Una noche antes de los enfrentamientos en la ciudad del Cusco, miles de protestantes llegaron para hacer sentir su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso. Según denuncia pública del fiscal de Prevención del Delito de Cusco, Eduardo Poblete, los manifestantes habrían pernoctado en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Lo habrían hecho con la autorización del Gobierno Regional (Gore) Cusco.
Para Poblete, esta es causal de apertura de una investigación por el presunto delito de peculado de uso. Los funcionarios del Gore Cusco, habrían permitido el presunto ilícito, al permitir albergar a manifestantes dentro de un bien público y usarlo de manera indebida.
“La gente ha dormido y consumido bebidas alcohólicas. Los han alojado, alimentado, los han reunido y han planificado lo que está sucediendo ahora (protestas). Si el Gobierno Regional está apoyando la movilización, que lo diga públicamente, el Estado es uno solo”, dijo Poblete.
Asimismo, explicó que una infraestructura perteneciente al Estado, no puede ser utilizada para albergar a personas que vinieron a protestar. Las acusaciones del fiscal inculpaban al gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo.
“El o los responsables van a tener que responder al Fiscal Anticorrupción. Eso es peculado, debe caer todo el peso de la ley. No se podía permitir”, expreso Poblete.
En respuesta, Salcedo negó, en entrevista a un medio nacional, haber aprobado que se albergue en el estadio Garcilaso a protestantes. Ello se ratificó en comunicado que emitió el Gore Cusco.
En el documento se indica que el gobernador no se encontraba en la ciudad del Cusco cuando sucedieron los hechos. Se indica que la autoridad estuvo en Lima y en su lugar se quedó el vicegobernador, tal como lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Además, se indica que el gobernador Salcedo ha dispuesto que las dependencias a cargo del estadio investiguen el caso y se determine responsabilidades administrativas. Acotan que el coloso deportivo está en caos administrativo. Ello les fue heredado de la gestión anterior.
Finalmente, se cuestiona las declaraciones del fiscal Poblete, las que se califica de carentes de verdad y que lo único que se busca es notoriedad.
Abogados consultados por este diario indicaron que es prematuro indicar que el gobernador debe ser denunciado por peculado.
La abogada especialista en conflictos sociales, Yanet Torobeo, indicó que la responsabilidad no recae en el Gobernador mientras no exista documento con la firma de autorización.
Además, señala que si las investigaciones identifican al responsable, este podría valerse de argumentos de arrendamiento, temas humanitarios o sociales.
Por su parte, el especialista en derecho administrativo, Jorge Sumari Buendía, señaló que la fiscalía no debiera politizar este caso. Indicó que es difícil determinar que dentro de esta instalación se planificó actos de protesta o de ataque.
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Aarón Medina- abogado
Estamos discutiendo una cuestión más de carácter administrativo más no penal. No existe el delito por que no hubo provecho personal o apropiación como estipula la norma, un bien público puede ser utilizado para diferentes fines, siempre y cuando sea sustentado.
Acá se debe investigar y ver si se ha actuado dentro del marco de los procedimientos mediante el cual se puede dar estos espacios a otras actividades, que no sean exclusivamente deportivas, y en este caso se trata de una denominación humanitaria por estos personas que no tenían donde pernoctar.