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¿Qué destino podemos imaginar para esa suma? Lo primero que viene a la mente es la compra de armamento, pertrechos, vehículos, sueldos y cosas similares que la PNP ya tiene, y que no le han servido de mucho en estos años, a juzgar por las cifras. La institución ya tiene un presupuesto de, digamos, US$4.000 millones para el 2026.

Las respuestas a la interpelación de Astudillo no convencieron, pero a la vez, ni el Gobierno ni la oposición se han tomado la molestia de revelar el contenido de ese interrogatorio. Solo sabemos que la guerra al crimen fue el centro del discurso de Keiko Fujimori en la ONU, pero Astudillo, extrañamente, no fue incluido en la delegación.

Quizás fue por su declaración según la cual Óscar Arriola no podía ser retirado de la jefatura de la PNP antes de dos años. El hombre salió en pocos días, dejando en su reemplazo a un oficial cercano. A la luz de eso, su negación de que el relevo de Víctor Revoredo y el asesinato de la candidata Polo son casi una acusación.

Astudillo es un hombre de declaraciones que se mueven entre lo banal y lo infeliz.

La idea es que los jueces del Perú insisten en juzgar a militares y policías con méritos propios en la lucha y derrota del terrorismo. Es un concepto que se apoya en la iniciativa que Fernando Rospigliosi convirtió en ley, y que ya ha producido roces entre el Poder Judicial y el Congreso. Fujimori ha convertido los roces en reales chispas.

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Una presidenta enfrentada a su propio Poder Judicial, en cierto modo, evoca los choques de Trump con sus propios jueces en los EE. UU. Es una forma sutil y oblicua de franela que no va a pasar inadvertida por el imperio del norte. Como si más franela fuera realmente necesaria para instalarnos bajo esa ala geopolítica.

Una frase de impacto en el discurso fue “guerra contra la delincuencia”. Loable propósito, que sin embargo no disimula que bajo el actual gobierno la delincuencia todavía goza de buena salud. Se nos dirá que el tiempo en el gobierno es corto. Pero los planes no asoman por ninguna parte. El problema hoy no son los jueces, sino los hampones.

No sorprende, entonces, que la presidenta del Poder Judicial le haya saltado al cuello a Fujimori, declarando inaceptables sus palabras ante la ONU. Con lo cual, la guerra que realmente está lanzando Fujimori puede terminar siendo con los jueces, muchos de ellos ya en rebeldía con la ley Rospigliosi y sus consecuencias.

Que el ministro de Justicia se haya lanzado al ruedo a defender a su presidenta no mejora las cosas. Ese funcionario ya metió la pata en sus declaraciones una vez, y ahora busca protección de las alturas. Como Janet Tello solo puede permanecer hasta el fin de este año, no hay peligro alguno en atacarla por sus opiniones.

La insistencia de Fujimori en la seguridad ciudadana dentro del Perú, expuesta ante la mirada internacional de la ONU, equivale a un compromiso, cuyos resultados le serán reclamados más temprano que tarde.

Para algunos analistas, lo clave de la visita ha sido el encuentro personal con Trump, donde hablaron de elecciones. Para otros, ha sido la indiferencia de Rodríguez frente a los ataques de Trump a Cuba. También ha levantado cejas la dedicación de la interina al tema económico, en las ramas de petróleo, minería, comercio y también seguridad.

Entonces, la Asamblea ha asistido, y con ella la ciudad de Nueva York, a dos grandes silencios: frente a la palabra Cuba y frente a la palabra imperialismo. El primero habla de una gran distancia frente a la hora crítica de la isla. El segundo da a entender que podría estar pasando la hora crítica de Venezuela. También está el silencio sobre Machado.

Los seguidores de Machado protestaron fuerte ante la presencia de Rodríguez. ¿Ven en ella una fuerte competencia electoral con apoyo del norte? ¿O una potencial dictadura con apoyo trumpista? En todo caso, el discurso de Rodríguez no es lo que se esperaba en su discurso ante la ONU, trufado de pragmatismo económico y acercamiento a EE. UU.

Otra mirada crítica al discurso de Rodríguez podría ver el lanzamiento de una nueva Venezuela como el prolegómeno de un primer ataque militar a Cuba. Algo de eso ha insinuado Trump desde sus palabras en la ONU. Dijo que están dispuestos a usar la fuerza militar para defender los intereses de su país e ir contra los cárteles de la droga.

En lo diplomático, el mensaje de Rodríguez fue sofisticado, con el pedido de un regreso de Venezuela al sistema multilateral, una defensa del diálogo y la cooperación, y el regreso a las relaciones con los entes financieros internacionales. Tanto así que se reunió con el Banco Mundial, el FMI y el BID.

¿Qué piensa el chavismo en casa? ¿Siente un alivio frente a un sistema que obviamente no funcionaba más allá de la cúpula? ¿O se siente víctima de una puñalada por la espalda?

Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha peleado con las manos atadas. Europa moderaba el tono para no provocar la enemistad con Moscú, que de todas maneras vino. Para Trump, las relaciones con Rusia siempre fueron un buen negocio. Además, nadie pensaba que Zelenski iba a poder resistir a Vladímir Putin, como viene sucediendo.

Hoy existe la sensación de que Putin no pierde esa guerra solo porque las democracias occidentales lo protegen, mientras Rusia se va entregando a los cuidados del régimen chino. Al igual que en las traiciones de Trump, el nombre de estas maromas finalmente prorrusas también es petróleo. Más ahora que el precio sigue subiendo.

En una situación así, no sorprende que Putin no quiera la paz, a pesar de no estar ganando. Un país en guerra es un argumento óptimo para perpetuar una presidencia autoritaria. Tanto así que las elecciones truchas de este mes fueron presentadas como un referendo sobre la guerra. Allí sí Rusia le ganó a Ucrania.

Si la guerra fuera un asunto de materias primas y demografía, Rusia la hubiera ganado hace tiempo. Pero hay muchos otros factores. Un pueblo que lucha por su libertad tiene una energía muy distinta que un pueblo que apoya a un gobierno invasor de su vecino. Por lo general, este último profesa un patriotismo mezclado con desgano.

La invasión de Ucrania ha servido para reforzar a la Unión Europea, sobre todo en torno de la OTAN. Lo mismo se ha dado frente a la indecente actitud de Trump, que confunde aliados con víctimas de su rapiña. Que se haya pedido a Ucrania no apuntar contra las refinerías rusas lo pinta de cuerpo entero, como un mercachifle posando de estadista.

Ante ese personaje es que la Cancillería peruana se está inclinando en todos los escenarios. Algo que no parará hasta haber convertido a China en un enemigo.

Ese acontecimiento único al que nos hemos referido es lo que se llama un caso. A menudo es algo así como lo habitual disfrazado de excepción. En esta quincena hemos tenido tres casos: un secuestro sangriento en Trujillo, un escolar violado por sus compañeros en Lima, una candidata asesinada en Áncash. Lo primero es un asunto de todos los días, como los secuestros; lo segundo es parte de algo poco difundido, y menos comentado; lo tercero es un asunto de sicarios.

Los delitos definidos como casos tienen, pues, algo de negación de la realidad. La violación del Liceo Naval, tratada como excepción, disimula la fea idea de un país de violadores. Lo mismo pasa en el secuestro con cuádruple asesinato, o el delito electoral. No son casos individuales, sino fenómenos sociales. Una vez olvidados, el problema que encarnan se va al olvido con ellos, hasta nuevo aviso.

Policías y fiscales pueden llegar a resolver un caso particular, y a menudo lo hacen. Pero los políticos no pueden resolver el drama humano que subyace a la criminalidad. Se resuelve lo ocasional que aflora, pero de ninguna manera se cura lo permanente. Capturar una banda de hampones termina siendo, sobre todo, hacerle lugar a otra. Pero el hecho suele ser cacareado como una solución.

El acceso a la publicidad es un activo para el hampa. El caso como género periodístico muestra el lado heroico, por así llamarlo, del crimen, y oculta otros aspectos, como la familia, la salud mental, los complejos, la mitología. Facetas indispensables para el trabajo de inteligencia, frente a cualquier tipo de organización hostil.

¿Qué conviene? No tocar los casos es imposible. Pero se les puede tratar desde el inicio como parte de una realidad más amplia, que los explica y donde está la raíz de un evitamiento de lo excepcional como apariencia. Podríamos parafrasear un dicho chino según el cual hay que socavar los cimientos para derribar la torre.

Las dos cosas han aumentado exponencialmente. Unos lo atribuyen al negocio de la droga enquistado en un hampa norteña que lo estaba esperando. Otros mencionan la llegada de olas de delincuentes de Venezuela y Colombia, entre otros. También se alude al deterioro de la capacidad policial del país. Son tres factores que no se contradicen, y más bien se potencian.

El crimen empezó a colmar la paciencia de la población después del 2021, en el periodo de los ministros chicha de Pedro Castillo y los presidentes que le siguieron. Robo en los ministerios, asesinatos en las calles y corrupción en la policía. Fue cuando la delincuencia violenta empezó a expandirse y a especializarse. De la droga a la minería ilegal, del asalto al azar a los cálculos de la extorsión.

Los golpes espectaculares y los paros del transporte bajo fuego le empezaron a costar la cabeza a ministros, pero eso solo sirvió para poner en evidencia la mediocridad del alto personal del Estado peruano, y para atizar la furia política de los medios y las redes. El crimen organizado se volvió la espada de Damocles de la política, y el pan con mantequilla de las campañas electorales.

Eso es lo que ha llegado hasta la presidencia de Keiko Fujimori. El crimen violento está igual que ayer, y acaso peor. La protesta ciudadana no ha recomenzado porque todavía son pocos días de gobierno. Pero los hampones están avanzando más rápido que los políticos, los policías y los militares. Los extorsionados y los muertos se están acumulando, y nada indica que el fujimorismo va a cambiar las cosas.

El secuestro de Trujillo se ha ido revelando como un guion de farsa teatral, mientras las autoridades van esperando que las cosas se calmen. Ninguna de las hipótesis se sostiene. Una suerte para los gobernantes que El Niño esté a la vuelta de la esquina. Pero con Niño o sin él, los criminales siguen disparando contra las unidades de transporte, llenas de pasajeros o no.

El anuncio se produce a un día de concluir el ejercicio Southern Vanguard en la Amazonía peruana. Incorpora a Perú, Argentina, Chile y los EE. UU., con el explícito propósito de mejorar la capacidad de este cuarteto de operar juntos en territorios amazónicos complicados. En la Amazonía no solo hay narcos; también pacíficos ciudadanos selváticos.

Cuando Washington anuncia cruzadas contra los narcos, hay que mirar dos veces. EE. UU. ha estado en todas las guerras perdidas contra la droga y, además, en esta administración mantiene una mirada interesadamente laxa sobre el problema. En pocas semanas, la Venezuela chavista ha pasado de país narco a país que no colabora con el narcotráfico.

Entonces, las armas gringas no llegaron este año a Caracas a perseguir narcos (que exportan su producto sobre todo a Europa), sino persiguiendo a rostro descubierto el control de las reservas de petróleo de ese país. Por lo cual, el argumento antidrogas para penetrar militarmente esta región necesita ser detallado. Hay numerosas hipótesis.

Una hipótesis muy difundida es el deseo de ponerle músculo al nuevo auge de la doctrina Monroe. Por ejemplo, desanimando a China de su avance comercial en el continente. Otra hipótesis es el deseo de adelantarse a previsibles triunfos electorales izquierdistas en muchos de estos países. Hacer de toda Sudamérica una base militar del Comando Sur de los EE. UU.

Frente a este tipo de perspectivas, la caza del hampón peruano, urbano sobre todo, es un tipo de tarea geopolíticamente menor. Para eso está el FBI, que ahora último ha ayudado en unas pocas capturas. Pero el narco de la Amazonía y el criminal de las ciudades tienen relaciones muy densas. Esperemos que la nueva presencia de los EE. UU. ayude.

No está tan lejano el día en que veremos un choque militar entre China y los EE. UU. en aguas y tierras de América Latina. Nos espera, pues, un siniestro cielo lleno de drones.

Carlos Spencer, historiador y periodista, acaba de publicar Swan Song (El canto del cisne), una memoria sobre su hermana, a 30 años de su muerte. El libro empezó a ser presentado por extractos ayer en el Daily Mail de Londres, el segundo diario de más venta en el país. El autor sale, como se dice aquí, con la pata en alto.

La frase elegida para lanzar la obra es una en que el reciente viudo de Diana le dice a Spencer por teléfono que la princesa pronto será olvidada. Carlos III respondió como el editor esperaba, con un comentario oficial sobre que el dolor del duelo puede alterar la razón y afectar el juicio y los recuerdos de formas irreconocibles para otros.

Entre el hijo Harry y el ex cuñado Spencer, Carlos III se perfila como el malo de la película sobre la vida y muerte de la princesa Diana. Un drama que con los decenios no ha perdido su interés para el gran público. Los libros sobre el tema son muchos y siguen apareciendo. Este último promete vender muchísimos ejemplares.

Para el rey, el tema de su primera esposa no va a desaparecer. Es lo que explica que ocupe un segundo lugar en el ranking de popularidad real, luego de su hijo William y pareja. Con un 55% en la encuesta Ipsos, el sentimiento pro-monárquico es el más bajo en 33 años. Si algún cisne canta hoy, ese es Carlos III, con su problema oncológico.

A tres decenios del accidente, y con un rey que subió al trono muy tarde en la vida, los conflictos en la familia real inglesa tienen cada vez más un sabor a historia antigua. Por eso, quizás Harry y Meghan, los duques de Sussex, recién regresados de California, aparecen desorientados, mirando la cámara como almas en pena.

Si se trata de liquidar la política económica peruana, esos opositores, mayormente de izquierda, pero no solo, no han necesitado una salida de Velarde. Ya el Congreso que acaba de concluir produjo un nivel de gasto público inconstitucional que hizo sonar las alarmas del Consejo Fiscal sobre el futuro económico del país.

Al escribirse esto, es obvio que es muy poco probable que el Senado acepte una salida de Velarde. Pero los seguidores, directos u oblicuos, de Juntos por el Perú ven el cuestionamiento del prestigioso y popular presidente del BCR como un golpe psicológico al capital y a la derecha política. Por eso, quizás Indira Huillca afirma que esa no es la cuestión de fondo hoy.

La cosa es debilitar al Ejecutivo todo lo posible. Pues el amplio pedido de facultades delegadas ha sido percibido como un intento de restarle capacidades a los diputados. Todo ha debido comenzar con una negociación, y no ha sido así. Comenzó como una lucha a pedradas, lo cual siempre le da oportunidad a los peores.

En cuanto a Velarde, este es importante para mantener en su sitio el horizonte de excelencia de la economía peruana, pero él mismo ha dicho que no se siente indispensable. Aunque es posible que las acusaciones que le llegan desde la izquierda le den ganas de seguir en el cargo, ahora con un nuevo directorio.

Es lamentable lo mucho que se vienen pareciendo el actual Ejecutivo y la actual Cámara Baja a sus versiones pre-2026. Vuelve a reforzar la hipótesis de que lo dañado es el sistema político, necesitado de reformas. Así, los roles de las personas cambian, pero los mecanismos siguen iguales, siempre al filo de la ilegalidad, o de lleno en ella.

Volviendo a Velarde, no es su persona lo que quieren afectar, sino la independencia del BCR. Un ente emisor sometido al poder político es la “cuestión de fondo” para avanzar en el asalto al Estado.

 Esa reforma no es profunda. Es una vieja receta que ya se probó y que no funcionó del todo. Y es, en el fondo, algo distinto de lo que dice ser. Más que una política para mejorar los aprendizajes es un instrumento para atender la seguridad pública y para avanzar una agenda moral conservadora.

Lo conocido del plan —más colegios, kits escolares, conectividad, capacitación docente, una escuela de directores y ajustes curriculares — descansa en el supuesto de que, si se mejoran los insumos, los resultados positivos llegarán por añadidura. Fue la hipótesis de cambio de las reformas de los años noventa, la que la banca multilateral promovió en toda América Latina y que en el Perú tomó forma en el Mecep. Fue, también, la política educativa del gobierno de su padre.

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 Las evaluaciones de aquellas reformas coincidieron en lo esencial. Los insumos mejoraron en algo, pero los resultados, no. Y aun esos resultados se entendieron de manera restringida, como puntajes en pruebas estandarizadas. La hipótesis, entonces, no falló por falta de recursos. Falló por su premisa.

 Merilee Grindle distinguió entre reformas de acceso, que expanden el sistema y suman aulas, plazas y presupuesto, y reformas de calidad, que obligan a redistribuir poder y a rendir cuentas por lo que los estudiantes efectivamente aprenden. Las primeras son fáciles de anunciar, mientras que las segundas son difíciles de sostener. La “reforma profunda” tiene la forma de las primeras y el discurso de las segundas.

 En rigor, como sostiene Thomas Popkewitz, reformar supone cambiar los fines y principios de la educación, no solo la operación del sistema. Una reforma empieza por preguntarse qué personas quiere formar la escuela y qué sociedad espera construir con ellas. Solo después se pregunta qué insumos hacen falta para lograrlo. El plan nacional de educación 2026-2031 hace el camino inverso y por eso más que una “reforma profunda” es un programa de inversiones.

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 Sin embargo, una finalidad sí apareció en Nueva York. Solo que no era educativa. La presidenta presentó las fallas del aprendizaje como “combustibles de la criminalidad”, pidió restablecer la autoridad en las aulas y atribuyó el desorden escolar a una agenda ideológica ajena al país. La escuela aparece allí como dispositivo de orden y de prevención del delito, y el currículo como terreno de una disputa moral que ya tuvo su primer capítulo en mayo, con la eliminación de la educación sexual integral. La reforma no está pensada para que los estudiantes aprendan. Está pensada para que el gobierno hable de seguridad y de moral.

 Por eso, nada de lo que hoy golpea a la escuela peruana cabe en esta propuesta. No la violencia escolar, que no se previene con autoridad punitiva sino con instituciones capaces de nombrarla y atenderla. No el debilitamiento de la ciudadanía democrática, en una generación que es hoy la más abierta a alternativas autoritarias. Y no las desigualdades de aprendizaje, que dependen del lugar donde se nace y que no se corrigen solo con un colegio nuevo o una mochila.

 Lo dije el día en que se presentó el plan: me preocupa el retroceso en PISA, pero me preocupa más el retroceso que representa el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031.

 Si en el quinquenio pasado se desmontaron las reformas, este nuevo gobierno empieza retrocediendo treinta años. Presenta como futuro una reforma rancia, mientras siete de cada diez adolescentes de quince años no alcanzan el nivel básico en Matemática, mientras la satisfacción con la democracia entre jóvenes de 18 a 24 años cayó de 42% a 26% en menos de dos décadas y mientras en 2024 se registraron alrededor de 20.000 reportes de violencia escolar. Nada de eso se resuelve con más insumos: cemento, capacitaciones masivas, directores convertidos en gerentes. Menos aún solo con disciplina entendida como castigo.

 La reforma educativa que nos hace falta es la de un país que sepa para qué educa.

Maricarmen se negaba a irse del lugar donde había vivido, crecido y envejecido y que era parte del edificio que en 2018 fue vendido a la empresa Urbagestion con la idea de construir apartamentos que serán vendidos por mucho más dinero del que se invirtió. Es un negocio redondo, menos para Maricarmen, su vida y sus recuerdos.

Ella es parte del numeroso grupo de mujeres que nacieron y envejecieron con leyes machistas que no les reconocían derechos como alquilar o comprar propiedades, que les asignaron labores de cuidado sin consultarles, que las condenaron a matrimonios infelices y a maternidades no deseadas, porque esa era la garantía de no quedarse solas y, por ejemplo, no ser desalojadas. Y en países como el Perú, donde la pobreza se inicia desde el nacimiento y las oportunidades tienen un color y un apellido específico, la vejez es la culminación de una vida de sufrimiento en la cual la dignidad pasa a segundo plano. No todas las vejeces son iguales y la vejez de las mujeres es aún más dura y solitaria.

Por eso, es muy valioso el proyecto uruguayo de vivienda colaborativa por medio del cual las mujeres mayores envejecen juntas sin perder autonomía y que cuenta con el apoyo de la intendencia de Montevideo. Esta es una esperanza para las mujeres que han vivido con libertad y que se niegan a que, como dice el poema de Silvina Ocampo, envejecer signifique cruzar un mar de humillaciones. 

Un día hubo una disputa entre un campesino y un hombre poderoso. El juez escuchó a ambos y, después de revisar las pruebas, le dio la razón al campesino. El hombre poderoso miró al juez y le dijo: ¿Sabes quién soy yo? El juez respondió: Lo sé. Pero aquí no importa quién sea usted. Aquí importa qué dice la ley y qué muestran las pruebas.

El poderoso no cuestionó el veredicto del juez, pero decidió atacar al juez. Comenzaron los rumores. Luego vinieron las investigaciones. Y finalmente alguien dijo: ese juez debe ser retirado. ¿Cuál fue su pecado? Haber demostrado que la balanza podía inclinarse contra el poderoso.

La destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien envió a prisión no solo a líderes políticos y grandes empresarios, es un ejemplo de ello y es la antesala de lo que vendrá para los jueces que tomen decisiones que incomoden al poder. La independencia judicial no se mide cuando el juez dice lo que el poder quiere escuchar; se mide cuando el juez se atreve a decir lo que el poder no quiere escuchar.

Instituciones ya tomadas

Controlar la labor de los jueces siempre ha sido una constante del poder político y económico. Hay que recordar que cuando el general Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, en 1968, destituyó a todos los jueces de la Corte Suprema e intervino el Poder Judicial. En igual forma, cuando Fujimori dio su autogolpe, en 1992, destituyó a decenas de jueces de diferentes instancias e intervino el Poder Judicial, a través de José Dellepiane Massa, miembro de la Marina.

Hoy se pretende hacer lo mismo, controlar el Poder Judicial, bajo el siguiente método:

1) el poder político en el Congreso aprueba leyes abiertamente inconstitucionales, como el juzgamiento de delitos comunes en el fuero militar, la amnistía y la prescripción de delitos de lesa humanidad, el proceso de colaboración eficaz, por citar, con el fin de debilitar la labor judicial y alcanzar impunidad; 2) se busca que el Tribunal Constitucional valide la constitucionalidad de esas leyes, y para ello, el defensor del pueblo es el vocero y promotor del control; 3) si los jueces, cumpliendo su deber constitucional, inaplican por control difuso o convencional esas leyes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) les inicia procesos disciplinarios para luego destituirlos; 4) se tejen paralelamente narrativas que destruyan la autoridad del juez ante la opinión pública, para justificar su futuro retiro; 5) el poder político, utilizando su posición de poder, amenaza a los jueces que inapliquen las leyes del Congreso; y, 6) se formalizan denuncias de manera selectiva, para forzar su destitución del cargo.  Todo está alineado bajo el libreto que siguen el TC, JNJ, Defensoría y el Congreso, para alcanzar el control de la institución judicial.

 A todo ello, se agrega el silencio del Ministerio Público, de no cumplir con el deber constitucional que le asigna el artículo 159.2 de la Constitución, de "velar por la independencia de los jueces." No hemos escuchado pronunciamiento alguno en defensa de la independencia judicial, por parte del Ministerio Público, como sí lo han hecho organismos internacionales como la ONU y la Corte IDH, que han cuestionado la labor de la Junta Nacional de Justicia.

Este método que ejecuta la JNJ de la mano del poder político apela al miedo y al amedrentamiento. Nadie coloca una cadena alrededor del cuello de los jueces. Nadie les ha dicho directamente qué sentencia deben dictar. Simplemente se apela al efecto disuasivo que las decisiones de la JNJ puedan generar en ellos.

Tener jueces independientes es una protección para los ciudadanos. Eso es lo que hay que reafirmar: los ciudadanos somos los directamente beneficiados con la independencia judicial, para ello, el diseño constitucional contempla una serie de garantías para que los jueces desarrollen su labor sin miedo, con libertad, tranquilidad e imparcialidad (art. 146 Constitución).

Choque de trenes

Recientemente, Keiko Fujimori como presidente de la República ha sostenido ante la ONU, que, en el país, no se respeta el debido proceso en el juzgamiento a los militares, lo que ha motivado la inevitable respuesta enérgica de la jueza Janeth Tello, presidenta del Poder Judicial. Si se habla dentro del país de respeto a la independencia judicial y separación de poderes, ese compromiso debería verse sostenido por igual ante la comunidad internacional.

Fujimori representa al Estado dentro y fuera de la República (118.2 Constitución). No puede tener un discurso para afuera y otro distinto para los ciudadanos. Nos preguntamos, ¿realmente se defiende el debido proceso o se está usando como excusa, para deslegitimar las decisiones judiciales que incomodan a quienes ejercen el poder?

Nuevamente, la balanza se pone a prueba. Las víctimas necesitan jueces independientes, tanto como los acusados necesitan un debido proceso. Una cosa no debe sacrificarse en nombre de la otra. Por eso, desacreditar jueces de manera sistemática, sin evidencias válidas, puede terminar debilitando eso que se dice defender, el Estado de Derecho.

Liderazgo y personalidad

Frente a este panorama, se aproxima la elección del nuevo presidente del Poder Judicial. Resulta importante el liderazgo y la personalidad del nuevo presidente que se elija, pues tendrá el reto de hacer frente al poder político y económico que busca avasallar la autonomía institucional y sobre todo quebrar la independencia de los jueces en su labor.

En este nuevo escenario, de copamiento de instituciones, de leyes abiertamente inconstitucionales y de un debilitamiento del Estado de Derecho, tendrá que transitar el nuevo presidente del Poder Judicial. Para ocupar ese cargo no solo se requiere méritos académicos, sino tener liderazgo y autoridad para dirigir la nave de la institución judicial hacia un escenario en el que se afirme el reparto, la separación y el ejercicio equilibrado del poder.

Ante las decisiones que toma la JNJ, muchos jueces se vienen preguntando, en su fuero interno, ¿qué pasará conmigo si mañana dicto una sentencia que incomoda al poder? Cuando un juez pierde su independencia, no se pierde a un juez, se pierde una parte de la protección que tenemos los ciudadanos frente al poder.

Siempre debemos recordar que la independencia judicial no existe para proteger a los jueces de los ciudadanos. Existe para proteger a los ciudadanos frente al poder. Es muy fácil defender la independencia de los jueces cuando sus decisiones coinciden con lo que el poder espera. La verdadera prueba aparece cuando un juez decide en sentido contrario; el caso Concepción Carhuancho es un ejemplo de ello.

El Perú se abstuvo en la votación, contrariando su propia historia diplomática. La Cancillería, durante 79 años, mantuvo —más allá de matices respecto de hechos o situaciones coyunturales— una posición histórica de pleno respaldo al principio de libre determinación del pueblo palestino; a su derecho a constituirse en un Estado libre e independiente; y de apoyo sistemático a la solución de dos Estados con fronteras seguras, viabilidad económica y convivencia pacífica, como única solución al conflicto persistente.

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Esta política de Estado se mantuvo y consolidó independientemente de la orientación y del origen —constitucional o no— de los regímenes de turno. Concurrieron a su desarrollo o a respetar su intangibilidad gobiernos democráticos como los de Bustamante, Prado, Belaúnde, García, Toledo o Humala, gobiernos militares de muy disímil orientación (Odría, Velasco, Morales Bermúdez) o de facto, como el del propio Alberto Fujimori, en cuya gestión el Perú votó a favor de la A/RES/54/42, que demandó garantizar los derechos inalienables del pueblo palestino, especialmente su derecho a la libre determinación, demandó el retiro de Israel de los territorios ocupados en 1967 y otorgó el respaldo de la comunidad internacional a la solución de dos Estados.

Esta política de Estado asumió, además, compromisos específicos en relación con la participación de Palestina en las Naciones Unidas. El 7 de julio de 1998, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Perú votó a favor de la Resolución A/RES/52/250, que amplió los derechos y privilegios de participación de Palestina en las Naciones Unidas, otorgándole el derecho a participar en la Asamblea General. Lo que se le quiso negar ahora. En 2012 se produjo un avance cualitativamente mayor. La Asamblea General aprobó, el 29 de noviembre, la Resolución A/RES/67/19, mediante la cual reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. El Perú votó a favor del texto y fue copatrocinador.

Analizada la abstención del Perú en este contexto histórico y jurídico, representa una modificación drástica de la posición del Estado peruano sobre la participación de Palestina en las Naciones Unidas. Tiene, además, como mar de fondo el proceso contencioso que sigue la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de genocidio en contra de Israel, la masiva violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Gaza, y el hecho que la violencia israelí haya provocado «la crisis económica más grave jamás registrada en el mundo», como lo ha documentado Naciones Unidas en el más reciente informe de la UNCTAD.

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La significación de la abstención debe apreciarse, por tanto, no aisladamente, sino en el contexto actual de la situación en Gaza y Cisjordania y, especialmente, en relación con los actos anteriores del propio Estado peruano ya reseñados. No constituye simplemente una decisión circunstancial sobre un procedimiento de la Asamblea General.

El voto en abstención introduce una revisión sustantiva de la posición que el Perú había venido expresando respecto del derecho de Palestina a participar efectivamente en los trabajos de las Naciones Unidas. Denota una indiferencia política y ética sobre la gravísima situación que vive el pueblo palestino y que Emmanuel Macron ha identificado como una violenta tragedia que la sociedad internacional no puede ignorar ni soportar. Se trata ya, en el mérito del voto, de una decisión contraria a las posiciones que el propio Perú había adoptado para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de participación del Estado palestino.

La pregunta que salta a flor de piel del análisis de los hechos, sus antecedentes y referentes jurídicos es: ¿en función de qué interés nacional se adoptó esta decisión?

La determinación del interés nacional peruano puede establecerse objetivamente a partir de la posición del Perú como Estado de poder relativo medio en América Latina, de menor grado a escala global, y cuya viabilidad depende esencialmente de principios y normas que aseguren su integridad territorial, soberanía, independencia y viabilidad económica y social.

Los intereses en juego en la votación eran los de las Naciones Unidas y de la inmensa mayoría de Estados que, incluidos aliados importantes de los Estados Unidos como Japón, comprometidos con la defensa de la legalidad internacional, y los de los Estados Unidos e Israel, que buscaban impedir la participación del jefe de Estado de Palestina, Mahmoud Abbas.

Desde este punto de vista, la cuestión central no era optar entre un interés palestino y un interés estadounidense. El gobierno debió tener en cuenta que existía un interés propiamente peruano en preservar una regla general: que ningún Estado sede pueda impedir, mediante decisiones nacionales, el ejercicio de derechos de participación reconocidos por las Naciones Unidas. Esa regla protege a Palestina en este caso, pero protege igualmente al Perú y a todos los Estados y representantes que participan en el sistema de Naciones Unidas.

El interés nacional del Perú frente a la cuestión palestina no debe identificarse con una adhesión política a una de las partes del conflicto, sino con la preservación de intereses permanentes de su política exterior. Entre ellos, la vigencia del derecho internacional, el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, el fortalecimiento del multilateralismo y la solución pacífica de las controversias. Para un país como el Perú, la existencia de reglas internacionales efectivas y de instituciones multilaterales capaces de limitar las relaciones puramente de poder constituye un interés propio y permanente.

En ese marco se inscribe también la posición histórica peruana favorable a la libre determinación del pueblo palestino y a la solución de dos Estados. Esta posición es compatible con otro interés nacional igualmente importante: mantener relaciones normales y constructivas con Israel y Palestina, favorecer la paz y estabilidad en Oriente Medio.

Forma parte, también, del interés nacional peruano preservar la autonomía, continuidad y credibilidad de la política exterior. Una política sostenida durante decenios por sucesivos gobiernos en favor del derecho internacional, el multilateralismo, la solución de dos Estados y la participación de Palestina en las Naciones Unidas que constituye un activo diplomático del Estado. Por ello, el Perú tiene también un interés propio en que los derechos de participación que ha contribuido a reconocer a Palestina sean efectivamente ejercidos y en que sus decisiones internacionales mantengan coherencia con las posiciones que el propio Estado ha sostenido históricamente. El Perú no puede ni debe extraviar sus intereses nacionales. No puede ni debe decidir la política exterior en función de los intereses de otro Estado, por más que sea una potencia unipolar.

Los temas que más preocupan son la violencia del tráfico (y de los conductores), así como estar siempre atento a un potencial robo. Este tenso clima cotidiano predispone a algunos a buscar soluciones drásticas e inmediatas. En lo que más se fijan es en las características del candidato. Un lugar común es pedir honestidad, entendida como el hecho de no robar, pero también con que se haga lo que se prometió.  Como veremos más adelante, algunos entienden que lo ofrecido se puede pagar en partes y que “finalmente, todos son políticos”. No hay mucha esperanza y se escoge entre lo que hay.  Otro elemento es el estilo de liderazgo: mientras un sector demanda "mano dura" contra la delincuencia y el caos vehicular, otro prefiere un perfil más técnico, estratégico y dialogante, que sepa negociar sin caer en enfrentamientos. Esperan que el alcalde conozca la realidad de toda la capital (no solo de los distritos residenciales). Esto se relaciona con la empatía hacia los diferentes sectores que habitan Lima y con la vocación de servicio. Finalmente, se habla de la importancia de la experiencia y capacidad de gestión pública. Se valora la trayectoria previa en la administración pública o en grandes organizaciones, “que haya hecho obra”.  Asociarse con obras no es casualidad. Es un comodín que beneficia indebidamente a quienes están postulando a la reelección, ante la mudez del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Comparto los comentarios sobre los tres más mencionados. Quienes votarían por López Aliaga (RLA) lo ven como alguien de "armas tomar", “de mano dura” en la lucha contra la delincuencia. Lo describen como un empresario que "no entra a enriquecerse" del Estado. Lo ven cercano a sectores populares, porque en sus redes sociales aparece (sin buscarlo) movilizándose en mototaxis o comiendo en carretillas. Sus potenciales electores destacan la ejecución de diversas obras de infraestructura, aunque no las haya terminado o hayan generado discusión sobre su impacto, como la extensión de la Vía Expresa Sur, Ramiro Prialé, puentes, peajes y trenes. Para ellos, lo importante es “hacer”, así sea "al caballazo", por encima de la elaboración de expedientes técnicos. Quienes no votarían por RLA, pero incluso los que sí lo harían, critican sus excesos verbales, su estilo tosco y confrontacional. La reelección encubierta y su renuncia a la alcaldía para postular a la presidencia es uno de los motivos por el que un sector no votará por él, y es algo que también critican los que sí lo harían. Sin embargo, sus votantes disculpan su comportamiento alegando que las obras pesan más que la formalidad legal o el trato respetuoso; que deben darle la oportunidad de terminar “sus obras”, no importa cómo. La cultura desformal, señalada por Martuccelli, en plena acción.

Bruce es percibido como alguien sereno, dialogante, técnico y moderado. Algunos de los que no votarían por él perciben esa moderación como "tibieza" o falta de la firmeza necesaria para lidiar con el caos urbano.  Así como se ve una particular conexión emocional entre el votante de RLA y el candidato celeste, quienes votan por “Techito” lo harían más desde una lógica de antivoto (no hacerlo por RLA) o por una evaluación más racional de sus capacidades y experiencia como alcalde.  Muchos conocen su trayectoria como ministro de Vivienda, congresista y alcalde en Surco (que la mayoría aplaude, aunque algunos critican). Su posición con relación a temas LGTBIQ+ genera apoyo en el electorado más liberal, pero cierta resistencia en sectores conservadores. Se le asocia más a distritos de clase media y alta. Para algunos sería el “menos malo” a elegir, pero no se percibe una intención del todo definida.

Allison, al momento de las entrevistas, estaba menos presente en la memoria limeña. Es visto como un gestor de acción directa a nivel distrital, enfocado en la resolución de problemas inmediatos. Varios destacan sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana con tecnología de vigilancia avanzada, planteando la implementación de cámaras con inteligencia artificial y patrullaje intensivo. Se destaca lo logrado en Magdalena del Mar, donde es reconocido por haber mantenido un distrito limpio, verde y seguro.  Se le reconocen obras a nivel distrital, pero la principal duda, entre los entrevistados, es si la capacidad demostrada en un ámbito mediano se puede trasladar con éxito a la magnitud de Lima Metropolitana. También se ubica en el grupo de los posibles “menos malos”, pero todavía no consolida una clara intención de voto.

La mención a las obras es una constante, pero más parece importar la identificación con una forma de hacer las cosas.  Algunos privilegian el “caballazo”, como ellos mismos mencionan; otros apoyan un estilo más técnico. La próxima semana es la última del proceso electoral. Para una ciudadanía cansada de políticos que no los miran, así como por el reciente proceso electoral, pareciera que los debates no tendrán mayor impacto. Algunos esperan las encuestas para decidir por su “menos malo”, pero no es un patrón generalizado. Como todo gira alrededor de las personas, cualquier movimiento puede suponer un cambio a favor o en contra de una candidatura. No sabemos quién saldrá, pero tenemos cierta idea de las diferentes cosas que privilegian los limeños.

En educación, el éxito no cristaliza en papeles ni en ceremonias oficiales. El éxito cristaliza en lo que sucede entre un alumno y un profesor durante una hora lectiva. En esa relación se define si la educación es de calidad; si el profesor es consciente del tamaño de su responsabilidad; si el alumno logra descubrir sus capacidades, desarrollar sus habilidades, en suma, aprender y ser una buena persona, respetuosa del entorno, sensible, curiosa y honesta. Cuando el problema se reduce a infraestructura y a insistir en pleitos ideológicos, entonces no se ha entendido el problema.

En la última prueba Pisa estamos jalados. Digo estamos porque los jalados no son solo los alumnos, sino también los profesores, los responsables del Minedu y, sin duda, todos aquellos que intervienen en el diseño de políticas educativas. También los congresistas, por cierto. ¿Acaso no hemos visto lo que han hecho con la educación en los últimos años? El consuelo es que no somos los únicos que estamos mal y que el desastre es más extenso y profundo. Ya sabemos que mal de muchos, consuelo de tontos. Falta autocrítica y soluciones. Hay, obviamente, un requisito: entender el problema.

Concentrémonos en la lectura. Pisa confirma que la inmensa mayoría de estudiantes no entiende lo que lee. No es novedad. Pregúntales a los profesores. ¿Quiere decir que no saben leer? No. Los jóvenes pasan horas todos los días leyendo en sus teléfonos o pegados a una pantalla. También lo hacen muchos adultos, incluyendo profesores, por cierto. De manera que sí tienen contacto con la lengua escrita y leen. Obviamente, no es el tipo de lectura que contribuye con el desarrollo cognitivo esperable en una educación de calidad; al menos, digámoslo así, no es el tipo de lectura que incrementa el espíritu crítico, ni la abstracción, ni las asociaciones, ni las inferencias y parece poco probable que forme ciudadanos en el sentido estricto del término. Las maneras de comunicar, es decir, lo que se entiende por decirle algo a otra persona tiene en ese mundo una concepción distinta de la que experimentamos en la comunicación cara a cara. Cuando se pasa de ahí a la realidad real, el contraste y la distancia se hacen evidentes y, muchas veces, siembran el alma con frustraciones, violencia y una soledad insoportable. Las normas y conductas de una no funcionan en la otra. No se lee igual, además.

 ¿Es responsabilidad de los estudiantes? No. La responsabilidad es de la lista de jalados que mencioné y que ignora el complejo proceso cognitivo y emocional que atraviesan los escolares y los universitarios durante sus años de formación. Si la lectura implica contacto con textos escritos, habría que empezar por invitar a los muchachos y muchachas a que aprecien la existencia de tipos textuales distintos, cada uno con sus exigencias y cada uno con sus propios desafíos. Leer un editorial, una novela, una ley o un wasap implica formas y estructuras, verbales y discursivas, que someten al lector a diversos retos de comprensión. Ya circula el proyecto de introducir una hora de lectura en los colegios. Ciertamente que una hora es mejor que nada. Pero, ¿en serio creen que esa es la solución para que un escolar comprenda un texto? Los tipos de lectura tienen su momento, su edad y requieren diferentes grados de madurez intelectual. Exigirle a un escolar que lea la primera parte de el Quijote o, en un ejercicio de patriotismo, aprenda y recite un poema de Trilce serviría para confirmar que el problema está lejos de una solución. Y algo peor, quienes lo sugieren no ofrecen indicios de ser buenos lectores.

 Leer y comprender un texto exigen acompañamiento, experiencia, conversación, tiempo y, sobre todo, tener alguien con quien compartir lo que la lectura ofrece al lector. No basta mover los ojos sobre una sucesión de palabras, ni pedir resúmenes. La comprensión se traduce en una opinión personal sobre la idea central de un texto. Repetir de memoria demuestra que se tiene buena memoria y que no se ha entendido nada. Cuando se comprende un texto, el lector debe poder argumentar y defender su interpretación. Esa es la base del espíritu crítico. El discernimiento. El argumento.

 Cuando una autoridad declara que se fomentará el espíritu crítico en los colegios, todos celebramos. Pero si un segundo después afirma que se limpiará el currículo de toda ideología recurriendo a una historia científica, sustentada en datos, queda claro que carece de espíritu crítico y de conciencia histórica; también queda claro que una frase puede ser su propia negación. Nadie duda de la importancia de la educación para construir un mundo mejor; sin embargo, mientras sea vista únicamente como un negocio y un instrumento que da réditos políticos, entonces seguiremos cuesta abajo. Sin una buena educación no habrá desarrollo.

 ¿Qué debe suceder para que escuchemos a los especialistas y a quienes diariamente asumen la responsabilidad de dictar una buena clase? Hay mucha literatura sobre estos temas. Empecemos, vaya paradoja, por leerla.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la campaña subnacional no ha prendido en el ánimo ciudadano y parece poco probable que lo haga en los días que quedan.

Hace un par de meses planteaba que las elecciones del próximo 4 de octubre podían ser una oportunidad para preguntarnos qué rumbo queremos para el país, esta vez en clave local. También podían permitirnos construir gobiernos subnacionales capaces de articular las necesidades de sus territorios con el gobierno central y, a la vez, funcionar como piedra de tope de los abusos que este pueda pretender cometer en el futuro.

Sigo convencida de la relevancia de estos comicios, aunque estén pasando más desapercibidos de lo habitual.

Ricard Gomá, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Institut Metròpoli, afirma en su Alegato por un municipalismo transformador que “aún hoy la escala nacional estructura imaginarios políticos y vertebra actores de cambio (…) Es posible, sin embargo, adoptar otra mirada. Una perspectiva orientada a rescatar la relevancia histórica de lo local como activador de transformaciones”.

La inseguridad ciudadana, por ejemplo, exige un trabajo conjunto entre el Ejecutivo nacional y los municipios, aunque todavía no se perfilen alternativas novedosas para esa colaboración.

Aunque los gobiernos regionales y locales no tienen competencias directas sobre la detención y persecución del delito, sí pueden colaborar con la investigación y, sobre todo, desarrollar políticas de prevención.

Algo similar ocurre con otro problema estructural: la vivienda. En el país, el mercado inmobiliario ha crecido con el apoyo de programas gubernamentales de crédito y bonos para la compra. Sin embargo, muchos proyectos mal llamados de “vivienda social” son impagables para la mayoría o solo ofrecen viviendas cada vez más pequeñas. Cabe preguntarse si responden al derecho a una vivienda digna o, más bien, al negocio de constructoras e inmobiliarias.

Frente a ello, los gobiernos regionales y locales pueden regular la zonificación y gestionar proyectos públicos que garanticen condiciones dignas a sus residentes.

¿Y qué ocurre con el espacio público? Tras la pandemia, nuestras sociedades parecieron revalorar los espacios abiertos, la arborización y el aire puro frente a formas de esparcimiento puramente privadas. Sin embargo, las autoridades no parecen compartir esa valoración. En 2024, la Municipalidad Provincial de Piura taló una veintena de árboles y cercó un parque para construir un conjunto de piletas. En Lima, quienes transitamos hacia el centro vemos día a día cómo el Campo de Marte va muriendo.

Existe también un ámbito menos tangible, pero altamente relevante: como los gobiernos regionales y locales pueden convertir una visión política y un horizonte para su ciudadanía en medidas concretas, les es posible confrontar posiciones regresivas, como las promovidas en los últimos años en el gobierno central y el Poder Legislativo.

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Así lo ha demostrado el Gobierno Regional de Arequipa al garantizar, mediante ordenanzas, la Educación Sexual Integral, el enfoque de género en la educación y, más recientemente, la salud menstrual digna en su jurisdicción. Estas medidas defienden derechos frente a una legislación nacional que buscaba restringirlos, especialmente para las mujeres.

Gomá sostiene que “en el contexto actual de cambio de época y de ofensiva reaccionaria (…) la política de proximidad ha sido y es un espacio generador de utopías cotidianas y practicables; quizás con niveles bajos de épica y simbolismo, pero con un potencial remarcable para alterar trayectorias vitales y colectivas, para liberarlas de ataduras e injusticias”.

Estos ejemplos recuperan una idea central: debemos llegar a las elecciones del 4 de octubre no con la resignación de quien solo busca impedir que una opción política se imponga, sino con la voluntad de elegir autoridades capaces de proponer miradas distintas y progresistas.

Necesitamos gobiernos que reemplacen a aquellos que nos han llevado a la crisis en que vivimos, sí, pero que también impulsen avances desde lo regional y lo local. Necesitamos recuperarnos de la resignación y recuperar nuestra capacidad de construir alternativas. Lo contrario implica aceptar pasivamente el destino privatista y desigual de nuestros territorios.

En Lima Metropolitana, por ejemplo, parecemos encerrarnos entre dos opciones que representan un mismo modelo conservador y privatizador de la ciudad; su diferencia es más discursiva que sustantiva.

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Salvo algunas excepciones regionales, la ausencia de un debate público sobre lo qué esperamos de estas elecciones nos empuja hacia un proceso que podría dejar como ganadora a la “mismocracia”, representada muchas veces por organizaciones políticas sin bancada parlamentaria y próximas a perder su inscripción.

¿Qué esperamos, entonces, de nuestras autoridades? ¿Estamos dispuestos a apostar por construir alternativas nuevas para nuestros territorios? Nos quedan solo algunos días para responder esta pregunta.

 En la reciente reunión del Escudo de las Américas en la ciudad de Nueva York, aprovechando la realización de la Asamblea General de la ONU, los países miembros acordaron una declaración en la que se hizo referencia a temas económicos que, para EE.UU., constituyen una afrenta a su seguridad. Se mencionó la necesidad de explorar mecanismos de control de inversiones, salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas, y promover un marco normativo para proveedores de confianza en infraestructura digital. Además de confirmar que el Escudo de las Américas no solo se ha creado para luchar contra el crimen organizado, resulta evidente que estas medidas están pensadas en China.

 La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada en noviembre del año pasado, desarrolla el llamado Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Este busca restaurar el poder político, económico y militar de EE.UU. en América Latina, desalentando que nuestros países colaboren con otras potencias. El objetivo es lograr la preeminencia de EE.UU. en América Latina en desmedro de competidores ajenos al hemisferio occidental que han logrado mucha influencia en los últimos tiempos. Nuevamente, ¿a quién creen que se está refiriendo EE.UU.?

 Por ello, resulta preocupante que Trump haya afirmado ante la Asamblea General de la ONU que, de ser necesario, utilizará su poderío militar para satisfacer sus intereses en América Latina. Mientras que, en la reunión del Escudo de las Américas, Trump les ofreció a los Estados latinoamericanos la posibilidad de intervenir sus países en caso de que ellos no puedan hacer frente a la criminalidad. En otras palabras, nos propone, pero también nos amenaza, con intervenir militarmente en nuestros países. Eso es justamente lo que el Escudo de las Américas termina legitimando.

 Hasta el momento, EE.UU. ha logrado que Panamá y Venezuela rompan con China, el primero producto de las amenazas de recuperar el Canal por la fuerza y el segundo como resultado de una intervención militar. ¿Qué sucederá con el Perú?

Atrevámonos entonces a hacer algunos vaticinios basándonos en lo que la realidad, y no los discursos, nos ha mostrado en estas semanas. De entrada, es obvio que Keiko Fujimori, en materia de decisiones, anda más perdida que la mamá de Marco (chiste boomer) y, en capacidad de gestión, no es precisamente el lápiz más afilado del estuche. Es fácil notarlo en sus escasas declaraciones a la prensa: puras generalidades, lugares comunes y un afán de ofrecer obra pública en lugar de soluciones estructurales. También está su escaso protagonismo en los consejos de ministros en los que, según ha trascendido, apenas abre la boca para saludar y despedir a los asistentes.  

 ¿Otra señal? La pobreza de su discurso -incluyendo el que leyó en la ONU, que parecía redactado a cuatro manos por Fernando Rospigliosi y Milagros Aguayo- y las escasas muestras de eso que se suele llamar cultura general. Lo que hasta el momento conocemos de su bagaje intelectual es una fijación con cierto modelo de pensamiento mágico religioso que proviene de libros de autoayuda de dudosa factura. De allí que, a menudo, utilice términos como “manifestar”, “decretar”, “vibrar alto” y otras frases cliché que forman parte de lo que algunos llaman Ley de la atracción y, otros, pura superchería.

¿Pero todo eso indica, per se, que será una buena o mala presidente? No. Este país ha dado muestras por décadas de que el mejor mandatario que hemos tenido se llama Piloto Automático y, si un gobierno -de Keiko Fujimori o cualquier otro- se cuida de hacer demasiadas olas, probablemente ese piloto siga al mando, manteniendo lo que algunos llaman “equilibro de baja intensidad”. Es decir, un estado de cosas insatisfactorio, sí, pero estable, en el que no se alcance progresos reales, pero en el que tampoco se caiga en una hecatombe irreversible.

Y este escenario se traslaparía a todos los sectores del gobierno. En Educación, por ejemplo, se reflejaría en una medianía en la que el alumno promedio, tras su paso por tambaleantes colegios estatales, clases sin recursos adecuados y profesores poco capacitados -y peor pagados-, lograría terminar sus estudios para insertarse, a duras penas, dentro de un sistema laboral de explotación y sueldos de hambre. Lo mismo en Salud, con servicios cada vez más precarizados atendiendo a millones de pacientes que, mal que bien, recibirán algunos medicamentos genéricos y lograrán sobrevivir hasta la edad de la jubilación, para recibir una pensión lindante con la indigencia durante lo que les quede de vida.

Todo ello, por cierto, con la anuencia resignada de una población dispuesta a no exigir demasiado mientras cuente con cierta predictibilidad: cambio estable, precios que no se disparan y servicios de mala calidad, pero alcanzables. Un futuro a media caña. O sea, más o menos lo que hemos tenido en estas últimas décadas en las que se nos ofreció un fabuloso chorreo económico que jamás llegó.

Por terrible que suene, ese parece ser el mejor escenario que puede pintarnos una gobernante que ya ha demostrado (si tomamos como referencia los tres breves gobiernos que manejó desde la sombra) escasa competencia, carencia de un programa de gobierno de miras históricas, ausencia clamorosa de cuadros propios y nulo afán moralizador.

Sin embargo, ¡ay!, sin embargo, todo ese frágil equilibrio podría venirse abajo si al gobierno de la Señora K se le da por transitar pendientes resbaladizas. ¿Cómo? Por ejemplo, si, creyendo que esa estabilidad tembleque equivale a gobernar bien, se le diera por eternizarse en el poder, digamos, echando mano a las reservas nacionales para comenzar una campaña populista a lo Hugo Chávez. Ahí, no sólo le diríamos adiós al buen Julio Velarde (o al sufrido sucesor que eje en el cargo), sino también a la estabilidad de la moneda y, de paso, a la democracia.

Otra posibilidad, nadita despreciable, es que, ante el menor atisbo de rechazo popular, a la doña se le diera por reprimir manifestaciones, acabar con nuestras escasas libertades y perseguir a críticos y opositores. Ahí no habría escudo de las Américas que la salve (sobre todo porque, después de noviembre, Donald Trump pasará a ser un “pato cojo”) y terminaríamos en la lista negra internacional, como terminó su padre, ubicado en el deshonroso puesto número siete de los gobernantes más corruptos del mundo.

Pero crucemos dedos para que eso no ocurra y nos mantengamos en la medianía del peor es nada. Tal vez un día, en el futuro, podamos darnos el lujo de soñar con algo mejor: una sociedad en la que no se deje a nadie atrás, en la que todos tengamos las mismas oportunidades de partida, en la que los gobernantes busquen el bien común y donde no haya un solo niño más caminando descalzo como prueba viviente de nuestro fracaso.

El caso del aborto es un típico ejemplo que ilustra la discordia, la trampa. Defender la libertad de las mujeres a decidir no exige que el resto renuncie a sus convicciones éticas o religiosas; exige que una moral en particular no use el Código Penal para coaccionar el cuerpo y la intimidad médica de la ciudadanía. La postura liberal no impone procedimientos a quien los rechaza: garantiza la coexistencia, permitiendo vivir según la propia conciencia de las dos posturas sin que el Estado fuerce a ninguna a someterse al dogma del vecino.

En el debate sobre el LUM, la trampa es la misma. Un sector pretende censurar el recinto para acomodar el pasado a su conveniencia partidaria; otro busca congelar una curaduría como dogma cívico incuestionable. La salida republicana no es el catecismo oficial ni la clausura. El Estado debe limitarse a custodiar con rigor forense los hechos —la barbarie terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, junto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales—, dejando abierto el espacio para que el ciudadano evalúe la historia en libertad, sin interpretaciones obligatorias por decreto.

Este falso liberalismo asoma también cuando figuras políticas que enarbolan la bandera de la libertad reducen la esfera privada del adversario al objeto de sospecha y estigmatización moral. Es la libertad a la carta: soberanía para el mercado, pero tutela policial sobre el cuerpo y la cama.

La filósofa Chantal Mouffe plantea el concepto de agonismo como una salida a esta trampa de "nosotros contra ellos, ellos contra nosotros". La fricción eterna. Hay que aceptarla. Una democracia madura no busca erradicar el conflicto ni forzar consensos artificiales, sino transformar el antagonismo destructivo entre enemigos en una disputa civilizada entre adversarios bajo el marco del Estado de derecho. El agonismo de Mouffe no exige tolerar a quien busca destruirte: quien apela a la violencia, al terror o al totalitarismo queda fuera del juego democrático como un enemigo, que quede claro. La condición de adversario aplica solo a quien disputa el poder bajo las reglas del Estado de derecho.

La auténtica salida liberal no exige que todos piensen igual ni compartan la misma fe o memoria; exige que ninguna mayoría circunstancial utilice el aparato estatal como garrote moral contra el otro. Superar nuestra neurología básica implica entender que la libertad ajena empieza, precisamente, donde termina la pretensión de imponer certezas por la fuerza. El libertarismo que solo defiende la propiedad del dinero pero avala la coacción del Estado sobre el cuerpo ajeno y la memoria cae en la misma conducta expropiatoria que dice repudiar.

A diferencia de los mecanismos tradicionales, en los que se usaba solo un canal (auditivo o visual) para transmitir información, hoy se tiene la posibilidad del multimedia, que permite interactuar simultáneamente, utilizando variedad de plataformas para ello.

En este escenario, la información se comparte sin mayor control sobre la veracidad de su contenido. Incluso, puede ser infestada por una “granja de trolls”, en la que existe un grupo de cuentas, a veces falsas o automatizadas, que se coordinan para manipular conversaciones en línea. A través de ellas, se inundan las redes con desinformación, acoso o propaganda, con el fin de influir en la opinión pública, atacar a opositores o desviar debates importantes.

Esta práctica aparece con más intensidad en campañas electorales y no es nada positiva, porque amplifica la polarización y deteriora el debate democrático. Tiene efectos jurídicos porque vulnera la libertad de expresión, genera miedo a opinar, afecta el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la honra, a participar en asuntos públicos, en un ambiente libre y seguro, sin presiones ni acoso. En este contexto, hay un impacto jurídico como social, que resiente la convivencia y debilita el buen funcionamiento de la deliberación democrática.

La manipulación de la información no es un tema de hoy ni es una novedad; la diferencia es que hoy cambia la escala y la velocidad. Con bots, redes sociales y segmentación, se amplifican mensajes a millones en minutos, aparentando consensos que en realidad no existen.

Antes, la propaganda era más centralizada y lenta; hoy es distribuida, automatizada y personalizada, lo que complica tanto su control como su fiscalización. Con la tecnología se amplifica el alcance y se permiten mensajes segmentados e incluso automatizados para fabricar percepciones artificiales de consenso. Eso afecta la deliberación pública, porque la conversación ya no refleja necesariamente lo que la gente realmente piensa, pues se fabrican mayorías artificiales que nublan la voluntad popular y desequilibran la democracia. Definitivamente, quien tiene capacidad para controlar, amplificar o introducir determinados mensajes dentro de las redes de comunicación adquiere una forma muy poderosa de influencia política, llamada manipulación.

Hay que enfocar el caso Cerimedo

Recientemente, en Bolivia, se detuvo a Fernando Cerimedo, a quien se le atribuye ser productor de granjas de troles para implementar redes de desinformación y operaciones políticas, para influir en el resultado de las elecciones en diferentes países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Perú.

El caso no ha sido desapercibido en nuestro país; por ello, se viene impulsando una moción en la Cámara de Diputados para indagar sobre esas intervenciones en el proceso electoral de nuestro país.

Una campaña masiva de desinformación afecta a todos los electores, a todos los ciudadanos. Afecta la libertad de sufragio y el derecho a participar en asuntos públicos, porque el voto pierde autenticidad si la voluntad se forma bajo manipulación artificial.

Afecta, además, principios como elecciones libres, la calidad de la información y la igualdad en la contienda. Dicho en otras palabras, la integridad del proceso electoral, que es un pilar del Estado constitucional, también termina siendo afectada.

No se debe minimizar el caso Cerimedo, pues con esa práctica también se afecta el ejercicio de la soberanía popular, la libertad de información, el pluralismo, la participación política, las elecciones libres y su legitimidad frente a esta práctica.

Habermas diría que el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio de manipulación. Dice Habermas: si los ciudadanos reciben información artificialmente producida o amplificada, la formación de la voluntad política deja de ser plenamente autónoma.

Otro dato que se debe relevar es la necesidad de la protección absoluta del proceso de formación de la voluntad política. No se trata de proteger una verdad absoluta, sino un proceso (repito, proceso) auténtico de formación de la voluntad.

El peligro de la manipulación

La manipulación de la opinión pública, como mecanismo de ejercicio del poder, tiene impacto en la legitimidad democrática. Como diría Chomsky, la opinión pública puede ser moldeada mediante mecanismos de propaganda y “fabricación del consenso”. El problema es quién controla los canales de información y qué intereses persigue. La realidad impactada y manipulada a través de estos mecanismos digitales requiere una regulación jurídica especial.

El punto clave es encontrar un equilibrio entre libertad de expresión y la integridad del ecosistema informativo, sin aniquilar el debate, pero cuidando las condiciones mínimas para que el voto siga siendo libre e informado. La reflexión constitucional debe girar sobre cómo proteger espacios de deliberación auténtica, sin sacrificar libertades fundamentales.

El fenómeno digital requiere complementarse con el análisis de datos, microsegmentación y el poder de las plataformas, para que la libertad de expresión conviva con un debate público no manipulado.

El poder de manipular a las masas a través de la opinión pública no es nuevo. Lo novedoso es que hoy la tecnología permite hacerlo de una manera mucho más masiva, rápida, personalizada y difícil de detectar. Esto es lo peligroso.

La ciudadanía cree que está formando libremente su opinión, pero las condiciones en que esa opinión se forma pueden estar previamente condicionadas. Se trata de una fina intervención, de una alta cirugía comunicacional, donde el elector piensa que está construyendo su proceso deliberativo de manera libre y autónoma, sin darse cuenta de que está consumiendo un libreto ya establecido.

Nuevamente, para Habermas, el problema aparece cuando la esfera pública deja de ser un espacio de deliberación racional y se transforma en un espacio manipulado. Si una granja de bots crea artificialmente miles de voces, puede producir la apariencia de un consenso que realmente no existe.

Con esto no quiero decir que la comunicación digital pone en peligro la democracia, porque también hay diversas alternativas que están atentas para defenderla, como la intervención desde el Congreso (investigación y regulación jurídica), la fiscalización ciudadana, los movimientos sociales, por citar algunos.

Hay que proteger la voluntad ciudadana

El derecho a no ser manipulado tiene una consecuencia constitucional importante: la libertad del voto, que no significa que nadie obligue físicamente al ciudadano a votar por determinada opción. También implica que su voluntad política pueda formarse libremente.

Una manipulación masiva y artificial de la opinión pública podría plantear un problema mucho más profundo que la simple difusión de una noticia falsa: podría afectar las condiciones de formación de la voluntad popular, que es la base de la democracia.

Uno de los retos más grandes de las democracias contemporáneas es cuestionar no solo la información falsa, la mentira, sino la fabricación artificial de un consenso.

Cuando mediante bots, trolls o campañas coordinadas de desinformación se simulan mayorías, entonces se puede ver afectada la libertad con la cual el ciudadano forma su voluntad política.

La tarea desde el Estado constitucional no consiste en decidir qué deben pensar los ciudadanos, sino en garantizar que esa decisión sea auténticamente libre y no el resultado de una narración que se fabrica premeditadamente.

No se trata de decir no a la tecnología, pero sí de estar en contra de la manipulación que distorsione el debate público.

Políticos y oportunistas en campaña conocen tu reflejo condicionado: te venden militares en la calle, fuerza, orden y aprueban leyes a la medida para garantizar impunidad ante cualquier exceso policial. Te dan circo punitivo porque sale barato. Pero cuando se encienden los reflectores sobre el verdadero motor del crimen organizado, la bravata de tus caudillos se evapora y, también, observo, tu furia justiciera misteriosamente se apaga.

Es sabido que el mayor poder del hampa nacional ya no es el narcotráfico tradicional ni se dirige desde una celda común: opera a vista y paciencia de todos en los socavones de la minería ilegal. Es una industria criminal multimillonaria que dinamita torres de alta tensión, acopia arsenales de guerra, secuestra, corrompe autoridades, somete regiones enteras a la trata y financia ejércitos de sicarios y bandas de malandros.

Frente a esos poderes fácticos y armados, la mano dura que tanto vitoreas arruga de inmediato: se convierte en su mejor aliada burocrática. Poner a un pelotón de soldados a pedir documentos en una avenida de clase media es teatro para el noticiero del mediodía; interdictar de verdad —ingresar a las cuencas tomadas, dinamitar dragas, incautar maquinaria pesada, dinamita, explosivos, reventar plantas clandestinas y cortar el suministro de combustible y cianuro— exige quebrar el capital del negocio y arriesgar el pellejo frente a columnas con fusiles de asalto. Ahí nadie se atreve. Con el oro sobre la mesa, no.

Fuerza Popular y casi todo el arco parlamentario —incluyendo, por supuesto, a la izquierda de Juntos por el Perú— prefieren engreír a las mafias, prorrogarles indefinidamente el Reinfo y atar de manos a fiscales y policías para impedir cualquier interdicción real. El fusil y el discurso del orden se guardan en el cajón apenas asoman el financiamiento de campañas, el lavado de dinero, los votos de gremios informales y el chantaje de paralizar las carreteras y las calles por gente a la que no pueden terruquear. Todo un tinglado disfrazado de problema social.

Y tú, que te desgañitas pidiendo plomo en redes sociales, guardas silencio. Clamas por el ojo por ojo para celebrar la humillación del choro de celular, el raquetero, o el sicario de barrio, pero te tragas entero el sapo de quienes blindan al gran crimen financiero. Me temo que si exiges paredón para el eslabón más miserable de la cadena, pero toleras que los capos del oro ensangrentado manejen las leyes y el país a su antojo, lo tuyo no es anhelo de justicia: es cobardía moral.

 En el 2024 se introdujo a la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) una nueva causal de cancelación de inscripción de los partidos políticos. Además de la ya existente que mide éxito electoral de las organizaciones en las elecciones congresales (acceder a la distribución de escaños en por lo menos una de las cámaras), agregó una de participación en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM): participar en el 50% de circunscripciones regionales (13 regiones) y 20% de las provinciales (40 provincias).

La justificación jurídica de fijar este requisito es que los partidos políticos al ser de alcance nacional deban participar en las ERM, abandonando la lógica binaria de que existen partidos municipalistas y partidos con ambiciones nacionales. Ahora, parecería que la intención política del anterior Congreso con esta modificación era eliminar a la competencia y evitar la consolidación de proyectos políticos nuevos, contando con la propuesta de eliminar los movimientos regionales como seguro para su propia supervivencia para así poder ofrecer sus marcas como vehículo electoral para aquellas organizaciones que mejor rinden históricamente en las ERM a nivel nacional, aunque por la presión de estos movimientos terminó siendo descartada.

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En junio de 2026 y con el proceso electoral de las ERM ya iniciado (las elecciones internas ya se habían llevado a cabo en mayo), el Congreso aprobó al caballazo por iniciativa del excongresista Guido Bellido (quien inscribió su partido “Pueblo Consciente” en 2025) una modificatoria al mínimo de participación en las elecciones regionales para mantener las inscripciones, bajando el requisito del 50% al 30%, es decir, de 13 a 9 regiones en las que tenían que participar. Como las elecciones internas ya habían ocurrido, los partidos con representación en el Congreso tomaron consciencia que con las reglas que ellos mismos establecieron en 2024, todos con excepción de Renovación Popular iban a perder la inscripción.

Adelantándose al partidicidio inminente que iba a ocurrir en enero de 2027, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones publicó el sábado 5 de septiembre un Acuerdo donde señaló que no iba a aplicarse la modificatoria aplicada en junio de 2026 en estas elecciones, ya que al momento de su aprobación había iniciado el proceso electoral y los partidos ya habían participado en este en las elecciones internas. Según esta inesperada pero correcta lectura del Pleno de los 6 partidos en el actual Congreso, 5 perderían su inscripción (ver el cuadro1). Una democracia sin partidos.

Ahora, el débil sistema de partidos nunca ha sido la mayor de las preocupaciones de nuestro representante promedio, por lo que surge la pregunta, ¿cuál es el interés en mantener las inscripciones? sencillo, el financiamiento público directo. Sumando OBRAS, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Fuerza Popular y Ahora Nación, junto con la inscripción perderían también 169 millones de soles aproximadamente (ver cuadro2).

Desde la publicación del Acuerdo distintos políticos y abogados electorales han esgrimido distintas interpretaciones al Acuerdo y a la LOP con el objetivo de aferrarse a la plata proveniente de todos los peruanos que los partidos debieron usar para fortalecer sus organizaciones y con esto darle robustez al sistema político peruano; pero que cuyo uso ha sido destinado a favorecer económicamente a amigos y militantes, y claro, a contratos con algunos de estos abogados.

 Una de estas interpretaciones no merece mayor análisis ya que es respondida desde la lingüística y no desde el derecho, ya que han querido leer la “y” como si fuera una “o” en el literal f. del art. 13 de la LOP: “Cuando el partido político no participe en las elecciones regionales en, por lo menos el 50% de las regiones; y en las elecciones municipales conforme al siguiente detalle (…)”, por lo que cumpliendo con la participación mínima regional o provincial mantendrían la inscripción, ya no con ambas.

Sin embargo, el nuevo argumento usado es sobre qué se entiende como participación en las elecciones regionales y municipales. Entendiendo que el Pleno del JNE aún no se ha manifestado sobre esta materia ya que es la primera vez que tenemos una causal de cancelación basada en participación y no en resultados, han argumentado una lectura a mi juicio errónea del Acuerdo del Pleno, señalando que la participación del partido en una circunscripción se da por la presentación de la/s lista/s de precandidatos en esa provincia o región a elecciones internas. Más allá de discutir si el Pleno del JNE dio a entender esto o no en su Acuerdo, me parece necesario explicar por qué sería un error que se interpretara de esta manera, ya que con esta lectura todos los partidos con representación parlamentaria salvarían su inscripción (y su financiamiento público) salvo OBRAS, burlando la ley con una interpretación contraria a la razón de la reforma.

Esta interpretación, llevada a la práctica, significaría que la participación de un partido a nivel provincial y regional se mide por cuántos DNIs de militantes de los partidos en esa circunscripción se ingresaron a la plataforma virtual habilitada por la ONPE, sin necesariamente su consentimiento, ya que en esta etapa solo se ingresan a la plataforma los DNI, no algún documento que constate la manifestación de la persona de aceptar ser candidato a las internas, como la Hoja de Vida o la Declaración Jurada, que se presentan en la etapa de inscripción de la lista completa. Por eso las listas sometidas a las internas no son definitivas para determinar la participación de un partido en una circunscripción, ya que en el periodo entre las internas y la inscripción de la lista ante el JEE los candidatos ratificados por las internas podrían renunciar o negarse a firmar los documentos requeridos, haciendo que la lista completa no pueda inscribirse si es que no hay accesitarios.

Si la intención de la reforma es medir la capacidad de los partidos de ofrecer oferta política a la ciudadanía en cierta cantidad de circunscripciones, el sometimiento de una lista en las internas no asegura ningún tipo de oferta real a la ciudadanía ni participación efectiva. Esto solo se da con la inscripción de la lista de candidatos por el JEE correspondiente.

Espero que el JNE, atribuyéndole valentía al Acuerdo ratificado en mayoría y no malinterpretando el hueco vacío dejado en la interpretación de desde dónde empieza la participación, no ceda a la presión de los partidos en riesgo de perder su financiamiento y mantenga una lectura acorde a la ley y al espíritu de la norma. En este contexto, el tema de fondo y que merece mayores reflexiones: ¿cómo un partido que lleva 20 años queriendo gobernar el país, y que se señala a sí mismo como el partido más sólido e institucional del panorama actual, no ha sido capaz de presentar (ni digamos ganar la elección) candidaturas en más de 9 regiones? Cada vez sorprende menos su bajo desempeño en varias regiones del país en las Elecciones Generales y el bajo rendimiento de su primer mes en Palacio.

Así se destruyó la reforma educativa, se desmanteló la reforma universitaria, se revirtió la reforma electoral aprobada en referéndum, se impuso el bicameralismo contra la voluntad popular de 2018, se aprobó la iniciativa de gasto parlamentario y se extendieron beneficios tributarios a agroexportadores en contra de la evidencia técnica.

Renovación Popular, como lo fue Perú Libre en la legislatura anterior, no es ajena a ese modelo, sino una de sus consecuencias más recientes. Ya negociaron antes con el mismo fujimorismo. Prueba de ello son la conformación y abdicación a la tutela de derechos y funciones en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, las comisiones clave del Senado, y la fiscalía. Son hoy la expresión de espacios de poder distribuidos entre socios bajo la misma lógica con la que hoy reclaman favores pendientes.

Es el ajuste de cuentas natural entre quienes comparten un mismo negocio que consiste en hacer de lo público su renta privada. Uno le reclama al otro que no cumplió su parte del acuerdo. Y lo más grave es que por lo visto, el fujimorismo está más que dispuesto a seguir negociando su parcela pública. El ciudadano, mientras tanto, no está en esa mesa, pero está pagando toda la cuenta.

Eso es lo que estos días exhibe la candidatura de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, con frivolidad y de manera errática. Una postulación que solo se sostiene en el abuso flagrante de las reglas electorales y en la complicidad de un Jurado Nacional de Elecciones que prefirió resolver sin respetar la Constitución ni su propia jurisprudencia.

Y esta es, para desgracia de los peruanos, la demostración más elocuente de que las organizaciones políticas no saben gobernar un país con tantas demandas pendientes. Por eso, solo saben hacer sobrevivir su propio ecosistema prebendario.

Entonces, la pregunta que el país debe hacerse no es por qué la oposición fiscaliza sino por qué el gobierno prefiere ajustar cuentas con su socio antes que usar las herramientas que ya tiene para gobernar. Además, recordar que el reto de la democracia y de saber gobernar es liderar negociaciones con transparencia, reglas claras y gestionar así las decisiones de las mayorías, y no el reparto entre quienes intentan imponerse a la fuerza.

Ante el cuestionamiento de la presidenta de la comisión, se corrigió a medias. Elaboró una distinción propia de litigante entre un “hecho cultural” y un “origen cultural”. Y para ilustrarlo usó el ejemplo de pasarse la luz roja. ¿Así entiende su misión el titular del despacho que lleva en su nombre los derechos humanos?

Lo que no dice o intenta defender es que en la violencia sexual que se vive hasta hoy en el Perú hay años de retroceso. Lo que no dice es que las políticas de prevención fueron desmanteladas con el argumento de que la educación sexual integral sexualiza a los menores. Y por supuesto hay un error de fondo en ese argumento. Lo que esa formación hace es enseñarle a un niño que su cuerpo le pertenece, que el abuso tiene nombre y que puede denunciarlo.

El mismo Estado peruano ha presentado cifras que el ministro debería conocer. Entre 2024 y julio de 2026, más de 1,253 niñas y adolescentes Awajún y Wampis fueron agredidas sexualmente en ese territorio. Ayer, la presidenta del Comuawuy, Rosemary Pioc, dijo algo que Álvarez debería tener sobre su escritorio: “Estamos cansadas de denunciar. Hay mucha impunidad y ausencia de justicia.”

La función de un ministro de Justicia, como servidor público, es garantizar que la justicia llegue a todos los ciudadanos, especialmente a quienes el Estado abandonó. Para nada debería comportarse como el abogado defensor de quienes violentan, sino esforzarse por ser el garante de quienes son violentados.

Lamentablemente para los peruanos, la oportunidad que el gobierno de Keiko Fujimori tiene para exaltar con dignidad su cargo histórico como mujer al mando de un país con profundas brechas entre hombres y mujeres, la está perdiendo. Y eso lo seguirán pagando mujeres y niñas cuyas vidas seguirán siendo destruidas por la inacción de sus autoridades.

El Manual… incluye cincuenta hojas mecanografiadas con tinta azul, una partitura sonora dibujada y un video a modo de ritual.

En la mayoría de sus obras, el polifacético Fernando -o “Huanchaco”, como también lo llaman- plantea una reinterpretación de la historia de nuestra América, y lo hace por lo general en forma de parodia.

Nacido en Trujillo, en 1978, Fernando estudió Bellas Artes en la Universidad Católica. Los galardones que desde entonces ha recibido son innumerables.

Su obra se encuentra actualmente en galerías que se suelen considerar como las más importantes del Perú y el mundo.

Como ya se ha dicho de él, su representación paródica del pasado no es de ninguna manera nostálgica, sino más bien crítica. En un contexto como el peruano, el artista reconoce aquello como una estrategia de supervivencia.

Todavía nos queda la pregunta de: ¿Por qué se llama Manual para hablar con Dios al conjunto que se exhibe en el Reina Sofía?

Me responde:

“El proyecto fue resultado de una investigación en torno al grupo Alfa y Omega, que custodia más de cuatro mil rollos escritos que, según sus integrantes, fueron dictados telepáticamente por el ‘Padre Solar’ al ciudadano chileno Luis Soto Romero durante los años setenta.

Este proyecto fue muy importante para mí porque plantea algo que me parecía fascinante: por primera vez, dentro de la cosmovisión cristiana, Dios reconoce a los latinoamericanos como sus hijos. Los textos de estos rollos son una mezcla de reflexiones filosóficas sobre la creación del universo y, al mismo tiempo, el discurso de un padre que se dirige a su pueblo”.

Como se advierte, la atención de Fernando está puesta en las creencias populares y en el afán de trascendencia que ellas expresan.

Otra de sus obras, “El Lanzón de Chavín”, ha sido adquirida por el Museo de Arte de Lima, MALI, y consta de una instalación de veintiséis dibujos, además de una réplica del Lanzón realizada a partir de un molde.

En la obra de Gutiérrez, el lanzón es flexible y está tendido sobre un diván. Le pregunto al artista si quiere psicoanalizar al monolito. Sonríe y me responde:

“Me preguntaba yo por el peso que en su tiempo se puso sobre los hombros de ese pobre lanzón: el peso de sostener la idea de que era, de alguna manera, la semilla de nuestra cultura.

A partir de un molde hicimos un vaciado en silicona, y generamos una copia exacta del original, pero flexible, flácida y exhausta, incapaz de mantenerse de pie.

La réplica aparece tumbada sobre un diván de psicoanálisis, mientras que, en una silla, a manera de psiquiatra o terapeuta, un megáfono le pregunta por sus sueños, pero al mismo tiempo le dice quién es y qué significa, mientras reproduce los textos, interpretaciones y definiciones que la academia ha construido sobre él”.

Como se sabe, el lanzón es el supremo oráculo del mundo Chavín (1200 - 400 a. C.). El artista Gutiérrez intenta con esa obra una reflexión sobre los orígenes y la evolución de nuestra cultura.

Le digo después a Fernando que he leído algunos comentarios sobre su obra que lo caracterizan como uno de los mejores artistas de nuestra América, pero, ¿qué eres tú?, le pregunto.

“Eso es demasiado. La verdad es que trabajo desde hace años en algo que me interesa y que atraviesa muchos de mis proyectos: las preguntas en torno a cómo y desde dónde construimos nuestra identidad, sobre todo en una sociedad tan compleja como la latinoamericana y, particularmente, la peruana.

En cuanto a la pintura, la escultura, el video y demás medios, los entiendo como herramientas. Los escojo de acuerdo con lo que considero más conveniente para la elaboración del discurso de cada proyecto. El medio no está definido de antemano; aparece en función de lo que la obra necesita decir”.

El atelier de Fernando Gutiérrez se encuentra en una casa de color morado situada en Barranco. Después de haber observado algunas de sus obras y de pensar en el Manual para hablar con Dios que él propone, me pregunto si no vamos a caminar hacia el filo del abismo y Fernando me va a invitar a saltar. Felizmente, él no escucha mis pensamientos, pero sonríe mientras llega mi taxi.