La necesidad de conservar nuestras áreas naturales protegidas hoy más que nunca
En conmemoración al día de las áreas naturales protegidas la semana pasada, reflexionamos sobre su crucial papel en la conservación de ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos.
La celebración del día de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe (17 de octubre) nos recuerda su importancia como mecanismo de conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica, servicios ecosistémicos y otros valores asociados. Las áreas naturales protegidas (ANP) conservan el 15% de los entornos terrestres y de agua dulce y el 7% de los mares a nivel mundial.
Las metas mundiales para la conservación de la diversidad biológica al 2020 (Metas Aichi) no se han cumplido, cerca del 25% de las especies de animales y plantas están amenazadas y un millón de especies están en peligro de extinción (IPBES). En diciembre de 2022, se han asumido nuevos compromisos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kumning-Montreal al 2030, cuyo cumplimiento requerirá medidas urgentes de los países, que garanticen la conservación al menos de un 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, mediante sistemas de áreas protegidas y otras medidas de conservación basadas en áreas ecológicamente representativas, bien conectadas y gestionadas equitativamente, incluidos los territorios indígenas y tradicionales (meta 3).
En el Perú, las 246 ANP (1) existentes, conservan una superficie terrestre y marina de aproximadamente 29 millones de hectáreas. Éstas se enfrentan a fuertes presiones extractivas (deforestación, caza, minería ilegal, infraestructura vial, tala ilegal, contaminación, entre otros), con riesgos adicionales asociados a la crisis climática (OCDE), que ponen en riesgo la provisión de recursos de alimentación, agua, salud y otros medios de vida de la población.
Se suma a ello, las iniciativas de modificación del marco legal e institucional ambiental peruano promovidas por PERUPETRO, MINEM, Congreso y actores del sector privado para promover hidrocarburos en ANP, las cuales impactarían negativamente al mantenimiento de los beneficios brindados por las ANP. DAR y otras organizaciones de la sociedad civil, alertaron sobre los riesgos del proceso de promoción de 31 nuevos lotes de hidrocarburos en zonas con alta vulnerabilidad ambiental y social, al superponerse con territorios indígenas, como la Reserva Indígena Madre de Dios (que protege Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial - PIACI) y ANP, como la Reserva Comunal Amarakaeri, cogestionada con los pueblos indígenas Harakbut, Yine y Matsiguenka.
Además, de aprobarse tal iniciativa de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, se debilitaría fuertemente la protección de las ANP, al permitir el aprovechamiento comercial de recursos renovables y no renovables en ANP de uso indirecto, las de más alta protección en el país y caracterizadas por su fragilidad ambiental, como los Parques Nacionales (como el PN Manu), Santuarios Nacionales (como el SN Megantoni) y Santuarios Históricos (como SH Machupicchu).
Es importante también resaltar que el financiamiento público para la gestión de las ANP, en los diferentes niveles de gobierno, continúa siendo insuficiente y refleja una poca prioridad en la agenda pública. Por ejemplo, el proyecto de Ley para el presupuesto público del año 2024, asigna solo 1.8% del presupuesto general nacional a la función ambiental. A pesar de que las recomendaciones de la OCDE y de la Contraloría de la República en relación a la conservación de la diversidad biológica y las ANP, incluyen el incremento de los recursos dedicados a la conservación de los ecosistemas y sus funciones asociadas. De esta manera, se podrá asegurar también la contribución de las ANP a las metas de adaptación al cambio climático, a través de la restauración de ecosistemas y las prácticas ancestrales articuladas a las medidas de conservación, la vigilancia y el control frente a las amenazas, así como el monitoreo permanente.
Por ello, el Gobierno debe cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales y no promover y avalar propuestas de normas que debilitarían la protección de las ANP, fuentes de vida para las generaciones presentes y futuras del Perú y del mundo.
(1) 76 ANP de administración nacional, 32 ANP de administración regional (ACR) y 138 ANP privadas (ACP) a septiembre de 2023.
Cristina López Wong.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
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