UE inicia acciones contra Hungría y Polonia por violar derechos de personas LGTBI
El proceso contra Hungría está motivado por una ley que prohíbe hablar de diversidad sexual en los colegios y en los medios de comunicación, mientras que el de Polonia se debe a la declaración de “zonas libres de ideología LGBTI”.
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La Comisión Europea (CE) ha anunciado este jueves acciones legales contra Hungría y Polonia por adoptar medidas que violan los derechos fundamentales de la población LGTBI y ha dado dos meses a esos países para responder a la iniciativa antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
“Igualdad y respeto por la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea (...). La Comisión utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores”, apuntó la institución en un comunicado.
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LGTBI. Foto: AFP
En concreto, Bruselas envió a Budapest y Varsovia cartas de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción que en última instancia puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En al caso de Hungría, la Comisión cuestionó la reciente adopción de una ley que prohíbe o limita el acceso a contenidos que promuevan la “divergencia de la identidad con relación al sexo de nacimiento”. Dicha entidad ha indicado que la protección a los menores de edad es un interés público legítimo, pero apuntó que el país mencionado “no ha explicado porqué la exposición a contenido LGTBI puede ser dañino a su felicidad”.
En el caso de Polonia, ha decidido actuar ante la inacción del Gobierno contra las llamadas “zonas libres de ideología LGTBI”. La UE considera que esos espacios, implementados en 2019 por municipalidades y regiones, se pueden considerar una violación la legislación europea sobre no discriminación con base en la orientación sexual.
Bruselas destacó en un comunicado que los expedientes están relacionados con “la igualdad y la protección de los derechos fundamentales”. Tras el envío de las cartas de emplazamiento, Varsovia y Budapest tienen dos meses para responder. Si no lo hacen, la CE podrá remitirles un dictamen y, más adelante, llevar el caso al TJUE.
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