Que Francke utilice sinceramente a Velarde para darle una pátina de seriedad a JP resulta incómodo, pues él mismo cumplió un papel parecido durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo. Y ya se sabe lo que ocurrió cuando, poco después, la gente seria tuvo que abandonar aquel gobierno.

A lo largo de los años, Velarde ha demostrado ser un funcionario sobresaliente, cuya autonomía en el BCR está protegida por la Constitución. Ni él ni la propia institución necesitan ser 'perdonados'. Además, por declaraciones recientes, se intuye que el economista estaría más que dispuesto a dejar el cargo.

El famoso debate ha terminado convertido en un choque de figuras visibles de ambos bandos, antes que en una confrontación real de planes de gobierno. Lo que se vende son dos futuros narrados por políticos o representantes. En una palabra: promesas, promovidas por quienes antes nunca las cumplieron.

En ese contexto, no sorprende que algunos públicos —como el que participó en la pregunta de RPP— hayan preferido ampliamente el desempeño del equipo económico de Fuerza Popular. Es el entorno de Roberto Sánchez el que debe demostrar que no repetirá el paso de Castillo por el poder del Estado, pese a que ese ha sido precisamente el eje de su campaña.

Castillo comenzó su gobierno con Francke como garantía efectiva de honestidad y buen manejo, pero terminó rodeado de incompetentes y corruptos en todos los niveles. También le 'perdonó' la vida laboral a Velarde, hasta que acabó incluyéndolo en su intento de golpe.

No es que Keiko Fujimori tenga hoy muchos mejores rostros o ideas para mostrar al electorado. Lo que sucede es que, a diferencia de Sánchez, su partido no necesita demostrar lo que no es. Fuerza Popular no tiene que aclarar que no expulsará a Velarde ni que respetará la inversión privada. Los pronósticos peligrosos son otros, y todavía no están sobre el tapete.

El problema básico del sobreturismo son los propios turistas. Son tantos buscando esencialmente los mismos lugares y experiencias que, al llegar al París del buen clima, quedan condenados al hacinamiento: en la vereda, en el paradero del bús, en la puerta del bistró de moda y en la taquilla de las ofertas culturales. Todo eso parece ser tolerado con gusto, aunque nunca se sabe por cuánto tiempo.

Los turistas padecen en relativo silencio, pero los vecinos y las autoridades sí se quejan. Los visitantes traen prosperidad adicional para el comercio, pero multiplican la presión sobre los servicios públicos. Además, los precios de todo aquello considerado atractivo comienzan a subir, sobre todo los alquileres de alojamiento temporal. El turismo termina encareciendo la vida de buena parte de la población local.

Las aglomeraciones también estimulan a los carteristas de todo tipo, y abundan las historias al respecto. El turista es una víctima ideal: abundante, distraída y poco dispuesta a denunciar el robo. Es decir, un grupo esencialmente manso, deseoso de agradar y pasar un buen rato a cualquier costo. Gente tranquila, muchas veces de cierta edad, que termina alimentando una subcultura del delito turístico que también afecta a los residentes.

Algunas ciudades, como Venecia, ya cobran desde hace tiempo un impuesto diario a los visitantes, que puede llegar hasta US$10. Es probablemente la mejor fórmula hasta que algún alcalde se atreva a establecer cupos. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, existen ciudades y pueblos que realizan enormes esfuerzos por atraer más turistas, vistos todavía como visitantes altamente lucrativos.

El Perú está entre esos países que mantienen la mano tendida al potencial visitante. Estamos lejos de sufrir sobreturismo; más bien padecemos un déficit de servicios públicos adecuados y algunas autoridades capaces de producir las interminables colas de Machu Picchu.

Este es uno de esos casos en que un gobierno parece estar entregando algo cuando, en realidad, no entrega nada. Nunca las aparentes revelaciones oficiales han producido conocimientos concretos sobre los famosos ovnis, su origen, sus posibles tripulantes o el propósito de esos viajes. Lo que sí existe es la promoción interesada de una vieja fantasía.

¿Qué quiere la gente? Los más entusiastas del tema desean alguna forma de confirmación de vida extraterrestre. Es algo que puede obtenerse en la ficción, pero no —al menos hasta ahora— en los secretos de Estado. Washington no ofrece pruebas, aunque sí invita al mundo a ejercitar la imaginación sobre un antiguo tópico literario.

Parte de ese tópico consiste en creer que los gobiernos conservan secretos decisivos y que los revelan u ocultan según sus intereses. El mensaje subliminal de esta última desclasificación parecería ser que existen realidades tan o más importantes que las guerras fallidas de Trump. Ya no la guerra con Irán, sino ahora la insinuación de una “guerra de los mundos”.

El problema con los archivos es que contienen y clasifican documentos viejos. La sección ovnis del Pentágono no tendría por qué ser la excepción. Los reportes de ovnis vienen de siglos atrás y siempre han sido más una cuestión de fe que de evidencia científica. Es probable, además, que esos archivos ya sean sometidos a la inteligencia artificial, otro territorio poblado de aparentes secretos.

Mientras la promesa original de los ovnis sigue sin cumplirse, en el Perú persistirá la convicción de que Chilca, al sur de Lima, es un poderoso imán mundial para este tipo de avistamientos. Al menos, el gobierno peruano nunca ha pretendido tener un conocimiento especial sobre el asunto.

Cuando era adolescente, en mi barrio del Callao, solíamos hacer mofa en grupo de aquellos chicos afeminados que pasaban por nuestro parque. No faltaban las bromas, en las que tildar a alguien de "cabro" era el mayor insulto que le podías hacer. Asimismo, insinuar que el otro lo era o demostrar por qué tú no lo eras constituía un mecanismo de defensa y supervivencia ante el escarnio y la acusación, pues necesitaba demostrar que yo no pertenecía a ese grupo.

Claramente, no odiaba a los homosexuales; me reconocía como uno de ellos, pero odiaba la posibilidad de que los demás se dieran cuenta de que yo lo era. Lamentablemente, en ese proceso hacía daño a quienes eran como yo.

Cada cierto tiempo aparece una noticia que me recuerda esos tiempos. Un líder religioso obsesionado con la sexualidad, un político conservador abiertamente anti-LGBT, un trabajador de salud que promueve terapias de conversión, o un creador de contenido defensor de la familia tradicional, en quien se revelan sus relaciones homosexuales ocultas, o, peor aún, en situaciones de abuso y coerción.

Desde hace décadas, la psicología social describe algo llamado "estrés de minoría". La idea es relativamente simple: las personas LGBT no solo enfrentan el estrés cotidiano de cualquier ser humano, sino un estrés adicional producido por vivir en contextos donde su orientación sexual es rechazada, castigada o ridiculizada. No se trata de que la homosexualidad genere daño psicológico por sí misma; el daño proviene del entorno social.

Ese estrés adopta muchas formas. A veces es violencia directa. Otras veces es algo más silencioso: miedo a ser descubierto, necesidad de ocultarse, vigilancia permanente sobre cómo se habla, cómo se camina, cómo se mira o cómo se actúa. Algunas personas aprenden desde la adolescencia que no basta con parecer heterosexuales; también hay que demostrar aversión hacia quien uno realmente es.

Por ello, cuando la sociedad convierte nuestra orientación o identidad en un motivo de vergüenza, algunas personas terminamos interiorizando ese rechazo. En algunos casos, se expresa como una sobreactuación pública de masculinidad, religiosidad o heterosexualidad, o como agresión hacia quienes son como ellas, incluso promoviendo terapias de conversión o de "exhomosexuales".

Las consecuencias del estrés de minorías pueden ser más dañinas cuando quien las experimenta ocupa espacios de poder, porque promueve discursos de odio. El impacto más severo se da en la salud mental. Por ejemplo, el Trevor Project encontró en 2024 que más del 50% de jóvenes LGBT peruanos pensó en suicidarse el último año y uno de cada tres lo intentó.

Por supuesto, no toda persona homofóbica es homosexual reprimida. Reducir la homofobia a eso sería simplista e incorrecto. Pero sí existe evidencia científica de que personas con fuertes problemas de aceptación de su propia orientación sexual pueden desarrollar un rechazo agresivo hacia aquello que sienten y no logran aceptar.

Esto nos ayuda a comprender por qué ciertos discursos contra la comunidad LGBT parecen cargados de una intensidad desproporcionada. No siempre se trata de "ideología"; en algunos casos, es miedo, vergüenza, la necesidad de pertenecer al grupo correcto y de exponer públicamente aquello que amenaza su (in)seguridad.

En países conservadores como el Perú, esto adquiere, además, una dimensión política. Vivimos en una sociedad donde todavía se discute si merecemos los mismos derechos, donde el Congreso convierte con frecuencia nuestras vidas en material de batalla moral y donde muchos padres están convencidos de que tener un hijo homosexual sería un fracaso personal o familiar.

Las sociedades homofóbicas no producen menos homosexuales; generan más culpa, más silencio y más dobles vidas. Por ello, estos casos son un ejemplo de cómo nuestra sociedad sigue obligando a personas a odiarse a sí mismas para sobrevivir.

Salir del clóset no elimina el miedo de inmediato. Pero sí termina con algo agotador: la necesidad permanente de actuar para que otros no descubran quién eres.

La violencia contra las niñas y adolescentes menores de 17 años no es una cifra abstracta; es una crisis estructural latente. Cada día, decenas de menores enfrentan agresiones físicas, psicológicas y sexuales dentro y fuera de sus hogares y escuelas. Los espacios que deberían garantizarles un crecimiento seguro se transforman a menudo en escenarios de desamparo y vulneración extrema.

Los reportes del Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo muestran que la violencia psicológica y la agresión sexual siguen encabezando los motivos de ingreso a los servicios de protección del Estado. Las denuncias continúan concentrándose de manera desproporcionada en mujeres menores de 17 años, lo que expone una debilidad persistente en los programas preventivos escolares y comunitarios.

Erradicar este flagelo requiere ir más allá de las leyes punitivas. El Estado debe ejecutar políticas públicas de prevención temprana y descentralizada. Proteger la vida y la integridad de las niñas no es un asunto opcional, sino una obligación moral inmediata para asegurar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: recientemente, el Ministerio de Educación derogó los lineamientos de la educación sexual integral (ESI), que tenían como objetivo informar a los estudiantes sobre su desarrollo sexual según su edad. Ello permite generar, posteriormente, alertas y denuncias, ya que los niños y las niñas deben saber que nadie puede tocarlos y que de ello se debe hablar en casa y en el colegio. Por lo tanto, este es un grave retroceso que, en medio del proceso electoral, parece haber pasado desapercibido para la mayoría de la ciudadanía.

No podemos seguir indiferentes frente a esta realidad. Exijamos a las nuevas autoridades que este sea uno de los temas prioritarios que deben trabajarse en el próximo quinquenio, de la mano de los padres, maestros y la sociedad en general. El silencio y la indiferencia no pueden seguir costándoles la vida a miles de niñas y adolescentes en nuestro país.

Pero, fuera de esos dos bloques, el debate del domingo dejó al descubierto la superficialidad con que se trató un área que merece tanta atención como la economía y la infraestructura: la salud. Este sector, que comenzó el quinquenio con una pandemia encima, ha sido depredado hasta el extremo en un periodo en que tendríamos que haber terminado de entender lo que verdaderamente representa. En mucho, la derrota política de APP en la primera vuelta proviene de su relación con el descalabro de este sector en el periodo que termina en julio de este año. Aun así, en el bloque de salud el debate no nos dejó nada. Ni una autocrítica por lo mal que se ha hecho todo, ni una pista sobre cómo resolverlo en el siguiente quinquenio.

El debate también ha dejado grandes ausentes: el manejo de la minería no regulada (imposible seguir llamándola simplemente 'informal'), la seguridad y la protección de las personas, el medio ambiente, en especial la Amazonía, y la justicia. La primera de estas ausencias revela que ninguna de las dos organizaciones en disputa quiere generar fricciones con sectores que han demostrado tener un peso electoral acaso determinante, aunque sus agendas todavía no hayan sido suficientemente establecidas ni validadas socialmente. La minería no regulada llega a estas elecciones dividida en dos bandos: una buena parte de los mineros 'de campo', los Reinfo, ha respaldado a Sánchez en primera vuelta. Los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores parecen estar en franca migración desde las tiendas de López Aliaga hacia las de Fujimori. Ninguno de estos dos sectores se ha diferenciado lo suficiente de las organizaciones criminales que impregnan el tejido social que han generado o fortalecido —fuerzas de seguridad privadas, extorsionadores y lavadores de activos, entre ellas—. Tampoco han superado la etapa predatoria de sus procesos productivos. El silencio sobre las políticas con cuya base debe ordenarse este sector de la economía, que ha crecido a la deriva, se extiende a la cuestión de la seguridad y la protección de las personas, y alcanza también a la protección del medio ambiente y la Amazonía, junto con toda la lista de asuntos pendientes que ambos temas contienen.

Pero parecemos estar todavía a una distancia considerable del punto en que pueden discutirse estos asuntos. Una distancia que acaso pueda medirse en votos.

En la lista de ausencias también está el problema de la justicia, que encuentra sentido en coordenadas distintas. Aquí parecemos estar bloqueados; atrapados en los problemas que causaron y explican el origen y el comportamiento de tres de los enclaves que arrastramos del régimen anterior: la Junta Nacional, la mayoría del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación. La justicia, en términos de políticas públicas, no es una cuestión que se limite a los megaprocesos judiciales ni a los casos emblemáticos. Es un asunto que tiene que ver con las referencias que los ciudadanos pueden usar para resolver controversias, obtener protección en caso de quedar expuestos a ataques u obtener reparaciones por accidentes o delitos. Es también, por cierto, un problema relacionado con la vigencia de la ley, el castigo y el balance de poderes en general. Sin embargo, las dos organizaciones que han pasado a segunda vuelta han elegido como sus principales voceros en esta materia a dos profesionales que, respetables sin duda alguna, no se dedican a la definición, ejecución y estudio de políticas públicas, sino al litigio, que es una cosa enteramente distinta. Me refiero a José Domingo Pérez y a Giuliana Loza. De hecho, se trata de dos litigantes cuyas reputaciones se definen actualmente en función de su desempeño en el mismo caso: el caso Cócteles; una historia que definió el curso del ciclo iniciado en diciembre de 2016 con las revelaciones del caso Odebrecht. Ese es el caso que más influencia ha tenido en el origen de los tres enclaves a los que me he referido. Que ellos dos hayan sido elegidos como las referencias de cada una de las organizaciones que pasan a segunda vuelta para hablar de justicia pone en evidencia que en este tramo no hablaremos de justicia, sino que reproduciremos los términos en que se han desenvuelto las crisis protagonizadas por los enclaves.

Pero la justicia, como problema, está también en otra parte.

Imposible arribar a una conclusión definitiva. Las oportunidades están a la vista, pero las organizaciones en disputa muestran vacíos de perspectiva que nos pueden dejar anclados en la demolición, un periodo del que debemos terminar de salir.

Koyo Kouoh, quien falleció en mayo de 2025, fue la directora artística de la 61.ª Bienal de Venecia y la encargada de diseñar la temática de esta exhibición. Avanzó hasta sentar los lineamientos de la muestra, titulada In Minor Keys. A pesar de haber dejado como legado los argumentos para interpretar sus propuestas, su voluntad no fue enteramente respetada y su muerte relativiza la lectura más exacta de su ahora hermético razonamiento, lo que marca esta Bienal, desde sus inicios, con un sello de ambigüedad, de realidades interpretables y de figuras fantasmales que luchan por subsistir e imponer sus voluntades en un mundo que ya no tiene definición.

Su ausencia permite la presencia de argumentos que ahora se sostienen en exhibiciones montadas con plena libertad, asumida por los Estados, con sus representantes como participantes estrella. Ya no exhiben los artistas; ahora son los países los que imponen o divulgan sus argumentos políticos y sus intenciones más estructuradas, en busca de una supremacía política, de un mensaje victorioso, más allá de la búsqueda de la belleza, de la sencillez, de planteamientos diseñados en clave menor que inviten a escuchar las constantes señales de la tierra y de la vida, tonalidades menores que se conecten con las frecuencias íntimas del alma y se asocien con el asombro, la tristeza y la melancolía, para proponer y explorar un arte que se aleje de la velocidad y del espectáculo, en busca de formas más pausadas, auténticas y atentas a las interacciones de las emociones.

Como en la música, esta exhibición pretende resaltar las inquietudes más íntimas, subjetivas y sensoriales, al colocar las manifestaciones artísticas en espacios de reflexión y meditación, en las verdaderas conexiones. Pero son los Estados los que luego la boicotean, asumen liderazgos y cuestionan la validez de sus representaciones. Más de 40 pabellones son cerrados en protesta por la participación de Rusia e Israel; con esto confirman que lo que realmente les interesa son las posiciones políticas. Son actitudes relativamente válidas, ya que al protestar establecen, al igual que los miembros del jurado internacional, que pierden el interés en estos argumentos divididos y también renuncian, que no pueden exhibir al lado de artistas elegidos por Estados cuyos líderes han sido acusados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, se cancela el procedimiento tradicional para otorgar los premios y se lo sustituye por un León de Oro otorgado por el voto del público, que será entregado al final de la Bienal, para evitar así intervenciones oportunistas que permitan deslizar alguna interpretación política del evento.

Muchos de los artistas retiran sus obras de la competencia como respuesta, dejan vacía la posibilidad del premio y con esto empiezan los conflictos. Ya no se trata de artistas y sus montajes, sino de intervenciones gubernamentales con los conflictos que estas arrastran. Las representaciones ya no se plantean como propuestas mágicas o conceptos abstractos, sino que evidencian la guerra en Ucrania y las agresiones imperialistas, y utilizan sus participaciones como “mecanismos de propaganda”. Ahora es Gaza, el genocidio, las disputas sobre los límites del boicot cultural. Irán se retira en silencio y señala la imposibilidad de separar la cultura de la intervención militar en Oriente Medio. Y para Estados Unidos la cultura es un nuevo frente en la guerra de las identidades. La política norteamericana entiende muy bien el verdadero valor de estos espacios y no los abandona; por el contrario, los ocupa con argumentos intervencionistas, transforma la libertad artística en propaganda de sus valores propios y nacionales, y promueve sus particulares discursos del prestigio cultural.

Por primera vez en su historia, la Bienal se enfrenta a una huelga de gran escala: se cierran pabellones, aparecen banderas palestinas y se bloquea la circulación normal del evento con intervenciones y protestas espontáneas que afectan a una parte significativa de los pabellones, lo que hace notar las bases materiales que normalmente permanecen invisibles, y el interés cambia de protagonismo. Ahora son los trabajadores, los asistentes, los limpiadores y hasta los vigilantes quienes pasan a evidenciar con sus ausencias una infraestructura frágil, medio inoperante y decadente. Se extrañan sus presencias casi tanto como las de los artistas y los pabellones, ya que ponen en evidencia una base material fundamental que normalmente permanece invisible.

La Bienal se presenta moribunda; los artistas ya no quieren seguir los mandatos de los Estados y la protesta se generaliza. El arte está cambiando, ya no se trata del éxito. Quizás regrese a sus orígenes en busca de aquellos lugares donde las emociones se transmitían en claves menores, en bajas frecuencias, con sencillez, humildad, claridad e independencia.

Según una advertencia de la Cámara de Comercio de Lima (2026), a comienzos del año, las pérdidas económicas potenciales por un Niño Costero de mediana intensidad podrían superar los 291 millones de soles diarios en, al menos, siete regiones.

La única institución del Estado que ya ha advertido estas consecuencias es el Banco Central de Reserva el cual ajustó sus proyecciones de crecimiento del sector pesca para 2026, de + 2% positivo a -6,6%.

Por lo tanto, es evidente que el país atraviesa todavía el periodo de impactos térmicos, que según el proceso de estos fenómenos que son conocidos en el Perú es la fase previa a las lluvias. Esto es tangible ante el hecho de que sectores como pesca y agricultura ya enfrentan alteraciones por la falta de variabilidad estacional.

En ese sentido, es inaceptable que ni el gobierno del pacto corrupto ni ninguno de los candidatos en la campaña presidencial toman cartas en el asunto sobre todo esto. Ambos contendores políticos deberían dar una respuesta concreta sobre cuál será la gestión del riesgo climático. Serán los pescadores de Ica, los agricultores de Piura, los trabajadores de las cadenas logísticas de la costa norte, y en general, las familias peruanas que sufrirán en primera mano esta, hasta ahora, dejadez.

El gobierno que asuma en las próximas semanas recibe una emergencia climática en curso. Atenderla con preparación y con la aplicación de gestión pública eficiente es la primera obligación del próximo presidente. El país tiene derecho a saberlo pronto y, para ello, requiere esa conversación antes de votar.

¿Qué nos dice Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio?

El libro de Fernando Rojas Morey (1934-2023), párroco de Chepén, plantea que hay que anunciar la existencia de Dios a partir de los hechos concretos de la vida y de las experiencias humanas más intensas, sobre todo en las profundidades del hombre mismo. Dios no desea ser encontrado en las nubes.

Y eso me hace recordar que, en agonía, mi abuela Filomena musitó al oído del padre Fernando, quien la asistía:

—Padre, padre. ¿Ve a esa señora que está en la sala? Es la Muerte. Ofrézcale un refresco o sírvale un traguito, de esos que están guardados para mi velorio…

Fernando miró hacia la sala y no vio a nadie. Sin embargo, para no contrariar los deseos de la anciana, llenó un vaso con limonada, caminó, dejó la bebida sobre la mesa de centro y fingió un diálogo en voz alta con la dama que a todos nos ha de visitar algún día. Cuando volvió al cuarto, su feligresa dormía, agradecida y apacible.

Santo y rebelde, comprometido con los pobres, el cura de Chepén entendió siempre que la pobreza es un mal diabólico y, además, el resultado de la opresión de algunos individuos sobre otros. Por eso, muchas veces le oímos decir que trabajar para abolir la pobreza es trabajar por el Reino de Dios.

Chepén es la ciudad más grande del valle del río Jequetepeque, en el norte del país. A pesar de que la región abastecía tradicionalmente de arroz a todo el Perú, nueve de cada diez jóvenes estaban entonces condenados, por sus carencias económicas, a quedarse en la educación primaria, trabajar en los meses de siembra y cosecha y vagabundear todo el resto del año.

Con ellos a su lado, fundó el Instituto San Juan Bosco que, además de centro de estudios, también era de trabajo y producción, porque llevaba a sus alumnos desde las primeras clases hasta diversas especialidades técnicas.

¿Se detendría en el terreno de la educación? ¡No, de ninguna manera! Tenía que hacer algo por los campesinos sin tierras. Durante casi un año, el cura de Chepén recorrió una y otra vez los terrenos del desierto próximos al valle. Por fin encontró uno, sin rocas y fácil de nivelar. Allí fundó la cooperativa agraria Tahuantinsuyo.

¿Y el agua? Esas tierras no tenían dueño porque carecían de riego. ¿Qué iba a hacer para obtenerla?

Con el auxilio de parroquias luteranas y su empeño formidable, llegó el día en que el viento hizo girar las astas de los molinos que le habían donado en Alemania y el agua comenzó a fluir hasta la superficie.

Fernando entregó luego las tierras a sus amados campesinos pobres.

¿Qué pasó después? El comando Rodrigo Franco llegó de noche a Chepén y se apostó en las inmediaciones de la iglesia. En las primeras horas de la madrugada, rodearon la parroquia con potentes cargas de dinamita. A las 2.00 a. m., la casa donde dormía el sacerdote voló por los aires. ¿Y el padre Fernando?…

Cuando faltaban cinco minutos para esa hora, había salido a toda prisa, por otra puerta, para atender a un moribundo que reclamaba sus últimos auxilios.

Y no cuento más.

No murió ese día mi abuelita. Tardó un par de semanas más antes de volar hacia el cielo y, durante ese tiempo, tuvimos ella y yo la oportunidad de reírnos un poco.

—¡Se la hice! —me contó—. El padre Fernando es un inocente. —añadió— ¡Imagínate que fue a la sala para ofrecerle una limonada a la Muerte! No se dio cuenta de que yo le estaba haciendo una broma.

Reímos un buen rato y, luego, mi abuelita insistió:

—Inocente… como deben ser los santos y los rebeldes.

Caminando con mi pueblo. Por las rutas del Concilio nos invita a hacer una correcta lectura de los signos de los tiempos. A mí me hace recordar al generoso padre Fernando y ahora solo espero encontrar a un sacerdote sordo para que escuche mis pecados.

La contradicción debiera ser inaceptable. Las instituciones que el Estado construyó en algún momento y tras muchos esfuerzos para proteger a las mujeres reproducen hoy internamente las mismas lógicas de poder que tienen el mandato de combatir hacia afuera.

Esa contradicción exige una respuesta de sus principales entes ejecutores.

Al respecto, quienes impulsan la eliminación del enfoque de género en las entidades públicas normalmente encuentran aquí un argumento: si las propias instituciones de género hostigan a sus trabajadoras, el enfoque fracasó. Sin embargo, es una conclusión deshonesta. Usar la falla institucional impulsada por el copamiento institucional conservador para eliminar ese tipo de políticas es como clausurar los hospitales porque algunos médicos cometen negligencia. Los Centros de Emergencia Mujer atendieron 142 mil casos en 2024. Las mujeres que los necesitan seguirán existiendo incluso el día que el programa desaparezca.

El nuevo gobierno tiene sobre la mesa una herencia deteriorada.

Una institución que hostiga hacia adentro pierde toda autoridad para proteger hacia afuera. Esa es otra reforma que el país también necesita y los candidatos presidenciales deberían tratar en sus debates al país. No la eliminación del enfoque, sobre todo, preventivo de violencias estructurales.