A través de un informe, la abogada Victoria Solís presentó el informe que analiza la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley impulsado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, que busca que madres y padres puedan excluir a sus hijos e hijas de los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de las políticas públicas de todo el Perú.
Según el informe, esta propuesta no solo contraviene la Constitución peruana, sino también los tratados internacionales suscritos por el Estado. En tanto, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos obligan al país a garantizar la educación sexual integral.
El Proyecto de Ley fue planteado en el año 2023. Foto: Andina
De acuerdo a la abogada Solís, el Proyecto de Ley de la congresista Jáuregui amenaza con violar el Estado Laico y el interés superior del niño y la niña; es decir, dos de los principios más importantes en nuestro Estado de Derechos.
Asimismo, se les privaría de su derecho fundamental a la educación sexual integral en las escuelas, con todos los costos e impactos negativos que esto conlleva, "por la sola decisión y creencias religiosas de sus padres y madres".
La abogada aclaró que la Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho humano reconocido internacionalmente y que es fundamental para prevenir cualquier tipo de violencia.
La docente Andrea Regalado subrayó que la censura a acceder a la ESI incrementaría los riesgos de desinformación y, por ende, los casos de embarazos no intencionales. Además, los estereotipos de género continuarán afectando el bienestar y desarrollo de ciudadanos(as) críticos(as) y responsables.
“La ESI no solo ofrece información clave sobre salud sexual y reproductiva como normalmente se piensa, sino que también fortalece la autoestima, enseña habilidades para la vida como lo son la toma de decisiones informadas y el respeto mutuo”, señaló Regalado.
Por su parte, Yrina Barriga, madre de familia y activista, indicó que implementar la ESI en su familia ayudó a mejorar la comunicación y a fortalecer la autonomía de su hija. “Nos ha ayudado a establecer límites, conversar abiertamente sobre los cambios emocionales y físicos que se experimentan a medida que crece. Además, ha servido para identificar situaciones que no le agradan y a replantearse sus vínculos”, afirmó.
La aprobación de este proyecto de ley alimentaría la desinformación sobre salud sexual y reproductiva. Foto: difusión
En Condorcanqui, más de 524 estudiantes fueron víctimas de violencia sexual y muchos de ellos contagiados con VIH por sus propios docentes. Así también, en Bagua, se registraron casos de la tortura a niños para “corregir” su identidad sexual, lo que evidencia una realidad de violencia sistemática.
Lilian, integrante del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes (CCAJ) de la organización Quinta Ola, comparte su experiencia personal: “Crecí en una familia conservadora que evitó hablar sobre estos temas por miedo y desinformación. Esto me dejó, y a muchas otras adolescentes, sin las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos relacionados con la sexualidad”, finalizó.