Javier Milei reglamentará el cobro de aranceles a universitarios extranjeros no residentes en Argentina

El gobierno de Argentina implementará una nueva normativa que permitirá a las universidades del país cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esta medida forma parte de la reglamentación del capítulo de educación incluido en la Ley Bases. Además de esta disposición, el presidente Javier Milei también busca establecer criterios más claros para la asignación de recursos a las casas de estudio.

La reciente decisión del presidente generó un debate significativo, especialmente después de la multitudinaria marcha en defensa del financiamiento universitario. Tras vetar la ley de Financiamiento Universitario, el gobierno ahora apunta a reorganizar el sistema educativo. Con estas nuevas disposiciones, se espera que las universidades adapten sus estructuras presupuestarias.

Cobro de aranceles será oficializado próximamente

De acuerdo a la información revelada por La Nación, la reglamentación que permitirá el cobro de aranceles está próxima a ser oficializada a través de la cartera que conduce el ministro Federico Sturzenegger. Esto será aprobado mediante el capítulo de educación de la Ley de Bases —que contiene este cobro en uno de sus capítulos— que será reglamentado por el presidente Javier Milei.

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"Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo”, indicó al respecto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, según lo citado por Infobae.

Con esta decisión, el gobierno retorna a una iniciativa previamente excluida durante las negociaciones de la Ley Bases, que busca autorizar el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esta medida había sido desestimada en enero como parte de la primera Ley de Bases y ahora vuelve a estar en la agenda del Ejecutivo, con el objetivo de reorganizar la financiación de las instituciones educativas.

¿Qué pasará tras la reglamentación de Javier Milei?

Una vez reglamentado el proyecto de ley, serán las propias universidades las que tendrán la potestad de decidir si implementarán el cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Lo que garantiza la gratuidad para todos los estudiantes, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, con la nueva normativa, cada institución podrá optar por cobrar o mantener el acceso gratuito para estos estudiantes.

Otro aspecto central de la normativa es la modificación en los criterios de distribución de los recursos presupuestarios. El nuevo esquema tendrá en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados y la tasa de graduación. Esto en busca de la eficiencia de la distribución de los fondos públicos.

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Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) se mostraron sorprendidos por la medida, señalando que no aceptan estudiantes extranjeros que no tengan residencia legal en el país, lo que hace que el cobro de aranceles sea irrelevante para su situación actual. No obstante, si surgen puntos controversiales en la reglamentación, podría generarse una situación similar a la vivida con el rechazo del DNU.

¿Qué es la ley universitaria de Javier Milei?

La Ley Universitaria propuesta por Javier Milei busca transformar profundamente el sistema educativo argentino. Uno de los principales puntos es la eliminación del financiamiento estatal para las universidades públicas, sustituyéndolo por un sistema de vouchers.

Bajo esta idea, los estudiantes recibirían una beca que les permitiría elegir la universidad, pública o privada, en la que deseen estudiar, promoviendo así la competencia entre instituciones y, según Milei, mejorando la calidad de la educación. Además, sugiere desregular el sistema universitario, otorgando mayor autonomía a las universidades en su gestión y en la creación de programas académicos.

El enfoque de Milei también incluye una alineación más cercana entre la oferta académica y las demandas del mercado laboral, promoviendo carreras con mayor empleabilidad y reduciendo las que, en su opinión, no contribuyen de manera significativa al desarrollo económico del país.