Sunarp sin CAS: trabajadores exigen pase a régimen 728 y reclaman al Congreso no ser postergados

Desde el 2009, más de 2.500 trabajadores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) laboran bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios). Pese a cumplir funciones permanentes, no acceden a derechos básicos como gratificaciones, CTS, escolaridad, EPS, ni línea de carrera.

“Si quiero ascender, tengo que renunciar para postular a otra plaza en la misma institución”, relata Antonio Bendezú, secretario general del sindicato CAS de Sunarp, a La República. “Hasta hace poco firmábamos contratos cada tres meses, y recién desde 2021 logramos contratos indeterminados, pero seguimos igual de precarios”.

Hoy, su principal reclamo es político: que el Congreso agende para debate en el Pleno el dictamen que aprueba su pase al régimen laboral 728, el mismo con el que fue creada Sunarp. El documento ya fue aprobado —por unanimidad— en las comisiones de Presupuesto y Justicia. Pero, tras el cierre de la última legislatura, el tema quedó en espera.

¿Que señala el dictamen aprobado?

• El pase al régimen 728 de manera progresiva en dos años.
  
  
• Que se realice con recursos propios de Sunarp, sin pedir presupuesto al MEF.
  
  
• Que se respete la meritocracia, mediante concurso de méritos, conocimientos, evaluación psicológica y entrevista personal.
  
  
• Que se agende el dictamen aprobado en la próxima legislatura, que inicia el 15 de agosto.

“Lo que pedimos no es automático ni improvisado”, recalca Bendezú. “Es un tránsito progresivo, evaluado, autofinanciado, y que busca dignificar a los trabajadores que han dado años al Estado”.

¿Por qué no se aprueba si ya está listo?

La razón es política. El Congreso —controlado por una Mesa Directiva que prioriza otros temas— no agendó el dictamen en junio. Y tampoco lo incluyó en la Comisión Permanente, que prefirió centrarse en “los viajes de la presidenta” y temas partidarios.

“Nos preocupa que llegue fin de año sin que se vote. Y el 2026 es electoral. Podría volver a postergarse todo”, advierte Bendezú. “Pedimos a la Mesa Directiva, al presidente del Congreso José Jerí, que cumpla su palabra de convocar a un pleno laboral, donde se debatan todas las leyes para trabajadores del Estado”.

¿Y el MEF y Servir?

De acuerdo con el secretario general, en Sunarp hay apenas 2.500 trabajadores CAS, por lo que no pueden seguir el ritmo de otras entidades que los triplican en número. En ese sentido, asegura que Sunarp genera sus propios recursos y que no están pidiendo más presupuesto al Ministerio de Economía, sino simplemente igualdad de trato.

“No puede ser que el mérito dependa de quién presidía la comisión”, remarca el dirigente.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha emitido opinión sobre el dictamen. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en cambio, se ha manifestado en contra, al considerar que el pase de régimen debe realizarse bajo su sistema, que supuestamente garantiza estabilidad y meritocracia.

Sin embargo, Bendezú cuestiona su efectividad: en más de diez años de funcionamiento, solo el 0,2% de trabajadores públicos ha migrado al régimen Servir.

“No podemos esperar otros diez años. Si Servir no ha funcionado, hay que buscar una salida legislativa”, advierte. “Sunafil ni siquiera puede fiscalizar a los CAS. Estamos en total indefensión”, sentencia.

400.000 trabajadores CAS en todo el país

Sunarp no es un caso aislado. Según cifras sindicales, más de 400.000 trabajadores CAS laboran actualmente en el sector público. Muchos de ellos llevan más de una década en esa condición de precariedad.

El propio Antonio Bendezú ingresó a Sunarp como trabajador CAS en 2015. Hoy, tras diez años de servicio, sigue sin una escala remunerativa ni posibilidades reales de proyectarse a mediano plazo.

“No puedes sacar una hipoteca ni pagar una maestría si tienes un contrato temporal y un sueldo congelado”, señala.

Durante la pandemia, los trabajadores CAS asumieron funciones de primera línea en Sunarp, desde encargaturas hasta puestos de atención directa como cajeros, debido a que eran en su mayoría jóvenes y considerados menos vulnerables al virus. Sin embargo, muchos perdieron la vida en el ejercicio de sus labores y dejaron a sus familias en total desprotección, ya que el régimen CAS no contempla beneficios como la CTS.

El llamado del sindicato es claro: el próximo 15 de agosto se reanuda la legislatura, y exigen que el Congreso agende de inmediato el dictamen que aprueba su pase al régimen 728.

“No pedimos favores, pedimos justicia laboral”, concluye Bendezú.