
Alrededor de 150 estudiantes de la Institución Educativa Nº 10227 San Bernardino llevan más de un año recibiendo lecciones en situación de vulnerabilidad luego de que su colegio, ubicado en el distrito de Túcume (Lambayeque), fuera demolido en 2025 por riesgo estructural. El deterioro, que se arrastraba desde años atrás y se agravó tras el Fenómeno Yaku, dejó a los niños sin espacios adecuados para continuar su educación.
Según denunció Fernalí Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), durante todo ese año los escolares asistieron a clases en viviendas de los propios pobladores. "No quedó nada. Era un caos lo que vivíamos en el día a día", relató. Pese a que se había anunciado la instalación de aulas temporales en coordinación con la UGEL y la municipalidad, estas no llegaron oportunamente.
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William Acosta, el actual director del plantel, quien asumió funciones en enero, confirmó la gravedad de la situación. "Los estudiantes no cuentan con ambientes adecuados. El año pasado trabajaron en casas que no tenían servicios básicos ni condiciones para el aprendizaje", explicó. Hoy, aunque se han habilitado algunos espacios provisionales, estos resultan claramente insuficientes.
Tanto la dirección como los apoderados cuestionan las características de las estructuras instaladas. "Son de calaminón y con una altura de 2,40 metros. Con temperaturas que superan los 35 grados, adentro se vive un calor infernal", advirtió Acosta.
En la misma línea, el directivo precisó que apenas se han acondicionado tres ambientes con apoyo de la comunidad y materiales recuperados, los cuales "no están bien implementados, pero al menos permiten continuar".
La precariedad ya empieza a reflejarse en la matrícula. "Muchos están optando por trasladar a sus hijos a otras escuelas en zonas urbanas", señaló el docente, al advertir el impacto que esto tiene en una comunidad rural que busca sostener su desarrollo educativo.
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En paralelo, el proyecto de reconstrucción sigue sin concretarse. Fernalí Acosta cuestionó la paralización. "Había un expediente técnico desde 2017, pero el dinero fue revertido al Estado. Hoy no hay ningún avance, está en cero", indicó. Agregó que no han recibido plazos claros y que existe incertidumbre sobre su etapa real.
Mientras la Apafa sostiene que no hay progresos en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), la dirección reveló que la iniciativa ha sido observada en reiteradas ocasiones. "En 2021 y 2022 no superó los estudios básicos; en 2023 no se presentó y en 2024 fue rechazado por información incompleta", detalló, tras una reciente reunión con funcionarios del programa.
Según explicó, la obligación recae en la municipalidad distrital como unidad ejecutora. "Año tras año envían expedientes que no cumplen con los requisitos. Ahora se espera una nueva convocatoria, pero todo dependerá de que subsanen las observaciones", indicó.
La República se comunicó con el alcalde de Túcume, Tomás Sandoval, quien indicó que se trata de una '‘responsabilidad compartida’', y que la comuna no contaría con el presupuesto que requiere la obra: 'Se necesitan al menos de S/15 a 18 millones para construir'. Además, aseguró que este 20 de marzo viajará a Lima para reunirse con el mandatario Jose María Balcázar sobre el problema.
Este medio también consultó con la UGEL de Lambayeque, pero al cierre de la nota no recibió sus descargos. Ante la falta de respuestas, los padres no descartan trasladarse a la capital para exigir soluciones. "Nuestros hijos tienen el mismo derecho que los de la ciudad", remarcó Acosta.
Mientras tanto, las clases continúan en espacios improvisados, sostenidos por el esfuerzo de docentes, familias y algunos apoyos particulares. "Es como demoler tu casa y quedarte en la calle. Eso pasó con nuestros niños", graficó el director, quien exhortó a las autoridades a asumir su responsabilidad y destrabar, de una vez, la construcción de una infraestructura digna.
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