
Un nuevo caso de discriminación ha sido registrado en la ciudad de Chepén, La Libertad. Jorge Luis Silva Cabrera, trabajador de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), fue captado por cámaras de seguridad mientras lanzaba expresiones ofensivas y de carácter discriminatorio contra una mujer en un establecimiento comercial.
El incidente ocurrió cuando la afectada pasó por delante del trabajador y lo siguiente fue una reacción verbal discriminatoria por parte de él. La agresión, que fue presenciada por otras personas que se encontraban en el lugar, generó malestar entre los testigos.
Tras conocerse la identidad del agresor, la Sunat emitió un pronunciamiento institucional en el que confirmó que Jorge Luis Silva Cabrera es parte de su personal. La entidad declaró su rechazo a “los actos de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones” y expresó su solidaridad con la persona afectada.
Asimismo, precisó que el trabajador no ocupa un cargo de dirección ni de confianza y que se han dispuesto las acciones necesarias para la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes. “Estamos comprometidos con los principios éticos y de respeto, y repudiamos cualquier comportamiento contrario”, señaló la institución.
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El Código Penal peruano sanciona los actos de discriminación étnico-racial, estableciendo penas que pueden ir desde 1 hasta 3 años de pena privativa de libertad según el artículo N.º 323, que se refiere a la discriminación basada en causas contempladas en la Constitución. Además, hay agravantes que pueden aumentar la pena hasta 4 años, como cuando la discriminación se comete a través de internet o medios similares, o cuando la realiza un funcionario público.
Estos actos no solo implican sanciones penales, sino también sanciones administrativas que pueden ser coordinadas con entidades como Indecopi. En casos donde la discriminación ocurre en espacios públicos, como en el ejemplo reciente de un incidente en un bus del Metropolitano, la vía penal es la que se sigue para investigar y sancionar.
Por último, el Ministerio de Cultura impulsa mecanismos para denunciar la discriminación, como la línea gratuita 1817, para brindar apoyo y orientación a las víctimas o testigos, reforzando así la importancia de no dejar pasar estos hechos.
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