Tercerización laboral: ¿qué opinan trabajadores y empresarios sobre la regulación de esta modalidad?
Avanza País busca derogar una norma del Gobierno que prohíbe tercerizar las actividades principales de una empresa. Gremios de trabajadores intentan mantener la norma firmada por Pedro Castillo.
Los congresistas Alejandro Cavero y Patricia Chirinos (Avanza País) presentaron un proyecto de ley que busca derogar una norma del Ejecutivo que prohíbe a las empresas tercerizar las actividades principales de una empresa. El 7 de julio, esta propuesta buscaba ser exonerada de dictamen en la Comisión de Constitución con apoyo de Perú Libre, que finalmente decidió retirar su firma.
Sin embargo, el proyecto fue debatido en dicho grupo parlamentario este viernes 8 de julio, aunque no llegó a votación porque la sesión fue suspendida. La medida propuesta busca incluir este párrafo en el artículo 2 de la Ley N° 29245: “Las actividades que forman parte del núcleo del negocio pueden ser objeto de tercerización, siempre que cumplan con los requisitos y características establecidas en la presente ley”.
¿Qué es la tercerización laboral?
La tercerización laboral es una forma de organización empresarial “por la cual una empresa denominada “principal” encarga o delega el desarrollo de una o más actividades a una o más empresas denominadas ‘tercerizadoras’”, precisa la firma de asesoría legal empresarial Asesori.
Tercerización
En cuanto al “objeto del negocio” que expresa la propuesta de Avanza País, se define como aquello que forma parte del objeto social de la compañía. Asimismo, esto identifica a la empresa frente a sus clientes, la diferencia en el mercado, genera valor añadido y suele reportar mayores ingresos.
Una empresa tercerizadora debe cumplir ciertas características, según la normativa vigente:
- Contar con pluralidad de clientes
- Tener un equipo propio
- Asegurar la inversión de capital
- Obtener retribución por el servicio prestado.
¿Cuál es la posición de los trabajadores sobre la tercerización laboral?
Para Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la propuesta de Cavero y Chirinos debe ser desestimada. “Es tiempo de que se restablezca el orden en las relaciones de trabajo y que las empresas mejoren su eficiencia, su productividad y su competitividad sin recurrir a la afectación de los derechos de los trabajadores”, expuso en La República a fines de junio.
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Bazán avala el Decreto Supremo 001-2022-TR, firmado por Pedro Castillo, porque “nuevos trabajadores no se verán afectados”. “Pensamos que el preservar las actividades nucleares de la empresa para la compañía principal es fundamental porque de ese modo tendrían que dar cuenta de su responsabilidad social de empresa”, enfatizó el dirigente sindical.
En esa línea también opina Isabel Cortez, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso. Según la parlamentaria de Juntos por el Perú, la norma del Ejecutivo “protege a los trabajadores de los efectos nocivos de la tercerización”. “La clase trabajadora no va a dejar que nos sigan precarizando quienes representan los intereses de la patronal”, sostuvo en Twitter.
¿Qué opinan los empresarios sobre la tercerización laboral?
Por otro lado, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), subrayó que prohibir la tercerización laboral “no solo vulnera el empleo ‘experto’, sino que también perjudicaría el dinamismo de las empresas, restándoles productividad y, por lo tanto, haciéndolas menos competitivas”.
De acuerdo con el representante del IPE, la vía más sensata para remediar los vicios de la tercerización es fortalecer las capacidades de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para ello debe ser dotada de mayores recursos humanos y tecnológicos “a fin de realizar una fiscalización cada vez más inteligente”, indicó a La República el 30 de junio.
La iniciativa legislativa de Cavero y Chirinos asegura que acotar o reducir las actividades tercerizadas “es una limitante que atenta contra la formalización de la economía del país”. Aseguran que su propuesta busca “respetar los derechos laborales, previsionales y las normas sobre seguridad y salud en el trabajo” en áreas como la limpieza pública, manejo de residuos sólidos y afines.