Evaluación de la gestión presidencial y perspectivas a futuro, por Milton von Hesse

La principal característica del gobierno ha sido la debilidad institucional a nivel nacional creada por la muy mala selección de personas para ocupar altos cargos públicos que requieren un perfil profesional especializado así como la alta rotación de los mismos. La designación de personas cuestionadas en algunos ministerios –que debieron abandonar el cargo producto de sus propias acciones o inacciones– ha llevado a niveles de rotación de ministros nunca antes vistos, pues en los primeros 110 días ya habían salido 10 ministros del gabinete, dejando a esta gestión con el promedio de cambiar un ministro cada 11 días, muy por encima de Sagasti (28 días) y Vizcarra (37 días). Pero no solo la mala selección se ha limitado a los ministros, sino también a viceministros, directores generales y un largo etcétera que incluye también a colaboradores cercanos del propio presidente de la República. Probablemente, el caso más significativo haya sido el de su propio secretario Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le encontró 20 mil dólares en efectivo en un ambiente de Palacio de Gobierno.

Una segunda característica es la incapacidad de plantear medidas de política que realmente solucionen los problemas de la población. Más allá de la tendencia a paliar problemas de cortísimo plazo repartiendo bonos y subsidios, no existen propuestas coherentes para transitar hacia un mejor futuro. Así, por ejemplo, en el caso del sector salud no se ha planteado ningún paso específico para avanzar hacia el reforzamiento del primer nivel de atención; en el sector educación solo se plantean retrocesos en la carrera docente meritocrática así como en la calidad de la educación superior; en interior se llegó a anunciar la participación ilegal de los ronderos y del ejército en materia de seguridad ciudadana; en agricultura, el anuncio de realización de una segunda reforma agraria –que más allá de la impertinencia de su nombre– consiste principalmente en repartir dinero público en forma de bonos y regresar a prácticas populistas y proteccionistas que ya habían sido superadas; en el sector energía y minas, salvo las amenazas unilaterales de cierres de mina y de renegociación de contratos, no se ha anunciado ninguna medida que permita ser optimista respecto a la evolución futura del sector.

La tercera característica de la política del Gobierno es la absoluta ausencia de la participación del sector privado en su visión del proceso de crecimiento económico. Más allá del hostigamiento a las empresas privadas mineras y de hidrocarburos y del evidente desprecio hacia la agricultura moderna agroexportadora y agroindustrial, no existe una mención a la inversión privada como motor del crecimiento económico y generación de recursos para el fisco vía impuestos. No se cae en la cuenta aún de que si no hay inversión privada, no habrá mayor producción de bienes y servicios y, por lo tanto, no habrá más empleo y tampoco habrá mayor recaudación de impuestos para que el propio Gobierno pueda realizar sus funciones.

Una cuarta característica es que la propia figura presidencial ha sido involucrada tempranamente en presuntos actos de corrupción que llevaron a que el Congreso de la República presente una moción de vacancia, la misma que no fue admitida debido a una negociación política entre Perú Libre y los partidos de centro. La amenaza de la vacancia, sin embargo, seguirá en pie mientras el presidente continúe incomunicado con la opinión pública y siga rodeado por algunos ministros claramente cuestionados como el de Educación.

Según proyecciones oficiales del BCR, la tasa de crecimiento económico será 11,9% en el 2021. Sin embargo, esto responde principalmente a un “rebote estadístico” debido a que en el 2020 nuestra economía tuvo la mayor contracción en los últimos 30 años. En el 2022 se espera que el crecimiento sea más modesto, entre 2% y 3%, debido principalmente al estancamiento de la inversión privada, que no crecerá según estimaciones oficiales del BCR y se contraerá en 9,7% y 12,5%, según el BBVA y Apoyo Consultoría, respectivamente.

Finalmente, parece difícil revertir esta mayor desconfianza que poseen los actores privados con el actual Gobierno, lo que afecta sus decisiones de inversión. El problema no solo radica en la agenda disruptiva que poseen Perú Libre y sus operadores políticos, donde destaca la asamblea constituyente, sino también en la recurrencia de crisis constantes de gobernabilidad y el riesgo alto de que el presidente Castillo no culmine su mandato.

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