Economía

Congreso propone eliminar el cobro de la comisión interplaza del sistema financiero

Se pretende eliminar el cobro que las entidades bancarias y no bancarias realizan por operaciones, como transferencias y retiros, fuera de la región donde se creó la cuenta. El proyecto legislativo fue presentado por un congresista de Acción Popular.

Se sigue cobrando por operaciones de retiro, cancelaciones, depósitos, transferencias en los diferentes canales “sin justificación objetiva alguna". Foto: RCNRadio
Se sigue cobrando por operaciones de retiro, cancelaciones, depósitos, transferencias en los diferentes canales “sin justificación objetiva alguna". Foto: RCNRadio

Mediante el proyecto de ley N.° 2871/2022-CR, el congresista Wilson Soto Palacios, de la bancada de Acción Popular, propone modificar la cuarta disposición complementaria final de la ley 31143, medida que protege de la usura a los consumidores de servicios financieros, con el fin de eliminar la comisión interplaza, que es el cobro que se hace por operaciones financieras fuera de la región desde donde se creó la cuenta.

Se propone reemplazar el texto de la cuarta disposición que trata sobre la eliminación de la comisión interplaza. Esto, para que se especifique que en los contratos de tarjeta de débito no procede el cobro de la comisión interplaza por parte de las empresas financieras, respecto a las operaciones de retiro, cancelaciones, depósitos y transferencias.

Se explica que, a pesar de que rige la ley 31143 que estableció la eliminación de la comisión interplaza, en la práctica no se cumple. Esto se debe a que se estableció su eliminación en dos modalidades. Primero, para el retiro de dinero en efectivo a través de un cajero del propio banco. Segundo, para el retiro en ventanilla en una localidad distinta a la ciudad desde donde se abrió la cuenta del usuario.

Por ese motivo, se sigue cobrando por operaciones de retiro, cancelaciones, depósitos, transferencias en los diferentes canales “sin justificación objetiva alguna”, señala el documento.

Se precisa que la aplicación de la propuesta es para todas las empresas del sistema financiero, tanto bancarias como no bancarias, como lo son las cajas municipales, entre otras entidades, para que no exista discriminación a los usuarios de las diferentes empresas.

Se establece un plazo de 60 días calendarios para la adecuación e implementación de la norma.