ONU acusa a la Justicia venezolana de “perpetuar graves violaciones de derechos humanos”
“Jueces y juezas a todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno”, sostiene el informe de Naciones Unidas.
La República en GoogleEl sistema de Justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al régimen de Nicolás Maduro, concluye un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentado este jueves.
El informe, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar arrestos ilegales.
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La misión, creada por el Consejo en el 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay “motivos razonables” para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.
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“Jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo”, señala el documento.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos, la independencia del Poder Judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro la función de impartir justicia y salvaguardar los derechos fundamentales”, resumió en rueda de prensa la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
El sistema de justicia de Venezuela “necesita una reforma urgente para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que protege los derechos de todos los venezolanos de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales”, añadió otro de los miembros de la misión, el chileno Francisco Cox.
El documento de más de 200 páginas denuncia que los jueces ordenan la prisión preventiva “como una medida rutinaria, no excepcional”, y que en algunos casos no protegieron a posibles víctimas de tortura, incluso en audiencias en las que mostraban visiblemente maltrato, y ordenaron su regreso a los mismos lugares de detención.
Además, los abogados encuentran frecuentemente obstáculos para ejercer la defensa, y muchos acusados son presionados para escoger una defensa pública en lugar de una de su elección.
