No hay licencia social para Tía María, reiteran dirigentes
Postura. Pobladores exhortan al Ejecutivo a visitar el valle de Tambo para comprobar la ilegitimidad social del proyecto minero.
- Agricultores del Valle de Tambo denuncian que el gobierno busca imponer Tía María sin licencia social
- "Tía María está encaminado y será una realidad", según el Minem
En los últimos años, tres Gobiernos distintos intentaron sacar adelante Tía María y fracasaron. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, asegura que esta vez existe una mayor aceptación hacia este proyecto minero, “pese a la oposición de un grupo reducido e ideologizado”.
Sus recientes declaraciones provocaron la respuesta de los agricultores y dirigentes del valle de Tambo, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa. Durante una conferencia de prensa en el Congreso, ellos emplazaron a los representantes del Gobierno a que visiten la zona para constatar la oposición de la población a este proyecto.
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“Tanto el Estado, a través del señor Rómulo Mucho, como también la minera Southern han implementado una estrategia de mentiras sobre el proyecto Tía María cuando no tiene licencia social”, sostuvo Miguel Meza, vocero del valle de Tambo.
Asimismo, recordó que en campaña Dina Boluarte firmó el compromiso de cancelar el proyecto Tía María y el retiro inmediato de Southern. Por ello, exigió al Gobierno que respete este compromiso y “entienda que el valle de Tambo no quiere la minería”.
En caso de incumplir con el compromiso de desestimar Tía María, Meza anunció que realizarían un paro indefinido. Además, el dirigente Marcial Álvarez enfatizó que este proyecto minero se ubica a 800 metros del valle de Tambo y hasta la actualidad el conflicto social ha tenido un saldo de 8 personas fallecidas, 2 ciudadanos encarcelados y varios perseguidos por la justicia.
“En el valle del Tambo existen dos dirigentes con penas de 11 y 12 años, así como medio millón de soles de reparación civil. Esto es injusto, en un contexto en el que la población ejerce su derecho a la protesta. Por eso, necesitamos asegurar diálogo y solución a los conflictos. La protesta no puede ser sinónimo de prisión para aquellos que protesten”, manifestó la parlamentaria Ruth Luque.
De igual forma, la legisladora Sigrid Bazán, de la bancada Bloque Democrático Popular, refirió que la reanudación de operaciones del proyecto Tía María es “inviable, carece de licencia social y pone en grave riesgo el agua, la agricultura, la ganadería, la salud y la vida”.
Finalmente, el congresista Jaime Quito recordó que hace cuatro meses denunció al ministro Rómulo Mucho ante la Contraloría General de la República por incurrir en conflicto de intereses debido a que está negociando la reactivación del proyecto Tía María, siendo propietario de Pevoex, empresa contratista de Southern.
