La demanda social debe ser objetiva, no extremarla sin respetar normas

El inicio de 2023 viene con conflictos sociales. Arequipa no es la excepción. Manrique reconoce que la protesta es legítima, pero los dirigentes deben garantizar que esta sea pacífica sin afectar los derechos de los demás.

Se anuncian nuevas protestas sociales. Qué exhorto haría para que este derecho ciudadano se ejerza pacíficamente sin perjudicar a los demás.

Primero corresponde hacer un balance de lo ocurrido en Arequipa las dos últimas semanas. Hubo dos pérdidas humanas, heridos de la sociedad civil y policías, daños a la propiedad pública y privada. Se incendiaron el Ministerio Público y Poder Judicial en Camaná y El Pedregal, que afectará el derecho a la justicia de varias personas. Juicios por alimentos o de violencia sexual volverán a foja cero. Tener bloqueada la Panamericana por nueve días generó pérdidas económicas inmensas. Por ello, es importante diferenciar, el legítimo derecho a la protesta de los actos de vandalismo. Aquí hay dos retos. Por un lado, los dirigentes sociales, si asumen la responsabilidad de dirigir una protesta esta tiene que ser pacífica. Por otro lado, las nuevas autoridades, gobierno regional y alcaldes, tienen que generar los espacios de diálogo para identificar las demandas locales. Hoy la población requiere trabajo, servicios de salud y educación, oportunos y de calidad.

Las demandas tienen un carácter político. Se exige adelanto de elecciones, cierre del Congreso, renuncia de la presidenta. ¿Cómo analizar ese pliego en un diálogo?

Ante la protesta social hubo una respuesta del sistema político. El adelanto de elecciones tiene fecha tentativa. La demanda social tiene que también ser objetiva ante esa respuesta. No puedes extremar pedidos sin respetar el marco constitucional. Eso es importante que lo tengan claro los dirigentes sociales de Arequipa. Cuando uno dice: cerrar el Congreso, tiene que pensar si eso es constitucional o quiere que impere la ley de la fuerza.

Hay una radicalización en el pedido ciudadano y falta de credibilidad en las instituciones y las leyes.

La protesta social no se da solo en contra del sistema político. Al menos en Arequipa, percibo un escenario de confrontación en la convivencia diaria, entre nosotros como ciudadanos. Eso se está convirtiendo en violencia permanente. Ante esta crisis política, corresponde empezar a cubrir el vacío que han dejado estas gestiones políticas en el gobierno regional y gobierno local, que terminan de la peor forma, con gobernador preso y alcalde no habido. Eso ha evidenciado la ausencia de la política en Arequipa, lo que se está convirtiendo en violencia y pudiera llegar a un enfrentamiento entre todos nosotros como ciudadanos. Los nuevos actores políticos, gobernador y alcaldes, deben reconstruir la política bajo un principio de bien común y de servicio a los ciudadanos.

¿Y cómo se empieza ello?

No es posible que tengamos hospitales paralizados, elefantes blancos que no funcionan, que no se activen los programas sociales para atender las ollas comunes y que no generen empleo para todos los trabajadores. Esta es la principal demanda de la población. Hay que destrabar los proyectos, volver los servicios más eficientes. Así se recuperará la confianza en las instituciones y en el sistema político.

Tras el primer estallido de crisis llegaron ministros de Estado a Arequipa, plantearon el diálogo y que sean las nuevas autoridades las encargadas de conversar con los líderes sociales. Hubo algún avance?

La gobernadora saliente se comprometió a convocar a los actores sociales, no se ha dado. Corresponde a las nuevas autoridades regionales esa tarea.Pero además conviene que el gobierno nacional tenga una estrategia de diálogo con las regiones. El Acuerdo Nacional es un primer paso, cuál es la estrategia para regiones, los puntos de agenda.

¿Qué pasa cuando se tiene respuestas de que yo no voy a dialogar con este gobierno porque es ilegítimo?

Cuando hay esas respuestas de ciertas personas hay que preguntarse si es que están dispuestas a fortalecer la democracia o a petardearla. El diálogo es la mejor estrategia para ponernos de acuerdo en las discrepancias. Si uno renuncia al diálogo per sé, es porque definitivamente no cree en la democracia (...) Necesitamos identificar las demandas sociales.

¿Pero acá hablamos de un conflicto político. Las demandas van por cierre del Congreso, Asamblea Constituyente?

Si bien hay un derrotero político, también está una suma de demandas sociales insatisfechas que no han sido atendidas por el Estado en varios años. Hay una agenda social y corresponde a los dirigentes sociales transparentarla e identificarla.Cuántas obras del sector público se van a activar este año, cuántos puestos de trabajo se van a generar. ¿Van a empezar a funcionar los hospitales en la región?. Esa es la preocupación también de los ciudadanos y debe atenderse. Los dirigentes sociales también tienen que identificar las demandas prioritarias de la población conjuntamente con una agenda política donde se pueden iniciar diálogos y tener una estrategia a mediano plazo.

Se mencionaba el caso que este periodo ha sido una gestión sumamente nefasta, el gobernador en la cárcel. ¿Hay ánimos para el optimismo con este periodo que se viene?

Es el principal reto de las autoridades políticas recientemente elegidas, recuperar la esperanza en la población, que vale la pena vivir en Arequipa, que tenemos objetivos comunes y que todos estamos comprometidos a construir una Arequipa mejor. Ese mensaje de esperanza que nosotros lo tenemos siempre como Defensoría.. Los últimos años han sido nefastos para todas las personas que vivimos en Arequipa, porque tenemos un transporte público colapsado, no se nos atiende bien en los servicios de salud, ni de la Gerencia de Salud ni de EsSalud. Tenemos un déficit enorme de vacantes en las instituciones públicas, la crisis económica alcanza a más de 250 mil personas que están en una situación de pobreza.

¿Se podrá encapsular el conflicto y pensar en hacer una gestión aceptable? Inevitablemente, el conflicto político va a contaminar todo?

Corresponde tanto a los dirigentes sociales como a las autoridades de Arequipa saber diferenciar esas dos agendas. La agenda regional de reactivación y la de una demanda sobre una posición política que tiene que ser atendida por el Congreso en corto y mediano plazo. Si no logramos diferenciar ambas posiciones desde las dirigencias sociales y desde la autoridad política en Arequipa, lo que vamos a tener en las siguientes semanas es un enfrentamiento entre ciudadanos. Por el respeto a la dignidad, a la integridad de cada uno de nosotros, para que mañana no nos veamos enfrentados entre nosotros y tengamos una convivencia violenta, es importante diferenciar ambas demandas. Y también exigir al gobierno nacional que defina cuál va a ser la estrategia hacia las regiones. No basta solamente que venga un ministro de Estado, se requiere tener una estrategia de diálogo, pero principalmente ver cómo se reactiva la economía en Arequipa, porque la población más pobre es la que necesita ya un puesto de trabajo o la inclusión en un programa social, esa es la agenda urgente de la población.

¿El comportamiento del electo gobernador ha sido coherente? en el sentido de aparecer en una foto con Castillo, luego pedir la renuncia de Boluarte, ahora reunirse con Otárola. ¿Ante la ciudadanía eso como se puede apreciar?, ¿puede alentar más el conflicto?

El principal reto es recuperar la confianza de la población y eso se hace generando puentes y espacios de diálogo, reconocernos y escucharnos entre todos en Arequipa, para decir cuáles son las demandas legítimas que debe hacer el gobierno regional y local en el corto y mediano plazo. Pero, eso también se ve reflejado cuando los primeros actos del gobierno estén en la línea de integridad y lucha contra la corrupción. La corrupción empieza designando a un funcionario que no cumple el perfil técnico y ético para ejercer una función pública. Si las nuevas autoridades van a seguir el ejemplo de la anterior gestión contratando a la comadre o al compadre en cargos de confianza, lo que van a generar es mayor desconfianza en la ciudadanía.

Con respecto a esta gestión regional que termina y que fue de transición, se le hizo bastantes exhortos, a nivel de la Defensoría y de la Contraloría, cómo se puede evaluar ese tipo de conducta en que te amonestan y persistes en el error o en la tozudez de mantener un funcionario cuestionado. ¿Cómo se puede entender eso?

Lamentablemente se advierte la baja calidad de ciudadanía que tenemos porque cuando una persona ejerce su ciudadanía y respeta la democracia, va a respetar todas las instituciones políticas, pero además va a respetar todos los derechos de las personas. Pero, cuando una persona no cree en la democracia, no cree en las instituciones públicas, en un Estado de Derecho, lo que hace sencillamente es hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que hemos tenido en las anteriores gestiones regionales en los últimos diez años. Hemos tenido a personas que se han aprovechado del Estado para beneficios personales.

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