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Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la reelección presidencial indefinida para Bukele

Con 57 votos del oficialismo, Bukele logra eliminar el obstáculo legal para perpetuarse en el poder, pese a alertas sobre abusos y concentración de poder en El Salvador.

El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Foto: composición LR/AFP
El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Foto: composición LR/AFP | Composición LR | EFE

Este jueves 31 de julio se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, aprobó la iniciativa con 57 votos de los 60 diputados del Parlamento Unicameral.

De esta manera, los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución tendrán reformas y se eliminará la restricción que impedía la reelección inmediata del jefe de Estado. También se erradica la obligación de realizar una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato presidencial alcance mayoría absoluta.

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Críticas por reforma de Bukele: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”

Mientras se ratificaba la reforma constitucional en plenas vacaciones nacionales, voces críticas dentro y fuera de El Salvador advirtieron sobre un giro autoritario. “Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, dijo la diputada opositora Marcela Villatoro, quien denuncio que la maniobra legislativa “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica”. Por su parte, la congresista Claudia Ortiz, del partido Vamos, calificó medida como “un abuso de poder y una caricatura de la democracia”.

Asimismo, en declaraciones a la agencia AFP, el maestro Mauricio Acevedo opinó resignado: “Aunque muchas obras han sido buenas, la tendencia a lo malo irá en aumento”.

Organismos internacionales también reaccionaron con preocupación. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, comparó el rumbo salvadoreño con el de Venezuela: “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder y termina en dictadura”. Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que las reformas “llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe”. Bukele, por su parte, reafirmó su indiferencia ante las acusaciones: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”.

Una postura más hermética fue la demostrada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló en su conferencia matutina de este viernes que México se apega al principio de no intervención. “Esa es la política exterior mexicana, y que el pueblo de El Salvador siempre decida”, declaró desde Palacio Nacional.

Bukele refuerza su poder con reforma constitucional ratificada en sesión exprés

Con fuegos artificiales iluminando el centro de San Salvador, la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles por la noche una reforma constitucional impulsada por el oficialismo, en medio de fuertes críticas por su impacto en las libertades civiles. La medida llega luego de una ola de detenciones contra defensores de derechos humanos y opositores, lo que ha llevado al exilio a decenas de periodistas y activistas.

Desde su reelección en 2024 con el 85% de los votos, Nayib Bukele ha consolidado un dominio casi total sobre las instituciones del Estado. Su popularidad se mantiene alta gracias a la drástica reducción de la violencia, atribuida a su política de mano dura contra las pandillas, aunque organismos internacionales denuncian abusos sistemáticos bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.

Con la reciente reforma, El Salvador se suma a un grupo de mandatarios latinoamericanos que han concentrado el poder al eliminar los límites de mandato. Este modelo ya opera en Venezuela, donde Hugo Chávez impulsó la medida en 2009; en Nicaragua, donde Daniel Ortega lo hizo en 2014; en Bolivia, con un fallo del Tribunal Constitucional en 2017 que lo definió como “derecho humano”; y en Ecuador, donde se aprobó brevemente en 2015 bajo el gobierno de Rafael Correa.

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