Johnson & Johnson tendrá que pagar US$ 2.100 millones por vender talco cancerígeno
La compañía de productos de higiene recibió miles de denuncias en los últimos años de personas que la acusaron de vender talco que contenía amianto y causaba cáncer de ovarios.
- Gobierno de Xi Jinping defiende cooperación entre China y América Latina: "No debe estar sujeta a interferencias de terceros"
- Irán acusa a países europeos de haber facilitado la ofensiva militar de Estados Unidos contra Teherán
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó este martes 1 de junio a estudiar un recurso de la empresa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, por lo que confirmó así su condena a pagar 2.100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la venta de polvos de talco fabricados con productos cancerígenos.
El más alto tribunal del país no explicó, como es habitual, su decisión, que pone fin a años de litigios y podría tener repercusiones en otras demandas colectivas.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE LAS FLORES DE BACH: BENEFICIOS Y USOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
El fabricante de productos de higiene recibió miles de denuncias en los últimos años de personas que lo acusaron de vender talco que contenía amianto y provocaba cáncer de ovarios. Sin embargo, Johnson & Johnson siempre negó esas alegaciones.
La compañía ha sido condenada varias veces, una de ellas en 2018 por un jurado que la condenó a pagar 4.400 millones de dólares a 22 demandantes por daños y perjuicios.
En junio de 2020, un tribunal de apelación de Misuri redujo esta cantidad al considerar que algunos demandantes, al no tener vínculos con el Estado, no debían haber sido incluidos en el juicio.
Sin embargo, el tribunal determinó que el grupo había “vendido a sabiendas productos que contenían amianto a los consumidores”, lo que causó “gran angustia física, mental y emocional”.
Johnson & Johnson presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Misuri, que se negó a estudiar el caso, y luego al más alto tribunal del país, que hizo lo mismo este martes.
El grupo había argumentado que la demanda colectiva, que incluía a demandantes de otros Estados, violaba sus derechos y cuestionaba el importe punitivo de la indemnización.
