Malas noticias para Trump: demandan a gobierno de EEUU por usurpación de fondos destinado a niños ciudadanos
Las tribus Wichita, Afiliadas y Washoe han presentado una demanda federal contra EE.UU. por el uso indebido de fondos destinados a la educación de niños.

Las tribus nativas americanas Wichita y Afiliadas, así como la tribu Washoe de Nevada y California, han interpuesto una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos. La acción legal se basa en el supuesto mal uso de fondos fiduciarios que estaban destinados a la educación de niños indígenas. Según informa The Hill, las tribus señalan que la administración de Donald Trump habría desviado más de US$23.000 millones para financiar internados que, según alegan, han sido abusivos.
La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Medio de Pensilvania, señala que los fondos extraídos estaban originalmente destinados a mejorar el bienestar educativo de las comunidades originarias, pero habrían sido desviados para sostener el sistema federal de internados.

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¿De qué trata la demanda de las tribus nativas contra el gobierno de Estados Unidos?
La querella judicial sostiene que el programa federal de internados, activo entre 1819 y 1969, operó con el objetivo de eliminar la identidad cultural de los pueblos originarios. Según The Hill, los demandantes afirman que el gobierno federal financió estos centros con recursos fiduciarios pertenecientes a las comunidades indígenas, sin nunca rendir cuentas por su uso.
“El Programa de Internados representa uno de los capítulos más vergonzosos de la historia estadounidense”, expresó Serrell Smokey, presidente de la tribu Washoe de Nevada y California. “Nos arrebataron a nuestros hijos, los sometieron a horrores inimaginables y los obligaron a financiar su propio sufrimiento. Esta demanda busca responsabilizar al gobierno estadounidense por sus acciones y garantizar que la verdad finalmente salga a la luz”.
Los documentos judiciales detallan que el sistema tenía como propósito interrumpir los vínculos de los niños con sus familias, sus idiomas originarios y sus prácticas tradicionales. A través de una estructura sistemática, los internados pretendían “adoctrinar” a los menores en labores subordinadas, perpetuando condiciones de pobreza, violencia y adicción en sus comunidades.
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Antecedentes de la demanda contra el gobierno de Estados Unidos
El proceso legal se basa en una supuesta violación de los compromisos establecidos por el gobierno federal en tratados históricos con los pueblos originarios. Dichos acuerdos implicaban que, a cambio de cesiones de tierras, el Estado se haría responsable de brindar educación adecuada a los niños de las tribus nativas. Sin embargo, la denuncia alega que esa responsabilidad no se cumplió.
Entre 1819 y 1969, el sistema de internados para indígenas en Estados Unidos envió a más de 18.000 menores a más de 400 instituciones, muchas de ellas administradas por organizaciones religiosas. Bajo la administración de la secretaria del Interior Deb Haaland, los informes oficiales de 2022 y 2024 revelaron abusos físicos, psicológicos y sexuales, así como el fallecimiento de al menos 973 niños indígenas en estos centros.















