Piden prohibir salida de Moreno de Ecuador por cargos de lesa humanidad
El defensor del Pueblo en Ecuador, Freddy Carrión, hizo pública la denuncia por transgresiones a los derechos humanos durante las movilizaciones sociales de 2019.
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La Defensoría del Pueblo en Ecuador ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la prohibición de salida del país del presidente, Lenin Moreno, y otros altos cargos en una denuncia en la que se les acusa de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto social de octubre de 2019.
Freddy Carrión, defensor del Pueblo, hizo pública la denuncia presentada este martes ante la Fiscalía por presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2019, en la que solicitó a las autoridades que se prohíba la salida de la nación del mandatario y ministros, como el de Defensa y otros cargos.
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El funcionario se presenta en el reporte como “conocedor de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre de 2019, establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ)”.
Se trata de una comisión establecida por la Defensoría para analizar lo ocurrido en ese contexto a raíz de las denuncias ciudadanas de supuestas vulneraciones de los derechos humanos durante las manifestaciones contra el Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba históricos subsidios a los combustibles y desataron una conflictividad sin precedentes en la historia reciente de Ecuador.
Carrión solicitó, además, en su denuncia a la Fiscal General, Diana Salazar, que considere la formulación “urgente” de cargos contra los presuntos responsables de esas transgresiones.
La Defensoría dio a conocer la última semana un duro informe en el que apuntaba a la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado ecuatoriano en base a los resultados de la CEVJ.
En su petición, el defensor del Pueblo recoge los nombres de decenas de supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos y precisa que se basan en “519 testimonios, provenientes de la recopilación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los recibidos por la propia CEVJ durante su mandato”.
De ese universo, aclara, 249, “corresponderían a vulneraciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre”, de los que se desprende que 189 habrían sido cometidas por personal de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas.
“Las violaciones a los derechos humanos registradas tienen relación con violaciones al derecho a la integridad personal, que incluye lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual”, reza la denuncia.
En tanto, el titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, calificó este martes el informe de la Defensoría de “discriminatorio, parcializado, incompleto y sesgado”, y afirmó que las Fuerzas Armadas “no dispararon un solo tiro”, que “jamás se utilizó armamento letal”, y que cumplieron con su deber constitucional de dar apoyo durante el estado de excepción para estabilizar la situación de conflictividad.
