Buscan que personas con discapacidad tengan un descuento de 50% en boletos aéreos
Este beneficio también se extendería al acompañante, señala el proyecto de ley. En el Perú, una de cada 10 personas vive con algún tipo de discapacidad.
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La congresista Hilda Portero López, de Acción Popular, propone que todas las personas con discapacidad, acreditadas por el Concejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), accedan a un 50% de descuento en pasajes aéreos de empresas de transporte público o privado para vuelos nacionales o internacionales. En nuestro país hay 3 millones 209.261 personas con discapacidad, lo que representa el 10,3% de la población, de acuerdo al Censo de 2017.
De esta manera, el proyecto de ley 6736, busca modificar la Ley 27261 (Ley de Aeronáutica Civil) para incorporar un inciso que especifique este beneficio para las personas con discapacidad. Además, precisa que, en caso se viaje con un acompañante, se debe extender el descuento.
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En la iniciativa se señala que las personas con discapacidad en el Perú sufren distintos tipos de discriminación que no permiten su desarrollo en la sociedad, y, por el contrario, incrementa las brechas sociales en este sector.
Por otro lado, sostienen que las empresas que brindan el servicio de transporte por aire, a pesar de haberse adaptado y flexibilizado a diferentes mercados, aún no ofrecen un servicio óptimo a las personas que presentan alguna discapacidad, por lo que si se aprobara esta norma tendrían la oportunidad de hacerlo.
"Es necesario implantar una serie de mejoras que hagan el transporte por aire más accesible a las personas con discapacidad, tanto a nivel económico como a nivel físico y moral, estableciendo como prioridad la mejora en la formación del personal de la empresa con la persona con discapacidad, de forma que además de prestar un buen servicio con retorno social también consiga crear un valor añadido a la imagen de la empresa y de su relación con el entorno", se expone en el documento.
La medida aún debe ser evaluada por las comisiones del Congreso y luego debatida y votada por el Pleno. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 90 días calendario para implementarla y hacerla efectiva.
