
Las dirigentes de las ollas comunes no solo enfrentan la difícil tarea de alimentar a los más pobres con recursos limitados, sino que ahora son víctimas de amenazas, extorsiones y otros actos delictivos. Aseguran que, al denunciar estos hechos, no reciben el apoyo necesario de parte de la Policía Nacional.
La presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, señaló a La República que muchas dirigentes temen denunciar las extorsiones, ya que podrían convertirse en blanco de represalias.
Además, denunció la falta de acción por parte de la Policía, ya que argumentan que en las comisarías les advierten que estos delitos provienen de las cárceles y que poco pueden hacer al respecto.
Asimismo, expresó su solidaridad y condenó el asesinato de dos adolescentes, entre ellos una joven estudiante de quinto de secundaria e hija de la presidenta de la olla común Nueva Esperanza, en Lurigancho-Chosica. “Preferimos callar y no denunciar porque nos exponemos, y también exponemos a nuestra familia. Todos tienen miedo”, expresó.
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Asimismo, señaló que esta situación persiste debido a la falta de estrategias en el Gobierno para frenar las extorsiones y la delincuencia. “Debe haber una mejor articulación con las comisarías. Nosotras nos organizaremos, no tenemos otra opción, y tomaremos medidas para protegernos”, advirtió.
Palomino sostuvo que, mientras no se tomen medidas concretas, seguirán siendo blanco de la violencia y la inseguridad que afectan al país. “Tenemos miedo de hablar”.
En la mañana del 9 de marzo, dos adolescentes de 16 años fueron asesinados a tiros en la asociación Flor de Magnolias, sector B de La Campiña, en Lurigancho-Chosica. Un tercer menor quedó gravemente herido.
Las víctimas fueron identificadas como Z.S.P.T., una estudiante de quinto de secundaria e hija de la presidenta de la olla común Nueva Esperanza, y su enamorado, quien también perdió la vida tras ser atacado a balazos en un pequeño templo ubicado en plena vía pública.
A pocos metros de la escena del crimen, un tercer joven, identificado como M. L. C., fue hallado con disparos en la espalda y la mandíbula. Su estado es crítico.
Ante esta situación, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita (Segundo Despacho) abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables del ataque.
Alerta. En lo que va del 2025, el número de muertes violentas se elevó a 364 casos, hasta el 3 de marzo. Cincuenta de las víctimas son mujeres.
El 2024 terminó con 1,836 homicidios, con picos en octubre y diciembre. La violencia sigue en aumento, mientras las medidas para frenar estos crímenes

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