Aceptar una renuncia en ese marco es, en los hechos, apartarse de una regla diseñada precisamente para evitar este tipo de desenlaces en momentos de alta crispación política. La salida de Piero Corvetto en medio de un proceso electoral tensionado no solo altera la conducción de un organismo clave, sino que introduce una señal de arbitrariedad.

Vale recordar que la JNJ tiene, por mandato constitucional, la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley en el sistema de justicia. Ese rol exige un estándar más alto que el de cualquier otra entidad: sus decisiones deben estar sólidamente motivadas, especialmente cuando parecen contradecir el sentido explícito de una norma. En ese sentido, esta casa editorial sostiene que no basta solo con el acto administrativo, sino que la ciudadanía requiere una explicación jurídica convincente sobre las razones que permitirían aceptar lo que la ley declara irrenunciable.

Sin esa fundamentación, la decisión no solo debilita más a la ONPE, sino que dilapida la confianza en el propio sistema institucional. Si la regla puede flexibilizarse en el momento más crítico, ¿qué certeza queda sobre su vigencia en adelante?

La JNJ aún está a tiempo de corregir el rumbo o, al menos, de cumplir con lo mínimo exigible: explicar, con rigor jurídico, las bases de su decisión. No hacerlo consolidaría la impresión de que la legalidad ha dejado de ser un marco común para convertirse en una herramienta discrecional.

Sin embargo, lo más importante es el conteo de votos que sigue vigente y corre el riesgo de ser viciado en su totalidad por la falta de diligencia y de tutela de las principales instituciones encargadas.

Haciendo gala del lenguaje soez y la prepotencia a la que nos tiene acostumbrados, RLA añadió a su larga lista de comportamientos delictivos, otros de mayor gravedad moral y política. No solo incitó a anular el proceso electoral llamando a “la insurgencia” y a “incendiar la pradera”, tildando de “ladrón” al jefe de la ONPE, sino que amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con violación sexual, en términos que no puedo repetir, “para hacerlo hombre”, si en un plazo de 24 horas no anulaba la “porquería” de elecciones. Lo reiteró con expresiones gráficas que han quedado registradas en videos, ante las risas bobas y la aclamación de sus seguidores, que lo vitoreaban, cómplices.

Violación sexual como sometimiento

La amenaza de violación sexual no puede tomarse como un simple exabrupto “porkino”. Más bien, saca a relucir uno de los lados más oscuros de nuestra sociedad, en este caso, de los sectores altos de Lima que abrazan posturas políticas ultraconservadoras. Renovación Popular, el partido de RLA, un dizque católico célibe, devoto de la Virgen María, ha dado señas de tener una relación permisiva con la violación sexual. Para empezar, aquella cometida contra niñas y mujeres. Como trascendió hace poco, uno de los cuadros más altos de su partido, la pastora evangélica Milagros Jáuregui, actual congresista y posible diputada en el nuevo Congreso, hizo noticia por el maltrato al que eran sometidas las niñas de su albergue para niñas embarazadas producto de una violación, “La Casa del Padre”, de acuerdo con investigaciones del portal La Encerrona, reproducidas por el diario El País (11-2-2026). Jáuregui fundó ese albergue con su esposo hace más de una década, según se reporta aquí, con la finalidad de que las niñas embarazadas como producto de una violación “no vean al niño ‘como una maldición’ y que entiendan que el bebé es la única víctima” y que ellas más bien “debería ser agradecidas por ese niño que va a nacer…”. De esta manera, en nombre de un supuesto mandato divino se minimiza el crimen de violación sexual y lo que piensen y sientan las niñas, a quienes se les quiere obligar a ser madres a los 9 u 11 años y con el riesgo de sus vidas y de su salud física y psíquica, pese a que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924. No debe extrañar entonces que Jáuregui, como presidenta de la “Comisión de la Mujer y Familia” en el Congreso, según nos recuerda la misma fuente, sea autora de proyectos de ley para eliminar la figura del feminicidio del Código Penal y acabar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Con lo que quiero decir que un posicionamiento frente a la violencia sexual, más allá de una postura moral y legal, es siempre político.

¿“Hacerse hombre”?

Cuando se trata de la violación sexual de un hombre contra otro, retomando la amenaza proferida por el candidato RLA contra el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el tabú es mayor. Pero RLA lo acaba de romper, y no podemos pretender no haberlo oído o no haberlo visto. Una amenaza procaz de tal calibre, especialmente tratándose de alguien que aspira a ser la máxima autoridad del país, tendría que ser universalmente repudiada, independientemente de ideologías. Pero no ha sido así, y en breve volveré sobre ello.

Por su parte, RLA tendría que explicar al país, y ante los tribunales, cómo es que la violación sexual, en este caso, de un hombre contra otro, puede hacer “hombre” a la víctima. Lo que sí queda claro es que el candidato traslada a la política un imaginario que procede de las prácticas más humillantes y perversas de las cárceles y de los cuarteles en tiempo de guerras. Como varios investigadores han documentado, la violación sexual la han sufrido también en nuestro Ejército durante la guerra contra Sendero los más débiles en la cadena de mando: licenciados y jóvenes reclutas, obligados a su vez a cometer violaciones como una práctica de sometimiento. En el caso más extremo, en las cárceles de Israel, la violación sexual contra palestinos se practica sádicamente como una forma sistemática de tortura que está bien documentada.

Las amenazas de violencia sexual de RLA, nacidas de su incapacidad para aceptar una inminente derrota en el juego democrático, dicen más de cómo él y quienes lo celebran entienden la política, que lo que puede decirnos su propio plan de gobierno. El hecho de que ninguna autoridad, ni siquiera el principal agraviado, haya reaccionado a sus amenazas e intentos disruptivos de las elecciones, es revelador de los niveles de violencia que estamos dispuestos a normalizar como sociedad y de la degradación de la palabra y de la política que parecen no tener fondo. ¿Por qué tanta impunidad?

La piel y la plata

Lo primero es la piel y la plata. RLA se siente blindado por el color de su piel y por su dinero. Y lo está. De haber sido un político de izquierda o un “cholo” o “serrano” quien se hubiera parado en una tarima a llamar a la insurgencia y amenazar con violación sexual a la autoridad electoral, estaría preso hace tiempo. Pero este racismo, que en el Perú es inseparable del prejuicio de clase y lingüístico, y que resurge con virulencia en cada elección, no es, como asume el lugar común, una “herencia colonial”. Es más bien, como he afirmado reiteradamente en esta misma columna ( 24-7-2022) y en varios otros trabajos, una reacción de los sectores privilegiados ante la “amenaza” de igualdad que sienten con los procesos democráticos. Porque en esta república desigual, el voto es lo único que nos hace iguales. El racismo es una reacción ante la inminencia de la igualdad jurídica que se instala como principio fundacional de la república y que llevamos 200 años sin entender.

En el caos reinarás

Pero hay algo más, y no menos importante. RLA puede delinquir impunemente porque se sabe amparado por una prensa que lo blinda y la ruptura del principio de autoridad labrado meticulosamente por el actual Congreso en tres años de desmantelamiento de las instituciones públicas y copamiento ilegal de los poderes del Estado. Además de las leyes pro-crimen, el legislativo se ha erigido de facto e inconsultamente en una asamblea constituyente al cambiar el 57% de la Constitución (artículo de César Romero del 8-1-2025 ) y la propia arquitectura del sistema representativo que rige los presentes comicios. Esto incluye el debilitamiento de la ONPE al reducir al mínimo su presupuesto. El caos que vemos no es casual, es deliberado. Y la ciudadanía debe estar más alerta que nunca.

Esa escena trivial y cotidiana esconde una pregunta que las ciencias sociales llevan décadas intentando responder: ¿por qué personas razonables se aferran a convicciones sin evidencia? En el Perú de 2026, esa pregunta no es académica. Es urgente. A menos de semanas de las elecciones generales, algunos actores políticos —particularmente desde la derecha más radical— comenzaron a instalar la narrativa del fraude antes de que se cuente un solo voto. No es un accidente. Es una estrategia que encuentra terreno fértil en algo más profundo que la política: la desconfianza.

Y los datos son elocuentes.

Según el Barómetro de las Américas 2025/26, aplicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre octubre y diciembre de 2025, solo el 41% de peruanos y peruanas considera que la gente de su comunidad es confiable. La serie histórica de LAPOP revela una tendencia que debería inquietar: la confianza interpersonal llegó a su punto más alto en 2014, cuando alcanzó el 55%, para luego caer de manera sostenida durante una década. En 2025/26 estamos, paradójicamente, por debajo del punto de partida registrado en 2006. 20 años después, confiamos menos en los demás que antes. América Latina, en promedio, llega al 58%. La brecha no es menor: en materia de confianza interpersonal, el Perú está entre los países con indicadores más deteriorados del continente.

Este dato podría parecer anecdótico, pero no lo es.

La psicología social ha establecido muy sólidamente que la confianza interpersonal —la disposición a presumir buena fe en los otros, en los extraños, en quienes no son como nosotros— es la infraestructura invisible de la vida democrática. Robert Putnam (2000) lo formuló hace tres décadas: cuando la confianza generalizada decrece, las personas se repliegan hacia sus grupos de pertenencia y empiezan a ver al mundo exterior con suspicacia. Eric Uslaner (2002) añadió una hipótesis aún más inquietante: la desconfianza no cae del cielo, crece en la desigualdad. Las sociedades más fragmentadas producen ciudadanos que no se reconocen entre sí como pares. Y cuando no reconoces al otro como par, su victoria solo puede explicarse por trampa.

Aquí aparece el primer mecanismo psicológico relevante: lo que Jan-Willem van Prooijen y Karen Douglas (2017) han llamado mentalidad conspirativa. Sus investigaciones muestran que cuando las personas sienten que han perdido control sobre su entorno —cuando el mundo no responde a sus expectativas— la mente busca agentes causales maliciosos. La derrota electoral, en ese marco, deja de ser una posibilidad estadística y se convierte en una acción deliberada de otros. El fraude no se deduce de la evidencia: se infiere del malestar.

A esto se suma un segundo mecanismo igualmente documentado: el razonamiento motivado, teorizado por Ziva Kunda (1990) y desarrollado, años después, políticamente por Lodge y Taber (2013). Los seres humanos no somos evaluadores neutrales de información. Partimos de una conclusión preferida y luego buscamos evidencia que la sostenga. La ausencia de pruebas de fraude, lejos de refutar la creencia, se reinterpreta como evidencia de cuán perfectamente diseñado estuvo el engaño. La conspiración es, por definición, infalsificable.

Ambos mecanismos se activan con más fuerza en contextos de baja confianza institucional. Y en ese punto, los datos peruanos son feroces.

El mismo Barómetro 2025/26 muestra que solo el 7% de peruanos tiene confianza en el Congreso —el 53% directamente responde “nada” en la escala de 1 a 7—. La confianza en las elecciones ha caído hasta niveles que el propio informe señala como históricamente bajos. El 82% cree que la mayoría o todos los políticos están involucrados en corrupción. Y el 76% considera que los políticos reciben dinero de organizaciones criminales. En ese paisaje, ¿es sorprendente que una narrativa de fraude encuentre audiencia?

No. Es predecible.

Pero hay una dimensión adicional que la literatura política contemporánea ha mostrado con precisión: la amenaza de estatus. Diana Mutz (2018) mostró que ciertas formas de reacción autoritaria no emergen principalmente de la pobreza o la exclusión económica concreta, sino de algo más sutil y poderoso: la sensación de pérdida de posición relativa; es decir, del cambio de su lugar en el orden social. Pippa Norris y Ronald Inglehart (2019) lo llamaron reacción cultural: el voto del resentimiento de quienes sienten que el mundo que conocían —y en el que ocupaban un lugar privilegiado— está desapareciendo. Cuando ese grupo pierde una elección frente a candidatos que encarnan precisamente ese cambio que los amenaza, la derrota resulta cognitivamente insoportable. El fraude devuelve la lógica al mundo: no perdimos, nos robaron.

Esta dinámica tiene nombre propio en el contexto peruano, aunque raramente se llame así. La incapacidad de reconocer como legítimo el voto del otro —del ciudadano rural, del sur, del que habla diferente, del que vive en una realidad distinta— lleva a interpretar su mayoría no como expresión democrática sino como anomalía que debe ser explicada. Y la explicación más accesible, más consoladora, es el fraude.

Aquí reside el verdadero peligro. Las narrativas de fraude sin evidencia no son simplemente mentiras políticas. Producen activamente desconfianza institucional. Erosionan la legitimidad del sistema no solo entre quienes las creen, sino también entre quienes las rechazan: nadie sale indemne de una narrativa que opera, aunque sea falsa. Debilitan la disposición ciudadana a aceptar resultados futuros. Y, en el peor de los casos, funcionan como ensayo de desestabilización.

El Perú llega a estas elecciones con una democracia herida, pero en pie. La ciudadanía ha demostrado, una y otra vez, una capacidad de resiliencia notable frente a la inestabilidad política. Pero esa resiliencia no es infinita. Cada ciclo electoral que termina en acusaciones de fraude sin sustento añade una capa más de escepticismo a un sistema que ya carga demasiado.

La desconfianza, cuando se vuelve total, no distingue entre instituciones corruptas e instituciones que funcionan. Lo devora todo.

Por eso, las narrativas de fraude no son solo una mentira conveniente. Son, quizás, el síntoma más peligroso de una cultura política que todavía no ha aprendido a reconocer al otro diferente como un ciudadano igualmente legítimo. Y mientras eso no ocurra, la democracia peruana seguirá siendo un proyecto inacabado.

Siete de cada 10 votantes tendremos un gobierno que no queremos. Si contamos blancos y nulos, la cantidad se amplía. Volvemos a ser el país delante del precipicio, buscando maniobrar en el aire y controlar los riesgos.

El sistema político electoral nos deja tres candidaturas vinculadas al poder reciente. Por un lado, el fujimorismo, recordado por el desmantelamiento del Estado, la corrupción sistemática, la persecución de adversarios o el aniquilamiento selectivo. Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional), que aún gobierna la Municipalidad de Lima y otros municipios bajo reglas tan absurdas como draconianas. Su líder, un católico ultraconservador, normaliza públicamente la violencia extrema contra adversarios, periodistas o autoridades. Por otro lado, el castillismo de Juntos por el Perú también es conocido: por sus promesas rotas, por su improvisación e interminables cambios ministeriales –con figuras vinculadas a corrupción o violencia--, o incluso por el rompimiento abrupto con sus aliados democráticos. Su gobierno terminó con un intento de golpe de Estado o, como dicen ellos, 'leyendo una proclama' que hablaba de cerrar autoritariamente instituciones del Estado. La alianza con Antauro Humala quedará para otro artículo.

En el Perú sabemos de alianzas espurias y promesas rotas, de discursos moderados para ganar elecciones, de esconder impresentables para no asustar votantes. Seguimos pagando cara la factura de la improvisación y la crítica cínica a las formas democráticas.

Por eso, la discusión más importante de hoy no trata de elegir un “mal menor”. Ninguna de las tres opciones merece nuestra confianza automática: arrastran vínculos con corrupción, tolerancia al autoritarismo, clientelismo o alianzas con economías ilegales. No basta, esta vez, pedir “una oportunidad”. No servirán las adhesiones incondicionales o los votos “de confianza”. El mal menor nos trajo hasta acá, con gobiernos débiles, abusivos, incapaces, corruptos o represivos. No más. Pasemos del mal menor a exigirle los mismos mínimos a todos.

Todos deben respetar de manera irrestricta los resultados electorales y el sistema democrático, tal como está. Deben respetar los órganos autónomos del Estado y deben hacer pública su política anti-corrupción, empezando por casa. Derechos humanos y Pacto de San José deben protegerse sin ambigüedades. Necesitan comprometerse con la libertad de prensa, el respeto a la oposición y la lucha contra el crimen, sin políticas autoritarias. Deben, además, sostener políticas económicas responsables, con sentido social pero sin dogmatismos. Debemos exigir meritocracia básica en el Estado, rechazar la improvisación en los altos cargos públicos, la política del cuoteo o el carnetazo. Finalmente, instalar una comisión autónoma que investigue las matanzas de 2022 y 2023 y abra camino a la justicia para las familias de las víctimas.

Alguien puede decir que esto es ingenuo o ilegítimo, o que favorece al “mal mayor”. Otro dirá que no estamos para exigencias. Pensémoslo mejor: ningún candidato a la segunda vuelta tiene una trayectoria de credibilidad. Usemos la experiencia ganada para reconstruir el país y salvar lo que pueda salvarse. La seguridad, el trabajo, la salud o la educación no llegan solas sino a través del Estado de Derecho y sus instituciones. Y, antes de sacar la carta de la equidistancia, conviene aclarar: no, no todos son iguales pero ninguno merece confianza automática. Construyamos un frente democrático vigilante, amplio y de diversos signos. Nadie puede garantizar que el próximo gobierno actúe con eficiencia y honestidad, pero nosotros sí podemos afirmar que nadie gobernará con un cheque en blanco.

En primera fila de la suspicacia están los grandes gastos, de los que el gobierno no puede dar marcha atrás. Estamos hablando de modernos y costosos aviones caza-bombarderos. Que sepamos, el país no necesita esas máquinas, y la Fuerza Aérea (los activos, no los jubilados) sabe más sobre el tema que el presidente interino José María Balcázar.

¿Necesita el Perú esos aviones? Quizás ese era el caso en los años 60-70, cuando un par de conflictos o paraconflictos nos empujaron a la compra de aviones Mirage y Sukhoi. Eso fue hace medio siglo o más. Ahora la cosa es comprar desde un gobierno al paso, con presiones de todo tipo: los militares, la embajada yanqui, los empresarios.

El último martes, cuando se escribía esta nota, los Lockheed F-16 ya habían sido comprados, descartados y en proceso de evaluación, todo al mismo tiempo. Balcázar ha dicho que los compra, que no los compra, y que lo está pensando con la mirada puesta en el siguiente gobierno. Mientras tanto, los lobbistas comerciales, militares y sentimentales hacen su trabajo.

Los más animosos por la compra, con el Miami business ambassador a la cabeza, sostienen que no hacerla afectaría seriamente las relaciones con Washington. Por lo pronto, dejar por el camino a la sueca Saab (Gripen) y a la francesa Dassault (Mirage, Rafale) no ha convertido a la Unión Europea en nuestra enemiga.

Si los F-16 no son comprados, muchos promotores del negocio van a quedar, como ha dicho Nick Asheshov en uno de sus poemas, “con los pájaros colgando hacia afuera”.

Balcázar ha hecho bien en ponerse de perfil en el asunto de los aviones, aunque su gabinete parece muy a favor de la compra. En cuanto al proyecto minero Tía María, que su Minem aprobó, canceló y volvió a aprobar, Balcázar no va a estar allí cuando el próximo gobierno, a. cancele el proyecto, b. la protesta del valle de Tambo encienda la pradera, o c. no pase nada.

    Muchos de los venezolanos que nos rodean tienen hijos peruanos y pareja peruana, puestos de trabajo que los han ayudado a instalarse, hábitos y gustos que solo se dan aquí; en pocas palabras, una identidad nueva. Gran parte de eso sería muy difícil de dejar. Algunos pocos miles hasta se han nacionalizado, y han votado en estas elecciones.

    La vuelta desde Perú no es tan difícil como otras, si consideramos que los propios peruanos siempre emigran en números importantes. Regresar a Cuba y al castrismo desde las prosperidades de Florida parece bastante más difícil. En el Perú los que llegan suelen compartir las dificultades de las mayorías. Así la vuelta al país natal puede resultar atractiva.

    Si la vuelta a la isla tiene visos de suicidio, el retorno a una Venezuela en trance de dejar de ser chavista podría alentar algunas razonables esperanzas. Pero es un paso riesgoso. La recuperación del país y la rehabilitación de los chavistas puede demorar mucho más de lo esperado. La riqueza petrolera tomará tiempo en alcanzar a todos.

    Da una cierta tristeza imaginar un Perú sin la dinámica alegría de los venezolanos, y su buen ánimo caribe. Como todos los pueblos del mundo, los peruanos somos alegres en el espectáculo, pero alguna vez hemos sido descritos como autoritarios y mustios. Además el aporte económico de la fuerza de trabajo venezolana no es nada desdeñable.

    Un problema con el llamado a volver que hace Machado está en los tiempos. La diáspora no está siendo invitada a celebrar una victoria, sino a participar en lo que por un rato va a tener los visos de una pugna. No solo con las bandas de chavistas a todo nivel, sino también con quienes se quedaron allá y van a temer por sus espacios.

    Les espera lo que Machado llama “reencuentro y construcción” de una nueva Venezuela. No es poca tarea, después de todo lo que ha costado instalarse en un país de acogida, convertirlo en propio.

Si bien las autoridades electorales y las misiones de observación electoral, nacional e internacional, descartaron alguna irregularidad, este hecho construyó un precedente nefasto para la democracia, que hoy, cinco años después, vuelve a tomar espacio. No solo fue un tema técnico. Aquí salió a flote el desconocimiento del Perú y se observó con claridad la distancia entre lo urbano y lo rural; entre Lima y las regiones. El centralismo nunca había estado tan presente, y la narrativa de fraude se posicionó, porque “no era posible que en el sur se vote tan mal”. Lo grave es que este hecho minimizó la decisión de voto de miles de electores en zonas que, precisamente, han sido y son históricamente olvidadas y excluidas. Se maltrató al ciudadano rural porque votó diferente. Muchos votantes afectados exigieron disculpas que nunca llegaron, y la prensa tradicional optó por el silencio. La discriminación atravesó todo nuestro país en un momento crucial, y lo sigue haciendo hasta la fecha.

El derecho al voto, en igualdad de condiciones y sin distinciones, es una prioridad. De lo contrario, solo se convierte en un privilegio para algunos. Debido a las desigualdades estructurales, algunos grupos políticos siguen ponderando qué votos pueden valer más que otros. Hoy es una responsabilidad de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de las instituciones que trabajan a favor de la democracia estar vigilantes para que ese derecho —antes, durante y después de las elecciones— se garantice. Es una deuda aún pendiente.

Eso en caso de que gane la segunda vuelta, lo cual no es seguro. Lo que se puede asegurar es que se debe estar preguntando qué prefiere o le conviene. En caso de ganar, tendría que asumir las múltiples obligaciones de la Presidencia de la República. Desde las más cotidianas hasta las más relevantes. Esto supone un esfuerzo gigantesco, en caso se lo tome con responsabilidad. Pedro Castillo, cuando recién se sentó en el sillón presidencial, tuvo la imprudencia de afirmar que era muy fácil gobernar. Ya sabemos cómo terminó ese desplante. El Fundo Barbadillo es hoy un centro de meditación.

La ventaja nada desdeñable de ganar la segunda vuelta es la de curar la herida narcisística de haber perdido tres elecciones sucesivas. ¿El Perú bien vale una misa? Difícil ponerse en sus zapatos. Caminar por la sombra, como lo viene haciendo desde hace años, parece acomodarse a su temperamento. Pero no le borra el estigma de la eterna perdedora, que Betsy Chávez inmortalizó con la imagen vencedora del panetón Tottus (es decir, más barato que, por ejemplo, el de Wong).

Presumo que sus asesores más cercanos le aconsejarán intentar ganar la Presidencia. A pesar de ser más laborioso, otorga mayor poder y evita el trajín de tener que estar monitoreando al ganador de las elecciones, sea Sánchez o López Aliaga. Además, le ahorra el trance inevitable de decidir en qué momento le baja el dedo a quien ocupe el cargo en la Plaza de Armas de Lima. Con las consecuencias, no del todo previsibles, de soltar los perros de la guerra.

Otro punto a considerar es que la Presidencia es un blanco más visible que gobernar, como lo viene haciendo, desde el Congreso. En este caso, desde el Senado, el lugar donde se concentraría el poder en los próximos años. Así llegamos a otro punto nada desdeñable en estas especulaciones: la corrupción. Desde la Presidencia podría ser más fácil liderar las actividades oscuras que hemos constatado estos años. No en balde, a los partidos que integraban esa coalición se les denominó el Pacto Corrupto. Pero también sería más evidente. Tener los reflectores apuntados todo el tiempo puede ser una complicación. Salir de la sombra tiene sus contraindicaciones. Todos los malhechores lo saben.

El dilema que nos muestra Heduardo en su caricatura se puede resumir en términos de la liturgia cristiana. Keiko Fujimori se encuentra entre dos pecados capitales: la soberbia y la pereza. Ninguna de estas dos opciones es buena consejera. Sería ideal que, en vez de estar hablando de dos males, tuviéramos una candidata que se enfrenta a dos desafíos virtuosos. Pero entonces no estaríamos en el Perú. No por lo menos en el de estos últimos años. Lo ideal no es peruano. O por lo menos no se condice con la política peruana.

Lo cual nos lleva a recordar que lo que realmente importa es a qué nos enfrentamos los peruanos, no una candidata o candidato. La buena noticia la trae, en la misma edición de La República, otro caricaturista excepcional. Carlín nos muestra la caída en desgracia de una serie de congresistas y jefes de partidos que no pasaron la valla. Una victoria considerable para la campaña #PorEstosNo. A lo cual se suma el ingreso a la cámara de diputados y el Senado de una serie de personas que, a pesar de todo lo que hicieron los partidos del Pacto para impedirlo, lograron mejorar la calidad de nuestros representantes. Se diría que el nivel era paupérrimo, pero las dificultades que les pusieron para lograrlo eran considerables.

Pese a lo cual, es probable que tengamos un mejor Congreso que antes. Esto hay que agradecerlo a quienes optaron por participar, en un acto de civismo que requiere no solo ambición, sino espíritu de lucha. Pero también a personas como Rosa María Palacios, que lideró esta campaña para limpiar los establos de Augías (una de las tareas de Hércules), con admirable tenacidad y lucidez. Su tenaz pedagogía, que no ha cesado, es digna de encomio y agradecimiento.

Este resultado debería fortalecer a quienes pensamos que no todo está perdido. Las frases violentas y procaces del candidato López Aliaga, en realidad le hacen un favor a la ciudadanía. Solo un candidato blanco, favorecido por ciertos sectores de los poderes fácticos peruanos, se puede permitir semejantes desvaríos sin tener que asumir las consecuencias de su desborde. El racismo y el clasismo, como siempre cuando las tensiones están en su punto álgido, emergen con toda su crudeza y carencia de elaboración. López Aliaga es su vocero más desaforado, pero sus vociferaciones fálico-anales no deben ser tomadas a la ligera. Las regurgita desde su inconsciente, pero puede hacerlo sin consecuencias debido al privilegio.

Sánchez se ha mostrado mucho más prudente, pero no acude a la cita con una hoja en blanco como Castillo. Su prontuario como aliado de Vladimir Cerrón y Antauro Humala, como miembro del Pacto Corrupto, no son —es un eufemismo— la mejor carta de presentación. El verdadero dilema es el de todos los peruanos. Una vez más, tendremos que elegir entre dos males. Y seguir dando la pelea.

Pero el electorado está viendo a ambos –en este caso Ricardo Belmont y Carlos Álvarez– como simples desertores, convencidos de que suspender la participación antes de los resultados finales es una manera de no perder. Si uno considera todo lo que cuesta llevar a la ciudadanía hasta las ánforas, hay en el abandono un fuerte elemento de desperdicio de dinero público.

Además, en los dos casos que mencionamos el paso por la campaña ha sido ingrato, con miles de trapitos sacados a la luz pública, que algo han influido en su performance. Dejar eso atrás tiene que haber sido a la vez un alivio y una venganza contra sus memoriosos críticos. Pero con ese pellejo tan delgado no podrían haber elecciones, y por tanto tampoco políticos, en ninguna parte.

A raíz de lo sucedido algunos han propuesto que los candidatos pongan en manos del JNE una suerte de garantía financiera, que perderían si no se mantienen hasta la línea de llegada. Ha salido a la luz un pago para candidatear al Congreso en Japón, de unos US$200.000. A eso hay que sumarle el costo de la campaña misma.

La garantía podría tener una fecha de vencimiento, que implica cuán temprano se advierte que una candidatura no va a ninguna parte. Algunos dejan la fiesta tan temprano que casi no se advierte su partida. Son los que se van tarde, y con buena performance, los que se prestan al escándalo, e incluso a mucha suspicacia.

No descartemos que los abandonos de la carrera sean porque los financiadores les han transmitido su negativa a seguir bancando la empresa. Nótese que los candidatos ricos –José Luna, César Acuña– no tienen problema en mantenerse dentro casi hasta el final. ¿Esperaban pasar a la segunda vuelta? ¿Por qué no? Siempre hay un elemento de timba. Pero la ruleta nunca se detiene a medio camino.

En la introducción de su obra, Clément afirma su propósito de “escuchar las palabras” y prestar atención a esa dimensión olvidada de la ópera. Su análisis revela una constante. Las mujeres en la ópera mueren, son sacrificadas o anuladas.

Carmen es una de las muertas, ciertamente. Pero es singular. No por ser necesariamente distinta como personaje, sino por ser diferente como ser humano: como dice Clément “por ser la más feminista, la más asesinada de las muertas: Carmen la gitana, Carmen la condenada. La que muere cuando quiere, la que dice no. Ella es la que decide sola, mientras que a su alrededor los hombres se afanan en sus pequeñas intrigas de contrabandistas y soldados. Es la más pura, la más libre”.

En la introducción del libro, Clément se explica: “... Yo voy a hablar de las mujeres y de sus historias en la ópera. Voy a cometer el acto sacrílego: escuchar las palabras, leer los libretos, seguir las intrigas, sus nudos gordianos, sus recovecos... he decidido prestar atención al lenguaje, a esa parte olvidada de la ópera”. En esa cirugía crítica desfilan juicios implacables sobre las muertas, como Madame Butterfly, Lulú; las prisioneras de dramas familiares o padres terribles como (Violetta o Elizabeth de Valois; las jóvenes sin destino (Olga, Tatiana, Lucía de Lammermoor; y, finalmente, aquellas heroínas que sufren “la furia de los dioses o la declinación de la luna”, Turandot, Norma o Adalgisa.
Carmen es una excepción. En palabras de Clément, es la más obstinada de las muertas: aquella que dice no. Esa negativa —esa afirmación radical de sí misma— es precisamente el núcleo de su singularidad.

Cuando se estrenó Carmen, el 3 de marzo de 1875, en la Opéra-Comique de París, la reacción fue sumamente crítica. Escandalizó. Y lo hizo porque musicalmente estaba tan lejos de la ópera cómica francesa como del drama romántico alemán wagneriano. Bizet revolucionó los cánones tradicionales de la ópera. La mediterranizó. De allí la sensación del fracaso inicial. Pero, he ahí también la razón del triunfo universal posterior.

Bizet sintió la sensación implacable del fracaso. Murió pocos meses después del estreno. El 3 de junio de 1875. Tenía 37 años. Se llevó a la tumba la falsa convicción del fracaso de Carmen. Pero la vida le alcanzó para oír la reveladora y certera predicción de Tchaikovski: “en diez años esta obra será una obra maestra en toda la acepción del término y será la más popular de las óperas”. Y el juicio entusiasmado de F. Nietzsche: “Cuando una obra así te ennoblece, uno mismo llega a convertirse en una obra maestra”.

El libreto es una de las claves de su modernidad y ruptura. Henri Meilhac y Ludovic Halévy no se limitaron a adaptar la novela de Prosper Mérimée. La transformaron. Desplazaron el eje desde la anécdota criminal hacia la relación amorosa entre Carmen y don José, otorgándole densidad trágica y simbólica. Una relación dominada por una tensión estructural que pone en juego dimensiones alternativas y excluyentes del amor. En la dinámica de esa contradicción, Carmen excede largamente al personaje casi costumbrista de la novela y se eleva a personificar en la ópera una idea abstracta del amor.

No se trata únicamente de una historia trágica, sino de la confrontación entre dos concepciones antagónicas del vínculo amoroso: el amor como libertad y el amor como posesión y opresión. Esta oposición no solo estructura la relación entre Carmen y don José, sino que permite releer la obra como una anticipación moderna de un problema central en la teoría del amor: la tensión entre autonomía y dependencia. En este sentido, Carmen no es una ópera sobre la muerte, sino sobre la imposibilidad de conciliar dos formas irreductibles de amar.

La concepción del amor que Carmen representa no es, ciertamente, una imagen del amor freudiano. Tiene más de la idea frommiana del amor como compensación creadora, en libertad, a la pérdida de seguridad que significa la separatividad en la evolución del ser humano. Pero, al mismo tiempo, es ajena a los componentes éticos de la visión de Fromm. Es una visión libre del amor, es cierto. Pero no de un sentimiento amoroso que deba ser regulado por los valores éticos y sociales de la responsabilidad, el respeto y el no daño al otro, como postula Fromm. Se trata de un amor en libertad, sin límites ni regulaciones, solamente comparable a la fuerza del vuelo de un pájaro y a la inexistencia de límites en su vuelo. Un vuelo, rebelde por definición, que cambia de rumbo a su propia voluntad: “el amor es un pájaro rebelde, que nadie lo puede enjaular”, canta Carmen en La Habanera.

El amor que encarna Carmen está más cerca de las ideas de Francesco Alberoni, de su teoría sobre el enamoramiento como una dinámica colectiva de dos. Para Alberoni el amor es el movimiento colectivo más simple, pues reúne una comunidad de solo dos personas y produce la comunidad humana más nuclear: la pareja. Este movimiento colectivo se presenta a partir del “imprinting”, que es la atracción repentina, la fascinación. Aquella que el propio Stendhal asimila a la fiebre, por emerger y diluirse sin que la voluntad intervenga. Un impacto que comunica e identifica a dos seres por encima de su individualidad.

En Carmen, el “imprinting” está simbolizado por la escena en el primer acto en que Carmen saca la flor de sus labios y la arroja al pecho de don José. Y luego se pasa a la fase del enamoramiento, a la cristalización del amor, según Stendhal. El aria de ‘La Fleur que toi m’avais jetée’, en la escena quinta del primer acto, confirma que la fuerza irresistible del amor está presente.

Pero el amor es una manera de nacer continua, en la medida que constituye una ruptura de la soledad y una ilusión que actúa cotidianamente en el imaginario de los amantes. Es nacimiento y renacimiento. Lo que para Fromm es la variación del sujeto amoroso, es el continuo renacer de Alberoni. Don José recrea su experiencia amorosa de Micaela hacia Carmen, la gitana, cuando agota su amor por García lo hace renacer en don José, y de este hacia Escamillo. En Carmen no son traiciones. No engaña. Prefiere la muerte a la mentira y a la claudicación respecto de sus propios sentimientos. Don José, a quien Carmen ha dejado de querer, le exige fidelidad sin amor. Carmen se niega.

Encarna el amor como libertad: ama sin someterse, sin renunciar a sí misma, sin aceptar vínculos de dominación. Su amor es elección permanente, no obligación. Don José, por el contrario, representa el amor como posesión. Su vínculo con Carmen evoluciona desde el enamoramiento hacia la dependencia, y de esta hacia la obsesión. No puede aceptar la autonomía de Carmen porque su amor exige exclusividad y control.

Al final, don José, al no poder poseerla, la asesina. Y Carmen no se resiste ni se defiende. Prefiere la libertad a la muerte. Es coherente con su lógica interna: no mentir sobre el amor, no fingir lo que no siente, no permanecer donde no ama. Su negativa final no es un gesto impulsivo, sino la culminación de su identidad. Por eso, Carmen, la ópera, no es una tragedia de la muerte, sino una tragedia de la libertad.

Sin embargo, esta secuencia revela más que un problema de comunicación. Expone una forma de conducir decisiones estratégicas en un contexto que exige el mayor rigor político e institucional. La adquisición de una flota de cazas constituye una de las decisiones más relevantes en materia de defensa en décadas. Involucra miles de millones de soles, compromete al Estado en el largo plazo y define el tipo de inserción estratégica del Perú en el escenario internacional. Una decisión de esa magnitud requiere un proceso sólido, transparente y plenamente legitimado.

El momento actual ofrece una oportunidad distinta. El proceso continúa en evaluación por parte de la Agencia de Compras y bajo revisión de la Contraloría General de la República del Perú. La participación de estas instancias fortalece la calidad de la decisión y asegura que cada alternativa —incluyendo las propuestas europeas y la oferta de Estados Unidos— sea evaluada con criterios técnicos, operativos y financieros. El país cuenta con los mecanismos necesarios para arribar a una definición bien sustentada.

Esa necesidad de rigor adquiere mayor relevancia al observar lo ocurrido en la gestión anterior. El gobierno de José Jerí impulsó la preferencia por los F-16 en un contexto de cuestionamientos y con observaciones provenientes de instancias de control interno. Ese antecedente marca una lección clara: una decisión estratégica pierde fortaleza cuando se percibe alejada de los estándares de transparencia.

Hoy el Perú atraviesa una transición, con un proceso electoral en desarrollo y con una legitimidad en construcción. Este contexto abre la necesidad de actuar con mayor responsabilidad, para asegurar que la decisión final cuente con respaldo político e institucional suficiente para sostenerse en el tiempo.

Desde esta perspectiva, el camino resulta claro. El Ejecutivo debe conducir el proceso con coherencia, alinear su discurso con los avances reales y garantizar que la evaluación en curso se desarrolle con plena autonomía técnica, de preferencia, en el gobierno que escoja el Perú.

Aquel joven que en los años ochenta soñó con edificar en la cima de una montaña una escultura colosal destinada a convertirlo en asceta medieval, o ese performer pandémico que cruzó la ciudad dentro de un vehículo transparente con un casco moche metálico, encarna una ética de la creación que desafía constantemente la quietud, el dogma y la obediencia.

-Evento espacial-

Esa vida, que ha sido también laboratorio, ha dado lugar a una obra que articula técnica, espiritualidad y una noción radical de la materia en una metamorfosis de mutaciones: del modernismo inicial —mármol, bronce, vidrio, proporción y peso— pasa a un postmodernismo desmaterializado que abraza la performance, el happening, el video y la crítica institucional, culminando en una fase neoancestral donde el retorno al objeto se convierte en una tesis.

Así, rematerializa la escultura sin recaer en la nostalgia. Utilizando, más bien, el acervo arqueológico como interfaz contemporánea. Su Manual del método neoancestralista (2015) abre el campo para sus esculturas modulares. Y sus investigaciones con crochet metálico, aleaciones, trefilación y sistemas de tejido lo posicionan como un tecnólogo de la forma. La modularidad —como principio estructural, filosófico y casi ontológico— atraviesa su obra reciente: multiplicación de unidades, engranaje de partes, estructuras abiertas y materialidad en proceso.

Rematerializar, presentada en la galería Estudio 74 de Bogotá (marzo del 2026), condensa cinco años de investigación tecnoplástica y propone que tanto la pintura como la escultura pueden operar como sistemas compositivos abiertos, activados por la participación del público y reorganizados continuamente en sala. De esa manera, Pacheco convierte cada obra en un evento espacial indeterminado donde el módulo se convierte en interfaz. Es decir, unidad que conecta pasado, materia y posibilidad. Las tres piezas centrales de su muestra colombiana articulan lenguajes arqueológicos mediante tecnologías de precisión.

-Tríada neoancestral-

'Tríptico – activación de hipogeos; Tierradentro' integra acero y mármol de Carrara en una pintura modular donde los visitantes reconfiguran patrones inspirados en cámaras funerarias subterráneas. La pieza cita el universo geométrico de Tierradentro y lo reactiva como un sistema de pensamiento. El mármol, tradicionalmente destinado a la permanencia, es aquí un soporte sometido a variación constante, un plano que se abre y se cierra según el modo en que cada espectador dispone los módulos de acero. La obra convierte el espacio pictórico en una suerte de respiración arqueológica donde lo funerario se vuelve dinámico, lo pétreo deviene proceso y lo ritual se reescribe en clave tecnoplástica.

'Granito y grapa – activación de mampostería Coricancha. Inca' profundiza el procedimiento. Al transformar bloques pétreos ranurados y grapas de bronce móviles en una arquitectura rearmable, desafía la imagen monumental del Coricancha, cuya solidez suele invocarse como emblema máximo del dominio incaico sobre la materia. Aquí, esa solidez es sometida a movilidad, manipulada por manos contemporáneas que desplazan, encajan y desencajan las piezas. La obra sugiere que incluso los símbolos de perfección constructiva contienen fisuras, posibilidades no exploradas o memorias que pueden reorganizarse sin traicionarse. La tradición como mecanismo.

'Bronce – activación de pectoral hombre jaguar; Tolima-Quimbaya' cierra el tríptico conceptual con un giro delicado. La utilización del corte láser revela la modularidad latente en un ornamento ritual que, en apariencia, era monolítico. Al reorganizar los módulos masculinos y femeninos, el espectador activa combinaciones que expanden el campo simbólico del jaguar, trasladándolo de lo funerario y lo ceremonial hacia un territorio especulativo donde la forma ancestral se vuelve algoritmo.

En conjunto, estas obras proponen la forma como un campo de posibilidades. Pero la exposición no solo mostró obras, también instauró un semillero pedagógico donde la investigación, la participación y el diseño modular confluyen. Un régimen donde escultura, pintura y ritual se piensan desde la apertura, la variación y la recomposición. Y de esa manera el artista representa el mundo al tiempo que lo rematerializa.

El ausentismo en primera vuelta del 2021 llegó casi al 30%, el voto nulo y blanco sumó 27%. En esta oportunidad (cifras al 93%) el ausentismo es de 23% y el voto nulo y blanco no llega al 17%. Contra lo que se esperaba, con una cédula de 5 elecciones y 35 partidos, el elector redujo el voto nulo significativamente. Esto prueba que la preparación sirvió. También sirvió explicar el efecto del voto nulo en la resultante del voto válido. Esto persuadió a muchos de que era necesario involucrarse más. Nunca podremos saber cuál es el porcentaje de nulo intencional versus el nulo involuntario, pero una caída de 10 puntos es significativa.

Sin embargo, donde el resultado sí es decepcionante es en el voto perdido. Sí, como parece, País para Todos no logra llegar al Congreso, podríamos superar el 33% de votos que no tendrán representación alguna. Se dijo y se advirtió toda la campaña.17 partidos no pasaron el 1%, pero todo suma. Solo 6 van a tener representación parlamentaria. Pero ¿cómo puede orientar su voto el elector si les quitaron las PASO y les prohíben las encuestas? El salto olímpico de Nieto, Belmont y Sánchez la última semana cambió la conformación del Congreso y probablemente la segunda vuelta presidencial. Si queremos mejorar la representación democrática, ahí está la importancia de restituir las PASO. Si estas hubieran sido esas primeras elecciones primarias, con una valla de 3%, por ejemplo (la ley establecía 1,5%), tendríamos una “segunda vuelta” para Congreso con 8 partidos, bastantes plurales. Ojalá el Congreso elegido considere la importancia de esta reforma.

El Congreso que se viene, aun con cifras preliminares, tiene una ventaja para su funcionamiento. Siendo menos partidos, podrían armar bloques mejor consolidados. Los números mágicos del Senado (que es lo que importa porque tiene la última palabra) son estos: 21 para que no te vaquen, 31 para poder legislar y 41 para poder vacar, nombrar autoridades y modificar la Constitución. 21, por sí sola, solo tiene Fujimori. Sánchez, López Chau y Belmont pueden sumar los 21 si es que hay que impedir la vacancia de Sánchez. De ahí que este necesite hacer una alianza lo antes posible. López Aliaga, con 9, necesita del fujimorismo para sobrevivir, si llega a la presidencia. Si Keiko le baja el dedo, no dura un mes. Ambos, Sánchez y López Aliaga, pueden estar en segunda vuelta contra la única segura, Fujimori. Pero si López Aliaga la humilla, le espera el futuro de Kuczynski.

Para legislar, Fujimori y López Aliaga pueden llegar a los 30 votos. Pero el bloque de izquierda está muy lejos. ¿Quién será el fiel de la balanza? Nieto. Esos 7 u 8 senadores van a tener el enorme poder de mantener la sensatez entre dos grupos antagónicos que los van a necesitar para inclinar la balanza en un sentido u otro. El resultado los ha puesto en un lugar crítico. Con un bloque de derecha y otro de izquierda profundamente separados, son solo ellos los que quedan. La enorme responsabilidad de Nieto es la de liderar una pequeña bancada, desde fuera del Congreso, y hacerla un instrumento a favor de sus propuestas de campaña encontrando consensos a la derecha y a la izquierda. Toda la legislación que derogue leyes pro crimen puede depender de ellos, así como la restitución de derechos constitucionales en materia educativa. La presencia de Flavio Figallo para reconstruir desde Sunedu hasta el programa de educación sexual puede dar esperanzas en medio de tantas decepciones.

El bloque de izquierda no puede, con esos escaños, reformar la Constitución para convocar a una asamblea constituyente con el objetivo manifiesto de demoler el capítulo económico. Es imposible, así que todos a calmarse. En los temas de derroche fiscal, violación de derechos económicos, es muy probable que la bancada de Buen Gobierno pelee al lado del bloque de derecha. En defensa de derechos constitucionales, peleará probablemente contra el bloque de derecha.

Sé que hay un grupo de mis lectores que cree que es viable anular las elecciones. Mi consejo es que no pierdan su tiempo. Jurídicamente, es imposible porque las irregularidades administrativas (que siempre las hay, desde extravío de actas hasta mesas sin instalar, en todas las elecciones) no configuran ni en la Constitución ni en la ley causal de nulidad. Eso simplemente no existe. ¿Políticamente se puede tomar una decisión como la de Alberto Fujimori el año 2000? Descarto que Balcázar tenga esa capacidad o que el JNE quiera asumir poderes dictatoriales. Pero hay un detalle más. Keiko Fujimori está muy contenta con el resultado. Si echan unos números, con aproximadamente 10% del total de electores (tiene casi 2,700,000 votos de 27 millones) puede llegar a la presidencia. La reina de los pigmeos nunca más la va a tener tan fácil. Y encima tiene un tapón sólido, a diferencia de los demás. No les va a regalar este triunfo.

Mientras tanto, a esperar con paciencia el trabajo de los JEE y el JNE. La pelota y la velocidad de esta están en su cancha. Con dos semiempatados en segundo puesto, se puede jugar horas al cálculo de probabilidades (gracias amigos ingenieros y matemáticos, nunca tan útil la ciencia estadística), pero con tan poca distancia entre ambos, hay que contar todos los votos. No hay otra forma, por ahora.

Un consejo final, para lo que pueda ser útil. No juzgue al prójimo por sus creencias. Las personas siempre son dignas, las ideas son las que son malas. Las creencias no se forman por hechos sino por sentimientos, y estos pueden ser más arraigados que la más evidente verdad. Muy pocas personas tienen una profunda introspección, enorme conocimiento y sólidos medios de información. Las demás se guían por retazos de la verdad y por lo que sienten. En una elección peruana, ese sentimiento es miedo y el miedo conduce a la violencia. Con la experiencia de tantas elecciones encima, esta es la etapa del terror. Pero juntos pasaremos a través de ella. ¿Necesita ayuda? Salga de los grupos tóxicos y busque algunos que le den soporte. Tengo de los dos, pero estoy infinitamente agradecida a mis amigos caviarísimos que me ayudan a caminar serena en la tormenta.

De pasar a segunda vuelta Roberto Sánchez, como parecen indicar la mayoría de proyecciones, vendría hacia delante una campaña con una polarización enorme, probablemente con violencia interpersonal en varios niveles y la aparición de nuestras peores fracturas como sociedad. Una reedición de lo ocurrido en 2021, pero como una secuela no esperada por muchos.

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se encuentra disputando ahora mismo su pase a segunda vuelta. Me detengo en este punto para reflexionar sobre los denodados esfuerzos que se han venido desarrollando desde distintas organizaciones, empresas y personas naturales para impedir que esto ocurra. Más concretamente, para buscar que los peruanos no voten por una alternativa similar a esta. Sin ánimo de hacer una crítica árida, estos resultados muestran que el establishment se sigue mirando el ombligo.

Si bien creo que parte desde una intención buena, querer enseñarle civismo a las personas para civilizar sus votos y sus percepciones sobre la sociedad es un enfoque errado y paternalista. Ha llegado el momento de asumir humildemente que desde el establishment limeño se necesita aprender, si de verdad se busca tener una república posible, vivible. ¿Qué genera el voto anti-establishment?, ¿por qué el mayor clivaje que tenemos hoy es Lima-regiones?, ¿hemos hecho lo suficiente para abordar las brechas sociales que nos afectan hoy?

Los resultados de hoy son, también, el resultado de años de mirar sin ver. El establishment tiene ahora una oportunidad —no de corregir al votante, sino de aprender de él. De entender, de una vez, que la república posible no se construye desde arriba hacia abajo. Se construye cuando alguien, por fin, decide escuchar de verdad.

    ¿Y qué podría, a su vez, ser más fuerte que el antifujimorismo y el antikeikismo? Probablemente una sola cosa, el miedo. La gestión de Rafael López Aliaga desde la municipalidad de Lima parece el anticipo de una presidencia fuertemente autoritaria, mendaz y manirrota. Hemos visto botones de muestra en la campaña.

    En el caso de Roberto Sánchez no hay mucho que explicar. Allí está esperando el mismo elenco de Pedro Castillo y Antauro Humala, dispuesto a recorrer el mismo camino, desde la calle Sarratea hasta el golpe. La demolición del Estado constitucional ya es comentada. La aspirante a vicepresidenta Analí Márquez es un cuco para todos los gustos.

    Los antis frente al fujimorismo ya están convencidos de todas las culpas de la familia. Las culpas de López Aliaga las han visto a medias, y las de Sánchez están todas retratadas en las de Castillo, los chavistas, el castrismo y otros, a las que hizo suyas apenas se caló el sombrero. Una competencia entre el malo conocido y el malo por conocer. Acaso allí está la principal tarea de Fujimori de aquí a junio.

    López Aliaga es su mejor contrincante, pues ya ha demostrado una cierta capacidad de dispararse a los pies. Su fuerza está en ser un candidato pro blanco y pro moderno, además de falso pituco, para uso de los enemigos del fujimorismo. Eso ha hecho de Lima su plaza fuerte. Pero el hombre es desordenado y dado a exabruptos políticamente costosos. Es fácil de provocar.

    En cambio Sánchez se presenta mucho más sereno. Su peligro no está tanto en lo que puede haber hecho, sino en lo que puede llegar a hacer. Como el despido intempestivo de Julio Velarde, o la excarcelación express del dueño del sombrero mágico. En otras palabras, Fujimori se alimentará de errores ajenos durante la campaña de segunda vuelta.

    ¿Y los suyos? Allí están esperándola, ocultos en su silencio. Pero en algún momento va a tener que empezar a hablar más en serio.

Todo esto, por favor, al margen de las groseras irregularidades de una ONPE por lo menos chicha, que son otra discusión. ¿Cómo llegamos aquí, otra vez? Ya estábamos aquí, siempre estamos aquí, no nos hemos movido. La respuesta no está únicamente en las características de un candidato, sino en la insólita y destructiva frivolidad y cálculo de una clase política depredadora que se dedicó a incubar su propia némesis y sumergirnos en la tensión que hoy vivimos. Por cierto, en esta incubación incluyo, por supuesto, el desastre de la legislación electoral que deformaron a su conveniencia. Por eso, los 35 candidatos. Lo que estamos viendo en las actas procesadas es el "voto de castigo" en su estado más puro, una factura histórica que incluye, este 2026, en su primera línea de cobro, la sangre derramada. No se puede entender el ascenso de Sánchez sin mirar hacia atrás, hacia ese diciembre de 2022 y febrero de 2023, donde la respuesta del Estado a la protesta social fueron cincuenta muertes que la capital decidió ignorar o, peor aún, justificar vehementemente para sostener a Boluarte. Aquellos fallecidos por proyectil de arma de fuego en Ayacucho, Puno y Apurímac no fueron olvidados; fueron guardados como un nudo en la garganta que hoy se desata en las urnas. Y si prefieres no pensar en ello y, simplemente resolver tus dudas con el facilismo de llamarlos terrucos, te la pasarás dando botes dentro de tu tribu en un país que en el fondo resientes.

Pero no nos engañemos pensando que esto es nuevo. El caldo de cultivo es perenne, una fractura social y racial que, con sus matices, nos sigue dividiendo. El sur andino no solo vota por una propuesta económica; vota contra un desprecio histórico. Suena tan trillado, como no asumido. La desigualdad no es solo de ingresos, es de dignidad. Para ese Perú postergado, las elecciones se han convertido en el único espacio donde pueden ejercer una suerte de venganza simbólica, un ajuste de cuentas. Es el único día en que el sistema, que los ningunea y los reprime el resto del año, se ve obligado a escucharlos. Y su respuesta ha sido, nuevamente, un portazo en la cara de la élite limeña. El dique, algún día se va a romper y no habrá playita que nos salve si no se ofrece alternativa.

Esa fractura se manifiesta estos días con una violencia verbal asquerosa. Ante el avance de Sánchez, La nueva Lima vuelve a vomitar su peor cara: el racismo. Personajes con llegada masiva, influencers como el tal "Cristorata", por ejemplo, —quien, irónicamente, posee claros rasgos y antepasados andinos que parecen pesarle en el alma—, se dedican a "serranear" e insultar al votante de la sierra. Ese desprecio racial, ese odio al que es percibido como "diferente" pero que es la base de nuestra identidad, es el motor que alimenta la tan demagógica narrativa de la Asamblea Constituyente. Al insultar al votante, Lima solo logra ratificarle que su "venganza" en las urnas fue necesaria y justa. La Asamblea Constituyente es la “mano dura” de la izquierda radical.

El Ejecutivo de Dina Boluarte, con sus Rolex y su triplicación de sueldos, fue la gasolina perfecta. ¿Existe algo más provocador que lucir opulencia mientras se sostiene que una madre puede sobrevivir con 10 soles? Esa estafa emocional, sumada a la impunidad por los cincuenta muertos, creó el escenario ideal para que Sánchez cabalgue sobre las ruinas de la confianza. El hecho de que tres de cada cinco peruanos vean hoy a Castillo como una víctima, y no como un vil golpista, es el fracaso ético y de gestión de una coalición gobernante que nunca entendió que el Perú no termina en el control de las instituciones.

Nos enfrentamos ahora, mejor dicho, tomamos consciencia de nuevo y a golpes de ánforas, que somos un país fracturado hasta los huesos. Una segunda vuelta entre el antifujimorismo reactivado y una izquierda que promete un "reseteo" total y que incluye a Antauro Humala sería un nuevo capítulo, una nueva cobranza. Aquellos que gobernaron de espaldas al país, que ignoraron los muertos y que hoy permiten que sus voceros digitales insulten al Perú andino, son los verdaderos responsables. Invocaron al terremoto y el terremoto amenaza otra vez. La factura está sobre la mesa, y el precio es nuestra propia estabilidad democrática y económica. El sur ya empezó a cobrar las cuotas.

La salud pública es un clásico caso de externalidades, es decir que los beneficios de una actividad no son plenamente percibidos por el mercado y, por lo tanto, el mercado por sí solo no logra ofrecer una suficiente provisión del servicio. Como tal, requiere por lo menos una coordinación extra-mercado, lo cual justifica algún grado de intervención estatal. Puede haber diferencias en cuanto a si será mejor que la provisión de la salud sea mayoritariamente pública o privada, pero debe haber por lo menos acuerdo en qué mecanismos son los más efectivos para tener a una población más sana.

Existen serios problemas con la salud pública y generalmente éstos no surgen por casualidad; usualmente alguien se beneficia de que así sean las cosas. Veamos algunos principios básicos que se deben seguir. En primer lugar, está el dicho: “Más vale prevenir que curar”. Es mucho más costo efectivo que los recursos de salud se utilicen en la prevención que en la curación. Esa es la lógica de las vacunas, por ejemplo. Extendiendo solo un poco la lógica, es mucho más costo efectivo curar a un enfermo antes de que éste se ponga grave. En la práctica, esto quiere decir que los centros de atención primaria (CAP), que son la puerta de entrada de todo sistema de salud del mundo, deberían tener prioridad sobre la atención especializada y deben ser mucho más numerosos y de fácil acceso para la población. Esto es contrario a la tendencia existente desde la pandemia, cuando se cerraron o dejaron sin personal a muchos CAP.

Cuando el CAP detecta un caso que está más allá de sus posibilidades de atención, entonces debe derivar al paciente a un centro de atención especializada. Por supuesto, para que este proceso funcione razonablemente bien (y siempre habrá errores) el personal y equipamiento del CAP deben ser los adecuados. Se puede discutir cuántos niveles de especialización debe haber, pero es bajo esta lógica de menor a mayor complejidad que debe operar el sistema.

Atender bien a los pacientes es una cosa, pero otra es quién debe pagar los costos de atención. Existen motivos, fuera de los humanitarios, para argüir que por lo menos parte de los gastos de atención médica sean asumidos por el Estado, siguiendo la lógica de las externalidades mencionadas arriba (ojo, esto quiere decir que lo pagamos con nuestros impuestos o contribuciones). Pero también es claro que por lo menos parte de los gastos deberían ser pagados por los pacientes, sea directa o indirectamente, porque cuando un servicio es gratuito éste es consumido en exceso.

A nivel internacional, en general se parte del principio que debe haber por lo menos dos partes involucradas en la atención del paciente: el prestador de servicios y el que asegura y financia los servicios. Esto puede ser hecho de diversas maneras, pero en salud usualmente quien se encarga del aseguramiento y financiación debe actuar como una compañía de seguros (aunque sea el Estado quien cumpla este rol) mientras que quien presta los servicios es un médico o un hospital. 

Definir el mecanismo de pago que prevalecerá es fundamental para la bondad del sistema ya que con él se determinarán todos los incentivos de los diferentes participantes del sector salud. Lo usual internacionalmente es que quien se encargue de financiar al prestador de los servicios le pague una cantidad pre acordada por el tratamiento, con lo cual le “transfiere” el riesgo del tratamiento al prestador de servicios. La cantidad pre acordada se establece por el costo promedio de atender a un paciente con determinado diagnóstico. Esto requiere mucho esfuerzo.

Para no ocasionar incentivos perversos, como muchos de los que existen hoy en el Perú, se deben de tomar medidas preventivas importantes. Veamos un ejemplo. Si a un prestador de servicios se le paga una cantidad fija por un paciente, tendrá incentivos a reducir costos haciendo menos exámenes que lo ideal, usando tratamientos y medicinas más baratos aunque sean inferiores, acortando el tiempo del médico con el paciente o dándolo de alta antes de tiempo. Esto, llamado “subatención”, se puede dar porque el paciente con frecuencia no sabe bien qué tiene ni cuál es el tratamiento adecuado (lo que se llama “asimetría en la información”).

La solución a este problema es que el asegurador y financiador del servicio debe asegurar la revisión de otros números claves que pondrían en evidencia si el prestador del servicio está “subatendiendo”. Por ejemplo, ver la frecuencia de recaída o el tiempo de permanencia del paciente nos indica, por lo menos probabilísticamente, la existencia de subatención y con un gran número de pacientes la información es bastante exacta.

Cuando el sector privado opera en un marco competitivo las cosas mencionadas suceden. Hay personas con conocimientos especializados velando porque los diagnósticos sean acertados y los tratamientos correctos y así gana más el asegurador tanto por reducir los costos como por ganar la preferencia de los clientes. El problema es que el sector privado solo atiende alrededor de cinco por ciento de la población, usualmente los más pudientes.

La gran mayoría se atienden o por Essalud, que atiende a cerca de un tercio de la población (que está asegurada porque cuentan con la fortuna de ser trabajadores formales), o por el Ministerio de Salud (Minsa-SIS) que atiende al resto de la población. Essalud y el Minsa-SIS son a la vez financiadores y prestadores del servicio, lo cual no tendría problema si las dos partes estuvieran claramente separadas en términos de diseño y funcionalidad. Pero esto no es así.

En la práctica, los presupuestos que reciben las áreas de prestación de servicios son básicamente los históricos y no hay relación con los servicios que se están prestando. Además, y esto es un problema aparte, el presupuesto del Minsa es groseramente insuficiente para atender a los cerca de 25 millones de peruanos que le fueron súbitamente asignados hace unos años con la creación del SIS. Cuando a esto se le agrega la subatención a la que me referí líneas arriba y las deficiencias en la administración de recursos, vemos que el presupuesto destinado a financiar los seguros públicos de salud es cualquier cosa menos lo que debería ser.

Mientras no se haga un esfuerzo serio por ordenar el gasto en salud, asignando el presupuesto debido a los CAP, tecnificando el pago por servicios prestados y controlando la subatención, no será posible ni siquiera saber quiénes están bien o mal atendidos. Esto no se logra entregando la salud pública al aliado político de turno para que tenga a su disposición un presupuesto anual de más de 32.000 millones de soles.

El fraude ha sido la narrativa recurrente de quienes han perdido elecciones en el Perú desde 2016. En 2021, esa narrativa alcanzó la dimensión de un movimiento que se instaló en el Congreso y atacó al sistema electoral en su conjunto, impulsando acusaciones constitucionales contra los titulares del JNE y la ONPE. El fraude opera, en este contexto, como retórica del líder populista para identificar a los responsables que supuestamente impiden que «el pueblo» tome el poder. Conviene recordar que 'una victoria del populismo borra cualquier voto disidente y cualquier rasgo distintivo entre la ciudadanía' (Fournier, 2019). Para el populista, ganar las elecciones equivale a apropiarse de la mayoría sin reconocer diferencias en su interior: si los populistas triunfan, es el pueblo en su totalidad quien ha expresado su voluntad. Quienes pierden se convierten, entonces, en 'enemigos', categoría que una de las candidatas de las recientes elecciones ha empleado sin reparos.

La retórica populista no admite pluralismo: ni de identidades, ni de ideas, ni de religiones, ni de alternativas políticas. La 'patria' es una e indivisible. Incluso cuando el populista protesta, lo hace en nombre de 'la democracia', 'la familia' o 'la nación'. Las demás manifestaciones son atribuidas a los enemigos de la patria —terroristas, violentistas— y quedan al margen del derecho a la protesta, sometidas en cambio al código penal. En este esquema, la diversidad no es un valor constitutivo de la vida democrática, sino una amenaza a conjurar.

Este mecanismo no es exclusivo del caso peruano. Kim Lane Scheppele, al analizar el régimen de Viktor Orbán en Hungría, muestra cómo el populismo contemporáneo opera construyendo activamente un enemigo —real o inventado— que cohesiona al movimiento. El ideólogo del régimen húngaro, András Lánczi, lo formula con claridad: 'Mi objetivo político resulta mucho más marcado y comprensible si puedo presentar al enemigo, forjando así la unidad entre mis seguidores' (citado en Scheppele, 2019, p. 327). Entre nosotros, la referencia permanente a los 'caviares' que 'copan' las instituciones del Estado, influyen en el Poder Judicial o en las instituciones electorales como la ONPE o el JNE, cumple exactamente esa función: dotar de un adversario concreto a una mayoría ficticia que el populista dice encarnar.

La retórica populista explota este discurso que se construye en forma previa e insospechada. El fraude aparece de pronto como una nueva maniobra de los 'caviares' que quieren impedir 'que el pueblo tome el poder'. El líder populista lo proclama sabiendo que carece de evidencia, pero también sabiendo que el público al que se dirige no la exige. El encuentro del líder populista con su audiencia no descansa en razones, sino en una necesidad de autoengaño colectivo. Esto es lo que hace genuinamente peligroso al fenómeno populista: mientras el constitucionalismo liberal se asienta en la racionalidad, el debate argumentativo y el reconocimiento de la diversidad que nutre el pluralismo, el populismo se refugia en una retórica desprovista de contenido argumentativo.

Como sostiene Théo Fournier, 'la retórica populista es el uso de argumentos políticos destinados a convencer a una mayoría ficticia de que la democracia constitucional da lugar a una tiranía de las minorías' (Fournier, 2019). Sustentado en la tradición, la religión o la invocación de 'las luchas de los pueblos', el populismo prescinde de argumentos y no le interesa los puentes para el diálogo. Por eso su matriz ideológica puede ser diversa: los hay de derecha y de izquierda, y en América Latina —y en el Perú— los hemos visto en ambas versiones.

El populismo autoritario de izquierda ha colocado como agenda no negociable la convocatoria a una asamblea constituyente. Aunque la Constitución vigente ha sido objeto de reformas asistemáticas y acumula inconsistencias graves, un proceso constituyente legítimo sólo puede ser resultado de acuerdos mínimos. El programa radical de un sector de la izquierda, sin embargo, no parece interesarse en el diálogo ni en el consenso básico. Su oferta a la ciudadanía se ha planteado en términos irreducibles. Es, también, un populismo iliberal y peligroso: tan peligroso como el que ataca las instituciones para desconocer resultados electorales, aprovechando las deficiencias de un sistema que el propio sistema de partidos ha minado y debilitado durante años.

Scheppele advierte que los nuevos autócratas no llegan al poder rechazando abiertamente la democracia, sino apropiándose de su lenguaje: utilizan victorias electorales y cambios constitucionales 'legales' para consolidar un poder que, en el fondo, no tiene intención de someterse al escrutinio ciudadano (Scheppele, 2019, p. 329). El discurso del fraude sigue esa misma lógica: sin presentar pruebas, siembra la duda sobre la institucionalidad del sistema electoral. Lo hace, además, en el momento en que la democracia constitucional enfrenta su desafío más severo. No es ignorancia; es estrategia populista.