Julian Assange lucha por su libertad

Había perdido peso, cojeaba pronunciadamente y parecía confundido y desorientado. Cuando se le pidió que dijera su nombre y fecha de nacimiento, tardó en responder, como si le costara mucho recordarlos. Fue el 21 de octubre del 2019, en una de las últimas comparecencias de Julian Assange ante los tribunales ingleses. Su abogado, Craig Murray, contó que parecía tener los síntomas “de una víctima de tortura sacada a la luz parpadeando”. Meses antes, el periodista John Pilger lo había visitado en prisión. También lo había encontrado envejecido, física y mentalmente. A él, Assange le había dicho: “Creo que me estoy volviendo loco”.

Julian Assange lleva casi cinco años detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Pasa 23 horas al día en soledad y solo dispone de 45 minutos para hacer ejercicio en un patio de cemento. Cuando sale de su celda, todos los pasillos y puertas se cierran para que no tenga contacto con ningún otro recluso. Su única reunión social es el servicio en la capilla. El sacerdote de la prisión es su único amigo.

El fundador de WikiLeaks está preso desde que, en abril del 2019, la policía británica lo sacó a rastras de la embajada de Ecuador en Londres, luego de que el Gobierno de ese país le retirara el asilo político que le había concedido siete años antes. La justicia inglesa lo acusó de haber violado la libertad condicional que le dio en 2012, cuando estaba activa una orden internacional de arresto desde Suecia por supuesta agresión sexual. Lo condenó a 50 semanas de cárcel. Nils Melzer, exrelator especial de la ONU para la Tortura, quien siguió su caso durante varios años, observó alguna vez que los británicos suelen imponer solo multas a quienes violan las libertades bajo fianza, y que, sin embargo, a Assange le dieron 50 semanas. ¿La razón? Darle tiempo a Estados Unidos para que preparara su orden de extradición.

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El hombre que sacudió al mundo con sus destapes sobre los crímenes de guerra cometidos por EEUU en Irak y Afganistán lleva años luchando legalmente por evitar ser extraditado.

El martes 20 de febrero, él y sus abogados echaron mano de uno de los últimos recursos que les quedan para defenderse: le pidieron al Tribunal Superior del Reino Unido que les permita presentar una apelación a la orden de extradición. El tribunal debería responder hacia finales de marzo. Si no les da esa autorización, Assange todavía podría acudir al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos. Pero después de eso, no hay más.

Después de eso, lo enviarán a Estados Unidos, donde lo espera un proceso que los observadores creen que será muy largo, en el que los fiscales le aplicarán una ley contra el espionaje del año 1917 y lo acusarán de 18 cargos, cuya condena podría alcanzar los 125 años de cárcel.

Hace unos días, los medios le preguntaron a Stella Assange qué ocurriría si su esposo es enviado a EEUU. Ella dijo estar segura de que no soportaría las condiciones de encarcelamiento: “Si es extraditado, morirá en la prisión”.

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Una persecución política

–Julian Assange es un periodista que está siendo arbitrariamente criminalizado por una motivación política –dice a La República Erika Guevara, directora de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, uno de los varios organismos internacionales que ha pedido cesar la persecución contra el fundador de WikiLeaks. –Gracias a WikiLeaks pudimos conocer a nivel global de graves violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados Unidos en países como Irak y Afganistán, y precisamente por eso hoy es castigado.

Los casi quinientos mil documentos clasificados sobre las acciones militares en Irak y Afganistán fueron la mayor filtración de secretos de Estado desde los Papeles del Pentágono y revelaron ante la sociedad la responsabilidad de Washington en el asesinato de civiles y su complicidad ante las torturas, violaciones y secuestros cometidos por sus aliados en la guerra.

Por su lado, los más de 250.000 cables diplomáticos que WikiLeaks también publicó provocaron un terremoto político para Washington, que a partir de ese momento declaró a Assange el enemigo número uno de ese país.

“Una democracia constitucional investigaría y castigaría a los criminales de guerra”, le dijo el exrelator especial para la tortura Nils Melzer al medio suizo Republik. “Esos soldados deberían estar tras las rejas. Pero no se inició ninguna investigación penal contra ninguno de ellos. En cambio, el hombre que informó al público está encerrado en prisión preventiva en Londres y enfrenta una posible sentencia en Estados Unidos de hasta 175 años de prisión”.

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–Si lo extraditan, podría enfrentar un juicio sin las normas del debido proceso –dice Erika Guevara–. No hay garantías para que se le ofrezca un juicio justo y, por lo tanto, podría ser sometido a una reclusión prolongada. Estados Unidos ya ha amenazado con que esta reclusión prolongada se daría en un régimen de aislamiento, en una prisión de máxima seguridad, lo que, de por sí, constituyen condiciones de tortura y malos tratos.

La actual relatora especial para casos de tortura, Alice Jill Edwards, dijo, hace unos días, que estaba preocupada por lo que pasaría con la salud de Assange en caso de que termine en una cárcel estadounidense. “Assange sufre de un trastorno depresivo. Cualquier extradición a los Estados Unidos es muy probable que exacerbe sus condiciones médicas subyacentes, y hay un riesgo muy real de suicidio”, advirtió.

Decenas de organizaciones alrededor del mundo vienen exigiendo que cese la persecución al periodista y hacker australiano y que el Reino Unido lo libere inmediatamente. Junto a Amnistía Internacional están, por ejemplo, Human Rights Watch, la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras.

A estas instituciones les preocupa el gravísimo precedente que establecería el juicio y la condena a Assange para la libertad de prensa.

–La persecución contra Assange es, en realidad, una persecución anticipada contra todos los whistleblower, todos los informantes potenciales que están dentro de instituciones del Estado y que podrían pasar documentos confidenciales a la prensa –dice a La República Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de Reporteros sin Fronteras.

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–Es un altísimo riesgo para la libertad de prensa en el mundo –dice, por su parte, Erika Guevara, de Amnistía Internacional–. Y sentaría un precedente nefasto de control a las libertades, al derecho de informar al público y al derecho del público a ser informado.

EEUU envía un mensaje a todos los periodistas

Enfoque. Artur Romeu, Director de Reporteros sin Fronteras para América Latina lucha

El caso de Julian Assange se trata de un caso de amenaza a la libertad de prensa, que pone en riesgo no solamente la libertad y la integridad de una persona, sino que también pretende enviar un mensaje a todos los periodistas del mundo de que las personas que están investigando crímenes de Estado, como crímenes de guerra y casos de corrupción, y lo están haciendo a partir de documentos clasificados, pueden sufrir el mismo tipo de persecución. Y eso es lo que para nosotros, como Reporteros Sin Fronteras, nos parece más grave.

Si los Estados Unidos, el país de la Primera Enmienda de la Constitución, que se presenta como el defensor de las libertades, se permite realizar este nivel de persecución contra los periodistas, las consecuencias para el ejercicio periodístico son muy graves, sobre todo para el que investiga a los niveles más altos en los estados.

HITOS de una persecución2006. Julian Assange funda WikiLeaks.

• Abril del 2010. WikiLeaks publica un video militar clasificado que muestra a un helicóptero matando a dos periodistas y varios civiles en Irak en 2007.
• Julio del 2010. Publica más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán.
• Agosto del 2010. La Fiscalía de Suecia emite una orden de detención contra Assange por acusaciones de agresión sexual.
• Octubre del 2010. WikiLeaks destapa cerca de 400.000 documentos clasificados sobre la guerra de Irak.
• Noviembre del 2010. WikiLeaks comienza la publicación de unos 250.000 cables filtrados del Departamento de Estado.
• Junio del 2012. Assange entra a la embajada de Ecuador en Londres, solicitando asilo político. El Gobierno ecuatoriano se lo concede en agosto.
• Mayo del 2017. La Fiscalía de Suecia archiva su investigación sobre las acusaciones de violación.
• Diciembre del 2017. Assange obtiene la nacionalidad ecuatoriana.
• Abril del 2019. Ecuador le retira el asilo y la nacionalidad. De inmediato, la policía de Londres lo detiene en virtud al pedido de extradición de los EEUU.
• Mayo del 2019. Es internado en una prisión tras ser declarado culpable de violar sus condiciones de libertad bajo fianza cuando entró a la embajada de Ecuador, en 2010.
• Enero del 2021. Un juez británico rechaza una petición de los EEUU para extraditar a Assange, Sin embargo, la decisión es revocada en diciembre de ese año.
• Abril del 2022. Un tribunal de Londres emite una orden para que Assange sea extraditado a EEUU.
• 20 de febrero del 2023. El equipo legal de Assange acude al Tribunal Superior de Londres para solicitar que se le permita apelar la extradición.

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