Bolsonaro ve “activismo judicial” en investigación por su gestión de COVID-19
Una comisión del Senado investiga posibles “omisiones” del Gobierno federal, en particular frente al agravamiento de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas por falta de oxígeno.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sostuvo este viernes 9 de abril que es víctima de “activismo judicial” por parte del juez de la Corte Suprema que ordenó instalar una comisión en el Senado para investigar posibles “omisiones” durante su gestión de la pandemia del coronavirus.
“La CPI (Comisión Parlamentar de Investigación) no es para investigar el desvío de recursos de gobernadores, es para investigar las omisiones del Gobierno”, se quejó Bolsonaro ante sus simpatizantes a las afueras de la residencia oficial en Brasilia.
Esa delegación deberá investigar “las acciones y omisiones del Gobierno federal (...), en particular frente al agravamiento de la crisis sanitaria en el estado Amazonas, con la escasez de oxígeno para pacientes hospitalizados”, indicó el juez Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal (STF).
“O sea, es una jugada, apoyada por la izquierda en el Senado, para desgastar al Gobierno”, protestó el mandatario ultraderechista.
“Por lo que me parece, Barroso carece de coraje moral y le sobra activismo judicial. No es lo que Brasil necesita. Vivimos un momento crítico de la pandemia, las personas mueren y un juez del STF hace politiquería junto con el Senado”, agregó Bolsonaro.
La solicitud para crear la comisión fue presentada por 31 senadores (más del mínimo requerido, 27), pero el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, había rechazado instalarla hasta ahora.
Pacheco anunció que cumplirá la orden del juez Barroso la semana próxima, aunque se oponga a la decisión: “¿Cómo podemos investigar sobre el pasado, si no logramos decidir acciones concretas para el presente?”, cuestionó.
El jueves 8 de abril por la noche, el jefe de Estado sufrió otro revés judicial, cuando el STF decidió en sesión plenaria que estados y municipios pueden prohibir las reuniones religiosas presenciales debido al auge de la pandemia.
Otro juez de la misma corte, Kassio Nunes Marques, nombrado recientemente por el mandatario, había autorizado el sábado, en la víspera de la Pascua, las celebraciones religiosas en todo el país.
El Gobierno es criticado por varios sectores de la sociedad por su gestión de la crisis sanitaria, en momentos en que Brasil registró el jueves un nuevo récord de 4.249 muertos por COVID-19 en 24 horas, y acumula un total de más de 345.000 víctimas.
La máxima autoridad del gigante sudamericano continúa minimizando la gravedad de la enfermedad y esta semana arremetió contra las medidas de confinamiento, tomadas por gobernadores y alcaldes para frenar la escalada del virus. El presidente incluso aseguró que no será tomada esa medida a nivel nacional.
Varios gobernadores han sido objeto de investigaciones por el desvío de recursos que estaban destinados al combate contra el virus. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, férreo opositor de Bolsonaro, fue destituido en agosto pasado.
