
Las nuevas órdenes de deportación impulsadas por el gobierno de Donald Trump han provocado una crisis de miedo entre los migrantes peruanos en situación irregular. La incertidumbre y el temor a ser detenidos han cambiado la rutina de cientos de personas que, ante la amenaza de ser expulsados, han optado por no salir de sus hogares, evitar interacciones con desconocidos y minimizar su exposición en espacios públicos.
En varias comunidades, se ha observado una disminución en la asistencia a centros laborales, supermercados y colegios. Los migrantes temen que una simple salida pueda derivar en un arresto y posterior deportación. “Estamos en nuestras casas, encerrados. Realmente no queremos ni abrir la puerta a nadie”, expresó Yanina Sullca, una peruana que llegó a EE. UU. hace dos años sin visa y que ahora enfrenta la incertidumbre de su futuro en el país.
Las medidas migratorias aplicadas por la administración de Donald Trump han generado un clima de angustia entre los peruanos sin documentos legales en Estados Unidos. Muchos han modificado sus hábitos diarios, reduciendo su presencia en espacios públicos y limitando sus desplazamientos a lo estrictamente necesario.
Reportes indican que algunos trabajadores han dejado de asistir a sus empleos por temor a ser arrestados. En las escuelas, se ha detectado un aumento en el ausentismo de estudiantes cuyos padres temen que sean separados de sus familias. “Tengo miedo de que las autoridades vengan y me lleven porque no tengo documentos legales aquí”, declaró un migrante que prefirió mantener su identidad en reserva.
Ante esta situación, los afectados han recurrido a redes de apoyo comunitario, utilizando grupos de WhatsApp para compartir información sobre redadas y operativos migratorios. Sin embargo, la falta de protección legal y el temor a ser descubiertos han dificultado su acceso a ayuda formal.
El impacto de las deportaciones en la comunidad peruana ha sido significativo. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, al menos 74 connacionales se encuentran en centros de detención migratoria en San Diego, mientras que otros permanecen recluidos en distintas instalaciones a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
Desde agosto de 2022, más de 12.000 peruanos han sido deportados de territorio estadounidense, lo que evidencia el endurecimiento de las políticas migratorias. En respuesta a esta situación, diversas organizaciones proinmigrantes han manifestado su preocupación, argumentando que muchas de estas personas han construido una vida en el país y enfrentan dificultades para regresar al Perú, donde la reinserción laboral y social representa un desafío.
Mientras tanto, en ciudades con alta presencia de migrantes peruanos, se han registrado cambios drásticos en la dinámica cotidiana. Comercios han reportado una baja en la afluencia de clientes, y empleadores han señalado la ausencia de trabajadores en distintos sectores, principalmente en limpieza, construcción y servicios de restauración.
Frente al creciente número de deportaciones, la Cancillería peruana ha instruido a sus cónsules en EE. UU. para que visiten los centros de detención y brinden asistencia a los connacionales afectados. El canciller Elmer Schialer reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el gobierno peruano está comprometido en garantizar el respeto a los derechos de los deportados.
“Nos preocupa, por supuesto que nos preocupa, y vamos a preservar los derechos de todos los peruanos y peruanas que sean deportados”, afirmó Schialer en una reciente declaración. Asimismo, indicó que quienes sean repatriados recibirán atención médica y apoyo para facilitar su reinserción en el país.
A pesar de la crisis migratoria, la embajada de Estados Unidos en Lima sigue recibiendo solicitudes de visa de ciudadanos peruanos que desean viajar al país, ya sea para reunirse con familiares o buscar nuevas oportunidades. No obstante, los tiempos de espera para obtener una visa han disminuido en comparación con años anteriores, lo que refleja los cambios en las políticas migratorias.
A pesar de su estatus migratorio, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cuentan con derechos fundamentales amparados por la Constitución. Entre las principales protecciones se encuentran el derecho al debido proceso, la protección contra registros e incautaciones irrazonables, el acceso a la educación y la preservación de la vida familiar. Esto significa que, por ejemplo, un inmigrante puede negarse a permitir el ingreso de agentes de inmigración a su hogar sin una orden judicial válida. Además, en caso de enfrentar cargos criminales, tiene la posibilidad de apelar antes de una posible expulsión del país.

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