
Entre abril de 2024 y julio de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha separado a un total de 1.097 trabajadores, entre docentes y administrativos, en instituciones públicas y privadas debido a condenas o procesos judiciales por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio y feminicidio. Según informó el Minedu, esta medida forma parte de un proceso de depuración en el sistema educativo nacional.
Se reportó que la mayoría de estas personas se encontraban realizando funciones al momento de su identificación, en un total de 961 colegios públicos y 136 instituciones privadas. En este sentido, se sabe que 169 de ellos fueron separados de manera definitiva por contar con sentencias condenatorias, mientras que los 928 restantes se encuentran atravesando procesos judiciales. Estos últimos fueron retirados de manera preventiva.
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Según información oficial del Minedu, el delito más recurrente es la violación a la libertad sexual, con 931 implicados, seguido por casos vinculados a terrorismo (82), tráfico de drogas (22) y homicidio doloso (20). Además, se reportaron 12 docentes con procesos por realizar proposiciones de índole sexual a menores a través de medios digitales, así como dos por feminicidio y un caso de parricidio.
Esta medida se realizó bajo el marco de la Ley 29988, que establece "medidas extraordinarias" para personal educativo "implicado en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, entre otros". En este sentido, las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad en las escuelas.
“El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”, indicó el ministro Morgan Quero, titular del sector.
Además de los trabajadores ya retirados, el ministerio ha bloqueado del sistema de plazas a 2.472 docentes que actualmente enfrentan procesos por delitos graves o "infracciones muy graves", lo que les impide postular a puestos de trabajo dentro del sector Educación. Esta medida busca evitar la contratación de personas con investigaciones abiertas en las instituciones.
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