Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Abogados revelan que el ICE oculta el paradero de sus clientes tras ser detenidos
Cuatro organizaciones legales en Estados Unidos han demandado al ICE por cambiar las condiciones de acceso a la información sobre detenidos.
La República en GoogleCuatro organizaciones de defensa legal han presentado una demanda judicial contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que cambiaran las condiciones de acceso a los datos de las personas que han sido detenidas. Esto ha iniciado luego de que la agencia migratoria dejara de informar dónde se encuentran los adultos que tienen órdenes definitivas de deportación.
¿Qué ha cambiado en el sistema de localización del ICE sobre los inmigrantes?
De acuerdo con las organizaciones demandantes, el cambio se aplicó alrededor del 15 de septiembre a través de una disposición denominada ODLS Final Order Policy. Desde que se implementó, las personas que intentan ubicar a un inmigrante bajo custodia mediante el Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS) podrán encontrarse con una respuesta de cero resultados.
Hasta la implementación de esta medida, el portal ODLS permitía consultar la ubicación de cualquier adulto detenido por el ICE bajo custodia civil. Este mecanismo que funcionaba desde el año 2010 facilitaba a familiares y representantes legales encontrar el centro de detención donde se encontraba el inmigrante.
Con esta nueva disposición se cambió el procedimiento para quienes tienen una orden final de deportación. Al ingresar el nombre o el número del extranjero, conocido como A-number, la plataforma ya no muestra su ubicación, incluso si todavía permanece dentro de una instalación federal.
Abogados revelan que no pueden localizar a migrantes detenidos por el ICE
Según el Greater Boston Legal Services et al. v. Mullin, la falta de información sobre el lugar de detención está generando dificultades para quienes necesitan intervenir en procedimientos migratorios.
El argumento de esas organizaciones es que una orden final de deportación no elimina todas las posibilidades de defensa legal. Asimismo, las personas retenidas aún pueden solicitar la reapertura de sus expedientes, presentar los recursos de habeas corpus ante los tribunales, entre otras. "A nadie se le debería negar una oportunidad real de defender sus derechos", dijo Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.
"Este nuevo cambio administrativo arbitrario deja a cientos de miles de personas en riesgo de sufrir consecuencias que podrían cambiarles la vida, sin la asistencia legal esencial", agregó.
Por último, uno de los argumentos de los demandantes está basado en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Las organizaciones sostuvieron que el gobierno modificó una política que llevaba 16 años en funcionamiento sin haber presentado alguna justificación pública, haber evaluado sus consecuencias ni brindado alguna notificación.
