del mismo y un abuso de poder en la cámara alta.

Ambos casos tratan del uso del poder temporal para torcer lo que establece la ley y sostener decisiones a fuerza de votos, sin respetar la Constitución. Lo que agrava el cuadro es que las instituciones diseñadas para impedirlo han optado por el silencio.

El Jurado Nacional de Elecciones tuvo en sus manos la defensa del Estado de derecho antes de que el abuso de López Aliaga llegara hasta donde llegó. Sin embargo, prefirió eludir su responsabilidad, en abierta traición al juramento prestado como presidente de la principal institución electoral del Perú.

En medio de esta ola de traiciones, los peruanos merecen instituciones que los protejan y sobre todo garanticen que nadie, ni siquiera el gobernante de turno, pueda abusar de su poder contra ellos. Lamentablemente, ese límite está cada vez más difuso.

En el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los principales actores de la política mundial han explicitado sus respectivas visiones sobre la naturaleza, las contradicciones y las tendencias del sistema internacional en transformación. Sus discursos permiten identificar no solamente distintas interpretaciones de la realidad mundial, sino también las concepciones del poder y del orden internacional que orientan sus políticas exteriores.

El sistema internacional actual presenta una marcada asimetría de poder. Estados Unidos continúa siendo la única potencia con capacidad verdaderamente global, mientras China es el poder emergente que desarrolla progresivamente los atributos que podrían permitirle disputar esa condición. Rusia detenta un poder estratégico-militar, especialmente nuclear, pero sin una base económica y tecnológica equivalente; Europa posee considerable poder económico y normativo, pero carece de unidad estratégica y se encuentra atrapada en el laberinto de Dédalo de la guerra en Ucrania, donde ninguna salida parece serle favorable. Y escala peligrosamente en su discurso las rivalidades con Rusia.

Estos posicionamientos se reflejaron en el debate de la última Asamblea General, que expresó una coincidencia fundamental y, al mismo tiempo, una profunda contradicción. Entre las potencias hay un consenso en torno a que el orden internacional de la posguerra atraviesa una transformación estructural, pero discrepan radicalmente sobre su estructura y qué debe sustituirlo.

Trump, en su discurso, volvió a colocar a Estados Unidos como el centro del poder mundial y única superpotencia capaz de reordenar el sistema internacional en función de sus intereses nacionales. La integración del resto de los Estados en esta estructura de poder emergente la considera al margen de las normas y principios del derecho internacional. La idea es que los otros Estados se inserten en el nuevo orden en función de sus propias cuotas de poder y de las correlaciones de fuerzas con el poder hegemónico. Por ello asume una política de statu quo respecto de Taiwán —correlación de fuerzas equilibrada con China— y reivindica una “soberanía hemisférica” en América Latina —correlación de fuerzas asimétrica con determinados países de la región que se asocian a sus objetivos de política exterior.

China, consciente de su progresiva emergencia como segundo polo global del poder mundial, concibe la coyuntura y el corto y mediano plazo como etapas subordinadas a una perspectiva de largo plazo, en la que sitúa la realización de sus intereses económicos y estratégicos. El vicepresidente Han Zheng expresó en la Asamblea General esta particular visión del tablero de ajedrez mundial. Una estrategia orientada a preservar el orden internacional surgido del fin de la Guerra Fría, basado en el respeto al derecho internacional y regulado institucionalmente por las Naciones Unidas.

En lo inmediato, demandó evitar la erosión del multilateralismo, promover una reforma prudente de las Naciones Unidas, combatir el proteccionismo, «que no arroja ganadores», salvaguardar un sistema comercial multilateral basado en normas y articulado en torno a la OMC, eliminar las barreras arancelarias y las medidas que interrumpen y trastocan las cadenas internacionales de suministro, respetar el principio de una sola China y reconocer el derecho de cada país a elegir libremente su propio sistema político y social.

Todos estos elementos y su apertura al Sur Global como un factor sustantivo del proyecto multilateralista constituyen los escenarios más favorables a su crecimiento económico y posicionamiento estratégico.

Rusia, que mantiene una paridad nuclear estratégica con Estados Unidos y posee un reconocido poder regional, reiteró, en la figura del canciller Serguéi Lavrov, su visión del fin de la hegemonía occidental y el advenimiento de un orden multipolar. Lavrov propugnó una nueva arquitectura de seguridad euroasiática, cuestionó la expansión de la OTAN y atribuyó a Europa occidental la responsabilidad por la prolongación de la guerra en Ucrania. Reivindicó, asimismo, la soberanía de los Estados, la no injerencia y el reconocimiento recíproco de los intereses de seguridad de las grandes potencias.

La aspiración rusa al reconocimiento de su posición en la estructura del poder mundial constituye un elemento central de sus relaciones con Washington y encuentra correspondencia en el enfoque de la administración Trump hacia Moscú. El acuerdo anunciado el 9 de octubre, por el cual Rusia suministrará inicialmente más de 300.000 toneladas de diésel a los mercados estadounidense e internacional y se flexibilizarán las sanciones impuestas por EE. UU., constituye una expresión del realismo con que administran sus intereses. Sus implicaciones para la guerra en Ucrania son evidentes.

Más allá de las distintas percepciones y caracterizaciones del sistema internacional —unipolarismo fragmentado, declive de la hegemonía estadounidense, emergencia de la multipolaridad o preservación del orden internacional de posguerra—, existen evidencias empíricas que permiten identificar algunas tendencias estructurales.

El orden surgido del fin de la Guerra Fría ha agotado sus fundamentos políticos e institucionales; el sistema internacional atraviesa una transición histórica cuyo desenlace permanece abierto; no existen actualmente otros poderes nacionales con capacidades globales equivalentes a las de Estados Unidos que permitan transformar la multipolaridad como aspiración política en una estructura multipolar efectiva; y China constituye la única potencia emergente con posibilidades de configurar, a largo plazo, una nueva bipolaridad.

En este contexto, la contradicción central del sistema internacional se plantea entre el ejercicio del poder y la vigencia de las reglas destinadas a regularlo. Entre poder y normas.

Esta contradicción adquiere una particular relevancia para los Estados pequeños y medianos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha planteado que el orden internacional basado en reglas atraviesa una ruptura y no una simple transición, y que las potencias medias no pueden limitarse a invocar instituciones y normas cuya eficacia se encuentra crecientemente condicionada por las relaciones de poder. Su propuesta de un realismo basado en valores combina la defensa de los principios del derecho internacional con una política exterior pragmática, orientada a diversificar las relaciones económicas y estratégicas, reducir las dependencias que generan vulnerabilidad y construir coaliciones flexibles de Estados en torno a intereses y objetivos compartidos. Se trata de fortalecer la capacidad de acción de los países que —como el Perú y los demás países latinoamericanos— carecen de poder global, mediante nuevas formas de cooperación que puedan contribuir a reconstruir una institucionalidad internacional efectiva.

En un sistema internacional en transición, sometido a las presiones de la unipolaridad fragmentada y a la creciente instrumentalización de las interdependencias económicas y estratégicas, el imperativo esencial de los Estados pequeños y medianos es preservar la autonomía de sus decisiones de política exterior y construir, ampliar y afirmar su autonomía estratégica.

De dicho total, como figura en el gráfico, el 41% (741 mil) forma parte de las carreras especiales (integradas principalmente por profesores, profesionales de la salud, policías y militares); el 20% (368 mil) está bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS); el 15% (274 mil) corresponde al régimen de la carrera administrativa regulada por el D. Leg. 276; el 13% (227 mil) son locadores de servicios (supuestos consultores o terceros); el 11% (205 mil) está sujeto al régimen privado regulado por el D. Leg. N.º 728; y el 0,2% (4 mil) se encuentra bajo el régimen del servicio civil (Ley 30057).

Como se desprende de lo señalado, conviven distintos regímenes de contratación en el Estado, con diversas reglas y beneficios laborales, lo cual complica notablemente la gestión de los recursos humanos y divide a los trabajadores.

Aunque parezca increíble, hay cerca de un 13% de informalidad laboral en el sector público (cifra superior al 8% registrado en la gran empresa privada), constituida por trabajadores que son contratados como locadores de servicios, a pesar de que en la práctica realizan labores subordinadas y, por tanto, deberían estar declarados en planilla bajo el régimen laboral que les corresponda.

La referida tasa de informalidad laboral en el Estado ha crecido cerca de 5 puntos porcentuales en los últimos 13 años, lo cual resulta especialmente preocupante, al ser el Estado el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral en el sector privado y, por tanto, debería ser ejemplo.

Por otro lado, la tasa de afiliación sindical estatal se ha incrementado en 8 puntos porcentuales desde la restauración de la negociación colectiva de materias económicas y el establecimiento de la estabilidad laboral para un grupo significativo de CAS en 2021 (lo cual es una excelente noticia). Actualmente, asciende al 23% y alcanza a 364 mil trabajadores, superando así largamente el escaso 5% de sindicalización (211 mil trabajadores) registrado en el sector privado formal.

A pesar de las mejoras remunerativas alcanzadas por los trabajadores vía la negociación colectiva estatal centralizada desde 2022, según información del INEI, el poder adquisitivo del ingreso laboral promedio en el sector público aún se encuentra cerca de un 2% por debajo del nivel que tenía en 2019, antes de la pandemia generada por el COVID-19.

Contra lo que se viene señalando falazmente, lo cierto es que la remuneración promedio en el Estado es prácticamente la misma que la registrada en el sector privado formal (S/2.900), siguiendo una trayectoria convergente desde 2014.

En cuanto al costo de la planilla pública, según información del MEF, si bien se ha incrementado en términos nominales, superando los S/ 85 mil millones anuales, se ha mantenido en torno al 7% del PBI en los últimos 12 años (con excepción de 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19), lo cual indica que el referido crecimiento ha ido de la mano con el desempeño económico del país y, por tanto, no debería afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En esa misma línea, el costo de la planilla estatal se ha ubicado alrededor de la tercera parte del gasto público total desde 2016, por lo que no es verdad que haya crecido su incidencia en el presupuesto público en términos relativos.

Lo señalado hasta el momento son congruentes con la escasa dimensión del Estado peruano en comparación con lo observado en los países del mundo desarrollado e incluso en nuestros pares latinoamericanos, dada la paupérrima recaudación tributaria en relación con el PBI de nuestro país (15%), respecto al promedio registrado en los países que integran la OCDE (34%) y en la región latinoamericana (21%), lo cual limita la cobertura y calidad de los servicios y las políticas públicas.

¿Qué se debería hacer?

La problemática identificada no se soluciona reduciendo más el tamaño del Estado ni precarizando las condiciones laborales de sus trabajadores, sino, principalmente, acelerando la implementación de la reforma del servicio civil (Ley 30057), para lo cual se requiere destinar los recursos públicos correspondientes.

Dicha reforma establecería un régimen meritocrático y la posibilidad de una carrera en el Estado, brindaría estabilidad a los trabajadores (vinculada a su buen desempeño), mejoraría sus condiciones laborales, permitiría acceder a mejor capacitación y simplificaría la gestión del empleo público con reglas uniformes.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) estimó un costo anual de implementación de la mencionada reforma de S/8 mil millones en lo que respecta al Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Lamentablemente, en los últimos años, el Congreso ha preferido seguir regalándole miles de millones de soles vía recortes tributarios a empresas que no los necesitan, como es el caso de las grandes agroexportadoras, con la anuencia del Poder Ejecutivo.

Debido a esa falta de voluntad política, apenas algo más de 4 mil trabajadores públicos han transitado al nuevo régimen del servicio civil desde su creación en 2013, siendo este un resultado paupérrimo y lamentable.

En la línea de lo señalado, es necesario un relanzamiento de la reforma del servicio civil, destinando el presupuesto necesario para su implementación; actualizando las escalas remunerativas; acelerando el tránsito al nuevo régimen del servicio civil (sobre todo de los CAS) vía cursos de suficiencia en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP); estableciendo un plazo para la emisión del informe económico-financiero del MEF para la negociación colectiva estatal; creando un Consejo Nacional del Empleo Público donde se discutan las principales políticas del servicio civil entre representantes de los trabajadores y los empleadores; e incluyendo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral en el Estado entre las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para todos los regímenes laborales, entre otras medidas.

Ello permitirá establecer una carrera meritocrática en el Estado, mejorar las condiciones laborales del empleo público y brindar políticas y servicios públicos de calidad.

Por otro lado, para mantener el orden en la gestión de las remuneraciones en el sector público, resulta fundamental que las mejoras salariales se realicen exclusivamente a través de la negociación colectiva, en el marco de la capacidad financiera del Estado peruano.

El Congreso debe abstenerse de aprobar incrementos remunerativos que no hayan sido acordados en el marco de los procesos de negociación colectiva estatal.

Nuestro país necesita más y mejor Estado, que busque el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.