Alerta y estrategias para protección de los pueblos indígenas más vulnerables del Perú
Diego Saavedra Celestino.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Si bien en septiembre de 2023 se logró archivar el Proyecto de Ley N.°3518 que buscaba modificar la Ley N.° 28736 (“Ley PIACI” para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial), las narrativas y motivaciones detrás de esta iniciativa aún continúan en pie.
En los últimos meses, desde el Congreso se han declarando de interés nacional una serie de iniciativas de conectividad vial en la Amazonía, como el proyecto de Ley 06960/2023-CR que promueve una carretera hacia la zona de frontera entre Ucayali y Brasil, y se superponen o acercan a territorios de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI). Otro ejemplo, en la Amazonía sur, en la región Cusco, se viene impulsado una carretera que de construirse, quedaría a 100 km de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Nanti y otros. Además, el impulso de la nueva carretera central, que junto al puerto de Chancay promueven la idea de conectar Brasil con Perú, como ya se intentó con la Interoceánica Sur y el puerto de Matarani.
Esta idea de “conectar” la Amazonía, imaginando acceder a una fuente infinita de recursos que siga llevando el “desarrollo” a las ciudades, no haría más que “conectar” actividades ilegales (por ejemplo, narcotráfico, minería ilegal) y crear mayores frentes de deforestación con impactos negativos como invasiones, profundizando la situación de vulnerabilidad y brechas sociales. Así, una inversión pública a ciegas, sin planificación con un enfoque integral, terminaría provocando lo contrario, desconectando el Estado, haciéndolo ausente pues no cumple con sus responsabilidades de atención.
Frente a estas amenazas, es necesario recordar los compromisos y tareas pendientes.
1) Creación de las Reservas Indígenas: La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), recordó que está pendiente que el Ministerio de Cultura emita el Decreto Supremo para concluir la creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental y que apruebe los estudios de la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Es urgente concluir con estos procesos para asegurar la protección de la vida y territorio de los PIACI.
2) Puestos de control, personal capacitado y acceso a la información: con la reciente temporada de lluvias en la Amazonía, se han reportado daños a la instalación de puestos de control del Estado en las reservas PIACI. Según un informe de Convoca, de los 17 puestos de control, solo 6 se encuentran en estado óptimo y los demás necesitan alguna refacción o reubicación. Son unas 36 personas que trabajan en estos puestos, para la vigilancia de unos 4 millones de hectáreas aproximadamente. Este sistema debe ser fortalecido y complementado por, al menos, dos elementos, el primero es un incremento presupuestal y de personal, y el segundo en el manejo de la información que se genera en los puestos. La modernización en la sistematización y acceso a la información de alertas y situación PIACI por reserva, ayudaría al fortalecimiento de los mecanismos de protección.
3) Atención a la población local que habita en frontera con los territorios PIACI: Es más que redundante señalar que la Ley PIACI no impide que lleguen proyectos de desarrollo, o servicios básicos a las poblaciones locales. Por el contrario, esto se debe a una histórica debilidad en la gestión pública y sus autoridades. De hecho, las comunidades en las fronteras de las reservas PIACI, son actores con información que pueden contribuir con su participación activa en la protección. De esta manera, como parte de su articulación con el Estado, ayudar acceder a servicios y atenciones básicas.
Ahora que la conexión Atlántico–Pacífico parece una obsesión geopolítica y que sus proyectos de inversión buscan atravesar la Amazonía, no dejemos fuera la responsabilidad del Estado en la protección de los PIACI y sus territorios.
No solo sería un error, sino que sus consecuencias repetirían historias de etnocidio colonial, en nombre de un “nuevo” desarrollo en pleno siglo XXI.
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