Si encuentro una mina de oro debajo de mi casa ¿Me pertenece?

Por: Guillermo Westreicher H.

Supongamos que un día, tras excavar en su jardín, descubre el yacimiento de una mina de oro. Podría pensar que tuvo una gran suerte, pero no necesariamente es así.

El artículo 66 de La Constitución Política del Perú dice lo siguiente: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

En otras palabras, los recursos naturales, como los metales y el petróleo, no pertenecen al dueño del terreno, sino al Gobierno. Los ciudadanos son propietarios de lo que está en la superficie, pero no de los bienes del subsuelo.

Según la Constitución, es el Estado quien tiene el poder de negociación para determinar cómo y quién explota las piedras preciosas. Igualmente sucede con el crudo.

Esto puede parecer injusto para la persona que encuentre algún recurso en su terreno, pero queda la pregunta: ¿Tiene ese ciudadano derecho a hacerse rico por su suerte?¿No es mejor que el Estado sea dueño de esa materia prima para que todos los ciudadanos se beneficien?

Otras realidades

Nuestras leyes provienen de la tradición jurídica del derecho civil. Sin embargo, otros países que se regulan bajo el derecho anglosajón (“Common Law”) han establecido, con excepciones y diferentes condiciones para su aplicación, que la riqueza del subsuelo pertenece al dueño del terreno. En casos como Canadá, por ejemplo, las comunidades aborígenes son titulares de los recursos naturales que se hallen en su territorio.

Cuando los derechos de propiedad de los recursos son de un privado, la minera o empresa de hidrocarburos está obligada a negociar directamente con él. No sucede como en Perú y otros países de América Latina donde es el Estado el que toma la batuta.

Ambos sistemas legales explicados no tienen las mismas consecuencias. En el segundo, se privilegia al privado que se vería directamente afectado por la actividad extractiva. Sin embargo, debemos reconocer que en la práctica siempre el Gobierno suele verse tentado a intervenir en búsqueda del “bien común”.