Presidenta de México critica tentativa de la Suprema Corte de invalidar elección popular de jueces
El juez Juan Luis González argumenta que la elección, salvo para ministros de la Suprema Corte, es inconstitucional, lo que generará un intenso debate en el máximo tribunal del país.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este martes la propuesta de un juez de la Suprema Corte de invalidar la reforma que determinó la elección de magistrados por voto popular a partir de 2025.
El juez Juan Luis González planteó declarar inconstitucional la elección -salvo la de los ministros de la Suprema Corte- en un proyecto de sentencia difundido el lunes y que será discutido por el máximo tribunal en los próximos días.
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"Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional", dijo la mandataria izquierdista en su habitual conferencia de prensa.
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"No tienen las atribuciones como Corte de legislar ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución", añadió, refiriéndose al proceso llevado a cabo por la amplia mayoría oficialista en el Congreso.
La enmienda convirtió a México en el primer país del mundo que elegirá a todos sus jueces por sufragio universal, bajo la premisa de que el actual sistema de justicia está al servicio de las élites y sumido en la inoperancia y la corrupción.
El proyecto de fallo responde a acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, incluido el partido conservador PAN.
Según Sheinbaum, los partidos políticos carecen de facultades para presentar recursos constitucionales.
La oposición rechaza la reforma -en particular la elección de jueces y magistrados- por considerar que fulmina la independencia de poderes y politizará la justicia.
Estados Unidos y Canadá también han advertido que la elección podría socavar la independencia de los jueces y dejarlos a merced de los cárteles del narcotráfico, con impacto en el tratado comercial T-MEC que estos países mantienen con México.
El juez González propone invalidar la elección aduciendo que "no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles (de candidatos) que se le presentarán" ni "garantías para que se emita un voto informado".
También sostiene que no hay certeza para los aspirantes a esos cargos sobre las cualidades definitorias para ser incluidos en las listas de votación.
