Nueva ley de pesca: desmienten anuncio de paro de pescadores artesanales

Grupo reducido promueve paro; sin embargo, gremio de pescadores artesanales y especialista señalan que habría intereses ilícitos detrás de esta convocatoria.

Los puertos estarán cerrados hasta el miércoles 19 de mayo para evitar riesgos. Foto: La República
Los puertos estarán cerrados hasta el miércoles 19 de mayo para evitar riesgos. Foto: La República

El último miércoles, representantes de la Asociación de Pescadores de Áncash, liderados por Joaquín Navarro Cruz, se presentaron frente a la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional para anunciar el inicio de un paro nacional indefinido en contra de la nueva ley general de pesca.

Sin embargo, el secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), Alejandro Bravo, que agrupa a más de 400 organizaciones a nivel nacional, aseguró a La República que se trata de una facción pequeña de pescadores que no son artesanales y que tendrían otros intereses, pues algunos de ellos se dedicarían al desvío de anchoveta para la industria de la harina, lo cual es ilegal según especialista.

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“Aquellos que están haciendo escándalo es porque se dedican a la captura de anchoveta y la venden para hacer harina. Para nosotros es de vital importancia tener una nueva ley general de pesca”, precisó Bravo.

Además, el 7 de julio la Federación Peruana de Pescadores y Armadores Artesanales de la Región Ancash, emitió un comunicado en el que señalan que sus miembros no están promoviendo ningún paro.

Entonces surge la pregunta: ¿quiénes está impulsando este paro y por qué?

“Mi percepción es que lo que hay detrás es un grupo de personas que están defendiendo intereses más allá de lo pesquero, son intereses que ya lindan con lo ilícito porque no son estrictamente artesanales, no tienen una representatividad en el sector, operan fuera del marco de lo artesanal y están dedicados generalmente a la pesca de anchoveta y algunos están involucrados en el negocio de la harina ilegal,” explica Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú.

Según Riveros, las embarcaciones de mediana escala tienen permiso, por la ley actual, de pescar anchoveta desde la milla 3 hacia adentro, mayormente llegan hasta la milla 10. Sin embargo, también tiene permiso de pescar en las 3 primeras millas cuando se trata de otras especies como el pejerrey.

Ahí es donde viene el problema, porque al tener una red muy grande que opera de forma mecánica, captura todo tipo de especies, raspan el fondo marino, perturban el ecosistema y dejan sin pesca a los artesanales.

Por otro lado, hay algunos armadores que son parte de las mafias que desvían la anchoveta: la capturan, demoran en descargar en el puerto, eso causa que la anchoveta no quede en buenas condiciones, por lo que pasa automáticamente a ser procesada de forma industrial, es decir se convierte en harina. Lo cual es ilegal, asegura el especialista.

Entonces, lo que se requiere es una reclasificación de la flota para que solo los artesanales operen dentro de las 3 primeras millas porque su pesca es selectiva, es la que produce la mayor parte del pescado que consumimos, y tiene un uso que no tiene mucha intensidad, señala Riveros.

La iniciativa de la nueva ley general de pesca será debatida este lunes y los verdaderos pescadores artesanales piden su aprobación para poder mejorar sus condiciones de trabajo y para un manejo sostenible de los recursos.

“A los congresistas, en sus manos está el destino de los pescadores artesanales. Hemos soñado despiertos por mucho tiempo, esperamos que el lunes ya tengamos una nueva ley general de pesca”, finaliza Bravo.

Más de 200 empresas buscan reducir sus multas

En el marco del Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, alrededor de 200 empresas han solicitado el beneficio de reducción de multas hasta en un 90%, según Produce.

La entidad asegura que tiene multas vencidas de más de S/ 1.000 millones 300.000, la cual se ha acumulado por alrededor de 25 años.

De estas, solo 74 personas naturales y jurídicas tienen multas superiores a S/ 1 millón y, en suma, representan más del 91% del total (S/ 1.000 millones 100.000) “y difícilmente se acogerán a cualquiera de los beneficios porque se trata de deudores que, en su mayoría, no continúan en el sector”.

La infracción más recurrente está relacionada con incumplimientos o fallas técnicas en los equipos de pesaje en las plantas de procesamiento. Asimismo, por la comisión de las infracciones referidas a transportar, almacenar o comercializar recursos en tallas o pesos distintas a las autorizadas, entre otros.

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