Esto no parece estar asumido del todo por el premier Luis Galarreta quien dijo, en plena ceremonia de firma del decreto del aumento de salario mínimo, que el Ejecutivo ha mantenido “paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”. Como si la paciencia fuera un recurso finito que el gobierno administra con generosidad y que en algún punto podría retirar.

Keiko Fujimori lo respaldó horas después. “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”, advirtió. Y su presidente del Consejo de Ministros había agregado antes que los congresistas que fiscalizan “ya deberían superar la elección” y que esperaba que no “abusen del poder” que les otorga la Constitución. Tres frases que apuntan en la misma dirección: la fiscalización parlamentaria es un exceso que el Ejecutivo está tolerando con benevolencia.

Al respecto, la Constitución le da al Congreso exactamente esas atribuciones: interpelar, censurar, acotar facultades. Un parlamentario que las ejerce usa el poder. Y un gobierno que interpreta ese ejercicio como una prueba de paciencia confunde el rol del Ejecutivo con el de un árbitro que decide cuándo el partido se juega y cuándo se suspende. Distinto fue, vale recordar, el abuso legislativo que cometió la mayoría parlamentaria fujimorista contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, apelando a hipótesis y no a evidencia, como sí lo están haciendo muchos de los diputados que hoy plantean rechazar el pedido de facultades que contiene normas que no son ciertamente prioridad para el país.

La tolerancia política es reconocer que quien piensa distinto tiene el mismo derecho a ejercer sus funciones que quien gobierna. El consenso democrático nace de la capacidad de disentir con evidencia, negociar con transparencia y construir acuerdos sin convertir la “paciencia” en moneda de cambio. El Perú ya vivió en los años noventa lo que ocurre cuando un gobierno decide que su tolerancia tiene un límite. Lo viven actualmente diversas dictaduras enquistadas en el poder en el mundo. Por eso vale la pena cuestionar estas frases antes de que se normalicen.

Mientras el gobierno plantea reformas absurdas como la movilidad del Lugar de la Memoria, o incluye decisiones que ameritan debates más amplios, el crimen organizado quemó vivo dentro de su vehículo a un hombre de 35 años en Los Olivos. La razón es negarse a pagar un cupo semanal de S/40. Como consecuencia, más de 50 unidades de transporte público decidieron no salir hoy.

En paralelo a estas desgracias, el Ejecutivo fujimorista acusa a diputados de ser obstruccionistas. No obstante, ante dichas denuncias, vale la pena recordar que el paquete presentado va mucho más allá de la seguridad y El Niño que el gobierno invoca como justificación. Entre varios asuntos no prioritarios, incluye la regulación de tasas de interés bancarias y modificaciones al sistema financiero. No es exagerado sostener que dichas medidas merecen un debate de Estado amplio y serio, no una aprobación apresurada.

En ese sentido, conviene clarificar la discusión pública alrededor de esto, ya que si un gobierno que lleva dos meses sin emitir los decretos de urgencia que podía dictar por iniciativa propia no lo hace, no es porque necesita más poderes, sino porque necesita usarlos.

Por ello, el debate de hoy en la Cámara de Diputados importa. Pero importa en tanto ponga de relieve lo que ocurre en las calles y contra los ciudadanos que exigen que sus autoridades finalmente gobiernen. Eso también es democracia.

Y ante una entendible denegatoria a la solicitud de facultades, el gobierno sigue teniendo el poder y puede gobernar con lo que ya tiene. En otras palabras, demostrar que la gobernanza no depende de las facultades que el Parlamento le otorgue, sino de la voluntad política de ejercer las que ya posee.