El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que no se permitirá el ingreso al Perú de personas que no presenten documentos en regla, como una de las primeras medidas que toma el Gobierno para atender la actual crisis migratoria.
Asimismo, agregó que se expulsará del país a las personas extranjeras que se encuentren en situación de indocumentados. Según expresó, este accionar tiene como finalidad enfrentar la ola de inseguridad ciudadana imperante en el territorio nacional.
“Perú ha perdido compatriotas a manos de extranjeros. Katherine Gómez murió quemada. El sereno Luis Manrique fue asesinado por enfrentar la delincuencia. Marco Caro fue atacado cuando manejaba. El odontólogo Christian Quispe fue secuestrado y asesinado. Por ello, tomamos el toro por las astas. Porque todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país. No queremos que se repitan. No podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos”, aseguró el jefe de gabinete mediante su cuenta oficial de Twitter.
Al respecto, Gabriela Ramos, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, alertó que el Gobierno peruano incumple obligaciones, desde el enfoque humanitario, al no permitir ningún tipo de ingreso a territorio nacional, pues hay personas que tienen derecho a solicitar asilo o refugio por razones humanitarias.
Además, agregó que otro deber que incumple el Gobierno es la atención a grupos de especial vulnerabilidad, como son los niños, adolescentes o mujeres gestantes, a quienes “se les debería habilitar permisos de ingreso y brindarles la seguridad necesaria”.
Por su parte, Carolina Jiménez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indicó que “no es cierto que (la) inseguridad ciudadana en Latinoamérica sea culpa de personas migrantes. Lo que sí es cierto es que el autoritarismo y la xenofobia usualmente van de la mano”.