Banco Mundial: crimen organizado y violencia frenan el crecimiento económico en América Latina
Según el último reporte del Banco Mundial, la región enfrenta tasas de victimización que son tres veces superiores al promedio mundial. Ante este complejo panorama, llaman a priorizar la lucha contra el crimen organizado.
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Sin lugar a dudas, el crimen organizado es uno de los problemas más urgentes en América Latina (ALC). Prueba de ello es que las tasas de homicidios en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe "superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo". Ante este panorama, el Banco Mundial considera imperativo que los países de ALC prioricen la lucha contra este flagelo.
"En el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad. Sin embargo, en el corto plazo, ALC debe priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia para mitigar las expresiones más dañinas del crimen organizado y controlar su expansión", se lee en el nuevo informe titulado "Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”.
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De igual forma, el organismo multilateral subraya cómo este problema impacta de forma negativa en el panorama económico de la región. Y es que la previsión para América Latina y el Caribe es que crecerá un 2,1% este 2025 y un 2,4% en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial. A ello hay que añadirle, que el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que las pérdidas directas de capital humano y los gastos de seguridad pública privada en ALC en 2022 alcanzaron el 3,4% del PBI.
" Aunque ALC representa solo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en ALC fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a 8", anota la entidad.
Crimen organizado: ¿qué factores influyen?
El informe del Banco Mundial detalla también diversos elementos que favorecen el crecimiento del crimen organizado, tales como el aumento de la demanda global de bienes ilegales, las acciones gubernamentales que han transformado las redes criminales y la pandemia de la COVID-19, que facilitó a estos grupos afianzar su influencia en áreas con escasa presencia del Estado.
“El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos”, explicó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Otros factores en juego que grafican esta cruda realidad están relacionadas con las tasas de victimización, las cuales son tres veces superiores al promedio mundial y ocho veces más en el caso de homicidios. Dicha proliferación tiene evidentes consecuencias: amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico e incrementa los costos de transacción para las empresas.
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“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, manifestó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM.
Además, el reporte del Banco Mundial subraya la importancia de llevar a cabo estudios a largo plazo para orientar la acción del gobierno, dado que la falta de investigaciones regulares y comparables obstaculiza la formulación de políticas efectivas. Finalmente, instan a los Estados a consolidar una agenda contra la delincuencia organizada a través de reformas policiales, mejorar los sistemas penitenciarios y fortalecer los procesos judiciales.
