
Alrededor del mediodía del 16 de mayo, un adolescente de 16 años falleció en el interior de un conocido restaurante de Cayma, identificado como El Mirador de Chilina. El menor trabajaba cuando, de manera repentina, habría sufrido un accidente con un ascensor de carga, equipo utilizado para mover objetos entre distintos niveles.
Los familiares de la víctima y su abogado sostienen que este sistema de carga estaba en mal estado desde antes y que otros empleados también pudieron haber corrido peligro. Sin embargo, el estado real del ascensor todavía deberá ser verificado por un especialista.
“Ese ascensor hechizo estaba malogrado…estaba amarrado con sogas, si saben que ese elevador fallaba, el administrador debió de bloquearlo, clausurarlo”, declaró uno de los parientes del menor a La República.
Luego del deceso, la familia y la defensa legal denunciaron presuntas irregularidades en la información de la investigación, en las condiciones de trabajo y en una actitud, a su juicio, poco empática, por parte del propietario, entre otros aspectos.
“El dueño es muy déspota… nos trata como si hubiera muerto un animal, no tiene corazón; no por el hecho de que el dueño sea expolicía lo van a dejar así”, expresó una de las tías del menor, visiblemente afectada.
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El abogado solicitó que el caso sea encuadrado como presunto delito de homicidio culposo y no como un supuesto atentado contra la seguridad en el trabajo.
Según explicó, si solo se investiga como un hecho vinculado al ámbito laboral, “ya no acarrearía alguna sanción penal al dueño, sino solo a la empresa jurídica, mas no a la persona, le va a librar”, señaló.
La familia exige que las diligencias se desarrollen con transparencia, que se revisen las cámaras de seguridad y que los testigos y demás trabajadores digan la verdad sobre el trato laboral en el establecimiento y sobre lo ocurrido el día de la tragedia, a fin de que los padres del adolescente obtengan justicia.
Por ahora, el caso sigue en investigación y los allegados del menor permanecen unidos en la búsqueda de la verdad, en medio de días especialmente dolorosos. Tras el incidente, fuentes cercanas a La República informaron que el local fue clausurado por “peligro inminente para la salud y la propiedad a la seguridad de las personas”, con base en la Ordenanza 349/2023. Johan Rosas Eduardo fue el inspector de Sunafil a cargo del caso.
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