
El lunes 12 de enero, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eriksson Roy Pozo Reátegui fue ascendido al grado de suboficial de primera tras participar en un enfrentamiento en el distrito de Comas, en el que abatió a un sicario que había asesinado previamente a un conductor de transporte público.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí, autoridades policiales y representantes del Ministerio del Interior. Durante el acto, tanto Jerí como el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, colocaron los galones al efectivo policial y lo distinguieron por su actuación en el incidente.
De acuerdo con la información oficial, y tal como lo había anunciado Arriola, el ascenso no solo contempla el cambio de grado, sino también el acceso del suboficial a un curso de capacitación en Europa, como parte de un reconocimiento institucional por su intervención.
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Los hechos que motivaron el reconocimiento ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando un individuo armado disparó contra un chofer de una unidad de transporte público en la avenida Andrés Belaúnde de Comas, causándole la muerte.
Minutos después, el suboficial de la PNP, que se encontraba vestido de civil y fuera de servicio, intervino y, tras un intercambio de disparos, neutralizó al agresor.
En entrevista para Exitosa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola habría confirmado previamente que el hoy condecorado fue designado para realizar un curso de perfeccionamiento en Europa.
Según sus declaraciones , la medida habría sido respaldada por el Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio y el presidente de la República, quien ante el propio oficial, describió como una "operación brillante".
En la misma línea, Arriola mencionó que el delincuente, identificado como Paredes Ramos, habría sido detenido en marzo del 2025, pero una decisión del Poder Judicial concluyó en su liberación.
En esa oportunidad, el abatido fue hallado con un arma de fuego, municiones y drogas, además de contar con un laboratorio de estupefacientes en su domicilio. Según precisó el general, por estos delitos la pena mínima es de seis años de prisión, por lo que consideró injustificada su posterior liberación. “Debería haber estado en la cárcel”, afirmó.
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