¡Atención! Ciudadanos extranjeros que radiquen en Perú y se encuentren indocumentados van a ser expulsados del país desde el próximo viernes 10 de noviembre, según anunció el ministro del Interior (Mininter), Vicente Romero. En declaraciones a la prensa, aseguró que han tenido una reunión virtual con autoridades de Venezuela.
"Quisiera invocar a todos los extranjeros que traten de regularizarse lo más pronto posible. El día 10 de noviembre vence el plazo. Hace poco hemos tenido, a través de los especialistas, una reunión virtual con el viceministro de Venezuela para poder facilitar el trabajo que hace el Perú. En estas semanas probablemente nos reuniremos con ellos (la aerolínea Latam) para ver de qué manera podemos facilitar, lo más rápido posible", declaró el titular del Mininter.
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En este contexto, el titular de la cartera del Interior informó a la población que buscan formas de traslado para ciudadanos extranjeros. Explicó que, desde su sector, quieren acelerar esta expulsión.
"Estamos tratando de ver varias formas de cómo podemos expulsar. Hay una línea aérea, Latam, que hace tres meses más o menos está realizando vuelos Lima-Caracas", manifestó a los medios.
El Gobierno peruano aprobó dos decretos legislativos, que permiten la expulsión de los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Perú y la sanción a quienes promuevan la trata ilegal de personas. Las medidas fueron establecidas durante la sesión del Consejo de Ministros debido a la ola de criminalidad que azota al país.
El primer ministro, Alberto Otárola, sostuvo: "El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros". Asimismo, se sancionará a las personas extranjeras que promuevan o faciliten el reingreso clandestino de los sentenciados al territorio nacional.
El segundo decreto aprobado realiza una ampliación en el control de identidad de los extranjeros de 4 a 12 horas, con el objetivo de que la Policía y la Fiscalía cuenten con el tiempo suficiente para identificarlos y verificar los antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro.