Perú solo aplicó dos sugerencias de la OCDE sobre conducta empresarial

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó hace un par de años al Perú establecer una serie de reformas sobre políticas públicas para mejorar la conducta empresarial responsable, en el marco del respeto de los derechos humanos, esencialmente.

No obstante, de las 45 recomendaciones, apenas se han aplicado dos de los lineamientos sugeridos por el organismo internacional —el cual buscamos integrar con el fin de mejorar nuestra imagen a los mercados globales— no han avanzado, según Perú Equidad y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Deudas con la población

En materia laboral, la OCDE recomendaba revisar la legislación, la cual está totalmente “dispersa” y coexiste con diversos regímenes laborales, resume Enrique Fernández-Maldonado, investigador de Perú Equidad.

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“Se debió avanzar en un Código de Trabajo. Si bien el gobierno de Pedro Castillo presentó un proyecto de ley, este no ha avanzado en el Congreso”, recalcó para La República.

La inacción se explica, a su criterio, por la constante crisis política en la gestión de Castillo Terrones, hecho por el cual se priorizaron agendas distantes de las reformas prioritarias en el sector económico y laboral.

A ello se le suma la resistencia por el lado empresarial para los cambios que pide la OCDE, como por ejemplo ha sucedido en el fin de la tercerización laboral en actividades esenciales o el fortalecimiento de la actividad sindical.

Fernández-Maldonado advierte que se arrastra también la falta de personal de fiscalización en Sunafil para atender a los trabajadores a lo largo y ancho del país, ya que se va contra la corriente si apenas “hay 2.000 inspectores para una fuerza de trabajo de 16 millones de personas”.

“Hay un déficit ahí de fiscalización que impide que se avance en el cumplimiento de los derechos fundamentales (...) No hay instituciones realmente que tutelen los derechos o que invierten en fiscalización o revisen las políticas promocionales de las mypes, como el acceso al crédito”, aseguró.

OCDE enfatiza que la actividad empresarial no debe infringir con que los trabajadores gocen de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

Aunque en nuestro país, pese a estar avalados en la ley y recomendaciones internacionales, los trabajadores que opten por sindicalizarse —por ejemplo— suelen ver cómo sus derechos se vulneran.

Equidad añade que no se han atendido bien los procesos de diálogo en conflictos sociales ni se tienen las herramientas para prevenirlos, así como el cierre de brechas de informalidad en sectores como la minería.

Claves

Caso. El BCP, uno de los bancos más importantes que concentra el 30% del mercado local, afronta 75 investigaciones en Sunafil por vulnerar los derechos laborales de aquellos empleados que optaron por sindicalizarse, recordó Sigrid Bazán.